Tema 67. Procesos especiales: Despidos, Seguridad Social, Conflictos Colectivos, Impugnación de los convenios colectivos. Tutela de derechos fundamentales.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), contiene, junto al proceso ordinario, un conjunto de modalidades procesales especiales adaptadas a la naturaleza de determinadas materias: el despido (disciplinario, objetivo y otras extinciones, con una modalidad propia para el despido colectivo), las reclamaciones en materia de Seguridad Social, los conflictos colectivos (controversias jurídicas sobre la interpretación o aplicación de una norma, convenio o práctica de empresa que afectan a un grupo genérico de trabajadores), la impugnación de convenios colectivos (por ilegalidad o lesividad) y la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Cada una presenta reglas propias de competencia, legitimación, plazos, tramitación urgente o preferente y efectos de la sentencia. Es esencial distinguir bien los plazos (20 días hábiles de caducidad en despido), la calificación del despido (procedente, improcedente, nulo) y sus efectos, la doble impugnación (colectiva e individual) del despido colectivo, la eficacia de cosa juzgada de la sentencia colectiva y el papel del Ministerio Fiscal y de la inversión de la carga de la prueba en la tutela de derechos fundamentales.
Las modalidades procesales especiales: concepto, régimen general y enumeración
Las modalidades procesales son cauces específicos que la LRJS (Libro II, Título II) diseña para ciertas materias, apartándose en puntos concretos del proceso ordinario (arts. 76 y siguientes) y aplicándose este de forma supletoria en todo lo no previsto. Entre las de mayor relevancia práctica figuran: el despido y demás causas de extinción del contrato (arts. 103 a 113, con la regla especial del despido objetivo y colectivo en los arts. 120 a 124), la Seguridad Social (prestaciones, altas médicas, procedimientos de oficio), los conflictos colectivos (arts. 153 a 162), la impugnación de convenios colectivos (arts. 163 a 166) y la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 177 a 184). Existen otras modalidades (vacaciones, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales, materia electoral, impugnación de estatutos sindicales, derechos de conciliación, etc.) que quedan fuera de este tema. Rasgos comunes: tramitación urgente o preferente en la mayoría, plazos de caducidad breves en las que tienen por objeto un acto empresarial unilateral, y supresión o modulación de la conciliación o mediación previa en las de carácter colectivo y en la tutela de derechos fundamentales (art. 64 LRJS). Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los antiguos Juzgados de lo Social se integran como Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia, sin alterar el reparto competencial funcional.
Reglas de competencia relevantes y requisito previo de conciliación o mediación
Los Juzgados (Secciones) de lo Social conocen en única instancia, con carácter general, de los procesos de despido, de Seguridad Social y de tutela de derechos fundamentales (art. 6 LRJS). Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocen en única instancia, entre otros, de los conflictos colectivos de ámbito superior al de un Juzgado de lo Social y que no exceda de la Comunidad Autónoma, de la impugnación de convenios colectivos de ámbito no superior a la Comunidad y de los despidos colectivos de ese ámbito (art. 7). La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce de los mismos procesos cuando su ámbito excede de una Comunidad Autónoma (art. 8). Contra sus sentencias cabe recurso de casación ordinaria ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (art. 206). Como regla, la demanda ordinaria exige acreditar el intento de conciliación o mediación previa (art. 63, en la redacción dada por la reforma de 2025 que incorpora los medios adecuados de solución de controversias); el art. 64 exceptúa, entre otros, los procesos de conflicto colectivo, impugnación de convenios, despido colectivo, tutela de derechos fundamentales y los que exigen agotar la vía administrativa previa. La presentación de la solicitud de conciliación o mediación suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción (art. 65).
El despido disciplinario: concepto, forma y plazo de caducidad
El despido disciplinario es la extinción del contrato por decisión unilateral del empresario basada en un incumplimiento grave y culpable del trabajador (art. 54 ET). Debe notificarse por escrito, con expresión de los hechos que lo motivan y la fecha de efectos (art. 55.1 ET). La acción para impugnarlo caduca a los veinte días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido (art. 103.1 LRJS y art. 59 ET), plazo que no admite interrupción pero sí suspensión por la presentación de la solicitud de conciliación o mediación previa (art. 65 LRJS). Son días hábiles los que no sean sábados, domingos o festivos, y el mes de agosto es inhábil salvo para las modalidades que la ley declara urgentes (art. 43 LRJS), entre ellas el despido. La caducidad es apreciable de oficio. El plazo es idéntico para el despido objetivo (art. 59 ET) y para las demás extinciones (por ejemplo, el cese en período de prueba). Frente a ello, el año de prescripción general de las acciones derivadas del contrato (art. 59 ET) no es aplicable a la impugnación del despido. Cuando el trabajador sea representante legal o sindical, el plazo es el mismo, pero la opción en caso de improcedencia se le atribuye a él.
La demanda de despido y la tramitación del juicio
La demanda debe cumplir los requisitos generales (art. 80 LRJS) y, además, expresar los hechos del despido, la fecha y forma en que se produjo, y si el trabajador ostenta o ha ostentado en el último año la condición de representante legal o sindical de los trabajadores o de delegado sindical, circunstancia que determina la titularidad de la opción en caso de improcedencia. Es una modalidad urgente y de tramitación preferente. En el acto del juicio, la particularidad más relevante es la inversión del orden de intervención y de la carga de la prueba: corresponde al demandado, es decir, al empresario, probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido, que constituyen la causa del mismo, y no podrá alegar en juicio motivos distintos de los consignados en ella (art. 105 LRJS). En el despido objetivo, la carga de probar la causa económica, técnica, organizativa o de producción recae igualmente en el empresario. La sentencia debe dictarse en breve plazo desde el juicio y es susceptible de recurso de suplicación en todo caso (art. 191 LRJS). El recurso no suspende la ejecución de la sentencia de nulidad, que es de ejecución provisional inmediata (art. 113 LRJS).
Calificación del despido: procedente, improcedente y nulo
La sentencia debe calificar el despido (art. 108 LRJS para el disciplinario; art. 122 para el objetivo) como procedente, improcedente o nulo, con efectos radicalmente distintos. Procedente: queda acreditado el incumplimiento y el contrato se extingue sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación (art. 55.7 ET); en el despido objetivo procedente el trabajador conserva la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades (art. 53.1.b ET). Improcedente: no se acredita el incumplimiento o no se cumplen los requisitos de forma del art. 55.1 ET (art. 55.4 ET). Nulo: el despido tiene por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o se produce con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador (art. 55.5 ET); además, es nulo en los supuestos objetivos de protección reforzada, entre ellos el de las trabajadoras embarazadas desde el inicio del embarazo hasta el inicio del período de suspensión, el de quienes disfrutan de los permisos y suspensiones por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, el de las víctimas de violencia de género o sexual en el ejercicio de sus derechos, y el de los trabajadores que hayan solicitado o disfruten de determinados permisos de conciliación, salvo que se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con esas circunstancias. En estos supuestos de nulidad objetiva no hace falta probar móvil discriminatorio. La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, amplía las causas protegidas (entre ellas, la enfermedad o condición de salud) y refuerza la protección frente a represalias.
Efectos de la declaración de improcedencia: la opción del empresario
Declarado improcedente el despido, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación, o el abono de una indemnización (art. 56.1 ET y art. 110 LRJS). Si no opta expresamente, se entiende que procede la readmisión. La opción por la indemnización determina la extinción del contrato con efectos desde la fecha del cese efectivo en el trabajo (art. 56.1 ET). La indemnización es de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades (art. 56.1.a ET). Para los contratos anteriores al 12 de febrero de 2012, el período anterior se calcula a razón de cuarenta y cinco días por año con un tope general de cuarenta y dos mensualidades, y el posterior a razón de treinta y tres días, sin que el total pueda superar el límite que establece la norma transitoria. Si el empresario opta por la readmisión, la sentencia puede ejecutarse mediante el incidente de no readmisión o readmisión irregular (arts. 278 y siguientes LRJS), que permite al trabajador solicitar la extinción con una indemnización agravada. En el despido objetivo improcedente la opción se rige por las mismas reglas del art. 56 ET (art. 110 LRJS).
Opción en el despido de representantes legales y sindicales
Si el despido improcedente afecta a un representante legal de los trabajadores o a un delegado sindical, la opción entre readmisión e indemnización corresponde siempre al trabajador (art. 56.4 ET y art. 110.2 LRJS). Si no opta, se entiende que lo hace por la readmisión.Esta regla constituye una garantía de independencia en el ejercicio de las funciones representativas, para evitar que el empresario convierta el despido improcedente en una forma barata de eliminar a quien ejerce funciones representativas. Se trata de una de las preguntas típicas de examen: la regla general es opción del empresario; la excepción, opción del representante. La condición de representante (o su condición en el año anterior) debe constar en la demanda. En el despido nulo no hay opción para nadie: readmisión obligatoria.
Efectos de la declaración de nulidad del despido
La declaración de nulidad conlleva la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir desde el despido (art. 55.6 ET; art. 113 LRJS), sin que el empresario pueda optar por la indemnización. La sentencia se ejecuta provisionalmente de forma inmediata aunque se recurra: el empresario debe reincorporar al trabajador y seguir abonándole el salario durante la tramitación del recurso (art. 113 LRJS). La nulidad se funda en que el despido vulnera derechos fundamentales o es discriminatorio, o en que se ha producido en alguna de las situaciones de nulidad objetiva del art. 55.5 ET, y el ordenamiento reacciona dejando sin efecto la extinción, como si no hubiera existido. Además, si se estima vulneración de derechos fundamentales, procede una indemnización adicional por daños morales y patrimoniales, que el juez fijará ponderando las circunstancias (art. 183 LRJS), compatible con los salarios de tramitación. En caso de no readmisión o readmisión irregular, el trabajador puede instar la ejecución mediante el incidente de los arts. 278 y siguientes, con efectos indemnizatorios. A diferencia de lo que sucede en el despido improcedente, no existe opción alguna de sustitución por una indemnización.
Salarios de tramitación y reconocimiento de la improcedencia
Los salarios de tramitación son los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declare la improcedencia, o hasta que el trabajador hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a la sentencia y el empresario probase lo percibido para su descuento (art. 56.1.b y 56.2 ET). Solo se devengan, en la improcedencia, si el empresario opta por la readmisión (y siempre en la nulidad y en el despido de representantes cuando optan por readmisión). Si el empresario opta por la indemnización, no hay salarios de tramitación. Puede, además, reconocer la improcedencia del despido y depositar la indemnización a favor del trabajador en el Juzgado de lo Social, a su disposición, en las cuarenta y ocho horas siguientes al despido (art. 56.2 ET): con ello se limitan los salarios de tramitación a los devengados desde la fecha del despido hasta la fecha del depósito, y el trabajador no puede reclamar más que los salarios hasta ese momento, además de impedir que prospere la calificación de nulidad por razones distintas. El tiempo de tramitación se computa a efectos de antigüedad y cotización, y la Administración abona, en su caso, los salarios que excedan de noventa días hábiles desde la presentación de la demanda hasta la sentencia de instancia (art. 116 LRJS), con derecho de repetición frente al empresario.
Despido objetivo y otras extinciones contractuales
El despido objetivo (art. 52 ET) se funda en causas tasadas: ineptitud sobrevenida del trabajador, falta de adaptación a modificaciones técnicas del puesto, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando no se alcanzan los umbrales del despido colectivo y, en su caso, insuficiencia de consignación presupuestaria para mantener contratos en determinados programas de entidades sin ánimo de lucro financiados con fondos públicos. Requiere comunicación escrita con causa, puesta a disposición simultánea de la indemnización de veinte días por año con máximo de doce mensualidades y preaviso de quince días (art. 53.1 ET). La falta de preaviso no anula la extinción pero obliga a abonar los salarios correspondientes al período incumplido; los defectos de forma comportan la improcedencia. Es nulo si se produce con fraude de ley, discriminación, vulneración de derechos fundamentales o en los supuestos de nulidad objetiva (art. 53.4 ET). La impugnación sigue la modalidad procesal del despido con las especialidades del art. 120 y siguientes LRJS: el plazo de caducidad es de veinte días hábiles desde la extinción (art. 59 ET) y el trabajador conserva la indemnización percibida aunque impugne. Las extinciones por causas objetivas no están sometidas a salarios de tramitación en caso de opción por la indemnización.
El despido colectivo: concepto y procedimiento previo
Constituye despido colectivo la extinción de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, afecte a un número de trabajadores igual o superior a diez en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores, al diez por ciento del número de trabajadores en las que ocupen entre cien y trescientos, o a treinta trabajadores en las que ocupen más de trescientos; también cuando afecte a la totalidad de la plantilla, siempre que el número de afectados sea superior a cinco y se produzca el cese total de la actividad (art. 51.1 ET). Exige un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores (o con una comisión representativa) de duración máxima de treinta días naturales, o de quince en empresas de menos de cincuenta trabajadores, sobre las causas, la posibilidad de evitar o reducir los despidos y de atenuar sus consecuencias (art. 51.2 ET). Concluido el período de consultas, el empresario comunica su decisión final a los representantes y a la autoridad laboral, y notifica individualmente a los afectados. Desde el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012 ya no existe autorización administrativa previa: la autoridad laboral conoce del procedimiento, pero el control de la decisión es exclusivamente judicial (art. 124 LRJS).
La impugnación colectiva del despido colectivo
La modalidad procesal de los arts. 124 y siguientes LRJS permite la impugnación de la decisión empresarial a través de un proceso colectivo, de tramitación urgente y preferente. Están legitimados activamente los representantes legales o sindicales de los trabajadores (art. 124.1), con plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o desde la notificación a los representantes de la decisión empresarial. También puede impugnar la empresa mediante demanda para que se declare ajustada a derecho su decisión (art. 124.3), con el fin de obtener seguridad jurídica. Los motivos de impugnación son: ausencia de la causa legal indicada en la comunicación escrita; no haberse realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista, o no haberse respetado el procedimiento; fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo; y vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas (art. 124.2). Es competente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional, según el ámbito (arts. 7 y 8). No se exige conciliación previa (art. 64). La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, declarará la decisión ajustada a derecho, no ajustada a derecho o nula (art. 124.11).
Efectos de la sentencia colectiva y la impugnación individual del despido colectivo
La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación legalmente exigida, haya existido fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, o se haya vulnerado un derecho fundamental; en ese caso, los trabajadores afectados tienen derecho a la readmisión. Declarará no ajustada a derecho la decisión cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación; los trabajadores tienen derecho a las consecuencias del despido improcedente. Declarará ajustada a derecho la decisión cuando el empresario acredite la causa, con efectos extintivos sin perjuicio de la indemnización legal de veinte días por año con máximo de doce mensualidades (art. 53.1.b ET en relación con el art. 51.4). Los trabajadores afectados pueden, además, impugnar individualmente su extinción (art. 124.13): el plazo es de veinte días desde la notificación individual de la extinción, la demanda se plantea ante el Juzgado de lo Social y, si había una demanda colectiva pendiente, la tramitación del proceso individual se suspende hasta la resolución firme de aquella. La sentencia firme colectiva produce efecto de cosa juzgada sobre los procesos individuales, que se limitan a las circunstancias personales (por ejemplo, la aplicación de los criterios de selección, que no pueden revisar lo ya decidido).
Los procesos en materia de Seguridad Social: panorama
El orden social conoce de las controversias sobre prestaciones del sistema de Seguridad Social, incluidas las mejoras voluntarias, y de los actos de encuadramiento y recaudación (art. 2 LRJS), así como de la impugnación de determinados actos administrativos en la materia. La LRJS regula procesos con singularidades propias: la impugnación de altas médicas (art. 139), la impugnación de resoluciones sobre prestaciones y los procesos de oficio (arts. 148 a 150). Las entidades gestoras (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Servicio Público de Empleo Estatal, entre otras), la Tesorería General de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras son las partes demandadas habituales. El régimen general se rige por el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre). Las cuestiones sobre encuadramiento y recaudación (afiliación, altas, bajas, cotización) se plantean tras agotar la vía administrativa que corresponda, mientras que las prestaciones requieren reclamación previa. Las sentencias de prestaciones de Seguridad Social son recurribles en suplicación en los términos del art. 191 LRJS.
La reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social
Para demandar al Instituto Nacional de la Seguridad Social u otras entidades gestoras en materia de prestaciones es preciso, con carácter general, haber agotado la vía previa mediante reclamación ante el órgano que dictó la resolución (art. 71 LRJS), con las excepciones legalmente previstas (por ejemplo, los procedimientos iniciados de oficio y ciertas modalidades que se rigen por reglas propias). La reclamación debe interponerse en el plazo de treinta días desde la notificación de la resolución o desde que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La entidad dispone de cuarenta y cinco días para resolverla; transcurrido ese plazo sin resolución expresa, se entiende desestimada por silencio y queda expedita la vía judicial. La demanda debe presentarse en el plazo de treinta días desde la notificación de la resolución expresa denegatoria o desde que se entienda producida la denegación presunta. Si se hubiera dictado resolución expresa en la reclamación previa, el plazo de treinta días para demandar se cuenta desde su notificación. La reclamación previa interrumpe los plazos de prescripción y suspende los de caducidad. Una vez interpuesta la demanda, el trabajador no puede alegar hechos distintos de los aducidos en vía administrativa, de modo que la demanda queda limitada por lo planteado en la reclamación.
Impugnación de altas médicas y de resoluciones sobre prestaciones
La impugnación de altas médicas se tramita por un procedimiento especial y urgente (art. 139 LRJS, aplicable a las altas expedidas por el INSS, las mutuas o los servicios públicos de salud), que permite al trabajador discrepar de la finalización del proceso de incapacidad temporal y obtener una resolución judicial rápida. La competencia para determinar las situaciones de incapacidad corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que dicta resolución expresa sobre el reconocimiento o denegación de prestaciones, con posibilidad de revisión por agravación o mejoría, o por error de diagnóstico, en los términos del art. 200 de la Ley General de la Seguridad Social. Las resoluciones sobre incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y otras prestaciones se impugnan mediante demanda ante el Juzgado de lo Social del domicilio del demandante o del demandado, a elección del actor. Corresponde a la entidad gestora probar la concurrencia de los hechos impeditivos o extintivos del derecho alegado. En estos procesos el juez puede acordar de oficio la práctica de pruebas, y debe valorar los informes de los equipos de valoración de incapacidades y del médico forense cuando proceda. Los beneficiarios disponen de legitimación para ejercitar la acción aunque se discuta la cuantía exacta de la prestación.
Impugnación de actos de encuadramiento y recaudación y procesos de oficio
Los actos de la Tesorería General de la Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como a la liquidación de cuotas y su reclamación, se impugnan tras agotar la vía administrativa que corresponda: normalmente recurso de alzada ante el órgano superior, y no mediante la reclamación previa a la vía judicial. La competencia para conocer de los recursos contra actos de gestión recaudatoria en vía ejecutiva corresponde al orden contencioso-administrativo, mientras que el orden social conoce de las cuestiones de encuadramiento. Las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fundamentan algunas de las controversias en este ámbito, se rigen por la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y por el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto). Los procesos de oficio (arts. 148 a 150 LRJS) se inician por comunicación de la autoridad laboral o de la entidad competente, y tienen como finalidad dilucidar, entre otras cuestiones, la naturaleza laboral de una relación o la existencia de un fraude, con efectos frente a las partes afectadas.
El proceso de conflicto colectivo: concepto y objeto
El proceso de conflicto colectivo (arts. 153 a 162 LRJS) tiene por objeto las demandas que afecten a los intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo cualquiera que sea su eficacia, pacto o acuerdo de empresa, o de una decisión empresarial de efectos colectivos, incluidas las prácticas de empresa, o de decisiones empresariales de efectos colectivos (art. 153). Se trata de un conflicto jurídico, no de intereses: quedan excluidas las controversias sobre la creación de una nueva norma, que se resuelven por negociación, mediación o arbitraje. Elementos definitorios: el elemento subjetivo (grupo genérico, no pluralidad de sujetos singularizados) y el elemento objetivo (interés general indivisible que no se agota en la suma de intereses individuales). Si se limita a una pluralidad de trabajadores identificados individualmente, es un conflicto plural, que se tramita como proceso ordinario. Son tramitaciones urgentes. Se suele exigir el intento de mediación previa cuando así lo establecen los convenios o acuerdos interprofesionales de solución autónoma de conflictos.
Legitimación, competencia y tramitación del conflicto colectivo
Están legitimados activamente (art. 154 LRJS): los sindicatos y las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto; los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior; y los sujetos colectivos que determine la ley en cada caso. Será parte en el proceso, como legitimado pasivo, el sujeto cuyo comportamiento haya originado el conflicto, además de otros interesados. La competencia corresponde al Juzgado de lo Social cuando el conflicto no exceda de su ámbito, a la Sala de lo Social del TSJ si supera el de un Juzgado sin salir de la Comunidad Autónoma, y a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional cuando exceda de una Comunidad (arts. 6, 7 y 8). La tramitación es urgente y preferente; se establece un plazo muy breve entre la admisión de la demanda y el juicio, y la sentencia se dicta en pocos días. La sentencia es recurrible en suplicación o casación en todo caso, con independencia de la cuantía (art. 191 y art. 206 LRJS). Durante el proceso, la iniciación de un conflicto colectivo no paraliza el ejercicio de otras acciones; sí suspende, en cambio, los procesos individuales de idéntico objeto (art. 160.5).
Efectos de la sentencia de conflicto colectivo sobre los procesos individuales
La sentencia firme dictada en un proceso de conflicto colectivo tiene eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, siempre que versen sobre idéntico objeto (art. 160.5 LRJS). La iniciación del proceso colectivo paraliza la tramitación de los procesos individuales cuyo objeto coincida, aunque estén en fase de recurso; reanudándose tras la sentencia firme, que se aplica al caso. Los trabajadores individuales pueden, no obstante, pedir la ejecución de la sentencia colectiva: el art. 247 LRJS regula la ejecución de las sentencias colectivas, que pueden instarse por los sujetos legitimados y por los trabajadores afectados en su caso. Si la sentencia colectiva es estimatoria, puede incluir pronunciamientos de condena genéricos, que se concretan después en cada trabajador. Cuando la sentencia declara la nulidad de una decisión empresarial de modificación colectiva, los trabajadores afectados son repuestos en sus condiciones anteriores. La sentencia colectiva no puede reconocer derechos individualizados no solicitados, pero sí fijar los criterios para su determinación. Es una cuestión recurrente que la cosa juzgada opera frente a quienes no fueron parte en el proceso colectivo, rasgo que lo diferencia del régimen general (art. 222 LEC).
La impugnación de convenios colectivos: objeto y motivos
La modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos (arts. 163 a 166 LRJS) permite controlar judicialmente los convenios, acuerdos colectivos y laudos arbitrales de eficacia general, por dos vías: la ilegalidad, cuando el convenio contraviene normas de derecho necesario o de rango superior (por ejemplo, vulnera el principio de igualdad o una norma imperativa), y la lesividad, cuando el convenio lesiona gravemente el interés de terceros que no han estado representados en la negociación. Si lo que se discute no es la validez sino la interpretación o aplicación del convenio, la vía adecuada es el conflicto colectivo. El control de legalidad de oficio corresponde a la autoridad laboral, que si estima que el convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirige de oficio a la jurisdicción social tras el registro (art. 90.5 ET y art. 163 LRJS). Es una modalidad urgente, que se tramita ante la Sala de lo Social del TSJ o de la Audiencia Nacional según el ámbito territorial del convenio.
Legitimación, procedimiento y efectos de la impugnación de convenios
Para la impugnación por ilegalidad están legitimados los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, los sindicatos y asociaciones empresariales interesados y la autoridad laboral cuando actúa de oficio; para la lesividad, los terceros cuyo interés haya resultado gravemente lesionado, que habitualmente son colectivos no representados en la mesa negociadora. En el proceso se emplaza a los representantes de las partes firmantes del convenio y a los sujetos que lo hayan negociado. Los defectos de legitimación para negociar se hacen valer por esta vía. Si existe un proceso individual o colectivo cuya solución dependa de la validez del convenio, se suspende hasta que se resuelva la impugnación. La sentencia estimatoria declara la nulidad total o parcial del convenio, con efectos generales (erga omnes), y se publica en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial autonómico o provincial correspondiente, según el ámbito del convenio (art. 166). Contra la sentencia procede recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Los sujetos legitimados pueden solicitar medidas cautelares, incluida la suspensión de la aplicación de los preceptos impugnados.
La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas: ámbito y legitimación
Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, por parte del empresario o de terceros vinculados a este por cualquier título, cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al orden jurisdiccional social, puede recabar su tutela a través de esta modalidad (art. 177.1 LRJS). La demanda se dirige contra el empresario y cualquier otro posible responsable, incluidas las empresas contratistas y subcontratistas. El sindicato al que pertenezca el trabajador puede intervenir en el proceso en defensa de su interés. Las pretensiones que invoquen derechos fundamentales no se plantean mediante esta modalidad cuando el objeto principal es el despido, la extinción o las sanciones, que siguen su modalidad propia, sin perjuicio de que se aleguen en ellas la vulneración de derechos fundamentales (art. 184 LRJS). Los derechos fundamentales protegidos incluyen, entre otros, la libertad sindical, el derecho de huelga, la igualdad y no discriminación, la integridad moral, la intimidad, el honor, la libertad de expresión y la garantía de indemnidad.
Intervención del Ministerio Fiscal en la tutela de derechos fundamentales
El Ministerio Fiscal es siempre parte en estos procesos, para velar por la integridad de la reparación de las víctimas y por la protección de los derechos fundamentales, y adoptar las medidas necesarias para esclarecer la existencia de indicios de lesión y de eventuales delitos (art. 177.3 LRJS). Esa condición de parte necesaria implica que debe ser citado, que puede proponer pruebas y recurrir, y que su intervención no depende de que el demandante la solicite. La falta de emplazamiento del Fiscal puede generar la nulidad de las actuaciones. Su misión no es sustituir a las partes, sino garantizar la corrección del cauce y la reparación completa, incluida la indemnización. Cuando se aprecien indicios de delito, el juez puede remitir testimonio a la jurisdicción penal. Para la tutela de este tipo de derechos, el Fiscal actúa conforme a su Estatuto Orgánico, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. Además, en materia de violencia contra las mujeres, de acoso y de discriminación, el Fiscal asume una función relevante en la protección de las víctimas. La condición de parte no equivale a asumir la posición del demandante: puede apoyar o no sus pretensiones, y sus informes sirven al juez de orientación sobre la existencia de la lesión. Un error típico de examen es afirmar que el Fiscal actúa solo si lo pide el trabajador: es siempre parte.
Tramitación preferente y sumaria, y ejecución de la sentencia
La tutela de derechos fundamentales es una modalidad de tramitación urgente, con preferencia absoluta sobre cualquier otro proceso en el juzgado, a excepción de la de otros procesos urgentes, y con plazos especialmente breves entre admisión, juicio y sentencia (arts. 177 a 181 LRJS). Es sumaria en el sentido de que no puede acumularse a otras acciones ajenas a su objeto, y de que no admite, en el pleito, la discusión de cuestiones ajenas a la lesión alegada, sin perjuicio de que se acumule la reclamación de indemnización. La sentencia, que debe dictarse con la mayor rapidez, debe pronunciarse sobre la existencia de la vulneración denunciada, declarar la nulidad radical de la conducta lesiva, ordenar el cese inmediato del comportamiento antijurídico, la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión y la reparación de las consecuencias derivadas, incluida la indemnización que proceda (art. 182 LRJS). La sentencia estimatoria es ejecutable de forma provisional e inmediata, aunque se interponga recurso (art. 180). Contra la sentencia procede recurso de suplicación en todo caso, sin importar la cuantía (art. 191 LRJS). Para su interposición, el empresario condenado no puede eludir la ejecución con la sola interposición del recurso. La demanda de tutela sigue el cauce de este proceso aunque coexista con otras pretensiones conexas.
La carga de la prueba: indicios de vulneración o discriminación
Cuando la parte actora aporte indicios fundados de discriminación o de vulneración de un derecho fundamental, corresponde al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad (art. 96.1 y art. 181.2 LRJS; art. 13 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad; art. 30 de la Ley 15/2022). No se trata de una inversión automática de la carga de la prueba: el demandante debe aportar un indicio razonable, que genere una sospecha fundada, aunque no alcance la prueba plena. Después, el empresario debe acreditar que su decisión tiene una motivación ajena a la lesión y que habría sido adoptada en todo caso. Se trata de la doctrina de la prueba indiciaria, desarrollada por el Tribunal Constitucional desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre, y consolidada después. La carga empresarial no consiste en probar que no hubo ánimo lesivo, sino que concurrían causas reales y suficientes que explican la medida. Si no aporta esa justificación, se tendrá por probada la vulneración. La regla es aplicable en el proceso de tutela y en las demás modalidades (despido, sanciones, modificaciones) en que se alegue vulneración de derechos fundamentales. Una mera alegación sin indicios no activa la regla.
Medidas cautelares, indemnización y garantía de indemnidad
En el proceso de tutela pueden solicitarse medidas cautelares destinadas a asegurar la efectividad de la sentencia, entre ellas la suspensión de los efectos del acto impugnado cuando sea necesaria para evitar que el daño se consume (LRJS, regulación de la tutela de derechos fundamentales), con criterios de especial flexibilidad. La sentencia que declare la vulneración debe fijar la indemnización que corresponda por el daño moral y patrimonial causado, sin que sea necesario que el demandante pruebe la cuantía exacta del daño moral cuando resulte difícil: el juez la determina atendiendo a las circunstancias del caso (art. 183 LRJS), y puede tener además finalidad disuasoria o de prevención. La indemnización es compatible con los salarios de tramitación y con las demás consecuencias del despido nulo. La garantía de indemnidad, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), protege al trabajador frente a represalias empresariales por haber ejercitado acciones judiciales o reclamado sus derechos: el despido o la sanción que son respuesta a esas reclamaciones son nulos. Es un supuesto de lesión de derecho fundamental que se plantea con frecuencia en la práctica y que ha sido objeto de abundante doctrina del Tribunal Constitucional.
Esquema comparativo de las modalidades procesales (para memorizar)
Despido: juzgado de lo social; caducidad 20 días hábiles; conciliación o mediación previa; carga de la prueba en el empresario; calificación procedente, improcedente o nulo; suplicación siempre. Despido colectivo: impugnación colectiva ante Sala TSJ o AN por los representantes (20 días) y por la empresa; individual ante el juzgado (20 días), suspendida hasta sentencia colectiva firme; casación ante el Tribunal Supremo; sin conciliación previa. Seguridad Social (prestaciones): reclamación previa en 30 días, resolución en 45 días, demanda en 30 días; juzgado de lo social. Conflicto colectivo: grupo genérico, interpretación o aplicación de norma, convenio o práctica de empresa; Juzgado, TSJ o AN según el ámbito; cosa juzgada sobre los procesos individuales; sin conciliación previa judicial. Impugnación de convenio: ilegalidad o lesividad; Sala TSJ o AN; legitimados: representantes, sindicatos, asociaciones empresariales, autoridad laboral de oficio y terceros lesionados; efectos erga omnes y publicación. Tutela de derechos fundamentales: preferente y sumaria; Ministerio Fiscal siempre parte; indicios y carga probatoria del demandado; indemnización por daños; ejecución provisional. Recuerda que todas las sentencias dictadas en estas modalidades son recurribles en suplicación o casación con independencia de la cuantía.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Plazo de caducidad para impugnar un despido (disciplinario u objetivo): 20 días hábiles desde la fecha de efectos; la conciliación o mediación previa lo suspende (art. 65 LRJS); no es plazo de prescripción de un año.
El mes de agosto es inhábil en el orden social salvo para las modalidades urgentes (entre ellas, el despido): trampa habitual.
Calificaciones del despido: procedente (sin indemnización), improcedente (opción entre readmisión con salarios de tramitación o indemnización) y nulo (readmisión inmediata y salarios, sin opción).
Indemnización por despido improcedente: 33 días de salario por año de servicio, máximo 24 mensualidades (art. 56.1 ET); régimen transitorio de 45 días y 42 mensualidades para el período anterior al 12-2-2012. Despido objetivo procedente: 20 días por año, máximo 12 mensualidades.
La opción se ejerce en 5 días desde la notificación de la sentencia; si no se ejerce, readmisión. En representantes legales y delegados sindicales, la opción corresponde al trabajador (art. 56.4 ET).
Salarios de tramitación: solo con readmisión (y en nulidad). El reconocimiento de la improcedencia con depósito de la indemnización en las 48 horas siguientes al despido corta su devengo.
Despido colectivo: umbrales del art. 51 ET en 90 días (10 trabajadores en empresas de menos de 100; 10% entre 100 y 300; 30 en más de 300); no hay autorización administrativa desde 2012.
Despido colectivo: impugnación colectiva ante la Sala de lo Social de TSJ o AN, con sentencia ajustada, no ajustada o nula; la individual (20 días) queda suspendida hasta la sentencia colectiva firme, que produce cosa juzgada.
Seguridad Social (prestaciones): reclamación previa en 30 días, resolución en 45 días con silencio desestimatorio, y demanda en 30 días; el actor no puede alterar los hechos de la reclamación.
Conflicto colectivo: conflicto jurídico (no de intereses) sobre un grupo genérico; su sentencia firme tiene eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto, que quedan suspendidos mientras se tramita.
Impugnación de convenios: por ilegalidad o por lesividad; la autoridad laboral puede actuar de oficio; sentencia con efectos generales y publicación oficial; competencia de Sala TSJ o AN.
Tutela de derechos fundamentales: tramitación urgente y preferente; el Ministerio Fiscal es siempre parte; indicios razonables invierten la carga de la prueba: el demandado debe acreditar una justificación objetiva, razonable y proporcionada.
Los procesos colectivos (conflicto colectivo, impugnación de convenios, despido colectivo) y la tutela de derechos fundamentales quedan exceptuados del requisito de conciliación o mediación previa (art. 64 LRJS).
La sentencia estimatoria de tutela y la de nulidad del despido se ejecutan provisionalmente de forma inmediata.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Declarado improcedente el despido de un delegado de personal, la opción entre readmisión e indemnización corresponde:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 67 de Gestión Procesal (Justicia)?
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), contiene, junto al proceso ordinario, un conjunto de modalidades procesales especiales adaptadas a la naturaleza de determinadas materias: el despido (disciplinario, objetivo y otras extinciones, con una modalidad propia para el despido colectivo), las reclamaciones en materia de Seguridad Social, los conflictos colectivos (controversias jurídicas sobre la interpretación o aplicación de una norma, convenio o práctica de empresa que afectan a un grupo genérico de trabajadores), la impugnación de convenios colectivos (por ilegalidad o lesividad) y la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Cada una presenta reglas propias de competencia, legitimación, plazos, tramitación urgente o preferente y efectos de la sentencia. Es esencial distinguir bien los plazos (20 días hábiles de caducidad en despido), la calificación del despido (procedente, improcedente, nulo) y sus efectos, la doble impugnación (colectiva e individual) del despido colectivo, la eficacia de cosa juzgada de la sentencia colectiva y el papel del Ministerio Fiscal y de la inversión de la carga de la prueba en la tutela de derechos fundamentales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 67 para el examen?
Plazo de caducidad para impugnar un despido (disciplinario u objetivo): 20 días hábiles desde la fecha de efectos; la conciliación o mediación previa lo suspende (art. 65 LRJS); no es plazo de prescripción de un año. El mes de agosto es inhábil en el orden social salvo para las modalidades urgentes (entre ellas, el despido): trampa habitual. Calificaciones del despido: procedente (sin indemnización), improcedente (opción entre readmisión con salarios de tramitación o indemnización) y nulo (readmisión inmediata y salarios, sin opción). Indemnización por despido improcedente: 33 días de salario por año de servicio, máximo 24 mensualidades (art. 56.1 ET); régimen transitorio de 45 días y 42 mensualidades para el período anterior al 12-2-2012. Despido objetivo procedente: 20 días por año, máximo 12 mensualidades. La opción se ejerce en 5 días desde la notificación de la sentencia; si no se ejerce, readmisión. En representantes legales y delegados sindicales, la opción corresponde al trabajador (art. 56.4 ET). Salarios de tramitación: solo con readmisión (y en nulidad). El reconocimiento de la improcedencia con depósito de la indemnización en las 48 horas siguientes al despido corta su devengo. Despido colectivo: umbrales del art. 51 ET en 90 días (10 trabajadores en empresas de menos de 100; 10% entre 100 y 300; 30 en más de 300); no hay autorización administrativa desde 2012. Despido colectivo: impugnación colectiva ante la Sala de lo Social de TSJ o AN, con sentencia ajustada, no ajustada o nula; la individual (20 días) queda suspendida hasta la sentencia colectiva firme, que produce cosa juzgada. Seguridad Social (prestaciones): reclamación previa en 30 días, resolución en 45 días con silencio desestimatorio, y demanda en 30 días; el actor no puede alterar los hechos de la reclamación. Conflicto colectivo: conflicto jurídico (no de intereses) sobre un grupo genérico; su sentencia firme tiene eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o futuros de idéntico objeto, que quedan suspendidos mientras se tramita. Impugnación de convenios: por ilegalidad o por lesividad; la autoridad laboral puede actuar de oficio; sentencia con efectos generales y publicación oficial; competencia de Sala TSJ o AN. Tutela de derechos fundamentales: tramitación urgente y preferente; el Ministerio Fiscal es siempre parte; indicios razonables invierten la carga de la prueba: el demandado debe acreditar una justificación objetiva, razonable y proporcionada. Los procesos colectivos (conflicto colectivo, impugnación de convenios, despido colectivo) y la tutela de derechos fundamentales quedan exceptuados del requisito de conciliación o mediación previa (art. 64 LRJS). La sentencia estimatoria de tutela y la de nulidad del despido se ejecutan provisionalmente de forma inmediata.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE-A-2011-15936): arts. 6 a 8, 43, 63 a 65, 71, 76 y ss., 96, 103 a 124, 153 a 166, 177 a 184, 191, 206.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE-A-2015-11430): arts. 51 a 56, 59 y 90.5.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724).
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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