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Tema 24. Conceptos de archivo judicial y de documentación judicial en relación con la legislación vigente en materia de archivos judiciales. Formas de remisión de documentación judicial y relaciones documentales. Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión. Las juntas de expurgo de la documentación judicial.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El archivo judicial custodia y conserva la documentación generada por los órganos jurisdiccionales, garantizando su acceso conforme a la legislación de archivos, a la LOPJ y a la normativa de protección de datos, y su expurgo (eliminación controlada) cuando procede. Este tema desarrolla los conceptos de archivo y documentación judicial, la normativa vigente (Real Decreto 937/2003 de modernización de los archivos judiciales, Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, arts. 234 y 235 LOPJ), los niveles y fases del archivo, las formas de remisión de documentación y las relaciones documentales, la incidencia de las nuevas tecnologías (expediente judicial electrónico, preservación digital, seguridad e interoperabilidad) y las juntas de expurgo.

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Concepto de archivo judicial y de documentación judicial

El archivo judicial es el conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los órganos judiciales en el ejercicio de sus funciones, conservados y organizados para su gestión, consulta y utilización, con arreglo a los principios archivísticos de procedencia (no mezclar los fondos de distinto origen) y de orden original (respetar la organización que dio el órgano que los produjo). También designa el lugar o servicio donde se custodian. La documentación judicial comprende tanto los expedientes y autos en soporte papel (progresivamente residuales por la generalización del expediente judicial electrónico) como los expedientes electrónicos, que constituyen hoy el soporte principal de la actividad procesal, con garantías de integridad, autenticidad, confidencialidad y disponibilidad durante todo su ciclo de vida. Entran en el concepto los libros y registros de las oficinas judiciales y las piezas de convicción custodiadas por el Letrado de la Administración de Justicia.

Marco normativo de los archivos judiciales

El núcleo del régimen jurídico es el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, que regula la organización de los archivos judiciales, los plazos y procedimientos de remisión y transferencia de documentos, y las juntas de expurgo. Se integra en el marco general de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que considera patrimonio documental los documentos de cualquier época generados por los órganos del Estado y establece los principios de conservación, acceso y protección. Completan el marco los arts. 234 y 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (información sobre el estado de las actuaciones y acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado), el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (libros y registros), la Ley 18/2011 (expediente judicial electrónico), la normativa de protección de datos y la legislación autonómica de archivos y patrimonio documental, que se aplica en lo que no contradiga la competencia estatal en materia de Administración de Justicia.

Fases del ciclo de vida de los documentos y niveles de archivo

La archivística distingue tres fases en el ciclo de vida de los documentos, que se corresponden con tres niveles de archivo. El archivo de gestión (o de oficina) conserva la documentación en tramitación y la recientemente concluida, en la propia oficina judicial (UPAD o servicio común), bajo la responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia. El archivo intermedio o territorial recibe la documentación ya concluida que ha perdido su uso frecuente pero mantiene vigencia administrativa, jurídica o fiscal y debe conservarse durante los plazos legales; se organiza de forma centralizada por territorio. El archivo histórico conserva de forma permanente la documentación con valor histórico, cultural o de investigación. El Real Decreto 937/2003 estructura los archivos judiciales en archivos de gestión, archivos territoriales y archivo central, y regula los plazos y la forma de remisión entre ellos, que se hace mediante relaciones de entrega.

Formas de remisión de documentación judicial y relaciones documentales

La remisión de documentación entre órganos judiciales o desde estos a los archivos territoriales o históricos se realiza mediante relaciones de entrega: documentos normalizados que identifican cada expediente remitido (número de procedimiento, año, clase de procedimiento, órgano, fecha de la resolución final o de firmeza, estado de conservación y volumen) y permiten el control y trazabilidad de lo transferido; se firman por el responsable de la unidad que remite y por el responsable del archivo que recibe, que acusa recibo. Las relaciones se elaboran conforme al cuadro de clasificación y a las series documentales definidas para la documentación judicial. Los expedientes se remiten ordenados, foliados y sin documentos ajenos, y se separan los que deban conservarse con carácter permanente (libros de sentencias, documentos de valor histórico) de los sujetos a plazo. Las piezas de convicción y los bienes depositados no se archivan con el expediente, sino que se custodian y se les da el destino que ordene la resolución firme. En el expediente electrónico la remisión y conservación se integran en los sistemas de gestión procesal, sin traslado físico.

Libros y registros de las oficinas judiciales

Las oficinas judiciales llevan los libros y registros que establece la normativa orgánica y el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales: registro general de entrada de asuntos y escritos, registros de cada procedimiento, libro de sentencias, libro de resoluciones definitivas y otros que se determinen. En los órganos con sistema de gestión procesal electrónica, estos libros y registros son electrónicos y se integran en la aplicación de gestión, lo que permite localizar cualquier expediente mediante datos identificativos (número, año, órgano, clase de procedimiento y partes) tanto en tramitación como en archivo. La sustitución de los antiguos libros en papel por registros electrónicos mantiene su valor probatorio con las garantías de autenticidad y sellado de tiempo.

Nuevas tecnologías en los archivos judiciales de gestión: el expediente judicial electrónico

Los sistemas de gestión procesal electrónica incorporan módulos de archivo digital que permiten conservar el expediente electrónico con las garantías exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010), así como por el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad previsto en la Ley 18/2011: firma electrónica de las resoluciones, sellado de tiempo, copias de seguridad y recuperación ante desastres, control de accesos y registro de operaciones (trazabilidad y auditoría). El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, ordenados, foliados electrónicamente y firmados; la Ley 18/2011 lo definió y el Real Decreto-ley 6/2023 y la Ley Orgánica 1/2025 han impulsado su generalización, la tramitación orientada al dato y la consulta por las partes a través de la sede judicial electrónica. La digitalización retrospectiva de expedientes en papel en archivos territoriales o históricos facilita el acceso remoto y la conservación.

Preservación digital: formatos, metadatos y conservación a largo plazo

La conservación a largo plazo de expedientes nacidos electrónicos y digitalizados exige políticas de gestión de documentos electrónicos que incluyan formatos abiertos y duraderos, metadatos normalizados de descripción archivística, renovación de firmas y sellos y migración de formatos para evitar la obsolescencia tecnológica, conforme a las normas técnicas de interoperabilidad (política de gestión de documentos electrónicos, digitalización de documentos, expediente electrónico y copiado auténtico y conversión). La copia electrónica auténtica de un documento en papel, obtenida mediante digitalización certificada por el Letrado de la Administración de Justicia, tiene la misma validez que el original, lo que permite destruir el papel respetando los plazos y las excepciones legales.

Las Juntas de Expurgo de la documentación judicial

La Junta de Expurgo es el órgano colegiado que valora y decide sobre la conservación permanente o la eliminación (expurgo) de la documentación judicial que ha perdido su valor administrativo, jurídico o fiscal y carece de valor histórico o cultural que justifique su conservación indefinida. Está integrada por miembros de la carrera judicial, del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia, representantes de la Administración competente en materia de medios materiales y personal técnico de archivos, y su composición y funciones se establecen en el Real Decreto 937/2003. Aplica las tablas de valoración documental, que fijan para cada serie el plazo de conservación y su destino (conservación permanente, muestreo o eliminación), y levanta acta de las decisiones. El expurgo requiere siempre un procedimiento reglado, con propuesta técnica archivística previa, relación de la documentación afectada y constancia de la destrucción, y no puede afectar a documentación con procedimientos vivos, con obligaciones legales de conservación (por ejemplo, la necesaria para ejecuciones pendientes o penas aún no cumplidas) o con valor histórico reconocido. Los libros de sentencias y las resoluciones de especial valor se conservan siempre.

Criterios de valoración documental y conservación mínima

La valoración documental determina qué series se conservan y cuáles se eliminan atendiendo al valor administrativo, jurídico y fiscal (vigencia o plazo de prescripción), al valor informativo, histórico o de investigación, y a la relevancia de la resolución (doctrina, repercusión social, instituciones o personajes). Los plazos de conservación de cada serie, que no pueden reducirse por debajo de los plazos de prescripción o caducidad de las acciones y responsabilidades que puedan derivarse del procedimiento, se fijan en las tablas de valoración. Los plazos se computan desde la firmeza de la resolución que puso fin al procedimiento o desde su archivo definitivo. Los procedimientos penales por delitos graves, los de familia, capacidad y estado civil, y los que dan lugar a asientos registrales suelen tener plazos más largos o conservación permanente.

Archivo definitivo y archivo provisional

El archivo definitivo se produce tras la conclusión del procedimiento por resolución firme (sentencia, decreto de terminación, auto de sobreseimiento firme) y la ejecución, momento a partir del cual comienzan a computar los plazos de conservación. El archivo provisional se produce cuando el procedimiento queda paralizado sin haber concluido (ejecuciones sin bienes localizados, procedimientos suspendidos), y el expediente se mantiene disponible para reanudarse en cualquier momento. El desarchivo de un expediente se hace a petición del órgano o de las partes con interés legítimo y se documenta en un registro de consultas y préstamos.

Acceso a la documentación judicial (arts. 234 y 235 LOPJ)

Los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios competentes de la oficina judicial facilitan a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer salvo que sean o hubieran sido declaradas secretas conforme a la ley (art. 234 LOPJ). Los interesados tienen acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley (art. 235 LOPJ). Las partes personadas tienen acceso pleno al expediente durante la tramitación y a obtener copia; los terceros deben acreditar interés legítimo; los investigadores pueden consultar documentación ya archivada con fines de investigación, con las limitaciones derivadas de la protección de datos y de los derechos de las personas afectadas. La Ley del Patrimonio Histórico Español (art. 57) condiciona la consulta pública de documentos con datos que afecten a la intimidad de las personas al transcurso de veinticinco años desde su fallecimiento o, si no consta, cincuenta años desde la fecha del documento, salvo consentimiento de los afectados.

Publicidad y derecho de acceso a archivos y registros

El acceso a los documentos conservados en archivos judiciales, una vez concluido el procedimiento, es manifestación del principio de publicidad de las actuaciones judiciales (art. 120 CE) y se conecta con el derecho de acceso a archivos y registros administrativos del art. 105.b) CE, si bien modulado en el ámbito judicial por las garantías de protección de los derechos de las personas afectadas (partes, terceros mencionados, menores, víctimas) y por las normas procesales que regulan el secreto y el carácter reservado de determinadas actuaciones. El acceso a las resoluciones judiciales se canaliza, además, a través de la publicidad de las sentencias en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), con disociación de datos personales (art. 235 bis LOPJ).

Protección de datos personales en el archivo y acceso a la documentación judicial

La conservación y el acceso a la documentación judicial deben conciliarse con la normativa de protección de datos: el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y, para los tratamientos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. La LOPJ (arts. 236 bis y siguientes) contiene la regulación específica de los tratamientos de datos personales con fines jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Deben adoptarse medidas técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad frente a accesos no autorizados, tanto en el archivo físico como en el electrónico, con especial cautela con datos de categorías especiales (salud, origen étnico, orientación sexual, ideología), de menores y de víctimas. La conservación debe limitarse al tiempo necesario conforme a las tablas de valoración.

Piezas de convicción y su custodia

Las piezas de convicción del proceso penal (objetos, instrumentos o efectos relacionados con el delito) se recogen y custodian de modo que se garantice su integridad e identidad (cadena de custodia) bajo la responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia (arts. 334 y 338 LECrim). Concluido el proceso por sentencia firme, su destino (decomiso, destrucción, devolución al propietario, entrega a organismos) se determina en la propia resolución, con las especialidades legales para armas, sustancias estupefacientes y dinero. La LECrim contempla además la realización anticipada y la destrucción anticipada de efectos judiciales en los supuestos legales (arts. 367 bis y siguientes). Las piezas de convicción no forman parte del archivo documental, pero se registran y vinculan al expediente.

Competencias de las Comunidades Autónomas en la materia

La Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.5.ª CE), por lo que las normas procesales básicas sobre documentación y conservación de expedientes judiciales son estatales. Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia dotan de instalaciones, medios y personal a los archivos judiciales en su territorio y, en el marco del Real Decreto 937/2003, participan en la organización de archivos territoriales y en las juntas de expurgo; además, ejercen competencias propias en materia de archivos y patrimonio documental, que se aplican a los fondos que se transfieren a los archivos históricos autonómicos.

Personal y responsables de los archivos judiciales

El Letrado de la Administración de Justicia es responsable del archivo de gestión de su órgano y de la custodia de los autos, libros, registros y piezas de convicción. La gestión de los archivos exige personal con formación especializada, integrado en los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, y en los archivos territoriales, personal técnico de archivos de la Administración competente. Sus funciones incluyen la clasificación, ordenación, descripción, conservación y acceso, la elaboración de relaciones de entrega y la preparación de los informes y propuestas técnicas para las juntas de expurgo.

Coordinación con los Registros públicos

Determinadas resoluciones judiciales generan asientos en el Registro Civil, de la Propiedad o Mercantil, lo que exige coordinación entre el archivo judicial que custodia el expediente de origen y los Registros, para poder acreditar o completar el contenido de una inscripción (por ejemplo, el testimonio de una sentencia inscrita) incluso años después de su archivo. El testimonio y la certificación son las formas de exhibición de documentos del archivo expedidas por el Letrado de la Administración de Justicia.

Trascendencia de la gestión archivística para la eficacia de la Administración de Justicia

Una gestión archivística deficiente (extravío, falta de sistemas de localización, incumplimiento de plazos) compromete el derecho de acceso y la ejecución de sentencias, dificulta acreditar antecedentes procesales y el cumplimiento de obligaciones de información estadística y transparencia. La digitalización, la gestión documental normalizada y la formación del personal son líneas prioritarias de modernización de la Oficina Judicial. En el marco de la Ley Orgánica 1/2025 y del Real Decreto-ley 6/2023, la gestión orientada al dato y los servicios comunes procesales refuerzan la trazabilidad y la conservación documental.

Procedimiento de expurgo: fases

El expurgo sigue un procedimiento reglado: 1) identificación de las series y expedientes susceptibles de valoración, que han cumplido el plazo de conservación fijado en las tablas; 2) propuesta técnica del personal de archivo con la relación de documentación afectada, su volumen y fechas extremas; 3) valoración y acuerdo de la Junta de Expurgo, que puede decidir la eliminación total, la conservación permanente de la serie o de una muestra representativa, o la digitalización previa; 4) levantamiento de acta del acuerdo; 5) destrucción con garantías de confidencialidad (destrucción física segura o borrado fiable en soporte electrónico) y constancia de ella; 6) anotación en los registros del archivo. Quedan fuera del expurgo los libros de sentencias, los expedientes con valor histórico declarado y los procedimientos no concluidos o con obligaciones de conservación vigentes.

Tareas básicas de gestión del archivo

La gestión ordinaria del archivo comprende: clasificación según el cuadro de series documentales; ordenación y signatura topográfica para localizar los expedientes; descripción mediante registros y bases de datos; control de préstamos y consultas, con registro de quién consulta o retira un expediente y cuándo; instalación y conservación en condiciones de seguridad y medioambientales adecuadas (control de humedad, temperatura, plagas e incendios); y atención a los usuarios internos (órganos judiciales) y externos (partes con interés legítimo, investigadores). En el entorno electrónico estas tareas se trasladan a la gestión de metadatos, accesos, copias de seguridad y políticas de conservación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Norma específica: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales; marco general: Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
  • Niveles/fases del ciclo de vida: archivo de gestión (activo) → intermedio o territorial (concluido, con plazos pendientes) → histórico (valor permanente).
  • Principios archivísticos: procedencia (no mezclar fondos) y orden original.
  • La remisión entre archivos se hace mediante relaciones de entrega, que identifican cada expediente y permiten su trazabilidad.
  • La Junta de Expurgo valora y decide la conservación o eliminación de documentación judicial según tablas de valoración, con propuesta técnica y acta; no puede expurgar documentación con procedimientos vivos o valor histórico.
  • El LAJ es responsable del archivo de gestión y de la custodia de los autos, libros, registros y piezas de convicción.
  • Art. 234 LOPJ: información a los interesados sobre el estado de las actuaciones, salvo secreto. Art. 235 LOPJ: acceso a libros, archivos y registros no reservados mediante exhibición, testimonio o certificación.
  • Ley 16/1985, art. 57: consulta de documentos con datos íntimos tras 25 años del fallecimiento o 50 años desde la fecha del documento, salvo consentimiento.
  • Protección de datos: RGPD, LO 3/2018, LO 7/2021 (fines penales) y arts. 236 bis y ss. LOPJ.
  • Seguridad e interoperabilidad: Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) y Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010).
  • Expediente judicial electrónico (Ley 18/2011; RDL 6/2023; LO 1/2025): foliado, firmado electrónicamente, con trazabilidad y conservación a largo plazo.
  • Archivo definitivo (procedimiento concluido y firme) frente a archivo provisional (paralizado sin concluir).
  • Las piezas de convicción se custodian por el LAJ (arts. 334 y 338 LECrim) y su destino se fija en la sentencia firme.
  • Los libros de sentencias y las resoluciones de valor especial se conservan siempre; los plazos de conservación no pueden ser inferiores a los de prescripción o caducidad aplicables.
  • Competencia sobre la Administración de Justicia: exclusiva del Estado (art. 149.1.5.ª CE); las CCAA gestionan medios materiales y personales traspasados.
  • Fases del expurgo: identificación, propuesta técnica, acuerdo de la Junta, acta, destrucción con garantías y constancia en los registros del archivo.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

La normativa de protección de datos aplicable a los tratamientos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Gestión Procesal (Justicia)?

El archivo judicial custodia y conserva la documentación generada por los órganos jurisdiccionales, garantizando su acceso conforme a la legislación de archivos, a la LOPJ y a la normativa de protección de datos, y su expurgo (eliminación controlada) cuando procede. Este tema desarrolla los conceptos de archivo y documentación judicial, la normativa vigente (Real Decreto 937/2003 de modernización de los archivos judiciales, Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, arts. 234 y 235 LOPJ), los niveles y fases del archivo, las formas de remisión de documentación y las relaciones documentales, la incidencia de las nuevas tecnologías (expediente judicial electrónico, preservación digital, seguridad e interoperabilidad) y las juntas de expurgo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

Norma específica: Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales; marco general: Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Niveles/fases del ciclo de vida: archivo de gestión (activo) → intermedio o territorial (concluido, con plazos pendientes) → histórico (valor permanente). Principios archivísticos: procedencia (no mezclar fondos) y orden original. La remisión entre archivos se hace mediante relaciones de entrega, que identifican cada expediente y permiten su trazabilidad. La Junta de Expurgo valora y decide la conservación o eliminación de documentación judicial según tablas de valoración, con propuesta técnica y acta; no puede expurgar documentación con procedimientos vivos o valor histórico. El LAJ es responsable del archivo de gestión y de la custodia de los autos, libros, registros y piezas de convicción. Art. 234 LOPJ: información a los interesados sobre el estado de las actuaciones, salvo secreto. Art. 235 LOPJ: acceso a libros, archivos y registros no reservados mediante exhibición, testimonio o certificación. Ley 16/1985, art. 57: consulta de documentos con datos íntimos tras 25 años del fallecimiento o 50 años desde la fecha del documento, salvo consentimiento. Protección de datos: RGPD, LO 3/2018, LO 7/2021 (fines penales) y arts. 236 bis y ss. LOPJ. Seguridad e interoperabilidad: Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) y Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010). Expediente judicial electrónico (Ley 18/2011; RDL 6/2023; LO 1/2025): foliado, firmado electrónicamente, con trazabilidad y conservación a largo plazo. Archivo definitivo (procedimiento concluido y firme) frente a archivo provisional (paralizado sin concluir). Las piezas de convicción se custodian por el LAJ (arts. 334 y 338 LECrim) y su destino se fija en la sentencia firme. Los libros de sentencias y las resoluciones de valor especial se conservan siempre; los plazos de conservación no pueden ser inferiores a los de prescripción o caducidad aplicables. Competencia sobre la Administración de Justicia: exclusiva del Estado (art. 149.1.5.ª CE); las CCAA gestionan medios materiales y personales traspasados. Fases del expurgo: identificación, propuesta técnica, acuerdo de la Junta, acta, destrucción con garantías y constancia en los registros del archivo.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales.
  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 234, 235, 235 bis y 236 bis y ss.
  • Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
  • Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
  • Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo (Esquema Nacional de Seguridad) y Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (Esquema Nacional de Interoperabilidad).
  • Reglamento (UE) 2016/679, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 334, 338 y 367 bis y ss. (piezas de convicción).

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