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Tema 56. La ejecución de sentencias penales. Los Tribunales sentenciadores; el Tribunal de Instancia –Sección de Vigilancia Penitenciaria– y Administración Penitenciaria: Sus respectivas funciones. Recursos contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de los Tribunales de Instancia –Sección de Vigilancia Penitenciaria–. Tasación de costas. La ejecución civil en el proceso penal.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La ejecución de las sentencias penales firmes combina la competencia del Tribunal sentenciador (firmeza, liquidación de condena, refundición, suspensión, responsabilidad civil, costas) con la del órgano especializado en la fase penitenciaria, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, hoy integrado como Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia, que controla la actuación de la Administración Penitenciaria y salvaguarda los derechos de los internos. Fundamentos: art. 117.3 CE (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), art. 25.2 CE (reeducación y reinserción), Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) y arts. 983 y ss. LECrim. El tema recoge el reparto de funciones, los recursos frente a las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, la tasación de costas y la ejecución de los pronunciamientos civiles de la sentencia penal.

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La ejecución penal: fundamento, principios y fases

La ejecución de la pena está sometida al principio de legalidad (art. 3.2 CP: no puede ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y los reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto) y al de control judicial (art. 117.3 CE). La finalidad constitucional de las penas privativas de libertad es la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE). Fases: (1) declaración de firmeza de la sentencia y ejecutoria; (2) liquidación de condena y decisiones sobre su cumplimiento (suspensión, sustitución, abono, refundición); (3) ejecución material de la pena en centro penitenciario, bajo la gestión de la Administración Penitenciaria y el control de la Sección de Vigilancia Penitenciaria; (4) extinción, con cancelación de antecedentes. La ejecución solo puede iniciarse con sentencia firme y corresponde a un órgano distinto según la fase.

Competencia del Tribunal sentenciador

La ejecución de las sentencias firmes en causas por delito corresponde al tribunal que haya dictado la sentencia en primera o única instancia, es decir, el Juzgado de lo Penal, la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional, o el Juez de Instrucción en los delitos leves (art. 985 LECrim), actuando hoy a través de las secciones correspondientes del Tribunal de Instancia (LO 1/2025). Las funciones del Tribunal sentenciador son: declarar la firmeza y despachar la ejecutoria; practicar la liquidación de condena; resolver sobre el abono de la prisión provisional; decidir sobre la suspensión de la ejecución, la sustitución de la pena y el cumplimiento de las condiciones; fijar el límite máximo de cumplimiento cuando proceda; ejecutar los pronunciamientos civiles; ordenar el decomiso y el cumplimiento de las penas no privativas de libertad (multa, trabajos en beneficio de la comunidad, inhabilitaciones); tramitar el expediente de indulto emitiendo informe; y decidir sobre la cancelación de antecedentes cuando se le requiera informe. Al Letrado de la Administración de Justicia le corresponde impulsar la ejecutoria, practicar la tasación de costas y dar cuenta de las incidencias.

La liquidación de condena y el abono de la prisión provisional

La liquidación de condena fija las fechas de inicio y de cumplimiento de la pena privativa de libertad, el tiempo que queda por cumplir y los abonos aplicables. La practica el Letrado de la Administración de Justicia o el tribunal y se notifica al penado y a las partes. Abono de la prisión provisional (art. 58 CP): el tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente se abona en su totalidad para el cumplimiento de la pena impuesta en la causa en que se acordó, salvo en cuanto haya coincidido con cumplimiento de otra pena. También se abona la privación de derechos acordada cautelarmente. La privación de libertad sufrida en otra causa distinta puede abonarse, siempre que haya sido posterior a los hechos que motivaron la pena a la que se pretende abonar y no haya sido abonada en otra causa. La Administración Penitenciaria elabora a partir de la liquidación los cómputos para permisos, tercer grado y libertad condicional.

Refundición de condenas y límite máximo de cumplimiento

Cuando una persona ha sido condenada en varias causas, el art. 76 CP limita el cumplimiento sucesivo de las penas privativas de libertad al triple del tiempo de la más grave, sin que pueda exceder de veinte años. Excepciones: 25 años cuando alguno de los delitos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años; 30 años cuando se trate de dos o más delitos y alguno castigado con pena de prisión superior a 20 años; y 40 años cuando al menos dos delitos estén castigados con pena superior a 20 años o se trate de delitos de terrorismo castigados con pena superior a 20 años. La acumulación solo es posible para hechos que, por su conexión o momento de comisión, pudieran haberse enjuiciado en un solo proceso, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo (criterio de la conexidad temporal: hechos anteriores a la fecha de la primera sentencia que se acumula). La decisión corresponde al Juez o Tribunal que haya dictado la última sentencia (art. 988 LECrim), con audiencia del Ministerio Fiscal y del penado, mediante auto, y no cabe por sí sola la reducción de penas, sino fijar el máximo cumplimiento. Se distingue de la acumulación 'material' o suma aritmética.

Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad

Art. 80 CP (LO 1/2015): los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, pueden dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución no sea necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos. Condiciones necesarias: (1.ª) que el condenado haya delinquido por primera vez (no se tienen en cuenta antecedentes por delitos imprudentes o leves, ni los cancelados o irrelevantes); (2.ª) que la pena o suma de penas no sea superior a dos años, sin computar la derivada del impago de la multa; (3.ª) que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles o se declare la imposibilidad de hacerlo. Con carácter excepcional puede acordarse aunque no concurra la primera condición cuando las penas individualmente no excedan de dos años y las circunstancias personales, la naturaleza del hecho y el esfuerzo de reparación lo aconsejen. Plazo de suspensión (art. 81): de dos a cinco años para penas privativas de libertad no superiores a dos años y de tres meses a un año para las penas leves. Existen suspensiones especiales: enfermos muy graves con padecimientos incurables, y personas dependientes de las drogas o del alcohol que se sometan a tratamiento. El juez puede imponer prohibiciones, deberes o prestaciones (art. 83) y revocar la suspensión si el penado delinque o incumple (art. 86). Transcurrido el plazo sin delinquir ni incumplir, se acuerda la remisión de la pena.

Sustitución de la pena: expulsión de extranjeros

La reforma de 2015 suprimió la sustitución genérica de las penas de prisión por multa o trabajos que existía en el antiguo art. 88 CP; hoy la sustitución se articula, principalmente, con la expulsión del territorio nacional del ciudadano extranjero (art. 89 CP): las penas de prisión superiores a un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión, salvo que el juez o tribunal, excepcionalmente, aprecie que el cumplimiento en prisión es necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma infringida. Se aplican reglas específicas para los residentes legales y para los ciudadanos de la Unión Europea, a quienes solo cabe expulsar si constituyen una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública. La expulsión lleva aparejada la prohibición de regreso por un plazo determinado. La resolución corresponde al Tribunal sentenciador, con audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las demás partes. Es una figura distinta de la suspensión.

El Tribunal de Instancia -Sección de Vigilancia Penitenciaria-: naturaleza y competencia

El Juez de Vigilancia Penitenciaria (arts. 94 LOPJ y 76 y 77 LOGP) es el órgano jurisdiccional especializado en el control de la ejecución penitenciaria. Con la LO 1/2025 los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se integran como Sección de Vigilancia Penitenciaria en los Tribunales de Instancia, y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional pasa a ser una sección del Tribunal Central de Instancia. Hay, al menos, uno en cada provincia o ámbito territorial, y su competencia territorial se determina por la ubicación del centro penitenciario. Tiene atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a las leyes y reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que puedan producirse en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario (art. 76.1 LOGP).

Funciones concretas de la Sección de Vigilancia Penitenciaria (art. 76.2 LOGP)

Entre otras: adoptar las decisiones necesarias para que los pronunciamientos sobre las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que correspondían a los jueces y tribunales sentenciadores; resolver sobre las propuestas de libertad condicional y acordar las revocaciones; aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días; resolver por vía de recurso las reclamaciones de los internos sobre sanciones disciplinarias; resolver los recursos referentes a la clasificación inicial y a las progresiones y regresiones de grado; acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas de los internos relativas al régimen y tratamiento penitenciario en cuanto afecten a derechos fundamentales o a derechos y beneficios penitenciarios; autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto los de los clasificados en tercer grado; y realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios. Los permisos de hasta dos días corresponden a la Administración penitenciaria.

Clasificación en grados, permisos de salida y beneficios penitenciarios

El sistema penitenciario es de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales es la libertad condicional (art. 72 LOGP): primer grado (régimen cerrado), segundo grado (régimen ordinario) y tercer grado (régimen abierto). La clasificación inicial y las revisiones corresponden a la Junta de Tratamiento y a la Administración Penitenciaria y son recurribles ante la Sección de Vigilancia Penitenciaria. Para las penas superiores a cinco años rige el período de seguridad (art. 36.2 CP): no se podrá clasificar en tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena, salvo que el juez de vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable, lo autorice. Permisos ordinarios (art. 47.2 LOGP): hasta siete días como preparación para la vida en libertad, con un máximo de treinta y seis días al año para los clasificados en segundo grado y cuarenta y ocho para los de tercer grado, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta. La redención de penas por el trabajo del Código Penal de 1973 solo subsiste para hechos anteriores al Código Penal de 1995 (que se aplican por ser más favorables).

La libertad condicional como suspensión del resto de la pena

Desde la LO 1/2015 la libertad condicional no es un grado de cumplimiento, sino una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena (arts. 90 a 92 CP). Requisitos generales (art. 90.1): estar clasificado en tercer grado; haber extinguido tres cuartas partes de la condena; y observar buena conducta con pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Se prevén reglas más favorables: cumplimiento de dos terceras partes en determinados supuestos de participación en programas de reparación o rehabilitación, y de la mitad en supuestos tasados. Existe un régimen especial para septuagenarios y enfermos muy graves con padecimientos incurables (art. 91) y un régimen específico para la prisión permanente revisable (art. 92). Concede la suspensión el Juez de Vigilancia Penitenciaria por auto, a propuesta de la Administración o a instancia del penado, con informe del Ministerio Fiscal. El plazo de suspensión es de dos a cinco años, sin que pueda ser inferior a la duración de la pena pendiente de cumplimiento, y pueden imponerse reglas de conducta. Se revoca si el penado delinque o incumple.

La Administración Penitenciaria: funciones y organización

La Administración Penitenciaria es la responsable de la gestión material del cumplimiento: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Administración General del Estado, dependiente del Ministerio del Interior) y los servicios de las Comunidades Autónomas que han asumido competencias de ejecución (Cataluña, y el País Vasco desde 2021, según los traspasos aprobados). Corresponde a los órganos colegiados de cada centro (Junta de Tratamiento, Equipos Técnicos, Consejo de Dirección y Comisión Disciplinaria) la clasificación inicial, el diseño de programas de tratamiento, la concesión de permisos de hasta dos días, la imposición de sanciones disciplinarias y el régimen interior. Sus decisiones están sometidas al control de la Sección de Vigilancia Penitenciaria; la Administración no puede sustituir la competencia jurisdiccional.

Recursos contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria

Los internos pueden dirigir peticiones y quejas al Director del centro y, cuando éstas afecten al régimen y tratamiento en lo que concierne a derechos fundamentales o beneficios penitenciarios, ante la Sección de Vigilancia Penitenciaria (art. 76.2 LOGP). Los recursos frente a la clasificación inicial, progresiones y regresiones de grado, y frente a las sanciones disciplinarias se interponen ante la Sección de Vigilancia Penitenciaria, que resuelve mediante auto. Si se trata de actos de la Administración penitenciaria ajenos a la ejecución de la pena o al régimen penitenciario (por ejemplo, personal o contratación), el control corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. Los recursos no tienen efecto suspensivo de la sanción impuesta salvo que el Juez de Vigilancia lo acuerde.

Recursos contra las resoluciones de la Sección de Vigilancia Penitenciaria

El régimen de recursos está en la Disposición Adicional 5.ª de la LOPJ: contra las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas cabe recurso de reforma ante el propio órgano, con carácter potestativo, y recurso de apelación, que puede interponerse directamente o subsidiariamente a la reforma. La apelación se resuelve por la Audiencia Provincial (Sección Penal) o, cuando la ley así lo prevé, por el Tribunal sentenciador, y el Ministerio Fiscal puede recurrir con efecto suspensivo en los casos legalmente previstos, como las resoluciones sobre libertad condicional o clasificación de condenados por delitos graves. Contra determinados autos dictados en apelación en esta materia cabe el recurso de casación para unificación de doctrina penitenciaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (DA 5.ª LOPJ), cuyo objeto es unificar criterios discrepantes de las Audiencias. Se tramitan con preferencia por afectar a la libertad del penado. Los plazos y la competencia exacta deben contrastarse con el texto vigente.

La tasación de costas en el proceso penal

Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito (art. 123 CP) y comprenderán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte (art. 124 CP). Se resuelve sobre ellas en la sentencia (arts. 239 y ss. LECrim: se imponen al condenado o se declaran de oficio). Una vez firme la sentencia, el Letrado de la Administración de Justicia practica la tasación de costas, que se pone de manifiesto a las partes para su impugnación por indebidas o excesivas (régimen de los arts. 241 y ss. LEC, aplicable supletoriamente). Orden de prelación del pago cuando los bienes del responsable no basten (art. 126 CP): reparación del daño e indemnización de perjuicios, indemnización al Estado por gastos hechos en la causa, costas de la acusación particular o privada, demás costas procesales (incluso las de la defensa) y multa.

La ejecución civil en el proceso penal: pronunciamientos civiles de la sentencia

Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios (art. 116 CP). La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP). Mientras el perjudicado no renuncie a la acción civil ni se la reserve expresamente, se ejercita conjuntamente con la penal (art. 112 LECrim). La sentencia condenatoria contiene el pronunciamiento civil, que se ejecuta una vez firme ante el Tribunal sentenciador, aplicándose supletoriamente la LEC en materia de ejecución dineraria (arts. 571 y ss. LEC) o no dineraria. Los responsables civiles directos y subsidiarios, y las aseguradoras (art. 117 CP), son ejecutables en el mismo procedimiento. El Estado responde civilmente de forma subsidiaria por los delitos dolosos de sus autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus cargos (art. 121 CP).

Procedimiento de apremio e insolvencia del penado

Si el penado no paga voluntariamente, se sigue el procedimiento de apremio: investigación y averiguación de bienes, embargo en el orden legal de la LEC y realización forzosa de los bienes. Si no se encuentran bienes suficientes, el tribunal declara la insolvencia total o parcial, que no extingue la deuda; la ejecución podrá reanudarse si mejora la fortuna del penado, hasta su prescripción. El pago puede fraccionarse a solicitud de perjudicado y condenado (art. 125 CP). En delitos violentos y contra la libertad sexual, la víctima puede acudir al sistema de ayudas públicas de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y a los derechos reconocidos por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

El indulto y su incidencia en la ejecución

El derecho de gracia corresponde al Rey, con arreglo a la ley, y no cabe autorizar indultos generales (art. 62.i CE). Se rige por la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero. Es una medida de gracia del poder ejecutivo: se concede por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros. Puede ser total o parcial. El Tribunal sentenciador informa en el expediente y debe cumplir sus efectos sobre la liquidación de condena. Mientras se resuelve la petición, el tribunal puede suspender la ejecución de la pena si de ejecutarse la finalidad del indulto resultara ilusoria (art. 4.4 CP). Los indultos pueden controlarse por la jurisdicción contencioso-administrativa solo en sus aspectos reglados.

La cancelación de antecedentes penales

Los condenados que hayan cumplido su pena tienen derecho a obtener la cancelación de sus antecedentes penales, de oficio o a instancia de parte, en el Registro Central de Penados (Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia), siempre que no hayan vuelto a delinquir en los plazos del art. 136 CP, que se cuentan desde el día siguiente a la extinción de la pena: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años; y diez años para las penas graves. La cancelación determina que los antecedentes dejen de surtir efectos para la reincidencia y para los requisitos legales que exijan carecer de ellos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Tribunal sentenciador: firmeza, liquidación, abono, refundición, suspensión, sustitución, responsabilidad civil e indulto (informe). Sección de Vigilancia Penitenciaria: control de la ejecución material, derechos de los internos y beneficios (art. 76 LOGP).
  • Límite de cumplimiento (art. 76 CP): triple de la pena más grave, máximo 20 años; excepcionalmente 25, 30 o 40 años. Lo fija el Juez o Tribunal que dictó la última sentencia, con audiencia de Fiscal y penado.
  • Abono de la prisión provisional (art. 58 CP): íntegro en la causa en que se acordó; en otra causa solo si fue posterior a los hechos de aquella y no se abonó en otra.
  • Suspensión (arts. 80 y 81 CP): penas no superiores a 2 años, primario, responsabilidades civiles satisfechas; plazo de suspensión de 2 a 5 años (3 meses a 1 año en penas leves).
  • Sustitución por expulsión (art. 89 CP): penas de prisión superiores a un año a ciudadano extranjero, con excepciones; el antiguo art. 88 (sustitución genérica por multa o trabajos) fue suprimido en 2015.
  • Libertad condicional (art. 90 CP): suspensión del resto de la pena; tercer grado, tres cuartas partes de la condena, buena conducta y pronóstico favorable; concede el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
  • Permisos ordinarios (art. 47.2 LOGP): hasta 7 días, 36 días/año (segundo grado) o 48 (tercer grado); un cuarto de la condena cumplido y sin mala conducta. Los de más de 2 días los autoriza el Juez de Vigilancia (salvo tercer grado).
  • Recursos contra la Sección de Vigilancia Penitenciaria: reforma y apelación (DA 5.ª LOPJ); con preferencia. Recurso del Fiscal con efecto suspensivo en los casos previstos.
  • Costas: impuestas al criminalmente responsable (art. 123 CP); incluyen los honorarios de la acusación particular en delitos solo perseguibles a instancia de parte (art. 124 CP); tasación por el LAJ; prelación de pagos del art. 126 CP.
  • Indulto: Real Decreto del Rey a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros (art. 62.i CE; Ley de 18 de junio de 1870); no existen indultos generales.
  • Cancelación de antecedentes (art. 136 CP): 6 meses, 2, 3, 5 y 10 años según la pena, contados desde la extinción de la pena.
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 56 de Gestión Procesal (Justicia)?

La ejecución de las sentencias penales firmes combina la competencia del Tribunal sentenciador (firmeza, liquidación de condena, refundición, suspensión, responsabilidad civil, costas) con la del órgano especializado en la fase penitenciaria, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, hoy integrado como Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia, que controla la actuación de la Administración Penitenciaria y salvaguarda los derechos de los internos. Fundamentos: art. 117.3 CE (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), art. 25.2 CE (reeducación y reinserción), Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero) y arts. 983 y ss. LECrim. El tema recoge el reparto de funciones, los recursos frente a las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, la tasación de costas y la ejecución de los pronunciamientos civiles de la sentencia penal.

¿Qué hay que memorizar del Tema 56 para el examen?

Tribunal sentenciador: firmeza, liquidación, abono, refundición, suspensión, sustitución, responsabilidad civil e indulto (informe). Sección de Vigilancia Penitenciaria: control de la ejecución material, derechos de los internos y beneficios (art. 76 LOGP). Límite de cumplimiento (art. 76 CP): triple de la pena más grave, máximo 20 años; excepcionalmente 25, 30 o 40 años. Lo fija el Juez o Tribunal que dictó la última sentencia, con audiencia de Fiscal y penado. Abono de la prisión provisional (art. 58 CP): íntegro en la causa en que se acordó; en otra causa solo si fue posterior a los hechos de aquella y no se abonó en otra. Suspensión (arts. 80 y 81 CP): penas no superiores a 2 años, primario, responsabilidades civiles satisfechas; plazo de suspensión de 2 a 5 años (3 meses a 1 año en penas leves). Sustitución por expulsión (art. 89 CP): penas de prisión superiores a un año a ciudadano extranjero, con excepciones; el antiguo art. 88 (sustitución genérica por multa o trabajos) fue suprimido en 2015. Libertad condicional (art. 90 CP): suspensión del resto de la pena; tercer grado, tres cuartas partes de la condena, buena conducta y pronóstico favorable; concede el Juez de Vigilancia Penitenciaria. Permisos ordinarios (art. 47.2 LOGP): hasta 7 días, 36 días/año (segundo grado) o 48 (tercer grado); un cuarto de la condena cumplido y sin mala conducta. Los de más de 2 días los autoriza el Juez de Vigilancia (salvo tercer grado). Recursos contra la Sección de Vigilancia Penitenciaria: reforma y apelación (DA 5.ª LOPJ); con preferencia. Recurso del Fiscal con efecto suspensivo en los casos previstos. Costas: impuestas al criminalmente responsable (art. 123 CP); incluyen los honorarios de la acusación particular en delitos solo perseguibles a instancia de parte (art. 124 CP); tasación por el LAJ; prelación de pagos del art. 126 CP. Indulto: Real Decreto del Rey a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros (art. 62.i CE; Ley de 18 de junio de 1870); no existen indultos generales. Cancelación de antecedentes (art. 136 CP): 6 meses, 2, 3, 5 y 10 años según la pena, contados desde la extinción de la pena.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española: arts. 25.2, 62.i y 117.3
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882): arts. 239 y ss., 983 y ss. (ejecución de sentencias)
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: arts. 3.2, 4.4, 36.2, 58, 76, 80 a 92, 110, 116 a 126 y 136
  • Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria: arts. 47, 72, 76 y 77
  • Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: art. 94 y disposición adicional quinta
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
  • Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
  • Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia

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