Tema 60. Recurso contencioso-administrativo: Demanda y contestación. Alegaciones previas. Prueba. Vista y conclusiones. Sentencias. Otros medios de terminación del procedimiento.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Tras la interposición, la reclamación del expediente y el emplazamiento, el procedimiento contencioso-administrativo ordinario continúa con la demanda (art. 52) y la contestación (art. 54), con plazo de veinte días cada una, en las que se fijan hechos, fundamentos y pretensiones (art. 56). Antes de contestar, la parte demandada puede formular alegaciones previas (art. 58) sobre incompetencia o inadmisibilidad. Si hay disconformidad sobre hechos de trascendencia se recibe el pleito a prueba (arts. 60 y 61); después, las partes pueden pedir vista o conclusiones (arts. 62 a 64) y el órgano dicta sentencia (arts. 67 a 73), que puede desestimar o estimar el recurso con los pronunciamientos del art. 71. El proceso puede terminar sin sentencia sobre el fondo por desistimiento (art. 74), allanamiento (art. 75), reconocimiento total en vía administrativa (art. 76), avenencia (art. 77) o satisfacción extraprocesal, que se rigen por reglas propias de la LJCA y la supletoriedad de la LEC.
La demanda: plazo, contenido y documentos (arts. 52 y 56 LJCA)
Recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia lo entrega al demandante para que formalice la demanda en el plazo de veinte días (art. 52.1). Si el demandante no formaliza la demanda en plazo, se declara caducado el trámite y se ordena el archivo, salvo causa de fuerza mayor (art. 52.2). La demanda consigna los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales pueden alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración (art. 56.1). Con ella se acompañan los documentos en que se funde el derecho del actor y se pide, por otrosí, el recibimiento a prueba y, en su caso, la vista o las conclusiones. Al ser un proceso revisor del expediente, la demanda se elabora una vez examinado este, a diferencia del escrito de interposición.
Pretensiones en la demanda y principio de congruencia (arts. 31 a 33 LJCA)
El demandante puede pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones impugnados (art. 31.1), el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, incluida la indemnización de daños y perjuicios (art. 31.2); en la inactividad, la condena al cumplimiento de la obligación en los términos establecidos; y en la vía de hecho, la declaración de contraria a Derecho, el cese y las medidas de restablecimiento (art. 32). Los órganos juzgan dentro de los límites de las pretensiones formuladas y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición (art. 33.1). Si el tribunal estima que la cuestión pudo no haber sido apreciada debidamente por las partes por existir otros motivos susceptibles de fundamentarla, los somete a las partes mediante providencia, advirtiendo que no prejuzga el fallo, con plazo común de diez días para alegar y suspensión del plazo para dictar sentencia (art. 33.2, "tesis").
Ampliación del recurso a actos posteriores (art. 36 LJCA)
Si después de interpuesto el recurso se dictara un acto o disposición que guarde directa relación con el que sea objeto del recurso, el demandante puede solicitar la ampliación a los actos posteriores, en los términos del art. 36, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso. También cabe la ampliación cuando se hubiera impugnado un acto presunto y la Administración dicta resolución expresa tardía, o cuando se recurre la inactividad y se dicta un acto expreso. La solicitud se hace con el límite temporal y de forma que establece la ley (se concede traslado a las demás partes). Es una manifestación del principio de economía procesal.
La contestación a la demanda (art. 54 LJCA)
Admitida la demanda, se da traslado a los demandados para que la contesten en el plazo de veinte días. La contestación contiene hechos, fundamentos y pretensiones (art. 56.1); los demandados pueden oponerse en cuanto al fondo, alegar la inadmisibilidad del recurso, y allanarse total o parcialmente (art. 75). Si se personaron varios demandados, cada uno contesta por separado con su plazo. Si la Administración no contesta en plazo, el proceso continúa sin retroceso: la falta de contestación no equivale a un allanamiento ni a una admisión de hechos, pues el control de legalidad no queda a disposición de las partes, y el órgano debe resolver sobre la conformidad a Derecho del acto. Con la contestación se acompañan los documentos en que el demandado funde su derecho y se pide el recibimiento a prueba, la vista o las conclusiones.
Las alegaciones previas (arts. 58 y 59 LJCA)
Dentro de los cinco primeros días del plazo para contestar la demanda, los demandados pueden alegar como cuestiones previas la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso por las causas del art. 69, cuando así proceda, para depurar el proceso antes de entrar en el fondo. De las alegaciones se da traslado al demandante, que contesta, y el órgano resuelve por auto. Si estima la incompetencia, remite las actuaciones al órgano que considere competente; si estima la inadmisibilidad, acuerda la terminación del proceso sin pronunciarse sobre el fondo, sin perjuicio de los recursos que procedan; si las desestima, el proceso continúa y la parte demandada contesta a la demanda en el plazo que proceda. Estas cuestiones también pueden plantearse en la contestación y ser resueltas en sentencia.
El recibimiento del pleito a prueba (arts. 60 y 61 LJCA)
El recibimiento a prueba se solicita por otrosí en los escritos de demanda y contestación, expresando los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba (art. 60.1). Se acuerda por auto cuando exista disconformidad en los hechos y estos sean de trascendencia, a juicio del órgano, para la resolución del pleito. Se aplican los plazos legales de proposición y práctica de la prueba (de quince días para proponer y treinta para practicar, según el art. 60.4), y los medios de prueba y su valoración se rigen por la LEC (documentos, interrogatorio, testigos, pericial, reconocimiento judicial, medios audiovisuales), con valoración conforme a la sana crítica salvo prueba tasada. El órgano tiene también facultades de oficio (art. 61): puede acordar el recibimiento a prueba y la práctica de diligencias que estime necesarias para la sentencia, y las diligencias finales con carácter excepcional, siempre con audiencia de las partes sobre su resultado. El expediente administrativo y la documental son los medios más relevantes por la naturaleza revisora del proceso.
Carga de la prueba y presunción de validez de los actos
Se aplican las reglas de la LEC (art. 217): corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los impeditivos o extintivos, con la regla de la disponibilidad y facilidad probatoria de cada parte (art. 217.7), que en la práctica obliga con frecuencia a la Administración a aportar los datos que obran en su poder. Los actos administrativos gozan de presunción de validez y producen efectos desde la fecha en que se dicten (art. 39.1 Ley 39/2015), lo que traslada al recurrente la carga de acreditar la ilegalidad, sin que la presunción impida el deber de motivación de los actos que afecten a derechos.
Práctica de la prueba y valoración
La prueba se practica ante el Juez en los órganos unipersonales; en los colegiados, ante uno de los Magistrados de la Sala, valorándose por el órgano en su conjunto al dictar sentencia. Rige la inmediación cuando se practica prueba personal, aunque con menor intensidad que en el proceso penal por el carácter documental de la mayoría de la prueba. La prueba pericial puede practicarse por peritos designados por el tribunal o aportados por las partes. La prueba practicada de oficio o fuera de plazo no puede suplir la inactividad de las partes.
Vista o conclusiones (arts. 62 a 64 LJCA)
Practicada la prueba, o si no hay lugar a ella, las partes pueden solicitar la celebración de vista o el trámite de conclusiones escritas; si ninguna lo solicita, el pleito queda concluso para sentencia (art. 62). Vista (art. 63): se celebra en audiencia pública, en la que las partes exponen su pretensión y valoran la prueba, y el órgano puede formular preguntas. Conclusiones (art. 64): se presentan por escrito, primero el demandante y después los demandados, por plazos sucesivos de diez días, y se limitan a valorar la prueba y a resumir los fundamentos de las pretensiones, sin poder introducir cuestiones nuevas no planteadas en la demanda y la contestación. Efectos: concluido el trámite, el pleito queda visto para sentencia. Diligencias finales: el órgano puede acordar de oficio o a instancia de parte diligencias para mejor proveer, de modo restrictivo, sin que suplan la falta de diligencia probatoria de las partes.
La sentencia: plazo, contenido y clases (arts. 67 a 71 LJCA)
La sentencia se dicta en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia (art. 67.1), plazo ordenatorio cuyo incumplimiento no invalida la resolución. Debe decidir todas las cuestiones controvertidas. Clases: de inadmisión (art. 69), desestimatoria, cuando el acto o la disposición se ajusta a Derecho (art. 70), y estimatoria, cuando incurre en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 70.2). Pronunciamientos de la sentencia estimatoria (art. 71.1): declarar la disconformidad a Derecho y anular total o parcialmente la disposición o el acto o disponer el cese o la modificación de la actuación; reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar las medidas necesarias para su pleno restablecimiento; fijar plazo para cumplir cuando la medida consista en emitir un acto o practicar una actuación obligatoria; y declarar el derecho a la reparación señalando quién viene obligado a indemnizar. Límite de la plena jurisdicción (art. 71.2): los órganos no pueden determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anulen, ni el contenido discrecional de los actos anulados.
Efectos de las sentencias (arts. 72 y 73 LJCA)
La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso solo produce efectos entre las partes (art. 72.1). La anulación de una disposición o acto produce efectos para todas las personas afectadas; las sentencias firmes que anulen una disposición general tienen efectos generales desde el día en que se publique su fallo y los preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que se publicó la disposición, y también se publican las que anulen un acto que afecte a una pluralidad indeterminada de personas (art. 72.2). La estimación de pretensiones de reconocimiento de una situación jurídica individualizada solo produce efectos entre las partes (art. 72.3). La anulación de un precepto de una disposición general no afecta por sí misma a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcance efectos generales, salvo que suponga la exclusión o reducción de sanciones aún no ejecutadas completamente (art. 73).
Extensión de los efectos de una sentencia en materia tributaria, de personal y de unidad de mercado (art. 110 LJCA)
En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas pueden extenderse a otras cuando concurran estos requisitos: que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo; que el Juez o Tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento; y que soliciten la extensión en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso. Se solicita primero a la Administración y, si no la concede, se acude al tribunal sentenciador. No procede cuando la sentencia se fundó en circunstancias personales del favorecido. Es un mecanismo de economía procesal que beneficia a terceros que no fueron parte.
Costas del proceso contencioso-administrativo (art. 139 LJCA)
En primera o única instancia, el órgano impone las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho (criterio del vencimiento mitigado). En los recursos de apelación y casación rige también el criterio del vencimiento, con sus reglas propias. El órgano puede imponer la totalidad, una parte de ellas o hasta una cifra máxima. Además, impondrá las costas al litigante de mala fe o temeridad. En los casos de terminación por desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal, las costas se resuelven con arreglo a los arts. 74 a 77, al art. 139 y, supletoriamente, a la LEC.
Terminación anormal: desistimiento y allanamiento (arts. 74 y 75 LJCA)
Desistimiento (art. 74): el recurrente puede desistir en cualquier momento anterior a la sentencia. Se da traslado a las demás partes y el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto declarando terminado el procedimiento y ordenando el archivo, salvo que se oponga alguna parte en razón de un interés legítimo, en cuyo caso decide el órgano por auto. Allanamiento (art. 75): si el demandado se allana a las pretensiones del demandante, el órgano dicta sentencia estimatoria de las pretensiones del demandante, salvo que aprecie infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; si son varios los demandados, el proceso continúa respecto de los que no se hayan allanado. Importante: el límite es la infracción manifiesta del ordenamiento (no el fraude de ley ni el abuso de derecho del art. 21 LEC).
Terminación anormal: reconocimiento total en vía administrativa, avenencia y satisfacción extraprocesal (arts. 76 y 77 LJCA)
Reconocimiento total en vía administrativa (art. 76): si interpuesto el recurso la Administración reconoce totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes puede ponerlo en conocimiento del órgano, que previa comprobación declara terminado el procedimiento y el archivo del recurso. Avenencia o transacción (art. 77): en los procedimientos en primera o única instancia, el órgano, de oficio o a solicitud de parte, puede someter a las partes el reconocimiento de hechos o documentos o la posibilidad de alcanzar una solución transaccional, cuando el pleito verse sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, sobre estimación de cantidad. Intentada la avenencia con acuerdo, el órgano dicta auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no sea manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros. Satisfacción extraprocesal: no está en la LJCA y se rige por el art. 22 LEC (carencia sobrevenida de objeto), aplicable supletoriamente, de modo que, si la pretensión queda satisfecha por circunstancias sobrevenidas, se declara terminado el proceso. En ambos supuestos se pronuncia sobre las costas.
Otras vías de terminación: caducidad por falta de demanda y caducidad de la instancia
La falta de formalización de la demanda en el plazo del art. 52 determina la caducidad del trámite y el archivo de las actuaciones (art. 52.2) y, como el plazo para interponer el recurso suele estar vencido, esta caducidad extingue en la práctica la posibilidad de recurrir. Distinta es la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, regulada con carácter supletorio en la LEC (art. 237), que no se confunde con la prescripción de la acción sustantiva: la declaración de caducidad no impide plantear de nuevo la pretensión si no ha transcurrido el plazo para ello. La terminación sin sentencia de fondo no produce cosa juzgada material.
El procedimiento abreviado: diferencias con el ordinario (art. 78 LJCA)
Se tramita por el procedimiento abreviado, ante los Juzgados, los asuntos que versen sobre cuestiones de personal, extranjería, disciplina deportiva y antidopaje e inadmisión de peticiones de asilo, y aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros (umbral fijado por la LO 7/2015). También se tramitan por este cauce los recursos contra la inejecución de actos firmes (art. 29.2). Se inicia con una demanda sucinta que sigue los requisitos del escrito de interposición, el órgano reclama el expediente administrativo, cita a las partes a una vista en la que el demandado contesta oralmente, se practica la prueba y se formulan conclusiones, y se dicta sentencia en el plazo de diez días desde la vista. La mayor concentración de trámites en una sola vista es su rasgo característico frente al procedimiento ordinario, de fases escritas sucesivas. Debe evitarse confundir ambos cauces al aplicar los plazos de este tema.
Esquema de plazos del procedimiento ordinario (repaso)
Interposición: dos meses (acto expreso y disposición), seis meses (acto presunto), dos meses tras el vencimiento de los plazos del art. 29 (inactividad), veinte días (vía de hecho sin requerimiento). Subsanación del escrito inicial: diez días. Remisión del expediente: veinte días improrrogables. Personación de los demandados emplazados: nueve días. Demanda: veinte días. Alegaciones previas: cinco primeros días del plazo para contestar. Contestación: veinte días. Tesis del art. 33.2: diez días comunes. Conclusiones escritas: sucesivas, de diez días. Sentencia: diez días desde que el pleito queda concluso. Extensión de efectos: un año. Todos los plazos se cuentan en días hábiles, excluido agosto, salvo en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales (art. 128.2).
Recursos contra la sentencia: visión de conjunto
Contra las sentencias de los Juzgados cabe apelación ante la Sala del TSJ si superan la cuantía de 30.000 euros o se trata de los supuestos del art. 81; contra las dictadas por las Salas de los TSJ y la Audiencia Nacional, tanto en única instancia como en apelación, cabe casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo si presentan interés casacional objetivo (arts. 86 y ss.). El recurso de revisión (art. 102) procede contra sentencias firmes en los supuestos tasados que remite a la LEC (arts. 509 y ss.). Contra autos y providencias, reposición y súplica. Las costas y la ejecución se rigen por los arts. 103 y ss. y 139.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Demanda: veinte días desde la entrega del expediente (art. 52); si no se formula, se declara caducado el trámite. Contestación: veinte días (art. 54).
Hechos, fundamentos y pretensiones en demanda y contestación; pueden alegarse motivos no planteados ante la Administración (art. 56.1).
Alegaciones previas: en los cinco primeros días del plazo para contestar, sobre incompetencia o inadmisibilidad (art. 58).
La falta de contestación de la Administración no es allanamiento; el proceso continúa y el órgano controla la legalidad.
Prueba: solicitud por otrosí; se acuerda si hay disconformidad en hechos de trascendencia (art. 60); el órgano puede acordar pruebas de oficio y diligencias finales (art. 61).
Vista o conclusiones (arts. 62 a 64): conclusiones escritas sucesivas de diez días; no se introducen cuestiones nuevas.
Sentencia en diez días desde que el pleito queda concluso (art. 67); plazo ordenatorio. Tesis del art. 33.2: providencia con diez días de alegaciones y suspensión del plazo de sentencia.
Sentencia estimatoria (art. 71.1): anula, restablece la situación jurídica individualizada, fija plazo de cumplimiento e indemnización; el juez no puede redactar el precepto sustituto de la norma anulada ni fijar el contenido discrecional del acto (art. 71.2).
Efectos (arts. 72 y 73): la anulación de una disposición general tiene efectos generales desde la publicación del fallo; las sentencias desestimatorias, solo entre las partes; no afecta a los actos firmes de aplicación salvo sanciones no ejecutadas.
Extensión de efectos (art. 110): materia tributaria, de personal y de unidad de mercado; idéntica situación; mismo órgano competente territorialmente; solicitud en un año desde la última notificación.
Terminación anormal: desistimiento (decreto del LAJ, art. 74), allanamiento (sentencia salvo infracción manifiesta del ordenamiento, art. 75), reconocimiento total en vía administrativa (art. 76), avenencia (auto, art. 77) y satisfacción extraprocesal (art. 22 LEC).
Costas (art. 139): vencimiento en primera instancia, salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas; posibilidad de fijar un máximo.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Las alegaciones previas se formulan:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 60 de Gestión Procesal (Justicia)?
Tras la interposición, la reclamación del expediente y el emplazamiento, el procedimiento contencioso-administrativo ordinario continúa con la demanda (art. 52) y la contestación (art. 54), con plazo de veinte días cada una, en las que se fijan hechos, fundamentos y pretensiones (art. 56). Antes de contestar, la parte demandada puede formular alegaciones previas (art. 58) sobre incompetencia o inadmisibilidad. Si hay disconformidad sobre hechos de trascendencia se recibe el pleito a prueba (arts. 60 y 61); después, las partes pueden pedir vista o conclusiones (arts. 62 a 64) y el órgano dicta sentencia (arts. 67 a 73), que puede desestimar o estimar el recurso con los pronunciamientos del art. 71. El proceso puede terminar sin sentencia sobre el fondo por desistimiento (art. 74), allanamiento (art. 75), reconocimiento total en vía administrativa (art. 76), avenencia (art. 77) o satisfacción extraprocesal, que se rigen por reglas propias de la LJCA y la supletoriedad de la LEC.
¿Qué hay que memorizar del Tema 60 para el examen?
Demanda: veinte días desde la entrega del expediente (art. 52); si no se formula, se declara caducado el trámite. Contestación: veinte días (art. 54). Hechos, fundamentos y pretensiones en demanda y contestación; pueden alegarse motivos no planteados ante la Administración (art. 56.1). Alegaciones previas: en los cinco primeros días del plazo para contestar, sobre incompetencia o inadmisibilidad (art. 58). La falta de contestación de la Administración no es allanamiento; el proceso continúa y el órgano controla la legalidad. Prueba: solicitud por otrosí; se acuerda si hay disconformidad en hechos de trascendencia (art. 60); el órgano puede acordar pruebas de oficio y diligencias finales (art. 61). Vista o conclusiones (arts. 62 a 64): conclusiones escritas sucesivas de diez días; no se introducen cuestiones nuevas. Sentencia en diez días desde que el pleito queda concluso (art. 67); plazo ordenatorio. Tesis del art. 33.2: providencia con diez días de alegaciones y suspensión del plazo de sentencia. Sentencia estimatoria (art. 71.1): anula, restablece la situación jurídica individualizada, fija plazo de cumplimiento e indemnización; el juez no puede redactar el precepto sustituto de la norma anulada ni fijar el contenido discrecional del acto (art. 71.2). Efectos (arts. 72 y 73): la anulación de una disposición general tiene efectos generales desde la publicación del fallo; las sentencias desestimatorias, solo entre las partes; no afecta a los actos firmes de aplicación salvo sanciones no ejecutadas. Extensión de efectos (art. 110): materia tributaria, de personal y de unidad de mercado; idéntica situación; mismo órgano competente territorialmente; solicitud en un año desde la última notificación. Terminación anormal: desistimiento (decreto del LAJ, art. 74), allanamiento (sentencia salvo infracción manifiesta del ordenamiento, art. 75), reconocimiento total en vía administrativa (art. 76), avenencia (auto, art. 77) y satisfacción extraprocesal (art. 22 LEC). Costas (art. 139): vencimiento en primera instancia, salvo serias dudas de hecho o de derecho razonadas; posibilidad de fijar un máximo.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: arts. 31 a 33, 36, 52 a 77, 81, 86, 102, 110, 139
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: art. 39
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: arts. 22, 217 y 237 (aplicación supletoria)
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (reforma de la casación contencioso-administrativa)
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión Procesal (Justicia).