Tema 46. Las medidas cautelares personales en el proceso penal. La citación judicial. La detención. La prisión provisional. La libertad provisional. Las fianzas en el proceso penal. Medidas limitadoras de derechos fundamentales: Pruebas biológicas; entrada y registro en lugar cerrado; intervención de comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas e informáticas. Especial mención a las entregas controladas y a la figura del agente encubierto.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Las medidas cautelares personales (citación, detención, prisión y libertad provisionales) afectan al derecho a la libertad (art. 17 CE) de personas amparadas por la presunción de inocencia, por lo que se rigen por los principios de legalidad, jurisdiccionalidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y provisionalidad. Junto a ellas, el tema desarrolla las fianzas y las medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales: pruebas biológicas (art. 363 LECrim y LO 10/2007), entrada y registro en lugar cerrado (art. 18.2 CE y arts. 545 y ss. LECrim), intervención de las comunicaciones postales, telefónicas y telemáticas y demás medidas de investigación tecnológica (arts. 579 y 588 bis y ss., introducidos por la LO 13/2015), así como las técnicas especiales de investigación: entrega vigilada (art. 263 bis) y agente encubierto, incluido el informático (art. 282 bis). Las cifras y plazos legales son materia de examen habitual y conviene memorizarlas.
Concepto, clases y principios de las medidas cautelares personales
Las medidas cautelares personales afectan a la libertad u otros derechos personales del investigado con la finalidad de asegurar su presencia en el proceso, evitar la destrucción de fuentes de prueba, proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva. Se distinguen las privativas de libertad (detención y prisión provisional) y las restrictivas (libertad provisional con obligaciones como la comparecencia periódica apud acta, la retirada del pasaporte, las prohibiciones de residir, de acudir a un lugar o de aproximarse o comunicarse con la víctima, art. 544 bis LECrim, y la orden de protección, art. 544 ter, regulada por la Ley 27/2003). Principios: legalidad (solo en los casos y formas que fija la ley), jurisdiccionalidad (reserva de resolución judicial, salvo la detención), excepcionalidad y subsidiariedad (no existir otra medida menos gravosa igualmente eficaz), proporcionalidad, necesidad, provisionalidad (se mantiene solo mientras subsistan sus presupuestos; los autos de prisión, libertad y fianza son reformables durante toda la causa, art. 539 LECrim), instrumentalidad y motivación reforzada de la resolución, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Para adoptarlas se exigen apariencia de buen derecho (fumus boni iuris: indicios racionales de criminalidad) y peligro procesal (periculum in mora: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración). La reforma de la prisión provisional se hizo por la LO 13/2003, de 24 de octubre.
La citación judicial
La citación es la medida menos restrictiva: el juez ordena al investigado comparecer ante el órgano judicial en día y hora determinados, bajo apercibimiento de que, si no comparece sin justa causa, puede ser detenido y conducido a presencia judicial (arts. 486 y ss. LECrim). Es el mecanismo ordinario para asegurar la presencia del investigado en delitos de escasa o media gravedad cuando no hay riesgo relevante de fuga o de obstaculización de la investigación, y manifestación elemental del principio de excepcionalidad. La citación indica el hecho que se le atribuye, el derecho a asistencia letrada y los demás derechos del art. 118 LECrim. El investigado debe además señalar un domicilio o persona a efectos de notificaciones y comunicar sus cambios de domicilio.
La detención: concepto y supuestos
La detención es la privación cautelar y de breve duración de la libertad de una persona, que no requiere resolución judicial previa. Nadie puede ser detenido sino en los casos y en la forma que establece la ley (art. 489 LECrim). Los particulares pueden detener a quien intente cometer un delito en el momento de ir a cometerlo, al delincuente in fraganti, al que se fugue de un establecimiento penal y al procesado o condenado que esté en rebeldía (art. 490 LECrim), debiendo entregarlo inmediatamente a la autoridad o sus agentes. La autoridad y los agentes de Policía Judicial tienen la obligación de detener, además, al procesado por delito grave y al procesado por delito castigado con pena inferior cuando sus antecedentes o las circunstancias del hecho hagan presumir que no comparecerá cuando sea llamado (art. 492 LECrim). Los ciudadanos particulares no deben mantener a un detenido más allá del tiempo necesario para entregarlo. La detención debe practicarse de la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio (art. 520.1 LECrim).
Plazos de la detención
La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim). El art. 55.2 CE permite que una ley orgánica determine la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial, pueda suspenderse este derecho para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. En aplicación de él, el art. 520 bis LECrim permite prorrogar la detención por otras cuarenta y ocho horas (cinco días en total), mediante resolución judicial motivada que debe solicitarse dentro de las primeras cuarenta y ocho horas y resolverse en las veinticuatro siguientes. La Policía debe poner al detenido a disposición del juez dentro de los plazos legales, y el control judicial es constante. Los detenidos son puestos a disposición del juez de guardia, o del juez que corresponda en caso de investigaciones en curso.
Derechos del detenido
Según el art. 520.2 LECrim, toda persona detenida debe ser informada de modo inmediato, en forma y lengua comprensibles, y por escrito, de los hechos que se le atribuyen y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten, en particular: a) derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez; b) derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; c) derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada; d) derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia; e) derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección, en presencia de un agente; f) derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país y a comunicarse con ellas; g) derecho a ser asistido gratuitamente de intérprete cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable castellano o la lengua oficial de la actuación; h) derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal; i) derecho a ser informado del plazo máximo de duración de la detención hasta la puesta a disposición judicial y del procedimiento por el cual puede impugnar la legalidad de la detención (habeas corpus). El detenido debe tener acceso a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de su detención (art. 520.2.d). Estas garantías proceden de la trasposición de las Directivas 2010/64/UE, 2012/13/UE y 2013/48/UE por las LO 5/2015 y LO 13/2015.
La asistencia letrada al detenido
La asistencia letrada al detenido es obligatoria y solo puede renunciarse cuando la detención lo sea por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delito contra la seguridad vial (art. 520.5 LECrim). El abogado, que puede ser de libre designación o de oficio, tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el detenido, con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia en que intervenga; a acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la legalidad de la detención; a intervenir en las diligencias de declaración, reconocimiento de identidad y reconstrucción de hechos; a solicitar información al detenido y a informar de las consecuencias de la declaración (art. 520.6 LECrim). Si el abogado designado no comparece en el plazo legal (tres horas), el Colegio designa otro letrado del turno de oficio. En la detención incomunicada (art. 527 LECrim) el abogado es siempre de oficio y el detenido no puede designar abogado de su confianza, ni comunicarse con familiares ni mantener entrevista reservada, con sujeción a las limitaciones y a control judicial estricto.
El habeas corpus
El procedimiento de habeas corpus, previsto en el art. 17.4 CE y regulado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, permite obtener la inmediata puesta a disposición judicial de cualquier persona detenida ilegalmente. Se considera detenido ilegalmente quien lo está por autoridad, agente de la misma o particular, sin que concurran los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades prescritas por las leyes; quien está ilícitamente internado en cualquier establecimiento o lugar; quien lo está por plazo superior al legalmente previsto; y quien no ha sido puesto a disposición judicial en las condiciones legales o a quien se deniegan los derechos del art. 520. Pueden instarlo el detenido, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes y hermanos, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo, y puede iniciarse de oficio por el juez. Es competente el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad. No requiere abogado ni procurador, se tramita con carácter sumarísimo y se resuelve por auto en un plazo máximo de veinticuatro horas tras la admisión, ordenando, según los casos, la libertad inmediata, la puesta a disposición judicial o la continuación de la detención con arreglo a la ley.
La prisión provisional: concepto y naturaleza
La prisión provisional es la medida cautelar más grave: privación de libertad del investigado durante el proceso, antes de sentencia firme, de una persona amparada por la presunción de inocencia. Tiene naturaleza excepcional (solo cuando es necesaria), subsidiaria de otras menos gravosas y provisional, y solo puede perseguir fines constitucionalmente legítimos: nunca puede utilizarse como pena anticipada, con finalidad retributiva o de prevención general. Sólo puede decretarla el juez o tribunal (art. 502 LECrim), mediante auto motivado y tras celebrar la comparecencia del art. 505. Las resoluciones que la acuerdan son recurribles en reforma y en apelación, y están sujetas a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre motivación reforzada, que considera lesionado el derecho a la libertad (art. 17 CE) cuando la motivación es insuficiente o irrazonable.
Presupuestos y fines de la prisión provisional (art. 503 LECrim)
El art. 503 LECrim exige que concurran, conjuntamente: 1.º) que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados de condena por delito doloso; 2.º) que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión; y 3.º) que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines: a) asegurar la presencia del investigado en el proceso, cuando exista riesgo de fuga (se atiende a la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena, la situación familiar, laboral y económica y la inminencia del juicio oral); b) evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, cuando exista un peligro fundado y concreto; c) evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando sea una de las personas del art. 173.2 del Código Penal (violencia de género y doméstica). Además, el art. 503.2 permite la prisión provisional, concurriendo los requisitos 1.º y 2.º, para evitar el riesgo de que el investigado cometa otros hechos delictivos (riesgo de reiteración). La enumeración de fines es tasada y cerrada.
Procedimiento para acordar la prisión provisional
La prisión provisional se acuerda por auto motivado, tras una audiencia o comparecencia (art. 505 LECrim) a la que concurren el Ministerio Fiscal, las partes acusadoras personadas, el investigado asistido de abogado y, en su caso, las demás partes, en la que se practica la prueba sobre la existencia de los presupuestos de la medida. Esta audiencia se celebra dentro de las setenta y dos horas desde que el detenido es puesto a disposición judicial. El auto debe expresar los indicios en que se funda la imputación, el fin que se pretende asegurar y las razones por las que se descartan otras medidas menos gravosas, y se notifica al investigado y se comunica al centro penitenciario. La libertad provisional, con o sin fianza, puede acordarse como alternativa. Contra el auto cabe recurso de reforma y apelación (arts. 216 y ss., y art. 766 para el abreviado). La situación personal del investigado puede reconsiderarse en cualquier momento (art. 539 LECrim).
Duración máxima de la prisión provisional (art. 504 LECrim)
La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines y mientras subsistan los motivos que justificaron su adopción. Los plazos máximos legales del art. 504 son: si el delito tiene señalada pena igual o inferior a tres años, un año, prorrogable por un máximo de seis meses más (dieciocho meses en total); si el delito tiene señalada pena superior a tres años, dos años, prorrogables hasta un máximo de cuatro (dos años más) cuando concurran circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada en el plazo inicial. Las prórrogas se acuerdan por auto motivado del juez o tribunal, previa audiencia de las partes. Si recae sentencia condenatoria y se interpone recurso, la prisión provisional puede prolongarse hasta la mitad de la pena efectivamente impuesta (art. 504.2). La duración ha de contarse desde la fecha de ingreso en prisión provisional, y el tiempo de prisión provisional se abona para el cumplimiento de la pena (art. 58 CP). Algunas cifras son frecuentes en exámenes: un año y dieciocho meses para las penas de hasta tres años; dos y cuatro años para las superiores. No debe confundirse con el plazo de detención (setenta y dos horas).
La prisión provisional comunicada e incomunicada
La regla general es la prisión comunicada. La incomunicación (art. 509 LECrim) es excepcional: puede acordarla el juez, mediante auto motivado y a instancia de parte, cuando resulte necesaria para evitar sustracción de pruebas, la comisión de nuevos delitos o que se ponga en peligro la vida, libertad o integridad física de una persona, durante el tiempo estrictamente necesario y con un límite legal de cinco días, prorrogable en casos de terrorismo o delincuencia organizada conforme al precepto. Durante la incomunicación se mantiene la asistencia de abogado, pero este es siempre de oficio y se limita la entrevista reservada y el acceso a las actuaciones; el preso incomunicado conserva el derecho a ser reconocido por el médico forense, y se le garantiza la comunicación con el juez. La incomunicación está sometida a control judicial permanente y no priva del derecho de defensa.
La libertad provisional: concepto y modalidades
La libertad provisional es la situación del investigado que, estando sometido a un proceso penal, no está privado de libertad. Puede acordarse sin fianza (la modalidad más frecuente, con la obligación de comparecer apud acta cuando sea llamado y de comunicar los cambios de domicilio) o con fianza que garantice la comparecencia (arts. 529 y ss. LECrim). Puede además acompañarse de obligaciones accesorias: comparecencias periódicas, prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte, prohibición de residencia o de aproximación o comunicación con la víctima o sus familiares (art. 544 bis), y, en violencia sobre la mujer, orden de protección (art. 544 ter). El incumplimiento de estas obligaciones, o la persistencia o aparición de riesgos, puede determinar la sustitución por prisión provisional. La fianza se reserva para los supuestos en que el riesgo de incomparecencia sea especialmente relevante.
Obligaciones apud acta en la libertad provisional
La libertad provisional se condiciona de ordinario a la obligación de comparecer apud acta, es decir, dejando constancia en las propias actuaciones, ante el órgano judicial (o el que éste designe) en los días que se le señalen y siempre que sea llamado (art. 530 LECrim), a fin de comprobar que el investigado permanece a disposición del proceso. Su incumplimiento reiterado puede dar lugar a medidas cautelares más gravosas, incluida la prisión provisional. Es un mecanismo de control periódico de aplicación sencilla y coste reducido.
Las fianzas en el proceso penal: concepto y clases
La fianza tiene dos funciones distintas que no deben confundirse. Como garantía de la libertad provisional, asegura la comparecencia del investigado cuando sea llamado (fianza de libertad provisional). Como garantía de responsabilidades pecuniarias, el juez exige al investigado, cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra él, que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de bienes si no la presta (art. 589 LECrim; fianza de responsabilidades civiles o pecuniarias), que puede reclamarse también al responsable civil subsidiario (art. 615 y ss.). La fianza puede constituirse en metálico, mediante aval bancario, o ser personal, pignoraticia o hipotecaria. El importe se fija atendiendo a la naturaleza del delito, la condición social y los antecedentes del investigado, sus posibilidades económicas y el daño producido (art. 531 LECrim, para la libertad provisional). Las cuestiones de fianza se tramitan en pieza separada.
Clases de fianza: personal, pignoraticia e hipotecaria
La fianza personal se constituye mediante la comparecencia de una o varias personas solventes que se obligan solidariamente a satisfacer la cantidad fijada si el investigado incumple sus obligaciones procesales. La pignoraticia consiste en la entrega de dinero en efectivo, valores o efectos públicos que quedan afectos al cumplimiento de esas obligaciones. La hipotecaria se constituye mediante hipoteca sobre un bien inmueble suficiente para cubrir la cantidad fijada, y debe inscribirse en el Registro de la Propiedad. Corresponde al juez valorar la modalidad más adecuada según las circunstancias del investigado, y pueden combinarse varias.
Consecuencias del incumplimiento de la fianza
Si el investigado incumple las obligaciones garantizadas con la fianza de libertad provisional (por ejemplo, no comparece cuando es citado o se sustrae a la acción de la justicia), la fianza se declara perdida o decomisada, total o parcialmente, a favor del Estado, mediante resolución motivada previa audiencia, cuando sea posible, de quien la hubiese prestado, sin perjuicio de las medidas cautelares personales más gravosas que procedan (orden de busca y captura, prisión provisional). El incumplimiento afecta así a la libertad del investigado y al patrimonio de quien prestó la garantía.
Medidas limitadoras de derechos fundamentales: principios
Las diligencias de investigación que afectan a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 18 CE) exigen autorización judicial previa y motivada, salvo consentimiento del titular o flagrancia en los supuestos constitucionalmente previstos. El art. 588 bis a LECrim, introducido por la LO 13/2015, establece como principios rectores: especialidad (la medida debe estar relacionada con la investigación de un delito concreto), idoneidad (en cuanto a ámbito objetivo y subjetivo y duración), excepcionalidad y necesidad (no deben existir otras medidas menos gravosas igualmente útiles, y sin la medida la investigación se vería gravemente dificultada), y proporcionalidad (el sacrificio de los derechos e intereses afectados no debe ser superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros, atendiendo a la gravedad del hecho, su trascendencia social, el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios y la relevancia del resultado perseguido). La solicitud debe contener la descripción del hecho, la identidad del investigado, la extensión de la medida y su justificación, la unidad policial que la ejecutará, la duración y la forma de ejecución (art. 588 bis b). El juez resuelve en veinticuatro horas mediante auto motivado, oído el Ministerio Fiscal (art. 588 bis c). La medida se tramita en pieza separada y secreta (art. 588 bis d). Se regulan la duración, las prórrogas, el control judicial, el cese y los descubrimientos casuales (arts. 588 bis e a 588 bis k).
Las pruebas biológicas: obtención de muestras y ADN
Las intervenciones corporales y la toma de muestras biológicas afectan a la integridad física y a la intimidad. Según la STC 207/1996 requieren una finalidad constitucionalmente legítima, reserva de resolución judicial motivada, previsión legal, proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) y que la práctica se haga por personal sanitario, respetando la dignidad de la persona. Cuando el investigado consiente, no se precisa autorización judicial, pero el consentimiento debe prestarse con asistencia de abogado. El art. 363 LECrim, tras la LO 15/2003, permite al juez de instrucción acordar, siempre que concurran razones que lo justifiquen, que se tomen muestras biológicas de la persona a quien se atribuya un hecho punible, para determinar su perfil de ADN, con respeto del principio de proporcionalidad, y prevé que se haga mediante resolución motivada. La base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN se rige por la LO 10/2007, de 8 de octubre: incluye los perfiles de sospechosos, detenidos o imputados por delitos graves y, en todo caso, contra la vida, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales, la integridad de las personas, el patrimonio con fuerza o violencia, y los casos de delincuencia organizada, con las garantías de conservación, cancelación y acceso restringido que la ley establece. La recogida de restos biológicos abandonados por el sospechoso no requiere autorización judicial.
La entrada y registro en lugar cerrado: presupuestos
El art. 18.2 CE establece que el domicilio es inviolable y que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El art. 545 LECrim reitera que nadie puede entrar en el domicilio de un español o extranjero residente sin su consentimiento, salvo en los casos y formas expresados en las leyes. El juez acuerda la entrada y registro en todo edificio o lugar cerrado, o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, o de cualquier persona jurídica legalmente constituida, siempre que hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación (art. 546). El auto debe ser fundado y expresar concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar de día o de noche y la autoridad o funcionario que haya de practicarlo (art. 558). El concepto de domicilio es amplio e incluye la habitación de hotel o de camping y los locales de persona jurídica, con matices. El registro sin autorización o más allá de su alcance determina que lo hallado carezca de efecto como prueba (art. 11.1 LOPJ). La policía puede entrar sin mandamiento judicial en caso de delito flagrante, y, en los supuestos del art. 553 LECrim, en investigaciones de terrorismo o bandas armadas, con dación de cuenta inmediata al juez.
Práctica de la entrada y registro
El registro se practica a presencia del interesado o de la persona que legítimamente le represente; si no fuera habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se hará a presencia de un individuo de su familia mayor de edad y, si no lo hubiere, de dos testigos vecinos del mismo pueblo (art. 569 LECrim). Debe intervenir siempre el Letrado de la Administración de Justicia, que levanta acta detallada de lo actuado y de los efectos intervenidos, y firman todos los asistentes. El interesado puede estar asistido de su abogado cuando es investigado detenido. Los objetos hallados que no guarden relación con el delito investigado pueden dar lugar a hallazgos casuales que, si son constitutivos de otro delito, se comunican al juez para que decida si procede la investigación separada. El registro debe limitarse a su finalidad y llevarse a cabo en la forma menos perjudicial para el titular.
El registro de libros y papeles
En los registros pueden recogerse libros, papeles y documentos que puedan servir para la comprobación del delito (arts. 573 y ss. LECrim). El juez los examina para separar los que guardan relación con los hechos y devolver los demás, con especial cautela con los documentos amparados por el secreto profesional (correspondencia con abogado, historiales médicos), que quedan excluidos salvo autorización judicial específica y motivada, para no vulnerar el derecho de defensa.
La intervención de las comunicaciones postales y telegráficas
El art. 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones y exige resolución judicial para interferirlo. El art. 579 LECrim, reformado por la LO 13/2015, permite al juez acordar, mediante resolución motivada, la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, y su apertura y examen, si hay indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa, en los delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión, en los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y en los delitos de terrorismo. La medida dura un máximo de tres meses, prorrogables por períodos iguales hasta dieciocho meses. La apertura y examen de la correspondencia la hace el juez en presencia del Letrado de la Administración de Justicia y, en su caso, del investigado o su representante (art. 584), quedando fuera de la causa lo ajeno a ella. Existe además normativa sobre la inviolabilidad de los envíos postales (Ley 43/2010, del servicio postal universal).
La intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
Los arts. 588 ter a y siguientes LECrim regulan la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, que solo puede autorizarse para los delitos a que se refiere el art. 579.1 (dolosos con pena máxima de al menos tres años de prisión; cometidos en el seno de grupo u organización criminal; terrorismo) y para los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación. El auto debe precisar el hecho investigado, la identidad del investigado o del afectado, la unidad policial que ejecutará la medida, el terminal o medio intervenido, la forma de ejecución, la duración y la persona obligada a colaborar (operadores de telecomunicaciones). La medida puede extenderse a terminales de terceros cuando exista constancia de que el sospechoso los utiliza (art. 588 ter c). La Policía Judicial informa periódicamente al juez, que controla la medida y puede ordenar su cese. Duración: tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta un máximo de dieciocho meses (art. 588 ter g). Las partes acceden a las grabaciones íntegras y se entrega copia de las transcripciones (art. 588 ter i). El art. 588 ter j regula los datos electrónicos de tráfico o asociados, que requieren autorización judicial, y los arts. 588 ter k a 588 ter m regulan la identificación mediante direcciones IP, la captación de códigos de identificación del aparato o sus componentes (IMSI/IMEI) y la identificación de titulares o terminales. Se mantiene la doctrina constitucional que exige indicios objetivos, no meras sospechas, y la prohibición de utilizar la medida con carácter prospectivo.
Otras medidas de investigación tecnológica
La LO 13/2015 sistematizó, junto a la interceptación de comunicaciones, otras medidas de investigación tecnológica con autorización judicial y los principios del art. 588 bis a: la captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos (arts. 588 quater a y ss.); la utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y localización (arts. 588 quinquies a y ss., con duración de tres meses prorrogables hasta dieciocho); el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (ordenadores, teléfonos móviles, arts. 588 sexies a y ss., que exige autorización judicial específica incluso aunque se haya autorizado la entrada y registro); los registros remotos sobre equipos informáticos (arts. 588 septies a y ss., con duración máxima de un mes prorrogable hasta tres) y las órdenes de conservación de datos (art. 588 octies, por un máximo de noventa días prorrogables una vez hasta ciento ochenta). Los datos obtenidos solo pueden utilizarse en otro proceso o descubrirse de forma casual con autorización del juez (art. 588 bis i).
Garantías y control judicial de las intervenciones de comunicaciones
El juez que autoriza una intervención debe controlar periódicamente su desarrollo; la Policía Judicial debe dar cuenta de los resultados con la periodicidad que el juez determine, y el juez controla la medida (art. 588 bis g) y ordena su cese cuando desaparezcan las circunstancias que la justificaron (art. 588 bis j). La prórroga se solicita antes de que expire el plazo, motivadamente (art. 588 bis f). Las grabaciones se incorporan al proceso con garantías de autenticidad e integridad, mediante la entrega de la grabación íntegra al juez y la reproducción en el juicio oral con contradicción, y las transcripciones sirven de apoyo, siendo la prueba la propia grabación. La vulneración de la reserva judicial o de los principios de proporcionalidad determina la nulidad de la prueba así obtenida y, según la doctrina de la conexión de antijuridicidad, de las derivadas de ella (art. 11.1 LOPJ). Los resultados de la intervención solo pueden usarse en un proceso distinto con autorización del juez (art. 588 bis i).
La entrega vigilada (art. 263 bis LECrim)
La circulación o entrega vigilada es la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y de otras sustancias o efectos prohibidos, circulen por territorio español o salgan o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o de sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las personas involucradas en el delito, así como de prestar auxilio a autoridades extranjeras con los mismos fines. Pueden autorizarla el juez de instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los jefes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores, atendiendo a la gravedad del hecho investigado, a la necesidad de la medida a los fines de la investigación y a las posibilidades de vigilancia. La resolución debe determinar, con la mayor precisión posible, el objeto, el itinerario y la autoridad que la dirija, y la autorización dada por las unidades policiales se comunica sin demora a la autoridad judicial o fiscal. Se sustenta en el derecho internacional (Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988 y Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen) y en la LO 12/1995, de represión del contrabando.
La figura del agente encubierto (art. 282 bis LECrim)
El juez de instrucción competente, o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al juez, pueden autorizar, mediante resolución fundada y atendida su necesidad para la investigación, a funcionarios de la Policía Judicial a actuar bajo identidad supuesta en investigaciones relativas a actividades de delincuencia organizada, y adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta la otorga el Ministerio del Interior por un plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, y queda legítimamente habilitado el agente para actuar en el tráfico jurídico y social bajo ella. Si la investigación puede afectar a derechos fundamentales, necesita además la autorización del juez competente. El agente está exento de responsabilidad criminal por las actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con su finalidad y no constituyan una provocación al delito. La información obtenida se pone en conocimiento de quien autorizó la actuación a la mayor brevedad. El agente puede declarar en juicio manteniendo su identidad protegida, conforme a la LO 19/1994. Debe distinguirse del agente provocador: la provocación policial del delito (inducir a una persona a cometer un delito que no pensaba cometer) es contraria al ordenamiento y afecta a la validez de la prueba y a la responsabilidad del provocado; el agente encubierto, en cambio, se infiltra en una actividad delictiva preexistente.
El agente encubierto informático (art. 282 bis.6 LECrim)
La LO 13/2015 introdujo el agente encubierto informático: el juez de instrucción puede autorizar a funcionarios de la Policía Judicial a actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos de delincuencia organizada del art. 282 bis.4 o cualquier delito de los previstos en el art. 588 ter a (delitos dolosos graves o cometidos a través de instrumentos informáticos). Con autorización específica, el agente puede intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido (por ejemplo, material de abuso sexual infantil o propaganda terrorista) y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para su identificación. Si la actuación afecta a derechos fundamentales (por ejemplo, la obtención de imágenes o la grabación de conversaciones en canales cerrados), requiere autorización judicial específica. La autorización permite a estos agentes obtener datos, siempre con respeto a los límites de la provocación y de la proporcionalidad.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Detención: máximo 72 horas desde su práctica hasta poner al detenido en libertad o a disposición judicial (art. 17.2 CE). En terrorismo y bandas armadas puede prorrogarse otras 48 horas (cinco días en total) con autorización judicial solicitada dentro de las primeras 48 horas (art. 520 bis LECrim; art. 55.2 CE).
Los particulares pueden detener en los casos del art. 490 LECrim (intento de delito, in fraganti, fugado, procesado en rebeldía) y deben entregar inmediatamente al detenido a la autoridad.
La asistencia de abogado al detenido solo es renunciable si se le detiene exclusivamente por delito contra la seguridad vial (art. 520.5 LECrim); en detención incomunicada el abogado es siempre de oficio (art. 527).
Habeas corpus (LO 6/1984; art. 17.4 CE): juez de instrucción del lugar de la privación de libertad; no exige abogado ni procurador; se resuelve por auto en veinticuatro horas.
Prisión provisional (art. 503 LECrim): delito con pena máxima de dos años o más (o menor con antecedentes no cancelados por delito doloso), motivos bastantes de responsabilidad y un fin tasado: riesgo de fuga, ocultación de pruebas, protección de la víctima (503.1) o riesgo de reiteración (503.2).
Duración máxima de la prisión provisional (art. 504): un año prorrogable seis meses (penas hasta tres años); dos años prorrogables hasta cuatro (penas superiores). Con sentencia recurrida, hasta la mitad de la pena impuesta.
La comparecencia del art. 505 se celebra con el Fiscal, las partes y el investigado asistido de abogado; el auto es reformable durante todo el curso de la causa (art. 539).
Clases de fianza: personal, pignoraticia (dinero o valores) e hipotecaria; además puede ser en metálico o aval bancario. Fianza de libertad provisional (comparecencia) distinta de la fianza de responsabilidades pecuniarias (art. 589).
Principios del art. 588 bis a LECrim: especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad; resolución judicial motivada en 24 horas.
Intervención de comunicaciones (arts. 579 y 588 ter a y ss.): delitos con pena máxima de tres años o más, organización criminal, terrorismo y delitos por medios informáticos; tres meses prorrogables hasta dieciocho.
Registro remoto (art. 588 septies): un mes prorrogable hasta tres. Seguimiento y localización: tres meses prorrogables hasta dieciocho. Conservación de datos: noventa días prorrogables hasta ciento ochenta.
Entrada y registro: art. 18.2 CE (consentimiento, resolución judicial o flagrante delito), auto fundado (art. 558), presencia del interesado, de un familiar o de dos testigos y del Letrado de la Administración de Justicia (art. 569).
Pruebas biológicas: art. 363 LECrim, STC 207/1996 y LO 10/2007 (base de datos de ADN). La toma coactiva exige resolución judicial motivada y proporcionalidad.
Entrega vigilada (art. 263 bis): pueden autorizarla el juez, el Fiscal y los jefes de unidades orgánicas de la Policía Judicial. Agente encubierto (art. 282 bis): identidad supuesta por seis meses prorrogables, exención de responsabilidad si hay proporcionalidad, nunca provocación al delito.
El agente encubierto informático (art. 282 bis.6) actúa en canales cerrados y, con autorización específica, puede intercambiar archivos ilícitos por su contenido.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 504 LECrim, cuando el delito tiene señalada pena superior a tres años, la prisión provisional no puede exceder en principio de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 46 de Gestión Procesal (Justicia)?
Las medidas cautelares personales (citación, detención, prisión y libertad provisionales) afectan al derecho a la libertad (art. 17 CE) de personas amparadas por la presunción de inocencia, por lo que se rigen por los principios de legalidad, jurisdiccionalidad, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y provisionalidad. Junto a ellas, el tema desarrolla las fianzas y las medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales: pruebas biológicas (art. 363 LECrim y LO 10/2007), entrada y registro en lugar cerrado (art. 18.2 CE y arts. 545 y ss. LECrim), intervención de las comunicaciones postales, telefónicas y telemáticas y demás medidas de investigación tecnológica (arts. 579 y 588 bis y ss., introducidos por la LO 13/2015), así como las técnicas especiales de investigación: entrega vigilada (art. 263 bis) y agente encubierto, incluido el informático (art. 282 bis). Las cifras y plazos legales son materia de examen habitual y conviene memorizarlas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 46 para el examen?
Detención: máximo 72 horas desde su práctica hasta poner al detenido en libertad o a disposición judicial (art. 17.2 CE). En terrorismo y bandas armadas puede prorrogarse otras 48 horas (cinco días en total) con autorización judicial solicitada dentro de las primeras 48 horas (art. 520 bis LECrim; art. 55.2 CE). Los particulares pueden detener en los casos del art. 490 LECrim (intento de delito, in fraganti, fugado, procesado en rebeldía) y deben entregar inmediatamente al detenido a la autoridad. La asistencia de abogado al detenido solo es renunciable si se le detiene exclusivamente por delito contra la seguridad vial (art. 520.5 LECrim); en detención incomunicada el abogado es siempre de oficio (art. 527). Habeas corpus (LO 6/1984; art. 17.4 CE): juez de instrucción del lugar de la privación de libertad; no exige abogado ni procurador; se resuelve por auto en veinticuatro horas. Prisión provisional (art. 503 LECrim): delito con pena máxima de dos años o más (o menor con antecedentes no cancelados por delito doloso), motivos bastantes de responsabilidad y un fin tasado: riesgo de fuga, ocultación de pruebas, protección de la víctima (503.1) o riesgo de reiteración (503.2). Duración máxima de la prisión provisional (art. 504): un año prorrogable seis meses (penas hasta tres años); dos años prorrogables hasta cuatro (penas superiores). Con sentencia recurrida, hasta la mitad de la pena impuesta. La comparecencia del art. 505 se celebra con el Fiscal, las partes y el investigado asistido de abogado; el auto es reformable durante todo el curso de la causa (art. 539). Clases de fianza: personal, pignoraticia (dinero o valores) e hipotecaria; además puede ser en metálico o aval bancario. Fianza de libertad provisional (comparecencia) distinta de la fianza de responsabilidades pecuniarias (art. 589). Principios del art. 588 bis a LECrim: especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad; resolución judicial motivada en 24 horas. Intervención de comunicaciones (arts. 579 y 588 ter a y ss.): delitos con pena máxima de tres años o más, organización criminal, terrorismo y delitos por medios informáticos; tres meses prorrogables hasta dieciocho. Registro remoto (art. 588 septies): un mes prorrogable hasta tres. Seguimiento y localización: tres meses prorrogables hasta dieciocho. Conservación de datos: noventa días prorrogables hasta ciento ochenta. Entrada y registro: art. 18.2 CE (consentimiento, resolución judicial o flagrante delito), auto fundado (art. 558), presencia del interesado, de un familiar o de dos testigos y del Letrado de la Administración de Justicia (art. 569). Pruebas biológicas: art. 363 LECrim, STC 207/1996 y LO 10/2007 (base de datos de ADN). La toma coactiva exige resolución judicial motivada y proporcionalidad. Entrega vigilada (art. 263 bis): pueden autorizarla el juez, el Fiscal y los jefes de unidades orgánicas de la Policía Judicial. Agente encubierto (art. 282 bis): identidad supuesta por seis meses prorrogables, exención de responsabilidad si hay proporcionalidad, nunca provocación al delito. El agente encubierto informático (art. 282 bis.6) actúa en canales cerrados y, con autorización específica, puede intercambiar archivos ilícitos por su contenido.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 17, 18 y 55.2.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036, texto consolidado), en especial arts. 263 bis, 282 bis, 363, 486 y ss., 489 a 527, 502 a 544 ter, 545 y ss., 579, 584, 588 bis a y ss. y 589.
Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del Código Penal (incluye la reforma del art. 363 LECrim).
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, y Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril.
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus.
Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
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