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Tema 51. El proceso ante el Tribunal del Jurado. Competencia. Composición y constitución del Jurado: Estatuto jurídico de los jurados; su selección. La fase de instrucción y la fase intermedia. La fase de juicio oral: trámites precedentes: Designación del Magistrado-Ponente; cuestiones previas; auto de hechos justiciables; celebración del juicio oral: La vista; suspensión del juicio oral. Posible disolución del Jurado: sus causas. El veredicto: Determinación del objeto del veredicto, deliberación y veredicto; instrucción a los jurados; deliberación y votación; acta. Sentencia.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El proceso ante el Tribunal del Jurado se regula en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ), que desarrolla el art. 125 de la Constitución (participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado). El Tribunal del Jurado se integra por nueve jurados y un Magistrado-Presidente de la Audiencia Provincial, que dirige el proceso y dicta la sentencia, pero no vota el veredicto. Su competencia está limitada a una relación tasada de delitos (art. 1.2 LOTJ). El proceso se divide en cuatro fases: instrucción, fase intermedia, fase de juicio oral y fase de veredicto y sentencia. La instrucción corresponde al Juez de Instrucción; la fase intermedia concluye con el auto de apertura del juicio oral; en el juicio oral intervienen el Magistrado-Presidente (cuestiones previas, auto de hechos justiciables, dirección del debate) y los jurados, que emiten el veredicto sobre los hechos y la culpabilidad. La sentencia la dicta el Magistrado-Presidente conforme al veredicto, y es apelable ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (arts. 846 bis a y siguientes LECrim), con casación posterior ante el Tribunal Supremo.

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Fuentes reguladoras y fundamento constitucional

El Jurado tiene su fundamento en el art. 125 de la Constitución, según el cual los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley determine. Se desarrolla en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, completada por los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los que remite (especialmente los arts. 846 bis a y siguientes sobre apelación, y las reglas generales del procedimiento). La LOTJ ha sido modificada en diversas ocasiones, por lo que debe consultarse siempre su texto consolidado. En aplicación del art. 24.2 CE (juez ordinario predeterminado por la ley), la competencia del Jurado y su composición son estrictamente legales.

Competencia objetiva del Tribunal del Jurado

El art. 1.2 LOTJ enumera de forma taxativa los delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado. Se trata de una competencia tasada y cerrada, no extensible por analogía. Entre los incluidos figuran: el homicidio y sus formas (arts. 138 a 140 del Código Penal, es decir, homicidio y asesinato), las amenazas del art. 169.1.º CP, la omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196 CP), el allanamiento de morada (arts. 202 y 204 CP), los incendios forestales (arts. 352 a 354 CP) y determinados delitos de los funcionarios públicos cometidos en el ejercicio de su cargo, como la infidelidad en la custodia de documentos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, los fraudes y exacciones ilegales y las negociaciones prohibidas a funcionarios. El art. 1.2 LOTJ debe consultarse en su redacción vigente, porque ha sido modificado. Hay delitos de especial gravedad (como la mayoría de los delitos sexuales o el terrorismo) que no son de competencia del Jurado. Memorizar: el Jurado es competente por la naturaleza del delito, no por la pena.

Reglas de atribución: conexidad, exclusiones y órgano competente

El Tribunal del Jurado se constituye en el ámbito de la Audiencia Provincial (art. 2 LOTJ); la competencia territorial corresponde a la Audiencia de la provincia en que se haya cometido el delito. El art. 5 LOTJ regula los supuestos de conexidad y exclusiones: el Jurado puede conocer de delitos conexos que determine la ley, y no conoce de causas que sean competencia de la Audiencia Nacional, ni de aquellas en que el procesado tenga la condición de aforado ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia (régimen de aforamientos). Los delitos conexos al delito atribuido al Jurado que no figuren en la lista del art. 1.2 solo se enjuician por el Jurado si la ley expresamente lo prevé; en otro caso se separa su conocimiento. La competencia del Jurado no puede ser modificada por la voluntad de las partes. Si durante la instrucción el delito se recalifica y deja de ser de los atribuidos al Jurado, la causa continúa por el procedimiento que corresponda (abreviado o sumario); si ya se ha abierto el juicio oral, las cuestiones de calificación se tratan conforme a la ley.

Composición del Tribunal del Jurado

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado, que lo preside y que pertenece a la Audiencia Provincial (art. 2 LOTJ). Se designan también jurados suplentes, de modo que el juicio pueda celebrarse si alguno de los jurados titulares no puede continuar. Los jurados son legos en Derecho y se pronuncian sobre los hechos y sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado; el Magistrado-Presidente es juez técnico: dirige el juicio, resuelve las cuestiones jurídicas, redacta el objeto del veredicto y las instrucciones, y dicta la sentencia, pero no participa en la votación del veredicto. Hay además un Magistrado-Ponente (designado de la forma establecida en la ley) que interviene en la fase previa al juicio oral; no debe confundirse con el Magistrado-Presidente. El Letrado de la Administración de Justicia da fe de las actuaciones.

El Magistrado-Presidente: funciones

El Magistrado-Presidente es el garante de la legalidad del proceso ante el Jurado. Entre sus funciones: a) presidir el Tribunal y dirigir el juicio oral, ordenando los debates y la práctica de las pruebas; b) resolver las cuestiones previas y dictar el auto de hechos justiciables; c) decidir sobre la admisión de pruebas y sobre su ilicitud; d) resolver sobre la disolución del Jurado en los casos previstos; e) redactar el objeto del veredicto, con arreglo a las alegaciones de las partes; f) dirigir a los jurados las instrucciones previas a la deliberación, recordándoles la presunción de inocencia, la carga de la prueba y la valoración de la prueba; g) controlar la legalidad del acta de votación y devolverla al Jurado si presenta defectos; h) dictar la sentencia conforme al veredicto, imponiendo la pena y fijando la responsabilidad civil. No puede alterar los hechos declarados probados por el Jurado, salvo en el supuesto excepcional de absolución por falta de prueba de cargo.

Requisitos para ser jurado

Según el art. 8 LOTJ, para ser jurado se requiere: a) ser español, mayor de edad; b) hallarse en el pleno ejercicio de los derechos políticos; c) saber leer y escribir; d) ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquier municipio de la provincia en que el delito se hubiera cometido; e) no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado. Estos requisitos se comprueban al formar las listas y de nuevo al constituir el Tribunal. Quien no los reúna es excluido y el error en la composición puede dar lugar a recusación. No se exige titulación jurídica ni conocimientos técnicos.

Incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y excusas

La LOTJ distingue: a) Incapacidades (art. 9): afectan a quienes no pueden ser jurados por razones como haber sido condenados por delito doloso, estar procesados o con auto de apertura de juicio oral por delito, o estar suspendidos en el ejercicio de funciones públicas. b) Incompatibilidades (art. 10): por razón del cargo o profesión, como el Rey y los miembros de la Familia Real, el Presidente del Gobierno y los miembros del Gobierno, diputados y senadores, miembros de los Tribunales y órganos constitucionales, jueces, magistrados, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y otros funcionarios del ámbito judicial, abogados y procuradores en ejercicio, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y militares en activo, entre otros. c) Prohibiciones (art. 11): afectan a quienes tengan una relación con el caso, por ejemplo vínculo con las partes o interés en la causa. d) Excusas (art. 12): permiten al candidato solicitar ser dispensado de la función, entre otras causas, por ser mayor de sesenta y cinco años, haber desempeñado la función de jurado en los cuatro años anteriores, tener a su cargo la atención de personas que lo requieran, o por circunstancias personales y profesionales de entidad suficiente, apreciadas por el Magistrado-Presidente. Error típico: confundir incompatibilidad (cargo) con excusa (dispensa a petición).

Selección de los jurados: lista y sorteo

La selección es un doble sorteo. Primero se forma la lista de candidatos de cada provincia por sorteo público realizado a partir del censo electoral, con carácter periódico, por las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral (arts. 13 y siguientes LOTJ), lista que se publica y puede ser objeto de reclamaciones. Segundo, para cada causa concreta, una vez abierto el juicio oral, se efectúa en audiencia pública un sorteo, ante el Letrado de la Administración de Justicia, entre los candidatos de la lista, de treinta y seis candidatos (arts. 19 y siguientes). Los designados son citados para comparecer; para constituir el Tribunal deben concurrir al menos veinte; si no se alcanzan, se procede a nuevo sorteo para completar el número necesario. De entre los comparecientes, y tras la resolución de las excusas y las recusaciones, se obtiene por sorteo el número de nueve jurados titulares más los suplentes.

Constitución del Tribunal y recusación de jurados

El día señalado para la constitución, el Magistrado-Presidente comprueba la presencia de los candidatos, resuelve las excusas y las alegaciones sobre incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones, e interroga a los candidatos sobre las causas de recusación. La recusación (art. 40 LOTJ) puede ser: a) por causa, cuando concurre alguna de las causas legales (por ejemplo, interés directo o indirecto en la causa, relación con las partes, prejuicios); b) sin alegación de causa (llamada peremptoria), de la que cada parte dispone en número tasado por la ley. Resueltas las recusaciones, se extraen por sorteo los jurados titulares y los suplentes. Constituido el Tribunal, los jurados prestan juramento o promesa de desempeñar su cargo con imparcialidad, sin odio ni afecto, y de atender solo a las pruebas practicadas (art. 41). Una vez prestado el juramento, el Jurado queda constituido y el juicio puede comenzar.

Estatuto jurídico de los jurados: derechos y deberes

La función de jurado es un deber de los ciudadanos, de carácter obligatorio (art. 7 LOTJ), de manera que la incomparecencia injustificada puede acarrear sanciones (multa) y, en su caso, responsabilidad penal por desobediencia. Los jurados son independientes e inamovibles y solo están sometidos a la ley (art. 6). Tienen derecho a una compensación económica por los gastos y perjuicios derivados del ejercicio de la función, y a que no se les pueda causar perjuicio laboral (la ley garantiza la permanencia del puesto de trabajo y la retribución durante el desempeño, con la correspondiente compensación). Deberes principales: asistir a todas las sesiones, guardar secreto de las deliberaciones, atender al desarrollo del juicio, no recibir información del exterior, no comunicarse con las partes ni con terceros sobre el asunto, y votar conforme a las pruebas practicadas. Pueden formular preguntas a testigos, peritos y acusados a través del Magistrado-Presidente, por escrito. Los jurados pueden ser objeto de responsabilidad penal por cohecho o por revelación de secretos, y se aplican en su caso sanciones por incumplimiento del deber.

La fase de instrucción en el proceso ante el Jurado

La instrucción se rige por las normas de la LOTJ y supletoriamente por las del procedimiento abreviado de la LECrim, y la dirige el Juez de Instrucción competente (arts. 24 y siguientes LOTJ). Si de la denuncia, querella o atestado resulta que los hechos pueden constituir un delito atribuido al Jurado, el Juez incoa el procedimiento por esta vía. Garantía esencial: el investigado debe ser informado de la imputación y puede ser parte en la causa desde que se le atribuye un hecho punible; el Juez cita a la comparecencia del art. 25 LOTJ, con intervención de las partes y asistencia letrada, para informarle de los hechos y de sus derechos. En esa comparecencia el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras personadas concretan la imputación y proponen diligencias. La instrucción puede concluir con el sobreseimiento o con la continuación del procedimiento. Dado que los jurados se pronuncian sobre los hechos, el sumario debe describir con precisión los hechos objeto de acusación.

La fase intermedia: conclusión de la instrucción, audiencia preliminar y apertura del juicio oral

Concluida la instrucción, el Juez de Instrucción da traslado a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento, formulando sus escritos de calificación, en los plazos legales. Después se celebra una audiencia preliminar con las partes, ante el Juez de Instrucción, en la que se discuten las solicitudes de sobreseimiento o de apertura del juicio, y las pruebas anticipadas o de nueva práctica (aquí se resuelven las cuestiones sobre la prueba y sobre la subsistencia de hechos con indicios). A la vista de ello el Juez dicta el auto de apertura del juicio oral, que determina los hechos justiciables, el delito, los acusados, y las medidas cautelares, o el auto de sobreseimiento. El auto de apertura es recurrible en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (art. 846 bis a LECrim, por remisión). Una vez firme la apertura, se remiten las actuaciones a la Audiencia Provincial.

Designación del Magistrado-Ponente y trámites precedentes al juicio oral

Recibida la causa en la Audiencia Provincial, el Presidente de la Audiencia designa de acuerdo con las normas de reparto al Magistrado que presidirá el Tribunal del Jurado y al Magistrado-Ponente, que interviene en las resoluciones previas (por ejemplo, en la resolución de cuestiones procesales previas al juicio oral). El Magistrado-Ponente examina la causa, la admisión de pruebas y las cuestiones que puedan afectar a la celebración del juicio. Si el Jurado no pudiera constituirse por falta de candidatos u otras causas, se repiten los sorteos. Los escritos de calificación se mantienen o se modifican, y las partes pueden proponer la prueba de que intenten valerse, que el Tribunal admite o rechaza. Ya en este momento se puede plantear la ilicitud de prueba.

Las cuestiones previas

Antes de iniciarse el juicio oral y con carácter previo a la práctica de la prueba, las partes pueden plantear, ante el Magistrado-Presidente, las cuestiones previas: la declinatoria de jurisdicción o competencia, la vulneración de derechos fundamentales, la nulidad de actuaciones, el sobreseimiento por motivos tasados, y las cuestiones sobre la admisibilidad de la prueba (incluida la prueba ilícita). Esas cuestiones se resuelven en la forma y plazos previstos en la LOTJ, normalmente mediante un incidente oral con audiencia a las partes. Su resolución por el Magistrado-Presidente determina el contenido del juicio, de modo que su resolución puede decidir sobre el sobreseimiento o sobre la exclusión de pruebas. Contra las resoluciones adoptadas en esta fase solo caben protesta y, en su caso, impugnación en el recurso contra la sentencia.

El auto de hechos justiciables

El auto de hechos justiciables es la resolución por la que el Magistrado-Presidente, una vez resueltas las cuestiones previas y a la vista de las calificaciones de las partes, determina los hechos que son objeto del juicio y que habrán de ser sometidos al Jurado, delimitando el objeto del proceso desde la perspectiva de los hechos. Contiene el relato de los hechos alegados por las partes, la calificación jurídica de los mismos y la identificación de los acusados. Es el equivalente funcional, en este proceso, al auto de apertura del juicio oral en el abreviado, pero con una función específica: fijar con claridad el material fáctico sobre el que versará el veredicto. No equivale al objeto del veredicto, que se redacta al final del juicio, tras la práctica de la prueba, sobre la base de las conclusiones definitivas de las partes. No es una sentencia, ni prejuzga la culpabilidad.

Celebración del juicio oral: la vista

Constituido el Tribunal y prestado el juramento, el Magistrado-Presidente abre el juicio y los jurados reciben una breve explicación sobre su función. El juicio se desarrolla de forma oral, pública y contradictoria, con la presencia ininterrumpida del Jurado: se da lectura a los escritos de calificación, se plantean en su caso las cuestiones previas pendientes y se practican las pruebas propuestas y admitidas, comenzando por las de la acusación. Los jurados pueden tomar notas y formular preguntas a los testigos, peritos y acusados por escrito, por medio del Magistrado-Presidente, que decide su pertinencia. Concluida la prueba, las partes califican de forma definitiva (conclusiones definitivas), informan oralmente y el acusado tiene derecho a la última palabra. La prueba que no se practica en el juicio no puede ser valorada, salvo la anticipada y la preconstituida, conforme a las reglas generales; el Jurado no tiene acceso al sumario completo, sino solo a lo que se incorpora válidamente al juicio.

Suspensión del juicio oral

El juicio oral ante el Jurado se celebra de forma concentrada, y la suspensión debe ser excepcional. Causas habituales: incomparecencia justificada de testigos o peritos cuya declaración es esencial, enfermedad o ausencia de acusados o de letrados, y circunstancias imprevistas. La LOTJ limita la duración de las suspensiones y prevé que cuando la suspensión es prolongada puede procederse a la disolución del Jurado y a la nueva constitución de un Tribunal, de manera que los jurados no vean comprometida su imparcialidad por el paso del tiempo (art. 45 y concordantes, cuya redacción debe consultarse). Entretanto, los jurados deben abstenerse de informarse sobre el caso.

Posible disolución del Jurado: causas

La disolución del Jurado supone que el Magistrado-Presidente pone fin a su intervención sin necesidad de veredicto. Causas principales: a) retirada de la acusación por el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones, cuando no queda ninguna acusación; b) inexistencia de prueba de cargo, cuando el Magistrado-Presidente, concluida la prueba y oídas las partes, estima que no hay prueba de cargo que fundamente una condena, en cuyo caso dicta directamente sentencia absolutoria; c) conformidad de las partes sobre la calificación y la pena, dentro de los límites legales (art. 50 LOTJ, con paralelismo con la conformidad del procedimiento abreviado y su límite de seis años de pena de prisión); d) imposibilidad de alcanzar un veredicto válido tras las devoluciones del acta; e) otras causas previstas, como la suspensión prolongada. Efectos: se extingue la intervención de los jurados y el Magistrado-Presidente dicta la sentencia que corresponda (absolutoria en los casos de retirada de acusación y falta de prueba de cargo; de conformidad en el caso de conformidad), recurrible en la forma ordinaria. No debe confundirse la disolución por falta de prueba de cargo con la absolución por veredicto del Jurado.

El objeto del veredicto

Concluidos los informes y la última palabra del acusado, el Magistrado-Presidente redacta el objeto del veredicto: un escrito que se somete a las partes y que se integra por proposiciones numeradas, redactadas en párrafos separados (arts. 52 y siguientes LOTJ). Contiene: a) la narración de los hechos alegados por las partes, distinguiendo los que son desfavorables al acusado y los favorables, separando cada hecho, de forma que el Jurado pueda pronunciarse sobre cada uno de ellos; b) los hechos que determinan la calificación jurídica y los que determinan la responsabilidad penal (participación, circunstancias modificativas); c) la proposición del hecho que determina la culpabilidad o inculpabilidad del acusado por cada delito. Las partes pueden formular observaciones al borrador y el Magistrado-Presidente decide la redacción definitiva, resolviendo sobre las propuestas. Es esencial que el objeto del veredicto no contenga conceptos jurídicos que los jurados no comprendan.

Las instrucciones del Magistrado-Presidente al Jurado

Antes de la deliberación, el Magistrado-Presidente dirige a los jurados las instrucciones sobre su función (art. 54 y concordantes LOTJ), que han de darse en lenguaje claro y comprensible: les explica el contenido del objeto del veredicto, las normas de deliberación y votación, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, la carga de la prueba, la valoración de la prueba practicada (con sus límites), la obligación de basar el veredicto exclusivamente en la prueba válidamente practicada en el juicio, y las consecuencias jurídicas de sus decisiones. No debe hacer un resumen valorativo de la prueba que oriente el sentido del veredicto: debe ser objetivo y equilibrado. Las instrucciones se entregan por escrito. En caso de dudas, los jurados pueden pedir aclaraciones al Magistrado-Presidente.

Deliberación y votación

Los jurados deliberan a puerta cerrada, en sesión continuada y sin comunicación con el exterior, bajo la dirección del portavoz (o presidente del Jurado) elegido de entre ellos, hasta que alcancen el veredicto. La deliberación es secreta y los jurados pueden consultar el objeto del veredicto y sus notas, y solicitar al Magistrado-Presidente aclaraciones sobre el contenido o sobre las instrucciones; no pueden pedir más prueba. La votación se hace sobre cada uno de los hechos propuestos y sobre la culpabilidad, por votación nominal y no se admite la abstención: cada jurado debe votar sí o no. Mayorías: se requieren al menos siete votos de nueve para declarar probado un hecho desfavorable al acusado, y al menos siete votos para el pronunciamiento de culpabilidad; basta con cinco votos para declarar probado un hecho favorable al acusado y para la inculpabilidad (art. 59 LOTJ). Cuando no se alcanza la mayoría exigida para un hecho desfavorable, se tiene por no probado; esta regla es una manifestación de la presunción de inocencia.

El acta de votación

El resultado de la deliberación se hace constar en el acta de votación, que contiene: a) los hechos declarados probados y no probados, con el número de votos de cada pronunciamiento; b) la declaración de culpabilidad o inculpabilidad respecto de cada acusado y delito; c) una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos probados (art. 61.1.d LOTJ), que es la motivación del veredicto; d) en su caso, la petición de indulto o la propuesta sobre la suspensión de la pena. El acta se firma por el portavoz y se entrega al Magistrado-Presidente. Este controla su legalidad: si aprecia defectos (falta de pronunciamiento, contradicciones entre pronunciamientos, motivación insuficiente) la devuelve al Jurado para su subsanación (art. 63 LOTJ), con la posibilidad de nuevas deliberaciones. Si persiste el defecto tras las devoluciones, procede la disolución del Jurado y la convocatoria de un nuevo juicio con otro Jurado.

Lectura del veredicto y trámites posteriores

Una vez comprobado el acta, el Magistrado-Presidente convoca a las partes y el portavoz del Jurado lee el veredicto en audiencia pública. Si el veredicto es de inculpabilidad, el Magistrado-Presidente dicta sentencia absolutoria y ordena la libertad inmediata del acusado preso por esta causa. Si es de culpabilidad, se abre un trámite de audiencia a las partes para que se pronuncien sobre la pena y la responsabilidad civil, y sobre las medidas cautelares, antes de dictar la sentencia. El Jurado queda disuelto tras la lectura y la entrega del acta, y los jurados deben seguir guardando secreto sobre las deliberaciones.

La sentencia del Magistrado-Presidente

La sentencia se dicta por el Magistrado-Presidente en un plazo breve tras el veredicto (art. 70 LOTJ) y debe incorporar, como hechos probados, los que el Jurado declaró probados en el acta, sin poder modificarlos. Contenido: a) encabezamiento; b) hechos probados conforme al veredicto; c) la motivación del veredicto, mediante la exposición de las razones expresadas por el Jurado en el acta; d) los fundamentos jurídicos de la calificación y de la pena; e) el fallo: condena o absolución, pena, responsabilidad civil y costas. Si el veredicto es de culpabilidad, el Magistrado-Presidente fija la pena dentro de los límites legales y determina la eventual suspensión de la pena. En caso de veredicto de inculpabilidad, la sentencia es absolutoria y los hechos probados son los que declaró el Jurado. La sentencia absolutoria en los casos de falta de prueba de cargo se dicta sin veredicto. Como garantía, el Magistrado-Presidente no puede condenar si el Jurado declara la inculpabilidad.

Recursos contra la sentencia en el proceso ante el Jurado

Contra las sentencias dictadas por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma en que radique la Audiencia Provincial (arts. 846 bis a y siguientes LECrim). Se interpone en el plazo de diez días ante el propio Magistrado-Presidente. Los motivos son tasados: quebrantamiento de normas y garantías procesales, infracción de precepto constitucional o legal, infracción de la presunción de inocencia por falta de prueba de cargo, disconformidad del veredicto con el acta, y petición de nulidad del juicio, entre otros. El Tribunal Superior de Justicia no puede sustituir la valoración probatoria del Jurado más que en los límites legales. Contra la sentencia de apelación cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (art. 847 LECrim), por los motivos legales y con las limitaciones propias de este recurso.

Cuadro comparativo: Jurado, abreviado y sumario

Tribunal del Jurado: competencia por la naturaleza del delito (lista del art. 1.2 LOTJ); órgano: Magistrado-Presidente de la Audiencia más nueve jurados; juez de la instrucción: Juez de Instrucción; apertura del juicio oral en audiencia preliminar; sentencia por el Magistrado-Presidente; apelación al TSJ y casación al TS. Procedimiento abreviado: competencia por la pena (hasta nueve años de prisión); enjuiciamiento por el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial; apelación a la Audiencia o al TSJ. Sumario ordinario: penas graves, de más de nueve años, enjuiciamiento por la Audiencia Provincial.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Base: art. 125 CE y Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; apelación y casación reguladas en la LECrim (arts. 846 bis a y siguientes).
  • Composición: nueve jurados más un Magistrado-Presidente de la Audiencia Provincial, que dirige el juicio y dicta la sentencia pero no vota el veredicto; hay también jurados suplentes.
  • Competencia tasada por la naturaleza del delito (art. 1.2 LOTJ): homicidio y asesinato, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y determinados delitos de funcionarios públicos; no interviene en delitos de la Audiencia Nacional ni de aforados.
  • Requisitos del jurado (art. 8): español, mayor de edad, pleno ejercicio de derechos políticos, saber leer y escribir, vecino de la provincia donde se cometió el delito, sin impedimento físico, psíquico o sensorial.
  • Excusas (art. 12): entre otras, tener más de sesenta y cinco años o haber sido jurado en los cuatro años anteriores.
  • Selección: lista periódica de candidatos por sorteo del censo electoral (Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral) y sorteo específico para cada causa de treinta y seis candidatos; para constituir el Tribunal deben comparecer al menos veinte.
  • La instrucción corresponde al Juez de Instrucción; la fase intermedia incluye audiencia preliminar y auto de apertura del juicio oral; el Magistrado-Presidente resuelve las cuestiones previas y dicta el auto de hechos justiciables.
  • Mayorías del veredicto (art. 59): siete votos de nueve para hechos desfavorables y para la culpabilidad; cinco votos para hechos favorables y para la inculpabilidad; no se admite la abstención.
  • Disolución del Jurado por retirada de la acusación o por falta de prueba de cargo: el Magistrado-Presidente dicta sentencia absolutoria sin veredicto.
  • El acta de votación incluye una sucinta explicación de las razones del veredicto (art. 61.1.d); el Magistrado-Presidente puede devolverla por defectos.
  • La sentencia incorpora los hechos probados del veredicto y no puede modificarlos; recurso de apelación en diez días ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
  • Los jurados deben guardar secreto de la deliberación y no comunicarse con el exterior; solo pueden dirigirse al Magistrado-Presidente.
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El Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 51 de Gestión Procesal (Justicia)?

El proceso ante el Tribunal del Jurado se regula en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ), que desarrolla el art. 125 de la Constitución (participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado). El Tribunal del Jurado se integra por nueve jurados y un Magistrado-Presidente de la Audiencia Provincial, que dirige el proceso y dicta la sentencia, pero no vota el veredicto. Su competencia está limitada a una relación tasada de delitos (art. 1.2 LOTJ). El proceso se divide en cuatro fases: instrucción, fase intermedia, fase de juicio oral y fase de veredicto y sentencia. La instrucción corresponde al Juez de Instrucción; la fase intermedia concluye con el auto de apertura del juicio oral; en el juicio oral intervienen el Magistrado-Presidente (cuestiones previas, auto de hechos justiciables, dirección del debate) y los jurados, que emiten el veredicto sobre los hechos y la culpabilidad. La sentencia la dicta el Magistrado-Presidente conforme al veredicto, y es apelable ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (arts. 846 bis a y siguientes LECrim), con casación posterior ante el Tribunal Supremo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 51 para el examen?

Base: art. 125 CE y Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado; apelación y casación reguladas en la LECrim (arts. 846 bis a y siguientes). Composición: nueve jurados más un Magistrado-Presidente de la Audiencia Provincial, que dirige el juicio y dicta la sentencia pero no vota el veredicto; hay también jurados suplentes. Competencia tasada por la naturaleza del delito (art. 1.2 LOTJ): homicidio y asesinato, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales y determinados delitos de funcionarios públicos; no interviene en delitos de la Audiencia Nacional ni de aforados. Requisitos del jurado (art. 8): español, mayor de edad, pleno ejercicio de derechos políticos, saber leer y escribir, vecino de la provincia donde se cometió el delito, sin impedimento físico, psíquico o sensorial. Excusas (art. 12): entre otras, tener más de sesenta y cinco años o haber sido jurado en los cuatro años anteriores. Selección: lista periódica de candidatos por sorteo del censo electoral (Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral) y sorteo específico para cada causa de treinta y seis candidatos; para constituir el Tribunal deben comparecer al menos veinte. La instrucción corresponde al Juez de Instrucción; la fase intermedia incluye audiencia preliminar y auto de apertura del juicio oral; el Magistrado-Presidente resuelve las cuestiones previas y dicta el auto de hechos justiciables. Mayorías del veredicto (art. 59): siete votos de nueve para hechos desfavorables y para la culpabilidad; cinco votos para hechos favorables y para la inculpabilidad; no se admite la abstención. Disolución del Jurado por retirada de la acusación o por falta de prueba de cargo: el Magistrado-Presidente dicta sentencia absolutoria sin veredicto. El acta de votación incluye una sucinta explicación de las razones del veredicto (art. 61.1.d); el Magistrado-Presidente puede devolverla por defectos. La sentencia incorpora los hechos probados del veredicto y no puede modificarlos; recurso de apelación en diez días ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los jurados deben guardar secreto de la deliberación y no comunicarse con el exterior; solo pueden dirigirse al Magistrado-Presidente.

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Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 125 y art. 24.
  • Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 846 bis a y ss., 847).
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (delitos atribuidos al Jurado).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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