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Tema 31. Procedimientos de jurisdicción voluntaria: la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Disposiciones generales y normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas. Expedientes en materia de familia. Expedientes relativos al Derecho sucesorio. Expedientes relativos al Derecho de obligaciones. Expedientes relativos a los derechos reales. Expedientes de subastas voluntarias. Expedientes en materia mercantil. La conciliación.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE de 3 de julio de 2015), sacó de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 la regulación de los expedientes en los que se solicita la intervención de un órgano público (Juez, Letrado de la Administración de Justicia, Notario o Registrador) para tutelar derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Su gran novedad es la desjudicialización: muchos expedientes se atribuyen a Letrados de la Administración de Justicia, Notarios y Registradores, reservando al Juez los que afectan al estado civil, al interés público o a menores y personas con discapacidad. La ley se organiza en un título de disposiciones generales y normas comunes de tramitación, seguido de títulos específicos: personas, familia, derecho sucesorio, obligaciones, derechos reales, subastas voluntarias, materia mercantil y conciliación. Ha sido modificada después, entre otras normas, por la Ley 8/2021 (medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad) y por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Tribunales de Instancia y medios adecuados de solución de controversias).

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Concepto y caracteres de la jurisdicción voluntaria

La ley tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria y define como tales todos aquellos que requieren la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Caracteres: a) ausencia de contienda: hay solicitante e interesados, no demandante y demandado en sentido estricto; b) el órgano competente tutela un interés, constituye, modifica o extingue una situación jurídica o la documenta, pero no resuelve un litigio; c) mayor flexibilidad formal, impulso de oficio y amplios poderes de investigación; d) la resolución no produce, con carácter general, efecto de cosa juzgada material y puede modificarse por cambio de circunstancias; e) intervención del Ministerio Fiscal cuando están en juego menores, personas con discapacidad o el estado civil. Conviene no confundir esta ley con la jurisdicción contenciosa (proceso declarativo y de ejecución de la LEC) ni con la mediación: en la jurisdicción voluntaria el órgano no media entre intereses enfrentados sino que controla la legalidad y protege el interés tutelado.

Estructura de la Ley 15/2015 y entrada en vigor

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE-A-2015-7391), se publicó en el BOE de 3 de julio de 2015 y entró en vigor, con carácter general, a los veinte días de su publicación (23 de julio de 2015). Algunas reformas conexas, relativas a la intervención notarial en la celebración del matrimonio y en el Registro Civil, tuvieron entrada en vigor diferida. La estructura responde al orden del programa: Título I, disposiciones generales (ámbito, competencia, partes, postulación, normas comunes de tramitación, resolución y recursos); Título II, expedientes en materia de personas; Título III, expedientes en materia de familia; Título IV, Derecho sucesorio; Título V, Derecho de obligaciones; Título VI, derechos reales; Título VII, subastas voluntarias; Título VIII, materia mercantil; y Título IX, la conciliación. Además la ley reforma, mediante sus disposiciones finales, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley del Notariado, el Código de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras normas, y deroga los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que seguían regulando la jurisdicción voluntaria.

Ámbito de aplicación y supletoriedad

La ley se aplica a los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia civil y mercantil que en ella se regulan o que la legislación atribuya expresamente a este cauce. Quedan fuera los asuntos de naturaleza contenciosa, que se rigen por la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los expedientes que cuenten con una regulación propia en otros órdenes. En lo no previsto en la ley rige supletoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil (disposiciones generales sobre actos procesales, comunicaciones, plazos y recursos). Cuando el expediente se tramita ante Notario o Registrador se aplican, además, la Ley del Notariado y su Reglamento, o la Ley Hipotecaria y la normativa registral correspondiente. La ley opera, por tanto, como norma común mínima, y cada título concreta el órgano competente, los requisitos y los efectos de su expediente, de modo que ante cualquier duda debe acudirse a la regulación específica del expediente de que se trate.

Órganos competentes: Juez, Letrado de la Administración de Justicia, Notario y Registrador

La ley reparte las funciones entre cuatro operadores. El Juez conserva, como criterio orientador, los expedientes que afectan al estado civil de las personas, al interés público o a los derechos de menores y personas con discapacidad, así como los que la ley le reserva expresamente por implicar una decisión de especial trascendencia. El Letrado de la Administración de Justicia, que ya dirige la tramitación, asume la resolución de otros expedientes mediante decreto (por ejemplo, determinados nombramientos, consignaciones, subastas o, en materia mercantil, convocatorias de junta y otras actuaciones societarias). El Notario recibe competencias en materia de matrimonio, separación y divorcio de mutuo acuerdo en los supuestos legales, declaración de herederos abintestato, contador-partidor dativo, aceptación de herencia a beneficio de inventario, conciliación y subastas, entre otras. Al Registrador (especialmente al Registrador Mercantil) se le atribuyen, entre otros, nombramientos de expertos y auditores, convocatoria de juntas generales y ciertas conciliaciones. Es una novedad esencial: ya no toda la jurisdicción voluntaria es judicial. El reparto concreto de cada expediente debe estudiarse título por título.

Competencia objetiva, territorial y su examen de oficio

La competencia objetiva para los expedientes judiciales correspondía a los Juzgados de Primera Instancia (o de Paz en el caso de la conciliación y de algunas actuaciones menores); tras la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los antiguos juzgados se integran en los Tribunales de Instancia, en cuyas secciones (en materia civil, la sección civil) se tramitan estos expedientes, con implantación escalonada. La competencia territorial se determina por las reglas especiales de cada expediente (por ejemplo, el domicilio del menor, del causante o de la finca) y, en defecto de regla especial, por el domicilio o la residencia de la persona que promueve el expediente o a quien este afecta. Las reglas de competencia son de carácter imperativo en este ámbito: el órgano examina de oficio su competencia al recibir la solicitud y, si no es competente, se inhibe a favor del que lo sea, sin que los interesados puedan atribuírsela por sumisión. Cuando la solicitud se presenta ante Notario o Registrador, la competencia territorial se rige igualmente por las normas especiales de la ley y por su legislación específica.

Legitimación, interesados y partes

Puede promover el expediente quien tenga interés legítimo o esté expresamente legitimado por la ley para cada supuesto, y puede solicitarlo también el Ministerio Fiscal en los casos en que la ley lo prevé. La ley distingue el solicitante, los interesados (personas a quienes pueda afectar la resolución) y los terceros, que pueden comparecer si acreditan un interés legítimo. Los interesados pueden formular alegaciones, proponer prueba y recurrir, pero no existe una posición contradictoria equiparable a la de un demandado. El solicitante debe identificar a los interesados conocidos para que puedan ser citados; la omisión de un interesado relevante puede provocar la nulidad de lo actuado. Pueden comparecer en nombre de las personas jurídicas sus representantes legales, y las personas con discapacidad actúan con los apoyos que procedan conforme al Código Civil reformado por la Ley 8/2021.

Intervención del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal debe ser oído, o interviene como parte o garante de la legalidad, en los expedientes que afecten al estado civil o condición de la persona, a menores o personas con discapacidad, a ausentes, y en todos aquellos en los que la ley expresamente lo exija o afecte al interés público. Su función no es contradictoria respecto del solicitante: vela por la legalidad y por el interés superior de las personas que no pueden defenderse plenamente por sí mismas, y puede ser promotor de algunos expedientes (por ejemplo, de medidas de apoyo, de defensor judicial o de ausencia). Si el Fiscal debe intervenir y el expediente se tramita ante Notario o Registrador, estos le dan traslado para que informe antes de resolver, de modo que la desjudicialización no suprime esta garantía. La falta de intervención del Fiscal cuando es preceptiva constituye un defecto grave que puede determinar la nulidad de lo actuado.

Postulación: abogado y procurador

La regla de partida es que los interesados pueden actuar por sí mismos cuando la ley no impone la dirección letrada y la representación procesal; la ley enumera aquellos expedientes de mayor complejidad o trascendencia en los que sí es preceptiva la intervención de abogado y procurador, y en los restantes los interesados pueden prescindir de ella, aunque nada impide que comparezcan asistidos. Hay supuestos expresamente exentos, como la conciliación, en la que el solicitante puede comparecer personalmente. Si en un expediente en que no era preceptiva se formula oposición, y el asunto se hace contencioso, rige la postulación propia del proceso que corresponda. La Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, se aplica a estos expedientes cuando exista postulación preceptiva o la ley prevea asistencia. Como regla de examen, lo decisivo es la previsión específica de la ley para cada expediente, no la generalización.

Iniciación del expediente: la solicitud

El expediente se inicia por solicitud escrita, firmada por el solicitante y, cuando proceda, por abogado y procurador, en la que se expresan: identidad y domicilio del solicitante y de los interesados conocidos, el objeto de la solicitud, los hechos y fundamentos jurídicos, y la prueba que se pretenda utilizar, acompañando los documentos necesarios. Cuando no se exija postulación, la solicitud puede formularse mediante los formularios facilitados por la Administración de Justicia. Presentada la solicitud, el órgano examina su competencia y la regularidad formal, requiere la subsanación de defectos y, en su caso, la admite a trámite o la inadmite mediante resolución motivada. Admitida, se cita a los interesados y al Ministerio Fiscal, si debe intervenir, y se les da traslado para que aleguen. La ley prevé la posibilidad de que el solicitante desista, con efecto de archivo, salvo que el expediente pueda continuar por haberse personado otros interesados con interés en proseguirlo.

Comparecencia, citación y prueba

La comparecencia es el acto central del expediente cuando la ley la prevé: se cita a los interesados y al Fiscal, se oyen sus alegaciones, se practica la prueba admitida y se concluye el acto, quedando el expediente visto para resolver. Los citados deben ser informados de la finalidad de la comparecencia y de las consecuencias de su incomparecencia; si el solicitante no comparece, el expediente se archiva por desistimiento, mientras que la inasistencia de los demás interesados no impide celebrarla y resolver con los elementos disponibles. En materia de prueba rige la libertad de medios con aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el órgano puede acordar de oficio pruebas que estime necesarias, pues el principio dispositivo está atenuado y dominan los intereses tuitivos. La valoración se hace conforme a la sana crítica y la resolución debe motivarse. Se garantizan la audiencia de menores con suficiente madurez y, cuando proceda, la exploración de la persona con discapacidad.

Oposición de los interesados

Cuando un interesado se opone a lo solicitado en el curso del expediente, la oposición hace que el asunto deje de ser pacífico. La consecuencia depende de la regulación de cada expediente: con carácter general, y salvo que la ley disponga otra cosa, la oposición determina que el expediente concluya sin resolver sobre el fondo o se haga contencioso, de modo que las partes hagan valer sus derechos en el proceso declarativo que corresponda por razón de la materia o la cuantía (en muchos casos, el juicio verbal), con la postulación propia de este. La ley regula también la oposición formulada por el interesado a lo decidido por un Notario o Registrador, que en tal caso debe dar por terminada su intervención. Es un punto frecuente de examen: la oposición convierte el procedimiento en contencioso o lo archiva, pero no atribuye al órgano de jurisdicción voluntaria la facultad de resolver el litigio.

Resolución del expediente: forma y contenido

Concluido el expediente, el Juez resuelve mediante auto y el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, en ambos casos motivado, con expresión de los hechos probados, los fundamentos jurídicos y el pronunciamiento sobre las costas cuando proceda. Cuando intervienen Notario o Registrador la resolución adopta la forma de acta, escritura pública o resolución registral motivada, según la legislación especial. Si el asunto se hace contencioso tras la oposición, se resolverá por sentencia, en el proceso que corresponda. En cuanto a los gastos, rige como regla que los causados a instancia de parte los satisface quien los haya solicitado y los comunes por mitad, salvo mala fe o temeridad apreciadas por el órgano, que pueden determinar su imposición. El órgano ordena la comunicación al Registro Civil, de la Propiedad o Mercantil cuando la resolución deba inscribirse.

Recursos contra las resoluciones de jurisdicción voluntaria

El régimen de recursos sigue el esquema de la Ley de Enjuiciamiento Civil con las particularidades de la ley: contra los decretos del Letrado de la Administración de Justicia cabe el recurso directo de revisión ante el Juez; contra los autos definitivos del Juez cabe apelación ante la Audiencia Provincial, y contra las demás resoluciones, los recursos ordinarios de reposición. La ley precisa en cada título el efecto de la apelación (suspensivo o no, según la naturaleza del expediente y el riesgo de causar daños irreparables). Frente a las resoluciones del Notario y del Registrador procede la impugnación prevista en su legislación específica: recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en las calificaciones registrales, y recurso o impugnación ante el órgano judicial competente en los supuestos legalmente previstos. Los recursos extraordinarios se rigen por la LEC cuando proceda.

Eficacia de las resoluciones y modificación por cambio de circunstancias

Las resoluciones definitivas dictadas en jurisdicción voluntaria no producen efectos de cosa juzgada material, y pueden ser modificadas o dejadas sin efecto por el mismo órgano cuando cambien las circunstancias que motivaron la decisión o aparezcan nuevos hechos, salvo que la ley establezca otra cosa. La modificación no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Mientras no se modifiquen, producen sus efectos propios y vinculan a los interesados; pueden además ser discutidas en el proceso declarativo posterior, sin que la existencia del expediente impida plantear la acción correspondiente. Algunos expedientes (conciliación con avenencia, ciertos nombramientos, la declaración de herederos) tienen su propio régimen de eficacia, que prevalece sobre la regla general. Además, el reconocimiento en España de resoluciones extranjeras de jurisdicción voluntaria se regula en la propia ley, en defecto de norma de la Unión Europea o convenio internacional aplicable, mediante un control de requisitos que realiza el órgano ante el que se pretende hacer valer.

Expedientes en materia de personas: visión general

El Título II agrupa expedientes que afectan a la capacidad, estado y protección de las personas: aprobación judicial del reconocimiento de la filiación en los casos en que lo exige el Código Civil; habilitación para comparecer en juicio y nombramiento de defensor judicial; expedientes relativos a la tutela, la curatela y la guarda de hecho; provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad (preceptos añadidos por la Ley 8/2021); y declaración de ausencia y de fallecimiento. En todos ellos el Ministerio Fiscal desempeña un papel relevante, y la competencia corresponde con carácter general al Juez, dada la afectación del estado civil y de personas vulnerables. La reforma de 2021 sustituyó el antiguo expediente de incapacitación y tutela por un sistema basado en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, en el que la curatela es la medida de apoyo judicial principal y la tutela queda para los menores no sujetos a patria potestad.

Medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad en jurisdicción voluntaria

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, incorporó a la Ley de la Jurisdicción Voluntaria un expediente específico para la provisión judicial de medidas de apoyo (arts. 42 bis a) a 42 bis c)), que se tramita cuando no hay contienda y la persona con discapacidad no se opone. Si hay oposición o el asunto no es pacífico, se acude al procedimiento contencioso de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre provisión de medidas judiciales de apoyo. El Ministerio Fiscal y la propia persona afectada pueden promoverlo, así como quienes tengan relación o convivencia con ella. La autoridad judicial debe oír a la persona, explorar su voluntad, deseos y preferencias, y optar por la medida menos intrusiva y proporcionada; la curatela se configura como medida estable de apoyo, y la representación solo se adopta con carácter excepcional cuando no sea posible determinar la voluntad. Las medidas son revisables periódicamente.

Declaración de ausencia y de fallecimiento

Cuando alguien desaparece de su domicilio sin noticias, el Código Civil prevé tres fases: defensor del desaparecido (cuando se ignora el paradero y es preciso proteger sus bienes), declaración de ausencia legal y declaración de fallecimiento. Para la declaración de ausencia legal se exige, con carácter general, el transcurso de un año desde las últimas noticias o, a falta de ellas, desde la desaparición, ampliándose a tres años si el desaparecido dejó apoderado general de administración. Para la declaración de fallecimiento se exigen, con carácter general, diez años desde las últimas noticias (o desde la desaparición), reducidos a cinco si el desaparecido hubiera cumplido setenta y cinco años; y plazos sensiblemente menores, de meses o de un año, cuando la desaparición se produce en un siniestro, naufragio o situación de violencia contra la vida, que permiten declarar el fallecimiento sin necesidad de ausencia previa. La ley procesal regula los legitimados, el papel del Fiscal, la publicidad edictal y la posibilidad de reaparición, que deja sin efecto la declaración pero no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Expedientes en materia de familia: visión general

El Título III reúne los expedientes de familia que no son contenciosos: autorización o dispensa judicial para contraer matrimonio en los supuestos en que la ley civil la permite; intervención judicial en el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad; autorización o aprobación judicial de actos de disposición o gravamen sobre bienes de menores y otros actos del Código Civil sometidos a autorización judicial; expedientes de administración de bienes en el matrimonio; y los relacionados con la tutela y guarda de menores. Junto a ello, la reforma de 2015 permite celebrar el matrimonio ante Notario y tramitar ante el Letrado de la Administración de Justicia o ante Notario la separación y el divorcio de mutuo acuerdo cuando no hay hijos menores no emancipados ni hijos con la capacidad judicialmente modificada o que precisen apoyos, quedando los demás casos para el cauce judicial.

Matrimonio: dispensas y autorización judicial

Para contraer matrimonio se exige ser mayor de edad o menor emancipado. Los impedimentos dispensables lo son por el Juez con justa causa y a instancia de parte, en el expediente de jurisdicción voluntaria correspondiente, con audiencia del Ministerio Fiscal y de los interesados; hoy el supuesto de dispensa más característico es el del parentesco de grado tercero entre colaterales (tío y sobrina o sobrino). No es dispensable el parentesco en línea recta. Desde la Ley 15/2015 el matrimonio puede celebrarse también ante Notario, además de ante el Juez de Paz, el Alcalde o concejal, el Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios consulares, y los expedientes previos de capacidad matrimonial pueden instruirse por Notario. Las dispensas y la oposición al matrimonio exigen valorar la libre formación de la voluntad de los contrayentes y la protección de bienes jurídicos como la integridad física y psíquica.

Patria potestad: desacuerdo y administración de bienes de menores

Si los progenitores que ejercen conjuntamente la patria potestad discrepan sobre un acto concreto (elección de colegio, tratamiento médico no urgente, salida al extranjero), cualquiera de ellos puede acudir al Juez, que oirá a ambos y al hijo si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce años, y atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir a uno de los progenitores. Si los desacuerdos son reiterados o concurre otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, el Juez puede atribuirla total o parcialmente a uno de ellos o distribuir sus funciones, por un plazo que no puede exceder de dos años (art. 156 del Código Civil). Para disponer o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios del menor, los progenitores necesitan autorización judicial con audiencia del Ministerio Fiscal, en expediente en el que se valora la necesidad o utilidad de la operación para el menor. El producto de lo vendido debe reinvertirse o depositarse en la forma que ordene el órgano judicial.

Separación y divorcio de mutuo acuerdo fuera de los Tribunales

Tras la reforma operada por la Ley 15/2015, la separación y el divorcio de mutuo acuerdo pueden formalizarse, sin acudir al proceso judicial, mediante decreto del Letrado de la Administración de Justicia o escritura pública ante Notario, siempre que los cónyuges no tengan hijos menores no emancipados ni hijos con la capacidad judicialmente modificada o que dependan de ellos y precisen medidas de apoyo. Los cónyuges deben concurrir asistidos de abogado, que puede ser común, y presentar el convenio regulador, que el LAJ o el Notario controlan; si aprecian que el convenio es dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores afectados, lo comunican a los interesados para que lo modifiquen y, si no se hace, dan por terminado el expediente y remiten a los cónyuges al procedimiento judicial. La modificación de las medidas convenidas puede también otorgarse en escritura pública. Cuando hay hijos menores o con apoyos, el convenio debe ser aprobado por el Juez, previo informe del Ministerio Fiscal.

Expedientes relativos al Derecho sucesorio: visión general

El Título IV disciplina los expedientes vinculados a la apertura de la sucesión que no son contenciosos: la adveración, apertura y protocolización de ciertos testamentos (testamento ológrafo, cerrado y otorgado en forma oral), la declaración de herederos abintestato, el nombramiento del contador-partidor dativo, el expediente de aceptación a beneficio de inventario (formación del inventario) y la intervención en la liquidación del caudal relicto en los supuestos que contempla el Código Civil. Con la reforma de 2015 el Notario asume la mayor parte de las funciones: la declaración de herederos abintestato se tramita por acta de notoriedad ante el Notario hábil del lugar del último domicilio del causante, y la intervención judicial queda para los casos de controversia o para los supuestos expresamente reservados.

Declaración de herederos abintestato

Cuando el causante fallece sin testamento válido, o este no abarca todos los bienes, la sucesión legal (artículos 912 y siguientes del Código Civil) llama, por este orden, a los descendientes, ascendientes, cónyuge viudo, colaterales hasta el cuarto grado y, en último término, al Estado (o a la Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que así lo prevea). La Ley 15/2015 y la reforma de la Ley del Notariado atribuyen la declaración de herederos a favor de parientes a los Notarios mediante acta de notoriedad, para acreditar la condición de heredero legal sin necesidad de acudir a los Tribunales, y trasladan a la vía administrativa la declaración de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma como heredera, que se rige por la normativa de patrimonio de las Administraciones Públicas. La vía judicial queda para los supuestos de controversia sobre el derecho hereditario, que se resuelven en el proceso declarativo. Un error típico es atribuir al Letrado de la Administración de Justicia la declaración de herederos de colaterales o del Estado: tras la reforma no es así.

Contador-partidor dativo y albaceazgo

Cuando el testador no ha nombrado contador-partidor, o el nombrado no puede o no quiere actuar, y no hay acuerdo entre los herederos, el Código Civil permite que herederos y legatarios que representen, al menos, el cincuenta por ciento del haber hereditario soliciten el nombramiento de un contador-partidor dativo, que se tramita ante el Notario conforme a la ley, citando a los demás interesados. El nombrado practica la partición, que puede ser impugnada en juicio ordinario. Respecto del albacea, la ley regula las actuaciones judiciales vinculadas a su designación o remoción cuando sean precisas conforme al Código Civil. Este expediente resulta útil cuando los coherederos coinciden en que un profesional independiente realice la partición, evitando el proceso judicial de división de herencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Aceptación a beneficio de inventario

El heredero que desea limitar su responsabilidad por las deudas hereditarias a los bienes de la herencia debe aceptar a beneficio de inventario y formar este con las garantías y plazos del Código Civil. Tras la reforma de 2015, el heredero que tenga en su poder los bienes de la herencia declara su voluntad ante Notario, que cita a los acreedores y legatarios conocidos para que puedan asistir al inventario y hacer valer sus derechos. Si no se observan los plazos y formalidades, el heredero pierde el beneficio y responde ilimitadamente con su patrimonio de las deudas del causante. La aceptación pura y simple, la repudiación y la aceptación a beneficio de inventario son modalidades distintas: solo la última limita la responsabilidad. El heredero que ha aceptado a beneficio de inventario conserva sus créditos frente a la herencia y no confunde su patrimonio con el hereditario.

Expedientes relativos al Derecho de obligaciones

El Título V regula, entre otros, el ofrecimiento de pago y consignación y la fijación del plazo para el cumplimiento de obligaciones en los supuestos del Código Civil. La consignación permite al deudor liberarse cuando el acreedor se niega sin razón a recibir la prestación, está ausente o es incapaz de recibirla, existe duda o litigio sobre quién debe cobrar, o se ha extraviado el título de la obligación. Para ser eficaz debe haber ofrecimiento previo de pago y anuncio de la consignación a los interesados; hecha en forma, produce efectos liberatorios equivalentes al pago. Es útil en arrendamientos con renta rechazada y en créditos cuya titularidad se discute. El expediente no resuelve sobre la existencia ni la validez de la deuda: eso corresponde al proceso declarativo. La competencia y el órgano varían según la consignación sea judicial o notarial, conforme a la ley.

Expedientes relativos a los derechos reales: deslinde y otros

El Título VI regula expedientes relacionados con el dominio y otros derechos reales. El deslinde permite fijar los linderos de una finca cuando estos son confusos o están discutidos con los colindantes, pero sin una controversia sobre la titularidad de una porción concreta de terreno (en cuyo caso procede la acción reivindicatoria o declarativa en juicio ordinario). Se tramita con citación de los colindantes, intervención de perito y, en su caso, amojonamiento, que consiste en colocar los mojones que materializan los linderos; la resolución se inscribe en el Registro de la Propiedad. Si hay oposición de un colindante sobre la titularidad, el expediente se da por terminado y las partes acuden al declarativo. Es una actuación que no hay que confundir con el deslinde administrativo de bienes de dominio público.

Expedientes de subastas voluntarias

El Título VII regula la subasta voluntaria, que sirve para enajenar bienes con las garantías de publicidad, concurrencia y adjudicación al mejor postor fuera de un proceso de ejecución forzosa. Puede solicitarla quien tenga la facultad de disponer del bien, y se tramita ante el Letrado de la Administración de Justicia o ante Notario, según los casos, siguiendo en lo esencial las reglas de la subasta electrónica que se aplican a las ejecuciones. Es útil para liquidar comunidades de bienes, herencias y patrimonios sin apremio y con seguridad frente a impugnaciones posteriores. Los bienes inmuebles exigen la acreditación de titularidad y cargas mediante certificación registral, y la subasta se anuncia con la antelación y por los medios que fija la ley. El adjudicatario adquiere con las garantías de una enajenación pública, y el procedimiento no implica que haya ejecutante ni ejecutado.

Expedientes en materia mercantil

El Título VIII reúne varios expedientes: a) exhibición de los libros de las personas obligadas a llevar contabilidad, cuando lo solicita quien acredite interés legítimo y concurren los presupuestos del Código de Comercio; b) convocatoria de juntas generales, que puede solicitar el socio legitimado ante el Letrado de la Administración de Justicia o el Registrador Mercantil cuando los administradores no convocan la junta obligatoria o la solicitada por la minoría legitimada; c) nombramiento de liquidador, auditor o interventor en los casos previstos por la legislación societaria; d) disolución judicial de sociedades cuando concurre causa legal de disolución y la junta no la acuerda; y e) otros expedientes relativos a títulos-valor y operaciones mercantiles en los supuestos que regula. Estos cauces no sustituyen a la acción de responsabilidad ni a las acciones societarias contenciosas, y su tramitación sigue las normas comunes, con peculiaridades de legitimación y de competencia según el expediente.

La conciliación: concepto, ámbito y competencia

La conciliación (Título IX, artículos 139 a 148) es el acto por el que dos o más personas intentan, con la intervención de un tercero imparcial, alcanzar un acuerdo para evitar un pleito. Es voluntaria: no es presupuesto previo de ningún proceso (aunque la Ley Orgánica 1/2025 exige acreditar un intento de negociación previa a través de un medio adecuado de solución de controversias antes de acudir a la vía civil, y la conciliación del Título IX es uno de ellos). Puede celebrarse ante el Letrado de la Administración de Justicia, ante Notario o ante Registrador, en los términos legales. Se excluyen las materias no disponibles y las que la ley no permite transigir. Es competente el órgano del domicilio del requerido o, a falta de él, el de su residencia. No es preceptiva la intervención de abogado y procurador.

Tramitación de la conciliación y efectos

La solicitud expresa los datos identificativos del solicitante y del requerido, su domicilio y el objeto de la conciliación, con la petición concreta. Admitida, se cita a las partes a comparecencia en la que se intenta la avenencia. Si el requerido no comparece, el acto se tiene por intentado sin efecto; si comparecen y hay avenencia, se levanta acta con el contenido del acuerdo, que puede ser total o parcial; si no hay acuerdo, se tiene por intentada sin avenencia. El acuerdo alcanzado es título ejecutivo y puede ejecutarse conforme a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de un proceso declarativo previo; el convenio puede impugnarse por las causas que invalidan los contratos y por las que da el artículo correspondiente de la ley. Es una vía rápida y económica para reclamaciones sencillas y es compatible con la mediación y con los demás medios adecuados de solución de controversias.

Novedades recientes: Ley Orgánica 1/2025 y Tribunales de Instancia

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introdujo los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en el orden civil, reconoció entre ellos la conciliación (también la del Título IX de la Ley 15/2015), la mediación, la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente, y reorganizó la planta judicial en Tribunales de Instancia, con secciones civiles que asumen las funciones de los antiguos Juzgados de Primera Instancia. Su entrada en vigor general fue en abril de 2025, con implantación escalonada de los Tribunales de Instancia. En el estudio de la jurisdicción voluntaria debe tenerse presente este cambio de denominación de los órganos, sin que varíe el reparto sustantivo de funciones entre Juez, Letrado de la Administración de Justicia, Notario y Registrador.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015) se caracteriza por la ausencia de contienda: hay solicitante e interesados, no demandante y demandado, y la resolución no produce, con carácter general, cosa juzgada material; puede modificarse por cambio de circunstancias.
  • La Ley 15/2015, de 2 de julio, se publicó en el BOE de 3 de julio de 2015 y entró en vigor a los veinte días (23 de julio de 2015). No hubo vacatio legis de uno ni de tres años (error típico).
  • Estructura: Título I (disposiciones generales), II personas, III familia, IV Derecho sucesorio, V obligaciones, VI derechos reales, VII subastas voluntarias, VIII materia mercantil y IX conciliación (arts. 139 a 148).
  • Desjudicialización: Juez (estado civil, interés público, menores y personas con discapacidad), Letrado de la Administración de Justicia (decreto), Notario (matrimonio, divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores o con apoyos, herederos abintestato, contador-partidor dativo, beneficio de inventario, conciliación, subastas) y Registrador (sobre todo el Mercantil).
  • La declaración de herederos abintestato a favor de parientes (incluidos colaterales hasta el cuarto grado) se hace ante Notario por acta de notoriedad; la del Estado o Comunidad Autónoma es administrativa. No corresponde al LAJ.
  • Contra el decreto del Letrado cabe recurso directo de revisión ante el Juez; contra el auto definitivo del Juez, apelación.
  • Si un interesado se opone, el expediente se archiva o se hace contencioso y la controversia se resuelve en el proceso declarativo que corresponda, según la regulación de cada expediente.
  • El Ministerio Fiscal interviene cuando estén afectados menores, personas con discapacidad, ausentes o el estado civil, y siempre que la ley lo exija.
  • La conciliación (arts. 139 a 148) es voluntaria, no exige abogado ni procurador, puede celebrarse ante LAJ, Notario o Registrador y el acuerdo de avenencia es título ejecutivo.
  • Tras la Ley 8/2021 existe un expediente de jurisdicción voluntaria para la provisión judicial de apoyos (arts. 42 bis a) a 42 bis c)) cuando no hay oposición; si la hay, procedimiento contencioso de la LEC.
  • Desacuerdo entre progenitores en el ejercicio de la patria potestad (art. 156 CC): el Juez atribuye la facultad de decidir a uno de ellos; la atribución total o parcial por desacuerdos reiterados no puede exceder de dos años.
  • Declaración de ausencia legal: un año desde las últimas noticias (tres si hay apoderado general). Fallecimiento: diez años (cinco si el desaparecido tenía setenta y cinco años) y plazos menores en siniestro o violencia.
  • El contador-partidor dativo se solicita por herederos y legatarios que representen al menos el 50 % del haber hereditario.
  • La LO 1/2025 sustituye los Juzgados de Primera Instancia por Tribunales de Instancia (secciones) y exige un MASC previo en vía civil, entre ellos la conciliación.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

Para solicitar el nombramiento de contador-partidor dativo se requiere la petición de herederos y legatarios que representen, al menos:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 31 de Gestión Procesal (Justicia)?

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE de 3 de julio de 2015), sacó de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 la regulación de los expedientes en los que se solicita la intervención de un órgano público (Juez, Letrado de la Administración de Justicia, Notario o Registrador) para tutelar derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Su gran novedad es la desjudicialización: muchos expedientes se atribuyen a Letrados de la Administración de Justicia, Notarios y Registradores, reservando al Juez los que afectan al estado civil, al interés público o a menores y personas con discapacidad. La ley se organiza en un título de disposiciones generales y normas comunes de tramitación, seguido de títulos específicos: personas, familia, derecho sucesorio, obligaciones, derechos reales, subastas voluntarias, materia mercantil y conciliación. Ha sido modificada después, entre otras normas, por la Ley 8/2021 (medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad) y por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Tribunales de Instancia y medios adecuados de solución de controversias).

¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?

La jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015) se caracteriza por la ausencia de contienda: hay solicitante e interesados, no demandante y demandado, y la resolución no produce, con carácter general, cosa juzgada material; puede modificarse por cambio de circunstancias. La Ley 15/2015, de 2 de julio, se publicó en el BOE de 3 de julio de 2015 y entró en vigor a los veinte días (23 de julio de 2015). No hubo vacatio legis de uno ni de tres años (error típico). Estructura: Título I (disposiciones generales), II personas, III familia, IV Derecho sucesorio, V obligaciones, VI derechos reales, VII subastas voluntarias, VIII materia mercantil y IX conciliación (arts. 139 a 148). Desjudicialización: Juez (estado civil, interés público, menores y personas con discapacidad), Letrado de la Administración de Justicia (decreto), Notario (matrimonio, divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores o con apoyos, herederos abintestato, contador-partidor dativo, beneficio de inventario, conciliación, subastas) y Registrador (sobre todo el Mercantil). La declaración de herederos abintestato a favor de parientes (incluidos colaterales hasta el cuarto grado) se hace ante Notario por acta de notoriedad; la del Estado o Comunidad Autónoma es administrativa. No corresponde al LAJ. Contra el decreto del Letrado cabe recurso directo de revisión ante el Juez; contra el auto definitivo del Juez, apelación. Si un interesado se opone, el expediente se archiva o se hace contencioso y la controversia se resuelve en el proceso declarativo que corresponda, según la regulación de cada expediente. El Ministerio Fiscal interviene cuando estén afectados menores, personas con discapacidad, ausentes o el estado civil, y siempre que la ley lo exija. La conciliación (arts. 139 a 148) es voluntaria, no exige abogado ni procurador, puede celebrarse ante LAJ, Notario o Registrador y el acuerdo de avenencia es título ejecutivo. Tras la Ley 8/2021 existe un expediente de jurisdicción voluntaria para la provisión judicial de apoyos (arts. 42 bis a) a 42 bis c)) cuando no hay oposición; si la hay, procedimiento contencioso de la LEC. Desacuerdo entre progenitores en el ejercicio de la patria potestad (art. 156 CC): el Juez atribuye la facultad de decidir a uno de ellos; la atribución total o parcial por desacuerdos reiterados no puede exceder de dos años. Declaración de ausencia legal: un año desde las últimas noticias (tres si hay apoderado general). Fallecimiento: diez años (cinco si el desaparecido tenía setenta y cinco años) y plazos menores en siniestro o violencia. El contador-partidor dativo se solicita por herederos y legatarios que representen al menos el 50 % del haber hereditario. La LO 1/2025 sustituye los Juzgados de Primera Instancia por Tribunales de Instancia (secciones) y exige un MASC previo en vía civil, entre ellos la conciliación.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE-A-2015-7391).
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (supletoria).
  • Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (arts. 48, 156, 166, 183, 193-194, 912 y ss., 1057, 1176 y ss.).
  • Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado.
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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