Tema 17. Cuestiones generales sobre el proceso civil: Las partes en el proceso civil: Capacidad procesal y capacidad para ser parte. Pluralidad de partes. Litisconsorcio activo y pasivo, su tratamiento procesal.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula en su Libro I, Título I («De la comparecencia en juicio y de la defensa y representación de las partes»), Capítulo I, las partes del proceso civil: la capacidad para ser parte (art. 6), la capacidad procesal (art. 7) y su integración (art. 8), el examen de oficio y la subsanación de sus defectos (art. 9), la legitimación (art. 10), la pluralidad de partes o litisconsorcio (art. 12), la intervención de terceros (arts. 13 a 15) y la sucesión procesal (arts. 16 y 17). Este tema desarrolla la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, y la pluralidad de partes, con el litisconsorcio activo y pasivo y su tratamiento procesal.
El concepto de parte en el proceso civil y presupuestos subjetivos
Es parte quien pide y frente a quien se pide la tutela judicial en un proceso (parte formal o procesal); la parte material es el titular de la relación jurídica u objeto litigioso. Normalmente coinciden, pero se disocian en la legitimación extraordinaria o sustitución procesal. Deben distinguirse tres planos subjetivos: capacidad para ser parte (aptitud para ser titular de derechos y deberes procesales), capacidad procesal o de conducción procesal (aptitud para realizar válidamente actos procesales por sí mismo) y legitimación (relación concreta de la parte con el objeto del proceso, art. 10 LEC). A ellas se suma la postulación (necesidad de actuar mediante procurador y abogado, arts. 23 y 31 LEC). La capacidad para ser parte y la capacidad procesal son presupuestos procesales; la legitimación afecta al fondo del asunto.
Capacidad para ser parte (art. 6 LEC)
Pueden ser parte en los procesos ante los tribunales civiles: 1.º las personas físicas; 2.º el concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables; 3.º las personas jurídicas; 4.º las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración; 5.º las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte; 6.º el Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte; 7.º los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables, para cuya demanda es necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados; y 8.º las entidades habilitadas conforme a la normativa europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. Con carácter de excepción, el art. 6.2 LEC permite demandar a las entidades que, sin haber cumplido los requisitos legales para constituirse en persona jurídica, actúen de hecho en el tráfico jurídico como sujetos de derechos y obligaciones (sociedades irregulares), sin que quienes actúen en su nombre puedan alegar la falta de personalidad.
Capacidad procesal (art. 7 LEC)
Solo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (art. 7.1). Las personas físicas que no se hallen en ese caso habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley (art. 7.2), regla que tras la Ley 8/2021, de 2 de junio, se aplica a las personas con discapacidad a las que se hayan establecido medidas de apoyo de acuerdo con su alcance. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubiesen nacido; por las masas patrimoniales o patrimonios separados, quienes conforme a la ley los administren; por las entidades sin personalidad, las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio o, en su defecto, quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad aparezcan como gestores o directores; y por los grupos de consumidores o usuarios afectados, las personas que los constituyan o las asociaciones y entidades legitimadas conforme a las leyes. Las personas jurídicas comparecen por medio de quienes legalmente las representen. El art. 7 bis LEC, introducido por la Ley 8/2021, obliga a realizar los ajustes razonables y adaptaciones necesarios para que las personas con discapacidad participen en el proceso en igualdad de condiciones.
Integración de la capacidad procesal, defensor judicial y examen de oficio (arts. 8 y 9 LEC)
Cuando haya de comparecer en juicio una persona a quien deba nombrarse un defensor judicial, por no existir quien legalmente la represente o por existir conflicto de intereses con el representante, el tribunal nombrará un defensor judicial, y entre tanto se suspende el curso del juicio hasta que se produzca el nombramiento (art. 8 LEC). Según el art. 9 LEC, la falta de capacidad para ser parte y la de capacidad procesal pueden ser apreciadas de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso. Si se aprecia un defecto subsanable, se concede al interesado plazo para su subsanación; transcurrido sin subsanar, el tribunal acuerda el archivo o la continuación según corresponda. El demandado puede denunciar estos defectos y la falta de representación en la contestación a la demanda, y se tratan en la audiencia previa del juicio ordinario (arts. 416 y ss. LEC) o en la vista del juicio verbal, aplicando el principio de conservación de los actos procesales.
Capacidad de personas jurídicas extranjeras y entidades de hecho
Las personas jurídicas extranjeras tienen capacidad para ser parte conforme a su ley personal, sin perjuicio de que deban acreditar su existencia y la representación de quien comparece. Las entidades sin personalidad (comunidades de bienes, uniones o agrupaciones sin personalidad, asociaciones no inscritas, etc.) solo tienen capacidad para ser parte cuando la ley expresamente se lo reconozca, sin perjuicio de la regla del art. 6.2 LEC para las entidades que actúan en el tráfico como sujetos de derechos y obligaciones sin haber cumplido los requisitos para constituirse como persona jurídica.
Incidencia de las medidas de apoyo (Ley 8/2021) en la capacidad procesal
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, suprimió la incapacitación judicial y la tutela de los adultos, y la sustituyó por un sistema de apoyos presidido por el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona. En consecuencia, la capacidad procesal de la persona con discapacidad no se pierde por una declaración genérica: depende del alcance de las medidas de apoyo adoptadas. Si la medida (curatela) es meramente asistencial, la persona comparece por sí misma con la asistencia del curador; si comporta representación, comparece el curador en su nombre en los términos fijados en la resolución judicial. Cuando no hay apoyo o existe conflicto de intereses, se nombra un defensor judicial (art. 8 LEC). En los procesos sobre provisión de apoyos es parte el Ministerio Fiscal.
Legitimación y su distinción de la capacidad (art. 10 LEC)
Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso (legitimación ordinaria). Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular (legitimación extraordinaria, p. ej. asociaciones de consumidores, art. 11 LEC; Ministerio Fiscal; acción subrogatoria del acreedor, art. 1111 CC). La falta de legitimación puede ser activa o pasiva. A diferencia de la falta de capacidad, no es un presupuesto procesal, por lo que no se resuelve en la audiencia previa como cuestión procesal sino al dictar sentencia sobre el fondo, con efecto desestimatorio de la demanda. La capacidad procesal determina quién puede actuar en el proceso; la legitimación, quién puede ser parte en este concreto proceso.
Pluralidad de partes: litisconsorcio. Concepto y clases (art. 12 LEC)
Existe litisconsorcio cuando en una misma posición procesal (activa o pasiva) concurren varios sujetos. El art. 12.1 LEC permite que comparezcan en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten nazcan de un mismo título o causa de pedir: es el litisconsorcio voluntario, que se basa en la acumulación subjetiva de acciones (art. 72 LEC: nexo por razón del título o causa de pedir). El art. 12.2 LEC establece que cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa: es el litisconsorcio pasivo necesario. El litisconsorcio puede ser activo (varios demandantes) o pasivo (varios demandados). El litisconsorcio activo necesario no está regulado expresamente en la LEC, pero se admite por la doctrina y la jurisprudencia cuando la titularidad del derecho corresponde conjuntamente a varios; en tal caso quien demanda debe traer al proceso a los demás titulares. Son ejemplos de litisconsorcio pasivo necesario la nulidad de un contrato (todos los contratantes) o la división de cosa común (todos los comuneros).
Litisconsorcio voluntario: tratamiento procesal
En el litisconsorcio voluntario cada litisconsorte conserva su autonomía procesal: puede allanarse, desistir, transigir o recurrir con independencia de los demás, y la sentencia puede resolver de forma distinta respecto de cada uno; los actos de uno no perjudican ni benefician a los demás. La acumulación exige los requisitos del art. 73 LEC (competencia del tribunal, compatibilidad de las acciones y que no deban ventilarse en juicios de diferente tipo). Un ejemplo es el allanamiento de uno de varios demandados, que no impide la continuación del proceso respecto de los demás.
Litisconsorcio necesario: tratamiento procesal y efectos
En el litisconsorcio necesario la relación jurídica es indivisible, de modo que la sentencia debe ser única y uniforme para todos; los actos de disposición solo son eficaces si los realizan todos (el allanamiento de uno no vincula a los demás), y los recursos de uno de los litisconsortes pueden beneficiar a los demás según la jurisprudencia. Su falta se alega por el demandado como excepción procesal y se resuelve en la audiencia previa del juicio ordinario (arts. 416 y 420 LEC); también puede apreciarse de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público procesal que la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que puede ser examinada en cualquier momento, incluso en recurso. Si el tribunal aprecia la falta de litisconsorcio, concede al actor un plazo (no superior a diez días, art. 420 LEC) para constituirlo, ampliando la demanda frente a los litisconsortes omitidos; si no lo hace en plazo, se pone fin al proceso sin entrar en el fondo (sobreseimiento). Una sentencia dictada sin la debida constitución del litisconsorcio necesario es nula y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de quien no ha sido oído (art. 24 CE). La cosa juzgada solo afecta a las partes del proceso, sus herederos y causahabientes (art. 222.3 LEC), salvo los supuestos de eficacia general.
Litisconsorcio cuasi necesario
La jurisprudencia ha elaborado el litisconsorcio cuasi necesario para los supuestos en que la ley no impone demandar a todos, pero la situación jurídica (una comunidad, una relación de solidaridad impropia) hace conveniente su llamada para evitar sentencias contradictorias. A diferencia del necesario, la falta de llamada de alguno de los interesados no impide, en principio, dictar sentencia sobre el fondo, ni determina la nulidad de actuaciones, aunque la sentencia no podrá producir efectos frente a quien no fue parte. Su tratamiento procesal es el de la intervención voluntaria o provocada.
Intervención voluntaria de terceros (art. 13 LEC)
Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito. La LEC no distingue entre intervención adhesiva simple y litisconsorcial, pero la doctrina diferencia la del tercero que se une a una de las partes para apoyar su posición, de la de quien se afirma cotitular del objeto del proceso. Admitida la intervención, el interviniente es considerado parte a todos los efectos, pero no se retrotraen las actuaciones, de modo que debe aceptar el proceso en el estado en que se encuentra y no puede reproducir actos que hubieran precluido.
Intervención provocada o llamada al proceso (art. 14 LEC)
Solo cabe cuando la ley la permita expresamente, y se produce a instancia de parte: si la ley permite al demandante llamar a un tercero, la solicitud se formula en la demanda; si permite al demandado hacerlo, debe pedirlo en el plazo para contestar la demanda (o, en el juicio verbal, antes de la vista) con la antelación que la ley fije. El tercero llamado es emplazado para que, si lo considera oportuno, comparezca y adopte la posición procesal que corresponda; no está obligado a comparecer, pero la sentencia que se dicte le afecta con los efectos de cosa juzgada. La finalidad es evitar procesos posteriores de repetición o regreso y sentencias contradictorias. Se distingue de la intervención voluntaria (art. 13), que se produce por iniciativa del propio tercero, mientras que aquí la iniciativa es de una de las partes.
Intervención en procesos de protección de consumidores y usuarios (art. 15 LEC)
En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, se llama al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados para que hagan valer su derecho o interés individual. Si los perjudicados están determinados o son fácilmente determinables, quien promueve el proceso debe haberles comunicado previamente la presentación de la demanda, y estos podrán intervenir en cualquier momento, pero solo podrán realizar los actos procesales que no hubieren precluido. Cuando se trata de perjudicados indeterminados o de difícil determinación, la llamada se hace por medio de la publicación de anuncios en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial del fenómeno, y los afectados podrán intervenir en las condiciones que fija el art. 15 LEC.
Sucesión procesal por muerte (art. 16 LEC)
Cuando se transmita mortis causa lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en el juicio la misma posición que éste, a todos los efectos. Comunicado el fallecimiento al tribunal, se suspende el proceso y se cita a los sucesores para que comparezcan en el plazo que se les señale. Si estos no comparecen, el proceso se seguirá con ellos en rebeldía, sin perjuicio de que puedan personarse posteriormente. Si se desconoce la identidad o el paradero de los sucesores, puede acordarse su citación por edictos. Si el objeto del proceso es intransmisible por su naturaleza, el proceso termina sin más trámite.
Sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso (art. 17 LEC)
Cuando se transmite, mientras el proceso está pendiente, lo que sea objeto del juicio, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El tribunal, oídas las partes por plazo de diez días y examinados los documentos, resolverá por medio de auto lo que proceda. Si el tribunal no admite la sucesión, el adquirente puede intervenir en el proceso en los términos del art. 13 LEC. Si es el transmitente quien pretende abandonar el pleito, se exige el consentimiento del litigante contrario cuando éste pueda ser perjudicado por el cambio. La sucesión procesal no altera el objeto del proceso ni retrotrae las actuaciones.
Sustitución procesal
La sustitución procesal es un supuesto de legitimación extraordinaria en el que la ley habilita a un sujeto para ejercitar en nombre propio un derecho ajeno. Son ejemplos la acción subrogatoria del acreedor (art. 1111 CC) y la legitimación del Ministerio Fiscal en determinados procesos. A diferencia de la representación, el sustituto actúa en nombre propio y la sentencia produce efectos sobre el titular del derecho. Debe distinguirse de la sucesión procesal, en la que el sucesor ocupa la posición de la parte original porque ha adquirido su derecho.
Presupuestos procesales y apreciación del defecto
La capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la correcta constitución del litisconsorcio necesario son presupuestos procesales cuya falta, de no subsanarse, impide dictar sentencia sobre el fondo y da lugar a una resolución meramente procesal, que no produce efecto de cosa juzgada material, de modo que puede reiterarse la demanda una vez subsanado el defecto. En el proceso verbal, estas cuestiones se resuelven en la vista; en el ordinario, en la audiencia previa; y pueden apreciarse de oficio en cualquier momento, con audiencia de las partes. El tribunal debe conceder siempre una oportunidad de subsanación antes de acordar el archivo.
Cuadro comparativo de figuras que suelen confundirse
Litisconsorcio: pluralidad de sujetos en una misma posición procesal desde el inicio (arts. 12 y 72 LEC). Intervención voluntaria: tercero que se incorpora al proceso pendiente por iniciativa propia por tener interés directo y legítimo (art. 13). Intervención provocada: tercero llamado por una parte, solo si la ley lo permite (art. 14). Sucesión procesal: cambio de la parte original por su causahabiente (herederos, art. 16; adquirente del objeto, art. 17). Sustitución procesal: legitimación extraordinaria, el sustituto actúa en nombre propio y el titular no es parte. Representación: el representante actúa en nombre del representado, que es la parte. Capacidad para ser parte: aptitud abstracta; capacidad procesal: aptitud para actuar; legitimación: posición respecto del objeto; postulación: necesidad de Procurador y Abogado.
Efectos de la sentencia respecto de los litisconsortes
En el litisconsorcio voluntario la sentencia puede ser distinta para cada litisconsorte, y cada uno puede, sin vincular a los demás, allanarse, desistir, transigir o recurrir. En el necesario, la sentencia debe ser única y uniforme porque la relación jurídica es indivisible, y su eficacia frente a todos solo se garantiza si todos han sido oídos. De ahí que la omisión de un litisconsorte necesario pueda dar lugar a la nulidad de lo actuado o a la terminación del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, según el momento en que se aprecie, y que la jurisprudencia permita su apreciación de oficio. La cosa juzgada material de la sentencia afecta a las partes del proceso y a sus herederos y causahabientes (art. 222.3 LEC), por lo que quien no fue parte no queda vinculado, salvo las excepciones legales (por ejemplo, determinadas sentencias sobre estado civil o sobre acciones colectivas).
Partes en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores
En los procesos del Libro IV LEC (arts. 748 y ss.), el Ministerio Fiscal interviene como parte en los supuestos del art. 749 y se rigen por reglas propias de legitimación, de capacidad y de prueba que prevalecen sobre las generales. En los procesos sobre provisión de apoyos a personas con discapacidad la persona afectada puede comparecer con su propia defensa y representación; si no lo hace, la asume el Ministerio Fiscal, salvo que sea éste quien haya promovido el proceso, en cuyo caso se nombra un defensor judicial. Las especialidades de capacidad procesal en estos procesos son excepciones al régimen general de los arts. 6 a 9.
La subsanación de los defectos de capacidad y de representación
El principio de conservación de los actos procesales y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) obligan al tribunal a conceder siempre plazo para subsanar los defectos subsanables antes de acordar el archivo o la terminación del proceso. Defectos de capacidad: se subsanan acreditando la representación o asistencia exigida por ley, o mediante la intervención del defensor judicial. Defectos de representación: se subsanan aportando el poder o ampliándolo. Si no se subsana, se tiene por no personada a la parte y se produce el archivo si el defecto afecta al demandante, o la continuación en rebeldía si afecta al demandado. La falta de capacidad para ser parte es, en cambio, en general insubsanable y pone fin al proceso.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Capacidad para ser parte (art. 6 LEC): aptitud abstracta para ser titular de derechos y deberes procesales. Capacidad procesal (art. 7 LEC): aptitud para comparecer por sí mismo en juicio. Legitimación (art. 10 LEC): relación con el objeto del proceso.
Pueden ser parte: personas físicas y jurídicas, concebido no nacido (para lo favorable), masas patrimoniales, entidades sin personalidad con reconocimiento legal, Ministerio Fiscal, grupos de consumidores determinables y entidades habilitadas.
Las sociedades irregulares pueden ser demandadas aunque no cumplan los requisitos de constitución (art. 6.2 LEC), sin que quienes actúen por ellas puedan alegar falta de personalidad.
Quien no tiene pleno ejercicio de sus derechos civiles comparece mediante representación, asistencia, autorización, habilitación o defensor judicial (art. 7.2 y art. 8 LEC). Tras la Ley 8/2021 desaparece la incapacitación y rige un sistema de apoyos (art. 7 bis LEC).
La falta de capacidad para ser parte o procesal puede apreciarse de oficio en cualquier momento (art. 9 LEC) y es subsanable; si no se subsana, el proceso termina sin entrar en el fondo.
Litisconsorcio voluntario (art. 12.1 y art. 72 LEC): acciones nacidas del mismo título o causa de pedir; cada litisconsorte conserva su autonomía procesal.
Litisconsorcio pasivo necesario (art. 12.2 LEC): la tutela solo puede hacerse efectiva frente a varios conjuntamente; todos deben ser demandados. Se alega como excepción y se resuelve en la audiencia previa (art. 420 LEC); es apreciable de oficio.
Si el actor no constituye el litisconsorcio necesario en el plazo concedido (no superior a diez días), se pone fin al proceso sin pronunciamiento sobre el fondo.
Intervención voluntaria (art. 13 LEC): interés directo y legítimo, sin retroacción de actuaciones. Intervención provocada (art. 14 LEC): solo si la ley lo permite expresamente y a instancia de parte.
Sucesión procesal por muerte (art. 16 LEC): se suspende el proceso y se cita a los sucesores; si no comparecen, continúa en rebeldía. Por transmisión del objeto (art. 17 LEC): el adquirente solicita ser tenido como parte, oídas las partes por diez días, y resuelve auto.
La falta de legitimación no es presupuesto procesal: se resuelve en sentencia sobre el fondo, no en la audiencia previa.
El litisconsorcio cuasi necesario es construcción jurisprudencial: conviene llamar a los interesados, pero su ausencia no impide sentencia de fondo.
En los procesos de consumidores (art. 15 LEC) se llama al proceso a los perjudicados: comunicación previa si están determinados; anuncios si son indeterminados.
Memoria: art. 6 capacidad para ser parte; art. 7 capacidad procesal; art. 8 defensor judicial; art. 9 examen de oficio y subsanación; art. 10 legitimación; art. 12 litisconsorcio; art. 13 intervención voluntaria; art. 14 intervención provocada; art. 15 consumidores; arts. 16 y 17 sucesión procesal.
Representar no es sustituir: el representante actúa en nombre del representado (que es la parte); el sustituto procesal actúa en nombre propio.
En el litisconsorcio necesario la sentencia debe ser única y uniforme; en el voluntario puede ser distinta para cada litisconsorte.
La cosa juzgada afecta a las partes, sus herederos y causahabientes (art. 222.3 LEC): quien no fue parte no queda vinculado, salvo excepciones legales.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
Conforme al art. 6 LEC, el concebido no nacido tiene capacidad para ser parte:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 17 de Gestión Procesal (Justicia)?
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula en su Libro I, Título I («De la comparecencia en juicio y de la defensa y representación de las partes»), Capítulo I, las partes del proceso civil: la capacidad para ser parte (art. 6), la capacidad procesal (art. 7) y su integración (art. 8), el examen de oficio y la subsanación de sus defectos (art. 9), la legitimación (art. 10), la pluralidad de partes o litisconsorcio (art. 12), la intervención de terceros (arts. 13 a 15) y la sucesión procesal (arts. 16 y 17). Este tema desarrolla la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, y la pluralidad de partes, con el litisconsorcio activo y pasivo y su tratamiento procesal.
¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?
Capacidad para ser parte (art. 6 LEC): aptitud abstracta para ser titular de derechos y deberes procesales. Capacidad procesal (art. 7 LEC): aptitud para comparecer por sí mismo en juicio. Legitimación (art. 10 LEC): relación con el objeto del proceso. Pueden ser parte: personas físicas y jurídicas, concebido no nacido (para lo favorable), masas patrimoniales, entidades sin personalidad con reconocimiento legal, Ministerio Fiscal, grupos de consumidores determinables y entidades habilitadas. Las sociedades irregulares pueden ser demandadas aunque no cumplan los requisitos de constitución (art. 6.2 LEC), sin que quienes actúen por ellas puedan alegar falta de personalidad. Quien no tiene pleno ejercicio de sus derechos civiles comparece mediante representación, asistencia, autorización, habilitación o defensor judicial (art. 7.2 y art. 8 LEC). Tras la Ley 8/2021 desaparece la incapacitación y rige un sistema de apoyos (art. 7 bis LEC). La falta de capacidad para ser parte o procesal puede apreciarse de oficio en cualquier momento (art. 9 LEC) y es subsanable; si no se subsana, el proceso termina sin entrar en el fondo. Litisconsorcio voluntario (art. 12.1 y art. 72 LEC): acciones nacidas del mismo título o causa de pedir; cada litisconsorte conserva su autonomía procesal. Litisconsorcio pasivo necesario (art. 12.2 LEC): la tutela solo puede hacerse efectiva frente a varios conjuntamente; todos deben ser demandados. Se alega como excepción y se resuelve en la audiencia previa (art. 420 LEC); es apreciable de oficio. Si el actor no constituye el litisconsorcio necesario en el plazo concedido (no superior a diez días), se pone fin al proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. Intervención voluntaria (art. 13 LEC): interés directo y legítimo, sin retroacción de actuaciones. Intervención provocada (art. 14 LEC): solo si la ley lo permite expresamente y a instancia de parte. Sucesión procesal por muerte (art. 16 LEC): se suspende el proceso y se cita a los sucesores; si no comparecen, continúa en rebeldía. Por transmisión del objeto (art. 17 LEC): el adquirente solicita ser tenido como parte, oídas las partes por diez días, y resuelve auto. La falta de legitimación no es presupuesto procesal: se resuelve en sentencia sobre el fondo, no en la audiencia previa. El litisconsorcio cuasi necesario es construcción jurisprudencial: conviene llamar a los interesados, pero su ausencia no impide sentencia de fondo. En los procesos de consumidores (art. 15 LEC) se llama al proceso a los perjudicados: comunicación previa si están determinados; anuncios si son indeterminados. Memoria: art. 6 capacidad para ser parte; art. 7 capacidad procesal; art. 8 defensor judicial; art. 9 examen de oficio y subsanación; art. 10 legitimación; art. 12 litisconsorcio; art. 13 intervención voluntaria; art. 14 intervención provocada; art. 15 consumidores; arts. 16 y 17 sucesión procesal. Representar no es sustituir: el representante actúa en nombre del representado (que es la parte); el sustituto procesal actúa en nombre propio. En el litisconsorcio necesario la sentencia debe ser única y uniforme; en el voluntario puede ser distinta para cada litisconsorte. La cosa juzgada afecta a las partes, sus herederos y causahabientes (art. 222.3 LEC): quien no fue parte no queda vinculado, salvo excepciones legales.
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 6 a 9, 10, 12 a 17, 72 y 73, 222 y 416 a 420.
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.