Tema 65. El proceso laboral: Principios que lo informan. Competencia objetiva y territorial. Cuestiones de competencia. Representación y defensa en el procedimiento laboral. Fondo de Garantía Salarial. Justicia gratuita.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El proceso laboral se regula en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), que sustituyó al Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y amplió el ámbito del orden jurisdiccional social. Se inspira en los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad (art. 74 LRJS), con impulso procesal de oficio y un marcado antiformalismo. Este tema abarca los órganos y reglas de competencia objetiva (Juzgados de lo Social, hoy Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia; Salas de lo Social de los TSJ; Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; Sala Cuarta del Tribunal Supremo) y territorial, la declinatoria y demás cuestiones de competencia, la representación y defensa de las partes (con la figura del graduado social colegiado), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.
Fuentes reguladoras del proceso laboral: la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE-A-2011-15936), es la norma procesal básica del orden social. Derogó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995) y concentró en un solo orden jurisdiccional el conocimiento de materias dispersas entre otros órdenes (por ejemplo, la responsabilidad empresarial derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o determinadas impugnaciones de actos administrativos en materia laboral y de prevención de riesgos). La Ley de Enjuiciamiento Civil es supletoria. A la normativa citada hay que sumar la LOPJ (en cuanto a la organización de los órganos sociales), el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social, y, en lo organizativo, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que integra los antiguos Juzgados de lo Social en Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia.
Principios que informan el proceso laboral
El art. 74 LRJS enuncia los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad, y establece que los órganos jurisdiccionales impulsarán de oficio los procesos, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Inmediación: el juez que dicta sentencia es el que ha presenciado la prueba y las alegaciones. Oralidad: las alegaciones y la prueba se practican en el acto del juicio. Concentración: se reúnen en el menor número de actos posible (conciliación judicial y juicio en unidad de acto). Celeridad: plazos breves, preferencia de determinadas modalidades (despido, vacaciones, etc.) y limitación de recursos. A ellos se añaden la buena fe procesal (art. 75 LRJS), la gratuidad relativa para el trabajador y el antiformalismo (la ley admite la comparecencia por sí mismo y exige subsanar defectos antes de inadmitir).
El principio de celeridad en el proceso laboral
El principio de celeridad se traduce en plazos más breves que en el proceso civil, en la limitación de los recursos (por ejemplo, la suplicación solo procede en los asuntos que superan la cuantía legal o se refieren a materias determinadas) y en la tramitación preferente y urgente de determinadas modalidades procesales (despido, reclamación de vacaciones, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, entre otras). Responde a la trascendencia que para el trabajador tiene una resolución rápida sobre cuestiones que afectan a su subsistencia (salario, prestaciones, empleo).
El principio antiformalista y la gratuidad
El proceso laboral es antiformalista: el trabajador puede comparecer por sí mismo, las partes pueden subsanar defectos de la demanda antes de su inadmisión, y el órgano judicial interpreta con flexibilidad los requisitos formales. En cuanto a la gratuidad, los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social tienen reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita en el orden social sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos (art. 2.d de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita) y están exentos de las consignaciones y depósitos para recurrir (art. 229.4 LRJS). La conciliación previa ante el servicio administrativo competente también es gratuita para las partes.
Ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social
Según los arts. 1 y 2 LRJS, el orden social conoce de: las cuestiones litigiosas entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo; las acciones de responsabilidad contra el empresario por daños derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional; los procesos sobre Seguridad Social, incluidos los de mutuas y entidades gestoras; la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, incluido el acoso, en relación con las cuestiones propias de este orden; los conflictos colectivos y la impugnación de convenios colectivos; los procesos sobre despido colectivo y de movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo; y determinadas impugnaciones de actos administrativos en materia laboral y de prevención de riesgos laborales. El art. 3 LRJS excluye materias como la impugnación de disposiciones generales y actos administrativos que no sean de las expresamente atribuidas al orden social, o las cuestiones propias del orden contencioso-administrativo.
Competencia objetiva de los Juzgados de lo Social (Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia)
El art. 6 LRJS atribuye a los Juzgados de lo Social el conocimiento, en única instancia, de todos los procesos propios del orden social, salvo los que la ley asigne a las Salas. Ocupan el primer escalón y llevan el mayor volumen de asuntos. A partir de la LO 1/2025, sus competencias se ejercen por las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia, creadas por fases y con efectividad plena en el calendario que fija dicha ley, lo que convendría comprobar para el momento del examen. Contra sus sentencias cabe, según los casos, recurso de suplicación.
Competencia objetiva de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia
Según el art. 7 LRJS, las Salas de lo Social de los TSJ conocen: en única instancia, de los procesos de conflictos colectivos e impugnación de convenios colectivos cuando su ámbito no exceda del territorio de la Comunidad Autónoma, y de otros procesos que la ley les atribuye; del recurso de suplicación contra las resoluciones de los Juzgados de lo Social de su circunscripción; y de las cuestiones de competencia entre Juzgados de su territorio. Son, por tanto, el órgano de segunda instancia (suplicación) de referencia.
Competencia objetiva de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
El art. 8 LRJS atribuye a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la competencia, en única instancia, de los procesos de conflictos colectivos, de impugnación de convenios colectivos y de otras materias (como los despidos colectivos y las impugnaciones de determinados actos administrativos) cuando su ámbito se extienda a más de una Comunidad Autónoma. También conoce de otras materias que la ley le atribuye en razón de su ámbito estatal. Contra sus sentencias cabe casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Competencia objetiva de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
La Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo, conforme al art. 9 LRJS, conoce del recurso de casación ordinaria contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Social de los TSJ y de la Audiencia Nacional, del recurso de casación para la unificación de doctrina contra las sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los TSJ, del recurso de revisión en los supuestos legales y de otras cuestiones como determinadas cuestiones de competencia. Es el máximo intérprete de la legalidad laboral y garante de la unidad de doctrina.
Competencia territorial en el orden social
La competencia territorial se rige por el art. 10 LRJS. Con carácter general, es competente el Juzgado del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante. Existen reglas especiales para determinadas materias: en Seguridad Social, el Juzgado del domicilio del demandante en los términos que fija la ley; en conflictos colectivos, el ámbito del conflicto; y en procesos entre empresario y trabajador en los que el trabajador preste servicios fuera, reglas específicas. Las normas de competencia territorial son imperativas en gran medida y no pueden alterarse por voluntad de las partes.
Cuestiones de competencia: la declinatoria y el control de oficio
El órgano judicial examina de oficio su competencia (art. 5 LRJS). La parte demandada puede suscitar la falta de competencia, objetiva o territorial, mediante declinatoria, que se plantea antes del juicio y se resuelve con carácter previo a la cuestión de fondo, con aplicación supletoria de la LEC. Las cuestiones de competencia entre órganos del orden social se resuelven por el órgano superior común. La falta de competencia objetiva y funcional es apreciable en cualquier momento y puede determinar la nulidad de lo actuado.
Acumulación de acciones, procesos y recursos
La LRJS permite acumular en una demanda todas las acciones que el actor tenga contra un mismo demandado, siempre que no deban seguir procedimientos de distinto tipo ni existan excepciones legales (por ejemplo, el despido y la reclamación de cantidad no siempre pueden acumularse), así como acumular procesos pendientes ante el mismo órgano, con conexión directa, para evitar resoluciones contradictorias. La acumulación puede ser de oficio o a instancia de parte.
Representación y defensa: la postulación
El proceso laboral flexibiliza la postulación: en la instancia las partes pueden comparecer por sí mismas o conferir su representación a procurador, graduado social colegiado o cualquier persona con plena capacidad civil (art. 18 LRJS), sin que la asistencia de abogado sea preceptiva en la instancia. La defensa técnica puede asumirla un abogado o un graduado social colegiado (art. 21 LRJS). La intervención de abogado o graduado social colegiado es necesaria en los recursos, con las reglas del art. 21. El empresario puede comparecer por sí mismo o a través de representante, aunque lo habitual es la asistencia letrada. Si una parte actúa con abogado o graduado social y la otra no, el juez puede suspender el juicio para que la parte no asistida pueda designar defensor.
Comparecencia por sí mismo del trabajador
El trabajador puede comparecer por sí mismo en el acto de la conciliación y del juicio sin necesidad de abogado, procurador ni graduado social. La LRJS prevé que, si una de las partes comparece asistida de abogado o graduado social y la otra no, el juez, a petición de esta, puede suspender el acto para que designe defensor o solicite el turno de oficio. La posibilidad es poco aconsejable en asuntos complejos.
Representación mediante graduado social
La figura del graduado social colegiado, especialista en materia laboral y de Seguridad Social, puede asumir la representación y la defensa en el proceso social, en igualdad de condiciones con el abogado en los supuestos que la ley señala (art. 21 LRJS). Constituye una especialidad propia de este orden jurisdiccional.
El Fondo de Garantía Salarial: naturaleza y funciones
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es un organismo autónomo adscrito al ministerio competente en materia de trabajo, regulado en el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) y en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento. Abona a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes cuando el empresario sea insolvente o esté declarado en concurso, hasta los límites legales. Se financia con una cotización empresarial.
Responsabilidad subsidiaria del FOGASA y sus límites
La responsabilidad del FOGASA es subsidiaria: solo opera si el empresario es insolvente o está en concurso. En cuanto a los salarios, el importe máximo es el resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente, con un máximo de ciento veinte días (art. 33.1 ET). En cuanto a las indemnizaciones por extinción del contrato (despido, causas objetivas, art. 50 ET), el límite es de treinta días por año de servicio, con un máximo de una anualidad, sin que el salario diario base de cálculo supere el doble del SMI diario (art. 33.2 ET). Existen además reglas específicas para empresas de menos de 25 trabajadores. Los límites exactos deben contrastarse con el texto vigente del art. 33 ET.
Intervención del FOGASA como parte en el proceso
Conforme al art. 23 LRJS, el trabajador puede demandar al FOGASA, además de al empresario, en las reclamaciones de cantidad y de indemnización por despido cuando concurran los presupuestos de su responsabilidad subsidiaria. El FOGASA puede comparecer como parte, oponerse a las pretensiones del trabajador cuando considere que no concurren los presupuestos de su responsabilidad o que las cantidades reclamadas no responden a lo realmente debido, y recurrir. En fase de ejecución, el reconocimiento de la insolvencia del empresario es presupuesto para que el FOGASA abone las cantidades, tras expediente administrativo.
La justicia gratuita en el orden social
Los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden social sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos (art. 2.d de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita). Es una especialidad respecto del régimen general, en el que se exige acreditar insuficiencia económica. Comprende, entre otras prestaciones, el derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador (o graduado social), la exención de depósitos y consignaciones para recurrir y la exención de tasas judiciales. Quedan fuera de este régimen las personas jurídicas empresarias, que deben acreditar los requisitos generales.
Depósitos y consignaciones para recurrir
El empresario condenado que recurra en suplicación debe consignar la cantidad objeto de condena (o aval) y constituir un depósito de 300 euros; en casación el depósito es de 600 euros (art. 229 LRJS). Están exentos los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y organismos autónomos, el Ministerio Fiscal y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (art. 229.4).
Esquema de órganos y recursos del orden social
Primera instancia (única instancia en la mayoría de procesos): Juzgados de lo Social (Secciones de lo Social del Tribunal de Instancia). Recurso de suplicación (contra sentencias de los Juzgados de lo Social, con los límites legales de cuantía y materia): Sala de lo Social del TSJ. Única instancia en conflictos colectivos y convenios: Sala de lo Social del TSJ (ámbito no superior a una Comunidad Autónoma) y Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (ámbito superior). Casación ordinaria contra sentencias de única instancia de esas Salas: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Casación para la unificación de doctrina contra sentencias de suplicación: Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Cada nivel resuelve también las cuestiones de competencia entre los órganos inferiores de su ámbito.
Partes, litisconsorcio y terceros en el proceso social
Pueden ser partes el trabajador, el empresario y, según la materia, las entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, las mutuas, las aseguradoras, el FOGASA, los representantes legales o sindicales en procesos colectivos, y los sindicatos y asociaciones empresariales con legitimación en conflictos colectivos y de impugnación de convenios. El Ministerio Fiscal interviene en los procesos en que la ley lo exige (por ejemplo, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas). Los grupos de empresas y la sucesión de empresa justifican la demanda frente a varios codemandados, y la ley impone en estos casos llamar al proceso a todos los posibles responsables para evitar sentencias inejecutables.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Norma básica: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS); LEC supletoria.
Principios del art. 74 LRJS: inmediación, oralidad, concentración y celeridad, con impulso de oficio. Antiformalismo y buena fe (art. 75).
Competencia por órganos: Juzgados de lo Social (generalidad de procesos) / TSJ (conflictos colectivos y convenios de ámbito no superior a la CCAA; suplicación) / Audiencia Nacional (ámbito superior a una CCAA) / Sala Cuarta TS (casación y casación para unificación de doctrina).
Competencia territorial general: lugar de prestación de servicios o domicilio del demandado, a elección del demandante (art. 10 LRJS).
Postulación flexible: comparecencia por sí mismo, o representante (abogado, procurador, graduado social colegiado u otra persona capaz); la intervención de graduado social colegiado es especialidad del orden social.
FOGASA: organismo autónomo; responsabilidad subsidiaria solo ante insolvencia o concurso; límites: salarios (doble del SMI diario, máximo 120 días) e indemnizaciones (30 días por año, máximo una anualidad, base máxima doble del SMI).
Justicia gratuita: trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, sin acreditar insuficiencia de recursos (art. 2.d Ley 1/1996). Exentos de consignaciones y depósitos para recurrir.
Depósitos (empresario que recurre): 300 euros en suplicación y 600 euros en casación (art. 229 LRJS).
La LO 1/2025 integra los Juzgados de lo Social en Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 74 LRJS, los órganos jurisdiccionales del orden social impulsarán los procesos:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 65 de Gestión Procesal (Justicia)?
El proceso laboral se regula en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), que sustituyó al Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y amplió el ámbito del orden jurisdiccional social. Se inspira en los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad (art. 74 LRJS), con impulso procesal de oficio y un marcado antiformalismo. Este tema abarca los órganos y reglas de competencia objetiva (Juzgados de lo Social, hoy Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia; Salas de lo Social de los TSJ; Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; Sala Cuarta del Tribunal Supremo) y territorial, la declinatoria y demás cuestiones de competencia, la representación y defensa de las partes (con la figura del graduado social colegiado), el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.
¿Qué hay que memorizar del Tema 65 para el examen?
Norma básica: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS); LEC supletoria. Principios del art. 74 LRJS: inmediación, oralidad, concentración y celeridad, con impulso de oficio. Antiformalismo y buena fe (art. 75). Competencia por órganos: Juzgados de lo Social (generalidad de procesos) / TSJ (conflictos colectivos y convenios de ámbito no superior a la CCAA; suplicación) / Audiencia Nacional (ámbito superior a una CCAA) / Sala Cuarta TS (casación y casación para unificación de doctrina). Competencia territorial general: lugar de prestación de servicios o domicilio del demandado, a elección del demandante (art. 10 LRJS). Postulación flexible: comparecencia por sí mismo, o representante (abogado, procurador, graduado social colegiado u otra persona capaz); la intervención de graduado social colegiado es especialidad del orden social. FOGASA: organismo autónomo; responsabilidad subsidiaria solo ante insolvencia o concurso; límites: salarios (doble del SMI diario, máximo 120 días) e indemnizaciones (30 días por año, máximo una anualidad, base máxima doble del SMI). Justicia gratuita: trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, sin acreditar insuficiencia de recursos (art. 2.d Ley 1/1996). Exentos de consignaciones y depósitos para recurrir. Depósitos (empresario que recurre): 300 euros en suplicación y 600 euros en casación (art. 229 LRJS). La LO 1/2025 integra los Juzgados de lo Social en Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE-A-2011-15936), arts. 1-10, 18-23, 74-75 y 229.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 33.
Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (BOE-A-1996-750), art. 2.d.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666).
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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