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Tema 38. Las medidas cautelares: Concepto. Tipos de medidas cautelares. Tramitación con audiencia y sin audiencia al demandado. Oposición a las medidas cautelares. Ejecución de las medidas cautelares. Caución y caución sustitutoria.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Las medidas cautelares (Libro III, Título VI LEC, arts. 721 a 747) tienen por finalidad asegurar la efectividad de la tutela judicial que pueda otorgarse en una sentencia futura, evitando que la duración inevitable del proceso frustre el resultado práctico del pleito. La LEC regula un sistema flexible que combina un catálogo de medidas específicas (embargo preventivo, anotación preventiva de demanda, intervención judicial, entre otras, art. 727) con una cláusula abierta que permite al tribunal adoptar las demás medidas necesarias para asegurar la efectividad de la tutela, sometiendo siempre su adopción a los presupuestos clásicos del periculum in mora (peligro por la mora procesal) y el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), así como a la prestación de caución por el solicitante (art. 728), con tramitación ordinaria previa audiencia del demandado y, excepcionalmente, sin audiencia por razones de urgencia (art. 733).

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Concepto y fundamento de las medidas cautelares

Las medidas cautelares son resoluciones judiciales de carácter instrumental y provisional dirigidas a asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia que ponga fin al proceso, evitando que el tiempo necesario para su tramitación permita al demandado hacer ineficaz un eventual pronunciamiento favorable al actor, ya sea ocultando o disponiendo de su patrimonio, ya sea consumando o perpetuando la situación de hecho que se pretende combatir mediante el proceso principal. Esta función aseguradora responde a una tensión estructural inherente a todo proceso judicial: entre la necesidad de resolver con las debidas garantías, que exige tiempo, y el riesgo de que ese mismo transcurso del tiempo frustre irremediablemente el resultado práctico de una eventual sentencia favorable al demandante diligente.

Presupuestos: periculum in mora y fumus boni iuris

La adopción de cualquier medida cautelar exige la concurrencia de dos presupuestos clásicos: el periculum in mora, es decir, el riesgo de que, mientras dure el proceso, puedan producirse situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria; y el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, esto es, una justificación inicial y provisional de la fundamentación de la pretensión que se ejercita, sin que ello suponga prejuzgar el resultado final del pleito, que solo la sentencia definitiva puede determinar. Ambos presupuestos deben concurrir de forma acumulativa, y no alternativa, correspondiendo al solicitante acreditarlos con el nivel de convicción, necesariamente inferior al exigido para una sentencia definitiva, propio de esta fase preliminar y meramente instrumental del proceso.

La caución como presupuesto de las medidas cautelares

Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante debe prestar caución suficiente para responder, de forma rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado si la sentencia definitiva resultase finalmente desestimatoria, fijando el tribunal su importe de forma razonada y pudiendo consistir en dinero en efectivo, aval bancario, o cualquier otro medio que el tribunal estime suficiente para garantizar dicha responsabilidad. Esta exigencia de caución constituye el contrapeso necesario frente a la restricción que toda medida cautelar impone sobre la esfera jurídica del demandado antes de que exista una sentencia firme que confirme la razón del demandante, garantizando así un cierto equilibrio entre ambas partes durante la fase de pendencia del proceso principal.

Instrumentalidad, provisionalidad y variabilidad de las medidas cautelares

Las medidas cautelares son instrumentales, porque su existencia está siempre subordinada a la de un proceso principal del que dependen y cuya efectividad pretenden asegurar; provisionales, porque su vigencia se extiende como máximo hasta que recaiga sentencia firme en dicho proceso principal; y variables, en cuanto pueden ser modificadas o alzadas si cambian las circunstancias que determinaron su adopción, no gozando por tanto de la estabilidad propia de una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. Estos tres caracteres, que definen conjuntamente la naturaleza jurídica de toda medida cautelar, explican por qué su resolución de adopción, aunque motivada, nunca produce efectos de cosa juzgada material, permaneciendo siempre abierta a revisión mientras subsista la pendencia del proceso principal al que sirve.

Momento procesal para solicitar las medidas cautelares

Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de la interposición de la demanda (medidas previas), junto con ella (medidas coetáneas), o durante la pendencia del proceso principal ya iniciado (medidas posteriores), pudiendo incluso solicitarse durante la sustanciación de un recurso, si bien la vía más habitual en la práctica es la solicitud coetánea a la demanda, precisamente para que el demandado conozca desde el primer momento la pretensión cautelar y pueda oponerse a ella conforme al procedimiento legalmente previsto. Esta amplitud temporal en la posibilidad de solicitar medidas cautelares refleja la vocación de esta institución de adaptarse a cualquier momento en que surja la necesidad de proteger la efectividad de la futura sentencia, sin quedar limitada a una única y rígida oportunidad procesal predeterminada por la ley.

Medidas cautelares previas a la demanda

Cuando se solicitan antes de la demanda, el solicitante debe justificar las razones de urgencia o necesidad que le impiden aguardar a su presentación, y, adoptada la medida, debe presentar la demanda dentro de los veinte días siguientes ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud cautelar, bajo pena de que las medidas queden automáticamente sin efecto y de que el solicitante responda de los daños y perjuicios causados al demandado, así como de las costas del procedimiento cautelar. Esta caducidad automática de las medidas previas si no se presenta la demanda en plazo constituye una garantía imprescindible frente a un eventual uso desviado de este mecanismo como instrumento de presión autónomo, desvinculado de la verdadera voluntad de sostener después un litigio principal sobre el fondo del asunto.

Medidas cautelares coetáneas a la demanda

Cuando se solicitan junto con la demanda, la petición cautelar se formula en escrito separado o en un otrosí de la propia demanda, tramitándose el correspondiente procedimiento cautelar de forma paralela (aunque no idéntica) al del proceso principal, sin que la pendencia de la pieza cautelar suspenda ni interfiera en el curso ordinario del proceso declarativo, que continúa su tramitación con independencia del resultado de la solicitud cautelar formulada. Esta independencia procesal entre la pieza cautelar y el proceso principal, tramitados en paralelo sin interferencias mutuas, permite que el tribunal resuelva sobre la procedencia de la medida cautelar con la celeridad que su propia naturaleza urgente exige, sin verse condicionado por los tiempos, necesariamente más dilatados, del proceso declarativo de fondo.

Medidas cautelares posteriores a la demanda

También pueden solicitarse medidas cautelares en cualquier momento posterior a la interposición de la demanda mientras el proceso principal está pendiente, justificando el solicitante que la necesidad de la medida ha surgido o se ha hecho patente con posterioridad al momento en que pudo solicitarla inicialmente, siguiendo en lo demás el mismo procedimiento contradictorio previsto con carácter general para la adopción de medidas cautelares con audiencia del demandado. Esta exigencia de justificar por qué la necesidad de la medida ha surgido o se ha hecho patente con posterioridad evita que el solicitante utilice esta vía tardía como forma de eludir el trámite contradictorio más riguroso que se aplicaría si hubiera solicitado la medida ya desde el inicio del proceso principal.

Competencia para conocer de las medidas cautelares

Es competente para conocer de la solicitud de medidas cautelares el tribunal que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si la solicitud es previa a la demanda, el que sea competente para conocer de esta (art. 723 LEC), debiendo aplicarse las mismas reglas de competencia objetiva y territorial que rigen el proceso principal; el tribunal examina de oficio su competencia, y las reglas específicas aplicables cuando el asunto está pendiente de recurso se encuentran en el propio art. 723 y en los preceptos que lo desarrollan. Esta regla de atribución competencial, vinculada al órgano que conoce del asunto principal, evita la dispersión de competencias y garantiza la coherencia entre lo resuelto en sede cautelar y el desarrollo posterior del proceso de fondo. Tras la LO 1/2025, el órgano de primera instancia civil es la Sección Civil del Tribunal de Instancia.

Tipos de medidas cautelares específicas (art. 727 LEC)

El art. 727 LEC contiene una enumeración no exhaustiva de medidas cautelares específicas que pueden acordarse, entre ellas: el embargo preventivo de bienes; la intervención o administración judicial de bienes productivos; el depósito de cosa mueble; la formación de inventarios de bienes; la anotación preventiva de demanda y otras anotaciones registrales; la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la intervención y depósito de ingresos por explotación de derechos de propiedad intelectual e industrial; y el depósito y retención de objetos, entre otras que la propia ley permite ampliar mediante la cláusula de medidas cautelares innominadas. Este catálogo, deliberadamente abierto y no cerrado, refleja la voluntad del legislador de dotar al sistema cautelar de la máxima capacidad de adaptación posible a la enorme variedad de situaciones fácticas y de riesgos concretos que pueden presentarse en la práctica forense cotidiana.

El embargo preventivo de bienes

El embargo preventivo asegura la efectividad de una futura sentencia de condena dineraria, permitiendo trabar bienes del demandado con anterioridad a que exista un título ejecutivo firme, de manera que, si la sentencia es finalmente estimatoria, el embargo cautelar se convierte en embargo ejecutivo sin necesidad de repetir la traba, mientras que si la demanda es desestimada, el embargo preventivo se alza con las consecuencias resarcitorias que procedan a cargo del solicitante que hubiera actuado con temeridad o mala fe. Esta conversión automática del embargo cautelar en embargo ejecutivo, sin necesidad de repetir la traba una vez obtenida sentencia firme favorable, constituye una de las manifestaciones más claras del carácter instrumental de la tutela cautelar respecto de la posterior fase ejecutiva del proceso.

La intervención o administración judicial de bienes productivos

Esta medida permite que se confíe a un interventor o administrador judicial la gestión de bienes productivos cuando existan razones para temer que la gestión actual pueda perjudicar el derecho del solicitante o la productividad de los bienes litigiosos (por ejemplo, cuando se pretende una condena a entregar la cosa a quien acredita un interés legítimo en mantener o mejorar su productividad). La elección entre la modalidad más limitada de intervención (fiscalización de la gestión) y la más drástica de administración judicial (sustitución de los gestores) debe ajustarse siempre a un criterio de proporcionalidad, reservándose esta última para los supuestos en que la mera fiscalización resulte manifiestamente insuficiente.

El depósito de cosa mueble y la formación de inventarios de bienes

El depósito de cosa mueble consiste en poner el bien litigioso bajo la custodia de un tercero o del propio tribunal, evitando que la parte que lo posee pueda disponer de él, ocultarlo o deteriorarlo durante la pendencia del proceso; la formación de inventarios de bienes, por su parte, deja constancia fehaciente y detallada de la composición de un determinado patrimonio en un momento dado, siendo útil, por ejemplo, en litigios sobre comunidad de bienes o sobre la composición de un patrimonio cuya integridad se pretende preservar. Ambas medidas comparten una misma finalidad de preservación probatoria y patrimonial, si bien mientras el depósito implica una privación temporal de la posesión material del bien, la formación de inventario se limita a documentar su existencia y estado sin alterar necesariamente quién ostenta su posesión efectiva durante la tramitación del proceso.

La anotación preventiva de demanda

La anotación preventiva de demanda permite hacer constar en el Registro de la Propiedad (o mercantil, según proceda) la existencia de un proceso judicial que afecta a la titularidad o a las cargas de un bien inscrito, de manera que cualquier tercero que adquiera derechos sobre dicho bien con posterioridad a la anotación queda vinculado por el resultado del proceso, no pudiendo alegar la protección del tercero de buena fe que dispensa la fe pública registral frente a quien resultó vencedor en el litigio anotado. Esta medida constituye, en la práctica, una de las herramientas cautelares más eficaces disponibles en litigios sobre la propiedad o sobre derechos reales de bienes inscribibles, dado que su coste de constitución resulta modesto en comparación con la solidez de la protección que ofrece frente a terceros adquirentes de buena fe.

Otras anotaciones registrales de resoluciones judiciales

Además de la anotación preventiva de demanda, cabe solicitar como medida cautelar cualquier otra anotación registral que sirva para dar publicidad y eficacia frente a terceros a una resolución judicial dictada en el curso del proceso (por ejemplo, la anotación de una prohibición de disponer, o de la propia medida de embargo preventivo cuando recae sobre bienes inscribibles), cumpliendo todas ellas la misma función de garantizar que la eventual sentencia estimatoria no se vea frustrada por transmisiones o gravámenes posteriores realizados de mala fe. Esta pluralidad de anotaciones registrales posibles, más allá de la más conocida anotación de demanda, permite adaptar con precisión el mecanismo de publicidad cautelar al concreto contenido de la resolución judicial cuya eficacia frente a terceros se pretende garantizar en cada caso particular.

La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad

Esta medida permite ordenar al demandado que interrumpa, mientras dure el proceso, una actividad que el actor considera lesiva de sus derechos (por ejemplo, una actividad que infringe derechos de propiedad industrial o que causa una inmisión ilícita), evitando que el perjuicio derivado de dicha actividad se perpetúe o agrave durante la tramitación del pleito, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del solicitante si la medida resulta finalmente injustificada tras la sentencia. Esta medida reviste especial trascendencia práctica en litigios sobre propiedad industrial e intelectual, donde la continuación de la actividad infractora mientras se tramita el proceso principal podría generar perjuicios económicos de muy difícil o imposible reparación posterior una vez consumados en el mercado.

La intervención y depósito de ingresos por explotación de derechos de propiedad intelectual e industrial

Cuando se discute la titularidad o la licitud de la explotación de un derecho de propiedad intelectual o industrial, puede acordarse como medida cautelar la intervención de los ingresos generados por dicha explotación, o su depósito, para evitar que quien la viene realizando disponga libremente de unos beneficios cuya legitimidad está precisamente en discusión, garantizando así que, si la sentencia reconoce el derecho del actor, este pueda percibir efectivamente los ingresos que le correspondan sin necesidad de una ejecución posterior más compleja. Esta medida específica, propia de la particular naturaleza económica de los derechos de propiedad intelectual e industrial, permite conciliar la continuidad de la explotación económica del bien inmaterial en litigio con la debida protección de quien finalmente resulte reconocido como su legítimo titular.

El depósito y retención de objetos, ejemplares o instrumentos

En litigios en los que están en juego derechos sobre determinados objetos, ejemplares o instrumentos (por ejemplo, mercancía presuntamente falsificada, o maquinaria empleada en una infracción), puede ordenarse su depósito o retención cautelar, impidiendo que sigan circulando en el mercado o que se destruyan pruebas relevantes para el litigio, medida que combina así una función aseguradora del resultado del proceso con una función de conservación de fuentes de prueba. Esta doble función, aseguradora del resultado y conservadora de la prueba, resulta particularmente valiosa en litigios de propiedad industrial donde la propia mercancía o los instrumentos empleados en su fabricación constituyen, al mismo tiempo, tanto el objeto material de la pretensión de fondo como la evidencia física indispensable para acreditarla en el proceso.

Medidas cautelares innominadas o genéricas

Además del catálogo específico del art. 727 LEC, el tribunal puede acordar, a instancia de parte, cualquier otra medida no expresamente prevista en dicho catálogo que se estime necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria, siempre que concurran los presupuestos generales de toda medida cautelar (periculum in mora, fumus boni iuris, caución), reflejando esta cláusula abierta la voluntad legislativa de dotar al sistema cautelar de la máxima flexibilidad posible ante situaciones no anticipadas expresamente por el legislador. Esta cláusula residual resulta imprescindible en la práctica dado el carácter esencialmente imprevisible de muchas de las situaciones de riesgo que pueden surgir en la infinita variedad de litigios civiles, permitiendo a los tribunales adaptar creativamente la respuesta cautelar a supuestos no encajables en ninguna de las categorías específicamente tipificadas por el legislador.

Tramitación con audiencia al demandado: procedimiento general

Como regla general, la solicitud de medidas cautelares se sustancia dando audiencia previa al demandado, mediante comparecencia en la que ambas partes pueden alegar y proponer prueba sobre la procedencia de la medida solicitada, resolviendo el tribunal mediante auto motivado tras dicha comparecencia sobre la adopción, denegación o modificación de la medida cautelar interesada, garantizándose así el principio de contradicción incluso en esta fase previa al pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Esta audiencia previa, garantía esencial del derecho de defensa del demandado, permite que este pueda desde el primer momento combatir tanto la concurrencia de los presupuestos cautelares invocados por el solicitante como la propia adecuación y proporcionalidad de la concreta medida interesada frente a otras alternativas menos gravosas disponibles.

Tramitación sin audiencia al demandado: casos y requisitos

Excepcionalmente, el tribunal puede acordar la medida cautelar sin previa audiencia del demandado, e incluso sin previa notificación, cuando el solicitante así lo pida y acredite razones de urgencia o que dicha audiencia pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar (por ejemplo, porque el demandado podría aprovechar el conocimiento previo de la solicitud para frustrar su finalidad ocultando bienes o consumando una situación irreversible), debiendo el tribunal justificar expresamente en el auto las razones que motivan prescindir de dicha audiencia previa. Esta excepción, de aplicación estrictamente limitada a los supuestos verdaderamente justificados, exige del tribunal una motivación reforzada precisamente porque supone una excepción al principio general de contradicción que, con carácter ordinario, debe presidir la adopción de cualquier medida cautelar en el proceso civil.

La oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia

Cuando la medida cautelar se ha adoptado sin previa audiencia del demandado, este puede formular oposición una vez que se le notifica la resolución que la acuerda, en el plazo legalmente establecido (veinte días desde la notificación, art. 739 LEC), sin que la interposición de la oposición suspenda por sí sola la efectividad de la medida ya adoptada. Este cauce de oposición diferida, posterior a la adopción y no previo a ella, permite restablecer a posteriori el principio de contradicción sacrificado inicialmente por razones de urgencia, sin que ello suponga renunciar al derecho del demandado a combatir la medida.

La vista en la oposición a las medidas cautelares

Formulada la oposición, se convoca a las partes a una vista en la que pueden alegar cuanto convenga a su derecho y proponer y practicar la prueba pertinente sobre la procedencia o improcedencia de mantener la medida cautelar adoptada, resolviéndose finalmente mediante auto que puede confirmar, modificar o dejar sin efecto la medida inicialmente acordada, atendiendo a los mismos presupuestos generales (periculum in mora y fumus boni iuris) que rigieron su adopción inicial. Esta vista, celebrada con plena contradicción entre ambas partes ya con conocimiento pleno de la medida efectivamente adoptada, permite al tribunal reconsiderar íntegramente su decisión inicial a la luz de los nuevos elementos de alegación y prueba aportados por el demandado en su oposición.

El auto resolutorio sobre medidas cautelares y sus efectos

El auto que resuelve sobre la adopción o el mantenimiento de una medida cautelar debe motivar de forma expresa la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos, así como fijar, en su caso, la caución que debe prestar el solicitante antes de que la medida despliegue su eficacia, sin que la resolución cautelar prejuzgue en modo alguno el fondo del asunto que se resolverá definitivamente en la sentencia que ponga fin al proceso principal. Esta exigencia de motivación expresa y reforzada, distinta de la meramente formularia, resulta particularmente relevante dado que la medida cautelar puede llegar a suponer una restricción significativa sobre el patrimonio o la actividad del demandado, antes incluso de que exista un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia entre las partes.

Recursos contra la resolución sobre medidas cautelares

Contra el auto que resuelve sobre la solicitud de medidas cautelares (acordándolas o denegándolas) cabe recurso de apelación, sin que su interposición suspenda, con carácter general, la efectividad de la medida acordada (art. 736 LEC), dada la finalidad de urgencia de la institución, que se vería frustrada si su eficacia quedase en suspenso durante la tramitación del recurso. Esta falta de efecto suspensivo constituye una manifestación coherente de la lógica de urgencia que preside toda la institución cautelar.

Modificación y alzamiento de las medidas cautelares

Las medidas cautelares pueden ser modificadas o alzadas en cualquier momento del proceso si se acredita un cambio relevante en las circunstancias que determinaron su adopción, correspondiendo dicha solicitud tanto al solicitante (para pedir su ampliación o refuerzo) como al demandado (para pedir su reducción o alzamiento), tramitándose la petición con audiencia de la parte contraria y resolviéndose mediante auto motivado que valore si las nuevas circunstancias justifican efectivamente la modificación pretendida. Esta posibilidad bidireccional de modificación, disponible tanto para el solicitante como para el demandado según cuáles sean sus respectivos intereses en cada momento, refleja el carácter esencialmente variable y adaptable que la propia naturaleza cautelar exige respecto de una situación de riesgo que, por definición, puede evolucionar durante toda la pendencia del proceso.

Mantenimiento de las medidas cautelares tras la sentencia

Dictada sentencia estimatoria en primera instancia, las medidas cautelares adoptadas se mantienen, con carácter general, hasta que la sentencia adquiera firmeza, momento en el que se sustituyen por las medidas ejecutivas correspondientes; si la sentencia es recurrida, la protección cautelar puede mantenerse durante la sustanciación del recurso. Cuando el proceso termina por sentencia absolutoria o de cualquier otro modo que ponga de manifiesto que la medida no estaba justificada, procede su alzamiento, con las consecuencias resarcitorias sobre la caución que se explican en el último punto del tema.

Ejecución de las medidas cautelares acordadas

Las medidas cautelares se ejecutan de oficio por el propio tribunal que las acuerda, sin necesidad de que el solicitante inste un procedimiento de ejecución autónomo, aplicándose para su práctica material las normas correspondientes a la ejecución forzosa según el tipo de medida de que se trate (por ejemplo, las reglas del embargo para el embargo preventivo), con la particularidad de que la ejecución cautelar debe llevarse a cabo con la máxima celeridad, dada la finalidad de urgencia que la propia medida persigue. Esta ejecución de oficio, sin necesidad de un procedimiento ejecutivo autónomo, agiliza notablemente la puesta en práctica material de la medida cautelar, coherentemente con la propia lógica de urgencia que justifica su adopción frente al riesgo inminente de frustración de la futura sentencia.

La caución sustitutoria: concepto y efectos

El demandado puede evitar la adopción de la medida cautelar solicitada, o obtener su alzamiento una vez acordada, ofreciendo y prestando una caución sustitutoria suficiente para garantizar, con la misma eficacia que la medida cautelar, el cumplimiento de la sentencia que en su día se dicte, siendo esta una vía que permite al demandado continuar disponiendo libremente de su patrimonio (evitando así el embargo o la restricción correspondiente) a cambio de ofrecer una garantía alternativa que satisfaga igualmente el interés protegido por la medida cautelar. Esta alternativa, beneficiosa para ambas partes en muchos casos, permite al demandado mantener intacta su libertad de disposición patrimonial sin necesidad de sufrir las restricciones propias de un embargo u otra medida más intrusiva, siempre que ofrezca una garantía económica equivalente que satisfaga plenamente la finalidad protectora perseguida por el solicitante.

Responsabilidad por los daños causados por la medida cautelar

Si el proceso principal termina con una sentencia absolutoria del demandado, o de cualquier otro modo que ponga de manifiesto que la medida cautelar no estaba justificada, el demandado puede reclamar contra el solicitante los daños y perjuicios que la medida le hubiera causado, resarciéndose con cargo a la caución prestada por este; si la caución resultase insuficiente, puede reclamar el resto por la vía procesal que la ley prevea, sin perjuicio de la responsabilidad adicional en que pudiera incurrir el solicitante que hubiera actuado con temeridad o mala fe. La caución actúa, por tanto, como garantía previa de ese resarcimiento y contrapeso de la restricción impuesta al demandado antes de que exista sentencia firme.

Características legales de las medidas: conexión, idoneidad y proporcionalidad

Según el art. 726 LEC, las medidas cautelares han de ser exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria, de modo que esta no resulte impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso, y no deben ser susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz pero menos gravosa o perjudicial para el demandado. De ello derivan los principios de idoneidad (la medida debe servir para asegurar la sentencia), de necesidad o menor onerosidad (no debe poder sustituirse por otra menos gravosa) y de conexión con el objeto del proceso. La tutela cautelar se considera integrada en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, según la doctrina del Tribunal Constitucional.

Medidas cautelares en conflictos societarios: la suspensión de acuerdos sociales

El art. 727 LEC incluye entre las medidas específicas la suspensión de acuerdos sociales impugnados, que se admite cuando los demandantes representen un porcentaje mínimo del capital social fijado por la ley (con umbral más reducido en sociedades cotizadas), y es una de las medidas con mayor trascendencia práctica en el ámbito mercantil. Junto a ella pueden adoptarse la anotación preventiva de la demanda de impugnación y la intervención o administración judicial. El tribunal valora especialmente la proporcionalidad, dado el grave efecto que la suspensión puede tener en la vida social.

Medidas cautelares y figuras afines: no confundir

Medidas cautelares: aseguran la efectividad de la sentencia futura y exigen fumus, periculum y caución. Diligencias preliminares (arts. 256 a 263 LEC): actuaciones previas a la demanda para preparar el proceso, no aseguran el resultado. Aseguramiento de la prueba (art. 297 LEC): conserva fuentes de prueba en riesgo de desaparecer, no los bienes ni la efectividad de la sentencia. Ejecución provisional: ejecución de una sentencia ya dictada aunque no sea firme. Medidas provisionales en procesos matrimoniales y de familia (arts. 771 a 773 LEC): regulan la situación de los cónyuges, hijos y bienes durante el proceso y se rigen por su propia regulación, sin caución del régimen cautelar. Embargo preventivo: mero aseguramiento de la futura ejecución que se transforma en ejecutivo con la sentencia firme.

Medidas cautelares en otros órdenes y en el arbitraje

En el orden contencioso-administrativo las medidas cautelares se rigen por los arts. 129 a 136 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: pueden adoptarse cuantas aseguren la efectividad de la sentencia, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, y se prevén medidas cautelarísimas inaudita parte en casos de especial urgencia (art. 135). En el arbitraje, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, faculta a los árbitros para acordar las medidas cautelares que estimen necesarias (art. 23) y declara que el convenio arbitral no impide solicitar de un tribunal medidas cautelares antes o durante las actuaciones arbitrales (art. 11.3).

Esquema del procedimiento cautelar

1) Solicitud con razonamiento de periculum, fumus y propuesta de caución, antes de la demanda (art. 730 LEC, con deber de presentar la demanda en veinte días), con la demanda o después. 2) Admisión y, por regla, convocatoria a vista con audiencia del demandado (art. 733); excepcionalmente, auto sin audiencia si hay urgencia o riesgo para el buen fin de la medida. 3) Auto motivado fijando la medida y la caución (art. 728.3), que debe prestarse antes de que la medida se ejecute. 4) Ejecución de oficio. 5) Si fue sin audiencia, oposición diferida (art. 739) y vista. 6) Apelación sin efecto suspensivo (art. 736). 7) Posible caución sustitutoria ofrecida por el demandado. 8) Alzamiento al finalizar el proceso con absolución y eventual reclamación de daños sobre la caución.

Caución: modalidades y fijación

El tribunal fija el importe de la caución de forma razonada, atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración del fundamento de la solicitud (arts. 728.3 y 529.3 LEC). Puede prestarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate. La caución del solicitante (para adoptar la medida) debe distinguirse de la caución sustitutoria del demandado (para evitarla o alzarla), de finalidad opuesta.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Presupuestos de toda medida cautelar: periculum in mora, fumus boni iuris y prestación de caución por el solicitante.
  • Caracteres: instrumentalidad (dependen de un proceso principal), provisionalidad (hasta la sentencia firme) y variabilidad (modificables si cambian las circunstancias).
  • Se pueden pedir antes de la demanda (con obligación de presentarla en 20 días, bajo pena de caducidad automática de la medida), junto con ella, o durante el proceso e incluso en fase de recurso.
  • El art. 727 LEC contiene un catálogo NO exhaustivo de medidas específicas (embargo preventivo, intervención/administración judicial, anotación preventiva de demanda, cese provisional de actividad...), completado por la cláusula de medidas innominadas.
  • Regla general: audiencia previa al demandado; excepcionalmente, sin audiencia (inaudita parte) por razones de urgencia o riesgo de frustración de la medida, con oposición posterior del demandado ya notificado.
  • El recurso de apelación contra el auto sobre medidas cautelares NO suspende, con carácter general, su efectividad.
  • El demandado puede evitar o levantar la medida cautelar ofreciendo caución sustitutoria suficiente.
  • Si la sentencia final es absolutoria, el demandado puede reclamar contra el solicitante los daños causados por la medida, resarciéndose primero con la caución prestada.
  • Competencia: tribunal que conoce del asunto en primera instancia o, si es previa, el competente para la demanda (art. 723 LEC).
  • Medidas previas: la demanda debe presentarse en veinte días desde su adopción; si no, quedan sin efecto, con condena en costas y daños (art. 730 LEC).
  • Art. 726 LEC: la medida ha de ser conducente a la efectividad de la sentencia y no sustituible por otra menos gravosa (proporcionalidad).
  • Art. 728 LEC: periculum in mora, fumus boni iuris y caución; los tres deben concurrir.
  • Audiencia previa como regla y auto sin audiencia como excepción (art. 733 LEC); oposición diferida en veinte días (art. 739 LEC).
  • Apelación contra el auto cautelar sin efecto suspensivo (art. 736 LEC).
  • Medidas provisionales de familia (arts. 771-773 LEC) no son medidas cautelares en sentido estricto.
  • Caución del solicitante frente a caución sustitutoria del demandado: finalidades opuestas.
  • Aseguramiento de prueba (art. 297) y diligencias preliminares (arts. 256-263) no son medidas cautelares.
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Son presupuestos de toda medida cautelar en la LEC:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 38 de Gestión Procesal (Justicia)?

Las medidas cautelares (Libro III, Título VI LEC, arts. 721 a 747) tienen por finalidad asegurar la efectividad de la tutela judicial que pueda otorgarse en una sentencia futura, evitando que la duración inevitable del proceso frustre el resultado práctico del pleito. La LEC regula un sistema flexible que combina un catálogo de medidas específicas (embargo preventivo, anotación preventiva de demanda, intervención judicial, entre otras, art. 727) con una cláusula abierta que permite al tribunal adoptar las demás medidas necesarias para asegurar la efectividad de la tutela, sometiendo siempre su adopción a los presupuestos clásicos del periculum in mora (peligro por la mora procesal) y el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), así como a la prestación de caución por el solicitante (art. 728), con tramitación ordinaria previa audiencia del demandado y, excepcionalmente, sin audiencia por razones de urgencia (art. 733).

¿Qué hay que memorizar del Tema 38 para el examen?

Presupuestos de toda medida cautelar: periculum in mora, fumus boni iuris y prestación de caución por el solicitante. Caracteres: instrumentalidad (dependen de un proceso principal), provisionalidad (hasta la sentencia firme) y variabilidad (modificables si cambian las circunstancias). Se pueden pedir antes de la demanda (con obligación de presentarla en 20 días, bajo pena de caducidad automática de la medida), junto con ella, o durante el proceso e incluso en fase de recurso. El art. 727 LEC contiene un catálogo NO exhaustivo de medidas específicas (embargo preventivo, intervención/administración judicial, anotación preventiva de demanda, cese provisional de actividad...), completado por la cláusula de medidas innominadas. Regla general: audiencia previa al demandado; excepcionalmente, sin audiencia (inaudita parte) por razones de urgencia o riesgo de frustración de la medida, con oposición posterior del demandado ya notificado. El recurso de apelación contra el auto sobre medidas cautelares NO suspende, con carácter general, su efectividad. El demandado puede evitar o levantar la medida cautelar ofreciendo caución sustitutoria suficiente. Si la sentencia final es absolutoria, el demandado puede reclamar contra el solicitante los daños causados por la medida, resarciéndose primero con la caución prestada. Competencia: tribunal que conoce del asunto en primera instancia o, si es previa, el competente para la demanda (art. 723 LEC). Medidas previas: la demanda debe presentarse en veinte días desde su adopción; si no, quedan sin efecto, con condena en costas y daños (art. 730 LEC). Art. 726 LEC: la medida ha de ser conducente a la efectividad de la sentencia y no sustituible por otra menos gravosa (proporcionalidad). Art. 728 LEC: periculum in mora, fumus boni iuris y caución; los tres deben concurrir. Audiencia previa como regla y auto sin audiencia como excepción (art. 733 LEC); oposición diferida en veinte días (art. 739 LEC). Apelación contra el auto cautelar sin efecto suspensivo (art. 736 LEC). Medidas provisionales de familia (arts. 771-773 LEC) no son medidas cautelares en sentido estricto. Caución del solicitante frente a caución sustitutoria del demandado: finalidades opuestas. Aseguramiento de prueba (art. 297) y diligencias preliminares (arts. 256-263) no son medidas cautelares.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323): Libro III, Título VI, arts. 721 a 747; arts. 256 a 263, 297, 529 y 771 a 773.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 129 a 136.
  • Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, arts. 11 y 23.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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