Tema 59. Recurso contencioso-administrativo: Diligencias preliminares. Interposición del recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El procedimiento contencioso-administrativo ordinario (arts. 43 a 77 LJCA) se inicia con unas diligencias preliminares propias de los litigios interadministrativos (declaración de lesividad, art. 43, y requerimiento previo, art. 44) y continúa con la interposición del recurso mediante un escrito sucinto (art. 45) dentro de plazo (art. 46), la reclamación y remisión del expediente administrativo (art. 48), el emplazamiento de los demandados e interesados (art. 49), la publicación del anuncio de interposición (art. 47) y el control de admisibilidad (art. 51). Plazos esenciales: dos meses para actos expresos y disposiciones, seis meses para actos presuntos, veinte días para remitir el expediente, nueve días para personarse y diez días para subsanar defectos. Este trámite inicial es previo a la demanda y la contestación (tema 60).
Esquema del procedimiento ordinario y fase inicial
El procedimiento en primera o única instancia se desarrolla en estas fases: (1) diligencias preliminares (arts. 43 y 44); (2) iniciación: escrito de interposición (arts. 45 a 47); (3) reclamación del expediente administrativo y emplazamiento de los interesados (arts. 48 y 49); (4) admisión o inadmisión (art. 51); (5) demanda (art. 52) y contestación (art. 54), con alegaciones previas (art. 58); (6) prueba (arts. 60 y 61); (7) vista o conclusiones (arts. 62 a 64); (8) sentencia (arts. 67 y ss.). La reforma procesal hace que numerosos trámites sean competencia del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y que la presentación de escritos sea electrónica para los profesionales (art. 273 LEC).
Diligencias preliminares I: el recurso de lesividad (art. 43 LJCA)
Cuando una Administración Pública pretenda demandar la anulación ante este orden de un acto suyo previamente declarado lesivo para el interés público, el escrito de interposición debe ir acompañado de la declaración de lesividad, y la Administración debe emplazar o dar a conocer el recurso a quienes aparezcan como interesados en el procedimiento. La declaración exige audiencia de los interesados, no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y el procedimiento caduca a los seis meses desde su iniciación (art. 107.2 Ley 39/2015). El recurso contencioso se interpone en el plazo de dos meses desde la declaración de lesividad. La lesividad solo cabe respecto de actos anulables; los actos nulos de pleno derecho se revisan de oficio (art. 106 Ley 39/2015).
Diligencias preliminares II: el requerimiento previo entre Administraciones (art. 44 LJCA)
En los litigios entre Administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa (art. 44.1). Cuando una Administración vaya a interponer recurso contencioso-administrativo contra otra, puede requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. El requerimiento debe dirigirse al órgano competente dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la norma o a la fecha en que la Administración interesada hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. Se entiende rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contesta. Con requerimiento previo, el plazo para interponer el recurso es de dos meses desde la comunicación del acuerdo expreso de rechazo o desde que se entienda presuntamente rechazado. Error de examen: la ley emplea una fórmula facultativa (puede requerirla), no una obligación general; existen supuestos con régimen específico (como el control de actos de entidades locales en los arts. 65 y 66 LBRL). Se trata de una vía distinta del conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Iniciación: el escrito de interposición y sus requisitos (art. 45 LJCA)
El recurso se inicia por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando la ley disponga otra cosa (art. 45.1). No se fundamenta jurídicamente ni se identifican las pretensiones: eso se reserva para la demanda, una vez el recurrente conoce el expediente. Documentos que deben acompañarse (art. 45.2): el documento que acredite la representación del compareciente; la copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente o del periódico oficial en que se publicó; si se recurre la inactividad o la vía de hecho, el órgano o dependencia al que se atribuya y los datos que permitan identificar el objeto; el documento que acredite la legitimación cuando se ostente por transmisión; y el que acredite el cumplimiento de los requisitos estatutarios de las personas jurídicas. Examen y subsanación (art. 45.3): el LAJ examina de oficio la validez de la comparecencia; si advierte defectos, requiere su subsanación en el plazo de diez días, y el órgano puede declarar la inadmisión si no se subsanan.
Plazo general de interposición (art. 46.1 LJCA)
El plazo para interponer el recurso es de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fueran expresos. Es un plazo de caducidad, improrrogable, que el tribunal puede apreciar de oficio. El mes de agosto no corre para este plazo, salvo en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales (art. 128.2 LJCA). La presentación puede realizarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5 LEC). Si el interesado interpuso el recurso potestativo de reposición, el plazo contencioso no empieza hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta del recurso.
Plazo frente a actos presuntos, inactividad, vía de hecho y disposiciones generales
Actos presuntos (art. 46.1): seis meses, contados, para el solicitante y otros posibles interesados, desde el día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Inactividad (art. 46.2): dos meses desde el día siguiente al vencimiento de los plazos del art. 29 (tres meses desde la reclamación en la inactividad prestacional, y un mes desde la solicitud de ejecución de actos firmes). Vía de hecho (art. 46.3): veinte días desde el inicio de la actuación si no hubo requerimiento; si lo hubo, diez días desde el día siguiente a la finalización del plazo para atenderlo o desde su desestimación presunta. Disposiciones generales: recurso directo, dos meses desde la publicación; recurso indirecto (art. 26), dos meses desde la notificación o publicación del acto de aplicación, con independencia de que hubiera transcurrido el plazo del recurso directo. Recurso de lesividad: dos meses desde la declaración. Matiz: la doctrina constitucional limita la preclusión por silencio negativo, pues el silencio no puede perjudicar al ciudadano; en la práctica, la extemporaneidad frente a un acto presunto se aprecia con criterio restrictivo.
El anuncio de interposición del recurso (art. 47 LJCA)
Cuando el recurso se dirige contra una disposición de carácter general o contra un acto que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, se ordena publicar el anuncio de su interposición en el periódico oficial correspondiente (aquel en que se hubiera publicado la disposición, para las disposiciones generales), con el fin de que quienes tengan interés puedan personarse como parte. La publicación evita tener que emplazar individualmente a destinatarios que no pueden identificarse. Si el recurso se dirige contra actos de efectos individuales, el emplazamiento se hace en forma personal a quienes consten en el expediente.
La reclamación del expediente administrativo (art. 48 LJCA)
Subsanado, en su caso, el escrito de interposición, el LAJ requiere a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo. La resolución se notifica a la Administración en los cinco días siguientes a su adopción. El expediente (art. 70 Ley 39/2015: conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa) se remite original o en copia autentificada, completo, foliado y, en su caso, acompañado de un índice de los documentos que contenga, en el plazo improrrogable de veinte días desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano al que se dirija. La Administración conserva siempre copia. Con el expediente se remiten las notificaciones para emplazamiento y la identificación de los interesados. El expediente es la pieza fundamental del proceso: el demandante lo examina antes de formular la demanda.
Incumplimiento de la remisión del expediente
Si el expediente no se remite en plazo, el órgano jurisdiccional reitera la petición, apercibiendo a la autoridad o empleado responsable con la imposición de multas coercitivas (art. 48) y la deducción de testimonio por posible responsabilidad penal o disciplinaria; el incumplimiento no puede perjudicar al recurrente ni paralizar el proceso, que puede seguir con los elementos de que disponga el tribunal. El demandante puede, además, pedir que se complete un expediente incompleto o que no esté debidamente foliado.
El emplazamiento de los demandados (art. 49 LJCA)
La resolución que acuerda remitir el expediente se notifica a la Administración y, para su personación, se emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el expediente, a fin de que puedan comparecer como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se hace conforme a la LEC y, cuando se ignore el lugar de notificación o se hubiese intentado sin éxito, mediante publicación en el periódico oficial. La Administración autora del acto está obligada a comparecer a través de su representación procesal (Abogacía del Estado, letrados autonómicos o locales). Quienes se personen fuera de plazo son tenidos por parte sin que el procedimiento retroceda ni se interrumpa; si no comparecen, el proceso continúa sin necesidad de volver a citarles. No es cierto que a los no comparecientes se les tenga por parte "a los solos efectos de notificar la sentencia".
Los codemandados e interesados
Son codemandados las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación del recurso (adjudicatario del contrato impugnado por otro licitador, titular de la licencia recurrida por un tercero) y las aseguradoras de la Administración (art. 21 LJCA). Se emplazan personalmente si constan en el expediente. Desde el momento de su personación actúan con la defensa y representación exigida en este orden (art. 23), pueden alegar, proponer prueba y recurrir. Los coadyuvantes no son parte demandada principal: apoyan la posición de la Administración.
La admisión del recurso y la inadmisión manifiesta (art. 51 LJCA)
El Juzgado o Sala puede, por auto y previa audiencia de las partes, declarar no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto: (a) que el órgano carece de jurisdicción o competencia; (b) que el escrito se ha interpuesto por persona incapaz, no representada o no legitimada; (c) que se refiere a disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación; (d) que existe cosa juzgada o litispendencia; (e) que el escrito inicial se presentó fuera del plazo establecido. Si no concurre inadmisión manifiesta, el recurso se admite y el proceso continúa. La admisión suele ser implícita, pues se sigue adelante con la reclamación del expediente, y los motivos de inadmisibilidad no apreciados pueden plantearse por la parte demandada y resolverse en sentencia (art. 69).
Causas de inadmisibilidad (art. 69 LJCA) y su alegación
La sentencia declara la inadmisibilidad del recurso cuando concurre alguna de estas causas: (a) falta de jurisdicción o incompetencia del órgano; (b) incapacidad, falta de representación o de legitimación del recurrente; (c) recurso dirigido contra disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación; (d) haber recaído sentencia firme sobre el fondo en pleito pendiente, o litispendencia o cosa juzgada; (e) presentación del escrito inicial fuera del plazo establecido. Las demandadas pueden plantearlas como alegaciones previas (art. 58) o en la contestación a la demanda; el tribunal puede apreciar de oficio las que sean de orden público, previa audiencia de las partes sobre la causa que advierta (el trámite del art. 51.2 evita sorpresas). El defecto subsanable debe dar lugar a un requerimiento de subsanación antes de la inadmisión.
Recursos frente a la inadmisión y la resolución del LAJ
Contra el auto de inadmisión dictado por un Juzgado cabe recurso de apelación (art. 81, según su recurribilidad) y, si lo dicta una Sala en única instancia, recurso de reposición y, en su caso, casación con interés casacional (arts. 86 y ss.). Las resoluciones del LAJ (decretos y diligencias de ordenación) son recurribles en reposición y revisión (art. 102 bis LJCA). Contra los autos que resuelven la reposición no cabe recurso. Si el acto fue inadmitido por causa subsanable y el plazo no ha transcurrido, el recurrente puede volver a interponer el recurso.
Medidas cautelares y cuestiones conexas en la fase inicial
Desde la interposición del recurso el interesado puede solicitar medidas cautelares (arts. 129 y ss. LJCA), por regla general en pieza separada, y excepcionalmente medidas cautelarísimas sin audiencia de la contraparte cuando concurran circunstancias de especial urgencia (art. 135). Criterio general: periculum in mora (que la ejecución haga perder su finalidad legítima al recurso) y ponderación de los intereses en conflicto (art. 130). La presentación del recurso no suspende por sí misma la ejecutividad del acto. También es posible la acumulación de pretensiones o de recursos conexos (arts. 34 a 38).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Diligencias preliminares: lesividad (art. 43) y requerimiento previo entre Administraciones (art. 44): potestativo, dirigido en dos meses; se entiende rechazado si no se contesta en un mes.
Escrito de interposición (art. 45): sucinto; identifica el acto o disposición y pide que se tenga por interpuesto; se acompañan representación, acto impugnado y documentos de legitimación; subsanación en diez días.
Plazos de interposición (art. 46): dos meses (expresos y disposiciones); seis meses (actos presuntos); dos meses desde el vencimiento de los plazos del art. 29 (inactividad); veinte días en la vía de hecho sin requerimiento; agosto inhábil (art. 128.2).
Anuncio de interposición (art. 47): cuando el objeto es una disposición general o un acto que afecta a una pluralidad indeterminada de personas.
Expediente administrativo (art. 48): completo, foliado y con índice; plazo improrrogable de veinte días; la Administración conserva copia; multas coercitivas si no se remite.
Emplazamiento (art. 49): interesados y demandados, nueve días para personarse; quien comparece fuera de plazo es tenido por parte sin retroceso del procedimiento.
Inadmisión manifiesta (art. 51): por auto, previa audiencia, cuando consta de modo inequívoco y manifiesto una de las causas (jurisdicción/competencia, capacidad/representación/legitimación, objeto no impugnable, cosa juzgada/litispendencia, extemporaneidad).
Causas de inadmisibilidad en sentencia (art. 69): las mismas cinco; alegables como previas (art. 58) o en la contestación.
El expediente administrativo (art. 70 Ley 39/2015) es la pieza clave del proceso: se entrega al demandante para formular la demanda en veinte días (art. 52).
Presentación electrónica obligatoria para profesionales (art. 273 LEC); escritos hasta las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento (art. 135.5 LEC).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Contra un acto presunto el plazo de interposición del recurso es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 59 de Gestión Procesal (Justicia)?
El procedimiento contencioso-administrativo ordinario (arts. 43 a 77 LJCA) se inicia con unas diligencias preliminares propias de los litigios interadministrativos (declaración de lesividad, art. 43, y requerimiento previo, art. 44) y continúa con la interposición del recurso mediante un escrito sucinto (art. 45) dentro de plazo (art. 46), la reclamación y remisión del expediente administrativo (art. 48), el emplazamiento de los demandados e interesados (art. 49), la publicación del anuncio de interposición (art. 47) y el control de admisibilidad (art. 51). Plazos esenciales: dos meses para actos expresos y disposiciones, seis meses para actos presuntos, veinte días para remitir el expediente, nueve días para personarse y diez días para subsanar defectos. Este trámite inicial es previo a la demanda y la contestación (tema 60).
¿Qué hay que memorizar del Tema 59 para el examen?
Diligencias preliminares: lesividad (art. 43) y requerimiento previo entre Administraciones (art. 44): potestativo, dirigido en dos meses; se entiende rechazado si no se contesta en un mes. Escrito de interposición (art. 45): sucinto; identifica el acto o disposición y pide que se tenga por interpuesto; se acompañan representación, acto impugnado y documentos de legitimación; subsanación en diez días. Plazos de interposición (art. 46): dos meses (expresos y disposiciones); seis meses (actos presuntos); dos meses desde el vencimiento de los plazos del art. 29 (inactividad); veinte días en la vía de hecho sin requerimiento; agosto inhábil (art. 128.2). Anuncio de interposición (art. 47): cuando el objeto es una disposición general o un acto que afecta a una pluralidad indeterminada de personas. Expediente administrativo (art. 48): completo, foliado y con índice; plazo improrrogable de veinte días; la Administración conserva copia; multas coercitivas si no se remite. Emplazamiento (art. 49): interesados y demandados, nueve días para personarse; quien comparece fuera de plazo es tenido por parte sin retroceso del procedimiento. Inadmisión manifiesta (art. 51): por auto, previa audiencia, cuando consta de modo inequívoco y manifiesto una de las causas (jurisdicción/competencia, capacidad/representación/legitimación, objeto no impugnable, cosa juzgada/litispendencia, extemporaneidad). Causas de inadmisibilidad en sentencia (art. 69): las mismas cinco; alegables como previas (art. 58) o en la contestación. El expediente administrativo (art. 70 Ley 39/2015) es la pieza clave del proceso: se entrega al demandante para formular la demanda en veinte días (art. 52). Presentación electrónica obligatoria para profesionales (art. 273 LEC); escritos hasta las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento (art. 135.5 LEC).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: arts. 43 a 51, 58, 69, 102 bis, 128
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: arts. 70, 106 y 107
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: arts. 65 y 66
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: arts. 135 y 273
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
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