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Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Organización administrativa española: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales. La Administración periférica del Estado. Los Delegados de Gobierno en la Comunidad Autónoma y los Subdelegados de Gobierno. La Secretaría de Estado de Justicia: Principales competencias.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El Título IV de la Constitución regula el Gobierno y la Administración. Este tema desarrolla la posición del Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, la responsabilidad del Gobierno y su cese, la organización de la Administración General del Estado (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales), la Administración periférica (Delegados y Subdelegados del Gobierno) y, con especial atención por su vinculación directa a la oposición, las competencias de la Secretaría de Estado de Justicia dentro del Ministerio al que pertenece.

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El Gobierno en la Constitución (Título IV, arts. 97-107 CE)

El Título IV agrupa el régimen del Gobierno y de la Administración: art. 97 (funciones del Gobierno), art. 98 (composición y estatuto), art. 99 (investidura), art. 100 (nombramiento y cese de los demás miembros), art. 101 (cese del Gobierno y Gobierno en funciones), art. 102 (responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno), art. 103 (principios de actuación de la Administración), art. 104 (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), art. 105 (audiencia y acceso a archivos), art. 106 (control judicial de la actuación administrativa) y art. 107 (Consejo de Estado). El art. 97 atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, desarrolla su organización y funcionamiento.

El Presidente del Gobierno (arts. 98-99 CE; Ley 50/1997)

El Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE). El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión (art. 98.2); los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3). El Presidente es propuesto por el Rey, tras consultar con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, e investido por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en una segunda, transcurridas 48 horas (art. 99). Entre sus funciones, además de dirigir la acción del Gobierno, figuran convocar y presidir el Consejo de Ministros y fijar su orden del día, plantear ante el Congreso la cuestión de confianza (art. 112), proponer al Rey la disolución de las Cámaras (art. 115), proponer la convocatoria de referéndum consultivo (art. 92), interponer el recurso de inconstitucionalidad (art. 162) y proponer el nombramiento y cese de los Ministros (art. 100); puede ser objeto de una moción de censura constructiva (art. 113, que incluye candidato alternativo). El Presidente es refrendante de los actos del Rey (art. 64). Los Vicepresidentes y los Ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno. El estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos se regulan en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

La investidura del Presidente del Gobierno (art. 99 CE)

Tras cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionalmente previstos, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato expone ante el Congreso su programa político y solicita la confianza de la Cámara; si la obtiene por mayoría absoluta en primera votación, el Rey le nombra; si no la obtiene, se procede a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando entonces la mayoría simple. Si no se otorga la confianza, se tramitan sucesivas propuestas; si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. El nombramiento del Presidente se refrenda por el Presidente del Congreso (art. 64.1).

Cese del Gobierno y Gobierno en funciones (arts. 101 y 114 CE; art. 21 Ley 50/1997)

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución (aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza, art. 114), y por dimisión o fallecimiento de su Presidente (art. 101.1). El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (art. 101.2). La Ley 50/1997 (art. 21) limita su actividad al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o cuando concurran razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. El Gobierno en funciones no puede, en particular, aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado, y tampoco plantear la cuestión de confianza ni proponer la disolución de las Cámaras. Las funciones del Presidente se suspenden en los casos de ausencia o enfermedad conforme a las reglas de suplencia que fija la ley.

Responsabilidad de los miembros del Gobierno y control judicial (arts. 102-106 CE)

La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno es exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102.1); la acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones solo puede ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo (art. 102.2), y la prerrogativa real de gracia no es aplicable en ninguno de los supuestos del art. 102 (art. 102.3). El art. 103 CE establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho; los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley, y la ley regula el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. El art. 106 somete la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa al control de los Tribunales. El art. 107 configura el Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno (LO 3/1980).

El Consejo de Ministros (Ley 50/1997)

Es el órgano colegiado del Gobierno, compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros; se reúne con periodicidad semanal y sus deliberaciones son secretas. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (aprobación de Reales Decretos), aprueba los proyectos de ley y su remisión a las Cortes, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos, declara el estado de alarma y solicita autorización al Congreso para el estado de excepción o propone la declaración del estado de sitio, acuerda la negociación y firma de tratados internacionales y su aplicación provisional, y adopta los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes. Los acuerdos adoptan la forma de Real Decreto (disposiciones y actos de especial relevancia) o de Acuerdo; las Órdenes Ministeriales emanan de cada Ministro en su ámbito. Junto al Consejo de Ministros existen las Comisiones Delegadas del Gobierno, órganos de coordinación entre distintos departamentos ministeriales.

Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno

Junto al Consejo de Ministros, la Ley del Gobierno regula las Comisiones Delegadas del Gobierno, órganos de coordinación de los departamentos ministeriales afectados por materias de carácter sectorial que requieren un tratamiento conjunto (se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros); la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que examina los asuntos que hayan de someterse al Consejo de Ministros para preparar sus deliberaciones; el Secretariado del Gobierno, órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General; y los Gabinetes, órganos de apoyo político y técnico del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros.

Estructura de la Administración General del Estado (Ley 40/2015)

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, organiza la AGE en Administración General del Estado central, Administración General del Estado periférica y Administración General del Estado en el exterior. Actúa conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (art. 103 CE). La organización central se estructura en Ministerios, y estos en órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales), que se ordenan jerárquicamente entre sí. Los órganos superiores y directivos, salvo los Subdirectores Generales, tienen la condición de altos cargos. La estructura orgánica básica de cada Ministerio se fija por Real Decreto.

Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales

Los Ministros son los jefes superiores del Departamento, responsables de la dirección y gestión de los asuntos de su ramo, titulares de la potestad reglamentaria en su ámbito (Orden Ministerial) y superiores directos de los Secretarios de Estado, que dirigen y coordinan, bajo la dirección del Ministro, las Direcciones Generales de su área. Los Secretarios de Estado son órganos superiores nombrados por Real Decreto a propuesta del Ministro. El Subsecretario ostenta la representación ordinaria del Ministerio, dirige los servicios comunes, ejerce la jefatura superior del personal del departamento y las competencias de gestión de personal, régimen interior, informática y publicaciones, además de coordinar, bajo la dirección del Ministro, a los órganos directivos. Los Secretarios Generales Técnicos ejercen las competencias sobre servicios comunes y las funciones que les atribuya la norma de creación. Los Directores Generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio; se nombran atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del Estado, de las CCAA o de las Entidades Locales del subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita expresamente lo contrario. Los Subdirectores Generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director General o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados; no son altos cargos, y se designan entre funcionarios de carrera.

La Administración periférica del Estado: organización general

La Administración periférica del Estado se organiza en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas (y ciudades con Estatuto de Autonomía) y Subdelegaciones del Gobierno en las provincias, con la finalidad de representar al Gobierno en el territorio, dirigir y supervisar los servicios territoriales de la AGE y sus organismos públicos, y coordinar la Administración del Estado con las de las CCAA y las Entidades Locales. La Delegación del Gobierno es el órgano de representación del Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma, con rango de Subsecretaría; la Subdelegación tiene rango de Subdirección General. Los servicios territoriales pueden ser integrados (bajo la dirección del Delegado o Subdelegado) o no integrados, que mantienen su dependencia orgánica y funcional del Ministerio por su peculiar naturaleza. Es relevante recordar el art. 154 CE: un Director designado por el Gobierno del Estado dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

El Delegado del Gobierno: nombramiento y funciones

El Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma (art. 154 CE) es nombrado y separado libremente por Real Decreto del Consejo de Ministros y tiene la consideración de alto cargo, con rango de Subsecretario. Le corresponde, entre otras funciones, dirigir la Delegación del Gobierno; representar al Gobierno en el territorio; proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, dirigiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio; dirigir y coordinar la protección civil; comunicar y recibir la información necesaria de los órganos de la Comunidad Autónoma y de las Entidades Locales; y mantener relaciones de cooperación y coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales.

El Subdelegado del Gobierno: nombramiento y régimen

En cada provincia existe un Subdelegado del Gobierno, nombrado por el Delegado del Gobierno entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A1, bajo los principios de mérito, capacidad y publicidad. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales no existe Subdelegado del Gobierno y sus funciones son asumidas por el propio Delegado. En las Comunidades insulares pueden existir Directores Insulares de la Administración General del Estado, nombrados por el Delegado del Gobierno. El Subdelegado tiene rango de Subdirector General, ejerce la dirección de los servicios provinciales integrados y, por delegación, funciones del Delegado, especialmente en materia de seguridad ciudadana y protección civil en su provincia.

Servicios territoriales integrados y no integrados y la Administración de Justicia

La Ley 40/2015 distingue entre servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno (la regla general, bajo la dirección del Delegado o Subdelegado correspondiente) y servicios no integrados, que mantienen su dependencia orgánica y funcional del Ministerio correspondiente por sus peculiaridades funcionales. Los órganos judiciales no forman parte de la Administración periférica: integran el Poder Judicial (Título VI CE). Los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia dependen, en el territorio no transferido, del Ministerio con competencias en materia de Justicia (a través de la Secretaría de Estado de Justicia), mientras que en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas dependen de las respectivas Consejerías o Departamentos autonómicos de Justicia.

El Ministerio de Justicia: estructura básica

La estructura orgánica básica de cada departamento ministerial se aprueba por Real Decreto y varía con cada Gobierno, por lo que conviene consultar la norma vigente. Tras la reestructuración de departamentos de noviembre de 2023, las competencias en materia de Justicia se integran en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, bajo cuyo titular se organiza una Secretaría de Estado de Justicia (que concentra las principales competencias relativas a la organización de la Administración de Justicia y la modernización de la oficina judicial) y una Subsecretaría con las funciones de servicios comunes (régimen interior, gestión de personal, presupuestos, informática, estadística), de las que dependen las correspondientes Direcciones Generales especializadas por materias (servicio público de Justicia, transformación digital, seguridad jurídica y fe pública, cooperación jurídica internacional, entre otras según la estructura vigente en cada momento). A estos efectos, al Ministerio de Justicia se le adscriben organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la Mutualidad General Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos.

La Secretaría de Estado de Justicia: competencias principales

A la Secretaría de Estado de Justicia le corresponden, con carácter general, la dirección y coordinación de las Direcciones Generales dependientes en materia de Administración de Justicia; las funciones relativas a las relaciones del Ministerio con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia; la elaboración y ejecución de la política de modernización de la Administración de Justicia y de la oficina judicial y fiscal; la gestión de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia en el territorio no transferido (Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial, Médicos Forenses y demás cuerpos al servicio de la Administración de Justicia); la gestión de los medios materiales, informáticos y de nuevas tecnologías, incluidos el expediente judicial electrónico, la sede judicial electrónica y los sistemas de comunicaciones electrónicas con los órganos judiciales (Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las TIC en la Administración de Justicia); la cooperación jurídica internacional, los Registros y el Notariado; y el impulso de la política legislativa en materia de Justicia, en la que se enmarca la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que crea los Tribunales de Instancia.

Diferencias entre Administración territorial y Administración institucional

La Administración periférica descrita (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) forma parte de la llamada Administración territorial del Estado. Junto a ella, la Ley 40/2015 regula el sector público institucional estatal (organismos públicos -organismos autónomos y entidades públicas empresariales-, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica), dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada y sujeto en su creación al principio de instrumentalidad respecto de los fines y objetivos que tenga asignados, con supervisión continua para garantizar la racionalización del sector público.

Vicepresidentes y Ministros: nombramiento, estatuto y funciones

Los Vicepresidentes y los Ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 100 CE). La Ley 50/1997 distingue Ministros con cartera, al frente de un Departamento, y Ministros sin cartera, a los que se encomiendan funciones gubernamentales específicas. Los Ministros son los jefes superiores de su Departamento y responsables de la dirección y gestión de los asuntos de su ramo; les corresponde ejercer la iniciativa, el desarrollo de la acción ministerial, la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento (mediante Órdenes Ministeriales), la superior dirección de los órganos directivos y la elevación al Consejo de Ministros de los proyectos que correspondan a su ámbito. Los miembros del Gobierno responden solidariamente ante el Congreso de su gestión política (art. 108 CE) y no pueden ejercer otras funciones representativas, ni profesionales ni mercantiles (art. 98.3 CE). Sus actos y los del Presidente se rigen por el Derecho administrativo y están sujetos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa y, en lo normativo, del Tribunal Constitucional.

Principios de actuación y funcionamiento de la Administración (art. 103 CE y Ley 40/2015)

El art. 103.1 CE exige que la Administración Pública sirva con objetividad los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La Ley 40/2015 desarrolla estos principios en su art. 3 (servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, eficacia, economía, eficiencia y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones). Los órganos administrativos se crean, regulan y coordinan conforme a la ley (art. 103.2 CE); la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia previstos en la ley.

Esquema comparativo de los cargos de la AGE

Para la memorización conviene ordenar los cargos por jerarquía descendente: Presidente del Gobierno, Vicepresidentes y Ministros (miembros del Gobierno, nombrados por el Rey); Secretarios de Estado (órganos superiores, nombrados por Real Decreto a propuesta del Ministro); Subsecretarios y Secretarios Generales (órganos directivos, con rango de Subsecretario o Director General); Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales; Subdirectores Generales. Los cinco primeros niveles tienen la condición de altos cargos; los Subdirectores Generales no. En la periferia, los Delegados del Gobierno (rango de Subsecretario) y los Subdelegados (rango de Subdirector General) representan al Gobierno; los primeros dependen del Ministerio competente en materia de política territorial.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Presidente del Gobierno es investido por el Congreso (mayoría absoluta en 1ª votación; simple 48 horas después); la moción de censura española es constructiva (exige candidato alternativo, art. 113 CE).
  • Investidura (art. 99 CE): si en dos meses desde la primera votación ningún candidato logra la confianza, el Rey disuelve las Cortes con el refrendo del Presidente del Congreso.
  • Órganos superiores de la AGE: Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales (Ley 40/2015). Los Subdirectores Generales NO son altos cargos.
  • Delegado del Gobierno: uno por Comunidad Autónoma, rango de subsecretaría, nombramiento y cese libres por el Consejo de Ministros. Subdelegado: uno por provincia, nombrado por el Delegado entre funcionarios de carrera A1; no existe en CCAA uniprovinciales.
  • El Gobierno cesa por elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria (moción de censura aprobada o confianza denegada) y dimisión o fallecimiento del Presidente. En funciones se limita al despacho ordinario: no presenta proyectos de ley ni el Presupuesto, ni plantea la cuestión de confianza (art. 21 Ley 50/1997).
  • La Secretaría de Estado de Justicia es la pieza clave del Ministerio en la relación con la Administración de Justicia y la modernización de la oficina judicial; gestiona los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en el territorio no transferido; en las CCAA con competencias transferidas esa gestión corresponde a la Consejería autonómica de Justicia.
  • Los órganos judiciales no son Administración periférica; son Poder Judicial. Los servicios de la Administración de Justicia no están bajo la dirección del Delegado del Gobierno.
  • Responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado: iniciativa de 1/4 del Congreso y mayoría absoluta; no cabe indulto (art. 102 CE).
  • Art. 154 CE: un Director designado por el Gobierno del Estado dirige la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma y la coordina con la autonómica (origen constitucional del Delegado del Gobierno).
  • El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107 CE); el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria (art. 97 CE) y los Ministros dictan Órdenes Ministeriales.
  • El estatuto de los miembros del Gobierno y altos cargos (incompatibilidades) se regula en la Ley 3/2015, de 30 de marzo; el Gobierno no puede ejercer otra actividad profesional o mercantil (art. 98.3 CE).
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El Presidente del Gobierno es investido por el Congreso de los Diputados, en primera votación, por:

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¿De qué trata el Tema 3 de Gestión Procesal (Justicia)?

El Título IV de la Constitución regula el Gobierno y la Administración. Este tema desarrolla la posición del Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, la responsabilidad del Gobierno y su cese, la organización de la Administración General del Estado (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales), la Administración periférica (Delegados y Subdelegados del Gobierno) y, con especial atención por su vinculación directa a la oposición, las competencias de la Secretaría de Estado de Justicia dentro del Ministerio al que pertenece.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

El Presidente del Gobierno es investido por el Congreso (mayoría absoluta en 1ª votación; simple 48 horas después); la moción de censura española es constructiva (exige candidato alternativo, art. 113 CE). Investidura (art. 99 CE): si en dos meses desde la primera votación ningún candidato logra la confianza, el Rey disuelve las Cortes con el refrendo del Presidente del Congreso. Órganos superiores de la AGE: Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales (Ley 40/2015). Los Subdirectores Generales NO son altos cargos. Delegado del Gobierno: uno por Comunidad Autónoma, rango de subsecretaría, nombramiento y cese libres por el Consejo de Ministros. Subdelegado: uno por provincia, nombrado por el Delegado entre funcionarios de carrera A1; no existe en CCAA uniprovinciales. El Gobierno cesa por elecciones generales, pérdida de confianza parlamentaria (moción de censura aprobada o confianza denegada) y dimisión o fallecimiento del Presidente. En funciones se limita al despacho ordinario: no presenta proyectos de ley ni el Presupuesto, ni plantea la cuestión de confianza (art. 21 Ley 50/1997). La Secretaría de Estado de Justicia es la pieza clave del Ministerio en la relación con la Administración de Justicia y la modernización de la oficina judicial; gestiona los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en el territorio no transferido; en las CCAA con competencias transferidas esa gestión corresponde a la Consejería autonómica de Justicia. Los órganos judiciales no son Administración periférica; son Poder Judicial. Los servicios de la Administración de Justicia no están bajo la dirección del Delegado del Gobierno. Responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; acusación por traición o delito contra la seguridad del Estado: iniciativa de 1/4 del Congreso y mayoría absoluta; no cabe indulto (art. 102 CE). Art. 154 CE: un Director designado por el Gobierno del Estado dirige la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma y la coordina con la autonómica (origen constitucional del Delegado del Gobierno). El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107 CE); el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria (art. 97 CE) y los Ministros dictan Órdenes Ministeriales. El estatuto de los miembros del Gobierno y altos cargos (incompatibilidades) se regula en la Ley 3/2015, de 30 de marzo; el Gobierno no puede ejercer otra actividad profesional o mercantil (art. 98.3 CE).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título IV (arts. 97-107) y art. 154.
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (organización de la AGE, Administración periférica y sector público institucional).
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
  • Real Decreto de estructura orgánica básica del Ministerio con competencias en Justicia (consultar la norma vigente).

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