Tema 27. El juicio verbal. Procesos que se sustancian por el trámite del juicio verbal. Clases de demandas. Admisión y traslado de la demanda y citación para la vista. Inasistencia de las partes a la vista. Desarrollo de la vista. Recursos frente a las resoluciones interlocutorias. Juicios verbales de carácter plenario y sumario. El verbal de desahucio. El precario. El juicio sobre tutela posesoria. La tutela de derechos reales inscritos. El juicio de alimentos. La rectificación de hechos. El juicio verbal en materias de compraventas a plazos y arrendamientos financieros.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El juicio verbal (Libro II, Título III, arts. 437 a 447 LEC) es el proceso declarativo de estructura simplificada y concentrada: demanda sucinta, contestación escrita en diez días, vista única en la que se resuelven las cuestiones procesales, se fijan los hechos, se propone y practica la prueba y se formulan conclusiones, y sentencia en diez días. Se aplica a las materias que enumera el art. 250.1 cualquiera que sea su cuantía y a las demandas de cuantía no superior al límite que fija el art. 250.2 (15.000 euros tras la reforma de 2025, 6.000 euros antes). Muchas de esas materias son procesos de tutela rápida de la posesión o de derechos reales (desahucio, precario, tutela posesoria, suspensión de obra nueva, ruina, tutela de derechos reales inscritos), de alimentos, de rectificación de hechos o de recuperación de bienes vendidos a plazos o arrendados financieramente. Algunos son sumarios, es decir, su sentencia no produce efectos de cosa juzgada, y otros son plenarios. El tema recorre el ámbito, la tramitación y estas especialidades.
Procesos que se sustancian por el juicio verbal (art. 250 LEC)
El art. 250.1 enumera las materias que se deciden en juicio verbal cualquiera que sea su cuantía: 1.º las demandas de reclamación de rentas y cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana o rústica, y las que pretendan recuperar la posesión de la finca por impago de la renta o por expiración del plazo (desahucio); 2.º las que persigan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseerla; 3.º las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de los bienes a quien los hubiere adquirido por herencia, si no estuvieren poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario; 4.º las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ella o perturbado en su disfrute (y, tras la Ley 5/2018, las que persigan la inmediata recuperación de una vivienda o parte de ella por su propietario o poseedor legítimo, privado de ella sin su consentimiento); 5.º la suspensión sumaria de una obra nueva; 6.º la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o similar en estado de ruina que amenace causar daños; 7.º las instadas por los titulares de derechos reales inscritos que demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su disfrute sin título inscrito que legitime su oposición (art. 41 de la Ley Hipotecaria); 8.º las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título; 9.º las que pretendan la rectificación de hechos inexactos y perjudiciales (Ley Orgánica 2/1984); 10.º las relativas a bienes muebles vendidos a plazos o arrendados financieramente (Ley 28/1998); y otras que la ley incluye en el precepto. Por razón de la cuantía, el art. 250.2 atribuye al verbal las demandas cuya cuantía no exceda de 15.000 euros (6.000 antes de la reforma de 2025) y que no estén reservadas al juicio ordinario por razón de la materia (art. 249.1). Los números concretos se citan con la numeración vigente al redactar este tema; conviene contrastarlos con el texto consolidado.
Demanda, postulación y proposición de la prueba
El juicio verbal principia por demanda, que puede ser sucinta, en la que se consignan los datos de identificación del actor y del demandado, el domicilio en que pueden ser citados y se fija con claridad y precisión lo que se pide (art. 437.1). Debe acompañarse de los documentos procesales del art. 264 y de los de fondo del art. 265, incluido, cuando sea exigible, el documento acreditativo del intento de MASC (LO 1/2025). El juicio verbal se simplifica con formularios normalizados para reclamaciones de pequeña cuantía (art. 437.2). Cuando la cuantía no exceda de 2.000 euros no es preceptiva la intervención de procurador ni de abogado (arts. 23.2 y 31.2), y la parte puede comparecer por sí misma. En cuanto a la prueba, a diferencia del ordinario, el verbal no tiene audiencia previa: la prueba se propone en la vista (art. 443.4); pero los documentos fundamentales y los dictámenes periciales se aportan con la demanda y la contestación (arts. 265 y 337) y la parte que necesite que el tribunal cite a testigos o peritos debe solicitarlo con la antelación y en la forma que establece el art. 440 y las normas sobre prueba.
Admisión, traslado y contestación a la demanda (arts. 438 y 439 LEC)
Admitida la demanda, el LAJ da traslado al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días hábiles (art. 438.1), conforme a los requisitos de la contestación del juicio ordinario (art. 405), alegando las excepciones procesales y de fondo y aportando los documentos y dictámenes en que se apoye. Cuando el demandado actúe sin abogado y procurador porque la cuantía no excede de 2.000 euros, puede contestar oralmente en la vista. La Ley 42/2015 admitió expresamente la reconvención en el verbal, que se formula en la contestación y se traslada al actor para que la conteste (art. 438.2). La ley limita la inadmisión de demandas y reglas de acumulación: solo se admiten las acumulaciones de acciones previstas en el art. 438.3 (las que sean compatibles y se ventilen en verbal, y, en desahucio por falta de pago, la reclamación de rentas) y no se admite la acumulación de procesos si ello supondría retraso (art. 438.4). El art. 439 regula los supuestos de inadmisión y los requisitos previos de ciertas demandas; tras la Ley 12/2023 se exigen, en los desahucios de vivienda por falta de pago o expiración del plazo, datos adicionales (condición de gran tenedor y, en su caso, acreditación de haber intentado una solución negociada), que deben contrastarse con el texto consolidado.
Citación a la vista y consecuencias de la inasistencia (arts. 440 a 442 LEC)
Contestada la demanda, o transcurrido el plazo sin contestar, el LAJ cita a las partes para la vista, que se celebra en la fecha que fija el art. 440 respetando una antelación suficiente (como regla, no antes de diez días desde la citación). El demandante y el demandado deben asistir con abogado y procurador cuando sean preceptivos, y las partes pueden pedir que se cite a testigos y peritos. En cuanto a las consecuencias de la inasistencia (art. 442): si no comparecen ni el demandante ni el demandado, se sobresee el proceso; si no comparece el demandante y sí el demandado, se tiene por desistido al demandante, salvo que el demandado alegue interés legítimo en que el proceso continúe, y se le imponen las costas; si no comparece el demandado, la vista se celebra sin él, entendiéndose que mantiene la oposición expresada en su contestación o, si no contestó, en situación de rebeldía (art. 496). La incomparecencia de un abogado puede justificar la suspensión solo en los supuestos tasados del art. 188.
Desarrollo de la vista (arts. 443 a 446 LEC)
La vista se desarrolla de manera concentrada. a) Si el demandado no se opone, se concede la palabra al demandante para ratificar su demanda. b) Se resuelven en primer lugar las cuestiones procesales: el tribunal oye a las partes sobre las excepciones procesales alegadas en la contestación (capacidad, representación, litispendencia, cosa juzgada, litisconsorcio, inadecuación del procedimiento, defecto legal en el modo de proponer la demanda) y las resuelve en el acto, dando oportunidad de subsanar lo subsanable (art. 443.2). c) Se fijan los hechos controvertidos y los que no lo son (art. 443.3). d) Se proponen y se admiten las pruebas, y se practican en el mismo acto, según el orden del art. 300 (art. 443.4). e) Se formulan las conclusiones orales. Si las partes lo piden, o si el tribunal lo considera, la vista puede celebrarse sin practicar prueba cuando solo se discutan cuestiones de derecho. Contra las resoluciones del tribunal sobre admisión o inadmisión de pruebas y sobre las cuestiones procesales cabe formular protesta a efectos de recurso contra la sentencia (art. 446); las demás resoluciones orales pueden recurrirse en reposición en el mismo acto (art. 285). La vista se graba en soporte audiovisual (art. 147) y, cuando concurran las condiciones del art. 129 bis, puede celebrarse por videoconferencia.
Sentencia, cosa juzgada y recursos del juicio verbal (arts. 447 y 455 y siguientes LEC)
Terminada la vista, el tribunal dicta sentencia en el plazo de diez días (art. 447.1). El art. 210 permite que la sentencia se dicte de viva voz en el propio acto cuando concurran las condiciones previstas (entre ellas, la decisión de las partes de no recurrir) y se documente en el soporte de grabación. Respecto de los efectos, el art. 447 distingue entre las sentencias de los juicios verbales plenarios (la mayoría), que producen cosa juzgada material, y las de los juicios verbales sumarios (los de los números 3.º a 7.º del art. 250.1: tutela posesoria, suspensión de obra nueva, ruina, derechos reales inscritos y ocupación de bienes hereditarios), cuya sentencia no produce efectos de cosa juzgada y deja a salvo el derecho de las partes a promover un juicio ordinario posterior sobre el mismo asunto (art. 447.2). La sentencia es apelable ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días (art. 455 y 458), salvo en los casos en que la ley disponga otra cosa. Como regla, en los juicios que lleven aparejado el lanzamiento no se admite el recurso al demandado si no acredita tener pagadas las rentas vencidas y las adelantadas (art. 449.1). Las costas siguen el criterio del vencimiento del art. 394 y el límite del art. 394.3.
Juicios verbales plenarios y sumarios: diferencias
Un proceso es sumario cuando su cognición está limitada y su resultado no impide un proceso posterior sobre el mismo objeto con plenitud de alegaciones y prueba; es plenario cuando se resuelve con cognición plena y cosa juzgada. En el juicio verbal conviven ambos. Sumarios (art. 250.1, números 3.º a 7.º, y art. 447.2): ocupación de bienes hereditarios, tutela sumaria de la posesión (incluido el despojo), suspensión de obra nueva, ruina y tutela de derechos reales inscritos. Plenarios: el desahucio por falta de pago o expiración del plazo, el precario, los alimentos, la rectificación de hechos, las reclamaciones de venta a plazos y las demandas verbales por razón de la cuantía. Una consecuencia práctica es que la sentencia sumaria se ejecuta, pero no cierra la discusión sobre la titularidad del derecho: el perdedor puede ejercitar después la acción declarativa. Otra consecuencia es que en los sumarios la cognición se reduce a los hechos de la posesión y la perturbación o a las circunstancias de la obra o de la ruina, y no se puede discutir el derecho sustantivo.
El desahucio por falta de pago o expiración del plazo: requerimiento y enervación
En el desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de la renta o de las cantidades debidas, o por expiración del plazo del contrato, el art. 440.3 prevé que el LAJ requiera al demandado para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor (o ponga a su disposición en el tribunal o notarialmente la cantidad reclamada) o comparezca ante el tribunal y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. Si no paga, no desaloja y no se opone, el LAJ dicta decreto poniendo fin al juicio y el lanzamiento se acuerda sin celebrar vista; si se opone, se cita a vista. Solo en el desahucio por falta de pago cabe la enervación de la acción (art. 22.4): el arrendatario puede evitar el desahucio pagando o consignando el importe de las cantidades reclamadas y adeudadas en cualquier momento antes de la celebración de la vista; la enervación no procede si ya se enervó una vez anteriormente, ni cuando el arrendador hubiera requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con al menos un mes de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiera efectuado al tiempo de esa presentación. Se puede acumular la reclamación de rentas y cantidades debidas (art. 438.3.3.ª). Si el desahucio recae sobre vivienda habitual, el LAJ comunica la existencia del procedimiento a los servicios sociales para que, en su caso, valoren la situación de vulnerabilidad y puedan suspenderse los plazos (art. 441.5 y normas de vivienda posteriores, entre ellas la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda).
El juicio de precario
El art. 250.1.2.º LEC da cauce a la acción para recuperar la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseerla. El precario, en el sentido del Código Civil (art. 1750) y de la jurisprudencia, comprende la situación de quien disfruta de una finca sin título que lo legitime o con un título que ya ha perdido eficacia, y sin pagar renta, por tolerancia o concesión del poseedor. La legitimación activa es amplia: el propietario, el usufructuario y cualquier otra persona con derecho a poseer (por ejemplo, el arrendatario que cede la posesión a un tercero sin título). La legitimación pasiva corresponde al ocupante sin título. El tribunal puede decidir en el verbal sobre la existencia del título, pero no sobre la propiedad con eficacia de cosa juzgada plena. La sentencia produce cosa juzgada, lo que lo diferencia de la tutela posesoria sumaria.
La tutela posesoria y la ocupación de viviendas (art. 250.1.4.º LEC)
Desde la entrada en vigor de la LEC 1/2000 no existen los antiguos interdictos como procesos autónomos: la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado o perturbado en su disfrute se tramita por el juicio verbal del art. 250.1.4.º. Basta probar la posesión y el despojo o perturbación; no se discute el derecho a poseer, y la sentencia no produce cosa juzgada (art. 447.2). La Ley 5/2018, de 11 de junio, añadió a este número la acción para la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella por su propietario o poseedor legítimo (persona física, entidad sin ánimo de lucro con derecho a poseer o entidad pública propietaria o poseedora de vivienda social) cuando se haya visto privado de ella sin su consentimiento. En este proceso se puede demandar a los ignorados ocupantes y se requiere a quienes ocupen para que aporten, en el plazo que fija la ley, el título que justifique su situación; si no lo hacen, se acuerda la entrega inmediata (arts. 441.1 bis y 444.1 bis). Por su relevancia, estas pretensiones se distinguen de la acción penal por delito de usurpación, que es independiente.
Suspensión de obra nueva y ruina (art. 250.1.5.º y 6.º LEC)
El juicio verbal sirve también para que quien se considere perjudicado por una obra nueva (que afecta a su propiedad o posesión) pida su suspensión sumaria, y para que quien se vea amenazado por el estado de ruina de una obra, edificio, árbol, columna o cosa semejante pida su demolición o derribo o la adopción de medidas de seguridad. Ambos son procesos sumarios: la sentencia no produce cosa juzgada y deja a salvo el juicio ordinario sobre el derecho de fondo. La suspensión de obra nueva puede también pedirse como medida cautelar en un proceso principal.
Tutela de los derechos reales inscritos (art. 250.1.7.º LEC y art. 41 de la Ley Hipotecaria)
El art. 250.1.7.º atribuye al juicio verbal las demandas de los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad que pretenden la efectividad de esos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su disfrute sin disponer de título inscrito que legitime su oposición o perturbación. El art. 41 de la Ley Hipotecaria dispone que las acciones reales procedentes de los derechos inscritos podrán ejercitarse a través del juicio verbal regulado en la LEC contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio. Se basa en la presunción de exactitud registral (art. 38 LH). Es un proceso sumario: no se discute la validez del título inscrito frente al tercero hasta que se obtenga, en su caso, la declaración en el juicio ordinario, y la sentencia no produce cosa juzgada.
El juicio verbal de alimentos
El art. 250.1.8.º atribuye al verbal las demandas que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título. Los alimentos entre parientes se regulan en los arts. 142 y siguientes del Código Civil: comprenden todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, y también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable (art. 142). Se deben desde que los necesite la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonan sino desde la fecha de la interposición de la demanda (art. 148). La obligación es recíproca entre cónyuges, ascendientes y descendientes y, con límites, entre hermanos (arts. 143 y 144). Cuando los alimentos reclamados por un progenitor contra otro lo son en nombre de hijos menores, se aplican las reglas de los procesos sobre menores del Título I del Libro IV (arts. 748.4.º y 770). La cuantía es proporcionada al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146) y es modificable al variar las circunstancias (art. 147). El derecho a alimentos futuros es irrenunciable e intransmisible (art. 151 CC), mientras que las pensiones ya devengadas prescriben a los cinco años (art. 1966 CC).
La rectificación de hechos inexactos y perjudiciales
La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, reconoce a toda persona, natural o jurídica, el derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Se ejerce primero extrajudicialmente, remitiendo un escrito de rectificación al director del medio dentro de los siete días naturales siguientes a la publicación; si el medio no lo publica o difunde en los tres días siguientes a su recepción, el perjudicado puede ejercer la acción de rectificación ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o del lugar de la difusión en el plazo de siete días hábiles. La acción se tramita por el juicio verbal (art. 250.1.9.º LEC) con las especialidades de la ley, entre ellas la citación a juicio en breve plazo. La sentencia, si estima la demanda, ordena la publicación o difusión de la rectificación. Es una acción distinta de la tutela del derecho al honor (art. 249.1.2.º), que va por juicio ordinario, y que no impide el ejercicio de esta última.
El juicio verbal en compraventas a plazos y arrendamientos financieros
La Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, regula los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, los de préstamo para financiarlos y los de arrendamiento financiero. Su art. 15 y el art. 250.1.10.º LEC atribuyen al verbal las demandas para la efectividad de los derechos del vendedor o financiador frente al comprador o arrendatario que incumple (recuperar el bien, exigir el pago) cuando el contrato esté inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles. En estos casos, el art. 440.4 prevé que, si el demandado no atiende el requerimiento de pago o entrega del bien, ni comparece para oponerse en el plazo de diez días, el LAJ dicta decreto y se procede a la entrega, y se pueden instar medidas de aseguramiento del bien.
Suspensión de la vista y motivos del art. 188 LEC
La vista del juicio verbal solo puede suspenderse por las causas tasadas del art. 188: por acuerdo de todas las partes personadas, siempre que se justifique que así se facilita la transacción y no se perjudique el interés general o de tercero; por imposibilidad absoluta de comparecer de alguna de las partes, de sus abogados o de sus procuradores por enfermedad justificada, que se acredita con la antelación debida; por muerte, enfermedad o imposibilidad de comparecer del abogado en determinados supuestos, y por fuerza mayor o causas que impidan la celebración del acto. El tribunal debe resolver sobre la suspensión por auto o, si es la vista, en el mismo acto, y señala la nueva fecha. Una suspensión no justificada determina que se aplique la regla de la incomparecencia (art. 442).
Ejecución provisional de la sentencia de desahucio
La sentencia estimatoria dictada en un juicio de desahucio, aunque sea apelada, puede ejecutarse provisionalmente a instancia de parte (arts. 524 y siguientes), sin necesidad de prestar caución (art. 526.2), salvo las excepciones del art. 525. En este caso, la oposición del demandado a la ejecución provisional se rige por las reglas de los arts. 524 y siguientes. La apelación del demandado exige, para ser admitida, que acredite tener pagadas las rentas vencidas y las adelantadas conforme al contrato (art. 449.1). Cuando la sentencia es firme, se ejecuta de forma definitiva (arts. 517 y siguientes), con señalamiento de fecha para el lanzamiento y comunicación a los servicios sociales si se trata de vivienda habitual de personas vulnerables.
Costas en el juicio verbal
En el juicio verbal rige el mismo criterio del vencimiento del art. 394: se imponen las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas, salvo serias dudas de hecho o de derecho; si la estimación o desestimación es parcial, cada parte abona las suyas y las comunes por mitad, salvo temeridad; y, en caso de condena, el límite de la tercera parte de la cuantía del proceso por cada litigante (art. 394.3). Si la intervención de abogado y procurador no fuera preceptiva, solo se incluyen en las costas sus honorarios cuando el tribunal aprecie temeridad (art. 32.5). En el allanamiento anterior a la contestación no se imponen costas salvo mala fe (art. 395).
Propiedad horizontal y juicio verbal
En materia de propiedad horizontal, la Ley 49/1960 (art. 18) regula la impugnación de los acuerdos de la junta de propietarios, que se tramita por el juicio que corresponda según su materia y cuantía, y establece requisitos de legitimación y un plazo de caducidad de tres meses desde la adopción del acuerdo, salvo que sea contrario a la ley o a los estatutos, en cuyo caso el plazo es de un año. La reclamación de las deudas por gastos comunes puede hacerse por el proceso monitorio con la certificación del acuerdo de la junta (art. 21 LPH y art. 812.2 LEC) y, si hay oposición, se tramita por el juicio que corresponda por la cuantía. Los datos concretos de plazos deben contrastarse con el texto vigente de la LPH.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Juicio verbal: materias del art. 250.1 cualquiera que sea su cuantía y demandas de cuantía no superior a 15.000 euros (6.000 antes de la reforma de 2025) que no sean del art. 249.1 (art. 250.2).
En el verbal la prueba se propone en la vista (art. 443.4), no en una audiencia previa; los documentos y dictámenes periciales se aportan con demanda y contestación.
Contestación escrita en diez días hábiles (art. 438.1); reconvención admitida desde la Ley 42/2015; sentencia en diez días (art. 447.1), frente a veinte en el ordinario.
Sumarios (sin cosa juzgada): números 3.º a 7.º del art. 250.1 (ocupación de bienes hereditarios, tutela posesoria, suspensión de obra nueva, ruina, derechos reales inscritos). Plenarios: desahucio, precario, alimentos, rectificación y venta a plazos.
Incomparecencia: si falta el demandante, se le tiene por desistido salvo interés legítimo del demandado; si falta el demandado, la vista sigue; si faltan ambos, se sobresee (art. 442).
Enervación del desahucio (art. 22.4): pago o consignación antes de la vista, solo una vez, y no si hubo requerimiento fehaciente de pago un mes antes de la demanda sin atender.
Requerimiento en el desahucio por impago (art. 440.3): diez días para desalojar, pagar u oponerse; sin respuesta, decreto del LAJ y lanzamiento.
Acumulación en el desahucio por falta de pago de la reclamación de rentas y cantidades debidas (art. 438.3.3.ª).
Apelación del demandado en desahucio: debe acreditar que paga las rentas vencidas y las adelantadas (art. 449.1).
Ley 5/2018: recuperación inmediata de vivienda ocupada por su propietario o poseedor legítimo (art. 250.1.4.º y 441.1 bis); Ley 12/2023: requisitos adicionales en desahucios de vivienda (art. 439.6).
Tutela de derechos reales inscritos: art. 250.1.7.º LEC y art. 41 Ley Hipotecaria; frente a quien no tenga título inscrito; proceso sumario.
Rectificación: Ley Orgánica 2/1984; 7 días naturales para pedirla al medio; si no se publica en 3 días, demanda en 7 días hábiles.
Alimentos: arts. 142 y siguientes del Código Civil; se deben desde la demanda (art. 148); el derecho a alimentos futuros es irrenunciable (art. 151) y las pensiones devengadas prescriben a los cinco años (art. 1966).
Venta a plazos y arrendamiento financiero: Ley 28/1998 y art. 250.1.10.º LEC; requerimiento de pago o entrega en diez días (art. 440.4).
No es preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía no exceda de 2.000 euros (arts. 23 y 31 LEC).
La vista solo se suspende por las causas tasadas del art. 188; la sentencia puede dictarse oralmente en el acto en los casos del art. 210.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
La acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales difundidos por un medio de comunicación se rige por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 27 de Gestión Procesal (Justicia)?
El juicio verbal (Libro II, Título III, arts. 437 a 447 LEC) es el proceso declarativo de estructura simplificada y concentrada: demanda sucinta, contestación escrita en diez días, vista única en la que se resuelven las cuestiones procesales, se fijan los hechos, se propone y practica la prueba y se formulan conclusiones, y sentencia en diez días. Se aplica a las materias que enumera el art. 250.1 cualquiera que sea su cuantía y a las demandas de cuantía no superior al límite que fija el art. 250.2 (15.000 euros tras la reforma de 2025, 6.000 euros antes). Muchas de esas materias son procesos de tutela rápida de la posesión o de derechos reales (desahucio, precario, tutela posesoria, suspensión de obra nueva, ruina, tutela de derechos reales inscritos), de alimentos, de rectificación de hechos o de recuperación de bienes vendidos a plazos o arrendados financieramente. Algunos son sumarios, es decir, su sentencia no produce efectos de cosa juzgada, y otros son plenarios. El tema recorre el ámbito, la tramitación y estas especialidades.
¿Qué hay que memorizar del Tema 27 para el examen?
Juicio verbal: materias del art. 250.1 cualquiera que sea su cuantía y demandas de cuantía no superior a 15.000 euros (6.000 antes de la reforma de 2025) que no sean del art. 249.1 (art. 250.2). En el verbal la prueba se propone en la vista (art. 443.4), no en una audiencia previa; los documentos y dictámenes periciales se aportan con demanda y contestación. Contestación escrita en diez días hábiles (art. 438.1); reconvención admitida desde la Ley 42/2015; sentencia en diez días (art. 447.1), frente a veinte en el ordinario. Sumarios (sin cosa juzgada): números 3.º a 7.º del art. 250.1 (ocupación de bienes hereditarios, tutela posesoria, suspensión de obra nueva, ruina, derechos reales inscritos). Plenarios: desahucio, precario, alimentos, rectificación y venta a plazos. Incomparecencia: si falta el demandante, se le tiene por desistido salvo interés legítimo del demandado; si falta el demandado, la vista sigue; si faltan ambos, se sobresee (art. 442). Enervación del desahucio (art. 22.4): pago o consignación antes de la vista, solo una vez, y no si hubo requerimiento fehaciente de pago un mes antes de la demanda sin atender. Requerimiento en el desahucio por impago (art. 440.3): diez días para desalojar, pagar u oponerse; sin respuesta, decreto del LAJ y lanzamiento. Acumulación en el desahucio por falta de pago de la reclamación de rentas y cantidades debidas (art. 438.3.3.ª). Apelación del demandado en desahucio: debe acreditar que paga las rentas vencidas y las adelantadas (art. 449.1). Ley 5/2018: recuperación inmediata de vivienda ocupada por su propietario o poseedor legítimo (art. 250.1.4.º y 441.1 bis); Ley 12/2023: requisitos adicionales en desahucios de vivienda (art. 439.6). Tutela de derechos reales inscritos: art. 250.1.7.º LEC y art. 41 Ley Hipotecaria; frente a quien no tenga título inscrito; proceso sumario. Rectificación: Ley Orgánica 2/1984; 7 días naturales para pedirla al medio; si no se publica en 3 días, demanda en 7 días hábiles. Alimentos: arts. 142 y siguientes del Código Civil; se deben desde la demanda (art. 148); el derecho a alimentos futuros es irrenunciable (art. 151) y las pensiones devengadas prescriben a los cinco años (art. 1966). Venta a plazos y arrendamiento financiero: Ley 28/1998 y art. 250.1.10.º LEC; requerimiento de pago o entrega en diez días (art. 440.4). No es preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía no exceda de 2.000 euros (arts. 23 y 31 LEC). La vista solo se suspende por las causas tasadas del art. 188; la sentencia puede dictarse oralmente en el acto en los casos del art. 210.
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Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 22, 188, 210, 250, 437-447, 449 y 455.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (cuantía del juicio verbal y MASC).
Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la LEC en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.
Decreto de 8 de febrero de 1946, Ley Hipotecaria, art. 41.
Código Civil, arts. 142-153, 1750 y 1966.
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