Tema 58. Recurso contencioso-administrativo: Capacidad procesal, legitimación, representación y defensa. Actos impugnables.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La LJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio) regula en los arts. 18 a 24 las partes del proceso contencioso-administrativo (capacidad procesal, legitimación, representación y defensa) y en los arts. 25 a 30 la actividad administrativa impugnable. La legitimación activa se construye sobre el derecho o interés legítimo (art. 19.1.a), más amplio que el antiguo interés directo; se completa con la legitimación de corporaciones, asociaciones y grupos (art. 19.1.b), la acción popular solo cuando la ley la prevé (art. 19.1.h) y la legitimación de la Administración para impugnar sus propios actos previa declaración de lesividad (art. 19.2). El art. 20 fija quién no puede recurrir contra la actividad de una Administración. El objeto del recurso se extiende al acto expreso y presunto, las disposiciones generales (directa e indirectamente), la inactividad y la vía de hecho, con exclusión de los actos reproductores o confirmatorios de otros consentidos (art. 28).
Tienen capacidad procesal ante el orden contencioso-administrativo, además de quienes la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con excepción de los supuestos de menores incapacitados cuya sentencia no les permita actuar por sí mismos (art. 18). Distinción útil: la capacidad para ser parte (aptitud para ser titular de derechos y obligaciones en el proceso) y la capacidad procesal (capacidad de comparecer por sí en juicio, art. 7 LEC). Se añade que los grupos de afectados, las uniones sin personalidad y los patrimonios independientes o autónomos, aptos para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en estructuras formales de personas jurídicas, tienen capacidad procesal siempre que una ley así lo declare expresamente.
Capacidad para ser parte: personas físicas, jurídicas y entes sin personalidad
Pueden ser parte las personas físicas y jurídicas (públicas o privadas) conforme a las reglas generales, las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, y los entes sin personalidad señalados (grupos de afectados, uniones y patrimonios autónomos) solo cuando la ley les reconozca expresamente capacidad. Estos últimos actúan en el proceso a través de las personas que, de hecho o en virtud de pactos, ejerzan su representación frente a terceros, y corresponde al tribunal comprobar esa representación. Las personas jurídicas deben acreditar el cumplimiento de los requisitos que sus estatutos o normas exijan para entablar acciones (art. 45.2 LJCA).
La legitimación activa: derecho o interés legítimo (art. 19.1.a LJCA)
Están legitimados ante el orden contencioso-administrativo las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. La jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Supremo lo entienden como una relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de tal forma que su anulación produzca un efecto positivo (beneficio) o evite uno negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, y que no se agota en el derecho subjetivo. El interés debe ser propio, cualificado y específico, distinto del simple interés en la legalidad; no basta una mera lealtad al ordenamiento. No se exige haber sido destinatario del acto ni haber participado en el procedimiento administrativo, pero la legitimación debe existir desde la interposición del recurso y puede ser examinada de oficio. El interés legítimo sustituyó al antiguo interés directo de la Ley de 1956.
Legitimación de corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos (art. 19.1.b LJCA)
Están legitimados las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el art. 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos. Las asociaciones y sindicatos actúan en defensa de los intereses colectivos de sus miembros cuando estos coinciden con los fines estatutarios; los sindicatos tienen una legitimación amplia derivada del art. 7 CE, que reconoce su función de defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. La legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios deriva del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). En materia de medio ambiente, la Ley 27/2006, de 18 de julio, reconoce legitimación a personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos que establece (arts. 22 y 23).
Legitimación de las Administraciones Públicas y de las entidades locales
Las Administraciones y entidades públicas están legitimadas para impugnar los actos y disposiciones de otras Administraciones que afecten a su ámbito de competencias o de autonomía. Las entidades locales territoriales lo están para impugnar los actos y disposiciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que lesionen su autonomía constitucionalmente garantizada, sin perjuicio del conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional (arts. 75 bis y ss. LOTC). A la inversa, el art. 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), legitima para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que infrinjan el ordenamiento, entre otros, a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, y a los miembros de los órganos colegiados que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.
Limitaciones: quién no puede recurrir (art. 20 LJCA)
No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública: (a) los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice (excepción relevante: los miembros de las corporaciones locales que votaron en contra, art. 63.1.b LBRL); (b) los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella; y (c) las entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan, salvo que una ley lo autorice expresamente. Esta regla evita que una Administración litigue consigo misma por actos que le son propios.
La acción popular (art. 19.1.h LJCA)
La LJCA reconoce legitimación a cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes. Es una excepción al régimen general del interés legítimo y exige norma legal habilitante. Casos más citados: urbanismo y ordenación del territorio (acción pública reconocida por la legislación de suelo, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, Real Decreto Legislativo 7/2015); patrimonio histórico (art. 8.2 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español); costas (art. 109 de la Ley 22/1988, de Costas); y, con requisitos más restrictivos, medio ambiente (Ley 27/2006, para personas jurídicas sin ánimo de lucro). Si falta la habilitación legal expresa, no cabe acción popular.
La legitimación del Ministerio Fiscal y de otros sujetos
El Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir en los procesos que determine la ley (art. 19.1 LJCA y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/1981, de 30 de diciembre): en la defensa de los derechos fundamentales en el procedimiento especial (arts. 114 y ss.), en las cuestiones de competencia y de ilegalidad, y en los asuntos que afecten a menores, personas con discapacidad o al interés social. No es parte principal, pero puede interponer recursos en los supuestos legales. Su dictamen es preceptivo en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales y en las cuestiones de competencia.
La Administración autora del acto: la declaración de lesividad (art. 19.2 LJCA)
La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante el orden contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad para el interés público, en los términos de la ley. Régimen (art. 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre): se aplica a los actos favorables para los interesados que sean anulables (art. 48), no a los nulos de pleno derecho, que se revisan de oficio (art. 106); la declaración no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto; exige audiencia previa de los interesados; y se produce la caducidad si transcurren seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se haya declarado la lesividad. Declarada la lesividad, la Administración debe interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la declaración (art. 46 LJCA). La lesividad no es una revocación: la Administración no puede dejar sin efecto por sí misma un acto declarativo de derechos anulable, sino que debe acudir al juez. La revocación (art. 109 Ley 39/2015) se limita a los actos de gravamen o desfavorables.
La legitimación pasiva: Administración demandada y codemandados (art. 21 LJCA)
Son parte demandada: (a) las Administraciones Públicas, entidades o corporaciones de Derecho público autoras de la disposición, acto, inactividad o actuación impugnados; (b) las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante; y (c) las aseguradoras de las Administraciones Públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a la que aseguren (relevante en los procedimientos de responsabilidad patrimonial). Los codemandados (por ejemplo, el adjudicatario del contrato o el titular de la licencia impugnada por un tercero) deben ser emplazados personalmente cuando consten en el expediente administrativo, con nueve días para personarse (art. 49).
Representación y defensa de las partes (art. 23 LJCA)
Las partes serán asistidas por abogado. La representación se confiere a procurador cuando se actúa ante órganos colegiados (Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo), mientras que ante los órganos unipersonales (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo) las partes pueden conferir su representación a un procurador o directamente a un abogado, lo que hace innecesario el procurador. Excepción relevante: los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles (art. 23.3), sin necesidad de abogado ni procurador.
Representación y defensa de las Administraciones Públicas (art. 24 LJCA)
Se rige por la normativa orgánica y sectorial: Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, para la Administración General del Estado y sus organismos (Abogacía del Estado), los letrados de los servicios jurídicos de las Comunidades Autónomas para estas y sus entidades, y, para las entidades locales, los letrados de sus servicios jurídicos o, si estos no existen, un abogado colegiado que designe la entidad (art. 551.3 LOPJ). Los letrados del Congreso, del Senado y de otros órganos constitucionales defienden a los órganos respectivos. Los miembros de corporaciones o autoridades demandados a título personal pueden comparecer con su propia defensa.
Actos impugnables: regla general (art. 25 LJCA)
El recurso es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (art. 25.1). También es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho (art. 25.2). Los actos de trámite que no tengan esas características (actos de trámite no cualificados) no son impugnables de forma autónoma, y su oposición puede alegarse al recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento (art. 112.1 de la Ley 39/2015).
Disposiciones generales: recurso directo, indirecto y cuestión de ilegalidad (arts. 26 y 27 LJCA)
Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas con fundamento en que tales disposiciones no son conformes a Derecho (recurso indirecto, art. 26.1). La falta de impugnación directa o la desestimación del recurso directo no impide la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en la ilegalidad de la disposición (art. 26.2). Si el órgano competente para conocer del recurso contra el acto de aplicación no lo es para conocer del recurso directo contra la disposición, y estima la ilegalidad, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el órgano competente (art. 27); en cambio, si es competente para ambos, resuelve directamente sobre la disposición. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tienen efectos generales desde su publicación (art. 72.2) y no afectan por sí a los actos firmes de aplicación (art. 73), salvo que supongan la exclusión o reducción de sanciones no ejecutadas completamente.
Actos expresos y presuntos: el silencio administrativo
Son impugnables los actos expresos y los presuntos. Régimen del silencio (art. 24 de la Ley 39/2015): en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio es, por regla general, positivo; es negativo (desestimatorio) en los supuestos de derecho de petición del art. 29 CE, cuando se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, en actividades que puedan dañar el medio ambiente, en la responsabilidad patrimonial y en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones (recursos). El silencio desestimatorio es una ficción legal que permite acudir a la vía de recurso, no un acto en sentido propio, y no exime a la Administración de resolver expresamente. Plazo: el art. 46.1 LJCA fija dos meses para el acto expreso y seis meses para el acto presunto, contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca, según su normativa específica; ahora bien, la doctrina constitucional ha impedido que la falta de resolución expresa perjudique al ciudadano por el transcurso del plazo, por lo que la extemporaneidad se aprecia con criterios restrictivos.
Actos de trámite cualificados
Los actos de trámite son impugnables autónomamente solo si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto (por ejemplo, la resolución que inadmite a trámite una solicitud), determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento (por ejemplo, la declaración de caducidad no definitiva), producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Ejemplo de acto de trámite no cualificado: el requerimiento de subsanación o un informe preceptivo no vinculante. Regla práctica: ante la duda, el interesado debe examinar si puede esperar a la resolución final sin perder la tutela.
La inactividad de la Administración (art. 29 LJCA)
Dos supuestos. (1) Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad (art. 29.1). (2) Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes, los afectados pueden solicitar su ejecución y, si transcurrido un mes desde tal petición la Administración no ha procedido, pueden formular recurso contencioso-administrativo, que se tramita conforme al procedimiento abreviado del art. 78 (art. 29.2). La pretensión que cabe ejercitar es la condena a cumplir las obligaciones en los términos en que estén establecidas.
La vía de hecho (art. 30 LJCA)
Hay vía de hecho cuando la Administración actúa materialmente sin la necesaria cobertura de un acto administrativo previo o excediéndose manifiestamente del existente (por ejemplo, ocupar una finca sin expediente expropiatorio). El interesado puede formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si la intimación no se formuló o no fue atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, puede deducir directamente recurso contencioso-administrativo (art. 30). Plazo (art. 46.3): si no hubo requerimiento, veinte días desde que se inició la actuación en vía de hecho; si lo hubo, diez días desde el día siguiente a la finalización del plazo para atenderlo o desde su desestimación presunta. Pretensiones: que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de la actuación y que se adopten las medidas de restablecimiento (art. 32).
Actos no impugnables: reproductores y confirmatorios (art. 28 LJCA)
No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Se pretende evitar que se eluda la firmeza de un acto por la vía de solicitar uno nuevo idéntico. Un acto no es confirmatorio cuando resuelve una solicitud sustancialmente nueva o se dicta tras la reapertura del procedimiento, tras valorar nuevos hechos o fundamentos. Tampoco son recurribles las leyes y normas con rango de ley, que se controlan ante el Tribunal Constitucional.
Pretensiones que pueden deducirse (arts. 31 y 32 LJCA)
El demandante puede pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación (art. 31.1), el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios (art. 31.2). Si el recurso tiene por objeto la inactividad de la Administración, puede pretender la condena al cumplimiento de sus obligaciones en los términos en que estén establecidas; si se dirige contra una vía de hecho, que se declare contraria a Derecho, se ordene el cese y se adopten medidas de restablecimiento (art. 32). Los órganos jurisdiccionales juzgan dentro de los límites de las pretensiones y motivos formulados (art. 33).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Capacidad procesal (art. 18): también los menores para derechos que puedan defender sin asistencia de sus representantes; entes sin personalidad solo si la ley lo declara expresamente.
Legitimación activa (art. 19.1.a): derecho o interés legítimo, concepto más amplio que el interés directo; no exige haber sido destinatario del acto ni haber participado en el procedimiento.
Acción popular (art. 19.1.h): solo cuando la ley la prevea expresamente (urbanismo, patrimonio histórico, costas; medio ambiente con requisitos).
Art. 20: no pueden recurrir los órganos de la Administración ni los miembros de sus órganos colegiados, salvo ley (art. 63.1.b LBRL: concejales que votaron en contra); tampoco los entes dependientes contra su Administración matriz.
Lesividad (art. 19.2 LJCA y 107.2 Ley 39/2015): actos anulables favorables; no más de cuatro años desde el acto; audiencia; caducidad a los seis meses; demanda en dos meses desde la declaración.
Art. 21: las aseguradoras de la Administración son siempre parte codemandada junto con ella; los codemandados identificados en el expediente se emplazan personalmente (nueve días).
Postulación (art. 23): abogado siempre; procurador ante órganos colegiados; ante Juzgados unipersonales basta abogado o procurador. Funcionarios en derechos estatutarios de personal pueden comparecer por sí mismos.
Actos impugnables (art. 25): disposiciones generales, actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa (definitivos o de trámite cualificado), inactividad y vía de hecho.
Silencio: plazo de seis meses para el acto presunto (art. 46.1); no es un plazo que perjudique al ciudadano ante la falta de resolución expresa, según la doctrina constitucional.
Inactividad: reclamación previa y tres meses (art. 29.1); no ejecución de actos firmes: un mes (art. 29.2). Vía de hecho: requerimiento potestativo y diez días; recurso en veinte días sin requerimiento (art. 46.3).
No impugnables: actos reproductores de otros firmes y confirmatorios de actos consentidos (art. 28).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 46.1 LJCA, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un acto presunto es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 58 de Gestión Procesal (Justicia)?
La LJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio) regula en los arts. 18 a 24 las partes del proceso contencioso-administrativo (capacidad procesal, legitimación, representación y defensa) y en los arts. 25 a 30 la actividad administrativa impugnable. La legitimación activa se construye sobre el derecho o interés legítimo (art. 19.1.a), más amplio que el antiguo interés directo; se completa con la legitimación de corporaciones, asociaciones y grupos (art. 19.1.b), la acción popular solo cuando la ley la prevé (art. 19.1.h) y la legitimación de la Administración para impugnar sus propios actos previa declaración de lesividad (art. 19.2). El art. 20 fija quién no puede recurrir contra la actividad de una Administración. El objeto del recurso se extiende al acto expreso y presunto, las disposiciones generales (directa e indirectamente), la inactividad y la vía de hecho, con exclusión de los actos reproductores o confirmatorios de otros consentidos (art. 28).
¿Qué hay que memorizar del Tema 58 para el examen?
Capacidad procesal (art. 18): también los menores para derechos que puedan defender sin asistencia de sus representantes; entes sin personalidad solo si la ley lo declara expresamente. Legitimación activa (art. 19.1.a): derecho o interés legítimo, concepto más amplio que el interés directo; no exige haber sido destinatario del acto ni haber participado en el procedimiento. Acción popular (art. 19.1.h): solo cuando la ley la prevea expresamente (urbanismo, patrimonio histórico, costas; medio ambiente con requisitos). Art. 20: no pueden recurrir los órganos de la Administración ni los miembros de sus órganos colegiados, salvo ley (art. 63.1.b LBRL: concejales que votaron en contra); tampoco los entes dependientes contra su Administración matriz. Lesividad (art. 19.2 LJCA y 107.2 Ley 39/2015): actos anulables favorables; no más de cuatro años desde el acto; audiencia; caducidad a los seis meses; demanda en dos meses desde la declaración. Art. 21: las aseguradoras de la Administración son siempre parte codemandada junto con ella; los codemandados identificados en el expediente se emplazan personalmente (nueve días). Postulación (art. 23): abogado siempre; procurador ante órganos colegiados; ante Juzgados unipersonales basta abogado o procurador. Funcionarios en derechos estatutarios de personal pueden comparecer por sí mismos. Actos impugnables (art. 25): disposiciones generales, actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa (definitivos o de trámite cualificado), inactividad y vía de hecho. Silencio: plazo de seis meses para el acto presunto (art. 46.1); no es un plazo que perjudique al ciudadano ante la falta de resolución expresa, según la doctrina constitucional. Inactividad: reclamación previa y tres meses (art. 29.1); no ejecución de actos firmes: un mes (art. 29.2). Vía de hecho: requerimiento potestativo y diez días; recurso en veinte días sin requerimiento (art. 46.3). No impugnables: actos reproductores de otros firmes y confirmatorios de actos consentidos (art. 28).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: arts. 18 a 33, 46, 49
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: arts. 24, 106, 107, 109 y 112
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: art. 63
Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: art. 551
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: art. 8.2; Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas: art. 109; Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: art. 7
Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión Procesal (Justicia).