Tema 64. Disposiciones comunes a los procedimientos contencioso-administrativos: Plazos. Medidas cautelares. Incidentes e invalidez de actos procesales. Costas procesales. Ejecución de sentencias.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Este tema reúne las disposiciones comunes a todos los procedimientos contencioso-administrativos (Título VI de la Ley 29/1998, LJCA): el régimen de plazos, que son improrrogables y en los que el mes de agosto es inhábil (salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales); las medidas cautelares (arts. 129 a 136), regidas por la valoración circunstanciada de los intereses en conflicto y por el peligro de que el recurso pierda su finalidad legítima, con la suspensión del acto como medida más característica; los incidentes y la invalidez de los actos procesales (LOPJ y LEC supletorias); las costas (art. 139), con el criterio del vencimiento; y la ejecución de sentencias (arts. 103 a 113), que presenta especialidades por la posición de la Administración: plazo de cumplimiento voluntario de dos meses, ejecución forzosa, multas coercitivas, inembargabilidad de los bienes públicos, imposibilidad de ejecución y extensión de efectos.
Cómputo de plazos en el proceso contencioso-administrativo
Los plazos señalados por días se cuentan excluyendo los inhábiles, y los fijados por meses o años se cuentan de fecha a fecha (art. 46.3 LJCA para el plazo de interposición), siendo supletorias la LOPJ y la LEC. Son inhábiles, entre otros, los sábados, domingos, festivos y, en materia procesal, los días 24 y 31 de diciembre (art. 182 LOPJ). La regla específica del art. 128.2 LJCA es que durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro de los previstos en la ley, salvo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Es habitual el error de afirmar que agosto es hábil en este orden: no lo es, salvo para el procedimiento de derechos fundamentales. Por último, los escritos pueden presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al vencimiento del plazo (art. 135.5 LEC, supletoria), y los profesionales deben presentarlos por vía telemática (LexNET: Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre; Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia).
El carácter improrrogable de los plazos procesales
Según el art. 128.1 LJCA, los plazos señalados en la ley son improrrogables y, una vez transcurridos, se tiene por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiera dejado de utilizarse, sin necesidad de apercibimiento ni declaración expresa. No obstante, se admitirá el escrito que proceda, y producirá sus efectos, si se presenta dentro del día en que se notifique la resolución que declare la caducidad del trámite. La fuerza mayor puede justificar, de forma excepcional y acreditada, la relajación de la preclusión conforme a las reglas generales de la LEC.
Las medidas cautelares: regulación general
Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia (art. 129.1 LJCA). Cabe pedirlas incluso antes de interponer el recurso en los casos de inactividad y vía de hecho (arts. 136 y ss.). Se admiten medidas de contenido tanto negativo (suspensión) como positivo. Las medidas cautelares están en vigor hasta que recaiga sentencia firme o finalice el procedimiento por otra causa, y pueden modificarse o revocarse durante el proceso si cambian las circunstancias que determinaron su adopción (art. 132). El Juez o Tribunal, a petición de parte, puede acordarlas cuando exista riesgo de que la sentencia pierda su finalidad.
Los criterios para adoptar las medidas cautelares
Conforme al art. 130 LJCA, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (periculum in mora). La medida podrá denegarse cuando de ella pudieran seguirse perturbaciones graves de los intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. En la práctica jurisprudencial se maneja, además, el fumus boni iuris como criterio complementario, y el interés público como límite. El criterio determinante no es la apariencia de buen derecho, sino la ponderación de los intereses en conflicto. La resolución sobre medidas cautelares no prejuzga el fondo.
La suspensión del acto administrativo
La suspensión de la ejecutividad del acto o de la aplicación de la disposición impugnados es la medida cautelar más característica y frecuente, por la presunción de validez y ejecutividad de los actos administrativos (arts. 38 y 39 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común). En el orden contencioso es habitual solicitarla por otrosí en el escrito de interposición. Si la Administración ya hubiera concedido la suspensión en vía administrativa, ésta se mantiene durante la tramitación de la solicitud en vía judicial (art. 117.4 Ley 39/2015), salvo que el tribunal disponga otra cosa.
Otras medidas cautelares distintas de la suspensión
Además de la suspensión, el tribunal puede acordar cualquier medida idónea para asegurar la efectividad de la sentencia, incluidas las positivas (ordenar una actuación provisional) en caso de inactividad administrativa o vía de hecho (art. 136 LJCA), donde la medida se adopta salvo que se aprecie con evidencia que no concurren los presupuestos de los arts. 29 y 30 o que la medida ocasione una perturbación grave de los intereses generales o de terceros. También pueden ordenarse anotaciones preventivas en registros públicos, en su caso.
Medidas cautelarísimas: adopción inaudita parte
Cuando concurran circunstancias de especial urgencia, la parte solicitante puede pedir la adopción de la medida con carácter provisionalísimo, y el órgano judicial la acuerda sin oír a la parte contraria (art. 135 LJCA), en un plazo muy breve y mediante auto. Contra el auto que la acuerda no cabe recurso; después se convoca una comparecencia de las partes para decidir sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida. En el procedimiento especial de derechos fundamentales y en los supuestos de cautelares solicitadas con urgencia, es especialmente frecuente.
Tramitación de las medidas cautelares
El incidente cautelar se tramita en pieza separada, con audiencia de la parte contraria por un plazo breve (art. 131), y se resuelve mediante auto motivado. Los autos que resuelven medidas cautelares son apelables ante la Sala correspondiente (art. 80.1 LJCA), sin que la apelación suspenda, en general, la eficacia de la medida.
Caución y garantías en las medidas cautelares
Cuando de la medida cautelar puedan derivar perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios, y podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de ellos (art. 133 LJCA). No es un presupuesto ineludible sino una facultad del tribunal.
Modificación y revocación de las medidas cautelares
Las medidas pueden ser modificadas o revocadas durante el proceso si cambian las circunstancias que determinaron su adopción (art. 132 LJCA), a instancia de cualquiera de las partes y mediante un incidente con audiencia de la parte contraria, resuelto por auto. Cuando se solicitaron antes de interponer el recurso, pierden eficacia si no se interpone el recurso en el plazo previsto.
Los incidentes procesales
Los incidentes (recusación, cuestiones de competencia, nulidad de actuaciones, alegaciones previas) se sustancian según la LJCA y, supletoriamente, la LOPJ y la LEC, en piezas separadas que no suspenden, con carácter general, el curso del proceso principal salvo que su naturaleza así lo exija. En particular, las alegaciones previas de inadmisibilidad y de incompetencia pueden plantearse antes de la contestación a la demanda (arts. 58 y 59 LJCA).
La acumulación de pretensiones y de procesos
La LJCA regula la acumulación de pretensiones en un mismo recurso y la acumulación de recursos o procesos que se sigan ante el mismo órgano judicial o ante distintos órganos, cuando exista identidad de objeto o conexión entre ellos, para su tramitación y resolución conjuntas (arts. 34 a 38 LJCA). Su finalidad es evitar sentencias contradictorias y favorecer la economía procesal; puede acordarse de oficio o a instancia de parte, y no procede cuando alguno de los procesos se encuentre en un trámite que impida la tramitación conjunta.
La invalidez de los actos procesales: nulidad de pleno derecho y anulabilidad
El régimen de nulidad de los actos procesales se encuentra en la LOPJ (arts. 225 y ss.), supletoria en el orden contencioso. Son nulos de pleno derecho los actos procesales que se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, bajo violencia o intimidación, prescindiendo total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento siempre que por ello haya podido producirse indefensión, o sin la intervención de abogado en los casos en que la ley la establezca como preceptiva (art. 225 LOPJ). Fuera de estos supuestos, los defectos formales dan lugar a anulabilidad solo si el defecto ha impedido al acto alcanzar su fin o ha producido indefensión (art. 238 y ss. LOPJ). La nulidad se declara de oficio o a instancia de parte por los cauces de los recursos, y no se decreta si el vicio puede subsanarse. El incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ permite, cuando se haya vulnerado un derecho fundamental del art. 53.2 CE que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y no quepa recurso ordinario ni extraordinario, solicitar la nulidad en el plazo de veinte días desde la notificación de la resolución o desde que se conozca el defecto, y en todo caso dentro de los cinco años desde la notificación.
Subsanación de los defectos procesales
Los defectos subsanables de los actos de las partes deben subsanarse a requerimiento del Letrado de la Administración de Justicia o del tribunal, en el plazo que se conceda (diez días en el caso del art. 45.3 LJCA), sin que pueda declararse la inadmisión por defectos formales subsanables sin dar antes oportunidad de corregirlos, conforme al principio pro actione y a la prohibición de formalismos enervantes derivada del art. 24 CE.
Las costas procesales: el criterio del vencimiento
Conforme al art. 139.1 LJCA, en primera o única instancia el órgano impone las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los recursos de apelación y casación (y de revisión) se imponen al recurrente si su recurso se desestima totalmente (art. 139.2). En los casos de terminación del proceso por desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal rigen reglas específicas (arts. 74 a 76 y 139 LJCA).
Límite de la condena en costas
La imposición de costas puede ser a la totalidad, a una parte de ellas o hasta una cifra máxima (art. 139.4 LJCA), de forma que el órgano judicial puede limitar la cuantía por todos los conceptos (honorarios de abogado, derechos de procurador, peritos). En caso de temeridad o mala fe, el tribunal puede imponer las costas al litigante temerario con independencia del resultado, y condenar al abono de una multa.
Ejecución de sentencias: competencia y deber de cumplimiento
La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al órgano que haya conocido del asunto en primera o única instancia (art. 103.1 LJCA). Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen (art. 103.2) y son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento (art. 103.4), con tramitación del incidente de nulidad ante el órgano de ejecución. El derecho a la ejecución es parte del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y rige el deber de cooperación del art. 118 CE.
El cumplimiento voluntario de la sentencia: plazo de dos meses
Luego que sea firme la sentencia, el Letrado de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que realizó la actividad objeto del recurso, para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de sus declaraciones, y se indique el órgano responsable (art. 104.1 LJCA). Transcurridos dos meses desde la comunicación sin que la sentencia se haya ejecutado, la parte interesada puede instar la ejecución forzosa (art. 104.2). Este plazo de dos meses es el general y se aplica a las sentencias que obligan a hacer o a dictar un acto; la condena al pago de cantidad líquida tiene reglas propias (art. 106).
La ejecución forzosa frente a la Administración
Si la Administración condenada a realizar una actividad o dictar un acto incumple, el Juez puede (art. 108.1 LJCA): a) ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones, con cargo a la Administración condenada; b) adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que le es inherente. Además, puede imponer multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan o dificulten la ejecución, y deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que corresponda (art. 112 LJCA).
Efectos de las sentencias que anulan actos o disposiciones
La anulación de una disposición o acto produce efectos para todas las personas afectadas (art. 72.2 LJCA); las sentencias firmes que anulen una disposición general tienen efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y los preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. La estimación de un recurso contra un acto produce efectos entre las partes (art. 72.3), sin perjuicio de la extensión de efectos prevista para materias tributaria y de personal (art. 110). Las sentencias firmes que anulen una disposición general no afectan por sí mismas a las sentencias o actos administrativos firmes que la hayan aplicado antes de que la anulación alcance efectos generales, salvo que su anulación suponga la exclusión o reducción de las sanciones aún no ejecutadas (art. 73).
La ejecución de sentencias de contenido económico
Cuando la Administración es condenada al pago de cantidad líquida, el art. 106 LJCA establece un régimen propio de plazo para el pago y de ejecución en caso de falta de crédito presupuestario, que debe consultarse en el texto vigente. Los bienes y derechos de la Hacienda Pública de dominio público son inembargables (art. 30 Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas) y los Jueces no pueden despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra bienes y derechos de la Hacienda Pública (art. 23 Ley 47/2003 General Presupuestaria), de modo que la ejecución se articula mediante órdenes de pago y requerimientos a la Administración y, en último término, con medidas coercitivas sobre los responsables.
La imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia
No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse inejecutable en todo o en parte el fallo (art. 105.1 LJCA). Si concurren causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia, el órgano obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial dentro del plazo de cumplimiento, con exposición de las razones; el Juez o Tribunal, oídas las partes y los interesados, apreciará si concurre la imposibilidad y adoptará las medidas necesarias para asegurar la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios causados (art. 105.2). La inejecución no puede decidirla la Administración; sólo puede apreciarla el órgano judicial.
Los incidentes de ejecución de sentencia
Durante la ejecución pueden plantearse incidentes sobre los términos del cumplimiento, sobre la conformidad de los actos dictados en ejecución con el fallo y sobre las medidas coercitivas, que el tribunal resuelve mediante auto tras dar audiencia a las partes y practicar, si procede, la prueba (art. 109 LJCA). Los autos dictados en ejecución son apelables en los casos del art. 80 LJCA.
Extensión de efectos de sentencias firmes
En materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública, los efectos de una sentencia firme que reconoció una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas pueden extenderse a otras siempre que: a) se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo; b) el Juez o Tribunal sentenciador sea competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones; y c) soliciten la extensión en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso (art. 110.1 LJCA). La solicitud se presenta ante el órgano que dictó la sentencia, en un incidente de ejecución, con audiencia de la Administración.
Terminación anticipada del proceso: desistimiento, allanamiento, satisfacción extraprocesal y conciliación
La LJCA regula formas de terminación distintas de la sentencia sobre el fondo. El desistimiento del recurrente (art. 74) pone fin al proceso mediante auto, salvo que la parte contraria se oponga por razones de interés legítimo; el allanamiento de la Administración demandada (art. 75) conduce a una sentencia conforme a lo allanado, salvo que suponga una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; la satisfacción extraprocesal o reconocimiento total en vía administrativa de las pretensiones (art. 76) da lugar a la terminación; y el órgano judicial puede someter a las partes una conciliación en materias de contenido disponible (art. 77). Estas fórmulas influyen en las costas: no rige el vencimiento automático cuando el proceso termina por estas vías (art. 139 LJCA).
Ejecución provisional de sentencias recurridas
La ejecución provisional permite ejecutar una sentencia aún no firme, a instancia de parte, pendiente de apelación (arts. 83 y 84 LJCA) o de casación (art. 91), con las garantías que fije el tribunal, y salvo que de la ejecución pudieran derivar situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación. Se tramita ante el órgano que dictó la sentencia. Es distinta de la ejecución definitiva (sentencia firme, arts. 103 y ss.) y requiere solicitud expresa de la parte.
Esquema de plazos del tema
Plazos de ejecución: comunicación de la sentencia firme al órgano responsable en 10 días (art. 104.1); ejecución forzosa a instancia de parte transcurridos 2 meses desde la comunicación (art. 104.2). Plazos procesales: improrrogables (art. 128.1); agosto inhábil (128.2); presentación de escritos hasta las 15 horas del día hábil siguiente (art. 135 LEC). Extensión de efectos: 1 año desde la última notificación de la sentencia (art. 110.1.c). Incidente de nulidad de actuaciones: 20 días desde la notificación o conocimiento, 5 años límite (art. 241 LOPJ). Subsanación de defectos del escrito de interposición: 10 días (art. 45.3).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Agosto es INHÁBIL en el orden contencioso (art. 128.2 LJCA), salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales. Los plazos son improrrogables (art. 128.1).
Medidas cautelares (arts. 129-136): previa valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, procede cuando la ejecución pueda hacer perder su finalidad legítima al recurso; puede denegarse si hay perturbación grave de los intereses generales o de tercero.
Suspensión del acto: medida más característica. Cautelarísimas (art. 135): inaudita parte, por especial urgencia, con comparecencia posterior. Inactividad y vía de hecho: art. 136.
Caución: facultad del tribunal (art. 133), no presupuesto indispensable. Modificación o revocación si cambian las circunstancias (art. 132).
Nulidad de pleno derecho de actos procesales (art. 225 LOPJ): falta manifiesta de jurisdicción/competencia, violencia o intimidación, omisión total de normas esenciales con indefensión, falta de abogado preceptivo. Incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ): 20 días desde la notificación o conocimiento; 5 años como límite.
Costas (art. 139): vencimiento en primera o única instancia, salvo serias dudas de hecho o de derecho; en apelación y casación se imponen al recurrente si se desestima totalmente; cabe limitar la cuantía.
Ejecución de sentencias: competencia del órgano de primera o única instancia (art. 103.1); comunicación en 10 días; ejecución forzosa a partir de los 2 meses (art. 104). Multas coercitivas y deducción de testimonio (art. 112).
No se puede suspender ni declarar inejecutable el fallo (art. 105.1); la imposibilidad material o legal la aprecia el Juez, con indemnización sustitutoria.
Bienes demaniales inembargables; no se embargan bienes de la Hacienda Pública (art. 23 LGP y art. 30 LPAP).
Extensión de efectos (art. 110): tributario y personal; plazo de 1 año desde la última notificación de la sentencia a las partes del proceso.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 128.2 LJCA, el mes de agosto es en el orden contencioso-administrativo:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 64 de Gestión Procesal (Justicia)?
Este tema reúne las disposiciones comunes a todos los procedimientos contencioso-administrativos (Título VI de la Ley 29/1998, LJCA): el régimen de plazos, que son improrrogables y en los que el mes de agosto es inhábil (salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales); las medidas cautelares (arts. 129 a 136), regidas por la valoración circunstanciada de los intereses en conflicto y por el peligro de que el recurso pierda su finalidad legítima, con la suspensión del acto como medida más característica; los incidentes y la invalidez de los actos procesales (LOPJ y LEC supletorias); las costas (art. 139), con el criterio del vencimiento; y la ejecución de sentencias (arts. 103 a 113), que presenta especialidades por la posición de la Administración: plazo de cumplimiento voluntario de dos meses, ejecución forzosa, multas coercitivas, inembargabilidad de los bienes públicos, imposibilidad de ejecución y extensión de efectos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 64 para el examen?
Agosto es INHÁBIL en el orden contencioso (art. 128.2 LJCA), salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales. Los plazos son improrrogables (art. 128.1). Medidas cautelares (arts. 129-136): previa valoración circunstanciada de los intereses en conflicto, procede cuando la ejecución pueda hacer perder su finalidad legítima al recurso; puede denegarse si hay perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Suspensión del acto: medida más característica. Cautelarísimas (art. 135): inaudita parte, por especial urgencia, con comparecencia posterior. Inactividad y vía de hecho: art. 136. Caución: facultad del tribunal (art. 133), no presupuesto indispensable. Modificación o revocación si cambian las circunstancias (art. 132). Nulidad de pleno derecho de actos procesales (art. 225 LOPJ): falta manifiesta de jurisdicción/competencia, violencia o intimidación, omisión total de normas esenciales con indefensión, falta de abogado preceptivo. Incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ): 20 días desde la notificación o conocimiento; 5 años como límite. Costas (art. 139): vencimiento en primera o única instancia, salvo serias dudas de hecho o de derecho; en apelación y casación se imponen al recurrente si se desestima totalmente; cabe limitar la cuantía. Ejecución de sentencias: competencia del órgano de primera o única instancia (art. 103.1); comunicación en 10 días; ejecución forzosa a partir de los 2 meses (art. 104). Multas coercitivas y deducción de testimonio (art. 112). No se puede suspender ni declarar inejecutable el fallo (art. 105.1); la imposibilidad material o legal la aprecia el Juez, con indemnización sustitutoria. Bienes demaniales inembargables; no se embargan bienes de la Hacienda Pública (art. 23 LGP y art. 30 LPAP). Extensión de efectos (art. 110): tributario y personal; plazo de 1 año desde la última notificación de la sentencia a las partes del proceso.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718), arts. 34-38, 46, 58-59, 72-73, 74-76, 80, 103-113, 128-139.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), arts. 182, 225 y ss., 241.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), art. 135, de aplicación supletoria.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, art. 30.
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, art. 23.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 38, 39 y 117.
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia (LexNET).
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
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