Tema 32. Los recursos. Concepto. Clases de recursos. Efectos de los recursos y de su desistimiento. El depósito para recurrir. Los recursos de reposición y de revisión. El recurso de queja. El recurso de apelación. Apelación y segunda instancia; el derecho a la segunda instancia. Resoluciones contra las que procede apelación. Sustanciación del recurso. Oposición a la apelación e impugnación de la sentencia. La prueba en la apelación.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El sistema de recursos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Libro II, Título IV: arts. 448 a 508 para los recursos y, dentro de él, los capítulos de reposición y revisión, queja y apelación) permite a la parte perjudicada solicitar el reexamen de una resolución judicial. Este tema desarrolla el concepto y las clases de recursos, el derecho a recurrir y su presupuesto (el gravamen), los efectos del recurso y del desistimiento, el depósito para recurrir de la disposición adicional 15.ª de la LOPJ, los recursos no devolutivos de reposición (arts. 451 a 453) y revisión (art. 454 bis), el recurso de queja (arts. 494 a 496) y, con especial detenimiento, el recurso de apelación (arts. 455 a 467): resoluciones apelables, interposición, oposición e impugnación, prueba en segunda instancia, vista y resolución. Los recursos extraordinarios (infracción procesal y casación) y la revisión y rescisión de sentencias firmes se estudian en el tema siguiente.
El recurso es el medio de impugnación por el que la parte que se considera perjudicada por una resolución judicial solicita su reforma, revocación o anulación, ante el mismo órgano que la dictó o ante otro superior, dentro de un mismo proceso y antes de que la resolución adquiera firmeza. Se distingue de otros medios de impugnación que operan frente a resoluciones ya firmes (revisión y rescisión de sentencias firmes, nulidad de actuaciones) y de los incidentes de nulidad. El artículo 448 LEC reconoce el derecho a recurrir a las partes legitimadas frente a las resoluciones que les afecten desfavorablemente, y establece que los plazos para recurrir son perentorios y se cuentan desde el día siguiente al de la notificación. Además de las partes, pueden recurrir los terceros que hayan intervenido legalmente en el proceso en la medida en que la resolución les perjudique. El derecho al recurso en el proceso civil es un derecho de configuración legal: el artículo 24 CE no garantiza la segunda instancia civil, a diferencia del proceso penal, donde el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la impone, pero una vez que la ley establece un recurso, su denegación arbitraria o irrazonable vulnera la tutela judicial efectiva.
Clases de recursos
Los recursos se clasifican con varios criterios. 1) Por el órgano que los resuelve: no devolutivos, que resuelve el mismo órgano que dictó la resolución (reposición y revisión), y devolutivos, que resuelve un órgano superior (apelación, queja, casación y extraordinario por infracción procesal). 2) Por la exigencia de motivos: ordinarios, en los que la ley no limita los fundamentos (reposición, revisión, apelación y queja), y extraordinarios, con motivos tasados (infracción procesal y casación). La revisión y la rescisión de sentencias firmes no son recursos en sentido estricto, sino procesos de impugnación de cosa juzgada. 3) Por el tipo de resolución recurrida: providencias y autos no definitivos (reposición), decretos del Letrado de la Administración de Justicia (reposición ante el propio Letrado y revisión ante el Juez o Tribunal), sentencias y autos definitivos (apelación). Regla de oro: el recurso depende de la clase de resolución, no de lo que pida el recurrente, y la ley lo fija expresamente (principio de taxatividad).
Presupuestos: legitimación, gravamen, plazo y forma
Para recurrir se precisa: a) resolución recurrible; b) legitimación, que corresponde a quien resulta perjudicado por la resolución, es decir, quien sufre un gravamen por no haber obtenido todo lo pedido o por haberse resuelto en su contra una cuestión relevante; quien obtuvo íntegramente lo que pretendía carece de interés en recurrir, aunque discrepe de la fundamentación; c) plazo, que es perentorio y no admite prórroga (cinco días en reposición y revisión, diez en queja, veinte en apelación); d) forma, esto es, escrito en el que se expresan los pronunciamientos que se impugnan y las alegaciones; y e) el depósito para recurrir en los casos en que lo exige la ley. Los escritos pueden presentarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, conforme a la regla general de presentación de escritos, y el mes de agosto es inhábil salvo para las actuaciones urgentes. El error en la designación del recurso no impide su tramitación si del escrito resulta con claridad la impugnación que se pretende, conforme al principio antiformalista, aunque la calificación equivocada puede conducir a la inadmisión si el recurso no es el procedente y no cabe reconducirlo.
La protesta y las exigencias especiales para recurrir
Cuando en una vista, comparecencia o audiencia se dicta una resolución oral que no es recurrible o frente a la que la ley no concede recurso (por ejemplo, la inadmisión de una prueba en la audiencia previa o en el juicio), la parte perjudicada puede formular protesta, que permite reproducir la cuestión en el recurso que proceda contra la sentencia (art. 446 LEC). La protesta sirve así para agotar la vía y no perder la posibilidad de alegar en apelación una infracción procesal. Por otra parte, el artículo 449 LEC condiciona el derecho a recurrir en ciertos supuestos: en los procesos de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas y en las reclamaciones de rentas, el demandado que pretende recurrir debe acreditar haber pagado o consignado lo debido, y en los procesos de reclamación de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor, la aseguradora que recurre debe acreditar haber consignado el importe de la indemnización y los intereses. Si no se cumplen estas exigencias, el recurso no se admite.
Efectos de los recursos
Los recursos tienen efecto devolutivo cuando se resuelven por un órgano superior (apelación, queja, casación, infracción procesal) y no devolutivo cuando los resuelve el mismo que dictó la resolución (reposición, revisión). En cuanto al efecto suspensivo, rige la regla de que la interposición de un recurso no suspende por sí misma la eficacia de la resolución, y especialmente de la sentencia de primera instancia, que puede ser objeto de ejecución provisional (arts. 524 y siguientes LEC) aunque se haya interpuesto apelación, extraordinario por infracción procesal o casación. Los recursos de reposición y revisión no suspenden, salvo disposición expresa, la ejecución de lo resuelto. Un efecto relevante del recurso es que impide la firmeza de la resolución mientras se tramita; la sentencia adquiere firmeza cuando no cabe recurso o transcurre el plazo sin interponerlo, o cuando se desiste del interpuesto, o cuando se resuelve el último recurso. Conviene no confundir el efecto suspensivo con la ejecución provisional: lo habitual es que el recurso no suspenda y sea precisamente la ejecución provisional lo que permite anticipar los efectos de la sentencia.
El desistimiento del recurso
El recurrente puede desistir del recurso interpuesto en cualquier momento anterior a que recaiga resolución (art. 450 LEC). El desistimiento se declara por el Letrado de la Administración de Justicia o el tribunal, según el caso, y tiene como consecuencia que la resolución impugnada queda firme en los términos en que fue dictada, sin que sea necesario el consentimiento de la parte recurrida, que no tiene un derecho a que el recurso se resuelva. El desistimiento del recurso principal arrastra la impugnación adhesiva que se hubiera formulado como mera oposición subordinada, y la pérdida del depósito para recurrir se rige por la regla general (se pierde en caso de desestimación o inadmisión). No debe confundirse el desistimiento del recurso, que afecta solo a la impugnación de la resolución, con el desistimiento de la demanda en la primera instancia, que implica renunciar a continuar el proceso, ni con la renuncia a la acción.
El depósito para recurrir
La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, exige constituir un depósito para interponer recursos ordinarios, extraordinarios y la acción de rescisión o revisión de sentencia firme. Cuantías en el orden civil: 25 euros para los recursos de reposición y de revisión; 30 euros para la queja; y 50 euros para la apelación, el recurso extraordinario por infracción procesal, la casación, la revisión de sentencias firmes y la rescisión de sentencia a instancia del rebelde. El depósito se consigna en la cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial y debe acreditarse al presentar el escrito. Si no se acredita, el Letrado de la Administración de Justicia concede un plazo de dos días para subsanar, y si no se subsana, se inadmite el recurso mediante resolución motivada. Están exentos el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, y quienes tienen reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. Si el recurso se estima total o parcialmente se devuelve el depósito; si se desestima o inadmite, se pierde.
El recurso de reposición
Procede contra las providencias y autos no definitivos, salvo que la ley excluya expresamente la reposición, y contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Letrado de la Administración de Justicia, en cuyo caso se interpone ante el propio Letrado (art. 451 LEC). El plazo es de cinco días desde la notificación (art. 452) y el escrito debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución recurrida, sin lo cual se inadmite. Admitido, se da traslado a las demás partes para que impugnen en el plazo común de cinco días, y se resuelve por auto (si lo dictó el Juez o Tribunal) o por decreto (si el recurrido era una diligencia de ordenación o decreto no definitivo). El auto que resuelve la reposición no es recurrible, aunque la parte puede reproducir la cuestión en el recurso que proceda contra la resolución definitiva. La reposición no tiene efecto suspensivo. Si se plantea reposición contra una resolución que cabe apelar, la reposición es improcedente: es un error típico confundir la reposición con la apelación frente a autos definitivos.
El recurso directo de revisión
El artículo 454 bis LEC regula el recurso directo de revisión contra los decretos del Letrado de la Administración de Justicia que ponen fin al procedimiento o impiden su continuación, y contra aquellos otros decretos para los que la ley lo prevea expresamente. Se interpone directamente ante el Juez o Tribunal que conoce del asunto, en el plazo de cinco días, mediante escrito que debe expresar la infracción cometida. Se da traslado a las demás partes personadas para alegaciones y el Juez o Tribunal resuelve mediante auto, contra el que no cabe recurso. El recurso no suspende la ejecución del decreto, salvo que la ley lo establezca. Es la vía ordinaria de control de las decisiones del Letrado de la Administración de Justicia, junto con la reposición que se interpone ante él mismo contra sus resoluciones no definitivas. Para los decretos definitivos es necesario el depósito de 25 euros salvo exención.
Resumen de resoluciones y recursos
Esquema de memoria. Diligencias de ordenación: reposición ante el Letrado de la Administración de Justicia. Decretos no definitivos: reposición ante el Letrado. Decretos definitivos (que ponen fin al procedimiento o impiden su continuación) y los que la ley señale: revisión ante el Juez o Tribunal. Providencias: reposición ante el Juez o Tribunal. Autos no definitivos: reposición. Autos definitivos: apelación. Sentencias: apelación (en primera instancia), y extraordinario por infracción procesal y casación (frente a las dictadas en apelación por Audiencias Provinciales en los supuestos legales). Denegación de la tramitación de un recurso devolutivo: queja. Resoluciones orales no recurribles: protesta. La falta de recurso o el transcurso del plazo implica la firmeza de la resolución.
El recurso de queja
El recurso de queja (arts. 494 a 496 LEC) procede contra los autos que denieguen la tramitación de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación. No cabe contra la desestimación del fondo ni contra las providencias de mero trámite. Se interpone directamente ante el tribunal competente para conocer del recurso denegado, en el plazo de diez días desde la notificación del auto denegatorio, acompañando testimonio de la resolución recurrida y de la que deniega la tramitación, y no suspende la tramitación del proceso ni la ejecución de lo resuelto. Si el tribunal superior estima la queja, ordena al inferior que dé al recurso la tramitación que proceda; si la desestima, confirma la denegación. Contra el auto que resuelve la queja no cabe recurso alguno. El depósito para recurrir en queja es de 30 euros salvo exención. Este recurso se limita a controlar la decisión de no tramitar el recurso, no a revisar el fondo del asunto.
El recurso de apelación: concepto y resoluciones apelables
La apelación (arts. 455 a 467 LEC) es el recurso ordinario y devolutivo que somete a la Audiencia Provincial el nuevo examen de lo resuelto por el órgano de primera instancia. Según el artículo 455, son apelables las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquellos otros que la ley señale expresamente. El artículo 455 excluía de apelación las sentencias dictadas en juicio verbal por razón de la cuantía cuando no excediera de 3.000 euros; conviene comprobar la redacción vigente tras las reformas procesales recientes. No son apelables las providencias, los autos no definitivos (salvo que la ley lo disponga), los decretos ni las diligencias de ordenación. Las resoluciones no apelables pueden impugnarse en la apelación contra la sentencia definitiva mediante protesta o reproduciendo la cuestión. Dicta la sentencia la Audiencia Provincial, cuya resolución, si cumple los requisitos legales, podrá ser objeto de recursos extraordinarios.
Naturaleza de la apelación: segunda instancia y novum iudicium limitado
El artículo 456 LEC define el ámbito de la apelación: podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las partes, que se revoque un auto o sentencia y que se dicte otro favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante el tribunal de primera instancia y de la prueba que se practique ante el tribunal de apelación. La apelación es, por tanto, un recurso de plenitud de cognición sobre hechos y derecho (no un recurso extraordinario con motivos tasados), pero no un nuevo juicio: está limitada por el principio de que no pueden plantearse cuestiones nuevas ni modificar la causa de pedir o el petitum, y por el carácter restringido de la prueba. El segundo grado de jurisdicción permite al tribunal valorar de nuevo la prueba practicada en primera instancia, salvo la practicada con inmediación cuando la valoración del juez de instancia no resulte ilógica. Las Audiencias Provinciales resuelven la apelación, con especialización de secciones en materia mercantil y otras.
Interposición del recurso de apelación
La apelación se interpone mediante un único escrito, sin fase previa de preparación, presentado ante el mismo tribunal que dictó la resolución apelada en el plazo de veinte días desde el día siguiente a la notificación de la resolución (art. 458 LEC). El escrito debe expresar los pronunciamientos que se impugnan, las alegaciones en que se funda y, si se pretende, la proposición de prueba en segunda instancia o la denuncia de infracciones procesales, con acreditación del depósito para recurrir (50 euros). Si el escrito no se presenta en plazo o la resolución no es apelable, el órgano de instancia puede inadmitir; en otro caso se tiene por interpuesto el recurso. La parte contraria que no ha interpuesto apelación puede adherirse a ella en el escrito de oposición. El plazo de veinte días es común para los apelantes principales; el apelado inicial dispone de un plazo propio de diez días para oponerse o impugnar. La interposición no suspende la ejecución provisional de la sentencia, salvo excepciones.
Infracciones procesales en la apelación
El artículo 459 LEC establece que, para que pueda alegarse en la apelación una infracción de normas o garantías procesales cometida en la primera instancia, debe haberse denunciado en ella oportunamente, si hubo ocasión de hacerlo, y haberse pedido su subsanación, salvo que la infracción se haya producido en el momento de dictar sentencia. Si el tribunal de apelación aprecia que la infracción procesal ha producido indefensión, ordena reponer las actuaciones al estado en que se encontraban cuando se cometió, con la consecuencia de que el proceso se retrotrae y continúa desde ese momento. La infracción alegada puede ser causa de nulidad, pero la apelación permite además alegar el error en la valoración de la prueba y la infracción de normas sustantivas. Para evitar la preclusión, la parte debe haber formulado la protesta cuando la resolución oral no fuera recurrible.
La prueba en la segunda instancia (art. 460 LEC)
La prueba en apelación es excepcional y está tasada. Solo pueden proponerse en el escrito de interposición, o en el de oposición o impugnación, los siguientes medios: 1.º las pruebas que hubieran sido denegadas en la primera instancia, siempre que hubieran sido propuestas en forma y, si la denegación fuera recurrible, hubiera sido recurrida; 2.º las propuestas y admitidas en la primera instancia que no se hubieran podido practicar, siquiera parcialmente, por causas no imputables al solicitante; y 3.º las relativas a hechos de relevancia para la decisión del pleito que hubieran ocurrido después del comienzo del plazo para dictar sentencia o antes de dicho término siempre que la parte alegue y justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad. El tribunal resuelve sobre la admisión de la prueba mediante auto. Los documentos nuevos no pueden aportarse salvo que encajen en estos supuestos. Con el resto de materias, la apelación se decide sobre lo actuado en primera instancia.
Oposición a la apelación e impugnación de la sentencia (art. 461 LEC)
Presentado el escrito de interposición, el Letrado de la Administración de Justicia da traslado a las demás partes para que, en el plazo de diez días, presenten escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable. La impugnación (llamada tradicionalmente adhesión a la apelación) permite al apelado, que no apeló, solicitar la modificación de pronunciamientos que le perjudiquen y que consintió, ampliando el objeto del recurso; la parte que ha presentado el recurso principal puede oponerse a ella en un plazo de diez días. Las alegaciones deben presentarse con claridad y ordenación, indicando los pronunciamientos que se impugnan. El apelado que no impugna no puede obtener mejora de su situación en segunda instancia, pues se le aplica la prohibición de reformatio in peius para el apelante principal. Si el apelante desiste, la impugnación se mantiene solo si se formuló como recurso autónomo, no si era simple oposición.
Principios de la apelación: tantum devolutum quantum appellatum y reformatio in peius
La apelación se rige por el principio tantum devolutum quantum appellatum: el tribunal de segunda instancia solo puede conocer de los pronunciamientos de la sentencia que hayan sido impugnados por las partes, y no extender su examen a los extremos consentidos, salvo las cuestiones de orden público procesal que puede apreciar de oficio. De este principio deriva la prohibición de la reformatio in peius, de origen doctrinal y constitucional (art. 24 CE): el tribunal no puede agravar la situación del apelante único, porque se vulneraría la congruencia y se resolvería sobre extremos que ninguna parte sometió a su consideración. La prohibición cede cuando ambas partes recurren o impugnan la sentencia, supuesto en el que el tribunal puede decidir sobre los pronunciamientos recurridos, y en las cuestiones de orden público que debe apreciar de oficio. Es la contrapartida del principio dispositivo en segunda instancia.
Sustanciación ante el tribunal de apelación: admisión, vista y resolución
Recibidos los autos en la Audiencia Provincial, esta comprueba que el recurso es admisible y emplaza a las partes. Si se han propuesto pruebas, el tribunal decide sobre su admisión, y si se admite se señala vista para practicarlas; también puede celebrarse vista cuando lo considere necesario el tribunal. En otro caso, se señala día para votación y fallo. La Audiencia dicta sentencia (arts. 464 y 465 LEC) que puede confirmar la resolución recurrida, revocarla total o parcialmente y dictar otra en su lugar, o declarar la nulidad de actuaciones cuando concurra una infracción procesal que lo exija, reponiendo las actuaciones al momento anterior a aquel en que se cometió. En todo caso resuelve las cuestiones planteadas, aunque no puede empeorar la situación del apelante único. La sentencia de apelación, si es recurrible, puede ser objeto de recursos extraordinarios. Si deniega el recurso, se confirma la sentencia y esta adquiere firmeza salvo recursos extraordinarios.
Costas de los recursos
El artículo 398 LEC establece que, si se desestiman todos los recursos de reposición, queja, apelación, extraordinario por infracción procesal, casación o revisión, las costas se imponen al recurrente conforme a los criterios del artículo 394, esto es, con la posibilidad de no imponerlas si el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se imponen las costas del recurso a ninguno de los litigantes. Además, la desestimación total supone la pérdida del depósito para recurrir. En la reposición sobre providencias de mero trámite no hay condena en costas salvo temeridad, aunque se han estimado nulas las imposiciones sin motivación específica.
Los recursos extraordinarios y la rescisión y revisión de sentencias firmes
Frente a las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales caben, en los supuestos previstos por la ley, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, que se estudian en el tema siguiente junto con la rescisión de sentencias firmes a instancia del demandado rebelde y la revisión de sentencias firmes. Su régimen ha sido reformado en los últimos años, de modo que es imprescindible consultar la redacción vigente de los artículos 468 y siguientes de la LEC y la normativa que regula el interés casacional. A efectos de este tema debe retenerse que estos recursos no constituyen una tercera instancia, que sus motivos son tasados y que el depósito para recurrir es de 50 euros.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Recursos no devolutivos (reposición y revisión) los resuelve el mismo órgano; devolutivos (apelación, queja, casación, infracción procesal) los resuelve un órgano superior.
Plazos: reposición y revisión, cinco días; queja, diez días; apelación, veinte días; oposición o impugnación de la apelación, diez días; los plazos son perentorios.
Depósito para recurrir (DA 15.ª LOPJ): reposición y revisión, 25 euros; queja, 30 euros; apelación, infracción procesal y casación, 50 euros. Exentos: Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, organismos autónomos y beneficiarios de justicia gratuita. Error típico: creer que la apelación cuesta 25 euros.
Si no se acredita el depósito se concede un plazo de dos días para subsanar; si no se subsana, se inadmite el recurso.
Providencias y autos no definitivos: reposición. Decretos no definitivos y diligencias de ordenación: reposición ante el Letrado. Decretos definitivos: revisión ante el Juez. Autos definitivos y sentencias: apelación.
El auto que resuelve la reposición y el que resuelve la revisión no son recurribles.
El recurso de queja se dirige contra el auto que deniega la tramitación de la apelación, de la casación o de la infracción procesal, y se interpone directamente ante el tribunal superior.
El gravamen (perjuicio para el recurrente) es presupuesto para recurrir (art. 448 LEC): no puede recurrir quien obtuvo íntegramente lo pedido.
La apelación se interpone ante el tribunal que dictó la resolución, en un solo escrito, en veinte días; no existe fase de preparación.
En segunda instancia solo cabe prueba en los casos tasados del art. 460 LEC: denegada indebidamente, no practicada por causa no imputable, o hechos posteriores o de nueva noticia.
tantum devolutum quantum appellatum: el tribunal de apelación conoce solo de lo impugnado, salvo orden público. La reformatio in peius está prohibida cuando solo recurre una parte.
La impugnación de la sentencia por el apelado (art. 461 LEC) permite ampliar el objeto de la apelación; si el apelante principal desiste, la impugnación adhesiva decae cuando tenía carácter subordinado.
La infracción procesal alegada en apelación debe haberse denunciado en la instancia y, si no pudo hacerse, no hace falta; la protesta es el instrumento para resoluciones orales no recurribles (art. 446 LEC).
En desahucio por falta de pago, para recurrir hay que acreditar el pago de lo debido (art. 449 LEC).
Costas (art. 398 LEC): desestimación total, costas al recurrente con los criterios del art. 394; estimación total o parcial, sin imposición de costas del recurso.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
Si el recurrente desiste del recurso antes de que se resuelva:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 32 de Gestión Procesal (Justicia)?
El sistema de recursos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Libro II, Título IV: arts. 448 a 508 para los recursos y, dentro de él, los capítulos de reposición y revisión, queja y apelación) permite a la parte perjudicada solicitar el reexamen de una resolución judicial. Este tema desarrolla el concepto y las clases de recursos, el derecho a recurrir y su presupuesto (el gravamen), los efectos del recurso y del desistimiento, el depósito para recurrir de la disposición adicional 15.ª de la LOPJ, los recursos no devolutivos de reposición (arts. 451 a 453) y revisión (art. 454 bis), el recurso de queja (arts. 494 a 496) y, con especial detenimiento, el recurso de apelación (arts. 455 a 467): resoluciones apelables, interposición, oposición e impugnación, prueba en segunda instancia, vista y resolución. Los recursos extraordinarios (infracción procesal y casación) y la revisión y rescisión de sentencias firmes se estudian en el tema siguiente.
¿Qué hay que memorizar del Tema 32 para el examen?
Recursos no devolutivos (reposición y revisión) los resuelve el mismo órgano; devolutivos (apelación, queja, casación, infracción procesal) los resuelve un órgano superior. Plazos: reposición y revisión, cinco días; queja, diez días; apelación, veinte días; oposición o impugnación de la apelación, diez días; los plazos son perentorios. Depósito para recurrir (DA 15.ª LOPJ): reposición y revisión, 25 euros; queja, 30 euros; apelación, infracción procesal y casación, 50 euros. Exentos: Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, organismos autónomos y beneficiarios de justicia gratuita. Error típico: creer que la apelación cuesta 25 euros. Si no se acredita el depósito se concede un plazo de dos días para subsanar; si no se subsana, se inadmite el recurso. Providencias y autos no definitivos: reposición. Decretos no definitivos y diligencias de ordenación: reposición ante el Letrado. Decretos definitivos: revisión ante el Juez. Autos definitivos y sentencias: apelación. El auto que resuelve la reposición y el que resuelve la revisión no son recurribles. El recurso de queja se dirige contra el auto que deniega la tramitación de la apelación, de la casación o de la infracción procesal, y se interpone directamente ante el tribunal superior. El gravamen (perjuicio para el recurrente) es presupuesto para recurrir (art. 448 LEC): no puede recurrir quien obtuvo íntegramente lo pedido. La apelación se interpone ante el tribunal que dictó la resolución, en un solo escrito, en veinte días; no existe fase de preparación. En segunda instancia solo cabe prueba en los casos tasados del art. 460 LEC: denegada indebidamente, no practicada por causa no imputable, o hechos posteriores o de nueva noticia. tantum devolutum quantum appellatum: el tribunal de apelación conoce solo de lo impugnado, salvo orden público. La reformatio in peius está prohibida cuando solo recurre una parte. La impugnación de la sentencia por el apelado (art. 461 LEC) permite ampliar el objeto de la apelación; si el apelante principal desiste, la impugnación adhesiva decae cuando tenía carácter subordinado. La infracción procesal alegada en apelación debe haberse denunciado en la instancia y, si no pudo hacerse, no hace falta; la protesta es el instrumento para resoluciones orales no recurribles (art. 446 LEC). En desahucio por falta de pago, para recurrir hay que acreditar el pago de lo debido (art. 449 LEC). Costas (art. 398 LEC): desestimación total, costas al recurrente con los criterios del art. 394; estimación total o parcial, sin imposición de costas del recurso.
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 446 a 467 (recursos y apelación), 494 a 496 (queja) y 398 (costas de los recursos).
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, disposición adicional 15.ª (depósito para recurrir), introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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