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Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: composición y funciones. La jurisdicción: Jueces y Magistrados: Funciones y competencias. La independencia judicial. El Ministerio Fiscal: Organización y funciones. Sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El Poder Judicial se organiza en torno al principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) y de independencia de Jueces y Magistrados, con el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal como institución constitucionalmente distinta, encargada de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Este tema desarrolla los principios constitucionales de la justicia, la composición y funciones del CGPJ, el estatuto de Jueces y Magistrados y la independencia judicial, los órganos jurisdiccionales y sus competencias, la organización y funciones del Ministerio Fiscal y los sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal.

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El Poder Judicial: principios constitucionales (arts. 117-120 CE)

El art. 117.1 CE proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El art. 117.2 garantiza la inamovilidad: los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. El art. 117.3 atribuye en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El art. 117.4 prohíbe a los Juzgados y Tribunales ejercer más funciones que las jurisdiccionales y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho. El art. 117.5 consagra el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, y regula la jurisdicción militar, estrictamente circunscrita al ámbito castrense y a los supuestos de estado de sitio. El art. 117.6 prohíbe los Tribunales de excepción. El art. 118 impone el deber de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como de prestarles la colaboración requerida; el art. 119 garantiza la justicia gratuita cuando así lo disponga la ley, y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar; el art. 120 establece la publicidad de las actuaciones judiciales (con las excepciones previstas en las leyes de procedimiento), el carácter predominantemente oral del procedimiento, especialmente en materia criminal, y la motivación de las sentencias, que se pronuncian en audiencia pública. El art. 122.1 reserva a la LOPJ la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales y el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que forman un Cuerpo único.

Jurisdicciones y órganos jurisdiccionales

La potestad jurisdiccional se ejerce por órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España y sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE); se organiza en Salas (Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; Cuarta, de lo Social; Quinta, de lo Militar). La Audiencia Nacional, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, conoce de las materias que la ley le atribuye. Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma (art. 152.1 CE). Existen además las Audiencias Provinciales y, en el ámbito de primera instancia e instrucción, los Juzgados, que tras la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se integran progresivamente en los Tribunales de Instancia, organizados en secciones por materias (civil, instrucción, penal, mercantil, violencia sobre la mujer, entre otras); los Juzgados de Paz se mantienen en los municipios sin órgano de otra categoría. La competencia se determina por criterios objetivos, funcionales y territoriales fijados en la LOPJ y en las leyes procesales.

El Consejo General del Poder Judicial: composición (art. 122 CE y LOPJ)

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2 CE), compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros (vocales) nombrados por el Rey por un periodo de cinco años (art. 122.3 CE): doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del Consejo, elegido entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. El sistema de designación de los vocales de procedencia judicial ha sido modificado en varias ocasiones (LO 4/2013 y LO 4/2021, que restringió las facultades de nombramiento del CGPJ en funciones). El mandato del Consejo constituido en 2013 expiró en 2018 y el CGPJ continuó en funciones hasta su renovación en julio de 2024.

Funciones y organización del Consejo General del Poder Judicial

Corresponde al CGPJ, entre otras funciones (arts. 560 y ss. LOPJ): proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ y de dos Magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.1 CE); los nombramientos, ascensos, situaciones administrativas, inspección y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados; la selección, formación y perfeccionamiento de Jueces y Magistrados, a través de la Escuela Judicial; la elaboración de informes sobre anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales o al estatuto de Jueces y Magistrados; la potestad reglamentaria en las materias que le atribuye la ley; la elaboración del anteproyecto de su presupuesto; y la resolución de los recursos que se interpongan contra sus propios acuerdos. Se estructura en Pleno, Comisión Permanente, Comisión Disciplinaria, Comisión de Calificación, Comisión de Igualdad y Comisión de Estudios e Informes, entre otros órganos y unidades técnicas (Servicio de Inspección, Promotor de la Acción Disciplinaria).

Jueces y Magistrados: funciones, competencias e independencia judicial

La carrera judicial se compone de las categorías de Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez (art. 299 LOPJ). El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a Jueces y Magistrados integrados en el Poder Judicial. Los Jueces y Magistrados son independientes respecto de todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 12 LOPJ); no pueden corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento hecha por sus inferiores jerárquicos sino cuando administren justicia en virtud de los recursos establecidos en las leyes. Su independencia se garantiza mediante inamovilidad (art. 117.2 CE) y mediante un régimen de incompatibilidades y prohibiciones estricto: mientras se hallen en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127 CE); la ley establece el sistema y modalidades de asociación profesional. La jubilación forzosa se produce a los setenta años, con posibilidad de prórroga hasta los setenta y dos (art. 386 LOPJ). Frente a las presiones o injerencias en su función, los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo ponen en conocimiento del CGPJ (art. 14 LOPJ). La responsabilidad de Jueces y Magistrados puede ser civil (por dolo o culpa), penal y disciplinaria, conforme a los procedimientos legalmente establecidos. Existen además Jueces de Paz, no integrados en la carrera judicial, y Jueces y Magistrados sustitutos y suplentes.

La responsabilidad del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 121 CE)

El art. 121 CE reconoce el derecho a una indemnización a cargo del Estado por los daños causados por error judicial y por los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, conforme a la ley. La LOPJ (arts. 292 y ss.) desarrolla este derecho: los daños deben ser reales, evaluables económicamente e individualizados con relación a una persona o grupo de personas; quedan excluidos los supuestos de fuerza mayor. El error judicial debe ser previamente declarado por una resolución judicial específica (con carácter general, mediante una demanda ante la Sala del Tribunal Supremo que corresponda), cuyo plazo de ejercicio es breve; el funcionamiento anormal no exige esa previa declaración judicial y se reclama directamente ante el Ministerio de Justicia, aplicando el procedimiento administrativo. El derecho a reclamar la indemnización prescribe al año desde que pudo ejercitarse. El art. 294 LOPJ reconoce además indemnización a quienes, tras sufrir prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o se acuerde el sobreseimiento libre (precepto parcialmente anulado por la STC 85/2019). El Estado puede repetir contra el Juez o Magistrado cuando haya mediado dolo o culpa grave (art. 296 LOPJ); el reconocimiento de la responsabilidad del Estado no presupone la responsabilidad personal ni disciplinaria del Juez que dictó la resolución.

La potestad disciplinaria sobre Jueces y Magistrados

El régimen disciplinario de Jueces y Magistrados, regulado en el Libro IV de la LOPJ, distingue entre faltas muy graves (entre ellas, la afiliación a partidos políticos o sindicatos), graves y leves, con sanciones proporcionadas que van desde la advertencia y la multa hasta la suspensión, el traslado forzoso y la separación del servicio en los casos más graves. La instrucción de los expedientes disciplinarios corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria, auxiliado por el Servicio de Inspección, y su resolución a los órganos del CGPJ (la Comisión Disciplinaria para las faltas graves y muy graves, con intervención del Pleno en las sanciones de mayor entidad) o, para las faltas leves, a los órganos de gobierno previstos en la ley (Presidentes y Salas de Gobierno), sin perjuicio de los recursos correspondientes. Los acuerdos disciplinarios son recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Las Salas de Gobierno y otros órganos de gobierno interno

Las Salas de Gobierno son los órganos de gobierno interno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, integradas por su Presidente, que las preside, y por Presidentes de Sala y Magistrados en el número y con el sistema de elección que fija la LOPJ. Ejercen funciones de gobierno del Tribunal correspondiente (aprobación de normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones, régimen de turnos y guardias, informes sobre necesidades de la planta judicial de su ámbito, resolución de determinadas cuestiones disciplinarias de menor entidad) sin interferir en el ejercicio de la función estrictamente jurisdiccional de cada Juez o Magistrado, que permanece plenamente independiente. Completan la estructura de gobierno interno los Presidentes de los Tribunales, las Juntas de Jueces y los Jueces Decanos.

El Ministerio Fiscal: naturaleza y funciones (art. 124 CE)

El Ministerio Fiscal, sin ser parte del Poder Judicial, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (art. 124.1 CE). Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE). La ley regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (art. 124.3). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124.4 CE); el Estatuto Orgánico exige que sea un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y su mandato es de cuatro años, con cese cuando cese el Gobierno que lo propuso, entre otras causas. Sus funciones comprenden, entre otras, velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales, ejercitar las acciones penales y civiles que procedan, intervenir en el proceso penal, promover la investigación y defender los derechos de los menores e incapaces, y actuar en el orden contencioso-administrativo y social cuando proceda.

Organización del Ministerio Fiscal: órganos

La organización del Ministerio Fiscal sigue en paralelo a la judicial: Fiscalía General del Estado (con el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala y la Inspección Fiscal), Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Fiscalía ante el Tribunal Supremo, Fiscalía de la Audiencia Nacional, Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas, Fiscalías Especiales (Antidroga y Anticorrupción), Fiscalías de las Comunidades Autónomas, Fiscalías Provinciales y Fiscalías de Área. Existen además Fiscales de Sala coordinadores o delegados en materias especializadas (por ejemplo, violencia sobre la mujer, menores, extranjería, medio ambiente), así como secciones especializadas en las Fiscalías. El Fiscal General del Estado imparte instrucciones, circulares y consultas de aplicación para todos los miembros de la carrera fiscal.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981)

La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), desarrolla el mandato del art. 124 CE: define la estructura jerárquica de la Institución, encabezada por el Fiscal General del Estado, y regula las categorías de la carrera fiscal, su régimen de acceso, provisión de destinos, derechos, deberes e incompatibilidades (equiparables en gran medida a los de la carrera judicial, dada la función constitucional que ambas comparten de servicio a la Justicia con plena sujeción a la ley), y su régimen disciplinario propio, distinto y separado del de Jueces y Magistrados. Fue reformada de manera sustancial por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que reforzó el estatuto del Fiscal General del Estado y los mecanismos de comparecencia ante el Congreso.

Unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal

A diferencia de Jueces y Magistrados, que actúan con independencia individual, cada miembro del Ministerio Fiscal integra una organización jerárquica: actúa siempre en representación de la Institución en su conjunto, sujeto a las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos, en aplicación del principio de unidad de actuación. No obstante, el Estatuto Orgánico modera esta dependencia mediante el principio de legalidad e imparcialidad: cuando un Fiscal reciba una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que por cualquier otro motivo estime improcedente, puede plantear la discrepancia motivadamente ante su superior, quien debe resolverla por escrito razonado (art. 27 EOMF), bien confirmando la instrucción, bien encomendando el asunto a otro Fiscal; esta previsión trata de conciliar la necesaria cohesión institucional con la sujeción de cada Fiscal a la legalidad.

El Consejo Fiscal y la Junta de Fiscales de Sala

El Consejo Fiscal es el órgano colegiado de participación de la carrera fiscal en determinadas decisiones relevantes de la Institución (informes sobre ascensos, provisión de plazas, régimen disciplinario, entre otras), presidido por el Fiscal General del Estado e integrado por miembros natos y electivos representativos de las distintas categorías de la carrera fiscal. La Junta de Fiscales de Sala, por su parte, es un órgano consultivo del Fiscal General del Estado que unifica criterios de actuación del Ministerio Fiscal en cuestiones jurídicas relevantes o de especial trascendencia, y asiste al Fiscal General en la elaboración de instrucciones y circulares.

Sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal

El ingreso en las carreras judicial y fiscal se produce, con carácter general, mediante oposición libre entre licenciados o graduados en Derecho, con una convocatoria conjunta que gestiona una Comisión de Selección en la que participan el CGPJ y el Ministerio de Justicia, seguida de un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial (con sede en Barcelona) para quienes optan por la carrera judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos para quienes optan por la carrera fiscal. El ingreso en la carrera judicial se produce por la categoría de Juez. Existe también el acceso por la categoría de Magistrado de juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, mediante concurso de méritos (el llamado cuarto turno), reservado a un porcentaje de las plazas por la LOPJ. La promoción dentro de la carrera judicial se produce por antigüedad (para Magistrado) y por los sistemas de especialización y méritos que la LOPJ establece para determinados órganos (mercantil, contencioso-administrativo, violencia sobre la mujer, menores, vigilancia penitenciaria). La Ley Orgánica 1/2025 introduce además cambios organizativos en los órganos judiciales que afectan a esta provisión de destinos.

Exclusividad jurisdiccional: vertiente positiva y negativa

El principio de exclusividad jurisdiccional de los arts. 117.3 y 117.4 CE tiene una doble vertiente: en su vertiente positiva, solo los Juzgados y Tribunales previstos por las leyes pueden juzgar y ejecutar lo juzgado, quedando vedada esa función a cualquier otro poder u órgano del Estado; en su vertiente negativa, los Juzgados y Tribunales no pueden ejercer más funciones que las estrictamente jurisdiccionales y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho (por ejemplo, las autorizaciones judiciales de entrada en domicilio o de intervención de comunicaciones, o el control de los internamientos involuntarios), sin que puedan asumir funciones administrativas o de gobierno ajenas a esa reserva legal expresa.

El amparo del CGPJ frente a perturbaciones de la independencia judicial

La LOPJ (art. 14) prevé que los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pongan en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. Este mecanismo, junto con la inamovilidad y la reserva de ley en el estatuto judicial, es una garantía última de la independencia judicial reconocida en el art. 117.1 CE. No debe confundirse con la colaboración que las autoridades y funcionarios deben prestar a los Jueces y Tribunales en el curso del proceso (art. 118 CE y arts. 17-18 LOPJ).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE): principio básico de la organización judicial; la jurisdicción militar queda estrictamente limitada al ámbito castrense y los supuestos de estado de sitio; art. 117.6: prohibidos los Tribunales de excepción.
  • CGPJ: 20 vocales + Presidente (que también preside el TS), mandato de 5 años; 12 vocales de la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia (más de 15 años), cuatro propuestos por cada Cámara por mayoría de 3/5 (art. 122.3 CE).
  • El Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Judicial; actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE).
  • Ingreso ordinario en la carrera judicial: oposición libre + Escuela Judicial. Cuarto turno: juristas con más de 10 años de ejercicio, acceso directo a Magistrado por concurso de méritos.
  • Art. 121 CE: error judicial (exige previa declaración judicial específica) frente a funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (no exige esa declaración previa, se reclama directamente ante el Ministerio de Justicia); la indemnización prescribe al año.
  • El régimen disciplinario judicial (Libro IV LOPJ) distingue faltas leves/graves/muy graves; instruye el Promotor de la Acción Disciplinaria y resuelven los órganos del CGPJ y, en las leves, los órganos de gobierno previstos en la ley.
  • El Ministerio Fiscal se rige por su Estatuto Orgánico propio (Ley 50/1981), distinto de la LOPJ que regula a Jueces y Magistrados; su régimen disciplinario también es autónomo. El Fiscal General: nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ; mandato de 4 años.
  • La dependencia jerárquica del Fiscal se modera con el mecanismo de discrepancia motivada del art. 27 EOMF frente a instrucciones que considere contrarias a la ley.
  • No confundir el Consejo Fiscal (participación de la carrera fiscal en decisiones institucionales) con la Junta de Fiscales de Sala (unificación de criterios) ni con el CGPJ (gobierno del Poder Judicial, ajeno al Ministerio Fiscal).
  • Exclusividad jurisdiccional: vertiente positiva (solo Juzgados y Tribunales ejercen la potestad jurisdiccional) y negativa (no pueden ejercer más funciones que las que la ley expresamente les atribuya).
  • El amparo frente a perturbaciones de la independencia judicial se solicita al CGPJ (art. 14 LOPJ); no confundir con el deber general de colaboración con los Jueces y Tribunales (art. 118 CE).
  • Jueces y Magistrados en activo: no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos ni desempeñar otros cargos públicos (art. 127 CE). Jubilación forzosa a los 70 años, prorrogable hasta los 72.
  • Las Salas de Gobierno de los Tribunales ejercen funciones gubernativas, no jurisdiccionales, sobre el funcionamiento de los órganos judiciales de su ámbito territorial.
  • Los Tribunales de Instancia (LO 1/2025) sustituyen progresivamente a los Juzgados de Primera Instancia, Instrucción y demás Juzgados unipersonales, organizados en secciones por materia.
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¿De qué trata el Tema 6 de Gestión Procesal (Justicia)?

El Poder Judicial se organiza en torno al principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE) y de independencia de Jueces y Magistrados, con el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal como institución constitucionalmente distinta, encargada de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. Este tema desarrolla los principios constitucionales de la justicia, la composición y funciones del CGPJ, el estatuto de Jueces y Magistrados y la independencia judicial, los órganos jurisdiccionales y sus competencias, la organización y funciones del Ministerio Fiscal y los sistemas de acceso a las carreras judicial y fiscal.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

Unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE): principio básico de la organización judicial; la jurisdicción militar queda estrictamente limitada al ámbito castrense y los supuestos de estado de sitio; art. 117.6: prohibidos los Tribunales de excepción. CGPJ: 20 vocales + Presidente (que también preside el TS), mandato de 5 años; 12 vocales de la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia (más de 15 años), cuatro propuestos por cada Cámara por mayoría de 3/5 (art. 122.3 CE). El Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Judicial; actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE). Ingreso ordinario en la carrera judicial: oposición libre + Escuela Judicial. Cuarto turno: juristas con más de 10 años de ejercicio, acceso directo a Magistrado por concurso de méritos. Art. 121 CE: error judicial (exige previa declaración judicial específica) frente a funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (no exige esa declaración previa, se reclama directamente ante el Ministerio de Justicia); la indemnización prescribe al año. El régimen disciplinario judicial (Libro IV LOPJ) distingue faltas leves/graves/muy graves; instruye el Promotor de la Acción Disciplinaria y resuelven los órganos del CGPJ y, en las leves, los órganos de gobierno previstos en la ley. El Ministerio Fiscal se rige por su Estatuto Orgánico propio (Ley 50/1981), distinto de la LOPJ que regula a Jueces y Magistrados; su régimen disciplinario también es autónomo. El Fiscal General: nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ; mandato de 4 años. La dependencia jerárquica del Fiscal se modera con el mecanismo de discrepancia motivada del art. 27 EOMF frente a instrucciones que considere contrarias a la ley. No confundir el Consejo Fiscal (participación de la carrera fiscal en decisiones institucionales) con la Junta de Fiscales de Sala (unificación de criterios) ni con el CGPJ (gobierno del Poder Judicial, ajeno al Ministerio Fiscal). Exclusividad jurisdiccional: vertiente positiva (solo Juzgados y Tribunales ejercen la potestad jurisdiccional) y negativa (no pueden ejercer más funciones que las que la ley expresamente les atribuya). El amparo frente a perturbaciones de la independencia judicial se solicita al CGPJ (art. 14 LOPJ); no confundir con el deber general de colaboración con los Jueces y Tribunales (art. 118 CE). Jueces y Magistrados en activo: no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos ni desempeñar otros cargos públicos (art. 127 CE). Jubilación forzosa a los 70 años, prorrogable hasta los 72. Las Salas de Gobierno de los Tribunales ejercen funciones gubernativas, no jurisdiccionales, sobre el funcionamiento de los órganos judiciales de su ámbito territorial. Los Tribunales de Instancia (LO 1/2025) sustituyen progresivamente a los Juzgados de Primera Instancia, Instrucción y demás Juzgados unipersonales, organizados en secciones por materia.

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Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VI (arts. 117-127) y art. 152.1.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (texto consolidado).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
  • Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

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