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Tema 57. Breve referencia del recurso contencioso-administrativo. Organización de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El recurso contencioso-administrativo es el cauce procesal para el control judicial de la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo y de las disposiciones generales de rango inferior a la ley. Se fundamenta en los arts. 103.1, 106.1 y 24 CE y en el art. 9.4 LOPJ, y se regula en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), con la LEC como norma supletoria. Su organización combina órganos unipersonales (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, integrados desde la LO 1/2025 en los Tribunales de Instancia como secciones, y Juzgados Centrales, en el Tribunal Central de Instancia) y órganos colegiados: Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (Sala Tercera). El tema ofrece una visión general del objeto, el ámbito, los límites, la competencia y los principios de este orden jurisdiccional.

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Concepto y fundamento constitucional del recurso contencioso-administrativo

Es el medio de impugnación jurisdiccional por el que se somete a control judicial la actuación de las Administraciones Públicas. Fundamento constitucional: sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE); control por los Tribunales de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa, así como del sometimiento de esta a los fines que la justifican (art. 106.1 CE); y derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). El art. 9.4 LOPJ atribuye a los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones deducidas en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho administrativo, las disposiciones generales de rango inferior a la ley y los reales decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, así como de los recursos contra la actuación administrativa en materia de responsabilidad patrimonial, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. Hoy es un proceso de plena jurisdicción, no un mero proceso al acto, como era el modelo revisor de la Ley de 1956.

Fuentes reguladoras: la Ley 29/1998, de 13 de julio, y su evolución

La LJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio) sustituyó a la Ley de 27 de diciembre de 1956, que estuvo vigente más de cuarenta años. La LEC es supletoria (disposición final primera de la LJCA). Ha sido modificada, entre otras, por la LO 19/2003 (adaptación orgánica), por la Ley 37/2011 (agilización procesal), por la LO 7/2015, de 21 de julio, que reformó el recurso de casación (interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, arts. 86 a 93) y elevó las cuantías de apelación y del procedimiento abreviado a 30.000 euros, y por las normas de eficiencia procesal y digitalización (Real Decreto-ley 6/2023 y LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia). Tras la LO 1/2025, las referencias de la ley a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo se entienden hechas a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia, y las de los Juzgados Centrales, a la sección correspondiente del Tribunal Central de Instancia.

El objeto del recurso: actividad impugnable (art. 1 y 25 LJCA)

Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso conocen de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1). Es impugnable (art. 25): las disposiciones generales y los actos expresos y presuntos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa, definitivos o de trámite cualificado; la inactividad de la Administración y las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho (arts. 29 y 30). Los reglamentos son impugnables directamente (recurso directo) o a través de sus actos de aplicación (recurso indirecto, art. 26). Quedan fuera de este orden las leyes y normas con rango de ley (control del Tribunal Constitucional), salvo el decreto legislativo ultra vires.

Ámbito del orden contencioso-administrativo: materias que conoce (art. 2 LJCA)

El art. 2 LJCA enumera las cuestiones que conoce este orden: (a) la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones procedentes, en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos; (b) los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público; (c) los actos y disposiciones de las corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas; (d) los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente respecto de los concesionarios de servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas; (e) la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, sin que puedan ser demandadas por este motivo ante el orden civil o social aun cuando concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad; y (f) las restantes materias atribuidas por la ley.

Materias excluidas y actos de Gobierno (art. 3 LJCA)

No corresponden a este orden (art. 3): (a) las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración; (b) el recurso contencioso-disciplinario militar; y (c) los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. Error clásico de examen: la LJCA de 1998 ya no recoge la exclusión de los actos políticos del Gobierno por razón de la materia (defensa, relaciones exteriores, etc.) que contenía la Ley de 1956; con arreglo al art. 2.a), los actos del Gobierno son controlables en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones, con independencia de su naturaleza política. Los actos de los órganos constitucionales no administrativos y los de contenido legislativo se rigen por sus propias vías (Tribunal Constitucional).

Cuestiones prejudiciales e incidentales (art. 4 LJCA)

La competencia de este orden se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo (por ejemplo, civiles o laborales), salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. La decisión no produce efectos fuera del proceso en que se dicte ni vincula al orden jurisdiccional correspondiente. Si la cuestión prejudicial penal es determinante del fallo, se suspende el curso de las actuaciones hasta que el órgano penal resuelva.

Principios del proceso contencioso-administrativo

Es un proceso de partes, rogado y dispositivo en cuanto a su inicio y objeto, pero con rasgos propios: (a) congruencia y límites de la sentencia (art. 33 LJCA): los órganos jurisdiccionales juzgan dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamentan el recurso y la oposición; si el tribunal estima que la cuestión puede no haber sido apreciada debidamente por las partes por existir otros motivos, los somete a las partes por providencia, con plazo común de diez días, suspendiéndose el plazo para dictar sentencia; (b) plena jurisdicción: el recurrente puede pretender no solo la anulación, sino el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la indemnización; (c) el expediente administrativo como pieza fundamental, cuya remisión es obligatoria; (d) sistema propio de medidas cautelares (arts. 129 y ss.), con la posibilidad de solicitar medidas cautelarísimas inaudita parte; (e) ejecución de sentencias con potestad de los jueces para hacerlas cumplir (arts. 103 y ss.); (f) las costas siguen el criterio del vencimiento (art. 139), con el límite de cuantía que el juez puede fijar; (g) el mes de agosto es inhábil para el cómputo de plazos, salvo para el procedimiento de protección de los derechos fundamentales (art. 128.2).

Organización de la jurisdicción contencioso-administrativa: órganos (art. 6 LJCA y LOPJ)

Los órganos son: Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (arts. 90 LOPJ y 8 LJCA), Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (art. 91 LOPJ y 9 LJCA), Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 74 LOPJ y 10 LJCA), Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 66 LOPJ y 11 LJCA) y Sala Tercera del Tribunal Supremo (art. 58 LOPJ y 12 LJCA). Los dos primeros son unipersonales y los demás colegiados. Tras la LO 1/2025, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo son secciones de los Tribunales de Instancia (con sede en cada partido judicial o provincia, según su configuración), y los Juzgados Centrales se integran en el Tribunal Central de Instancia con sede en Madrid. La atribución de competencias es compleja y combina la Administración autora del acto, la materia y la cuantía, lo que exige consultar los arts. 8 a 14 LJCA.

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (Secciones de los Tribunales de Instancia)

Conocen en única o primera instancia (art. 8 LJCA) de los recursos contra actos de las Entidades Locales y de las entidades dependientes de ellas (salvo las disposiciones generales, que corresponden a la Sala del TSJ), y, en determinadas materias, contra actos de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras en materia de personal (con excepción del nacimiento y extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera), sanciones y extranjería. También les corresponde autorizar, cuando proceda, la entrada en domicilios y otros lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, al ejecutar actos de la Administración (art. 8.6). Sus sentencias son apelables ante la Sala del TSJ cuando superen la cuantía de 30.000 euros o en los supuestos fijados por la ley, y los asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros, de personal, extranjería y otros tasados, se tramitan por el procedimiento abreviado (art. 78).

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Tribunal Central de Instancia)

Tienen sede en Madrid y jurisdicción en toda España (art. 91 LOPJ). Conocen en única o primera instancia (art. 9 LJCA) de recursos contra actos de órganos centrales de la Administración General del Estado y de organismos de ámbito nacional cuyo nivel orgánico sea inferior a Ministro o Secretario de Estado en las materias que el art. 9 determina (por ejemplo, personal y sanciones). Sus sentencias y autos se apelan ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (art. 11.2). Es incorrecto sostener que el recurrente pueda presentar la demanda ante el Juzgado de su domicilio para que este la remita al Central; la competencia territorial se rige por el art. 14.

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

Conocen en única instancia (art. 10 LJCA) de los recursos contra los actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados, y de las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, entre otros supuestos. Conocen también en apelación de las sentencias y autos de los Juzgados de su circunscripción (art. 81 LJCA) y de las cuestiones de ilegalidad (art. 27). Sus sentencias en única instancia o en apelación son susceptibles de recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuando presenten interés casacional objetivo (art. 86). Existen, además, previsiones de casación autonómica sobre Derecho autonómico ante el propio TSJ (art. 86.3).

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Conoce en única instancia (art. 11 LJCA) de los recursos contra disposiciones generales y actos de los Ministros y Secretarios de Estado, en general y, en materia de personal, cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, y de los actos de organismos públicos con competencia en todo el territorio nacional que no estén atribuidos a los Juzgados Centrales, entre otros supuestos tasados (como determinados recursos contra resoluciones de órganos económico-administrativos centrales). Conoce en apelación de las sentencias y autos de los Juzgados Centrales. Sus sentencias son susceptibles de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo si presentan interés casacional objetivo. Su ámbito territorial es todo el territorio nacional y tiene sede en Madrid.

La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo

Conoce en única instancia (art. 12 LJCA y art. 58 LOPJ) de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno, de los actos del Consejo General del Poder Judicial y de los actos en materia de personal, administración y gestión patrimonial de otros órganos constitucionales (como el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo) en los términos de la ley. Su función principal, sin embargo, es la casación (arts. 86 a 93 LJCA, según la LO 7/2015): el recurso se admite cuando el asunto presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. La preparación se hace ante el órgano de instancia en el plazo de treinta días, y la Sección de admisión de la Sala Tercera decide mediante auto motivado. Se complementa con el recurso de revisión (art. 102 LJCA) frente a sentencias firmes.

Competencia objetiva, funcional y cuantía

La competencia objetiva depende de la Administración autora del acto (estatal, autonómica o local), de la materia (personal, sanciones, extranjería, tributos, urbanismo, contratación, etc.) y, en algunos casos, de la cuantía. La competencia funcional distingue entre primera o única instancia, apelación, casación y revisión. En materia de cuantía, el procedimiento abreviado y la apelación están vinculados al umbral de 30.000 euros (arts. 78 y 81 LJCA, según la reforma de 2015), y la cuantía se determina conforme a los arts. 40 a 42 LJCA. Los asuntos de cuantía indeterminada se rigen por las reglas de los arts. 40 a 42 y por la jurisprudencia sobre su recurribilidad. La competencia objetiva es improrrogable y debe ser apreciada de oficio.

Competencia territorial (art. 14 LJCA)

Regla general: es competente el Juzgado o Sala de la circunscripción donde tenga su sede el órgano autor del acto originario impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones Públicas en materia de personal, propiedades especiales y sanciones, el demandante puede elegir entre el órgano del lugar de su domicilio y el de la sede del órgano autor; esta facultad de elección no se limita a los actos de la Administración del Estado, como a veces se sostiene erróneamente. En otras materias, como las que afecten a inmuebles, la ley prevé reglas específicas por su ubicación. Para las disposiciones generales, la competencia se fija por la sede del órgano que las dictó. La competencia territorial también es improrrogable en este orden y el órgano la aprecia de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal; si se estima incompetente, remite las actuaciones al órgano competente (art. 7). Las cuestiones de competencia entre órganos del orden las resuelve el superior jerárquico común.

Vía administrativa previa y plazo de interposición (idea general)

El recurso contencioso-administrativo exige, con carácter general, que el acto haya puesto fin a la vía administrativa (art. 25 LJCA; art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Los actos que no agotan la vía se impugnan antes mediante el recurso administrativo que proceda (por ejemplo, alzada); cuando el acto agota la vía, el interesado puede acudir directamente al contencioso o interponer el recurso potestativo de reposición, que interrumpe el plazo hasta su resolución. El plazo general de interposición es de dos meses desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto expreso, y de seis meses para el acto presunto (art. 46.1 LJCA); se desarrolla en el tema 59. En los litigios entre Administraciones no cabe recurso en vía administrativa (art. 44 LJCA).

Procedimientos y recursos en el orden contencioso-administrativo: visión de conjunto

Procedimiento ordinario (arts. 43 a 77 LJCA): interposición, expediente, demanda, contestación, prueba, vista o conclusiones y sentencia. Procedimiento abreviado (art. 78): asuntos de personal, extranjería, disciplina deportiva y antidopaje, inadmisión de solicitudes de asilo y cuantía no superior a 30.000 euros, ante Juzgados, con demanda en la vista oral. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales (arts. 114 a 122 bis), preferente y sumario. Cuestión de ilegalidad (art. 27). Recursos contra providencias y autos: reposición y apelación; contra sentencias: apelación (art. 81, ante el TSJ o la AN) y casación (art. 86), y revisión extraordinaria (art. 102). Contra diligencias de ordenación y decretos del Letrado de la Administración de Justicia: reposición y revisión (art. 102 bis).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Norma básica: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; la LEC es supletoria.
  • Fundamento constitucional: arts. 103.1, 106.1 y 24 CE; art. 9.4 LOPJ. El proceso es de plena jurisdicción.
  • Art. 2 LJCA: derechos fundamentales y elementos reglados de actos del Gobierno, contratos, corporaciones de Derecho público, concesionarios, responsabilidad patrimonial (sin posibilidad de acudir al orden civil o social, aunque concurra un particular o un seguro).
  • Art. 3 LJCA excluye: cuestiones de los órdenes civil, penal y social, el recurso contencioso-disciplinario militar y los conflictos de jurisdicción y de atribuciones. El acto político ya no está excluido por razón de la materia; es controlable en derechos fundamentales, elementos reglados e indemnizaciones.
  • Órganos: Juzgados de lo Contencioso (secciones de los Tribunales de Instancia) y Juzgados Centrales (Tribunal Central de Instancia); Salas de TSJ, de la Audiencia Nacional y Sala Tercera del TS.
  • Sala Tercera del TS: única instancia contra el Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas y casación por interés casacional objetivo (LO 7/2015); preparación en 30 días.
  • Competencia territorial: regla general, sede del órgano autor; en personal, propiedades especiales y sanciones, a elección del demandante, su domicilio o la sede del autor. La competencia es improrrogable y se aprecia de oficio.
  • Umbral de 30.000 euros para el procedimiento abreviado (art. 78) y para la apelación contra sentencias de los Juzgados (art. 81).
  • Plazo de interposición: dos meses para actos expresos y seis meses para actos presuntos (art. 46.1 LJCA); agosto inhábil (art. 128.2).
  • Los Juzgados Centrales tienen sede en Madrid; sus resoluciones se apelan ante la Sala de la Audiencia Nacional. No existe presentación de la demanda ante el Juzgado del domicilio para remisión posterior.
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El recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, tras la LO 7/2015, se admite cuando:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 57 de Gestión Procesal (Justicia)?

El recurso contencioso-administrativo es el cauce procesal para el control judicial de la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo y de las disposiciones generales de rango inferior a la ley. Se fundamenta en los arts. 103.1, 106.1 y 24 CE y en el art. 9.4 LOPJ, y se regula en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), con la LEC como norma supletoria. Su organización combina órganos unipersonales (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, integrados desde la LO 1/2025 en los Tribunales de Instancia como secciones, y Juzgados Centrales, en el Tribunal Central de Instancia) y órganos colegiados: Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo (Sala Tercera). El tema ofrece una visión general del objeto, el ámbito, los límites, la competencia y los principios de este orden jurisdiccional.

¿Qué hay que memorizar del Tema 57 para el examen?

Norma básica: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; la LEC es supletoria. Fundamento constitucional: arts. 103.1, 106.1 y 24 CE; art. 9.4 LOPJ. El proceso es de plena jurisdicción. Art. 2 LJCA: derechos fundamentales y elementos reglados de actos del Gobierno, contratos, corporaciones de Derecho público, concesionarios, responsabilidad patrimonial (sin posibilidad de acudir al orden civil o social, aunque concurra un particular o un seguro). Art. 3 LJCA excluye: cuestiones de los órdenes civil, penal y social, el recurso contencioso-disciplinario militar y los conflictos de jurisdicción y de atribuciones. El acto político ya no está excluido por razón de la materia; es controlable en derechos fundamentales, elementos reglados e indemnizaciones. Órganos: Juzgados de lo Contencioso (secciones de los Tribunales de Instancia) y Juzgados Centrales (Tribunal Central de Instancia); Salas de TSJ, de la Audiencia Nacional y Sala Tercera del TS. Sala Tercera del TS: única instancia contra el Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas y casación por interés casacional objetivo (LO 7/2015); preparación en 30 días. Competencia territorial: regla general, sede del órgano autor; en personal, propiedades especiales y sanciones, a elección del demandante, su domicilio o la sede del autor. La competencia es improrrogable y se aprecia de oficio. Umbral de 30.000 euros para el procedimiento abreviado (art. 78) y para la apelación contra sentencias de los Juzgados (art. 81). Plazo de interposición: dos meses para actos expresos y seis meses para actos presuntos (art. 46.1 LJCA); agosto inhábil (art. 128.2). Los Juzgados Centrales tienen sede en Madrid; sus resoluciones se apelan ante la Sala de la Audiencia Nacional. No existe presentación de la demanda ante el Juzgado del domicilio para remisión posterior.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española: arts. 24, 103.1 y 106.1
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: arts. 1 a 14, 25 a 30, 43 a 46, 78, 81, 86 a 93, 102, 128
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: arts. 9.4, 58, 66, 74, 90 y 91
  • Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (reforma del recurso de casación contencioso-administrativo)
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (supletoria)

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