Tema 35. Ejecución dineraria. Supuestos en que procede. Integración del título. Requerimiento de pago. Embargo de bienes. Reembargo. Tercería de dominio.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La ejecución dineraria (Libro III, Título IV, arts. 571 y siguientes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) es la modalidad de ejecución forzosa dirigida a obtener, con el patrimonio del ejecutado, el pago de una cantidad de dinero líquida reconocida en un título ejecutivo. Este tema estudia los supuestos en que procede, la integración del título cuando falta liquidez o es preciso completarlo con documentos, la cuantía por la que se despacha (principal más una previsión de intereses y costas, con límite del 30 por ciento), el requerimiento de pago, el embargo de bienes (principio de suficiencia, orden legal de embargo del art. 592, bienes inembargables de los arts. 605 a 607, manifestación e investigación de bienes de los arts. 589 a 591, formas de traba según el bien, mejora, reducción y alzamiento), el reembargo y su efecto de prelación, y la tercería de dominio (arts. 595 y siguientes), con sus presupuestos, efectos y tramitación.
Concepto, ámbito y presupuestos de la ejecución dineraria
La ejecución dineraria es la que se despacha en virtud de un título ejecutivo que contiene una condena al pago de una cantidad de dinero líquida (art. 571 LEC). Se llama líquida la cantidad determinada o determinable mediante simples operaciones aritméticas con las bases fijadas en el propio título. Sus presupuestos son los generales de toda ejecución (título ejecutivo válido, competencia del tribunal, legitimación, demanda del ejecutante) más los propios de la modalidad: obligación pecuniaria, vencida y exigible, y cantidad líquida. Es, con diferencia, la modalidad más frecuente (sentencias de condena al pago, préstamos con garantía personal, créditos reflejados en escritura o póliza), lo que explica su extensa regulación frente a la ejecución no dineraria. Se rige por las disposiciones generales sobre ejecución (arts. 517 a 570) y por las propias del Título IV, y supletoriamente por las reglas de la ejecución sobre bienes hipotecados y pignorados en cuanto proceda.
Supuestos en que procede la ejecución dineraria
Procede cuando el título impone al deudor el pago de una cantidad de dinero: sentencia de condena firme o provisionalmente ejecutable, laudo, transacción homologada, escritura pública, póliza intervenida, título al portador o nominativo y demás títulos del artículo 517.2. También se acude a ella cuando una ejecución inicialmente no dineraria se transforma en dineraria porque el cumplimiento en forma específica resulta imposible y se sustituye por su equivalente pecuniario (por ejemplo, la indemnización de daños y perjuicios que sustituye a la obligación de hacer incumplida), y para la exacción de las costas del proceso y de los intereses. La condena en costas se hace efectiva por el procedimiento de la ejecución dineraria tras su tasación. Los intereses de la mora procesal se devengan desde que se dicta sentencia de primera instancia por el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, salvo pacto o disposición especial (art. 576 LEC).
Integración del título ejecutivo
Integrar el título es completarlo cuando, por sí solo, no basta para despachar la ejecución dineraria. Hay tres supuestos principales. a) Título con cantidad ilíquida: si la sentencia condena a pagar frutos, rentas, utilidades, daños y perjuicios u otras cantidades sin fijar su importe, hay que tramitar antes el incidente de liquidación previsto en los artículos 712 y siguientes, con audiencia del ejecutado, y solo después se despacha ejecución por la cantidad líquida resultante. b) Título cuya cantidad depende de operaciones aritméticas con bases fijadas en él: el ejecutante practica la liquidación y se despacha por su importe. c) Títulos no judiciales derivados de operaciones bancarias, cuentas corrientes, préstamos o créditos: la LEC exige acompañar a la demanda documentos que completen el título, como la liquidación practicada por la entidad conforme a lo pactado, la certificación de saldo y la acreditación de haberse notificado al deudor la cantidad exigible (arts. 572 y 573). Sin esa integración no se despacha ejecución.
La demanda ejecutiva dineraria y la cuantía por la que se despacha
La demanda ejecutiva identifica a ejecutante y ejecutado, el título, la cantidad reclamada y, si se conocen, los bienes embargables. Conforme al artículo 575 LEC, la ejecución se despacha por la cantidad que se reclame en la demanda en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada con la que se prevea para hacer frente a los intereses que puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de esta. Esta última cantidad se fija provisionalmente y no puede superar el treinta por ciento de la reclamada en la demanda, sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses y tasación de costas. Esta cifra, la del 30 por ciento, es una cifra de examen. Son costas de la ejecución las generadas en el proceso ejecutivo, que, salvo en los casos de allanamiento o pago voluntario, se imponen al ejecutado.
El despacho de la ejecución dineraria
Presentada la demanda, el tribunal comprueba de oficio que concurren los presupuestos y requisitos procesales, que el título no adolece de irregularidad formal y que los actos de ejecución pretendidos se ajustan a la naturaleza y contenido del título (art. 551). Si es así, dicta auto con la orden general de ejecución y despachando la misma; si no, deniega el despacho por auto apelable. Tras el auto, el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto con las medidas ejecutivas concretas: embargo, requerimiento de pago, medidas de localización y averiguación de bienes y las demás que procedan. Auto y decreto se notifican al ejecutado simultáneamente, sin audiencia previa, y desde su notificación corren los plazos de oposición. En los títulos judiciales debe haber transcurrido el plazo de espera de veinte días (art. 548) y no haber caducado la acción ejecutiva a los cinco años de la firmeza (art. 518).
El requerimiento de pago
El requerimiento de pago da al ejecutado la oportunidad de pagar antes de que se le embarguen bienes (arts. 580 y 581 LEC). Cuando el título ejecutivo es una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, no es necesario requerir de pago antes de embargar, porque el deudor ya ha tenido ocasión de cumplir tras la condena y el plazo de espera. En cambio, cuando el título es no judicial, se requiere de pago al ejecutado, salvo que el ejecutante acredite haberlo hecho previamente por conducto notarial, en cuyo caso no es preciso reiterarlo. El requerimiento se hace en el domicilio del ejecutado y, si no es hallado, se procede al embargo con las notificaciones oportunas. El pago hecho en el momento del requerimiento puede evitar el embargo y, en su caso, parte de las costas. Si el ejecutado paga en el plazo de oposición, esta carece de objeto.
El embargo: concepto, efectos y principio de suficiencia
El embargo es la actuación ejecutiva por la que se afectan bienes concretos del patrimonio del ejecutado a la satisfacción del crédito del ejecutante, individualizándolos y sometiéndolos a un régimen de indisponibilidad relativa que asegura su ulterior realización forzosa. El embargo no transmite la propiedad ni la posesión: el ejecutado sigue siendo titular del bien, pero sus actos de disposición son ineficaces frente al ejecutante. Atribuye al acreedor el derecho a percibir el producto de la realización de los bienes embargados, con preferencia sobre los acreedores posteriores a la fecha del embargo, salvo preferencia legal (art. 613). El principio de suficiencia (art. 584) impide embargar bienes cuyo previsible valor exceda de la cuantía por la que se haya despachado ejecución, salvo que sea necesario, y el de proporcionalidad evita embargos cuyo producto no cubriría ni siquiera los gastos de la ejecución.
Manifestación de bienes del ejecutado
Cuando el ejecutante no puede designar bienes suficientes del ejecutado, el Letrado de la Administración de Justicia requiere a este para que manifieste bienes suficientes para el pago, con la precisión necesaria para garantizar los derechos de terceros (art. 589 LEC), expresando las cargas que pesen sobre ellos y, si están sujetos a otro proceso, su situación. Se le advierte de las consecuencias de no hacerlo o de hacerlo de forma falsa o incompleta: multas coercitivas periódicas y la responsabilidad penal que corresponda por desobediencia, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra quien oculta bienes en perjuicio de los acreedores. Es un deber de colaboración activa del ejecutado, que tiene un efecto disuasorio y facilita la ejecución. El requerimiento puede formularse a las personas jurídicas a través de sus administradores, que responden personalmente de la veracidad.
Investigación judicial del patrimonio y deber de colaboración
A instancia del ejecutante que no pueda designar bienes, el Letrado de la Administración de Justicia se dirige a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia (art. 590 LEC). El artículo 591 impone a todas las personas y entidades, públicas y privadas, el deber de colaborar en las actuaciones de ejecución y de entregar al tribunal los documentos y datos que obren en su poder, bajo apercibimiento de multa y de responsabilidad penal. En la práctica la investigación se realiza por medios telemáticos, en particular el Punto Neutro Judicial, que permite el acceso a bases de datos de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Registro de la Propiedad, la Dirección General de Tráfico y las entidades de crédito. Se respetan en el tratamiento de los datos las normas de protección de datos y los límites de proporcionalidad.
Orden legal de embargo (art. 592 LEC)
A falta de acuerdo entre ejecutante y ejecutado, se embargan los bienes procurando tener en cuenta la mayor facilidad de enajenación y la menor onerosidad de esta para el ejecutado. El orden legal es: 1.º dinero o cuentas corrientes de cualquier clase; 2.º créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial; 3.º joyas y objetos de arte; 4.º rentas en dinero, cualquiera que sea su origen; 5.º intereses, rentas y frutos de toda especie; 6.º bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales; 7.º bienes inmuebles; 8.º sueldos, pensiones y retribuciones; y 9.º créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo. El ejecutante puede señalar los bienes que estime y el ejecutado, designar otros cuyo embargo resulte menos gravoso, siempre que sean suficientes y de realización similar. Las reglas de orden no se aplican cuando el título obliga sobre bienes específicos.
Bienes inembargables: absolutos y limitados (arts. 605 a 608 LEC)
El artículo 605 declara absolutamente inembargables los bienes declarados inalienables, los derechos accesorios que no son alienables con independencia del principal, los bienes que carezcan por sí solos de contenido patrimonial y los expresamente declarados inembargables por la ley. El artículo 606 declara inembargables el mobiliario y el menaje de la casa, las ropas del ejecutado y de su familia en lo que no pueda considerarse superfluo; los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio cuando su valor no guarde proporción con la deuda reclamada; los bienes sacros y objetos de culto de las religiones legalmente registradas; las cantidades expresamente declaradas inembargables por la ley; y los bienes y cantidades declarados inembargables por tratados internacionales ratificados por España. El artículo 607 regula el embargo de sueldos y pensiones, y el 608 excluye de estos límites el cobro de alimentos a favor del cónyuge o de los hijos. Es clave distinguir bienes inembargables y la inembargabilidad parcial de las retribuciones.
Embargo de sueldos, salarios y pensiones (art. 607 LEC)
Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Lo que exceda se embarga conforme a una escala progresiva: el 30 por ciento para la primera cuantía adicional hasta el importe de un segundo salario mínimo; el 50 por ciento para la cuantía adicional hasta el importe de un tercer salario mínimo; el 60 por ciento hasta un cuarto; el 75 por ciento hasta un quinto; y el 90 por ciento para cualquier cantidad que exceda de la anterior. Si el ejecutado percibe varios sueldos o pensiones, se acumulan para aplicar la escala, y los ingresos de naturaleza salarial o de pensión depositados en cuentas conservan la protección del artículo 607. Las retenciones las practica el pagador, a quien se notifica el embargo. La cuantía del salario mínimo interprofesional se fija anualmente por el Gobierno, de modo que las cifras concretas deben comprobarse cada año. Esta regla no se aplica en las ejecuciones por alimentos a favor del cónyuge o de los hijos, en que el tribunal fija la cuantía embargable.
Formas de embargo según el bien: dinero y cuentas bancarias
El embargo de saldos favorables en cuentas y depósitos abiertos en entidades de crédito se practica mediante orden del Letrado de la Administración de Justicia dirigida a la entidad, que retiene el saldo hasta el límite de la cantidad por la que se despachó ejecución y lo pone a disposición del tribunal, normalmente a través de la cuenta de depósitos y consignaciones. El embargo se limita al saldo existente en el momento de la retención y a las cantidades que correspondan al ejecutado: en las cuentas con varios titulares, se afecta la parte que pertenezca al ejecutado. Se respetan los límites de inembargabilidad de las cantidades de origen salarial o de pensión. La entidad debe informar sobre la existencia de cuentas y saldos del ejecutado. Es el primer bien que se embarga en el orden del artículo 592 por su inmediata liquidez.
Embargo de bienes inmuebles y anotación preventiva
Para el embargo de bienes inmuebles y demás bienes o derechos susceptibles de inscripción registral, el Letrado de la Administración de Justicia libra mandamiento al Registro de la Propiedad para la práctica de la anotación preventiva de embargo (art. 629 LEC), que da publicidad frente a terceros y determina la preferencia del embargante: según el artículo 1923.4.º del Código Civil y la legislación hipotecaria, los créditos anotados gozan de preferencia sobre los posteriores a la anotación. Quien adquiera el bien después conoce o puede conocer la carga y no puede alegar la protección de tercero de buena fe frente al embargante. Practicada la anotación, se solicita certificación de dominio y cargas, que permite conocer la situación registral y citar a los titulares de cargas posteriores, antes de la subasta (se estudia en el tema siguiente). La instancia del embargo se comunica también al ejecutado y, si el bien tiene carácter ganancial o está afecto al uso de la vivienda familiar, a su cónyuge.
Embargo de bienes muebles
Los bienes muebles se embargan mediante su aprehensión material o, cuando no sea posible o conveniente, mediante su descripción e identificación con constancia de que quedan afectos al procedimiento. El Letrado de la Administración de Justicia designa depositario, que puede ser el propio ejecutado, un tercero o una entidad especializada, con la obligación de conservar los bienes con la diligencia debida y ponerlos a disposición del tribunal cuando sea requerido. La disposición no autorizada de los bienes embargados por el depositario genera responsabilidad civil y puede constituir un ilícito penal según las circunstancias. Los vehículos y demás bienes muebles registrables se embargan además mediante la anotación en el registro correspondiente. El depósito de los bienes puede tener un coste que se incluye en las costas de la ejecución.
Embargo de créditos y derechos frente a terceros
Cuando el ejecutado es acreedor de un tercero, el embargo del crédito se practica notificando la traba al deudor del ejecutado, que queda obligado a retener las cantidades que adeude y ponerlas a disposición del tribunal a medida que venzan, sin que pueda pagar válidamente al ejecutado una vez notificado. Si el tercero niega la existencia del crédito o discute su cuantía, se sustancia un incidente contradictorio para determinar la procedencia del embargo. Es el instrumento adecuado para alcanzar facturas pendientes de cobro de un profesional o empresario, rentas de arrendamientos o devoluciones tributarias. Los créditos a largo plazo se embargan en último lugar del orden del artículo 592. El tercero que incumple su deber de retener puede quedar obligado al pago frente al ejecutante.
Otros bienes: sociedades, participaciones, empresas y frutos
También son embargables las participaciones sociales y acciones, con las particularidades del régimen societario (notificación a la sociedad, derecho de adquisición preferente de socios, valoración), las empresas o grupos de empresas y las explotaciones productivas, cuyo embargo puede ir acompañado de la administración judicial para que sigan generando rendimientos, y los frutos, rentas e intereses de los bienes del ejecutado. El embargo de un negocio en marcha exige adoptar medidas que eviten su paralización y que aseguren el pago de los acreedores. Los bienes de la sociedad de gananciales responden de las deudas del cónyuge deudor en los términos del Código Civil, y el cónyuge del ejecutado debe ser notificado del embargo de bienes gananciales (art. 541 LEC), pudiendo solicitar la disolución de la sociedad.
Depósito, administración, mejora, reducción y alzamiento del embargo
Los bienes embargados quedan en depósito de la persona designada o, tratándose de bienes productivos, pueden sujetarse a administración judicial para que los rendimientos se apliquen al pago. El ejecutante puede pedir la mejora del embargo (ampliación a otros bienes) cuando los trabados resulten insuficientes para cubrir la cantidad reclamada, y el ejecutado la reducción del embargo cuando sea manifiestamente excesivo, pidiendo que se alce sobre algunos bienes; el tribunal resuelve oídas las partes, teniendo en cuenta la proporcionalidad. El embargo se alza cuando el ejecutado paga o consigna, cuando se estima una tercería de dominio, cuando se aprecia que el bien es inembargable o cuando termina la ejecución por satisfacción del ejecutante, acuerdo u otra causa legal; el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto de alzamiento y ordena cancelar las anotaciones registrales.
El reembargo (art. 612 LEC)
El reembargo consiste en embargar en una ejecución un bien que ya está embargado en otra distinta. Es admisible, porque el ejecutado sigue siendo titular del bien. Al reembargo se aplican, con las adaptaciones oportunas, las normas del embargo, y cuando se trate de bienes registrales se anota con su fecha. El reembargante no adquiere preferencia sobre el primer embargante: su derecho sobre el bien se subordina al del primero, de modo que solo cobra con el sobrante que quede una vez pagado íntegramente el primer embargante. Si el primer embargo se alza o la primera ejecución termina sin realizar el bien, el reembargo pasa a ser embargo preferente por antigüedad respecto de los posteriores. El tribunal que traba el reembargo lo comunica al que conoce de la primera ejecución. Cabe acumular las ejecuciones si concurren los requisitos legales, lo que unifica el procedimiento.
Efectos del embargo: prelación entre embargantes y créditos privilegiados
El embargo concede al ejecutante el derecho a percibir el producto de la realización de los bienes embargados para el pago del principal, intereses y costas, con preferencia sobre los acreedores cuyos créditos sean posteriores en fecha de embargo, o de anotación en el Registro de la Propiedad cuando se trate de bienes registrables, sin perjuicio de las preferencias de otros créditos reconocidas por las normas sustantivas (art. 613 LEC). Estas preferencias son las del Código Civil (arts. 1921 a 1929), las de los créditos tributarios y de Seguridad Social, las de los créditos salariales en los términos del Estatuto de los Trabajadores y las de los créditos con garantía real. La preferencia de estos créditos se hace valer mediante la tercería de mejor derecho, que se estudia en el tema siguiente.
La tercería de dominio: concepto, finalidad y presupuestos
La tercería de dominio es el incidente declarativo por el que un tercero, que no es parte en la ejecución, afirma ser dueño de un bien embargado como si fuera del ejecutado y pide el alzamiento del embargo (arts. 595 y siguientes LEC). Presupuestos: a) que el bien esté efectivamente embargado en la ejecución; b) que el tercerista no sea parte en la ejecución, ni el propio ejecutado; c) que fundamente su derecho en un título de propiedad, debiendo acompañar a la demanda un principio de prueba por escrito del fundamento de la tercería, sin el cual no se admite a trámite; y d) que la interponga en tiempo, esto es, desde la traba hasta antes de que se haya entregado el bien al adjudicatario o al ejecutante, momento en que se produce la transmisión. Es un remedio frecuente cuando existe confusión de patrimonios o cuando un bien ya transmitido no constaba registralmente a nombre del adquirente.
Efectos y tramitación de la tercería de dominio
La demanda se interpone ante el tribunal que conoce de la ejecución y se dirige contra el ejecutante y el ejecutado. Si el tercerista acompaña título de propiedad con fecha fehaciente anterior a la traba, la admisión de la demanda produce la suspensión de la ejecución respecto de los bienes litigiosos, no de toda la ejecución, que continúa respecto de los demás bienes; en otro caso la ejecución no se suspende, aunque no se realizará el bien hasta que se resuelva. La tercería se sustancia por los trámites del juicio declarativo que corresponda por razón de la cuantía y se resuelve por sentencia. Si se estima, se ordena el alzamiento del embargo y la cancelación de la anotación registral; si se desestima, continúa la ejecución sobre el bien y se imponen las costas al tercerista. La sentencia de tercería, a diferencia de la mejor derecho, resuelve sobre la titularidad con los efectos propios de la cosa juzgada entre las partes de la tercería.
Cuadro de memoria de la ejecución dineraria
Cuantía de previsión para intereses y costas: máximo el 30 por ciento de la reclamada. Interés de la mora procesal: interés legal del dinero más dos puntos desde la sentencia de primera instancia. Orden de embargo: dinero y cuentas, créditos a corto plazo y valores cotizados, joyas y arte, rentas en dinero, intereses y frutos, muebles y participaciones, inmuebles, sueldos y pensiones, créditos a medio y largo plazo. Sueldos: inembargable el salario mínimo; escala de 30, 50, 60, 75 y 90 por ciento por tramos de salario mínimo. Reembargo: sin preferencia sobre el primer embargante. Tercería de dominio: título o principio de prueba por escrito; suspende la ejecución solo sobre el bien afectado si hay título de fecha fehaciente anterior a la traba; se resuelve por sentencia.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La ejecución dineraria requiere título con cantidad líquida (art. 571 LEC); si es ilíquida, hay que integrarla previamente (arts. 712 y siguientes).
La ejecución se despacha por principal e intereses vencidos, más una previsión para intereses y costas que no puede superar el 30 por ciento de la cantidad reclamada (art. 575 LEC).
El interés de la mora procesal es el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la sentencia de primera instancia (art. 576 LEC).
No es necesario el requerimiento de pago cuando el título es una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación; sí lo es en títulos no judiciales, salvo requerimiento notarial previo.
Orden legal de embargo (art. 592): dinero y cuentas; créditos a corto plazo y valores cotizados; joyas y arte; rentas en dinero; intereses y frutos; muebles, valores no cotizados y participaciones; inmuebles; sueldos y pensiones; créditos a medio y largo plazo.
Sueldos y pensiones: inembargable hasta el salario mínimo interprofesional; el exceso, 30, 50, 60, 75 y 90 por ciento por tramos de un salario mínimo.
Manifestación de bienes (art. 589), investigación judicial (art. 590) y deber de colaboración de todas las personas y entidades (art. 591).
El embargo de inmuebles se garantiza con la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, que da preferencia sobre créditos posteriores (art. 1923.4.º CC).
El embargo no transmite la propiedad ni la posesión; produce indisponibilidad relativa y preferencia del ejecutante sobre acreedores posteriores (art. 613).
El reembargo es admisible pero no da preferencia sobre el primer embargante; solo cobra el sobrante (art. 612).
La tercería de dominio exige principio de prueba por escrito para admitirse; se dirige contra ejecutante y ejecutado; se resuelve por sentencia en el juicio que corresponda por cuantía.
La tercería de dominio suspende la ejecución solo respecto del bien litigioso y, en su caso, si se acompaña título de fecha fehaciente anterior a la traba.
No se pueden embargar bienes cuyo valor exceda de lo necesario ni aquellos cuyo producto no cubra ni los gastos de la ejecución (principios de suficiencia y proporcionalidad, art. 584).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
La admisión de una tercería de dominio, cuando se acompaña título de fecha fehaciente anterior a la traba, produce:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 35 de Gestión Procesal (Justicia)?
La ejecución dineraria (Libro III, Título IV, arts. 571 y siguientes de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) es la modalidad de ejecución forzosa dirigida a obtener, con el patrimonio del ejecutado, el pago de una cantidad de dinero líquida reconocida en un título ejecutivo. Este tema estudia los supuestos en que procede, la integración del título cuando falta liquidez o es preciso completarlo con documentos, la cuantía por la que se despacha (principal más una previsión de intereses y costas, con límite del 30 por ciento), el requerimiento de pago, el embargo de bienes (principio de suficiencia, orden legal de embargo del art. 592, bienes inembargables de los arts. 605 a 607, manifestación e investigación de bienes de los arts. 589 a 591, formas de traba según el bien, mejora, reducción y alzamiento), el reembargo y su efecto de prelación, y la tercería de dominio (arts. 595 y siguientes), con sus presupuestos, efectos y tramitación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?
La ejecución dineraria requiere título con cantidad líquida (art. 571 LEC); si es ilíquida, hay que integrarla previamente (arts. 712 y siguientes). La ejecución se despacha por principal e intereses vencidos, más una previsión para intereses y costas que no puede superar el 30 por ciento de la cantidad reclamada (art. 575 LEC). El interés de la mora procesal es el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la sentencia de primera instancia (art. 576 LEC). No es necesario el requerimiento de pago cuando el título es una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación; sí lo es en títulos no judiciales, salvo requerimiento notarial previo. Orden legal de embargo (art. 592): dinero y cuentas; créditos a corto plazo y valores cotizados; joyas y arte; rentas en dinero; intereses y frutos; muebles, valores no cotizados y participaciones; inmuebles; sueldos y pensiones; créditos a medio y largo plazo. Bienes absolutamente inembargables, art. 605; bienes inembargables, art. 606 (menaje, ropa, instrumentos profesionales, bienes sacros, entre otros); sueldos y pensiones, art. 607. Sueldos y pensiones: inembargable hasta el salario mínimo interprofesional; el exceso, 30, 50, 60, 75 y 90 por ciento por tramos de un salario mínimo. Manifestación de bienes (art. 589), investigación judicial (art. 590) y deber de colaboración de todas las personas y entidades (art. 591). El embargo de inmuebles se garantiza con la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, que da preferencia sobre créditos posteriores (art. 1923.4.º CC). El embargo no transmite la propiedad ni la posesión; produce indisponibilidad relativa y preferencia del ejecutante sobre acreedores posteriores (art. 613). El reembargo es admisible pero no da preferencia sobre el primer embargante; solo cobra el sobrante (art. 612). La tercería de dominio exige principio de prueba por escrito para admitirse; se dirige contra ejecutante y ejecutado; se resuelve por sentencia en el juicio que corresponda por cuantía. La tercería de dominio suspende la ejecución solo respecto del bien litigioso y, en su caso, si se acompaña título de fecha fehaciente anterior a la traba. No se pueden embargar bienes cuyo valor exceda de lo necesario ni aquellos cuyo producto no cubra ni los gastos de la ejecución (principios de suficiencia y proporcionalidad, art. 584).
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 571 a 580 (ejecución dineraria, integración del título, cuantía y mora procesal), 584 a 591 (embargo, manifestación e investigación de bienes), 592 (orden de embargo), 605 a 608 (inembargabilidad), 612 y 613 (reembargo y efectos del embargo), 629 (embargo de inmuebles) y 595 a 600 (tercería de dominio).
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (BOE-A-1889-4763), arts. 1921 a 1929 (prelación de créditos).
Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (anotación preventiva de embargo).
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