Tema 45. El Sumario: Incoación del proceso. Las actuaciones de la Policía Judicial. Comprobación del delito: Cuerpo del delito. Identificación del presunto delincuente. La inspección ocular. Declaraciones testificales. Prueba pericial y su valor. Prueba documental. Piezas de convicción.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El sumario es la fase de instrucción del procedimiento ordinario por delitos graves (art. 299 LECrim): el conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias. Este tema desarrolla la incoación, las actuaciones de la Policía Judicial, la comprobación del delito (cuerpo del delito e inspección ocular), la identificación del presunto delincuente, las declaraciones testificales, la prueba pericial y su valor, la prueba documental y las piezas de convicción, así como el secreto, el plazo de instrucción (art. 324 LECrim, tras la Ley 2/2020), las medidas cautelares reales y el cierre del sumario. Debe distinguirse siempre entre diligencias de investigación (no son prueba, salvo la anticipada o preconstituida) y prueba practicada en el juicio oral.
El proceso penal se inicia por denuncia, querella, atestado policial o de oficio. La denuncia es la puesta en conocimiento de un hecho con apariencia de delito por cualquier persona; es obligatoria para quien presencie un delito público (art. 259 LECrim) y para quienes, por razón de su cargo, profesión u oficio, tengan noticia de él (art. 262). La querella es el acto formal de ejercicio de la acción penal por quien se persona como parte acusadora; exige abogado y procurador y, en su caso, fianza (arts. 270 y ss. LECrim). El atestado es el documento en que la Policía Judicial recoge las diligencias practicadas y las circunstancias del hecho (arts. 292 y ss.). De oficio inicia el proceso el juez que tenga noticia del hecho o el Ministerio Fiscal. En todos los casos el juez de instrucción dicta el auto de incoación del procedimiento que corresponda (sumario ordinario o diligencias previas del procedimiento abreviado), tras el cual comienza el cómputo del plazo de instrucción del art. 324. El Letrado de la Administración de Justicia (denominación que sustituyó a la de Secretario Judicial por la LO 7/2015) da fe de las actuaciones y deja constancia de ellas.
La Policía Judicial: concepto, funciones y dependencia
El art. 126 CE establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Según el art. 547 LOPJ, esa función corresponde, cuando sean requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, dentro de sus competencias, y el art. 549 LOPJ y el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, regulan las unidades de Policía Judicial. El art. 282 LECrim les encomienda averiguar los delitos públicos que se cometan en su territorio o demarcación, practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Actúan bajo dependencia funcional de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, sin perjuicio de su dependencia orgánica de sus Cuerpos.
Diligencias de prevención y atestado
La Policía Judicial debe dar cuenta a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal en cuanto tenga conocimiento de un delito público, si puede hacerlo sin cesar en las diligencias de prevención; en otro caso, al terminarlas (art. 284 LECrim). Las diligencias de prevención e inaplazables (custodia del lugar, recogida de armas, instrumentos o efectos con riesgo de desaparición, identificación de testigos, primeras averiguaciones sobre el autor) no requieren autorización judicial previa. El atestado debe remitirse a la autoridad judicial; los funcionarios no pueden dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento al juez de la detención, salvo imposibilidad (art. 295 LECrim), y el art. 17.2 CE fija en setenta y dos horas el máximo de detención preventiva, plazo tras el cual el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial. Valor del atestado: se considera denuncia a efectos legales y las declaraciones de los agentes tienen valor de testificales en cuanto a hechos de conocimiento propio (art. 297 LECrim); no goza de presunción de veracidad ni de valor probatorio autónomo.
Sumario ordinario y diligencias previas
El procedimiento ordinario por delitos graves se aplica a los castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, o con otras penas de duración superior a diez años (competencia de la Audiencia Provincial), y se desarrolla en tres fases: sumario, juicio oral y ejecución, con una fase intermedia entre las dos primeras. El procedimiento abreviado (arts. 757 y ss.) se aplica a delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años o con cualquier otra pena de distinta naturaleza, y su fase de instrucción son las diligencias previas (arts. 774 y ss.), que concluyen con la decisión sobre su continuación como procedimiento abreviado (auto del art. 779.1.4.ª). Las diligencias previas son más ágiles y menos formalistas que el sumario. Durante el sumario el juez de instrucción dirige la investigación bajo la inspección directa del Fiscal (art. 306 LECrim), y las diligencias del sumario son reservadas y no tienen carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones de la ley (art. 301).
Comprobación del delito: cuerpo del delito e inspección ocular
Cuando el delito haya dejado vestigios o pruebas materiales, el juez de instrucción los recogerá y conservará para el juicio oral si fuere posible, procediendo para ello a la inspección ocular (art. 326 LECrim), que puede consistir en el examen directo del lugar, con descripción detallada y recogida de objetos, y puede realizarse con la colaboración de la Policía Judicial técnica. El cuerpo del delito comprende los vestigios, armas, instrumentos y efectos relacionados con el delito. Según el art. 334 LECrim, el juez ordenará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito, y se hallen en el lugar en que éste se cometió, en sus inmediaciones, en poder del reo o en otra parte conocida, extendiendo diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encuentren y describiéndolos minuciosamente. La conservación se rige por la cadena de custodia: la defensa puede cuestionar la integridad de los indicios si se rompe, y la jurisprudencia exige la identidad de lo analizado con lo recogido; la ruptura de la cadena no implica automáticamente la nulidad, pero afecta a la fiabilidad y valoración de la prueba.
Identificación del presunto delincuente
Cuando el delincuente no es conocido o hay dudas sobre su identidad, la LECrim contempla diligencias de reconocimiento en rueda (arts. 368 y ss.), la identificación fotográfica, la toma de huellas dactilares y los análisis de ADN. La toma de muestras biológicas puede acordarla el juez, aun de forma coercitiva y con las garantías de proporcionalidad, a quien se atribuya un hecho punible (art. 363 LECrim, introducido por la LO 15/2003), y la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN se rige por la LO 10/2007, de 8 de octubre. Doctrina jurisprudencial: el reconocimiento en rueda y la identificación fotográfica son diligencias de investigación y no constituyen por sí solas prueba de cargo; deben ratificarse en el juicio oral con inmediación y contradicción. Se admite también la identificación en la sala del juicio, con valor probatorio sometido a la libre valoración.
Declaraciones testificales
Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado (art. 410 LECrim). El testigo declara bajo juramento o promesa de decir verdad y su declaración falsa puede constituir falso testimonio (arts. 458 y ss. CP). Excepciones: están dispensados de declarar los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad y sus hermanos y colaterales hasta cierto grado (art. 416 LECrim); no pueden ser obligados a declarar los ministros de culto respecto de hechos revelados en el ejercicio de su ministerio, los funcionarios públicos sobre secretos conocidos por razón del cargo y los incapacitados física o moralmente (art. 417); y los abogados y procuradores están amparados por el secreto profesional. Las altas autoridades pueden declarar por escrito o en su sede (arts. 411 y 412). Cuando el testigo no pueda concurrir al juicio (ausencia, enfermedad grave u otro motivo racional), el juez puede recibirle declaración anticipada con contradicción de las partes y con presencia del Fiscal y del abogado del investigado (art. 448 y art. 777.2 para el procedimiento abreviado); esa declaración se reproduce en el juicio mediante su lectura (art. 730). En el caso de víctimas menores de catorce años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el art. 449 bis y siguientes LECrim, reformados por la LO 8/2021 de protección integral a la infancia, prevén su declaración como prueba preconstituida, con grabación y sin confrontación visual con el investigado.
La declaración del investigado ante el juez de instrucción
El investigado declara con información previa y comprensible de los hechos que se le atribuyen y de sus derechos, con asistencia de abogado desde el primer momento, y tiene derecho a no declarar, a no responder a alguna o a todas las preguntas, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; no presta juramento. En el sumario ordinario, el auto de procesamiento (art. 384 LECrim) se dicta cuando del sumario resulten indicios racionales de criminalidad contra una persona determinada. La confesión del investigado no dispensa al juez de practicar las diligencias necesarias para comprobar la veracidad de lo declarado. Su declaración en la instrucción no es prueba de cargo por sí misma; para tener valor ha de reproducirse en el juicio oral con contradicción, aunque puede contrastarse la declaración del acusado en juicio con la prestada en la instrucción y con las garantías (art. 714 LECrim).
La prueba pericial y su valor
Según el art. 456 LECrim, el juez ordenará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. Los peritos pueden ser titulares (con título oficial en la materia) o no titulares (si no hay titulados en el partido, art. 457). Informan los Médicos Forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la Policía Científica y los laboratorios oficiales. Si el informe puede reproducirse en el juicio oral, los peritos no son recusables por las partes; si no puede reproducirse, los procesados pueden recusar al perito al notificársele su nombramiento (art. 467 LECrim). El informe debe contener la descripción de la persona o cosa, la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados y las conclusiones (art. 478). En el juicio oral los peritos ratifican y explican su informe, con contradicción (art. 724 y ss.). En el procedimiento abreviado, los informes de laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes tienen carácter de prueba documental cuando se han realizado siguiendo los protocolos científicos (art. 788.2 LECrim). El tribunal valora la prueba pericial libremente, en conciencia (art. 741 LECrim), sin quedar vinculado por el dictamen, aunque debe motivar su apartamiento de él.
La prueba pericial médico-forense: autopsia e informes de sanidad
En los delitos contra la vida o la integridad física, el Médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses practica la diligencia de levantamiento del cadáver y, en su caso, la autopsia judicial para determinar la causa y circunstancias de la muerte, así como los informes de sanidad sobre la curación, el tiempo de incapacidad y las secuelas de las lesiones. Los informes constituyen fuentes de prueba pericial esenciales, sin perjuicio de su ratificación en el juicio oral cuando sean impugnados por alguna de las partes. Los Institutos de Medicina Legal se rigen por el art. 479 LOPJ y su normativa de desarrollo.
La prueba documental
A efectos penales, es documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica (art. 26 CP). Los documentos públicos y privados se incorporan a la causa por aportación de parte o por orden del juez, y en el juicio oral el tribunal examina por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos (art. 726 LECrim). Se valora libremente en conciencia, sin la tasa de la prueba civil. La prueba documental tiene especial relevancia en el recurso de casación: el art. 849.2 LECrim permite alegar error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos y demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios; los informes periciales sólo valen a este efecto en supuestos muy limitados.
Piezas de convicción y su destino
Son piezas de convicción los objetos materiales relacionados con el delito (armas, instrumentos, efectos sustraídos, sustancias estupefacientes) que se recogen, describen y custodian a disposición del órgano judicial (art. 334 y ss. LECrim). Deben conservarse en las debidas condiciones y su custodia se documenta (cadena de custodia). La LECrim regula también la realización anticipada, el depósito y la destrucción de los efectos judiciales cuando proceda (arts. 367 bis y siguientes). Concluido el proceso, el destino lo fija la sentencia: los efectos e instrumentos del delito pueden ser objeto de comiso (arts. 127 y siguientes CP), las sustancias de tenencia ilícita se destruyen (en materia de drogas, conservando muestras suficientes, art. 374 CP) y los bienes de terceros ajenos o de la víctima se restituyen a su dueño. No deben confundirse las piezas de convicción con las piezas separadas del procedimiento (por ejemplo, la de responsabilidad civil y fianzas).
Diligencias de instrucción restrictivas de derechos fundamentales
La entrada y registro en domicilio requiere consentimiento del titular, flagrante delito o resolución judicial (art. 18.2 CE); la LECrim exige auto motivado (arts. 545 y ss.) y su práctica en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, del interesado o su representante y testigos (art. 569). La intervención de las comunicaciones (art. 18.3 CE) está regulada en los arts. 588 bis a y siguientes y 588 ter a y siguientes, introducidos por la LO 13/2015, con los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad; la duración inicial máxima es de tres meses, prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de dieciocho meses (art. 588 ter g). El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (ordenadores, teléfonos móviles) exige una autorización judicial específica (arts. 588 sexies a y ss.) y el registro remoto de equipos informáticos se rige por los arts. 588 septies, con una duración máxima de un mes prorrogable hasta tres. También se regulan la captación de imágenes y sonidos, los dispositivos de seguimiento y localización, el agente encubierto (art. 282 bis) y la entrega vigilada (art. 263 bis). La vulneración de derechos fundamentales en la obtención de fuentes de prueba determina que la prueba carezca de efecto (art. 11.1 LOPJ).
El secreto del sumario (art. 302 LECrim)
Las partes personadas pueden tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. No obstante, si el delito es público, el juez puede declarar mediante auto motivado, a propuesta del Ministerio Fiscal o de cualquiera de las partes personadas, el secreto total o parcial de las actuaciones para todas las partes, por tiempo no superior a un mes, cuando resulte necesario para evitar un riesgo grave para la vida, la libertad o la integridad física de otra persona, o para prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. El secreto debe alzarse necesariamente con diez días de antelación a la conclusión del sumario, y el investigado tiene derecho a acceder a los elementos esenciales para impugnar su detención o prisión (art. 118 LECrim). Debe distinguirse del carácter reservado de las diligencias del sumario (art. 301), que es distinto del secreto del art. 302.
Medidas cautelares reales durante la instrucción
Además de las medidas cautelares personales (detención y prisión provisional, entre otras), el juez puede adoptar medidas reales para asegurar las responsabilidades pecuniarias del delito. El art. 589 LECrim establece que, cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por auto que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir la cantidad que se fije si no prestare la fianza. También puede exigirse fianza al responsable civil subsidiario (art. 615 y ss.). Estas medidas se tramitan en pieza separada y se acuerdan por resolución motivada, atendiendo a la apariencia de buen derecho y al riesgo de insolvencia. Además, el decomiso puede asegurarse cautelarmente conforme a los arts. 127 y siguientes del Código Penal y la LECrim.
El derecho de las partes a proponer diligencias
El juez que conozca de la causa practicará las diligencias que le propongan el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales (art. 311 LECrim). La denegación debe ser motivada y es recurrible en reforma y apelación; es una manifestación esencial del derecho de defensa y del principio de contradicción, aunque la instrucción no sea plenamente contradictoria. El juez debe también, por mandato del art. 2 LECrim, consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables al investigado.
Duración máxima de la instrucción y sus prórrogas (art. 324 LECrim)
La Ley 2/2020, de 27 de julio, modificó el art. 324 LECrim: la instrucción de las causas está sujeta a un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa. Si antes de que finalice no ha sido posible concluirla, el juez, previa audiencia de las partes, puede acordar prórrogas sucesivas por períodos iguales o inferiores a seis meses. Si la causa se declara compleja mediante auto motivado (por el número de investigados o víctimas, su dimensión transnacional, la necesidad de informes complejos, entre otras razones), el plazo es de dieciocho meses, prorrogable por períodos igualmente determinados por el juez. La redacción anterior de 2015 fijaba seis meses (dieciocho en causas complejas), por lo que no debe confundirse con la vigente. El plazo no es de aplicación a las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, que tienen su propio límite temporal (seis meses, art. 5 EOMF y art. 773.2 LECrim).
Recursos contra las resoluciones del juez de instrucción
Contra los autos del juez de instrucción cabe recurso de reforma, ante el propio juez, y de apelación, ante la Audiencia Provincial, en los casos que la ley prevé (arts. 216 y ss. LECrim); el recurso de queja procede cuando se deniega la admisión de la apelación. En el sumario ordinario el recurso de reforma se interpone en tres días y el de apelación en cinco (arts. 211 y 212); en el procedimiento abreviado el art. 766 establece los mismos plazos de tres días para reforma y cinco para apelación y permite interponer ambos de forma conjunta y subsidiaria. La interposición de la apelación no suspende, por regla general, el curso del procedimiento.
Conclusión del sumario y calificación provisional
Practicadas las diligencias necesarias, el juez dicta auto declarando concluso el sumario (art. 622 LECrim) y lo eleva al tribunal competente, que lo revisa (arts. 631 y ss.). Tras ello, si procede, se abre la fase intermedia, que concluye con el auto de apertura del juicio oral o con el sobreseimiento. Las partes formulan sus conclusiones provisionales (escritos de calificación), en las que exponen los hechos punibles, su calificación legal, la participación del procesado, las circunstancias modificativas y las penas solicitadas (art. 650 LECrim). Este trámite delimita el objeto del proceso y vincula, por el principio acusatorio, la posterior actuación del tribunal sentenciador. En el procedimiento abreviado, los escritos de acusación se presentan tras el auto de apertura de juicio oral (arts. 780 y 781) y la defensa formula su escrito de defensa (art. 784).
Valor probatorio de las diligencias sumariales: prueba preconstituida y anticipada
Como regla, las diligencias del sumario no constituyen prueba de cargo: deben reproducirse en el juicio con inmediación y contradicción (art. 741 LECrim y art. 24.2 CE). Excepciones: la prueba anticipada (practicada ante el juez antes del juicio por riesgo de imposibilidad, arts. 448 y 777.2 LECrim) y la preconstituida (diligencias irreproducibles, como la autopsia o el análisis de muestras, o la declaración de determinadas víctimas, art. 449 bis y ss.), que se incorporan al juicio mediante su lectura (art. 730 LECrim) siempre que se hayan practicado con intervención judicial y posibilidad real de contradicción. La contradicción del art. 714 LECrim permite contrastar la declaración del testigo en el juicio con la prestada en la instrucción, y el art. 730 incorpora la prueba irreproducible. Las declaraciones prestadas ante la Policía no son prueba por sí mismas.
La protección de testigos y peritos (LO 19/1994)
La Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, permite al juez adoptar, cuando se aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de un testigo o perito, o de su cónyuge o personas con análoga relación de afectividad, ascendientes, descendientes o hermanos, medidas de protección (reserva de los datos identificativos, empleo de un número o clave, comparecencia con medios que impidan su identificación visual, designación de domicilio a efectos de citaciones, protección policial). Se acuerdan motivadamente, y la jurisprudencia exige ponderar el derecho de defensa del acusado, que debe poder interrogar al testigo: el anonimato absoluto del testigo no se admite sin garantías compensatorias. El Estatuto de la víctima (Ley 4/2015) añade medidas de protección propias para las víctimas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Formas de incoación: denuncia, querella, atestado o de oficio. El sumario (art. 299 LECrim) prepara el juicio; las diligencias previas son la instrucción del procedimiento abreviado.
La Policía Judicial depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126 CE; art. 547 LOPJ); el atestado vale como denuncia (art. 297 LECrim).
Detención: máximo 72 horas (art. 17.2 CE); la Policía no puede dejar pasar más de 24 horas sin dar conocimiento al juez de la detención salvo imposibilidad (art. 295 LECrim).
Plazo de instrucción (art. 324 LECrim, tras la Ley 2/2020): doce meses, prorrogables por períodos de hasta seis meses; dieciocho meses en causas complejas. No confundir con los seis y dieciocho meses de la redacción de 2015.
Secreto del sumario (art. 302): auto motivado, no superior a un mes, alzado con diez días de antelación a la conclusión. No confundir con el carácter reservado de las diligencias (art. 301).
Cuerpo del delito: art. 334 LECrim; cadena de custodia esencial para la fiabilidad de la prueba.
Reconocimiento en rueda e identificación fotográfica son diligencias de investigación, no prueba por sí solas; deben ratificarse en el juicio oral.
Testigos: obligación de declarar (art. 410), dispensa de parientes y cónyuge (art. 416), no obligados los ministros de culto y funcionarios por secretos (art. 417).
Pericial: peritos no recusables si el informe puede reproducirse en juicio (art. 467); valoración libre en conciencia (art. 741); informes de laboratorio de drogas con valor de prueba documental en el abreviado (art. 788.2).
Documento a efectos penales: art. 26 CP; en casación, error de hecho basado en documentos (art. 849.2 LECrim).
Intervención de comunicaciones: tres meses iniciales, prorrogables hasta dieciocho meses (art. 588 ter g). Registro remoto: un mes, prorrogable hasta tres.
Prueba anticipada y preconstituida: se introducen en el juicio por lectura (art. 730 LECrim) si hubo intervención judicial y contradicción; las declaraciones policiales no son prueba.
Fianza y embargo (art. 589 LECrim) aseguran las responsabilidades pecuniarias; se tramitan en pieza separada.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En el procedimiento abreviado, los informes de laboratorios oficiales sobre naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes tienen carácter de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 45 de Gestión Procesal (Justicia)?
El sumario es la fase de instrucción del procedimiento ordinario por delitos graves (art. 299 LECrim): el conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias. Este tema desarrolla la incoación, las actuaciones de la Policía Judicial, la comprobación del delito (cuerpo del delito e inspección ocular), la identificación del presunto delincuente, las declaraciones testificales, la prueba pericial y su valor, la prueba documental y las piezas de convicción, así como el secreto, el plazo de instrucción (art. 324 LECrim, tras la Ley 2/2020), las medidas cautelares reales y el cierre del sumario. Debe distinguirse siempre entre diligencias de investigación (no son prueba, salvo la anticipada o preconstituida) y prueba practicada en el juicio oral.
¿Qué hay que memorizar del Tema 45 para el examen?
Formas de incoación: denuncia, querella, atestado o de oficio. El sumario (art. 299 LECrim) prepara el juicio; las diligencias previas son la instrucción del procedimiento abreviado. La Policía Judicial depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126 CE; art. 547 LOPJ); el atestado vale como denuncia (art. 297 LECrim). Detención: máximo 72 horas (art. 17.2 CE); la Policía no puede dejar pasar más de 24 horas sin dar conocimiento al juez de la detención salvo imposibilidad (art. 295 LECrim). Plazo de instrucción (art. 324 LECrim, tras la Ley 2/2020): doce meses, prorrogables por períodos de hasta seis meses; dieciocho meses en causas complejas. No confundir con los seis y dieciocho meses de la redacción de 2015. Secreto del sumario (art. 302): auto motivado, no superior a un mes, alzado con diez días de antelación a la conclusión. No confundir con el carácter reservado de las diligencias (art. 301). Cuerpo del delito: art. 334 LECrim; cadena de custodia esencial para la fiabilidad de la prueba. Reconocimiento en rueda e identificación fotográfica son diligencias de investigación, no prueba por sí solas; deben ratificarse en el juicio oral. Testigos: obligación de declarar (art. 410), dispensa de parientes y cónyuge (art. 416), no obligados los ministros de culto y funcionarios por secretos (art. 417). Pericial: peritos no recusables si el informe puede reproducirse en juicio (art. 467); valoración libre en conciencia (art. 741); informes de laboratorio de drogas con valor de prueba documental en el abreviado (art. 788.2). Documento a efectos penales: art. 26 CP; en casación, error de hecho basado en documentos (art. 849.2 LECrim). Intervención de comunicaciones: tres meses iniciales, prorrogables hasta dieciocho meses (art. 588 ter g). Registro remoto: un mes, prorrogable hasta tres. Prueba anticipada y preconstituida: se introducen en el juicio por lectura (art. 730 LECrim) si hubo intervención judicial y contradicción; las declaraciones policiales no son prueba. Fianza y embargo (art. 589 LECrim) aseguran las responsabilidades pecuniarias; se tramitan en pieza separada.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 17, 18, 24 y 126.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036, texto consolidado), en especial arts. 259 a 306, 311, 324, 326 a 367, 368 y ss., 384, 410 a 417, 448, 449 bis y ss., 456 a 478, 545 y ss., 588 bis y ss., 589, 622, 650, 726 a 741, 766, 788.
Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), arts. 547 y ss.
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.
Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
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