Tema 55. Régimen general de recursos en el proceso penal. Los recursos no devolutivos: Reforma y súplica. Recursos devolutivos: La apelación en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado; El recurso de queja contra la inadmisión de otro recurso y como sustitutivo de la apelación. El recurso de casación penal. La revisión penal. El recurso de rescisión de la sentencia dictada contra reos ausentes. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El sistema de recursos penales se articula en recursos no devolutivos (reforma y súplica), que resuelve el mismo órgano que dictó la resolución, y devolutivos (apelación, queja y casación), que conoce un órgano superior; a ellos se suman dos remedios extraordinarios frente a sentencias firmes o dictadas sin presencia del acusado: la revisión penal (arts. 954 y ss. LECrim) y la rescisión de la sentencia dictada contra reos ausentes. Desde la Ley 41/2015, de 5 de octubre, la apelación se generalizó como segunda instancia también frente a las sentencias de las Audiencias Provinciales en el proceso ordinario, y la casación quedó como recurso extraordinario ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Frente a las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia caben la reposición y la revisión, con el régimen de la LEC aplicado supletoriamente. Desde la Ley Orgánica 1/2025, los antiguos Juzgados se integran en Tribunales de Instancia, por lo que hoy se habla de Secciones de lo Penal o de Instrucción de dichos Tribunales.
Régimen general de recursos: concepto, derecho al recurso y clasificación
El recurso es el acto procesal de parte por el que se pide la revisión de una resolución no firme ante el mismo órgano o ante otro superior. Se apoya en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y en el derecho del condenado a que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por un tribunal superior (art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 2 del Protocolo n.º 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos). El legislador puede configurar libremente el sistema de recursos, pero cuando existe un recurso su acceso no puede impedirse con interpretaciones rigoristas o desproporcionadas. Resoluciones recurribles (art. 141 LECrim): providencias (mera tramitación), autos (resuelven incidentes o puntos esenciales que afectan a las partes) y sentencias. Clasificación: por el órgano que resuelve, no devolutivos (reforma y súplica) y devolutivos (apelación, queja, casación); por la amplitud de la revisión, ordinarios (reforma, súplica, apelación, queja) y extraordinarios (casación, revisión y rescisión, de motivos tasados). Principios comunes: legalidad (solo caben los recursos previstos por la ley), legitimación (la parte perjudicada por la resolución, también el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad), pertinencia, prohibición de la reformatio in peius cuando recurre un solo condenado, congruencia del tribunal con lo pedido (tantum devolutum quantum appellatum) y posibilidad de adhesión al recurso de la otra parte.
Efectos de los recursos: devolutivo, suspensivo y firmeza
El efecto devolutivo atribuye el conocimiento a un órgano superior; el suspensivo impide la ejecución de la resolución mientras se tramita el recurso; el extensivo permite que el recurso de un acusado aproveche a los demás en lo que les sea favorable cuando no se base en motivos personales. Regla práctica: la apelación contra sentencias suspende la ejecución, mientras que la apelación contra autos de instrucción, en general, no paraliza la tramitación de la causa. Una resolución es firme cuando no cabe contra ella recurso alguno, o cuando, cabiendo, ha transcurrido el plazo sin interponerlo. La firmeza es el presupuesto de la ejecución penal y de la revisión. Los plazos de los recursos son de días hábiles y perentorios, y el mes de agosto es inhábil salvo para las actuaciones de instrucción penal.
Los recursos no devolutivos: concepto y diferencia entre reforma y súplica
Los recursos no devolutivos se resuelven por el mismo órgano que dictó la resolución recurrida, que puede reconsiderarla a la vista de las alegaciones del recurrente. Se diferencian solo por la naturaleza del órgano: la reforma se interpone frente a resoluciones de órganos unipersonales (Juez de Instrucción, Juez de lo Penal) y la súplica frente a las de órganos colegiados (Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo). Ambos son ordinarios, sirven para corregir errores de hecho o de derecho de la resolución y pueden interponerse con carácter subsidiario respecto de la apelación.
El recurso de reforma
Procede contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal, salvo los que la ley excluya expresamente. Se interpone ante el propio Juez que dictó el auto en el plazo de tres días desde la notificación (art. 211 LECrim; en el procedimiento abreviado, art. 766.1), mediante escrito razonado. Admitido, se da traslado a las demás partes por plazo común para alegaciones y el Juez resuelve por auto. Reglas esenciales: (a) la reforma puede interponerse sola o junto con la apelación subsidiaria; (b) en el abreviado la apelación puede interponerse directamente sin reforma previa, es decir, la reforma no es requisito previo de la apelación; (c) la interposición de la reforma no suspende el curso de la instrucción. Contra el auto que resuelve la reforma cabe, si procede, apelación. No cabe reforma contra las sentencias.
El recurso de súplica
Es el equivalente de la reforma frente a las resoluciones de los tribunales colegiados, que lo resuelve el mismo tribunal con carácter ordinario. Procede contra los autos de los tribunales colegiados que no sean definitivos y que la ley no excluya expresamente del recurso, y se tramita siguiendo las reglas de la reforma. No cabe súplica contra sentencias. Se aplica a los autos de la Audiencia Provincial, de la Audiencia Nacional y de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo cuando conocen en primera instancia o dictan resoluciones interlocutorias en apelación o en casación. El plazo y la tramitación se asimilan a los de la reforma.
Los recursos devolutivos: apelación, queja y casación; distribución general tras la Ley 41/2015
Devolutivos son la apelación (recurso ordinario de segunda instancia), la queja (garantía frente a la denegación indebida de otro recurso) y la casación (extraordinaria, de motivos tasados). Tras la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, existe doble instancia con carácter general: las sentencias de las Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictadas en primera instancia pueden apelarse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia o la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (art. 846 ter LECrim); las sentencias del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado son apelables ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (arts. 846 bis a a 846 bis f); y las sentencias de los Juzgados de lo Penal se apelan ante la Audiencia Provincial (art. 790). La casación procede, con las limitaciones del art. 847, contra las sentencias dictadas en apelación y ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Error a evitar: es incorrecto afirmar hoy que la sentencia de la Audiencia Provincial en el sumario va directamente a casación sin apelación intermedia; esa era la situación anterior a 2015.
La apelación contra autos en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado
En el sumario ordinario los autos del instructor solo son apelables en los casos expresamente previstos por la ley (prisión provisional, procesamiento, sobreseimiento, entre otros) y en los demás basta la reforma. En el procedimiento abreviado el régimen general es más amplio: contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal, salvo los expresamente excluidos, cabe la reforma y la apelación, que pueden interponerse de forma independiente o conjunta, y el plazo es de tres días para la reforma y de cinco para la apelación (art. 766). Se interpone ante el órgano que dictó el auto, que da traslado a las demás partes y remite las actuaciones a la Audiencia Provincial, que resuelve normalmente sin vista, salvo que se haya admitido prueba en la apelación. La resolución dicta un auto. No cabe, en general, recurso contra los autos dictados en apelación, sin perjuicio del incidente de nulidad de actuaciones y del recurso de amparo.
La apelación contra sentencias en el procedimiento abreviado
Las sentencias del Juzgado de lo Penal (hoy Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia) y las dictadas por la Audiencia Provincial en primera instancia son apelables. Contra las sentencias del Juzgado de lo Penal conoce la Audiencia Provincial y el plazo para interponer el recurso es de diez días desde la notificación (art. 790.1 LECrim). Se interpone por escrito ante el órgano que dictó la sentencia, alegando los motivos, en una sola fase, no hay separación entre preparación e interposición. El escrito debe contener las alegaciones de fondo y, en su caso, la proposición de prueba. Motivos (art. 790.2): quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas e infracción de normas del ordenamiento jurídico. Las demás partes disponen de diez días para impugnar o adherirse. La Audiencia puede celebrar vista cuando se haya admitido prueba o cuando lo estime necesario. Prueba en segunda instancia: solo la que no pudo proponerse en primera instancia, la propuesta y indebidamente denegada, y la admitida y no practicada por causas no imputables al recurrente (art. 790.3).
Efectos de la sentencia de apelación: límites a la agravación y a la condena del absuelto
La sentencia de apelación puede confirmar, revocar o modificar la resolución recurrida y decidir sobre cuestiones de hecho y de derecho, sin prescindir de la inmediación: el tribunal de apelación no puede revisar en perjuicio del acusado la valoración de la prueba personal practicada en primera instancia sin audiencia del acusado. La doctrina del Tribunal Constitucional (desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen vista y audiencia personal para condenar al absuelto o agravar la condena basándose en una nueva valoración de pruebas personales. La Ley 41/2015 lo recogió en el art. 792.2 LECrim: la sentencia de apelación no puede condenar al encausado absuelto en primera instancia ni agravar la condena impugnada por error en la apreciación de la prueba, sin perjuicio de que pueda anular la sentencia y ordenar la repetición del juicio. Rige además la prohibición de reformatio in peius cuando solo recurre el condenado. Cabe casación contra la sentencia de apelación en los casos previstos en el art. 847.
La apelación contra sentencias en delitos leves y en el proceso ordinario
Delitos leves: la sentencia dictada por el Juez de Instrucción (Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) es apelable ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días (art. 976 LECrim). Proceso ordinario por delitos graves: las sentencias de la Audiencia Provincial en primera instancia se apelan ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de diez días; la de la Audiencia Nacional ante su Sala de Apelación (art. 846 ter). Los motivos de la apelación son los mismos que los del abreviado: quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la apreciación de la prueba e infracción del ordenamiento jurídico. Contra la sentencia dictada en apelación puede interponerse casación con los límites del art. 847.
El recurso de queja: concepto y finalidad
Es un recurso devolutivo que protege el acceso a los demás recursos: se interpone ante el órgano que debe conocer del recurso inadmitido, para que examine si la inadmisión fue correcta y, si no lo fue, ordene su admisión y tramitación. Por su naturaleza, no examina el fondo del asunto principal, sino únicamente la procedencia de la inadmisión. No suspende el procedimiento ni la ejecución de la resolución que se pretende recurrir, salvo que el tribunal que conoce de la queja lo acuerde expresamente.
La queja contra la inadmisión de otro recurso y como sustitutivo de la apelación
Contra el auto que deniegue la admisión de la apelación procede queja ante el órgano competente para conocer de la apelación, en el plazo de cinco días (arts. 218 y 766.2 LECrim). En casación, contra el auto por el que se deniega tener por preparado el recurso cabe queja ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (art. 862 LECrim). Además, la queja funciona como sustitutivo de la apelación cuando se recurre un auto contra el que la ley no concede apelación, pero cuyo contenido se estima de relevancia suficiente para ser examinado por un tribunal superior: en ese caso, la queja permite el control por el órgano superior de resoluciones que no son apelables. La queja se tramita sin vista, mediante testimonio de las actuaciones que el recurrente puede pedir, y se resuelve por auto.
El recurso de casación penal: naturaleza y resoluciones recurribles
La casación es un recurso devolutivo y extraordinario cuyo conocimiento corresponde a la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo y cuya finalidad es la protección de la ley, la unificación de la doctrina jurisprudencial y la tutela de los derechos fundamentales. Tras la Ley 41/2015, el art. 847 LECrim distingue: (a) casación ante la Sala Segunda del TS contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ y por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, por infracción de ley o quebrantamiento de forma; y (b) casación, limitada, contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (procedimiento abreviado), restringida a determinados motivos de infracción de ley y a supuestos de interés casacional definidos por la ley y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No cabe casación, en general, contra autos, salvo los expresamente previstos en la ley (art. 848). Conviene contrastar los requisitos exactos del art. 847 en el texto vigente.
Motivos del recurso de casación penal
Los motivos son tasados. Infracción de ley (art. 849): 1.º error de derecho, por haberse infringido un precepto penal sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal; el recurso se basa en los hechos probados que se respetan; 2.º error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador y no resulten contradichos por otros elementos probatorios (no sirven, como regla, ni la testifical ni la pericial, salvo la pericial documentada que reúna los requisitos jurisprudenciales). Quebrantamiento de forma (arts. 850 y 851): denegación de diligencias de prueba pertinentes, falta de claridad o contradicción en los hechos probados, predeterminación del fallo, incongruencia omisiva, etc. Infracción de precepto constitucional (art. 852): el recurso puede fundarse en todo caso en la infracción de un precepto constitucional, en particular la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, lo que permite al Supremo revisar la existencia de prueba de cargo suficiente y válidamente obtenida, sin sustituir la valoración probatoria del tribunal de instancia.
Procedimiento de la casación penal
Se prepara ante el tribunal que dictó la sentencia recurrida, en el plazo de cinco días desde la última notificación (art. 856 LECrim), mediante escrito en el que se solicita testimonio de la resolución y se manifiesta la intención de recurrir, con la designación de abogado y procurador. El tribunal tiene por preparado el recurso o lo deniega, en cuyo caso cabe queja. Después se emplaza a las partes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde el recurrente formaliza el escrito de interposición con expresión de los motivos y, en su caso, de la queja o la petición de vista. El recurso se traslada al Ministerio Fiscal para que informe (y, en su caso, para que se adhiera) y a las demás partes para su impugnación. La Sala puede inadmitirlo por auto de forma motivada o dictar sentencia estimatoria (casando la sentencia y dictando la que proceda en una segunda sentencia) o desestimatoria. La fase de admisión puede resolverse sin vista con una providencia de inadmisión motivada, y el trámite de impugnación puede reducirse cuando concurren causas de inadmisión manifiestas.
La casación por interés casacional y la unificación de doctrina en materia penal
En el orden penal no existe un recurso de casación para la unificación de doctrina equiparable al del orden social. La función unificadora se ejerce a través de la propia casación y, desde la reforma de 2015, mediante la exigencia de interés casacional en la casación contra las sentencias de apelación de las Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los Acuerdos no jurisdiccionales del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo concretan los criterios de admisión. Contraste con el orden contencioso-administrativo, donde el recurso de casación se funda en el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (arts. 86 y ss. LJCA, según LO 7/2015).
La revisión penal: concepto, naturaleza y motivos
La revisión penal es un medio de impugnación extraordinario, ajeno a la cadena de recursos, que se dirige contra sentencias firmes cuya injusticia o error se ponen de manifiesto por hechos o circunstancias sobrevenidos que no pudieron valorarse en el proceso. Es una excepción a la cosa juzgada que se justifica en la búsqueda de la verdad material y en la justicia. Motivos (art. 954 LECrim), sin que sea necesario saber el orden de las letras: (a) cuando estén sufriendo condena dos o más personas en virtud de sentencias contradictorias por el mismo delito que no hubiera podido ser cometido más que por una sola; (b) cuando alguien esté sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena; (c) cuando la sentencia se haya fundado en un documento o testimonio declarados después falsos, en confesión arrancada con violencia o coacción o en cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que los hechos resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal; (d) cuando se haya dictado sentencia condenatoria por prevaricación, cohecho o violencia o maquinación fraudulenta del juez o magistrado que dictó la sentencia, también declarados por sentencia firme; (e) cuando, con posterioridad a la sentencia, sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave; y (f) cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que la sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ninguna otra forma que no sea mediante la revisión. Importante: la declaración de vulneración de derechos por el Tribunal Constitucional no es motivo de revisión penal; su cauce es el recurso de amparo.
Procedimiento y legitimación en la revisión penal
Competencia: la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para todas las sentencias penales firmes; las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia solo conocen de la revisión en materia civil (derecho foral), no de la penal. Legitimación (art. 955 LECrim): el penado, sus familiares más próximos (cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos) cuando haya fallecido o esté incapacitado, y el Ministerio Fiscal. Plazo: no existe plazo de caducidad con carácter general, ya que la revisión puede pedirse en cualquier momento, incluso tras el cumplimiento de la pena y después de fallecido el condenado, a diferencia de la revisión civil; la excepción es el motivo del TEDH, para el que la solicitud debe presentarse en el plazo de un año desde que la sentencia del TEDH adquiere firmeza. Se inicia con un escrito dirigido a la Sala con las pruebas, se oye al Fiscal, la Sala puede acordar diligencias y la sentencia estima o desestima. Si estima, anula la sentencia firme y, según los casos, ordena un nuevo juicio o dicta la absolución. Consecuencia: el error judicial declarado por la Sala permite reclamar indemnización conforme a los arts. 292 y ss. LOPJ, con acción en el plazo de tres meses desde que pudo ejercitarse (art. 293.1 LOPJ).
El recurso de rescisión de la sentencia dictada contra reos ausentes
Como regla general el proceso penal exige la presencia del acusado en el juicio oral. Excepcionalmente se permite juzgarlo en ausencia en supuestos tasados (por ejemplo, en el procedimiento abreviado cuando la pena solicitada no excede de los límites legales y el acusado citado personalmente no comparece sin causa justificada: art. 786.1 LECrim). Cuando el condenado en ausencia no ha tenido conocimiento efectivo del proceso o no ha podido comparecer, el ordenamiento le reconoce un remedio para obtener la rescisión de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio con todas las garantías de defensa, que es el equivalente penal de la audiencia al rebelde civil (arts. 501 y ss. LEC). El condenado debe acreditar que su ausencia no le fue imputable y que desconocía la celebración del juicio. El plazo se computa desde que el condenado tiene conocimiento efectivo de la sentencia. El régimen está recogido en la LECrim en las normas sobre el procedimiento contra reos ausentes y en los arts. 793 y 954, por lo que conviene estudiar el texto vigente para conocer los plazos concretos.
Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia
Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) son diligencias de ordenación y decretos (además de diligencias de constancia, comunicación o ejecución). Contra ellas cabe el recurso de reposición, ante el propio LAJ, y el recurso de revisión, ante el Juez o tribunal. En ausencia de regulación específica en la LECrim, se aplica supletoriamente la LEC (arts. 451 a 454 bis), con los siguientes rasgos: la reposición procede contra las diligencias de ordenación y contra los decretos no definitivos, se interpone en el plazo de cinco días y lo resuelve el mismo LAJ mediante decreto; la revisión procede contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación y en los demás casos previstos por la ley, se interpone en el plazo de cinco días y la resuelve el Juez o tribunal mediante auto, contra el que no cabe, en general, recurso alguno. Las resoluciones del LAJ no son impugnables mediante recurso de apelación.
Esquema comparado: recursos según la resolución impugnada
Autos del Juez de Instrucción: reforma (3 días) y apelación (5 días) en los casos previstos; en abreviado, ambos de forma independiente o conjunta. Sentencia del Juzgado de lo Penal: apelación ante la Audiencia Provincial (10 días). Sentencia de delitos leves: apelación ante la Audiencia Provincial (5 días). Sentencia de la Audiencia Provincial en primera instancia: apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ (10 días) y, tras ella, casación con los límites del art. 847. Sentencia del Magistrado Presidente del Jurado: apelación ante el TSJ. Sentencia firme injusta por hechos nuevos: revisión ante la Sala Segunda. Sentencia en ausencia: rescisión. Autos de tribunales colegiados: súplica. Denegación de la admisión de un recurso: queja. Diligencias de ordenación y decretos del LAJ: reposición y revisión.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
No devolutivos: reforma (autos de órganos unipersonales: 3 días, art. 211 LECrim) y súplica (autos de órganos colegiados). Devolutivos: apelación, queja y casación.
Tras la Ley 41/2015, de 5 de octubre, hay doble instancia general: las sentencias de la Audiencia Provincial en primera instancia se apelan ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ (art. 846 ter). Es un error decir que van directamente a casación.
Apelación en abreviado: sentencia del Juzgado de lo Penal, 10 días, ante la Audiencia Provincial (art. 790); autos, reforma 3 días y apelación 5 días (art. 766); delitos leves, 5 días (art. 976).
Motivos de la apelación (art. 790.2): quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la apreciación de la prueba e infracción de normas del ordenamiento jurídico.
La sentencia de apelación no puede condenar al absuelto ni agravar la condena por error en la valoración de la prueba (art. 792.2 LECrim; STC 167/2002); rige la prohibición de reformatio in peius.
Casación: Sala Segunda del TS; motivos tasados: infracción de ley (art. 849: error de derecho y error en la apreciación de la prueba basado en documentos), quebrantamiento de forma (arts. 850 y 851) e infracción de precepto constitucional (art. 852). La testifical y la pericial no son documentos a efectos del art. 849.2 como regla general.
Queja: contra la inadmisión de la apelación (5 días, arts. 218 y 766.2) y contra la denegación de tener por preparada la casación (art. 862); también como sustitutivo cuando no cabe apelación.
Revisión penal: solo la Sala Segunda del TS; sin plazo de caducidad (excepción: 1 año desde la firmeza de la sentencia del TEDH); legitimados el penado, sus familiares y el Fiscal (art. 955). La declaración del Tribunal Constitucional no es motivo de revisión penal; el TEDH sí lo es.
El error judicial declarado en revisión permite reclamar indemnización (arts. 292 y ss. LOPJ), con plazo de tres meses (art. 293.1 LOPJ).
Rescisión de la sentencia contra reos ausentes: equivalente penal de la audiencia al rebelde; el condenado debe acreditar que la ausencia no le fue imputable.
Contra diligencias de ordenación y decretos del LAJ: reposición (ante el propio LAJ) y revisión (ante el Juez o tribunal, contra decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación); LEC supletoria (arts. 451 a 454 bis), plazo de 5 días.
Desde la LO 1/2025 los órganos unipersonales se integran en Tribunales de Instancia (secciones), por lo que las referencias a Juzgados de Instrucción o de lo Penal se entienden hechas a las secciones correspondientes.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La revisión penal de sentencias firmes corresponde a:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 55 de Gestión Procesal (Justicia)?
El sistema de recursos penales se articula en recursos no devolutivos (reforma y súplica), que resuelve el mismo órgano que dictó la resolución, y devolutivos (apelación, queja y casación), que conoce un órgano superior; a ellos se suman dos remedios extraordinarios frente a sentencias firmes o dictadas sin presencia del acusado: la revisión penal (arts. 954 y ss. LECrim) y la rescisión de la sentencia dictada contra reos ausentes. Desde la Ley 41/2015, de 5 de octubre, la apelación se generalizó como segunda instancia también frente a las sentencias de las Audiencias Provinciales en el proceso ordinario, y la casación quedó como recurso extraordinario ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Frente a las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia caben la reposición y la revisión, con el régimen de la LEC aplicado supletoriamente. Desde la Ley Orgánica 1/2025, los antiguos Juzgados se integran en Tribunales de Instancia, por lo que hoy se habla de Secciones de lo Penal o de Instrucción de dichos Tribunales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 55 para el examen?
No devolutivos: reforma (autos de órganos unipersonales: 3 días, art. 211 LECrim) y súplica (autos de órganos colegiados). Devolutivos: apelación, queja y casación. Tras la Ley 41/2015, de 5 de octubre, hay doble instancia general: las sentencias de la Audiencia Provincial en primera instancia se apelan ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ (art. 846 ter). Es un error decir que van directamente a casación. Apelación en abreviado: sentencia del Juzgado de lo Penal, 10 días, ante la Audiencia Provincial (art. 790); autos, reforma 3 días y apelación 5 días (art. 766); delitos leves, 5 días (art. 976). Motivos de la apelación (art. 790.2): quebrantamiento de normas y garantías procesales, error en la apreciación de la prueba e infracción de normas del ordenamiento jurídico. La sentencia de apelación no puede condenar al absuelto ni agravar la condena por error en la valoración de la prueba (art. 792.2 LECrim; STC 167/2002); rige la prohibición de reformatio in peius. Casación: Sala Segunda del TS; motivos tasados: infracción de ley (art. 849: error de derecho y error en la apreciación de la prueba basado en documentos), quebrantamiento de forma (arts. 850 y 851) e infracción de precepto constitucional (art. 852). La testifical y la pericial no son documentos a efectos del art. 849.2 como regla general. Queja: contra la inadmisión de la apelación (5 días, arts. 218 y 766.2) y contra la denegación de tener por preparada la casación (art. 862); también como sustitutivo cuando no cabe apelación. Revisión penal: solo la Sala Segunda del TS; sin plazo de caducidad (excepción: 1 año desde la firmeza de la sentencia del TEDH); legitimados el penado, sus familiares y el Fiscal (art. 955). La declaración del Tribunal Constitucional no es motivo de revisión penal; el TEDH sí lo es. El error judicial declarado en revisión permite reclamar indemnización (arts. 292 y ss. LOPJ), con plazo de tres meses (art. 293.1 LOPJ). Rescisión de la sentencia contra reos ausentes: equivalente penal de la audiencia al rebelde; el condenado debe acreditar que la ausencia no le fue imputable. Contra diligencias de ordenación y decretos del LAJ: reposición (ante el propio LAJ) y revisión (ante el Juez o tribunal, contra decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación); LEC supletoria (arts. 451 a 454 bis), plazo de 5 días. Desde la LO 1/2025 los órganos unipersonales se integran en Tribunales de Instancia (secciones), por lo que las referencias a Juzgados de Instrucción o de lo Penal se entienden hechas a las secciones correspondientes.
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Fuentes de este desarrollo
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882): arts. 141, 211, 216 y ss., 766, 790 a 792, 846 bis a a 846 ter, 847 a 852, 856, 862, 954 a 961, 976
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (arts. 292 a 294)
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 451 a 454 bis, aplicación supletoria)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.5; Protocolo n.º 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 2
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