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Tema 29. Procesos especiales: El proceso monitorio. Concepto y características. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento: petición inicial y documentos. Admisión. Requerimiento de pago y posibles conductas del demandado. La transformación del procedimiento. La cosa juzgada. El proceso monitorio europeo. El juicio cambiario. Concepto y características. Naturaleza. Casos en que procede. Competencia. Procedimiento. La sentencia sobre la oposición y su eficacia.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El proceso monitorio (arts. 812 a 818 LEC) y el juicio cambiario (arts. 819 a 827 LEC) son procesos especiales del Libro IV de la LEC dirigidos a conseguir con rapidez el cobro de deudas dinerarias documentadas. En el monitorio, el acreedor presenta una petición inicial con un documento que acredita la deuda y el tribunal requiere de pago al deudor; si este no paga ni se opone, el proceso termina por decreto y se abre directamente la ejecución, y si se opone, el asunto se resuelve en el juicio declarativo que corresponda. En el cambiario, el acreedor presenta el título cambiario (letra de cambio, cheque o pagaré), el tribunal ordena el requerimiento de pago y el embargo preventivo de bienes, y el deudor solo puede oponerse por motivos tasados. Junto a ellos existe, para los litigios transfronterizos intracomunitarios, el proceso monitorio europeo del Reglamento (CE) n.º 1896/2006. El tema desarrolla ambos procesos, sus diferencias y los efectos de cosa juzgada de sus resoluciones.

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El proceso monitorio: concepto y características

El monitorio es un proceso especial, de estructura inversa al declarativo, que persigue crear con rapidez un título ejecutivo cuando el acreedor dispone de una documentación que hace verosímil su derecho y el deudor no se opone. Sus características son: a) se funda en un principio de prueba documental; b) no existe contradicción previa: el tribunal requiere al deudor sin oírle antes; c) la contradicción queda a iniciativa del deudor (inversión del contradictorio): si se opone, se abre un proceso declarativo; si calla, se abre la ejecución; d) para la petición inicial no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, cualquiera que sea la cuantía; e) es un proceso que, si hay oposición, termina en una sentencia con cosa juzgada, y, si no la hay, en un decreto que no tiene efecto de cosa juzgada material pero abre la ejecución. Desde la Ley 42/2015 no hay un límite de cuantía para reclamar por monitorio (el límite de 250.000 euros se suprimió). Se rige por los arts. 812 a 818 LEC.

Casos en que procede el monitorio (art. 812 LEC)

Puede acudir al monitorio quien pretenda de otro el pago de una deuda dineraria, de cantidad determinada, vencida y exigible, siempre que la deuda se acredite por alguna de estas formas: 1.ª mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor; 2.ª mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor; la ley admite también que, junto a esos documentos, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera. Además, el apartado 2 del art. 812 permite acudir al monitorio para reclamar las deudas por gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, con certificación del acuerdo de la junta que apruebe la liquidación de la deuda con cargo al propietario, expedida por quien ejerza las funciones de secretario con el visto bueno del presidente, siempre que el propietario haya sido notificado y no haya impugnado. No cabe monitorio para deudas no dinerarias, ilíquidas, no vencidas o inexigibles, ni para reclamar obligaciones cuya acreditación documental no cumpla estas reglas.

Competencia territorial (art. 813 LEC)

Es exclusivamente competente el órgano jurisdiccional de primera instancia (hoy, la Sección civil del Tribunal de Instancia) del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor o el demandado pudiera ser hallado a efectos de requerimiento de pago. En el caso de deudas por gastos de comunidad de propietarios, el solicitante puede optar también por el órgano del lugar en que se halle la finca. No son aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita. En los procesos con consumidores, el tribunal debe examinar de oficio su competencia, y es nula la sumisión previa a un fuero distinto del domicilio del consumidor en condiciones generales.

Petición inicial y documentos (art. 814 LEC)

El proceso monitorio comienza por petición inicial, que se formula en el formulario normalizado que está a disposición del solicitante en la oficina judicial, con indicación de la identidad del solicitante y del deudor, del domicilio de ambos, y de la deuda, con el origen y la cuantía y el documento que la acredita; se acompaña del documento o documentos del art. 812. No es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, cualquiera que sea la cuantía de la deuda. La petición puede presentarse por medios electrónicos. Presentada la petición, el LAJ examina su regularidad y la competencia, y da cuenta al tribunal cuando falte competencia o la reclamación no cumpla los requisitos del art. 812.

Admisión y requerimiento de pago (art. 815 LEC)

Si los documentos aportados con la petición son de los previstos en el art. 812 o constituyen al menos un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquella, el LAJ requiere al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante este y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. El requerimiento se hace al deudor por los medios que prevé la LEC para los actos de comunicación (con las garantías de la notificación personal), con apercibimiento de que, si no paga ni se opone, se despachará ejecución. Cuando el deudor es un consumidor, el tribunal examina de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales en que se funde la deuda y, si aprecia indicios de abusividad, da audiencia a las partes y resuelve (jurisprudencia del TJUE y art. 815.4 LEC).

Conductas del deudor requerido: pago, incomparecencia u oposición (arts. 816 a 818 LEC)

El deudor puede adoptar tres conductas. 1) Pagar: se hace constar el pago, se archiva el proceso y se entrega el dinero al peticionario. 2) No pagar y no comparecer o no oponerse en el plazo de veinte días: el LAJ dicta decreto dando por terminado el monitorio y da traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello la mera solicitud (art. 816.1); el despacho se acuerda sin necesidad de nueva demanda ni de título adicional, y la ejecución se desarrolla como la de un título judicial, con oposición limitada a los motivos del art. 556 y a los especiales de consumidores. 3) Oponerse: presenta escrito de oposición alegando sucintamente las razones por las que no debe, en todo o en parte, lo reclamado. Cuando la cuantía de la reclamación exceda de 2.000 euros, el escrito de oposición debe estar firmado por abogado y procurador.

Transformación del monitorio por oposición del deudor (art. 818 LEC)

Presentado en plazo el escrito de oposición, el asunto se resuelve definitivamente en el juicio que corresponda, y la sentencia que se dicte tiene fuerza de cosa juzgada (art. 818.1). El juicio que corresponde depende de la cuantía: a) si la cuantía de la pretensión no excede de la propia del juicio verbal (15.000 euros tras la reforma de 2025; 6.000 antes), el LAJ dicta decreto dando por terminado el monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para el juicio verbal, dando traslado del escrito de oposición al actor para que lo impugne por escrito en diez días y señalando después la vista; b) si la cuantía excede de ese límite, el actor debe interponer demanda de juicio ordinario en el plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición; si no la presenta, el LAJ sobresee el proceso y condena en costas al solicitante. En ambos casos, la oposición del deudor determina que el procedimiento declarativo posterior se rija por las reglas generales, incluida la postulación preceptiva del juicio correspondiente.

Cosa juzgada y recursos en el monitorio

La resolución que pone fin al monitorio por falta de oposición es un decreto del LAJ y no una sentencia: no produce efectos de cosa juzgada material y no impide que el deudor, tras el pago, reclame lo pagado indebidamente en un juicio declarativo posterior. Por el contrario, la sentencia dictada en el juicio declarativo al que da lugar la oposición tiene fuerza de cosa juzgada (art. 818.1). Contra el decreto del LAJ que pone fin al procedimiento cabe recurso directo de revisión ante el tribunal (art. 454 bis), no recurso de apelación. La ejecución se despacha en los términos del art. 816 y el ejecutado puede oponerse por los motivos del art. 556 y, si es consumidor, alegar el carácter abusivo de cláusulas (art. 551). Si el deudor impugna el monitorio por defectos de notificación, puede plantear la nulidad de actuaciones (arts. 225 y 228).

Postulación y costas

La petición inicial se presenta sin abogado ni procurador, pero, si el deudor se opone y el asunto continúa por juicio verbal o por juicio ordinario, el actor debe litigar con las reglas de postulación del proceso al que se transforma (en el verbal, no es obligatoria si la cuantía no excede de 2.000 euros). En cuanto a las costas, si el deudor se opone y el proceso se transforma, se estará al criterio de vencimiento del art. 394 en la sentencia que se dicte; si el deudor no atiende el requerimiento y se despacha ejecución, las costas del monitorio se incluyen en el despacho de ejecución conforme a las reglas generales de la ejecución, y si el deudor paga en el plazo del requerimiento, el proceso se archiva sin pronunciamiento de condena en costas, salvo lo que resulte de la ley o del pacto.

El monitorio por deudas de comunidades de propietarios

El art. 812.2 LEC prevé una modalidad especial para reclamar las deudas por gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos: la certificación del acuerdo de la junta de propietarios que apruebe la liquidación de la deuda, expedida por quien ejerza las funciones de secretario con el visto bueno del presidente, es documento hábil, siempre que el acuerdo se haya notificado al propietario deudor y este no lo haya impugnado. Se aplican también los arts. 9 y 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, que regulan la obligación de contribuir a los gastos y el procedimiento para su reclamación. En esta modalidad, el solicitante puede elegir entre el órgano del domicilio del deudor y el del lugar de la finca (art. 813). Si el deudor se opone, el procedimiento se sigue por las reglas generales de transformación, y la comunidad puede comparecer sin abogado ni procurador en el monitorio. El hecho de que la finca esté en régimen de propiedad horizontal no impide que el deudor discuta la validez del acuerdo de la junta en un proceso declarativo, aunque su impugnación está sometida a los plazos de caducidad de la ley.

El proceso monitorio europeo: ámbito y normativa

El proceso monitorio europeo se regula en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, modificado por el Reglamento (UE) 2015/2421. Se aplica en materia civil y mercantil a los litigios transfronterizos (aquellos en que al menos una de las partes está domiciliada o tiene su residencia habitual en un Estado miembro distinto del Estado del órgano jurisdiccional) para el cobro de créditos pecuniarios de cuantía determinada que hayan vencido. Excluye la materia fiscal, aduanera y administrativa, la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de la autoridad, y también el régimen económico matrimonial, los testamentos y sucesiones, la quiebra, la seguridad social y el arbitraje, entre otras materias. Es aplicable en todos los Estados miembros, con excepción de Dinamarca. Tiene un carácter opcional: no sustituye a los procedimientos nacionales.

Procedimiento del monitorio europeo

El demandante presenta una solicitud mediante el formulario normalizado (formulario A) ante el órgano competente conforme a las reglas de competencia judicial internacional (en particular, el Reglamento Bruselas I bis). El órgano jurisdiccional examina la solicitud; si procede, dicta el requerimiento europeo de pago (formulario E) y lo notifica al demandado, que dispone de treinta días desde la notificación para pagar o para presentar oposición mediante el formulario F, sin necesidad de motivarla. Si el demandado se opone en plazo, el proceso continúa ante los tribunales competentes conforme a las normas del proceso civil ordinario del Estado de origen, salvo que el demandante haya solicitado que se ponga fin al procedimiento. Si no hay oposición, el órgano declara la ejecutividad del requerimiento (formulario G), que se reconoce y se ejecuta en los demás Estados miembros sin necesidad de declaración de ejecutividad ni posibilidad de impugnar su reconocimiento (arts. 18, 19 y 21). El Reglamento prevé la revisión excepcional del requerimiento en casos tasados, como la notificación defectuosa o la fuerza mayor (art. 20). En España es competente un juzgado de primera instancia (hoy Sección civil del Tribunal de Instancia).

El juicio cambiario: concepto y naturaleza

El juicio cambiario (arts. 819 a 827 LEC) es el proceso especial para reclamar el pago de una deuda dineraria vencida y exigible que conste en letra de cambio, cheque o pagaré, que reúnan los requisitos de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque. Mientras el monitorio parte de un principio de prueba, el cambiario parte de un título con fuerza ejecutiva propia: la presentación de la demanda con el título cambiario permite al tribunal ordenar directamente el requerimiento de pago y el embargo preventivo de los bienes del deudor, sin contradicción previa. Su naturaleza es la de un proceso especial, de base documental y cognición limitada, con embargo preventivo que se convierte en ejecutivo si no se paga ni se formula oposición. Si el deudor se opone en plazo, se abre un declarativo (juicio verbal) cuya sentencia resuelve la oposición con eficacia de cosa juzgada. A diferencia del monitorio, aquí el embargo preventivo se acuerda antes de que el deudor pueda oponerse, lo que explica las garantías formales que exige la ley.

Casos en que procede el juicio cambiario y competencia

Procede cuando se pretende el cobro de una deuda dineraria que conste en una letra de cambio, un cheque o un pagaré que reúnan los requisitos de la Ley Cambiaria y del Cheque (art. 819 LEC). La letra, el cheque y el pagaré son títulos valor: la letra es una orden de pago del librador al librado; el cheque es una orden de pago contra un banco con fondos disponibles; el pagaré es una promesa de pago del firmante. El título debe presentarse en original y debe cumplir las exigencias de la ley para ser cambiario; si faltan requisitos esenciales, no vale como título cambiario. Cuando se trata de pretensiones cambiarias frente a otros obligados por vía de regreso, se exigen, según los casos, los protestos o declaraciones equivalentes (arts. 51 y siguientes LCCh). En cuanto a la competencia, es competente el tribunal que elija el demandante entre el del lugar del pago y el del domicilio del demandado, sin que se admita sumisión (art. 820 LEC; contrastar con el texto consolidado). A diferencia del monitorio, en el cambiario rigen las reglas generales de postulación: abogado y procurador son preceptivos.

Procedimiento del juicio cambiario: demanda, auto y embargo preventivo

El procedimiento comienza con una demanda a la que se acompaña el título original (y, en su caso, el protesto o la declaración equivalente) y se fija la cantidad reclamada, con intereses y una cantidad prudencial para costas. Si el tribunal considera que el título reúne los requisitos de la ley, dicta auto ordenando que se requiera de pago al deudor y que se proceda al embargo preventivo de sus bienes por la cantidad que figure en el título, más los intereses y las costas presupuestadas (art. 821). El deudor puede pagar, y entonces se da por concluido el proceso; puede formular oposición en el plazo de diez días; o puede no hacer ninguna de las dos cosas, en cuyo caso el embargo preventivo se convierte en ejecutivo y la ejecución sigue adelante sin más trámite.

Oposición en el cambiario y sentencia (arts. 824 a 827 LEC)

La oposición, que se formula por escrito en el plazo de diez días desde el requerimiento, solo puede fundarse en los motivos que establecen la LEC (art. 825) y el art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, que se agrupan en dos categorías. a) Motivos formales o relativos al título: falsedad de la firma, falta de representación del firmante, falta de capacidad, inexistencia o invalidez de la declaración cambiaria, falta de los requisitos que el título debe contener, caducidad o prescripción de la acción cambiaria. b) Motivos relativos a la relación con el tenedor: pago acreditado por documento, quita o espera, compensación y excepciones personales (que solo se pueden oponer al tenedor con quien el deudor mantuvo la relación, no a un tercero tenedor de buena fe). Formulada la oposición, el tribunal cita a las partes a una vista por los trámites del juicio verbal y resuelve por sentencia. Si estima la oposición, deja sin efecto el despacho y alza el embargo preventivo, con condena en costas al demandante; si la desestima, ordena seguir adelante con la ejecución. La sentencia sobre la oposición produce plenos efectos de cosa juzgada, de modo que no cabe otro proceso sobre el mismo objeto (art. 827 LEC; contrastar la numeración exacta).

Cuadro comparativo: monitorio, cambiario y juicio ejecutivo

Monitorio: documentos que hacen verosímil la deuda (art. 812); sin límite de cuantía; sin abogado ni procurador en la petición; requerimiento de pago en 20 días; sin pago ni oposición, decreto y ejecución; con oposición, juicio verbal u ordinario según la cuantía; el decreto no tiene cosa juzgada. Cambiario: título cambiario (letra, cheque, pagaré); embargo preventivo desde el inicio; oposición en 10 días por motivos tasados; sentencia con cosa juzgada. Ejecución de título extrajudicial (art. 517.2): proceso de ejecución propiamente dicho, sin fase declarativa previa, con oposición del art. 557. La clave es que en el monitorio no hay título ejecutivo en el origen sino que se crea por la inacción del deudor, mientras que en el cambiario el título es el propio efecto cambiario y el embargo preventivo precede a la oposición.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El monitorio exige deuda dineraria, de cantidad determinada, vencida y exigible, acreditada con documentos del art. 812; desde la Ley 42/2015 no tiene límite de cuantía.
  • La petición inicial del monitorio se hace en formulario y no requiere abogado ni procurador, cualquiera que sea la cuantía (art. 814).
  • Competencia territorial del monitorio: domicilio o residencia del deudor (art. 813), sin sumisión; en gastos de comunidad, a elección, también el lugar de la finca.
  • Requerimiento de pago al deudor: veinte días para pagar o comparecer y oponerse (art. 815).
  • Sin pago ni oposición, el LAJ dicta decreto de terminación y la ejecución se despacha con la mera solicitud (art. 816); el decreto no produce cosa juzgada material y es recurrible en revisión (art. 454 bis).
  • Con oposición: si la cuantía no excede del límite del verbal, sigue por juicio verbal; si lo excede, el actor debe demandar en juicio ordinario en el plazo de un mes (art. 818.2). La sentencia posterior tiene cosa juzgada.
  • La oposición al monitorio debe ir firmada por abogado y procurador cuando la cuantía exceda de 2.000 euros.
  • En el monitorio frente a consumidores, el tribunal examina de oficio el carácter abusivo de las cláusulas.
  • Monitorio de comunidad de propietarios: certificación del acuerdo de la junta expedida por el secretario con el visto bueno del presidente, con notificación al deudor sin impugnación (art. 812.2).
  • Monitorio europeo: Reglamento (CE) n.º 1896/2006, modificado por el Reglamento (UE) 2015/2421; litigios transfronterizos; oposición en treinta días con el formulario F; sin oposición, formulario G y ejecución en toda la UE sin exequátur (excepto Dinamarca).
  • El juicio cambiario (arts. 819 a 827) exige letra de cambio, cheque o pagaré conforme a la Ley 19/1985; el tribunal ordena requerimiento de pago y embargo preventivo desde el inicio.
  • Oposición cambiaria: diez días, por motivos tasados de la LEC y del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque; sentencia con cosa juzgada.
  • Si se estima la oposición cambiaria, se alza el embargo preventivo y se condena en costas al demandante.
  • Las excepciones personales del deudor cambiario no pueden oponerse, con carácter general, al tercer tenedor de buena fe.
  • Trampa típica: confundir el decreto final del monitorio (sin cosa juzgada, título ejecutivo) con la sentencia del juicio posterior a la oposición (con cosa juzgada).
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 29 de Gestión Procesal (Justicia)?

El proceso monitorio (arts. 812 a 818 LEC) y el juicio cambiario (arts. 819 a 827 LEC) son procesos especiales del Libro IV de la LEC dirigidos a conseguir con rapidez el cobro de deudas dinerarias documentadas. En el monitorio, el acreedor presenta una petición inicial con un documento que acredita la deuda y el tribunal requiere de pago al deudor; si este no paga ni se opone, el proceso termina por decreto y se abre directamente la ejecución, y si se opone, el asunto se resuelve en el juicio declarativo que corresponda. En el cambiario, el acreedor presenta el título cambiario (letra de cambio, cheque o pagaré), el tribunal ordena el requerimiento de pago y el embargo preventivo de bienes, y el deudor solo puede oponerse por motivos tasados. Junto a ellos existe, para los litigios transfronterizos intracomunitarios, el proceso monitorio europeo del Reglamento (CE) n.º 1896/2006. El tema desarrolla ambos procesos, sus diferencias y los efectos de cosa juzgada de sus resoluciones.

¿Qué hay que memorizar del Tema 29 para el examen?

El monitorio exige deuda dineraria, de cantidad determinada, vencida y exigible, acreditada con documentos del art. 812; desde la Ley 42/2015 no tiene límite de cuantía. La petición inicial del monitorio se hace en formulario y no requiere abogado ni procurador, cualquiera que sea la cuantía (art. 814). Competencia territorial del monitorio: domicilio o residencia del deudor (art. 813), sin sumisión; en gastos de comunidad, a elección, también el lugar de la finca. Requerimiento de pago al deudor: veinte días para pagar o comparecer y oponerse (art. 815). Sin pago ni oposición, el LAJ dicta decreto de terminación y la ejecución se despacha con la mera solicitud (art. 816); el decreto no produce cosa juzgada material y es recurrible en revisión (art. 454 bis). Con oposición: si la cuantía no excede del límite del verbal, sigue por juicio verbal; si lo excede, el actor debe demandar en juicio ordinario en el plazo de un mes (art. 818.2). La sentencia posterior tiene cosa juzgada. La oposición al monitorio debe ir firmada por abogado y procurador cuando la cuantía exceda de 2.000 euros. En el monitorio frente a consumidores, el tribunal examina de oficio el carácter abusivo de las cláusulas. Monitorio de comunidad de propietarios: certificación del acuerdo de la junta expedida por el secretario con el visto bueno del presidente, con notificación al deudor sin impugnación (art. 812.2). Monitorio europeo: Reglamento (CE) n.º 1896/2006, modificado por el Reglamento (UE) 2015/2421; litigios transfronterizos; oposición en treinta días con el formulario F; sin oposición, formulario G y ejecución en toda la UE sin exequátur (excepto Dinamarca). El juicio cambiario (arts. 819 a 827) exige letra de cambio, cheque o pagaré conforme a la Ley 19/1985; el tribunal ordena requerimiento de pago y embargo preventivo desde el inicio. Oposición cambiaria: diez días, por motivos tasados de la LEC y del art. 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque; sentencia con cosa juzgada. Si se estima la oposición cambiaria, se alza el embargo preventivo y se condena en costas al demandante. Las excepciones personales del deudor cambiario no pueden oponerse, con carácter general, al tercer tenedor de buena fe. Trampa típica: confundir el decreto final del monitorio (sin cosa juzgada, título ejecutivo) con la sentencia del juicio posterior a la oposición (con cosa juzgada).

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 812-818 (monitorio) y 819-827 (juicio cambiario); arts. 454 bis, 556 y 551.
  • Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, modificado por el Reglamento (UE) 2015/2421.
  • Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, art. 67.
  • Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, arts. 9 y 21.
  • Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC (supresión del límite de cuantía del monitorio).

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