Tema 62. Los recursos en el proceso contencioso administrativo. Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El sistema de recursos del orden contencioso-administrativo (arts. 79 a 102 bis de la Ley 29/1998, LJCA) combina los recursos no devolutivos (reposición, y súplica en la práctica ante órganos colegiados) con los devolutivos (apelación frente a las resoluciones de los Juzgados y casación ante el Tribunal Supremo o, para el Derecho autonómico, ante la Sección de casación del Tribunal Superior de Justicia) y con el recurso extraordinario de revisión. La Ley Orgánica 7/2015 reformó la casación, que dejó de depender de la cuantía y pasó a basarse en el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, con un trámite de admisión en la Sala Tercera. El tema incluye los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia (art. 102 bis LJCA) y la distinción entre recurso directo e indirecto contra disposiciones generales, base de la cuestión de ilegalidad.
Régimen general de recursos en el orden contencioso-administrativo
La LJCA distingue recursos contra providencias y autos (reposición), contra sentencias y autos de los Juzgados (apelación), contra sentencias y autos de las Salas (casación) y contra sentencias firmes (revisión), además de la queja contra la denegación de la preparación de la casación. Son recursos devolutivos los resueltos por un órgano superior (apelación, casación, queja) y no devolutivos los resueltos por el mismo órgano que dictó la resolución (reposición, súplica, reposición contra resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia). La LEC se aplica supletoriamente (Disposición final primera LJCA). Con la reforma de 2015 desaparecieron la casación para unificación de doctrina y la casación en interés de la ley, integradas en un único modelo de casación.
El recurso de reposición contra providencias y autos
El art. 79 LJCA regula la reposición, que procede contra las providencias y autos no susceptibles de apelación o casación. Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de cinco días, y se resuelve por el propio órgano tras dar traslado a las demás partes. Cuando la resolución la ha dictado un órgano colegiado (Sala de TSJ, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo) se habla en la práctica de súplica. Cuando el auto es apelable se acude directamente a la apelación. La reposición tiene efecto no suspensivo salvo las excepciones legales.
Resoluciones apelables y órgano competente
Son apelables ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (o ante la Sala de la Audiencia Nacional, en el caso de los Juzgados Centrales) las sentencias de los Juzgados salvo las dictadas en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros y las relativas a materia electoral del art. 8.4 (art. 81.1 LJCA). Son siempre apelables, entre otras, las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, las de impugnación indirecta de disposiciones generales y las que resuelvan litigios entre Administraciones Públicas (art. 81.2). También son apelables determinados autos (art. 80): los que pongan fin a la pieza separada de medidas cautelares, los dictados en ejecución de sentencia, los que declaren la inadmisión del recurso o hagan imposible su continuación y los relativos a la entrada en domicilios, entre otros.
Naturaleza y efectos de la apelación
La apelación abre una segunda instancia con plenitud de cognición sobre hechos y Derecho (no limitada a motivos tasados como la casación): el tribunal puede confirmar, revocar total o parcialmente la sentencia o, si aprecia un defecto procesal causante de indefensión, reponer las actuaciones. Es un recurso de efecto devolutivo; la sentencia apelada puede ejecutarse provisionalmente en los términos del art. 83 LJCA, y la apelación contra autos se admite en un solo efecto salvo que la ley disponga otra cosa. El apelado puede adherirse a la apelación formulando sus propias pretensiones.
Tramitación del recurso de apelación contencioso-administrativo
A diferencia del recurso de casación, la apelación contencioso-administrativa no se prepara: se interpone directamente ante el Juzgado que dictó la resolución, mediante escrito razonado, en el plazo de quince días desde la notificación (art. 85.1 LJCA). El LAJ da traslado a las demás partes para que formulen oposición o se adhieran en el plazo común también de quince días, y remite las actuaciones a la Sala. La Sala resuelve tras la celebración de vista o conclusiones si se pidió y se estimó procedente (o con señalamiento para votación y fallo), y dicta sentencia. En apelación pueden solicitarse nuevas pruebas en los supuestos previstos en el art. 85.1 y en la LEC. Las costas siguen el art. 139 LJCA.
La apelación en el procedimiento abreviado
Las sentencias del procedimiento abreviado son apelables con las mismas reglas que las del ordinario: la clave es la cuantía (no más de 30.000 euros, no apelable) y la materia. Dado que el abreviado se aplica a asuntos de cuantía reducida, muchas de sus sentencias son firmes, salvo las dictadas en materia de derechos fundamentales, impugnación indirecta de disposiciones generales, litigios entre Administraciones o de cuantía indeterminada.
El recurso de casación contencioso-administrativo: reforma de 2015
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, modificó la LOPJ y reformó la regulación de la casación en la LJCA (arts. 86 a 93), sustituyendo el sistema basado en la cuantía del asunto por el del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Su finalidad es que el Tribunal Supremo se concentre en fijar jurisprudencia sobre cuestiones relevantes y no en revisar el caso individual. Se suprimieron la casación para la unificación de doctrina y la casación en interés de ley, y se creó la Sección de Admisión como filtro. La casación es un recurso extraordinario, con motivos de infracción de normas aplicables para resolver el proceso o de la jurisprudencia.
El interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia
El art. 88 LJCA enumera supuestos en los que la Sección de Admisión puede apreciar el interés casacional objetivo, entre ellos que la resolución recurrida siente una doctrina contradictoria con la de otros órganos judiciales sobre las normas que fundamentaron el fallo; siente una doctrina gravemente dañosa para los intereses generales; afecte a un gran número de situaciones; o interprete y aplique normas sobre las que no exista jurisprudencia. Establece asimismo supuestos de presunción de interés casacional, como que la resolución se aparta deliberadamente de la jurisprudencia o resuelva un proceso sobre la validez de una disposición general. El recurrente debe justificar la existencia del interés casacional en el escrito de preparación. Corresponde a la Sección de Admisión apreciar el interés, y puede inadmitir cuando considere que no concurre.
Resoluciones recurribles en casación contencioso-administrativa
Son recurribles en casación las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, así como determinados autos dictados por estas Salas (los que declaren la inadmisión del recurso o imposibiliten su continuación, los de medidas cautelares y los dictados en ejecución, entre otros). Conoce la Sala Tercera del Tribunal Supremo, salvo cuando el recurso se funda exclusivamente en infracción de Derecho autonómico: en tal caso conoce una Sección de casación de la Sala del Tribunal Superior de Justicia correspondiente (art. 86.3 LJCA). No cabe casación frente a las sentencias de los Juzgados, que se recurren en apelación.
Preparación del recurso de casación contencioso-administrativo
El recurso se prepara por escrito ante la Sala que dictó la resolución, en el plazo de treinta días desde la notificación de la resolución (art. 89.1 LJCA). En el escrito se acredita el cumplimiento de los requisitos de plazo y legitimación, se identifican las normas o la jurisprudencia que se consideran infringidas, se justifica que la infracción fue relevante y determinante del fallo y se fundamenta con especial referencia al interés casacional objetivo. La Sala de instancia verifica si se cumplen los requisitos y tiene por preparado el recurso (o lo deniega); contra el auto que lo tenga por no preparado cabe recurso de queja ante el Tribunal Supremo. Si lo tiene por preparado, emplaza a las partes para comparecer ante el Tribunal Supremo y remite las actuaciones.
El trámite de admisión del recurso de casación
Recibidas las actuaciones, la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decide sobre la admisión. La inadmisión debe ser motivada, aunque sea sucintamente, y no cabe recurso alguno contra ella. En caso de admisión, el auto precisa la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo y las normas que serán objeto de interpretación, y con ello delimita el objeto del recurso: la sentencia solo podrá pronunciarse sobre lo señalado en el auto de admisión (art. 90 LJCA).
La Sección de Admisión del Tribunal Supremo
La Sección de Admisión es un órgano de la Sala Tercera integrado por su Presidente y por magistrados de las distintas secciones, que actúa como filtro del acceso a la casación. Contra sus resoluciones de inadmisión no cabe recurso. Su criterio determina qué asuntos acceden al examen de fondo, razón por la cual el escrito de preparación es decisivo: de la justificación del interés casacional depende la admisión.
Interposición, sustanciación y sentencia de casación
Admitido el recurso, se abre el trámite de interposición mediante escrito que se ciñe a las cuestiones fijadas en el auto de admisión, seguido de traslado a las demás partes para oposición, y señalamiento para votación y fallo (o vista si procede), con dictamen del Ministerio Fiscal cuando proceda (arts. 92 y 93 LJCA). La sentencia fija la interpretación de las normas sobre las que se apreció el interés casacional y resuelve, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, confirmando o casando la sentencia recurrida. Si el Tribunal Supremo casa la sentencia, resuelve el litigio dentro de los términos en que apareciera planteado el debate; su doctrina pasa a integrar la jurisprudencia.
Casación ante la Sección de casación del Tribunal Superior de Justicia
Cuando el recurso se funda exclusivamente en la infracción de normas de Derecho autonómico, la competencia no corresponde al Tribunal Supremo sino a una Sección de casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que sigue el mismo régimen de preparación e interés casacional, con las especialidades del art. 86.3 LJCA. Con ello se atribuye a los TSJ la formación de jurisprudencia autonómica.
El recurso de revisión contra sentencias firmes
La revisión (art. 102 LJCA) es un recurso extraordinario contra sentencias firmes, que cabe cuando concurren los supuestos tasados del art. 102.1: recuperación de documentos decisivos retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte contraria; sentencia fundada en documentos declarados falsos penalmente; sentencia basada en testimonios o peritajes de personas condenadas por falso testimonio; y sentencia dictada en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. Se tramita ante el órgano jurisdiccional que la LOPJ determine y, en lo no regulado, se aplican las reglas del recurso de revisión civil de la LEC, incluidos sus plazos: tres meses desde el descubrimiento del fraude o desde la recuperación de documentos y, en todo caso, cinco años desde la publicación de la sentencia (art. 512 LEC).
Los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia
El art. 102 bis LJCA regula los recursos frente a las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Contra las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos cabe recurso de reposición ante el propio LAJ, en el plazo de cinco días. Contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación procede el recurso directo de revisión ante el Juez o tribunal, también en cinco días. No cabe reposición contra el decreto que resuelve la reposición. Estos recursos no tienen efecto suspensivo salvo que la ley disponga lo contrario. Se garantiza así el control judicial último de la actividad procesal del LAJ, en la misma línea que el resto de órdenes.
El recurso de queja
Contra los autos de los tribunales de instancia o apelación que tengan por no preparado o denieguen la admisión de recursos devolutivos (en particular, el de casación) cabe el recurso de queja ante el órgano que habría de conocer del recurso denegado, que lo resuelve en breve plazo. Es el cauce previsto para controlar que no se impide indebidamente el acceso a los recursos.
El recurso directo y el recurso indirecto contra disposiciones generales
El recurso directo se dirige contra la propia disposición general y debe interponerse en el plazo de dos meses desde su publicación (art. 46.1 LJCA). El recurso indirecto (art. 26 LJCA) se dirige contra un acto dictado en aplicación de la disposición, fundando la impugnación en que la disposición no es conforme a Derecho, y puede formularse aunque haya transcurrido el plazo del directo e incluso aunque la disposición sea firme. Si el órgano que conoce del indirecto no es competente para el directo, y estima el recurso por considerar ilegal la disposición, plantea la cuestión de ilegalidad.
La cuestión de ilegalidad como recurso incidental (remisión)
Cuando un órgano jurisdiccional dicta sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el órgano competente para conocer del recurso directo (art. 27 LJCA), para que este, en su caso, anule la disposición con efectos generales. Si el órgano que conoce del recurso indirecto es también competente para el directo, declara la ilegalidad en la propia sentencia. La cuestión de ilegalidad se desarrolla en el tema siguiente.
Esquema de plazos de los recursos y de los órganos que resuelven
Reposición contra providencias y autos: cinco días, ante el mismo órgano. Reposición contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos del LAJ: cinco días, ante el propio LAJ; revisión directa contra decretos definitivos: cinco días ante el Juez. Apelación: quince días, interpuesta ante el Juzgado y resuelta por la Sala del TSJ o de la Audiencia Nacional. Casación: treinta días para preparar ante la Sala de instancia, resuelta por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (o por la Sección de casación del TSJ en Derecho autonómico). Revisión: tres meses desde el descubrimiento del fraude o de los documentos y cinco años desde la publicación de la sentencia (art. 512 LEC). Recurso directo contra disposiciones generales: dos meses desde su publicación. Los Juzgados resuelven en primera o única instancia; las Salas de los TSJ, en única instancia, apelación y casación autonómica; la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en única instancia y apelación; la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en única instancia (actos del Consejo de Ministros, art. 12 LJCA) y en casación.
Jurisprudencia y función nomofiláctica de la casación
Según el art. 1.6 del Código Civil, la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El art. 123 de la Constitución sitúa al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. La reforma de 2015 refuerza esta función: la sentencia de casación debe fijar la interpretación de las normas que justificaron el interés casacional, y esa doctrina es la que, reiterada, forma jurisprudencia.
Costas en los recursos devolutivos
En los recursos de apelación y casación rige el criterio del vencimiento: las costas se imponen al recurrente cuyo recurso se desestima totalmente, salvo que el órgano aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho (art. 139 LJCA). El tribunal puede limitar la cuantía de las costas por todos los conceptos, lo que permite evitar condenas desproporcionadas. En primera o única instancia el criterio del vencimiento se aplica de la misma manera. La temeridad o mala fe del recurrente puede dar lugar además a multas conforme a las normas generales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
No devolutivos: reposición (providencias y autos no apelables ni casables; 5 días) y súplica (denominación para órganos colegiados). Devolutivos: apelación, casación, queja.
Apelación: sentencias de Juzgados, salvo cuantía no superior a 30.000 euros (art. 81.1.a); siempre apelables derechos fundamentales, impugnación indirecta de disposiciones generales y litigios entre Administraciones (art. 81.2). Se interpone directamente (sin preparación) en 15 días.
Casación (LO 7/2015): sustituye la cuantía por el interés casacional objetivo; preparación ante la Sala de instancia en 30 días; Sección de Admisión de la Sala Tercera del TS; el auto de admisión delimita la cuestión.
Desaparecieron la casación para unificación de doctrina y la casación en interés de ley en el orden contencioso (no confundir con la casación para la unificación de doctrina del orden social, que sí existe).
Casación fundada solo en Derecho autonómico: Sección de casación del TSJ, no el Tribunal Supremo.
Contra la inadmisión por la Sección de Admisión no cabe recurso. Contra el auto que tiene por no preparada la casación cabe queja.
Revisión (art. 102): sentencias firmes; motivos tasados (documentos, falsedad, falso testimonio, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta); plazos de la LEC (3 meses y 5 años).
Recursos contra el LAJ (art. 102 bis): reposición ante el LAJ en 5 días contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos; revisión directa ante el Juez en 5 días contra los decretos que ponen fin al procedimiento.
Recurso directo contra disposiciones generales: 2 meses desde su publicación. Recurso indirecto: sin límite de plazo, contra el acto de aplicación. La cuestión de ilegalidad se plantea ante el órgano competente para el directo.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El recurso de apelación contencioso-administrativo se interpone:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 62 de Gestión Procesal (Justicia)?
El sistema de recursos del orden contencioso-administrativo (arts. 79 a 102 bis de la Ley 29/1998, LJCA) combina los recursos no devolutivos (reposición, y súplica en la práctica ante órganos colegiados) con los devolutivos (apelación frente a las resoluciones de los Juzgados y casación ante el Tribunal Supremo o, para el Derecho autonómico, ante la Sección de casación del Tribunal Superior de Justicia) y con el recurso extraordinario de revisión. La Ley Orgánica 7/2015 reformó la casación, que dejó de depender de la cuantía y pasó a basarse en el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, con un trámite de admisión en la Sala Tercera. El tema incluye los recursos contra las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia (art. 102 bis LJCA) y la distinción entre recurso directo e indirecto contra disposiciones generales, base de la cuestión de ilegalidad.
¿Qué hay que memorizar del Tema 62 para el examen?
No devolutivos: reposición (providencias y autos no apelables ni casables; 5 días) y súplica (denominación para órganos colegiados). Devolutivos: apelación, casación, queja. Apelación: sentencias de Juzgados, salvo cuantía no superior a 30.000 euros (art. 81.1.a); siempre apelables derechos fundamentales, impugnación indirecta de disposiciones generales y litigios entre Administraciones (art. 81.2). Se interpone directamente (sin preparación) en 15 días. Casación (LO 7/2015): sustituye la cuantía por el interés casacional objetivo; preparación ante la Sala de instancia en 30 días; Sección de Admisión de la Sala Tercera del TS; el auto de admisión delimita la cuestión. Desaparecieron la casación para unificación de doctrina y la casación en interés de ley en el orden contencioso (no confundir con la casación para la unificación de doctrina del orden social, que sí existe). Casación fundada solo en Derecho autonómico: Sección de casación del TSJ, no el Tribunal Supremo. Contra la inadmisión por la Sección de Admisión no cabe recurso. Contra el auto que tiene por no preparada la casación cabe queja. Revisión (art. 102): sentencias firmes; motivos tasados (documentos, falsedad, falso testimonio, cohecho, violencia o maquinación fraudulenta); plazos de la LEC (3 meses y 5 años). Recursos contra el LAJ (art. 102 bis): reposición ante el LAJ en 5 días contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos; revisión directa ante el Juez en 5 días contra los decretos que ponen fin al procedimiento. Recurso directo contra disposiciones generales: 2 meses desde su publicación. Recurso indirecto: sin límite de plazo, contra el acto de aplicación. La cuestión de ilegalidad se plantea ante el órgano competente para el directo.
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Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718), arts. 26, 27, 46, 79-93, 102 y 102 bis.
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (reforma de la casación contencioso-administrativa).
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666).
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 451-454 bis y 509-516, de aplicación supletoria.
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