Tema 37. Ejecuciones no dinerarias. Ejecuciones de dar, de hacer y de no hacer. Determinación de frutos y rentas. Liquidación de daños y perjuicios. Ejecución de sentencias que llevan aparejada la entrega de la posesión de un inmueble, especial referencia a las sentencias de ejecución de desahucios.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Cuando el título ejecutivo impone al deudor una obligación de dar, hacer o no hacer distinta del pago de una cantidad de dinero, la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Libro III, Título IV, arts. 699 a 720) regula un régimen específico de ejecución no dineraria, orientado como principio general a obtener el cumplimiento in natura de lo debido y solo subsidiariamente su equivalente pecuniario (daños y perjuicios) cuando aquel resulte imposible. Dentro de esta modalidad tiene especial relevancia práctica la ejecución de condenas a entregar la posesión de un inmueble, con particularidades destacadas en las sentencias y decretos de desahucio, que combinan la protección del derecho del propietario o arrendador con cautelas dirigidas a los ocupantes en situación de vulnerabilidad, y con el régimen especial aplicable a los grandes tenedores de vivienda introducido por la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
La ejecución no dineraria es aquella dirigida al cumplimiento forzoso de obligaciones de dar, hacer o no hacer distintas del pago de una cantidad de dinero, rigiendo como principio general el favor de la ejecución específica o in natura (obtener exactamente la prestación debida) frente a su equivalente pecuniario, que solo opera con carácter subsidiario cuando el cumplimiento específico resulta imposible o el propio ejecutante opta por él en los casos legalmente previstos. Se distinguen tres grandes categorías: ejecución de condenas de dar, de hacer y de no hacer, cada una con especialidades propias en su tramitación. Esta preferencia por el cumplimiento in natura, frente a su simple conversión en una indemnización sustitutoria, responde al principio general de identidad de la prestación que rige en Derecho de obligaciones, según el cual el acreedor tiene derecho a obtener exactamente aquello a lo que el deudor se comprometió, y no un mero equivalente económico salvo que dicho cumplimiento específico devenga imposible.
Título ejecutivo y despacho de la ejecución no dineraria
El despacho de la ejecución no dineraria sigue las reglas generales de todo despacho de ejecución (título válido, obligación vencida y exigible, competencia del tribunal), con la particularidad de que el auto que lo acuerda debe determinar con precisión la concreta prestación de dar, hacer o no hacer a que se refiere el título, así como el plazo de que dispone el ejecutado para su cumplimiento voluntario cuando la naturaleza de la prestación lo permita, antes de proceder a las medidas de ejecución forzosa propiamente dichas. Esta exigencia de precisión en la determinación del contenido exacto de la obligación resulta especialmente importante en esta modalidad ejecutiva, dado que, a diferencia de la ejecución dineraria donde basta con fijar una cantidad numérica, aquí es necesario describir con detalle en qué consiste exactamente la conducta que debe desplegar el ejecutado para dar cumplimiento voluntario a lo ordenado en el título ejecutivo.
Ejecución de condenas de dar cosa determinada
Cuando el título condena a entregar una cosa mueble o inmueble determinada, el tribunal pone al ejecutante en posesión de ella, adoptando para ello las medidas necesarias, incluido, si es preciso, el auxilio de la fuerza pública y el lanzamiento de quienes ocupen el bien sin título bastante; si la cosa no puede ser habida por haberla ocultado o destruido el ejecutado, se procede a determinar su equivalente pecuniario, incluyendo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se hayan podido causar por el retraso o por la propia imposibilidad de la entrega. Esta conversión en equivalente pecuniario, reservada para el supuesto excepcional de imposibilidad material de la entrega, exige acreditar debidamente que dicha imposibilidad es real y no meramente aparente o transitoria, correspondiendo al ejecutante la carga de justificar el valor del bien no entregado a efectos de fijar correctamente la indemnización sustitutoria correspondiente.
Ejecución de condenas de dar cosa genérica o indeterminada
Cuando la condena se refiere a la entrega de cosas genéricas o indeterminadas, se requiere al ejecutado para que las entregue dentro de un plazo determinado por el tribunal atendiendo a las circunstancias del caso; transcurrido dicho plazo sin cumplimiento, el ejecutante puede optar entre pedir que se le entreguen cosas de la misma especie y calidad adquiridas a costa del ejecutado, o interesar directamente la valoración pecuniaria de la cosa debida más el resarcimiento de daños y perjuicios que corresponda por el incumplimiento. Esta facultad de opción a favor del ejecutante, entre la sustitución material por cosas equivalentes adquiridas en el mercado a costa del deudor incumplidor, o la directa conversión en su valor pecuniario, permite adaptar la ejecución a la conveniencia práctica del acreedor, que puede preferir seguir recibiendo la prestación en especie o, por el contrario, optar directamente por su equivalente económico según sus propias necesidades.
Ejecución de condenas de dar cantidad de frutos, rentas o utilidades
Cuando la condena consiste en dar una cantidad de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, y estos no se hallan determinados, se sigue el trámite de determinación de frutos y rentas para fijar previamente su cuantía, antes de poder proceder a su entrega o, en su caso, a la ejecución dineraria por el importe que resulte de dicha determinación, aplicándose entre tanto las medidas cautelares o de aseguramiento que procedan sobre los bienes productores de tales frutos o rentas. Este trámite previo de determinación resulta imprescindible precisamente porque la propia naturaleza fluctuante y periódica de los frutos y rentas impide, con frecuencia, conocer de antemano su cuantía exacta sin practicar previamente las comprobaciones contables o periciales necesarias sobre la producción o el rendimiento efectivamente generado por el bien de que se trate durante el periodo relevante para la ejecución.
Determinación de frutos y rentas: procedimiento
El procedimiento de determinación de frutos y rentas se sustancia mediante un trámite contradictorio en el que el ejecutante presenta su cálculo justificado de la cantidad debida, dándose traslado al ejecutado para que formule las alegaciones y proponga la prueba que estime pertinente, resolviendo finalmente el tribunal mediante auto sobre la cantidad líquida que debe entregarse, resolución que, una vez firme, sirve de título para proseguir la ejecución (dineraria o de entrega de la cosa, según proceda) por dicho importe concreto. Esta contradicción previa a la fijación definitiva de la cantidad reclamada garantiza al ejecutado la posibilidad de discutir tanto los criterios de cálculo empleados por el ejecutante como la propia cuantía numérica resultante, evitando que se despache directamente la ejecución por una cifra unilateralmente fijada sin haberle dado oportunidad de oponerse.
Ejecución de condenas de hacer: concepto
La ejecución de condenas de hacer se dirige a obtener el cumplimiento de una prestación de actividad a cargo del ejecutado, distinguiendo la ley entre el hacer personalísimo (aquel cuya realización por persona distinta del obligado frustraría el fin perseguido, o que solo puede prestar el propio ejecutado) y el hacer no personalísimo (que puede ser realizado por un tercero con el mismo resultado práctico para el ejecutante), distinción de la que dependen los mecanismos de ejecución forzosa aplicables en cada caso. Esta distinción, de apariencia sencilla pero de notable importancia práctica, exige un análisis casuístico de cada obligación concreta: mientras que la construcción de una obra puede ser encomendada a un tercero sin alterar sustancialmente el interés del acreedor, la elaboración de una obra artística por un autor determinado, o la prestación de servicios profesionales de especial confianza, revisten con frecuencia un carácter personalísimo que impide su sustitución por un tercero.
Hacer personalísimo: plazo, multas coercitivas o equivalente pecuniario
Si la prestación de hacer es personalísima, el tribunal requiere al ejecutado para que la cumpla dentro del plazo que señale atendidas las circunstancias. Transcurrido el plazo sin cumplimiento, el ejecutante puede optar entre pedir que se le entregue el equivalente pecuniario de la prestación (liquidándose los daños y perjuicios) o que se apremie al ejecutado con multas pecuniarias por cada mes que transcurra desde el término del plazo sin cumplir. Lo que el ordenamiento no admite es la compulsión física sobre la persona del ejecutado para obligarle a realizar personalmente el hacer, en coherencia con el respeto a la dignidad y a la libertad personales; por ello el hacer personalísimo incumplido acaba, si el ejecutado persiste, reconducido al terreno patrimonial de la indemnización sustitutoria. La multa es un medio de apremio que presiona al ejecutado sin sustituir por sí misma la obligación principal.
Hacer no personalísimo: realización a costa del ejecutado
Si la prestación de hacer no es personalísima, el ejecutante puede pedir que se le faculte para encargar su realización a un tercero a costa del ejecutado, valorándose el coste con intervención de perito tasador designado por el tribunal y pudiendo embargarse bienes del ejecutado por la cantidad necesaria para cubrirlo, sin perjuicio del resarcimiento adicional de los daños y perjuicios que el retraso en el cumplimiento hubiera podido ocasionar. Alternativamente, el ejecutante puede optar por el equivalente pecuniario de la prestación. Es la fórmula habitual para obtener el resultado material perseguido sin depender de la voluntad del ejecutado incumplidor, y enlaza con la regla sustantiva del art. 1098 del Código Civil (si el obligado a hacer no lo hace, se manda ejecutar a su costa).
Presupuesto y trámite de la ejecución de hacer
El presupuesto de este tipo de ejecución es la existencia de un título que contenga una condena a realizar una determinada actividad, debiendo el auto despachando la ejecución fijar un plazo razonable para el cumplimiento voluntario en función de la naturaleza de la prestación; transcurrido dicho plazo sin cumplimiento, se abre la fase de ejecución forzosa propiamente dicha, con las especialidades ya señaladas según el hacer sea o no personalísimo, pudiendo el tribunal imponer además multas coercitivas periódicas mientras persista el incumplimiento si la ley así lo prevé para el caso concreto. La determinación de qué constituye un plazo razonable de cumplimiento voluntario exige del tribunal ponderar la complejidad material de la prestación de hacer de que se trate, no siendo equiparable, por ejemplo, el plazo necesario para reparar un desperfecto menor al que exigiría la ejecución de una obra de construcción de mayor envergadura y complejidad técnica.
Ejecución de condenas de no hacer
Cuando la condena consiste en no hacer algo (una abstención, como no realizar determinada actividad o no perturbar un derecho ajeno), si el ejecutado quebranta la prohibición, el ejecutante puede pedir que se deshaga lo mal hecho a costa del ejecutado, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, procediéndose, cuando sea posible, a la restitución de la situación anterior a la infracción, y transformándose en indemnización pecuniaria cuando dicha restitución resulte material o jurídicamente imposible. Esta modalidad ejecutiva, de aplicación menos frecuente que las anteriores en la práctica forense pero de notable relevancia en materia de propiedad industrial, urbanística o de relaciones de vecindad, exige del tribunal comprobar previamente que efectivamente se ha producido una contravención real de la prohibición impuesta en el título, y no una mera sospecha o indicio insuficientemente acreditado de dicho incumplimiento.
Deshacer lo mal hecho: presupuestos
Para que proceda deshacer lo mal hecho es preciso que el ejecutado haya contravenido efectivamente la obligación de no hacer impuesta por el título, y que sea materialmente posible revertir lo actuado (por ejemplo, demoler una construcción realizada en contravención de una prohibición judicial), correspondiendo al tribunal, a instancia del ejecutante, ordenar dicha reversión con cargo al ejecutado incumplidor, sin perjuicio de que, además, deba indemnizarse el perjuicio causado durante el tiempo en que la infracción se mantuvo vigente. Esta exigencia de posibilidad material de reversión constituye un límite natural a esta modalidad de ejecución, dado que existen supuestos en los que la contravención de la prohibición ha generado consecuencias fácticas irreversibles (por ejemplo, la tala de árboles centenarios), en cuyo caso la única respuesta posible del ordenamiento será necesariamente la indemnizatoria, sin que quepa exigir una restitución material que ya resulta de todo punto imposible.
Liquidación de daños y perjuicios: concepto y trámite
Cuando la ejecución específica de una obligación de dar, hacer o no hacer resulta imposible o el ejecutante opta por su equivalente pecuniario, es necesario liquidar previamente el importe de los daños y perjuicios causados, mediante un trámite contradictorio similar al de la determinación de frutos y rentas: el ejecutante presenta una relación justificada de los daños con su valoración, se da traslado al ejecutado para que se pronuncie, y el tribunal resuelve mediante auto (con posible intervención pericial si la complejidad del caso lo requiere) fijando la cantidad líquida por la que ha de proseguir la ejecución dineraria. Esta liquidación previa constituye un presupuesto ineludible antes de poder proceder al embargo de bienes del ejecutado, dado que el principio de liquidez que rige toda ejecución dineraria impide despachar el apremio sobre una cantidad todavía indeterminada mientras no se complete este trámite de fijación contradictoria del importe reclamado.
Determinación del equivalente pecuniario en caso de imposibilidad de ejecución específica
Cuando la ejecución específica de la prestación de dar, hacer o no hacer resulta objetivamente imposible (destrucción de la cosa, fallecimiento del obligado a un hacer estrictamente personalísimo, consumación irreversible de la conducta prohibida), la obligación se transforma en la de indemnizar los daños y perjuicios causados al ejecutante, fijándose su cuantía mediante el trámite de liquidación correspondiente, tras lo cual la ejecución continúa por los cauces ordinarios de la ejecución dineraria hasta la satisfacción de dicho importe. Esta conversión final en ejecución dineraria pone de manifiesto la vocación esencialmente subsidiaria de la indemnización pecuniaria frente al cumplimiento en especie originalmente pretendido, subsidiariedad que se traduce, en la práctica, en que la conversión solo opera cuando el cumplimiento específico ya no resulta posible ni siquiera acudiendo a las fórmulas más flexibles de ejecución sustitutiva que la ley pone a disposición del ejecutante.
Las multas coercitivas como medio de apremio
Las multas pecuniarias periódicas (por cada mes de retraso en el cumplimiento) son el medio de apremio previsto por la LEC para vencer la resistencia del ejecutado en las condenas de hacer personalísimo, sin sustituir la obligación principal por su equivalente pecuniario hasta que el ejecutante opte por él. Se trata de un mecanismo de presión indirecta sobre el patrimonio del ejecutado, compatible con la exigencia ulterior de los daños y perjuicios que el incumplimiento haya causado. Conviene no confundirlas con las multas disciplinarias o sancionadoras ni con las astreintes de otros ordenamientos: su finalidad es coercitiva, y no indemnizatoria ni punitiva.
Ejecución de sentencias que condenan a la entrega de bienes inmuebles
Cuando el título condena a entregar la posesión de un bien inmueble, el tribunal ordena y lleva a cabo el lanzamiento de quien lo ocupe, previo requerimiento de desalojo en el plazo que se fije, pudiendo los ocupantes o terceros alegar que poseen con título propio frente al ejecutante, cuestión que debe resolverse antes de extender el lanzamiento forzoso a quienes no fueron parte en el proceso. Esta necesidad de resolver previamente la oposición fundada de los ocupantes garantiza que el lanzamiento no se practique de forma automática sobre quien pudiera ostentar realmente un título legítimo de posesión distinto del discutido en el proceso originario que dio lugar a la condena de entrega.
El lanzamiento: concepto y presupuestos
El lanzamiento es la actuación material de desalojo forzoso del inmueble, que se lleva a cabo con el auxilio de la fuerza pública si es necesario, una vez transcurrido el plazo de desalojo voluntario concedido al ocupante sin que este lo haya abandonado, debiendo el tribunal, con carácter previo a su práctica efectiva, resolver cualquier incidencia planteada por terceros ocupantes que aleguen un título propio distinto del que fue parte en el proceso, dado que el lanzamiento no puede extenderse indiscriminadamente a quienes no tuvieron intervención ni oportunidad de defensa en el proceso declarativo o de desahucio previo. Esta actuación material, con frecuencia una de las más delicadas dentro de toda la actividad ejecutiva civil por su incidencia directa sobre la vivienda familiar de los afectados, exige del tribunal coordinar cuidadosamente el auxilio de la fuerza pública con las cautelas sociales que la legislación específica pudiera exigir en cada caso concreto.
Especialidades de la ejecución de sentencias de desahucio
La ejecución de las sentencias de desahucio (por falta de pago de la renta o cantidades debidas, por expiración del plazo contractual o por precario) presenta la particularidad de que el proceso declarativo y la ejecución están muy próximos: el desahucio se tramita por el juicio verbal (art. 250.1.1.º y 2.º LEC); en la demanda el actor puede pedir que, si el demandado no comparece, no paga o no formula oposición, se dicte decreto que ponga fin al juicio y se proceda al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de nuevo requerimiento ni de demanda ejecutiva posterior (arts. 440.3 y 549.3 LEC). En los desahucios por falta de pago el demandado puede enervar la acción pagando antes de la vista o de la sentencia lo debido (art. 22.4 LEC), facultad que solo puede ejercitarse una vez y que no procede si ya se hubiera enervado con anterioridad o si el arrendador hubiera requerido de pago al arrendatario con al menos un mes de antelación a la demanda. Esta estrecha conexión responde a la finalidad de celeridad del desahucio y se combina con los trámites de protección social previstos en el punto siguiente.
Protección de vulnerables, comunicación a servicios sociales y suspensión del lanzamiento
La LEC obliga a comunicar a los servicios sociales competentes la existencia de procesos de desahucio de vivienda habitual para que valoren la situación de vulnerabilidad de los afectados (art. 441.5 LEC), y la legislación de protección frente a los desahucios ha previsto, en sucesivos reales decretos-leyes de carácter temporal, la suspensión de procedimientos y lanzamientos respecto de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Esas medidas, aprobadas con carácter coyuntural, han sido objeto de prórrogas y modificaciones periódicas, por lo que su vigencia en cada momento debe contrastarse con la última norma publicada. La suspensión no altera el derecho del propietario reconocido en el título, sino que difiere el lanzamiento mientras las administraciones adoptan las medidas de protección habitacional oportunas, y suele ir acompañada de mecanismos de compensación al propietario cuando acredita el perjuicio económico.
Oposición a la ejecución no dineraria por defectos procesales
El ejecutado puede oponerse a la ejecución no dineraria alegando defectos procesales tasados (carencia de carácter ejecutivo del título, falta de capacidad o representación del ejecutante, nulidad radical del despacho por no cumplir los requisitos legales, etc.), en el plazo de cinco días desde la notificación del auto de despacho (art. 559 LEC). Esta enumeración tasada garantiza un cauce específico para denunciar irregularidades formales en el propio despacho sin reabrir la discusión sobre el fondo ya resuelto en el título.
Oposición a la ejecución no dineraria por causas de fondo
Cuando el título es una resolución judicial, el ejecutado solo puede oponerse por motivos de fondo tasados (art. 556 LEC): el pago o cumplimiento de lo ordenado, que debe justificarse documentalmente; la caducidad de la acción ejecutiva; y los pactos y transacciones que se hubieran convenido para evitar la ejecución, siempre que consten en documento público. La oposición se formula por escrito en el plazo de diez días desde la notificación del auto de despacho y, si se estima, determina el sobreseimiento total o parcial de la ejecución. La posibilidad de oponerse por pactos posteriores adquiere relevancia cuando, tras la condena, las partes alcanzan un acuerdo que modifica lo ordenado.
Intervención de terceros poseedores en el lanzamiento
Cuando en el inmueble objeto de lanzamiento se hallan personas distintas del ejecutado que aleguen un título propio de posesión (arrendatarios, ocupantes con derecho reconocido), el tribunal debe darles audiencia antes de extender el lanzamiento a ellos, pudiendo suspenderlo respecto de dichos terceros si acreditan un derecho que les faculte para permanecer en el inmueble frente al ejecutante, sin perjuicio de que este pueda, en su caso, dirigir frente a ellos las acciones que correspondan por un cauce procesal distinto si su ocupación carece de título válido. Esta garantía de audiencia previa a los terceros ocupantes constituye una manifestación esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de quienes, sin haber sido parte en el proceso original, pueden verse directamente afectados por una medida ejecutiva de tanta trascendencia como el desalojo forzoso de su vivienda o lugar de residencia habitual.
Marco normativo y competencia
La ejecución no dineraria se regula en el Libro III, Título IV de la LEC (arts. 699 a 720), con las normas generales de la ejecución forzosa (Título I, arts. 517 y ss.) como marco común. Se aplican las reglas generales sobre títulos ejecutivos (art. 517), la espera de veinte días desde la notificación de la resolución judicial antes de despachar ejecución (art. 548), la necesidad de demanda ejecutiva (art. 549, con excepciones, entre ellas el desahucio) y el despacho mediante auto (art. 551). Contra el auto que despacha ejecución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la oposición del ejecutado (art. 551.5); sí cabe apelación contra el auto que deniega el despacho (art. 552). La competencia para ejecutar sentencias corresponde al tribunal que conoció del asunto en primera instancia (art. 545), órgano que tras la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se integra en la Sección Civil del Tribunal de Instancia.
Cuadro comparativo: dar, hacer y no hacer
Dar cosa determinada: el tribunal pone al ejecutante en posesión de la cosa; si no es posible, equivalente pecuniario más daños. Dar cosa genérica: requerimiento al ejecutado; incumplido, el ejecutante puede obtener cosas de la misma especie y calidad a costa del ejecutado o su valor. Dar frutos, rentas o utilidades: previa determinación de su cantidad. Hacer no personalísimo: ejecución por tercero a costa del ejecutado o equivalente pecuniario. Hacer personalísimo: multas mensuales o equivalente pecuniario, a elección del ejecutante, sin compulsión física. No hacer: si se quebranta, deshacer lo mal hecho a costa del ejecutado más indemnización de daños y perjuicios. Emitir declaración de voluntad: la emite el tribunal por auto. Regla común: preferencia por el cumplimiento específico y subsidiariedad del equivalente pecuniario, cuya cuantía se fija mediante el trámite de liquidación.
Condena a emitir una declaración de voluntad
Cuando el título condena al ejecutado a emitir una declaración de voluntad (por ejemplo, otorgar una escritura pública de compraventa), la LEC no recurre a apremios sobre el ejecutado: transcurrido el plazo legal de espera sin que este la emita, el tribunal resuelve por auto, que suple la declaración no prestada y recoge el contenido esencial del negocio, de modo que el auto sirve de título para su acceso a los registros públicos que correspondan (art. 708 LEC). Es una ejecución sustitutiva que evita el problema del hacer personalísimo, porque el tribunal da por emitida la voluntad del ejecutado.
Liquidación de daños y perjuicios: bases y límites
La LEC prohíbe en principio las condenas ilíquidas, pero permite que la sentencia fije las bases con arreglo a las cuales se efectuará la liquidación, de modo que esta consista en una simple operación aritmética (art. 219). El capítulo dedicado a la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y rendición de cuentas (arts. 712 a 720) regula la determinación de la cantidad cuando la imposibilidad de ejecutar la prestación específica convierte la obligación en indemnizatoria. La liquidación exige un trámite contradictorio: el ejecutante aporta la relación de daños y su valoración, el ejecutado puede conformarse o impugnarla, y el tribunal decide por auto; su resultado es el título para continuar con la ejecución dineraria. La distinción conceptual con la determinación de frutos y rentas es que estas se calculan sobre el rendimiento real del bien durante el periodo fijado en el título, mientras que los daños atienden al perjuicio efectivo (daño emergente y lucro cesante, art. 1106 del Código Civil) causado por el incumplimiento.
Desahucio de vivienda: figuras que no deben confundirse
Desahucio por falta de pago o expiración del plazo (art. 250.1.1.º LEC): el actor es arrendador o titular del derecho, el demandado es arrendatario o precarista en sentido contractual, y rige el requerimiento de pago y la enervación. Precario (art. 250.1.2.º): recuperación de la posesión de una finca cedida en precario, sin renta ni plazo. Tutela sumaria de la posesión de vivienda en casos de ocupación ilegal (art. 250.1.4.º LEC, según la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la LEC en relación con la ocupación ilegal de viviendas): permite a los propietarios o poseedores legítimos de vivienda que se vean privados de ella sin título recuperar la posesión de forma sumaria, e incluye el requerimiento al ocupante para que aporte título en un plazo breve (art. 441.1 bis). El lanzamiento es el acto material de ejecución, no el proceso declarativo que lo precede.
Grandes tenedores y Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, define al gran tenedor como la persona física o jurídica propietaria de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial (excluidos garajes y trasteros), umbral que en zonas de mercado residencial tensionado se rebaja a cinco o más inmuebles residenciales en la zona. Introdujo modificaciones en la LEC para que el gran tenedor que ejercite un desahucio de vivienda habitual deba acreditar en la demanda su condición y haber sometido el conflicto a un procedimiento de conciliación o intermediación, y reforzó los trámites de comunicación a servicios sociales y de valoración de la vulnerabilidad del ocupante. Estos requisitos se suman a la protección temporal de los reales decretos-leyes sobre vulnerabilidad.
Terceros ocupantes y recursos en la fase de lanzamiento
En el lanzamiento deben distinguirse el ocupante demandado o ejecutado, contra quien se dirige la condena, y los terceros ocupantes que alegan título propio. Los primeros deben desalojar; los segundos tienen derecho a ser oídos antes de que el lanzamiento se extienda a ellos y, si acreditan un título que les habilita para permanecer frente al ejecutante, el lanzamiento se suspende respecto de ellos, sin perjuicio de que el ejecutante ejercite contra ellos las acciones procedentes por la vía declarativa. Los ocupantes de hecho sin título pueden ser lanzados en la propia ejecución. Las resoluciones dictadas en la fase de lanzamiento se recurren según el régimen general de recursos de la ejecución (reposición y, en los casos previstos, apelación).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Principio general: favor de la ejecución específica (in natura) frente al equivalente pecuniario, que solo opera subsidiariamente si aquella resulta imposible.
Hacer personalísimo: no cabe compulsión física sobre el ejecutado; su negativa se transforma en indemnización de daños y perjuicios.
Hacer no personalísimo: el ejecutante puede pedir que se realice por un tercero a costa del ejecutado.
No hacer incumplido: se puede pedir deshacer lo mal hecho a costa del ejecutado, más indemnización de los daños causados mientras duró la infracción.
La determinación de frutos, rentas o la liquidación de daños y perjuicios se tramitan por un incidente contradictorio previo, con posible prueba pericial, antes de continuar la ejecución.
Las multas coercitivas periódicas son compatibles y acumulables con las medidas de ejecución forzosa; buscan compeler indirectamente al cumplimiento.
El lanzamiento exige oír a los terceros ocupantes que aleguen título propio antes de extenderles el desalojo.
Existe un régimen especial de suspensión temporal del lanzamiento por vulnerabilidad social, ligado a la legislación de protección frente a desahucios frente a grandes tenedores.
Motivos de oposición a la ejecución no dineraria: procesales (título no ejecutivo, falta de capacidad/representación, nulidad del despacho) y de fondo (pago, caducidad, pactos posteriores documentados).
Contra el auto que despacha ejecución no cabe recurso (art. 551.5 LEC), solo oposición; el que la deniega es apelable (art. 552).
Plazo de espera de veinte días desde la notificación de la resolución judicial antes de despachar ejecución (art. 548 LEC).
Hacer personalísimo: el ejecutante elige entre equivalente pecuniario o multas mensuales; no hay compulsión física sobre el ejecutado.
Hacer no personalísimo: tercero a costa del ejecutado con coste valorado por perito; base sustantiva en el art. 1098 del Código Civil.
Condena a emitir declaración de voluntad (art. 708 LEC): la emite el tribunal por auto; no se apremia al ejecutado.
Oposición del ejecutado frente a sentencias: por motivos de fondo solo pago o cumplimiento, caducidad y pactos o transacciones en documento público (art. 556 LEC), en 10 días; por defectos procesales (art. 559 LEC), en 5 días.
Enervación del desahucio por falta de pago: pago de lo debido antes de la vista, una sola vez (art. 22.4 LEC); no cabe si ya se enervó antes o hubo requerimiento de pago con un mes de antelación.
Gran tenedor (Ley 12/2023): más de 10 inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 m2 de uso residencial; cinco o más inmuebles en zona tensionada.
La suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad procede de reales decretos-leyes de vigencia temporal: contrastar siempre la norma vigente en la fecha del examen.
Trampa frecuente: la ejecución dineraria exige cantidad líquida; en las no dinerarias, la conversión en dinero (daños, frutos, rentas) requiere previa liquidación contradictoria.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
El principio rector de la ejecución no dineraria es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 37 de Gestión Procesal (Justicia)?
Cuando el título ejecutivo impone al deudor una obligación de dar, hacer o no hacer distinta del pago de una cantidad de dinero, la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (Libro III, Título IV, arts. 699 a 720) regula un régimen específico de ejecución no dineraria, orientado como principio general a obtener el cumplimiento in natura de lo debido y solo subsidiariamente su equivalente pecuniario (daños y perjuicios) cuando aquel resulte imposible. Dentro de esta modalidad tiene especial relevancia práctica la ejecución de condenas a entregar la posesión de un inmueble, con particularidades destacadas en las sentencias y decretos de desahucio, que combinan la protección del derecho del propietario o arrendador con cautelas dirigidas a los ocupantes en situación de vulnerabilidad, y con el régimen especial aplicable a los grandes tenedores de vivienda introducido por la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
¿Qué hay que memorizar del Tema 37 para el examen?
Principio general: favor de la ejecución específica (in natura) frente al equivalente pecuniario, que solo opera subsidiariamente si aquella resulta imposible. Hacer personalísimo: no cabe compulsión física sobre el ejecutado; su negativa se transforma en indemnización de daños y perjuicios. Hacer no personalísimo: el ejecutante puede pedir que se realice por un tercero a costa del ejecutado. No hacer incumplido: se puede pedir deshacer lo mal hecho a costa del ejecutado, más indemnización de los daños causados mientras duró la infracción. La determinación de frutos, rentas o la liquidación de daños y perjuicios se tramitan por un incidente contradictorio previo, con posible prueba pericial, antes de continuar la ejecución. Las multas coercitivas periódicas son compatibles y acumulables con las medidas de ejecución forzosa; buscan compeler indirectamente al cumplimiento. El lanzamiento exige oír a los terceros ocupantes que aleguen título propio antes de extenderles el desalojo. Existe un régimen especial de suspensión temporal del lanzamiento por vulnerabilidad social, ligado a la legislación de protección frente a desahucios frente a grandes tenedores. Motivos de oposición a la ejecución no dineraria: procesales (título no ejecutivo, falta de capacidad/representación, nulidad del despacho) y de fondo (pago, caducidad, pactos posteriores documentados). Contra el auto que despacha ejecución no cabe recurso (art. 551.5 LEC), solo oposición; el que la deniega es apelable (art. 552). Plazo de espera de veinte días desde la notificación de la resolución judicial antes de despachar ejecución (art. 548 LEC). Hacer personalísimo: el ejecutante elige entre equivalente pecuniario o multas mensuales; no hay compulsión física sobre el ejecutado. Hacer no personalísimo: tercero a costa del ejecutado con coste valorado por perito; base sustantiva en el art. 1098 del Código Civil. Condena a emitir declaración de voluntad (art. 708 LEC): la emite el tribunal por auto; no se apremia al ejecutado. Oposición del ejecutado frente a sentencias: por motivos de fondo solo pago o cumplimiento, caducidad y pactos o transacciones en documento público (art. 556 LEC), en 10 días; por defectos procesales (art. 559 LEC), en 5 días. Enervación del desahucio por falta de pago: pago de lo debido antes de la vista, una sola vez (art. 22.4 LEC); no cabe si ya se enervó antes o hubo requerimiento de pago con un mes de antelación. Gran tenedor (Ley 12/2023): más de 10 inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 m2 de uso residencial; cinco o más inmuebles en zona tensionada. La suspensión del lanzamiento por vulnerabilidad procede de reales decretos-leyes de vigencia temporal: contrastar siempre la norma vigente en la fecha del examen. Trampa frecuente: la ejecución dineraria exige cantidad líquida; en las no dinerarias, la conversión en dinero (daños, frutos, rentas) requiere previa liquidación contradictoria.
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323): arts. 22.4, 219, 250, 440, 441, 517, 545, 548, 549, 551, 552, 556, 559 y Libro III, Título IV (arts. 699 a 720).
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil: arts. 1096, 1098 y 1106.
Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Reales decretos-leyes de medidas de protección frente a desahucios de hogares vulnerables (vigencia temporal: contrastar texto vigente).
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