Ver esquema

Tema 4. Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estado de las Autonomías. Las Comunidades Autónomas: Su constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local. La provincia y el municipio.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El Título VIII de la Constitución articula la organización territorial del Estado en tres niveles: municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses respectivos (art. 137 CE). Este tema desarrolla el Estado de las Autonomías, el proceso constituyente de las CCAA y sus Estatutos, el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, los mecanismos de control y la organización de la Administración Local (provincia y municipio) conforme a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

← Ver el índice completo del temario

El Estado de las Autonomías: fundamento (arts. 2 y 137-139 CE)

El art. 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, dentro de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. El art. 137 organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, dotando a todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La autonomía no es soberanía: es un poder limitado y subordinado a la Constitución (autonomía administrativa en el caso de entes locales, y política con potestad legislativa en el de las CCAA). El Estado de las Autonomías es un modelo abierto, de tipo principio dispositivo: la Constitución no crea las Comunidades Autónomas ni delimita su mapa, sino que establece el procedimiento para que los territorios accedan a la autonomía y deja a los Estatutos la concreción competencial dentro del marco constitucional. Entre 1979 y 1983 se aprobaron los Estatutos de las 17 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja), y en 1995 los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los principios de solidaridad, igualdad y equilibrio económico (arts. 138-139 CE)

El art. 138 CE encomienda al Estado garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no pueden implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. El art. 139 añade que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y que ninguna autoridad puede adoptar medidas que obstaculicen directa o indirectamente la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

Constitución de las Comunidades Autónomas: la vía ordinaria (arts. 143 y 148.2 CE)

La vía del art. 143 CE (llamada lenta o de segundo grado) permitía a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica, acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas. La iniciativa del proceso autonómico correspondía a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población representase, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, y debía ejercerse dentro del plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto (art. 143.2). Las Comunidades Autónomas constituidas por esta vía solo podían asumir inicialmente las competencias enumeradas en el art. 148.1 CE; transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, podían ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco del art. 149 (art. 148.2).

Constitución de las Comunidades Autónomas: la vía agravada del art. 151 y la Disposición Transitoria Segunda

La vía agravada del art. 151.1 CE exigía una iniciativa reforzada: acuerdo de las Diputaciones u órganos interinsulares afectados y de las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representasen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. Permitía acceder desde el principio al techo competencial máximo del art. 149 CE y a las instituciones del art. 152. La Disposición Transitoria Segunda de la CE eximió de los requisitos reforzados del 151.1 a los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y contasen, al promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía (Cataluña, País Vasco y Galicia), bastando el acuerdo por mayoría absoluta de sus órganos preautonómicos colegiados superiores. Andalucía accedió por el procedimiento del art. 151 tras el referéndum de iniciativa de 28 de febrero de 1980. Navarra se constituyó en Comunidad Foral mediante la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA), al amparo de la Disposición Adicional Primera, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Canarias y la Comunidad Valenciana ampliaron su techo competencial mediante leyes orgánicas de transferencia del art. 150.2.

Constitución de las Comunidades Autónomas: otras vías (art. 144 CE)

El art. 144 CE permite excepcionalmente que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, por motivos de interés nacional: a) autoricen la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143.1; b) autoricen o acuerden un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial; y c) sustituyan la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el art. 143.2. Madrid accedió a la autonomía al amparo del art. 144.c). Las ciudades de Ceuta y Melilla se constituyeron en ciudades con Estatuto de Autonomía (Disposición Transitoria Quinta CE; LO 1/1995 y LO 2/1995), con competencias más próximas a las de entes locales que a las de una Comunidad Autónoma.

Los Estatutos de Autonomía (arts. 81.1, 146-147 CE)

Son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1). Deben contener necesariamente: la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, así como las bases para el traspaso de los servicios correspondientes (art. 147.2). El proyecto de Estatuto era elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular y los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas, y elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley (art. 146). Se aprueban mediante ley orgánica (art. 81.1 CE), que se tramita por las Cortes Generales. Su reforma se ajusta al procedimiento establecido en los propios Estatutos y requiere, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica (art. 147.3). En las Comunidades constituidas por la vía del art. 151, la reforma exige además referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes (art. 152.2). Los Estatutos de Cataluña y País Vasco se aprobaron en 1979 (LO 4/1979 y LO 3/1979); entre las reformas estatutarias de nueva generación destacan las de la Comunidad Valenciana (LO 1/2006), Cataluña (LO 6/2006) y Andalucía (LO 2/2007). La STC 31/2010 resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña de 2006 y declaró inconstitucionales varios preceptos e interpretó otros conforme a la Constitución.

La organización institucional de las CCAA (art. 152 CE)

En las CCAA que accedieron por la vía del art. 151 (y en las demás cuyos Estatutos así lo prevean), la organización institucional se basa en una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, a quien corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en ella, y que es responsable políticamente ante la Asamblea (art. 152.1). Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma; en los Estatutos de las Comunidades Autónomas se pueden establecer los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Las instituciones de las Comunidades Autónomas ejercen en el marco del Estatuto potestad legislativa (leyes autonómicas), potestad reglamentaria y función ejecutiva; las leyes autonómicas están sometidas al control del Tribunal Constitucional.

Competencias del Estado y de las CCAA (arts. 148-149 CE)

El art. 148.1 CE enumera las materias que las CCAA pueden asumir (organización de sus instituciones de autogobierno, alteración de términos municipales, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, obras públicas de interés autonómico, ferrocarriles y carreteras, agricultura, montes, medio ambiente, fomento del desarrollo económico, artesanía, patrimonio monumental, museos y bibliotecas, cultura, deporte, asistencia social, sanidad e higiene, entre otras). El art. 149.1 reserva al Estado competencia exclusiva sobre materias esenciales, entre ellas: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad (1ª); nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo (2ª); relaciones internacionales (3ª); Defensa y Fuerzas Armadas (4ª); Administración de Justicia (5ª); legislación mercantil, penal y penitenciaria, y legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las CCAA (6ª); legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las CCAA (7ª); legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las CCAA de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan (8ª); Hacienda general y Deuda del Estado (14ª); y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (18ª). La doctrina distingue competencias exclusivas, compartidas (legislación básica del Estado y desarrollo autonómico) y ejecutivas (el Estado legisla y la Comunidad ejecuta). El Tribunal Constitucional ha definido lo básico como el común denominador normativo (STC 1/1982).

Distribución de competencias: cláusulas de cierre (art. 149.3 CE)

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos (cláusula residual a favor de las CCAA, si lo asumen). La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponde al Estado, cuyas normas prevalecen, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas (cláusula de prevalencia). El derecho estatal es, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. El TC declaró inconstitucional que el Estado pudiera dictar normas supletorias sin título competencial propio (STC 118/1996 y STC 61/1997).

Leyes marco, de transferencia o delegación y de armonización (art. 150 CE)

El art. 150 CE prevé mecanismos de flexibilización del sistema competencial: las leyes marco (art. 150.1), por las que las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuyen a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; las leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2), por las que el Estado transfiere o delega en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación; y las leyes de armonización (art. 150.3), que el Estado puede dictar, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de las Comunidades Autónomas, cuando así lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas (arts. 153 y 155 CE)

El art. 153 CE distribuye el control sobre la actividad autonómica entre varios órganos: el Tribunal Constitucional, respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, sobre el ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el art. 150.2; la jurisdicción contencioso-administrativa, sobre la Administración autonómica y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas, en lo económico y presupuestario. A ello se añade el mecanismo excepcional del art. 155 CE (coerción estatal): si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general; para ello el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. El art. 155 se aplicó por primera vez en octubre de 2017 respecto de Cataluña.

Relaciones interadministrativas (Ley 40/2015)

La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula los principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas (art. 140): lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación y eficiencia, entre otros. Las técnicas de cooperación son, entre otras, las Conferencias Sectoriales (órganos de cooperación entre la AGE y las CCAA en materias sectoriales, art. 147), las Comisiones Bilaterales de Cooperación, los convenios y los consorcios. La Conferencia de Presidentes, que reúne al Presidente del Gobierno y a los Presidentes autonómicos, es el órgano de cooperación política de más alto nivel.

La Administración Local: autonomía local y fuentes (arts. 137, 140-142 CE; LBRL)

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios (art. 140) y de las provincias (art. 141), y el art. 142 asegura la suficiencia financiera de las Haciendas locales, que se nutren fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las CCAA. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) es la legislación básica del Estado en la materia (art. 149.1.18ª CE), reformada de manera sustancial por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El Tribunal Constitucional configura la autonomía local como una garantía institucional (STC 32/1981), no como soberanía: se trata del derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esa participación en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales. España ratificó la Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 1985). Los municipios y provincias cuentan con un instrumento de defensa jurisdiccional específico: el conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional (LO 7/1999), reservado a supuestos cualificados frente a normas con rango de ley del Estado o de las CCAA.

El municipio: elementos y régimen jurídico (LBRL)

La LBRL define el municipio como entidad local básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad (art. 1). Son elementos del municipio el territorio (término municipal), la población (vecindario, con inscripción obligatoria en el padrón municipal) y la organización (Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales). Corresponde a las Comunidades Autónomas, dentro de la legislación básica del Estado, la creación, supresión y alteración de términos municipales. Los municipios ejercen competencias propias en las materias del art. 25.2 LBRL (urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua, alcantarillado, tráfico y movilidad, protección civil, servicios sociales, cultura, deporte, entre otras) y otras delegadas por el Estado o las CCAA. El art. 26 fija servicios mínimos obligatorios según la población: en todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas; además, en los de más de 5.000 habitantes, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos; en los de más de 20.000, protección civil, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; y en los de más de 50.000, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Órganos de gobierno municipal y municipios de gran población

El gobierno y la administración municipal corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales; los Concejales son elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos, en la forma que establezca la ley (art. 140 CE; la LOREG prevé su elección por los Concejales, salvo en municipios que funcionan en régimen de concejo abierto, que son los de menos de 100 habitantes y los que tradicionalmente cuentan con ese régimen). Son órganos de existencia necesaria en todos los Ayuntamientos el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno; existe además Junta de Gobierno Local en los municipios de más de 5.000 habitantes (y en los de menor población cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno), y órganos complementarios como las Comisiones Informativas y la Comisión Especial de Cuentas. Los municipios de gran población (Título X LBRL) cuentan con un régimen organizativo propio: los de más de 250.000 habitantes, las capitales de provincia con más de 175.000, las capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, y los que así decida la Asamblea Legislativa de la CCAA por razones económicas, sociales, históricas o culturales con más de 75.000 habitantes. Madrid y Barcelona cuentan además con regímenes especiales (Ley 22/2006, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, y Ley 22/1998, Carta Municipal de Barcelona).

La provincia: naturaleza y organización (Diputación Provincial)

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, y es a la vez división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado (art. 141.1 CE); cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Sus fines propios y específicos son garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social, y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado. Sus competencias propias (art. 36 LBRL) incluyen la coordinación de los servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, y la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponde a la Diputación Provincial u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2), integrada por el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno; los Diputados provinciales son elegidos de forma indirecta por y entre los Concejales de los municipios del partido judicial. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales las funciones de la Diputación son asumidas por la propia Comunidad Autónoma.

Otras entidades locales

Gozan de la condición de entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1 LBRL), gobernadas por los Consejos o Cabildos insulares (art. 141.4 CE). Gozan además de la condición de entidades locales las entidades de ámbito territorial inferior al municipal (EATIM), las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos; las áreas metropolitanas, entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras; y las mancomunidades de municipios, que tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos, constituidas voluntariamente por los municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia (art. 44 LBRL).

Territorialización de la Administración de Justicia

La Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.5ª CE) y el Poder Judicial es único (art. 117.5 CE), por lo que no existen jurisdicciones autonómicas. Las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus Estatutos, en los términos de la LOPJ, competencias sobre los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia (gestión de los cuerpos de funcionarios, de los inmuebles y de los recursos informáticos), así como participar en la demarcación y planta judicial; ello exige el correspondiente real decreto de traspaso. En las Comunidades sin traspasos, estas competencias las ejerce el Ministerio con competencias en Justicia. La culminación de la organización judicial en cada Comunidad Autónoma corresponde al Tribunal Superior de Justicia (art. 152.1 CE; arts. 70 y ss. LOPJ). Esta distinción entre jurisdicción (estatal) y medios (transferibles) es clave para el opositor de Gestión Procesal.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Dos vías históricas de acceso a la autonomía: art. 143 (lenta, techo inicial art. 148, ampliable a los 5 años) y art. 151 (rápida/agravada, techo máximo desde el inicio, referéndum de iniciativa). Disposición Transitoria 2ª: vía privilegiada para Cataluña, País Vasco y Galicia (sin los requisitos reforzados del 151.1).
  • Art. 149.1.5ª CE: la Administración de Justicia es competencia EXCLUSIVA del Estado; lo que algunas CCAA tienen transferido son los medios personales y materiales a su servicio, no la potestad jurisdiccional ni la organización judicial.
  • Los Estatutos de Autonomía se aprueban por ley orgánica (arts. 81.1 y 147 CE) y son la norma institucional básica de cada Comunidad; su reforma exige en todo caso aprobación de las Cortes mediante ley orgánica.
  • Autonomía municipal y provincial (arts. 140-141 CE) es autonomía administrativa para gestión de intereses propios, no soberanía ni autonomía política plena como la de las CCAA. La autonomía local es garantía institucional (STC 32/1981).
  • Andalucía es la Comunidad que accedió por el procedimiento del art. 151.1 (referéndum de iniciativa de 1980); Cataluña, País Vasco y Galicia lo hicieron por la Disposición Transitoria 2ª; Navarra por la Disposición Adicional 1ª (LORAFNA); Madrid por el art. 144.c.
  • Cláusula de prevalencia y cláusula residual (art. 149.3 CE): lo no asumido expresamente por los Estatutos corresponde al Estado; en conflicto, prevalece la norma estatal salvo en lo atribuido a la exclusiva competencia autonómica; el derecho estatal es supletorio.
  • El art. 155 CE (coerción estatal) exige previo requerimiento al Presidente de la CCAA y aprobación del Senado por mayoría absoluta; no debe confundirse con el control ordinario del art. 153 (TC, Gobierno, jurisdicción contencioso-administrativa, Tribunal de Cuentas).
  • Órganos municipales necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno en todos los municipios; Junta de Gobierno Local obligatoria a partir de más de 5.000 habitantes.
  • Leyes del art. 150 CE: ley marco (150.1), ley orgánica de transferencia o delegación (150.2) y ley de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara).
  • Servicios municipales mínimos por población: 5.000 (parque, biblioteca, mercado, tratamiento de residuos); 20.000 (protección civil, incendios, instalaciones deportivas); 50.000 (transporte colectivo urbano, medio ambiente urbano).
  • El Estado de las Autonomías: 17 CCAA y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla); la autonomía de las CCAA es política (potestad legislativa), la de los entes locales solo administrativa (carecen de potestad legislativa).
  • Municipios de gran población (Título X LBRL): más de 250.000 habitantes, capitales de provincia con más de 175.000, capitales autonómicas y casos especiales de más de 75.000.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 100 aciertos

La iniciativa del proceso autonómico por la vía del art. 143 CE requería el acuerdo de las Diputaciones y de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Gestión Procesal (Justicia)?

El Título VIII de la Constitución articula la organización territorial del Estado en tres niveles: municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses respectivos (art. 137 CE). Este tema desarrolla el Estado de las Autonomías, el proceso constituyente de las CCAA y sus Estatutos, el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, los mecanismos de control y la organización de la Administración Local (provincia y municipio) conforme a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

Dos vías históricas de acceso a la autonomía: art. 143 (lenta, techo inicial art. 148, ampliable a los 5 años) y art. 151 (rápida/agravada, techo máximo desde el inicio, referéndum de iniciativa). Disposición Transitoria 2ª: vía privilegiada para Cataluña, País Vasco y Galicia (sin los requisitos reforzados del 151.1). Art. 149.1.5ª CE: la Administración de Justicia es competencia EXCLUSIVA del Estado; lo que algunas CCAA tienen transferido son los medios personales y materiales a su servicio, no la potestad jurisdiccional ni la organización judicial. Los Estatutos de Autonomía se aprueban por ley orgánica (arts. 81.1 y 147 CE) y son la norma institucional básica de cada Comunidad; su reforma exige en todo caso aprobación de las Cortes mediante ley orgánica. Autonomía municipal y provincial (arts. 140-141 CE) es autonomía administrativa para gestión de intereses propios, no soberanía ni autonomía política plena como la de las CCAA. La autonomía local es garantía institucional (STC 32/1981). Andalucía es la Comunidad que accedió por el procedimiento del art. 151.1 (referéndum de iniciativa de 1980); Cataluña, País Vasco y Galicia lo hicieron por la Disposición Transitoria 2ª; Navarra por la Disposición Adicional 1ª (LORAFNA); Madrid por el art. 144.c. Cláusula de prevalencia y cláusula residual (art. 149.3 CE): lo no asumido expresamente por los Estatutos corresponde al Estado; en conflicto, prevalece la norma estatal salvo en lo atribuido a la exclusiva competencia autonómica; el derecho estatal es supletorio. El art. 155 CE (coerción estatal) exige previo requerimiento al Presidente de la CCAA y aprobación del Senado por mayoría absoluta; no debe confundirse con el control ordinario del art. 153 (TC, Gobierno, jurisdicción contencioso-administrativa, Tribunal de Cuentas). Órganos municipales necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno en todos los municipios; Junta de Gobierno Local obligatoria a partir de más de 5.000 habitantes. Leyes del art. 150 CE: ley marco (150.1), ley orgánica de transferencia o delegación (150.2) y ley de armonización (150.3, mayoría absoluta de cada Cámara). Servicios municipales mínimos por población: 5.000 (parque, biblioteca, mercado, tratamiento de residuos); 20.000 (protección civil, incendios, instalaciones deportivas); 50.000 (transporte colectivo urbano, medio ambiente urbano). El Estado de las Autonomías: 17 CCAA y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla); la autonomía de las CCAA es política (potestad legislativa), la de los entes locales solo administrativa (carecen de potestad legislativa). Municipios de gran población (Título X LBRL): más de 250.000 habitantes, capitales de provincia con más de 175.000, capitales autonómicas y casos especiales de más de 75.000.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VIII (arts. 137-158), art. 2, art. 81.1 y Disposiciones Adicional Primera y Transitorias Segunda y Quinta.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (relaciones interadministrativas).
  • Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la LOTC (conflictos en defensa de la autonomía local).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Tribunales Superiores de Justicia).

Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión Procesal (Justicia).

Empieza gratis ahora