Tema 34. La ejecución forzosa. El papel del Letrado de la Administración de Justicia en la ejecución. El título ejecutivo y sus clases: Judiciales y no judiciales; españoles y extranjeros. Ejecución de resoluciones extranjeras. Breve referencia al Título Ejecutivo Europeo. La demanda ejecutiva. Tribunal competente. Orden general de ejecución y despacho de la ejecución. Acumulación de ejecuciones. Oposición a la ejecución. Suspensión de la ejecución. Ejecución provisional. Concepto y naturaleza. Presupuestos. Despacho de la ejecución. Oposición a la ejecución provisional. Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
La ejecución forzosa, regulada en el Libro III de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, es la actividad jurisdiccional dirigida a hacer efectivo, incluso contra la voluntad del obligado, lo dispuesto en un título ejecutivo. Este tema estudia el reparto de funciones entre el Juez (auto de despacho, oposición, tercerías) y el Letrado de la Administración de Justicia (decretos de medidas ejecutivas y dirección del procedimiento), las clases de títulos ejecutivos (art. 517 LEC), la ejecución de títulos extranjeros y el Título Ejecutivo Europeo, la demanda ejecutiva y la competencia, el plazo de espera y la caducidad de la acción ejecutiva, el auto de despacho, la acumulación de ejecuciones, la oposición (por motivos de fondo y por defectos procesales), la suspensión y, por último, la ejecución provisional de sentencias de condena no firmes (arts. 524 a 537) con su oposición y los efectos de su revocación o confirmación.
La ejecución forzosa: concepto, naturaleza y principios
La ejecución forzosa es la fase del proceso, o proceso autónomo cuando se funda en un título no judicial, en la que el órgano jurisdiccional, a instancia de parte y sin necesidad de declarar el derecho, realiza coactivamente lo que ordena el título: pagar una cantidad de dinero, entregar una cosa, hacer o no hacer. Se regula en el Libro III de la LEC, que contiene las disposiciones generales (arts. 517 y siguientes), la ejecución dineraria, la no dineraria y las medidas cautelares. Principios: a) nulla executio sine titulo, esto es, no hay ejecución sin título que tenga aparejada ejecución (art. 517.1); b) principio de iniciativa de parte: no se procede a ninguna ejecución sino a instancia de parte, salvo previsión legal (art. 549.1); c) impulso de oficio una vez despachada, a cargo del Letrado de la Administración de Justicia; d) tutela ejecutiva efectiva e integral (art. 24 CE), que incluye el derecho a ejecutar en sus propios términos las resoluciones firmes; e) carácter limitado de la oposición, con motivos tasados; y f) actuación coactiva proporcional, con embargo de bienes suficientes y respeto de los bienes inembargables.
El papel del Letrado de la Administración de Justicia y del Juez en la ejecución
El reparto de funciones sigue la reforma de la Ley 13/2009 y de la Ley 37/2011, con el apoyo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 456 y siguientes, sobre las competencias de los Letrados de la Administración de Justicia). El Juez o Tribunal dicta el auto que contiene la orden general de ejecución y despacha la misma (art. 551 LEC), resuelve la oposición a la ejecución y los recursos, las tercerías, y autoriza las medidas que afecten a derechos fundamentales (como la entrada en domicilios). El Letrado de la Administración de Justicia dicta el decreto con las medidas ejecutivas concretas que procedan, impulsa de oficio la ejecución, ordena el embargo, practica los requerimientos de pago y las averiguaciones de bienes (a través del Punto Neutro Judicial y de los registros públicos), dirige la realización de los bienes embargados (subasta, convenio de realización, administración para pago) y decreta el pago al ejecutante y la terminación de la ejecución. Contra los decretos cabe reposición y, en su caso, revisión.
El título ejecutivo: concepto y clases (art. 517 LEC)
La acción ejecutiva debe fundarse en un título que tenga aparejada ejecución. El artículo 517.2 LEC enumera los títulos: 1.º las sentencias de condena firmes; 2.º los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, estos últimos elevados a escritura pública, conforme a la ley; 3.º las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos alcanzados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constatar su contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones; 4.º las escrituras públicas, con tal que sea primera copia o copia con fuerza ejecutiva; 5.º las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado, con la constancia de su inscripción en el libro registro, o, hoy, intervenidas por notario; 6.º los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones vencidas y los cupones vencidos de estos títulos; 7.º las certificaciones expedidas por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta; y 8.º y 9.º los demás títulos que, por disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución, como los acuerdos de conciliación con avenencia. Los títulos de los apartados 1.º a 3.º son judiciales o asimilados; los restantes son no judiciales o extrajudiciales.
Diferencias entre títulos judiciales y no judiciales
Los títulos judiciales (sentencias, laudos, acuerdos de mediación y transacciones homologadas) y los no judiciales difieren en varios regímenes: a) competencia: en los judiciales, el tribunal que conoció del asunto en primera instancia; en los no judiciales, el juzgado del domicilio del ejecutado o del lugar de cumplimiento de la obligación o de situación de los bienes, a elección del ejecutante; b) plazo de espera de veinte días y caducidad de cinco años, que se aplican a los títulos judiciales y arbitrales pero no a los no judiciales; c) motivos de oposición de fondo, muy restringidos en los judiciales (art. 556) y más amplios en los no judiciales (art. 557); y d) el control de oficio del título por el tribunal antes del despacho, que en los títulos no judiciales debe ser más exhaustivo, incluido el examen de posibles cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Los títulos cambiarios no son título ejecutivo del artículo 517, sino que dan acceso al juicio cambiario (arts. 819 y siguientes), cuya sentencia o auto sí es título.
Sentencias declarativas y constitutivas
Las sentencias meramente declarativas y las constitutivas no son susceptibles de ejecución propiamente dicha, porque producen sus efectos por sí mismas, salvo para los pronunciamientos de condena que contengan, o para actos de ejecución como la inscripción registral o el cumplimiento de formalidades que la ley prevé (art. 521 LEC). Es un error típico decir que son ejecutables como si fueran de condena. En cambio, las sentencias de condena firmes constituyen el título ejecutivo por excelencia. En la ejecución provisional, la regla de que no se ejecutan sentencias meramente declarativas o constitutivas se complementa con la lista del artículo 525, que excluye las sentencias dictadas en procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos (salvo sus pronunciamientos de contenido patrimonial), las que condenen a emitir una declaración de voluntad y las que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.
Títulos ejecutivos extranjeros: régimen general
Las resoluciones judiciales extranjeras pueden ejecutarse en España conforme a los instrumentos aplicables, por este orden de prelación: a) Derecho de la Unión Europea: especialmente el Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis), aplicable a las resoluciones dictadas en procesos iniciados desde el 10 de enero de 2015, según el cual las resoluciones dictadas en un Estado miembro que sean ejecutivas en él son ejecutivas en los demás sin necesidad de declaración de ejecutividad (supresión del exequátur), con aportación de copia de la resolución y del certificado del Estado de origen; el ejecutado puede pedir la denegación de la ejecución por los motivos limitados del Reglamento (orden público, falta de notificación en rebeldía, resolución inconciliable); b) convenios internacionales (por ejemplo, el Convenio de Lugano de 2007 o los convenios bilaterales); y c) en su defecto, la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, que regula el exequátur, procedimiento previo de reconocimiento y declaración de ejecutividad, ante los Juzgados de Primera Instancia (Tribunales de Instancia) o Mercantil, en los términos de la ley. Solo tras el exequátur se puede despachar ejecución.
El Título Ejecutivo Europeo
El Reglamento (CE) 805/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, crea el Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados en materia civil y mercantil. Una resolución, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva, certificada como Título Ejecutivo Europeo por el órgano de origen, puede ejecutarse en otro Estado miembro sin necesidad de exequátur ni declaración de ejecutividad ni posibilidad de oponerse al reconocimiento, siempre que se hayan respetado las normas mínimas de garantía procesal del deudor (correcta información y notificación). Se considera crédito no impugnado aquel que el deudor ha reconocido expresamente (por admisión o por transacción aprobada por el tribunal), el que nunca ha sido objeto de oposición por el deudor en el proceso, el que no ha sido discutido por la incomparecencia a una vista tras haberlo impugnado, o el reconocido expresamente en un documento público. El certificado se expide a petición del acreedor. Coexiste con el régimen del Reglamento Bruselas I bis y otros instrumentos europeos (proceso monitorio europeo, proceso europeo de escasa cuantía y orden europea de retención de cuentas), entre los que el acreedor puede elegir.
Partes y postulación en la ejecución
Es ejecutante quien pide la ejecución y figura como acreedor en el título, y ejecutado aquel frente a quien se pide, que figure como deudor en el título (art. 538 LEC). Pueden ser también ejecutados quienes, sin figurar en el título, responden personalmente de la deuda por disposición legal o por afectación de bienes en garantía, y los sucesores del deudor. La sucesión en la posición de ejecutante (por herencia, cesión del crédito o subrogación) debe acreditarse documentalmente en la demanda. En cuanto a la postulación, el artículo 539 LEC exige abogado y procurador en la ejecución, salvo que la cantidad por la que se despache no exceda de 2.000 euros, y salvo las actuaciones en las que la ley no la requiera, como la ejecución de resoluciones dictadas en procesos sin postulación preceptiva. Los terceros pueden intervenir por vía de tercería de dominio o de mejor derecho.
Competencia para la ejecución
El artículo 545 LEC dispone que, salvo disposición en contrario, es competente para la ejecución de resoluciones procesales el tribunal que conoció del asunto en primera instancia; para la de laudos arbitrales y acuerdos de mediación, el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o en que se hubiera firmado el acuerdo; para la de transacciones judiciales y acuerdos aprobados en el proceso, el tribunal que homologó. Para los títulos no judiciales es competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del ejecutado o del lugar donde haya de cumplirse la obligación o donde se encuentren los bienes, a elección del ejecutante. El tribunal examina de oficio su competencia (art. 546) y, si no es competente, se abstiene y remite al que lo sea, sin que el ejecutado pueda oponerse por falta de competencia territorial más allá de lo previsto. Tras la LO 1/2025, el órgano es la sección civil del Tribunal de Instancia.
Plazo de espera y caducidad de la acción ejecutiva
No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales ni de acuerdos de mediación dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea notificada al ejecutado o al demandado por el acuerdo (art. 548 LEC), plazo de espera que busca permitir el cumplimiento voluntario y que no se aplica a los títulos no judiciales. Por otro lado, la acción ejecutiva fundada en sentencia, resolución del tribunal o del Letrado de la Administración de Justicia que apruebe una transacción o acuerdo, o laudo arbitral, caduca si no se interpone la demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución (art. 518). Es una regla de memoria: veinte días de espera y cinco años de caducidad, ambos exclusivos de la ejecución de títulos judiciales y arbitrales.
La demanda ejecutiva
La ejecución se inicia mediante demanda (art. 549 LEC), que debe contener: a) el título en que se funda; b) la tutela ejecutiva que se pretende (por ejemplo, embargo de bienes para satisfacer una cantidad, entrega de cosa o hacer); c) los bienes del ejecutado susceptibles de embargo, cuando se conozcan, o las medidas de localización que se solicitan; y d) la persona o personas contra quienes se pretende la ejecución. A la demanda se acompañan (art. 550) el título ejecutivo, salvo que sea una resolución del mismo tribunal, el poder de procurador si es preceptivo, los documentos que acrediten la legitimación o la sucesión cuando el ejecutante no sea el acreedor original, los documentos exigidos para determinados títulos (como la liquidación de saldos) y, en su caso, el justificante de la cuantía. La ejecución puede pedirse por una cantidad que incluya, a efectos de intereses y costas, una previsión provisional de hasta el treinta por ciento del principal.
Orden general de ejecución y despacho (art. 551 LEC)
Presentada la demanda, el tribunal, siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de irregularidad formal y los actos de ejecución pretendidos sean conformes con la naturaleza y contenido del título, dicta auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma. El auto expresa la persona a cuyo favor se despacha, la persona contra quien se despacha, la cantidad por la que se despacha (principal más previsión para intereses y costas) y las demás precisiones necesarias. Dictado el auto, el Letrado de la Administración de Justicia dicta el decreto que contiene las medidas ejecutivas concretas (embargos, requerimientos) y, en su caso, las medidas de localización. El auto y el decreto se notifican al ejecutado simultáneamente, con entrega de copia de la demanda, y la ejecución se despacha sin audiencia previa del ejecutado, dado que se funda en un título. Si el tribunal deniega el despacho, el ejecutante puede apelar; el ejecutado, contra el auto de despacho, solo puede oponerse (arts. 556 y siguientes), no recurrirlo.
Liquidación de cantidad ilíquida
Cuando la sentencia condena a pagar frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, o daños y perjuicios, y fija las bases con arreglo a las cuales deba efectuarse la liquidación de modo que esta consista en una simple operación aritmética, se despacha ejecución por la cantidad que resulte. Si la liquidación exige otros trámites, el ejecutante presenta la liquidación con sus fundamentos (arts. 712 y siguientes LEC) y se da audiencia al ejecutado, resolviéndose por el trámite previsto, antes de despachar la ejecución por la cantidad líquida. No cabe despachar ejecución por cantidad ilíquida sin esta fase previa de determinación.
Acumulación de ejecuciones
La acumulación de ejecuciones seguidas contra un mismo ejecutado busca su tramitación unificada en un solo procedimiento, con una masa única de bienes y un orden de prelación común, evitando embargos contradictorios o duplicados y facilitando el reparto proporcionado de lo obtenido cuando los bienes no bastan para pagar a todos. Procede, en general, cuando las ejecuciones se siguen contra un mismo ejecutado y el tribunal que conoce de la más antigua es competente, a instancia de parte o del ejecutado. Se resuelve por auto y, una vez acumuladas, se continúa por el procedimiento de la ejecución más antigua. Los requisitos y plazos precisos para solicitarla, así como los supuestos de acumulación de oficio, se determinan en la LEC.
Oposición a la ejecución: aspectos generales
El ejecutado puede oponerse a la ejecución despachada mediante escrito presentado en el plazo de diez días desde la notificación del auto de despacho (arts. 556 y 557 LEC) o, según el caso, desde que se tenga noticia de la ejecución. La oposición puede fundarse en motivos de fondo, que dependen de la clase de título, y en defectos procesales (art. 559). Con carácter general, la oposición no suspende el curso de la ejecución (art. 565), sin perjuicio de que se dicten las medidas de garantía precisas. Una vez presentada la oposición y dado traslado al ejecutante, el tribunal resuelve mediante auto, convocando vista si el ejecutado o el ejecutante lo solicitan y es necesaria. Si se estima total o parcialmente, se deja sin efecto la ejecución en la medida correspondiente y se condena en costas al ejecutante en la parte estimada, ordenando el alzamiento de los embargos, mientras que si se desestima se ordena continuar la ejecución, con condena en costas al ejecutado.
Motivos de oposición en títulos judiciales y no judiciales
Cuando el título es una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación (art. 556.1 LEC), el ejecutado puede oponerse alegando: pago o cumplimiento de lo ordenado, que debe justificar documentalmente; caducidad de la acción ejecutiva; y los pactos y transacciones convenidos para evitar la ejecución, siempre que consten en documento público. Cuando el título es no judicial (art. 557), los motivos son: 1.ª pago, acreditado documentalmente; 2.ª compensación de crédito líquido que resulte de documento con fuerza ejecutiva; 3.ª pluspetición o exceso en la computación a metálico de deudas en especie; 4.ª prescripción y caducidad; 5.ª quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente; 6.ª transacción, siempre que conste en documento público; y 7.ª que el título contenga cláusulas abusivas. La falta de veracidad o fehaciencia del documento no figura como motivo propio en esta enumeración.
Oposición por defectos procesales
El artículo 559 LEC permite al ejecutado oponerse por defectos procesales: 1.º carencia de capacidad o de representación del ejecutante o de la persona que lo representa; 2.º nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el título pronunciamientos de condena o no cumplir los requisitos legales para llevar aparejada ejecución; y 3.º infracción del artículo 520 de la LEC, cuando se despache ejecución contra quien no es el ejecutado o por falta de legitimación. El plazo es el mismo de diez días y la ejecución continúa mientras tanto, aunque, si el motivo se estima, se deja sin efecto la ejecución o se subsana el defecto, según sea procedente.
Suspensión de la ejecución
La regla es que la ejecución no se suspende, sino en los casos que la ley establece (art. 565 LEC). Entre ellos: a) la suspensión por prejudicialidad penal (art. 569), que procede cuando se acredita que se sigue causa criminal sobre algún hecho de apariencia delictiva que, de ser cierto, determinaría la falsedad o nulidad del título ejecutivo o del despacho de la ejecución, y se mantiene hasta que recae resolución firme en el proceso penal; b) la suspensión por acuerdo de las partes, que puede solicitarse de común acuerdo por un plazo máximo; c) la suspensión por declaración de concurso del ejecutado, en los términos de la legislación concursal, que afecta a las ejecuciones sobre bienes de la masa activa; y d) otros supuestos legales específicos, como la admisión de una tercería de dominio sobre los bienes concretos afectados. Concluida la causa de suspensión, se reanuda la ejecución.
Ejecución provisional: concepto y naturaleza
La ejecución provisional (arts. 524 a 537 LEC) permite ejecutar una sentencia de condena que aún no es firme por estar pendiente de recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, a instancia de la parte favorecida. Su naturaleza es la de un anticipo de la tutela ejecutiva con un régimen propio: se rige, salvo especialidades, por las normas de la ejecución definitiva (art. 524), se tramita bajo la condición resolutoria de lo que se resuelva en el recurso, y está sujeta a responsabilidad del ejecutante por los daños que cause si la sentencia se revoca. Se configura como un derecho del vencedor y no como una medida cautelar: no exige acreditar urgencia ni riesgo, sino solo que la sentencia sea de condena y esté en el supuesto legal. Las sentencias firmes se ejecutan siempre por la vía de la ejecución definitiva.
Presupuestos de la ejecución provisional
Pueden ejecutarse provisionalmente las sentencias de condena dictadas en primera instancia, tanto si están pendientes de apelación como de recurso extraordinario por infracción procesal o casación, así como las dictadas en apelación. No son ejecutables provisionalmente las excluidas por el artículo 525 (filiación, nulidad matrimonial, separación y divorcio, capacidad y estado civil, derechos honoríficos, salvo sus pronunciamientos de contenido patrimonial; las que condenen a emitir una declaración de voluntad; las que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial; y las sentencias extranjeras no reconocidas), ni las meramente declarativas o constitutivas. No se exige prestar caución (art. 526): el ejecutante provisional no necesita garantizar los daños que podría causar. Se solicita ante el tribunal de primera instancia, en cualquier momento desde que se tenga por interpuesto el recurso de apelación o por preparado el extraordinario por infracción procesal o la casación, mediante escrito en el que se acompañan el testimonio de la sentencia y de la resolución que tiene por interpuesto o preparado el recurso.
Despacho y desarrollo de la ejecución provisional
Presentada la solicitud, el tribunal despacha la ejecución provisional por auto, si concurren los presupuestos, con las mismas formalidades que la ejecución definitiva: auto con la orden general y decreto del Letrado con las medidas concretas. La ejecución provisional se desarrolla con carácter general como la definitiva, con embargo, requerimiento y apremio, pero con diferencias en la realización de bienes: en condenas dinerarias, el ejecutante provisional no puede, en ciertos casos, cobrar definitivamente hasta la firmeza si el ejecutado presta garantías, y en condenas no dinerarias, el ejecutado puede obtener que se suspendan los actos de ejecución mediante la oferta de caución. Los gastos de la ejecución provisional los soporta quien la insta, salvo que se confirme la sentencia.
Oposición a la ejecución provisional
El ejecutado puede oponerse a la ejecución provisional en los términos del artículo 528 LEC. Si la sentencia condena al pago de dinero, la oposición se limita a motivos procesales y al pago o cumplimiento documentalmente acreditado, sin que quepa alegar la imposibilidad de restaurar la situación anterior porque la restitución de dinero siempre es posible. Si la condena es no dineraria (entrega de cosa, hacer, no hacer, derribo, etc.), el ejecutado puede oponerse alegando que es imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior a la ejecución o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de daños y perjuicios si la sentencia fuera revocada, y puede ofrecer caución suficiente para responder de lo que pudiera corresponder al ejecutante si la sentencia se confirma, a fin de evitar actuaciones ejecutivas concretas. El tribunal decide mediante auto, y puede ordenar que el ejecutante preste caución en ciertos casos.
Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada
Si el recurso es desestimado y la sentencia se confirma, la ejecución provisional pasa a ser definitiva y sigue su curso, sin necesidad de una nueva demanda, y los actos realizados se convalidan. Si la sentencia se revoca totalmente, se sobresee la ejecución provisional y se alzan los embargos, se deja sin efecto lo realizado y se restituye al ejecutado la situación anterior (arts. 533 y siguientes); el ejecutante debe devolver lo percibido y resarcir los daños y perjuicios causados al ejecutado, cuyo importe se determina, si no hay acuerdo, en un incidente tramitado a petición del ejecutado, sin necesidad de proceso declarativo ulterior. Si la revocación es parcial, la ejecución se mantiene por lo que subsista y se restituye proporcionalmente lo indebidamente ejecutado. Si la sentencia se anula, se actúa como en la revocación. La responsabilidad del ejecutante por los daños es objetiva: no depende de su buena o mala fe.
Insolvencia transfronteriza y ejecuciones singulares
El Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia establece el reconocimiento automático en la Unión Europea de los procedimientos de insolvencia abiertos en un Estado miembro con efectos en los demás. Sus efectos sobre las ejecuciones singulares en otros Estados se rigen, con carácter general, por la ley del Estado de apertura, con excepciones como los derechos reales de terceros y la reserva de dominio. En la práctica, el órgano judicial español debe comprobar, antes de continuar la ejecución frente a un deudor con conexiones transfronterizas, si se ha abierto un procedimiento de insolvencia que pueda afectar a la ejecución.
Cuadro de plazos y reglas de memoria
Plazo de espera de la ejecución de títulos judiciales y arbitrales: veinte días desde la notificación de la condena. Caducidad de la acción ejecutiva fundada en títulos judiciales o arbitrales: cinco años desde la firmeza. Oposición a la ejecución: diez días desde la notificación del auto de despacho. Postulación preceptiva: salvo cantidades de hasta 2.000 euros. Ejecución provisional: sin caución del ejecutante; solicitada tras tener por interpuesto el recurso de apelación o por preparado el extraordinario o la casación. Juez: auto de despacho, oposición, tercerías. Letrado de la Administración de Justicia: decreto de medidas ejecutivas, embargo, requerimientos, realización de bienes y pago.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El despacho de la ejecución (auto con orden general), la resolución de la oposición y de las tercerías corresponden al Juez o Tribunal; el decreto de medidas ejecutivas concretas y la dirección de la ejecución, al Letrado de la Administración de Justicia.
Títulos ejecutivos del art. 517 LEC: sentencias de condena firmes, laudos y acuerdos de mediación elevados a escritura pública, transacciones homologadas, escrituras públicas (primera copia), pólizas intervenidas, títulos al portador o nominativos, certificaciones de anotaciones en cuenta y otros por ley. Los títulos cambiarios dan acceso al juicio cambiario.
Solo los títulos judiciales y arbitrales tienen plazo de espera de veinte días (art. 548) y caducidad de cinco años (art. 518).
Oposición: diez días desde la notificación del auto de despacho; en títulos judiciales los motivos son pago o cumplimiento, caducidad y pactos o transacciones en documento público (art. 556); en no judiciales, los siete del art. 557, incluidas las cláusulas abusivas.
Oposición por defectos procesales (art. 559): capacidad o representación, nulidad radical del despacho e infracción del art. 520.
La oposición no suspende, por regla general, la ejecución (art. 565). La prejudicialidad penal (art. 569) la suspende cuando afecta a la falsedad o nulidad del título.
El Título Ejecutivo Europeo (Reglamento CE 805/2004) permite ejecutar créditos no impugnados en otro Estado miembro sin exequátur; Bruselas I bis (UE 1215/2012) también suprime el exequátur para resoluciones de los Estados miembros.
Las resoluciones extranjeras fuera de la UE o sin convenio se reconocen con exequátur según la Ley 29/2015, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil.
La ejecución provisional no exige caución al ejecutante (art. 526) y se solicita desde que se tiene por interpuesta la apelación o preparados los recursos extraordinarios.
No son provisionalmente ejecutables las sentencias del art. 525: filiación, nulidad matrimonial, separación y divorcio, capacidad y estado civil, derechos honoríficos (salvo lo patrimonial), declaración de voluntad y nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.
En la oposición a la ejecución provisional, la imposibilidad o extrema dificultad de restablecer la situación solo es alegable en condenas no dinerarias; en las dinerarias siempre cabe restituir.
Si se revoca la sentencia provisionalmente ejecutada, se restituye la situación anterior y se resarcen los daños, que se determinan en incidente; si se confirma, la ejecución pasa a definitiva.
Postulación: abogado y procurador preceptivos en la ejecución salvo que la cantidad no exceda de 2.000 euros (art. 539).
Las sentencias meramente declarativas y constitutivas no se ejecutan como las de condena (art. 521), salvo sus pronunciamientos de condena o actos de inscripción.
El artículo 456 al que alude la normativa sobre competencias del Letrado es de la LOPJ, no de la LEC (en la LEC el art. 456 regula el ámbito de la apelación).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales dentro de los:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 34 de Gestión Procesal (Justicia)?
La ejecución forzosa, regulada en el Libro III de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, es la actividad jurisdiccional dirigida a hacer efectivo, incluso contra la voluntad del obligado, lo dispuesto en un título ejecutivo. Este tema estudia el reparto de funciones entre el Juez (auto de despacho, oposición, tercerías) y el Letrado de la Administración de Justicia (decretos de medidas ejecutivas y dirección del procedimiento), las clases de títulos ejecutivos (art. 517 LEC), la ejecución de títulos extranjeros y el Título Ejecutivo Europeo, la demanda ejecutiva y la competencia, el plazo de espera y la caducidad de la acción ejecutiva, el auto de despacho, la acumulación de ejecuciones, la oposición (por motivos de fondo y por defectos procesales), la suspensión y, por último, la ejecución provisional de sentencias de condena no firmes (arts. 524 a 537) con su oposición y los efectos de su revocación o confirmación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 34 para el examen?
El despacho de la ejecución (auto con orden general), la resolución de la oposición y de las tercerías corresponden al Juez o Tribunal; el decreto de medidas ejecutivas concretas y la dirección de la ejecución, al Letrado de la Administración de Justicia. Títulos ejecutivos del art. 517 LEC: sentencias de condena firmes, laudos y acuerdos de mediación elevados a escritura pública, transacciones homologadas, escrituras públicas (primera copia), pólizas intervenidas, títulos al portador o nominativos, certificaciones de anotaciones en cuenta y otros por ley. Los títulos cambiarios dan acceso al juicio cambiario. Solo los títulos judiciales y arbitrales tienen plazo de espera de veinte días (art. 548) y caducidad de cinco años (art. 518). Oposición: diez días desde la notificación del auto de despacho; en títulos judiciales los motivos son pago o cumplimiento, caducidad y pactos o transacciones en documento público (art. 556); en no judiciales, los siete del art. 557, incluidas las cláusulas abusivas. Oposición por defectos procesales (art. 559): capacidad o representación, nulidad radical del despacho e infracción del art. 520. La oposición no suspende, por regla general, la ejecución (art. 565). La prejudicialidad penal (art. 569) la suspende cuando afecta a la falsedad o nulidad del título. El Título Ejecutivo Europeo (Reglamento CE 805/2004) permite ejecutar créditos no impugnados en otro Estado miembro sin exequátur; Bruselas I bis (UE 1215/2012) también suprime el exequátur para resoluciones de los Estados miembros. Las resoluciones extranjeras fuera de la UE o sin convenio se reconocen con exequátur según la Ley 29/2015, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil. La ejecución provisional no exige caución al ejecutante (art. 526) y se solicita desde que se tiene por interpuesta la apelación o preparados los recursos extraordinarios. No son provisionalmente ejecutables las sentencias del art. 525: filiación, nulidad matrimonial, separación y divorcio, capacidad y estado civil, derechos honoríficos (salvo lo patrimonial), declaración de voluntad y nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial. En la oposición a la ejecución provisional, la imposibilidad o extrema dificultad de restablecer la situación solo es alegable en condenas no dinerarias; en las dinerarias siempre cabe restituir. Si se revoca la sentencia provisionalmente ejecutada, se restituye la situación anterior y se resarcen los daños, que se determinan en incidente; si se confirma, la ejecución pasa a definitiva. Postulación: abogado y procurador preceptivos en la ejecución salvo que la cantidad no exceda de 2.000 euros (art. 539). Las sentencias meramente declarativas y constitutivas no se ejecutan como las de condena (art. 521), salvo sus pronunciamientos de condena o actos de inscripción. El artículo 456 al que alude la normativa sobre competencias del Letrado es de la LOPJ, no de la LEC (en la LEC el art. 456 regula el ámbito de la apelación).
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE-A-2000-323), arts. 517 a 570 (disposiciones generales, despacho, oposición y suspensión), 524 a 537 (ejecución provisional) y 712 y ss. (liquidación de cantidad).
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE-A-1985-12666), arts. 456 y ss. (funciones de los Letrados de la Administración de Justicia).
Reglamento (CE) núm. 805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.
Reglamento (UE) núm. 1215/2012 (Bruselas I bis), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil.
Reglamento (UE) 2015/848, sobre procedimientos de insolvencia.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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