Ver esquema

Tema 22. Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: Oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

Los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades permiten que un órgano judicial se dirija a otros órganos judiciales, a autoridades o funcionarios no judiciales y a autoridades extranjeras para practicar o requerir actuaciones que no puede realizar por sí mismo. Este tema desarrolla los oficios y mandamientos, el auxilio judicial interno (exhortos), su equivalente en el proceso penal, y la cooperación jurídica internacional: comisiones rogatorias, instrumentos de la Unión Europea (obtención de pruebas, notificación, orden europea de detención y entrega, orden europea de investigación), extradición, autoridad central, apostilla y redes de cooperación.

← Ver el índice completo del temario

El deber de colaboración con la Justicia y el marco normativo del auxilio

El art. 118 CE obliga a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales y a prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto; el art. 17 LOPJ desarrolla este deber para todas las personas y entidades públicas y privadas. Los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades se encuadran en esta obligación. Se regulan en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (art. 149 sobre clases de actos de comunicación y arts. 169 y siguientes sobre auxilio judicial), en la LOPJ (arts. 273 y siguientes, cooperación y auxilio judicial), en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y, para la cooperación internacional, en los tratados, en el Derecho de la Unión Europea y en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Se distinguen cuatro instrumentos: oficio, mandamiento, exhorto y comisión rogatoria.

Oficios y mandamientos

Los oficios son las comunicaciones por las que los tribunales se dirigen a autoridades y funcionarios que no son parte en el proceso (por ejemplo, requerir información a una Administración, a un Registro o a un organismo público) para solicitar datos o documentos, o para que cumplan un deber de colaboración. Los mandamientos son órdenes escritas dirigidas a autoridades, funcionarios o profesionales para que practiquen una actuación concreta que corresponde a su ámbito de competencia (por ejemplo, el mandamiento a un Registrador de la Propiedad para la práctica de una anotación preventiva de embargo o la cancelación de una inscripción, el mandamiento a la Policía Judicial para una detención o la entrega de un bien). En ambos casos se firman por el Letrado de la Administración de Justicia, salvo que la ley disponga que los firme el Juez, y se cursan preferentemente por medios electrónicos entre administraciones y organismos que dispongan de sistemas de interconexión, conforme a la Ley 18/2011. El destinatario tiene el deber de cumplirlos; su incumplimiento injustificado puede dar lugar a responsabilidad (art. 118 CE y arts. 17 y 18 LOPJ).

Diferencias entre oficio, mandamiento, exhorto y comisión rogatoria

Oficio: comunicación a una autoridad o funcionario no judicial, para pedir información o colaboración. Mandamiento: orden de hacer algo dirigida a un registrador, notario, funcionario o agente. Exhorto: petición de un tribunal a otro tribunal español para que practique una actuación en su circunscripción (auxilio judicial interno). Comisión rogatoria (o carta rogatoria): petición de un tribunal español a una autoridad judicial extranjera para que practique una actuación en su territorio, o viceversa (auxilio judicial internacional). El criterio de distinción es el destinatario: autoridad no judicial (oficio/mandamiento), tribunal español (exhorto), autoridad extranjera (comisión rogatoria o instrumento europeo equivalente).

El auxilio judicial interno: los exhortos (arts. 169 y ss. LEC)

Los tribunales civiles se prestan auxilio entre sí y a los de cualquier otro orden. Cuando una actuación judicial (notificación, práctica de prueba, declaración de un testigo, reconocimiento judicial, embargo) deba realizarse fuera de la circunscripción del tribunal que la acuerda, este solicita al tribunal competente del lugar que la practique mediante exhorto. El exhorto se remite directamente al órgano exhortado, por medios electrónicos, con expresión de las actuaciones cuya práctica se interesa y de los datos necesarios para llevarlas a cabo, y puede señalar un plazo para su cumplimiento. El tribunal exhortado cumple el exhorto sin entrar a valorar la procedencia de la actuación, que es competencia del exhortante, y se limita a comprobar su competencia territorial para practicarla; si no es competente, lo remite al que lo sea o lo devuelve. Una vez practicadas las diligencias, se devuelven al exhortante, que las incorpora a los autos. Las actuaciones exhortadas se desarrollan con presencia de las partes cuando procede.

Contenido y tramitación electrónica del exhorto

El exhorto debe identificar al tribunal exhortante y al exhortado, el procedimiento en que se acuerda, la actuación concreta cuya práctica se interesa, los datos necesarios para practicarla (identificación y domicilio de las personas afectadas, objeto de la diligencia) y, en su caso, el plazo para su cumplimiento. Lo firma el Letrado de la Administración de Justicia del órgano exhortante. La tramitación se realiza preferentemente por los sistemas de gestión procesal y de interoperabilidad judicial, sin soporte en papel. El Punto Neutro Judicial, gestionado por el Consejo General del Poder Judicial, permite además el acceso de los órganos judiciales a bases de datos de organismos públicos (por ejemplo, registros y Administraciones) para obtener información sin necesidad de oficio en papel.

Auxilio entre órdenes jurisdiccionales y deberes de colaboración

El deber de auxilio no se limita a las relaciones entre órganos del mismo orden jurisdiccional. Se extiende a la remisión de testimonios, certificaciones e información entre órganos de distinto orden (por ejemplo, el testimonio de una sentencia penal con trascendencia civil). Los jueces y tribunales pueden requerir la colaboración de cualquier autoridad, funcionario o particular, y quienes la rehúsen sin causa legal pueden ser sancionados con multa conforme a la ley procesal (art. 118 CE; arts. 17 y 18 LOPJ y normas procesales). La Policía Judicial colabora con los jueces y tribunales y con el Ministerio Fiscal en las averiguaciones y ejecución de resoluciones (arts. 547 y ss. LOPJ).

Exhortos y mandamientos en el proceso penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula en términos paralelos el auxilio judicial en el proceso penal. El juez instructor puede dirigirse mediante exhorto a otro órgano judicial para que practique diligencias de instrucción (declaraciones, inspecciones, entradas y registros) fuera de su circunscripción, y mediante oficios y mandamientos a la Policía Judicial y a otras autoridades para la práctica de detenciones, entradas y registros o la remisión de información. En el procedimiento penal rige el principio de que todos los días y horas son hábiles para la instrucción, y la urgencia propia de muchas diligencias (servicio de guardia) justifica que estas comunicaciones se cursen por la vía más rápida, incluidas las comunicaciones electrónicas o telefónicas con posterior ratificación documental, sin perjuicio del control judicial de su regularidad.

Cooperación jurídica internacional civil: las comisiones rogatorias

Cuando la actuación deba practicarse fuera de España, el instrumento clásico es la comisión rogatoria: un tribunal español solicita de la autoridad judicial de otro Estado la práctica de un acto procesal (notificación, prueba, embargo). Se tramita conforme a los tratados y convenios internacionales aplicables y, en su defecto, conforme al principio de reciprocidad; se canaliza generalmente a través de la autoridad central de cada Estado, que en España es el Ministerio de Justicia. Los principales instrumentos son el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales, y el Convenio de La Haya de 18 de marzo de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, en las relaciones con Estados no pertenecientes a la Unión Europea; y, dentro de la Unión Europea, los Reglamentos (UE) 2020/1784 (notificación y traslado de documentos) y (UE) 2020/1783 (obtención de pruebas), aplicables desde el 1 de julio de 2022, que sustituyen a los Reglamentos (CE) 1393/2007 y 1206/2001.

La Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil

La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, establece el régimen común y residual aplicable cuando no existe tratado ni norma de la Unión Europea específicos. Regula la competencia de la autoridad central, los requisitos de las solicitudes de notificación y de obtención de pruebas, la información sobre Derecho extranjero y el reconocimiento y ejecución de resoluciones y documentos públicos extranjeros (exequatur). Cuando existe instrumento internacional o europeo, este prevalece. La autoridad central española en cooperación civil es el Ministerio de Justicia, sin perjuicio de la comunicación directa que permiten los instrumentos de la UE entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

Reglamentos de la UE de notificación y de obtención de pruebas

El Reglamento (UE) 2020/1783 regula la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, con transmisión directa de solicitudes entre los órganos judiciales mediante formularios normalizados y sistema informático descentralizado; admite la práctica directa de la prueba por el órgano requirente en otro Estado miembro y el uso de videoconferencia. El Reglamento (UE) 2020/1784 regula la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales entre Estados miembros, con comunicación directa entre entidades de origen y entidades receptoras, notificación directa por servicios postales y preferencia por medios electrónicos. Cada Estado designa una autoridad central que facilita información y resuelve las dificultades. Estos Reglamentos desplazan el sistema tradicional de comisión rogatoria por vía diplomática.

Cooperación judicial penal en la Unión Europea: reconocimiento mutuo

La cooperación judicial penal en la UE se basa en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. En España, la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, regula la orden europea de detención y entrega, el embargo y aseguramiento de pruebas y bienes, el decomiso, las sanciones pecuniarias, la orden europea de protección y otros instrumentos. La orden europea de investigación (OEI), basada en la Directiva 2014/41/UE, se incorporó a la Ley 23/2014 mediante la Ley 3/2018, de 11 de junio. La OEI permite a la autoridad judicial de un Estado miembro solicitar a la de otro la práctica de medidas de investigación concretas (registros, obtención de pruebas, intervenciones), sustituyendo en la UE a la comisión rogatoria en materia penal, con plazos máximos de 30 días para decidir sobre el reconocimiento y de 90 días para ejecutar la medida desde la decisión, y con motivos de denegación tasados.

La orden europea de detención y entrega (euroorden)

La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada por un Estado miembro para la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a fin de ejercer acciones penales o ejecutar una pena o medida de seguridad privativa de libertad. Sustituye a la extradición entre los Estados de la UE mediante un procedimiento judicial directo entre autoridades, sin intervención decisoria del poder ejecutivo. En España intervienen el Juez Central de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la ejecución pasiva. Según la Decisión Marco 2002/584/JAI, la decisión definitiva debe adoptarse en diez días desde el consentimiento del reclamado a la entrega o, en su defecto, en sesenta días desde la detención (prorrogables en treinta días). Se prevén motivos de denegación obligatorios y facultativos, tasados, y se ha eliminado el control de la doble incriminación para una lista de categorías de delitos.

La extradición pasiva: concepto, principios y procedimiento (Ley 4/1985)

La extradición es el procedimiento por el cual un Estado entrega a otro una persona que se encuentra en su territorio para ser juzgada o cumplir una condena. Se aplica en las relaciones con Estados no pertenecientes a la UE o sin instrumento más ágil. En España la regula la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, además de los tratados. Principios: doble incriminación (el hecho debe ser delito en ambos Estados), especialidad (el extraditado solo puede ser juzgado por el delito que motivó la extradición), no entrega de nacionales salvo lo previsto en tratados con reciprocidad, exclusión de los delitos políticos y de los delitos puramente militares, y garantías respecto de la pena de muerte y de los tratos inhumanos. El procedimiento tiene una fase gubernativa, en la que interviene el Gobierno, y una fase judicial ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal), que decide sobre la procedencia con carácter vinculante cuando declara improcedente la extradición; la decisión final corresponde al Consejo de Ministros.

Otros instrumentos de cooperación penal: Eurojust, Fiscalía Europea, Red Judicial Europea

La Red Judicial Europea, tanto en materia penal como en materia civil y mercantil, está integrada por puntos de contacto designados por cada Estado miembro que facilitan la cooperación judicial directa y proporcionan información práctica y jurídica. Eurojust, agencia de la UE regulada por el Reglamento (UE) 2018/1727, coordina las investigaciones y actuaciones penales transfronterizas. La Fiscalía Europea (Reglamento (UE) 2017/1939) investiga y ejerce la acción penal por delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión. Los equipos conjuntos de investigación se regulan en España por la Ley 11/2003, de 21 de mayo. En el ámbito iberoamericano, IberRed ofrece una red similar. Estas estructuras actúan como cauce ágil para resolver dificultades en la tramitación de exhortos, órdenes europeas y solicitudes de información.

Legalización y apostilla de documentos públicos extranjeros

Los documentos públicos extranjeros que hayan de surtir efecto ante autoridades españolas se acreditan, con carácter general, mediante legalización o apostilla. El Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 suprime la exigencia de legalización diplomática o consular y la sustituye por la apostilla, sello o anotación que certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que ha actuado el signatario y, en su caso, la identidad del sello o timbre. Quedan exentos los documentos a los que se aplique un instrumento de la Unión Europea o un convenio bilateral que dispense de legalización. Los documentos redactados en lengua extranjera deben acompañarse de traducción (véase el Tema 20).

Idioma y traducción en las comunicaciones internacionales

Las solicitudes de cooperación dirigidas a autoridades extranjeras deben acompañarse de traducción a la lengua oficial del Estado requerido o a la que este haya declarado aceptar en el instrumento aplicable. Los documentos y resultados de las diligencias practicadas en el extranjero remitidos a España deben acompañarse de traducción al castellano o a la lengua cooficial correspondiente para surtir efectos ante los tribunales españoles. Los Reglamentos de la UE prevén formularios normalizados disponibles en todas las lenguas oficiales, lo que reduce las exigencias de traducción.

El principio de reciprocidad y el exequatur

En defecto de tratado o norma de la Unión Europea, la cooperación internacional (cumplimiento de comisiones rogatorias, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras) se presta conforme al principio de reciprocidad: se presta cooperación en la medida en que el Estado extranjero la preste a las autoridades españolas. El reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras sin instrumento específico se sustancian por exequatur ante el Juzgado de Primera Instancia (hoy, Sección civil del Tribunal de Instancia) del domicilio de la parte contra la que se solicita, según la Ley 29/2015. Los Reglamentos de la UE (Bruselas I bis, art. 39 y ss.) han eliminado el exequatur en el espacio judicial europeo en materia civil y mercantil.

Intercambio electrónico entre órganos judiciales y con otras administraciones

La Ley 18/2011 y su desarrollo reglamentario han impulsado la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal, sedes electrónicas y plataformas de intercambio, a través del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. El resultado es el intercambio electrónico de exhortos, oficios y mandamientos entre órganos judiciales españoles y con organismos públicos, así como el acceso a registros y bases de datos a través del Punto Neutro Judicial. Los instrumentos europeos de 2020 (Reglamentos 2020/1783 y 2020/1784) y el Reglamento (UE) 2023/2844 sobre digitalización de la cooperación judicial promueven el uso de un sistema informático descentralizado para las comunicaciones transfronterizas.

Tramitación de la cooperación activa y pasiva

En la cooperación activa, el órgano judicial español que necesita una actuación en el extranjero redacta la solicitud con los datos del procedimiento, la actuación pedida y las personas afectadas, la acompaña de traducción cuando proceda y la remite a la autoridad competente: directamente a la autoridad homóloga extranjera cuando el instrumento de la Unión Europea lo permite, o a través de la autoridad central cuando se aplica un convenio o la Ley 29/2015. En la cooperación pasiva, la autoridad central española recibe la solicitud extranjera, comprueba que reúne los requisitos y la remite al órgano judicial competente por razón del lugar donde deba practicarse la actuación, que la cumple conforme a la ley procesal española, sin perjuicio de que pueda seguirse la forma especial pedida por el Estado requirente si no es contraria al ordenamiento español. Practicada la actuación, se devuelve el resultado por el mismo cauce. Las solicitudes deben ser claras y precisas y no pueden utilizarse para obtener pruebas de carácter exploratorio.

Información sobre el Derecho extranjero y prueba del Derecho extranjero

Cuando la norma de conflicto remite a un Derecho extranjero, los tribunales españoles pueden solicitar información sobre su contenido y vigencia a través de los instrumentos de cooperación: el Convenio Europeo acerca de la información sobre el Derecho extranjero (Londres, 7 de junio de 1968), la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil y los mecanismos de la Ley 29/2015, además de los medios de prueba que aporten las partes (art. 281.2 LEC). La autoridad central española facilita esta información cuando se le solicita.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Oficio: a autoridades o funcionarios no judiciales que no son parte. Mandamiento: orden de hacer (registrador, notario, funcionario, Policía Judicial). Exhorto: a otro tribunal español. Comisión rogatoria: a autoridad judicial extranjera.
  • Art. 118 CE: obligación de colaborar con jueces y tribunales; art. 17 LOPJ lo desarrolla.
  • El tribunal exhortado cumple el exhorto sin valorar su procedencia; solo comprueba su competencia territorial y, si no es competente, lo remite o devuelve.
  • Reglamento (UE) 2020/1783 (obtención de pruebas) y (UE) 2020/1784 (notificación): aplicables desde el 1 de julio de 2022; sustituyen a los Reglamentos 1206/2001 y 1393/2007.
  • Convenios de La Haya: 1961 (apostilla), 1965 (notificaciones) y 1970 (pruebas), aplicables con Estados no UE.
  • Ley 29/2015, de 30 de julio: cooperación jurídica internacional en materia civil; autoridad central: Ministerio de Justicia.
  • Apostilla del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961: sustituye la legalización diplomática o consular.
  • Ley 23/2014, de 20 de noviembre: reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE (euroorden, OEI, decomiso, embargo, orden europea de protección).
  • La OEI (Directiva 2014/41/UE) se incorporó por la Ley 3/2018, de 11 de junio: reconocimiento en 30 días y ejecución en 90 días desde la decisión.
  • Euroorden: 10 días desde el consentimiento; 60 días desde la detención si no hay consentimiento, prorrogables 30 días (Decisión Marco 2002/584/JAI); sin intervención del ejecutivo.
  • Extradición pasiva: Ley 4/1985; doble incriminación, especialidad, no entrega de nacionales; fase gubernativa y fase judicial en la Audiencia Nacional.
  • Eurojust (Reglamento UE 2018/1727), Fiscalía Europea (Reglamento UE 2017/1939) y Red Judicial Europea (penal y civil) facilitan la cooperación.
  • El Punto Neutro Judicial del CGPJ permite el acceso electrónico a bases de datos de organismos públicos.
  • Los exhortos se firman por el LAJ y se remiten por medios electrónicos; en el proceso penal, todas las horas son hábiles para la instrucción.
  • Cooperación activa: el órgano español emite la solicitud (con traducción si procede); cooperación pasiva: la autoridad central recibe la solicitud extranjera y la remite al órgano competente, que la cumple conforme a la ley española.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Cómo se denomina el instrumento por el que un tribunal español solicita la práctica de una actuación a otro tribunal español fuera de su circunscripción?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 22 de Gestión Procesal (Justicia)?

Los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades permiten que un órgano judicial se dirija a otros órganos judiciales, a autoridades o funcionarios no judiciales y a autoridades extranjeras para practicar o requerir actuaciones que no puede realizar por sí mismo. Este tema desarrolla los oficios y mandamientos, el auxilio judicial interno (exhortos), su equivalente en el proceso penal, y la cooperación jurídica internacional: comisiones rogatorias, instrumentos de la Unión Europea (obtención de pruebas, notificación, orden europea de detención y entrega, orden europea de investigación), extradición, autoridad central, apostilla y redes de cooperación.

¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?

Oficio: a autoridades o funcionarios no judiciales que no son parte. Mandamiento: orden de hacer (registrador, notario, funcionario, Policía Judicial). Exhorto: a otro tribunal español. Comisión rogatoria: a autoridad judicial extranjera. Art. 118 CE: obligación de colaborar con jueces y tribunales; art. 17 LOPJ lo desarrolla. El tribunal exhortado cumple el exhorto sin valorar su procedencia; solo comprueba su competencia territorial y, si no es competente, lo remite o devuelve. Reglamento (UE) 2020/1783 (obtención de pruebas) y (UE) 2020/1784 (notificación): aplicables desde el 1 de julio de 2022; sustituyen a los Reglamentos 1206/2001 y 1393/2007. Convenios de La Haya: 1961 (apostilla), 1965 (notificaciones) y 1970 (pruebas), aplicables con Estados no UE. Ley 29/2015, de 30 de julio: cooperación jurídica internacional en materia civil; autoridad central: Ministerio de Justicia. Apostilla del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961: sustituye la legalización diplomática o consular. Ley 23/2014, de 20 de noviembre: reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE (euroorden, OEI, decomiso, embargo, orden europea de protección). La OEI (Directiva 2014/41/UE) se incorporó por la Ley 3/2018, de 11 de junio: reconocimiento en 30 días y ejecución en 90 días desde la decisión. Euroorden: 10 días desde el consentimiento; 60 días desde la detención si no hay consentimiento, prorrogables 30 días (Decisión Marco 2002/584/JAI); sin intervención del ejecutivo. Extradición pasiva: Ley 4/1985; doble incriminación, especialidad, no entrega de nacionales; fase gubernativa y fase judicial en la Audiencia Nacional. Eurojust (Reglamento UE 2018/1727), Fiscalía Europea (Reglamento UE 2017/1939) y Red Judicial Europea (penal y civil) facilitan la cooperación. El Punto Neutro Judicial del CGPJ permite el acceso electrónico a bases de datos de organismos públicos. Los exhortos se firman por el LAJ y se remiten por medios electrónicos; en el proceso penal, todas las horas son hábiles para la instrucción. Cooperación activa: el órgano español emite la solicitud (con traducción si procede); cooperación pasiva: la autoridad central recibe la solicitud extranjera y la remite al órgano competente, que la cumple conforme a la ley española.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 118.
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 149 (clases de actos de comunicación) y arts. 169 y ss. (auxilio judicial).
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 17 y 18 (colaboración) y 273 y ss. (cooperación y auxilio judicial).
  • Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
  • Reglamento (UE) 2020/1783 (obtención de pruebas en materia civil o mercantil) y Reglamento (UE) 2020/1784 (notificación y traslado de documentos).
  • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (modificada por la Ley 3/2018, de 11 de junio) y Decisión Marco 2002/584/JAI.
  • Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva.
  • Convenios de La Haya de 5 de octubre de 1961 (apostilla), 15 de noviembre de 1965 (notificación) y 18 de marzo de 1970 (pruebas).
  • Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión Procesal (Justicia).

Empieza gratis ahora