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Tema 53. El procedimiento de Responsabilidad Penal del Menor. Principios reguladores. Las fases del procedimiento. Sentencia y régimen de recursos. Principios generales en la ejecución de las medidas.

Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.

El procedimiento de responsabilidad penal del menor se regula en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), reformada, entre otras, por las LO 7/2000, LO 9/2000, LO 9/2002, LO 15/2003 y LO 8/2006, y desarrollada por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio (Reglamento). Se aplica a los mayores de catorce y menores de dieciocho años que cometen hechos tipificados como delito, y tiene un carácter sancionador-educativo: se imponen medidas, no penas, atendiendo al superior interés del menor. Rasgos esenciales: la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (no al Juez), el equipo técnico informa sobre la situación del menor, rige el principio de oportunidad reglada (desistimiento y sobreseimiento por conciliación o reparación), la audiencia se celebra ante el Juez de Menores (Sección de Menores del Tribunal de Instancia), la sentencia está limitada por el principio acusatorio y la ejecución de las medidas corresponde a las entidades públicas de las comunidades autónomas bajo control del Juez de Menores. Se estudian los principios, las fases del procedimiento, la sentencia, los recursos y los principios generales de ejecución.

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Naturaleza y ámbito de aplicación de la LORPM

La LORPM se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales (art. 1). Los menores de catorce años no son responsables con arreglo a esta Ley; si cometen hechos tipificados como delito, el Ministerio Fiscal remite lo actuado a la entidad pública de protección de menores para que valore su situación y promueva, en su caso, las medidas de protección del Código Civil y la legislación de protección del menor (art. 3). Tampoco se aplica a los mayores de dieciocho años: la posibilidad de aplicar la ley a jóvenes de dieciocho a veintiún años (art. 4) fue suprimida por la LO 8/2006 antes de llegar a aplicarse. Se distinguen dos tramos de edad a efectos de medidas: catorce y quince años; dieciséis y diecisiete años. El carácter es sancionador-educativo: la finalidad de las medidas es la reinserción y el superior interés del menor, no el castigo retributivo. La edad se computa al tiempo de comisión de los hechos. Los delitos de terrorismo cometidos por menores son competencia del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.

Principios reguladores del procedimiento

El procedimiento se informa por los principios del proceso penal con las particularidades derivadas de la condición de menor: a) presunción de inocencia y derecho de defensa, con asistencia letrada desde el inicio y derecho a ser oído; b) principio acusatorio: el Juez de Menores no puede imponer una medida que suponga mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la solicitada por el Ministerio Fiscal o la acusación particular (art. 8); c) interés superior del menor, que preside la instrucción, la elección de la medida (art. 7.3) y su ejecución; d) oportunidad reglada, que permite al Fiscal desistir de la incoación (art. 18) o sobreseer por conciliación o reparación (art. 19) en los casos legalmente previstos; e) flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas, que pueden modificarse, sustituirse o suspenderse; f) intervención del equipo técnico y de la entidad pública; g) protección de la intimidad del menor y limitación de la publicidad. Rige supletoriamente la LECrim (disposición final primera LORPM). La LORPM reconoce a las víctimas el derecho a personarse y ser parte en el procedimiento, con exclusión de la acción popular.

El principio del interés superior del menor

El interés del menor es el criterio rector para elegir la medida, que debe adoptarse con flexibilidad atendiendo no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto en los informes del equipo técnico y de la entidad pública (art. 7.3). La ley se inspira en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y en las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad de Naciones Unidas. Consecuencia: el Juez puede imponer una medida distinta de la solicitada por el Fiscal, dentro de los límites del principio acusatorio, siempre que sea más favorable al menor (menor restricción de derechos y duración).

El principio acusatorio y la oportunidad reglada

El principio acusatorio se concreta en la separación entre la función instructora y acusadora (Ministerio Fiscal) y la función de decisión (Juez de Menores), y en el límite del art. 8: el Juez no puede imponer una medida más restrictiva o más larga que la pedida por las acusaciones. La oportunidad reglada permite al Fiscal evitar la continuación del expediente en casos de poca gravedad: desistimiento de la incoación (art. 18) cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación graves o delitos leves, y el menor no haya cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza, remitiendo en su caso lo actuado a la entidad pública de protección o a los padres para que adopten las medidas educativas; y sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación del daño o compromiso de reparación (art. 19) en los mismos supuestos. En ambos casos el Fiscal valora el informe del equipo técnico.

Competencia del Juzgado de Menores

Los Juzgados de Menores (hoy Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia) conocen de los hechos cometidos por mayores de catorce y menores de dieciocho años, dictan la sentencia y controlan la ejecución de las medidas (art. 2). La competencia territorial corresponde, en general, al Juez del lugar de comisión del hecho. Los Juzgados Centrales de Menores de la Audiencia Nacional conocen de los hechos de terrorismo y otros que la LORPM les atribuye. El Juez de Menores resuelve también sobre la responsabilidad civil derivada del hecho, que se tramita en pieza separada (arts. 61 y siguientes): responden solidariamente con el menor los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, aunque su responsabilidad puede moderarse si no favorecieron la conducta con dolo o negligencia grave. Para el control de la legalidad y de los derechos fundamentales durante la instrucción interviene el Juez de Menores (por ejemplo, para autorizar medidas limitativas de derechos o para adoptar medidas cautelares).

El Ministerio Fiscal en el procedimiento de menores

Corresponde al Ministerio Fiscal la incoación y la dirección de la instrucción del expediente de reforma (art. 6 y art. 16), a diferencia del proceso penal de adultos, en que la instrucción la dirige el Juez. El Fiscal de Menores incoa el expediente, ordena la práctica de diligencias, solicita las medidas cautelares, formula la acusación mediante el escrito de alegaciones y vela por los derechos del menor y de las víctimas. Cuando la instrucción puede afectar a derechos fundamentales (por ejemplo, intervenciones de comunicaciones o entradas y registros), debe solicitarse la autorización al Juez de Menores. El Fiscal dispone de la Policía Judicial y recibe las denuncias; si el hecho lo cometió un menor de catorce años, remite lo actuado a la entidad de protección. Es también quien decide sobre el desistimiento y la conciliación o reparación.

El equipo técnico

El equipo técnico, integrado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales adscritos al Juzgado de Menores o a la Fiscalía, tiene como función elaborar un informe sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor y su entorno social, así como sobre su interés (art. 27). Este informe es la base para proponer la medida que mejor se adapte a las circunstancias del menor. Interviene además en la conciliación y reparación extrajudicial, asiste al menor durante todo el procedimiento, participa en la audiencia y propone modificaciones de las medidas durante su ejecución. Es un elemento esencial del carácter educativo del procedimiento.

Incoación del expediente de reforma

El Ministerio Fiscal incoa el expediente de reforma cuando recibe una denuncia o atestado por hechos que pueden constituir delito cometido por un mayor de catorce y menor de dieciocho años (art. 16). La incoación se pone en conocimiento del Juez de Menores, que abre las diligencias correspondientes y, en su caso, una pieza separada de medidas cautelares y otra de responsabilidad civil. Se notifica la incoación al menor y a sus representantes legales, y se le informa de sus derechos, en particular del derecho a designar abogado y, en su defecto, a que se le nombre uno de oficio. La detención de menores (art. 17) debe realizarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la forma que menos perjudique al menor, con separación de los adultos, y dentro del plazo máximo de veinticuatro horas debe ser puesto a disposición del Fiscal o en libertad. El menor detenido tiene derecho a asistencia letrada y a que se informe a sus representantes legales.

La instrucción del expediente: derechos y diligencias

Durante la instrucción el Fiscal practica las diligencias necesarias para comprobar los hechos y la participación del menor, y recaba el informe del equipo técnico. El menor tiene derecho (art. 22) a ser informado de los hechos, a designar abogado, a ser oído, a proponer pruebas, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia, a la asistencia de su representante legal y a que el procedimiento respete su intimidad. La declaración del menor se presta con asistencia letrada y de su representante legal (padres, tutor) salvo excepciones. Las víctimas y perjudicados pueden personarse como parte con abogado y proponer prueba (art. 25), y se les informa de las resoluciones. Las diligencias que limiten derechos fundamentales requieren autorización del Juez de Menores. Las pruebas que no pueden repetirse en la audiencia pueden anticiparse ante el Juez.

Medidas cautelares en el procedimiento de menores

El Ministerio Fiscal puede solicitar al Juez de Menores, en pieza separada, la adopción de medidas cautelares cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima (art. 28). Las medidas son: internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; el Juez decide previa audiencia del menor, su letrado, el equipo técnico y la entidad pública. El internamiento cautelar solo procede en los supuestos que la ley prevé (hechos graves, o menos graves con violencia o intimidación, o riesgo de fuga). Su duración máxima es de tres meses, prorrogable por otros tres como máximo, mediante auto motivado a petición del Fiscal. El tiempo de medida cautelar se abona en el cumplimiento de la medida impuesta en la sentencia.

El desistimiento de la incoación y la conciliación o reparación extrajudicial

Desistimiento (art. 18): el Fiscal puede desistir de la incoación del expediente si los hechos constituyen delitos menos graves sin violencia o intimidación graves o delitos leves, y el menor no ha cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza; cuando se haya corregido adecuadamente en el ámbito educativo y familiar, se remite lo actuado a la entidad pública o a los representantes del menor. Conciliación y reparación (art. 19): el Fiscal, a la vista del informe del equipo técnico, puede sobreseer el expediente si el menor se ha conciliado con la víctima, ha reparado el daño causado o ha asumido el compromiso de reparación y lo cumple. La conciliación supone el reconocimiento del daño causado y la disculpa, que la víctima acepta; la reparación puede ser directa o a la comunidad. El equipo técnico media entre menor y víctima. Si no se cumple el compromiso, continúa la tramitación. Estas soluciones evitan los efectos estigmatizantes del proceso.

Conclusión de la instrucción y escrito de alegaciones del Fiscal

Concluida la instrucción, el Ministerio Fiscal resuelve la conclusión del expediente, que notifica a las partes personadas y remite al Juzgado de Menores, junto con las piezas de convicción y los efectos del delito. El Fiscal puede solicitar el sobreseimiento (por falta de delito, de autoría o por otras causas), la remisión a la entidad de protección o la apertura de la audiencia, para lo cual formula el escrito de alegaciones, en el que expresa los hechos, su calificación jurídica, el grado de participación del menor, las circunstancias, la edad y las del menor, la medida o medidas que solicita y su duración, y la responsabilidad civil. El escrito de alegaciones equivale al escrito de acusación del proceso de adultos y fija los límites del principio acusatorio. Se da traslado al letrado del menor y a las demás partes personadas para que formulen sus alegaciones y propongan prueba.

Trámite ante el Juez de Menores: alegaciones, decisión y preparación de la audiencia

Recibido el expediente, el Juez de Menores resuelve sobre el trámite oportuno: puede acordar el sobreseimiento si los hechos no son delito o no existe responsabilidad, o abrir la fase de audiencia. El letrado del menor formula su escrito de alegaciones, solicita las pruebas que considere necesarias y puede manifestar su conformidad con la medida solicitada. Las partes proponen la prueba y el Juez resuelve sobre su admisión; seguidamente señala fecha para la audiencia, citando al menor, a sus representantes legales, al Fiscal, al letrado, al equipo técnico, a la entidad pública, a las víctimas y a los testigos y peritos. En esta fase puede acordar nuevas medidas cautelares o modificar las existentes.

La audiencia

La audiencia es la fase equivalente al juicio oral, con características propias: se celebra con asistencia del Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el menor y su representante legal, el equipo técnico y, en su caso, la entidad pública y la acusación particular. El Juez puede acordar, en interés del menor o de la víctima, que las sesiones no sean públicas, y se prohíbe a los medios de comunicación obtener o difundir imágenes o datos que permitan identificar al menor. Se informa al menor, en un lenguaje comprensible, de los hechos y de la medida solicitada, se practica la prueba y se oye al equipo técnico, que expone su informe, y al menor, quien tiene derecho a la última palabra. La prueba se valora con las garantías generales de contradicción. El Juez puede apartarse de la calificación del Fiscal dentro de los límites del principio acusatorio y plantea la tesis a las partes cuando procede.

La conformidad del menor

El menor, asistido de su letrado y con conocimiento de su representante legal, puede mostrar su conformidad con los hechos, la calificación y la medida solicitada, bien en el escrito de alegaciones, bien al inicio de la audiencia. Si el Juez considera que la conformidad es libre y que la medida es adecuada, dicta sentencia de conformidad sin necesidad de practicar prueba, previa audiencia del equipo técnico. Si el letrado discrepa de la conformidad del menor, el Juez decide si continúa la audiencia. La conformidad se rige por los principios de voluntariedad, información suficiente y control judicial, y no impide que el Juez adopte la medida que considere más adecuada al interés del menor dentro del límite de la solicitada.

La sentencia en el procedimiento de menores

Terminada la audiencia, el Juez de Menores dicta sentencia en un plazo breve legalmente fijado, que resuelve sobre la existencia de los hechos, la participación del menor, la medida o medidas que se imponen y su duración, así como sobre la responsabilidad civil, que puede tramitarse en pieza separada. La sentencia puede ser absolutoria o imponer una medida (no pena), y para fijar la medida el Juez valora la prueba, la gravedad de los hechos, la edad y las circunstancias del menor, el informe del equipo técnico y el interés del menor (art. 7.3), sin sobrepasar la medida más grave solicitada (art. 8). En la sentencia se hace constar la posibilidad de recurso. También puede acordarse la suspensión de la ejecución del fallo, la sustitución de la medida o la conciliación. Las sentencias se comunican a la entidad pública para ejecutar la medida y se inscriben en el Registro de Sentencias firmes de responsabilidad penal de los menores.

El régimen de recursos

Contra las resoluciones del Juez de Menores caben los recursos que regula el Título VI de la LORPM (arts. 41 y 42): a) contra los autos y las sentencias del Juez de Menores, recurso de apelación ante la Sección de Menores de la Audiencia Provincial (o la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respecto de los Juzgados Centrales de Menores); contra los autos puede interponerse además reforma; b) contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y por la Audiencia Nacional, en los supuestos tasados de la ley, recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se aplica supletoriamente la LECrim, y los plazos de interposición son más breves que los del procedimiento abreviado. El recurso de apelación no suspende, con carácter general, la ejecución de las medidas, salvo que el Juez lo acuerde. Las resoluciones del Fiscal en la instrucción no son recurribles, pero se puede acudir al Juez para el control de derechos fundamentales.

Principios generales en la ejecución de las medidas

La ejecución de las medidas firmes se rige por el Título VII de la LORPM (arts. 43 y siguientes) y por el Reglamento (RD 1774/2004). Principios: a) la ejecución corresponde a las entidades públicas de protección y reforma de menores de las comunidades autónomas (art. 45), bajo el control del Juez de Menores que dictó la sentencia (art. 44); b) legalidad: no puede ejecutarse medida alguna sin sentencia firme, ni de forma distinta a la prevista; c) finalidad educativa y de reinserción, con respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad del menor, sin que su situación procesal pueda condicionar otros derechos; d) individualización mediante un programa individualizado de ejecución, elaborado por la entidad pública y aprobado por el Juez; e) flexibilidad: la medida puede ser modificada, suspendida o sustituida; f) derechos de los menores internados (recibir educación y formación, asistencia sanitaria, respeto a su intimidad, comunicación con familiares, régimen disciplinario con garantías); g) los centros de internamiento deben garantizar la separación por edad, sexo y situación procesal. El Ministerio Fiscal vigila la ejecución.

Clases de medidas aplicables a los menores

El art. 7 LORPM enumera las medidas que pueden imponerse: a) internamiento en régimen cerrado; b) internamiento en régimen semiabierto; c) internamiento en régimen abierto; d) internamiento terapéutico; e) tratamiento ambulatorio; f) asistencia a un centro de día; g) permanencia de fin de semana; h) libertad vigilada; i) convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; j) prestaciones en beneficio de la comunidad; k) realización de tareas socio-educativas; l) amonestación; m) privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas; n) inhabilitación absoluta. Reglas: el internamiento en régimen cerrado solo procede en los supuestos del art. 9.2 (delito grave; delito menos grave con violencia o intimidación o grave riesgo para la vida o integridad; hechos cometidos en grupo o al servicio de banda u organización). Con carácter general la duración de las medidas no puede exceder de dos años (art. 9), salvo las reglas especiales del art. 10 para hechos de especial gravedad, que permiten internamientos más largos, complementados con libertad vigilada, con límites distintos según la edad (catorce y quince años; dieciséis y diecisiete años).

El Juez de Menores en la ejecución: control, modificación, suspensión y sustitución

El Juez de Menores controla la ejecución, resuelve los recursos contra las decisiones de las entidades públicas que afecten a derechos del menor, aprueba el programa individualizado y las modificaciones del régimen. Puede, en cualquier momento, previa audiencia del Fiscal, del letrado del menor, del equipo técnico y de la entidad pública, dejar sin efecto la medida, reducir su duración o sustituirla por otra, cuando lo aconseje el interés del menor, por ejemplo por su evolución positiva; y puede suspender la ejecución del fallo en los supuestos previstos. La conciliación del menor con la víctima en fase de ejecución puede dar lugar a la sustitución. El incumplimiento o quebrantamiento de la medida permite al Juez sustituirla por otra más restrictiva. Cuando el menor cumple dieciocho años durante la ejecución, la medida puede continuar en los términos previstos en la ley, o cumplirse en centro penitenciario en los supuestos legales.

Comparación con el proceso penal de adultos

Menores: se aplican medidas (no penas) con finalidad educativa; instrucción por el Ministerio Fiscal (expediente de reforma); equipo técnico preceptivo; oportunidad reglada; audiencia en lugar de juicio oral; recursos: apelación ante la Audiencia Provincial y casación para unificación de doctrina; ejecución por entidades autonómicas bajo control del Juez de Menores. Adultos (procedimiento abreviado): se aplican penas; instrucción por el Juez de Instrucción; juicio oral; apelación y casación ordinarias; ejecución por el órgano sentenciador y la Administración Penitenciaria bajo control del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley aplicable: LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, reformada entre otras por la LO 8/2006; Reglamento: Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.
  • Ámbito: mayores de 14 y menores de 18 años; los menores de 14 quedan fuera de la LORPM y se remiten a la protección de menores. La aplicación a jóvenes de 18 a 21 años (art. 4) fue suprimida por la LO 8/2006.
  • Se imponen medidas (art. 7: de a) a n)), no penas, con finalidad sancionadora-educativa e interés superior del menor.
  • La instrucción (expediente de reforma) corresponde al Ministerio Fiscal; el Juez de Menores controla los derechos fundamentales, decide las medidas cautelares, celebra la audiencia y dicta sentencia.
  • Principio acusatorio (art. 8): el Juez no puede imponer una medida más restrictiva ni más larga que la solicitada por las acusaciones.
  • Oportunidad reglada: desistimiento de la incoación (art. 18) y sobreseimiento por conciliación o reparación (art. 19) en delitos menos graves sin violencia o intimidación graves o delitos leves.
  • Internamiento cautelar: duración máxima de tres meses, prorrogable por otros tres como máximo (art. 28).
  • El equipo técnico emite informe preceptivo sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor (art. 27).
  • El internamiento en régimen cerrado solo se impone en los supuestos del art. 9.2; con carácter general las medidas no exceden de dos años, salvo las reglas especiales del art. 10.
  • Recursos: apelación ante la Sección de Menores de la Audiencia Provincial; casación para unificación de doctrina ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en supuestos tasados.
  • La ejecución corresponde a las entidades públicas de las comunidades autónomas bajo el control del Juez de Menores, que puede modificar, suspender o sustituir las medidas.
  • Responsabilidad civil: pieza separada; responden solidariamente padres, tutores, acogedores o guardadores, con posible moderación si no hubo dolo o negligencia grave.
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A los menores infractores la sentencia les impone:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 53 de Gestión Procesal (Justicia)?

El procedimiento de responsabilidad penal del menor se regula en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), reformada, entre otras, por las LO 7/2000, LO 9/2000, LO 9/2002, LO 15/2003 y LO 8/2006, y desarrollada por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio (Reglamento). Se aplica a los mayores de catorce y menores de dieciocho años que cometen hechos tipificados como delito, y tiene un carácter sancionador-educativo: se imponen medidas, no penas, atendiendo al superior interés del menor. Rasgos esenciales: la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (no al Juez), el equipo técnico informa sobre la situación del menor, rige el principio de oportunidad reglada (desistimiento y sobreseimiento por conciliación o reparación), la audiencia se celebra ante el Juez de Menores (Sección de Menores del Tribunal de Instancia), la sentencia está limitada por el principio acusatorio y la ejecución de las medidas corresponde a las entidades públicas de las comunidades autónomas bajo control del Juez de Menores. Se estudian los principios, las fases del procedimiento, la sentencia, los recursos y los principios generales de ejecución.

¿Qué hay que memorizar del Tema 53 para el examen?

Ley aplicable: LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, reformada entre otras por la LO 8/2006; Reglamento: Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. Ámbito: mayores de 14 y menores de 18 años; los menores de 14 quedan fuera de la LORPM y se remiten a la protección de menores. La aplicación a jóvenes de 18 a 21 años (art. 4) fue suprimida por la LO 8/2006. Se imponen medidas (art. 7: de a) a n)), no penas, con finalidad sancionadora-educativa e interés superior del menor. La instrucción (expediente de reforma) corresponde al Ministerio Fiscal; el Juez de Menores controla los derechos fundamentales, decide las medidas cautelares, celebra la audiencia y dicta sentencia. Principio acusatorio (art. 8): el Juez no puede imponer una medida más restrictiva ni más larga que la solicitada por las acusaciones. Oportunidad reglada: desistimiento de la incoación (art. 18) y sobreseimiento por conciliación o reparación (art. 19) en delitos menos graves sin violencia o intimidación graves o delitos leves. Internamiento cautelar: duración máxima de tres meses, prorrogable por otros tres como máximo (art. 28). El equipo técnico emite informe preceptivo sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor (art. 27). El internamiento en régimen cerrado solo se impone en los supuestos del art. 9.2; con carácter general las medidas no exceden de dos años, salvo las reglas especiales del art. 10. Recursos: apelación ante la Sección de Menores de la Audiencia Provincial; casación para unificación de doctrina ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en supuestos tasados. La ejecución corresponde a las entidades públicas de las comunidades autónomas bajo el control del Juez de Menores, que puede modificar, suspender o sustituir las medidas. Responsabilidad civil: pieza separada; responden solidariamente padres, tutores, acogedores o guardadores, con posible moderación si no hubo dolo o negligencia grave.

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (texto consolidado).
  • Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la LO 5/2000.
  • Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000.
  • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (aplicación supletoria).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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