Tema 54. Tramitación del juicio sobre delitos leves. Convocatoria de la vista de juicio sobre delitos leves. Sistema de recursos a las sentencias dictadas en juicios sobre delitos leves. La ejecución de la sentencia de delitos leves: Aspectos penales y civiles.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
El juicio por delitos leves se regula en el Libro VI, Título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 962 a 977, «Del juicio sobre delitos leves»), tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que suprimió las faltas del Libro III del Código Penal y creó la categoría de delito leve (penas leves del art. 33.4 CP), y por la Ley 41/2015, que adaptó la LECrim. Es un procedimiento simplificado en el que el mismo órgano, normalmente el Juzgado de Instrucción (hoy Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia), instruye, enjuicia y ejecuta. Se caracteriza por la inmediatez (juicio inmediato ante el Juzgado de guardia cuando la Policía Judicial cita a las partes), la sencillez de la citación y de la prueba, la no exigencia de abogado ni procurador, la ausencia del Fiscal en muchos casos, la sentencia en plazo muy breve y un recurso de apelación de plazo reducido. Se estudia la tramitación, la convocatoria de la vista, el sistema de recursos y la ejecución de la sentencia en sus aspectos penales y civiles.
Son delitos leves las infracciones castigadas con pena leve (art. 13.3 del Código Penal). Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse leve y menos grave, el delito se considera, en todo caso, leve (art. 13.4 CP). Las penas leves del art. 33.4 CP son, entre otras: privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año; privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año; privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos de tres meses a un año; prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares y de comunicarse con ellos de un mes a menos de seis meses; multa de hasta tres meses; localización permanente de hasta tres meses; trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. La LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de 2015, derogó el Libro III del Código Penal (faltas): algunas conductas se despenalizaron y se reconducen a la vía administrativa o civil, y otras pasaron a ser delitos leves. Los delitos leves prescriben al año (art. 131.1 CP).
Delitos leves perseguibles solo a instancia de parte
Algunos delitos leves solo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal: por ejemplo, determinadas amenazas leves, coacciones leves, vejaciones injustas de carácter leve (en los términos de los arts. 171, 172 y 172 ter CP) y las injurias y calumnias leves en el régimen de los arts. 205 y siguientes. En estos casos, la falta de denuncia impide la persecución y, una vez iniciado el proceso, la incomparecencia injustificada del denunciante tiene efectos importantes (archivo por falta de acusación). La regla contraria rige para los delitos leves perseguibles de oficio (por ejemplo, el hurto leve), en que el proceso puede continuar aunque el ofendido no comparezca. Debe consultarse el CP para cada delito leve concreto.
Órgano competente
Corresponde a los Jueces de Instrucción el conocimiento y fallo de los delitos leves, salvo los que se atribuyan a otros órganos (art. 14.1 LECrim). En los Tribunales de Instancia creados por la LO 1/2025, la competencia corresponde a la Sección de Instrucción. Las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocen y fallan los delitos leves que les atribuye el art. 87 ter LOPJ cuando la víctima es alguna de las personas allí señaladas. La competencia territorial es la del lugar de comisión del hecho. Concentra en un mismo órgano funciones que en el procedimiento abreviado se reparten: investigación (que es mínima), enjuiciamiento y fallo, y ejecución. Los Juzgados de Guardia asumen los juicios inmediatos.
Incoación: denuncia, atestado y juicio inmediato de delitos leves
El juicio por delito leve se inicia por denuncia, atestado o de oficio. Rige la regla del juicio inmediato (arts. 962 y 963 LECrim): cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de delito leve y el delito sea flagrante o su sencillez lo permita, y siempre que se trate de delito leve que pueda ser objeto de este juicio, citará a la persona denunciada, al denunciante, a los ofendidos y a los testigos para comparecer ante el Juzgado de guardia en el día y hora que se les indique, y remitirá el atestado. Si el Juez de guardia estima que concurren los requisitos, celebra el juicio de inmediato o en el plazo más breve posible. Si no se puede celebrar de forma inmediata, o el hecho no es susceptible de este trámite, el procedimiento sigue el cauce general del art. 964 y siguientes: el Juez examina la denuncia, puede archivar cuando el hecho no sea constitutivo de delito o no haya autor conocido (sin más diligencias, art. 964), o, si procede, señala la vista y cita a las partes. En ningún caso se practica una instrucción propiamente dicha: el principio es el de máxima sencillez.
Citación de las partes y convocatoria de la vista
El Letrado de la Administración de Justicia cita a la vista al denunciante o a los ofendidos y perjudicados, al denunciado y, en su caso, a los testigos y peritos, y al Ministerio Fiscal cuando proceda. La citación debe indicar los hechos que se atribuyen, el lugar, el día y la hora de la vista, que los citados deben comparecer con las pruebas de que intenten valerse (testigos, documentos, otros medios), y que pueden ir asistidos de abogado, aunque no es obligatorio. A la persona denunciada se le entrega copia de la denuncia y se le apercibe de que, si no comparece ni alega justa causa, el juicio podrá celebrarse en su ausencia. Las partes pueden solicitar la citación de testigos y peritos con la antelación que señale la ley. En los juicios inmediatos ante el Juzgado de guardia la citación se hace por la propia Policía Judicial. La comparecencia injustificada del denunciante en los delitos que solo se persiguen a instancia de parte se interpreta como falta de interés en la acusación (ver archivo por falta de acusación).
Postulación y legitimación para acusar
En el juicio por delito leve no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador (las partes pueden comparecer por sí mismas), aunque pueden hacerse asistir de letrado. La acusación la ejercen el ofendido o perjudicado, y el Ministerio Fiscal cuando interviene. El ofendido, aunque no se haya personado previamente, puede ejercer la acción penal y la civil en el propio acto de la vista. Los menores y las personas con discapacidad actúan por medio de sus representantes legales o del Fiscal. El principio acusatorio exige acusación: sin ella, el Juez no puede condenar de oficio.
Intervención del Ministerio Fiscal
La asistencia del Ministerio Fiscal al juicio por delito leve no es preceptiva con carácter general (art. 969 LECrim): el Fiscal no asiste a los juicios por delitos leves perseguibles solo a instancia de parte, y asiste cuando se trate de delitos leves de persecución pública en los que lo estime necesario o conforme a los criterios de las instrucciones de la Fiscalía General del Estado (por ejemplo, para proteger a menores o personas con discapacidad, o intereses generales). Si el Fiscal no comparece, la acusación puede sostenerla el ofendido. Cuando asiste, formula acusación y puede solicitar la condena o la absolución, en uso del principio de legalidad y objetividad. Su inasistencia no impide la celebración del juicio ni genera nulidad.
Desarrollo de la vista
La vista se celebra en un solo acto, normalmente breve, ante el Juez de Instrucción, con el Letrado de la Administración de Justicia. Comprobada la presencia de las partes, se informa al denunciado de los hechos que se le imputan y de sus derechos (guardar silencio, no declarar contra sí mismo), se oye al denunciante o acusación, que expone su pretensión, se oye al denunciado, que se defiende, se practican las pruebas propuestas y admitidas (principalmente testifical, documental y, excepcionalmente, pericial), se formulan las conclusiones y el denunciado tiene derecho a la última palabra. La prueba se practica con inmediación, contradicción y oralidad. La vista puede celebrarse sin la presencia del denunciado debidamente citado, salvo que el Juez la considere necesaria. Se documenta mediante acta o por medios audiovisuales de grabación.
La prueba en el juicio por delito leve
Se aplican los principios generales de la prueba penal: la condena exige prueba de cargo practicada en el acto de la vista con las debidas garantías, que destruya la presunción de inocencia. Los medios son los ordinarios: declaración de las partes, testigos, documentos (partes de lesiones, presupuestos, facturas), informes periciales y reconocimientos. Las partes deben aportar sus pruebas o proponerlas con antelación suficiente. Las pruebas ilícitas no pueden valorarse. Por la sencillez del procedimiento, el Juez puede acordar de oficio la práctica de pruebas necesarias para la correcta resolución del asunto. Las declaraciones de los testigos y peritos se prestan oralmente y se documentan.
La sentencia
La sentencia se dicta en el acto de la vista o, a más tardar, dentro de los tres días siguientes a su celebración. Cuando las partes están presentes y manifiestan su voluntad de no recurrir, puede dictarse oralmente y documentarse después por escrito. Su contenido es el de toda sentencia penal, con la brevedad que corresponde: antecedentes, hechos probados, fundamentos jurídicos y fallo, con pronunciamiento sobre la pena, la responsabilidad civil y las costas. Respeta el principio acusatorio: no puede condenar sin acusación ni imponer pena más grave que la solicitada. La sentencia se notifica a las partes y a los perjudicados, indicando los recursos que caben. Si la sentencia es absolutoria, el Juez puede pronunciarse sobre la responsabilidad civil cuando haya sido ejercitada y proceda.
Sistema de recursos
Contra la sentencia dictada en el juicio por delito leve cabe recurso de apelación, que se interpone en el plazo de cinco días desde la notificación ante el mismo Juez que dictó la sentencia (art. 976 LECrim); se da traslado a las demás partes para que puedan impugnarlo o adherirse, y se remiten las actuaciones a la Audiencia Provincial, que lo resuelve (normalmente sin celebración de vista). No cabe casación contra la sentencia de apelación por delito leve. Los autos dictados en el procedimiento por delito leve son recurribles en reforma y apelación, según las reglas generales del procedimiento abreviado. Para la sentencia oral con renuncia a recurrir, la firmeza se declara en el acto.
Ejecución de la sentencia: aspectos penales
Firme la sentencia, la ejecución corresponde al propio órgano que la dictó (con las reglas generales de ejecución de los arts. 983 y siguientes LECrim), que acuerda el cumplimiento de la pena. Penas habituales: la multa, que se ejecuta mediante requerimiento de pago y, si no se paga, mediante responsabilidad personal subsidiaria (art. 53 CP; un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que en los delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente) tras la tramitación del correspondiente expediente de ejecución; la localización permanente, que se cumple en el domicilio u otro lugar determinado por el Juez (art. 37 CP); los trabajos en beneficio de la comunidad (art. 49 CP), que requieren el consentimiento del penado y su gestión por el servicio correspondiente; y las privaciones de derechos (conducir, armas), que se comunican a los registros y autoridades competentes. Se comunica la condena al Registro Central de Penados cuando proceda.
Ejecución de la sentencia: aspectos civiles
La sentencia por delito leve se pronuncia sobre la responsabilidad civil derivada del delito (arts. 109 y siguientes CP), salvo que el perjudicado haya renunciado o la haya reservado para el proceso civil (art. 112 LECrim). Su ejecución se realiza ante el mismo órgano conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 984 LECrim): requerimiento de pago, embargo de bienes y demás medidas de ejecución dineraria. Responden civilmente el autor y, en su caso, los responsables civiles directos (aseguradoras) y subsidiarios (arts. 116 y siguientes CP). Las costas se imponen según las reglas generales. Cuando el perjudicado no ha sido parte, puede ejercitar la acción civil en la vía civil si no la renunció.
Citación de perjudicados no personados
Los perjudicados conocidos que no se hubieran personado deben ser citados a la vista para que puedan ejercer, si lo desean, la acción penal y civil. Su incomparecencia, una vez citados, no impide celebrar el juicio. Si no ejercitan la acción civil ni se reservan expresamente, se entiende que renuncian a ella en los términos legales. Esta citación garantiza la tutela judicial del perjudicado y evita pronunciamientos que lo dejen sin cauce de reparación. La información a las víctimas se rige por el Estatuto de la víctima (Ley 4/2015).
Acumulación y conexión de delitos leves
Los delitos leves conexos pueden enjuiciarse en un mismo juicio cuando la conexión lo aconseje (por ejemplo, hechos derivados del mismo suceso y entre las mismas partes), conforme a las reglas generales de conexión del art. 17 LECrim. La acumulación evita sentencias contradictorias y simplifica la actividad del Juzgado. Cuando un delito leve es conexo a un delito de mayor gravedad, se enjuicia junto con este por el órgano competente para el delito más grave. La decisión sobre la acumulación corresponde al Juez.
Archivo por falta de acusación
En los delitos leves perseguibles solo a instancia de parte, si el denunciante, debidamente citado, no comparece sin causa justificada, el Ministerio Fiscal no sostiene la acusación y no hay otra parte acusadora, procede el archivo por falta de acusación, y el Juez no puede acusar de oficio. Además, si el ofendido perdona o desiste en los delitos en que el perdón es eficaz, se sobresee. En los delitos leves perseguibles de oficio, la incomparecencia del denunciante no impide el juicio. El principio acusatorio se aplica con todo rigor también en este procedimiento simplificado.
Esquema comparativo con el procedimiento abreviado
Delitos leves: pena leve (art. 33.4 CP); un solo órgano (Juzgado de Instrucción o Sección de Instrucción) que instruye, enjuicia y ejecuta; no hay fase intermedia; citación directa a la vista; no hace falta abogado ni procurador; Fiscal no preceptivo; sentencia en el acto o en tres días; apelación en cinco días ante la Audiencia Provincial; sin casación. Procedimiento abreviado: penas menos graves; instrucción por el Juez de Instrucción y enjuiciamiento por Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial; fase intermedia con auto de continuación; abogado y procurador preceptivos; apelación en diez días.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Regulación: Libro VI, Título III LECrim (arts. 962 a 977); los delitos leves sustituyeron a las faltas tras la LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de 2015.
Delito leve: el castigado con pena leve (arts. 13.3 y 33.4 CP); si la pena puede ser leve y menos grave, se considera leve (art. 13.4 CP).
Los delitos leves prescriben al año (art. 131.1 CP).
Competencia: el Juzgado de Instrucción (Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) instruye, enjuicia y ejecuta (art. 14.1 LECrim); las Secciones de Violencia sobre la Mujer, los delitos leves de su competencia.
Juicio inmediato: la Policía Judicial cita a las partes ante el Juzgado de guardia (arts. 962 y 963 LECrim).
No es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador; las partes pueden comparecer por sí mismas, y el Fiscal no asiste a los delitos leves perseguibles solo a instancia de parte (art. 969 LECrim).
Los delitos leves perseguibles solo a instancia de parte exigen denuncia del agraviado; sin acusación, procede el archivo.
La sentencia se dicta en el acto o dentro de los tres días siguientes a la vista; puede ser oral.
Apelación en cinco días ante el mismo Juez; la resuelve la Audiencia Provincial; no cabe casación.
La ejecución penal y civil corresponde al mismo órgano que dictó la sentencia; la responsabilidad civil se ejecuta conforme a la LEC (art. 984 LECrim).
Penas leves: privación de conducir o de armas de 3 meses a 1 año; prohibición de aproximación y comunicación de 1 mes a menos de 6 meses; multa hasta 3 meses; localización permanente hasta 3 meses; trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días.
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La sentencia en el juicio por delitos leves se dicta:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 54 de Gestión Procesal (Justicia)?
El juicio por delitos leves se regula en el Libro VI, Título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 962 a 977, «Del juicio sobre delitos leves»), tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que suprimió las faltas del Libro III del Código Penal y creó la categoría de delito leve (penas leves del art. 33.4 CP), y por la Ley 41/2015, que adaptó la LECrim. Es un procedimiento simplificado en el que el mismo órgano, normalmente el Juzgado de Instrucción (hoy Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia), instruye, enjuicia y ejecuta. Se caracteriza por la inmediatez (juicio inmediato ante el Juzgado de guardia cuando la Policía Judicial cita a las partes), la sencillez de la citación y de la prueba, la no exigencia de abogado ni procurador, la ausencia del Fiscal en muchos casos, la sentencia en plazo muy breve y un recurso de apelación de plazo reducido. Se estudia la tramitación, la convocatoria de la vista, el sistema de recursos y la ejecución de la sentencia en sus aspectos penales y civiles.
¿Qué hay que memorizar del Tema 54 para el examen?
Regulación: Libro VI, Título III LECrim (arts. 962 a 977); los delitos leves sustituyeron a las faltas tras la LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de 2015. Delito leve: el castigado con pena leve (arts. 13.3 y 33.4 CP); si la pena puede ser leve y menos grave, se considera leve (art. 13.4 CP). Los delitos leves prescriben al año (art. 131.1 CP). Competencia: el Juzgado de Instrucción (Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) instruye, enjuicia y ejecuta (art. 14.1 LECrim); las Secciones de Violencia sobre la Mujer, los delitos leves de su competencia. Juicio inmediato: la Policía Judicial cita a las partes ante el Juzgado de guardia (arts. 962 y 963 LECrim). No es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador; las partes pueden comparecer por sí mismas, y el Fiscal no asiste a los delitos leves perseguibles solo a instancia de parte (art. 969 LECrim). Los delitos leves perseguibles solo a instancia de parte exigen denuncia del agraviado; sin acusación, procede el archivo. La sentencia se dicta en el acto o dentro de los tres días siguientes a la vista; puede ser oral. Apelación en cinco días ante el mismo Juez; la resuelve la Audiencia Provincial; no cabe casación. La ejecución penal y civil corresponde al mismo órgano que dictó la sentencia; la responsabilidad civil se ejecuta conforme a la LEC (art. 984 LECrim). Penas leves: privación de conducir o de armas de 3 meses a 1 año; prohibición de aproximación y comunicación de 1 mes a menos de 6 meses; multa hasta 3 meses; localización permanente hasta 3 meses; trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147 (Convocatoria 2025/2026 (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal: art. 14.1, arts. 962 a 977 (juicio sobre delitos leves), art. 984.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 13, 33.4, 37, 49, 53 y 131).
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995 (supresión de las faltas y creación del delito leve).
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 87 ter).
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
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