Tema 25. Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: Diligencias preparatorias, diligencias preliminares. Averiguación de hechos, aseguramiento y práctica anticipada de la prueba. Medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.
Convocatoria 2025/2026 (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 314, de 30 de diciembre de 2025, páginas 179113 a 179147.
Antes de iniciar un proceso declarativo, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite a quien va a demandar obtener datos o información imprescindibles para plantear bien su pretensión (diligencias preliminares, art. 256 y siguientes LEC; en la terminología de la LEC de 1881, diligencias preparatorias o preparación del juicio) y asegurar o adelantar la práctica de determinadas pruebas cuando exista riesgo de que se pierdan (anticipación y aseguramiento de la prueba, arts. 293 y siguientes). Desde la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la vía civil exige además, con carácter general y con excepciones, haber intentado antes un medio adecuado de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional: negociación, conciliación, mediación, opinión neutral de experto, oferta vinculante confidencial u otros análogos. El tema desarrolla estas figuras y las diferencias entre ellas.
Diligencias preliminares: concepto, finalidad y requisitos (arts. 256 a 263 LEC)
Las diligencias preliminares son actuaciones previas al proceso, pedidas a un órgano jurisdiccional civil, cuya finalidad es que el futuro demandante obtenga datos, documentos o información que no tiene y que necesita para formular correctamente su demanda (identificar al demandado, conocer su capacidad o representación, examinar la cosa o el documento que fundará su pretensión). La LEC de 1881 las llamaba diligencias preparatorias o preparación del juicio; la LEC 1/2000 las regula bajo la rúbrica De las diligencias preliminares (arts. 256 a 263). No son un medio de prueba ni un proceso contradictorio sobre el fondo: son un instrumento de carácter preparatorio. El art. 256.1 LEC dispone que todo juicio podrá prepararse y enumera una lista cerrada (numerus clausus) de supuestos: no cabe pedir una diligencia preliminar que no esté prevista. Entre ellos figuran: 1.º la declaración, bajo juramento o promesa de decir verdad, sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación del futuro demandado; 2.º la exhibición de la cosa que tuviera en su poder y a la que se refiera el juicio; 3.º la exhibición del acto de última voluntad del causante, por quien lo tenga en su poder, a quien pueda ser heredero o legatario, albacea o contador-partidor; 4.º la exhibición de documentos y cuentas de la sociedad o comunidad por el socio o comunero; 5.º la exhibición del contrato de seguro por quien se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil; 6.º la petición de la historia clínica por el paciente; 7.º la concreción de los integrantes de un grupo de afectados cuando no estén determinados; y otras diligencias específicas para preparar procesos por infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual y, en materia de defensa de la competencia, de acceso a fuentes de prueba. Por exigencia del art. 258.1, el tribunal solo accede a la solicitud cuando el solicitante alegue justa causa e interés legítimo y la diligencia resulte adecuada al fin perseguido.
Procedimiento de las diligencias preliminares: solicitud, competencia y decisión
Se solicitan por escrito, expresando la diligencia que se pide, el pleito que se pretende preparar y la justa causa e interés legítimo que la fundan. En cuanto a la competencia, el art. 257 LEC atiende al lugar donde se encuentra quien debe declarar, exhibir o intervenir en la diligencia (su domicilio o, en su defecto, el lugar donde deba practicarse), y no necesariamente al órgano que luego conocerá del proceso principal; en materias reservadas a órganos especializados (por ejemplo, propiedad industrial e intelectual o competencia) rigen las reglas específicas de competencia objetiva. Con la reforma de la organización judicial operada por la LO 1/2025, la competencia civil de primera instancia se atribuye a las Secciones civiles de los Tribunales de Instancia, a medida que estos se implantan en cada partido judicial. El tribunal resuelve mediante auto; si accede, cita al requerido para que cumpla la diligencia y puede exigir al solicitante caución para responder de los gastos y de los daños y perjuicios que se puedan causar al requerido. Si la diligencia consiste en la exhibición de documentos o de la cosa y el requerido se resiste, se tramita la oposición conforme a los arts. 259 y 260 (véase el punto específico). Una vez practicadas, el solicitante debe presentar la demanda en el plazo que la LEC establece; si no lo hace, se le puede condenar a las costas y a indemnizar los daños y perjuicios causados al requerido (contrastar el plazo exacto con el texto consolidado de la LEC).
Averiguación de hechos, aseguramiento y práctica anticipada de la prueba (arts. 293 a 298 LEC)
La LEC distingue tres instrumentos que se confunden con frecuencia. a) Las diligencias preliminares (arts. 256 y siguientes) buscan información para poder demandar. b) La anticipación de la prueba (arts. 293 a 296) consiste en practicar antes de su momento ordinario un acto de prueba concreto: según el art. 293.1, antes de iniciar cualquier proceso, quien pretenda incoarlo, o cualquiera de los litigantes durante el curso del mismo, puede solicitar la práctica anticipada de algún acto de prueba cuando exista temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas, dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto (testigo anciano o gravemente enfermo que va a ausentarse definitivamente, reconocimiento judicial de un lugar que va a ser modificado, pericial sobre un bien que se deteriora). c) El aseguramiento de la prueba (arts. 297 y 298) consiste en adoptar medidas que eviten la destrucción, desaparición o alteración de las fuentes de prueba (conservar mercancía, precintar maquinaria, hacer copia de datos informáticos), sin practicar todavía el medio de prueba. El conjunto responde a la finalidad de asegurar el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 de la Constitución).
Medios adecuados de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional: marco normativo
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE de 3 de enero de 2025), regula con carácter general los medios adecuados de solución de controversias y, con la modificación consiguiente de la LEC, los hace requisito de procedibilidad para acudir a la vía jurisdiccional civil y mercantil en los asuntos que no estén exceptuados (art. 5 de la LO 1/2025). Su entrada en vigor se produjo a los tres meses de su publicación (3 de abril de 2025) y no se aplica a los procedimientos ya iniciados antes de esa fecha. La ley entiende por MASC cualquier tipo de actividad negociadora, estructurada o no, reconocida en la ley o resultante de la autonomía de las partes, a la que estas acuden voluntariamente de buena fe para encontrar una solución extrajudicial a su controversia, ya sea por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral. Otras normas relevantes son la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el Real Decreto 980/2013 que la desarrolla (formación, registro de mediadores y seguro) y la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que regula la conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia y ante notarios y registradores.
Modalidades de MASC
Según la LO 1/2025, son MASC, sin carácter exhaustivo: la negociación directa entre las partes (con o sin asistencia de sus abogados); la conciliación (privada o ante los operadores públicos: Letrado de la Administración de Justicia, notario, registrador o, en su caso, Juez de Paz); la mediación, regulada en la Ley 5/2012, en la que un mediador imparcial facilita la comunicación y el acuerdo sin decidir la controversia; la opinión neutral de un experto independiente, que emite una valoración no vinculante sobre el conflicto, ofrecida para orientar a las partes; la oferta vinculante confidencial, en la que una parte formula a la otra una propuesta que, si se acepta, la obliga, y cuya confidencialidad impide utilizarla después en juicio; el derecho colaborativo, en el que las partes y sus abogados se comprometen a negociar sin acudir a juicio; y cualquier otra actividad negociadora análoga. Pueden desarrollarse también por medios electrónicos, cuando sea posible. Debe distinguirse el MASC del arbitraje (Ley 60/2003), que es un equivalente jurisdiccional: el árbitro decide mediante laudo vinculante, mientras que en el MASC las partes conservan el control del resultado.
El requisito de procedibilidad: acreditar el intento de MASC
Para que se admita la demanda en los procesos civiles y mercantiles en que el requisito es exigible, el actor debe acreditar documentalmente que ha intentado una actividad negociadora previa con la otra parte. La ley exige que la actividad se dirija a la parte contraria en un tiempo razonable (existen plazos máximos para considerar agotado el intento), con una propuesta concreta, y que quede constancia de la identidad de las partes, el objeto de la controversia y la fecha de la propuesta; se considera cumplido el requisito cuando la otra parte rechaza la propuesta, no responde en el plazo previsto o la negociación termina sin acuerdo, o cuando las partes asisten a una sesión de mediación o conciliación. La LO 1/2025 modifica en la LEC los artículos sobre documentos que deben acompañar a la demanda y sobre admisión de la demanda, de modo que el documento acreditativo se presenta con la demanda y su falta determina la inadmisión de la misma, con las posibilidades de subsanación que prevé la ley procesal. La conducta de las partes durante el MASC (rechazo injustificado o mala fe) puede valorarse en materia de costas. Durante el tiempo que dura la negociación o mediación se suspende la prescripción y la caducidad de las acciones en los términos previstos en la ley (art. 4 de la Ley 5/2012 para la mediación).
Supuestos exceptuados del requisito de MASC
La ley exceptúa de la exigencia de intentar previamente un MASC determinados procesos en los que concurren razones de urgencia, de interés público o de indisponibilidad del objeto. Entre ellos, y sin perjuicio de contrastar la relación exacta con el art. 5 de la LO 1/2025, se encuentran los procesos de jurisdicción voluntaria, los de ejecución, los concursales, los que versen sobre materias no disponibles para las partes (capacidad, filiación, matrimonio y menores), los de tutela judicial civil de derechos fundamentales y la solicitud de medidas cautelares previas o urgentes (que se piden sin audiencia de la parte contraria). El requisito se refiere a la vía civil y mercantil: en el orden social ya existe su propia conciliación o reclamación previa, y los demás órdenes jurisdiccionales se rigen por su normativa, salvo previsión expresa. La relación completa de excepciones debe consultarse en el texto consolidado de la ley, por lo que en el examen conviene retener la idea general: se exceptúan los procesos urgentes, los de objeto indisponible y los que no son de cognición ordinaria.
Efectos del acuerdo alcanzado mediante MASC
El acuerdo obtenido tras un MASC es un contrato que obliga a las partes (art. 1255 del Código Civil). Para que sea título ejecutivo debe revestir alguna de las formas que la ley prevé: a) elevación a escritura pública notarial, que convierte el acuerdo de mediación en título ejecutivo (art. 25 de la Ley 5/2012; art. 517.2.4.º LEC, escrituras públicas), previa comprobación notarial de los requisitos de capacidad, legalidad y contenido; b) homologación judicial cuando existe ya un proceso en curso y las partes ponen fin a la controversia mediante transacción (art. 415 LEC), con lo que el auto de homologación tiene fuerza ejecutiva (art. 517.2.3.º LEC) y la transacción, entre las partes, la autoridad de cosa juzgada (art. 1816 del Código Civil); c) acta de conciliación con avenencia ante el Letrado de la Administración de Justicia o notario, con los efectos que prevé la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Los acuerdos obtenidos en el marco de un proceso judicial (mediación intrajudicial, art. 414 y 415 LEC) pueden homologarse en la propia audiencia previa.
Naturaleza jurídica y características de las diligencias preliminares
Las diligencias preliminares son actos preparatorios de carácter instrumental respecto de un proceso futuro, que se resuelven por el tribunal mediante auto. Se caracterizan por: a) su carácter taxativo (numerus clausus); b) su carácter excepcional y restrictivo, ya que afectan a la esfera de terceros a quienes se impone un deber de colaboración (exhibir, declarar); c) su proporcionalidad: solo se acuerdan si la diligencia es adecuada al fin que se pretende; d) su instrumentalidad: su finalidad es permitir un juicio correcto, y no sustituyen a la prueba del proceso principal; e) su provisionalidad: lo que resulte de ellas no produce cosa juzgada ni prejuzga el fondo; f) la posibilidad de exigir caución al solicitante. Debe evitarse la confusión con los expedientes de jurisdicción voluntaria: aunque el tribunal actúa sin enjuiciar el fondo, las diligencias preliminares están reguladas dentro de la LEC como fase de preparación del proceso contencioso.
Diligencias preliminares en procesos de propiedad industrial e intelectual y de competencia
Junto a las diligencias del art. 256.1 LEC, la LEC prevé diligencias preliminares específicas para quien pretenda ejercitar acciones por infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual: solicitar datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infrinjan estos derechos, o sobre quienes hayan participado en su producción, distribución o prestación, para poder identificar a los posibles demandados. Las leyes especiales (por ejemplo, la Ley 24/2015 de Patentes, arts. 123 y siguientes) regulan además diligencias de comprobación de hechos para acreditar la infracción. En el ámbito de las acciones de daños derivadas de infracciones del Derecho de la competencia, el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo (transposición de la Directiva 2014/104/UE) incorporó a la LEC el acceso a fuentes de prueba (arts. 283 bis a a 283 bis k), que permite pedir al tribunal que ordene a la parte contraria o a un tercero la exhibición de pruebas pertinentes, con salvaguardas para la información confidencial y para los programas de clemencia.
Diligencia preliminar de concreción del grupo de afectados
Cuando se pretende ejercitar una acción para la protección de los intereses colectivos de consumidores y usuarios y los afectados por el hecho dañoso no estén determinados o sean fácilmente determinables, el art. 256.1.7.º LEC permite solicitar al tribunal que ordene diligencias para concretar a los integrantes del grupo (por ejemplo, requiriendo al empresario datos de los clientes afectados). Su finalidad es permitir la correcta constitución de la legitimación activa, ya que el art. 11 LEC distingue entre los supuestos en que los perjudicados son una pluralidad de personas determinadas o fácilmente determinables (legitimados el grupo, las asociaciones de consumidores y las entidades legalmente constituidas) y aquellos en que son indeterminados (solo las asociaciones de consumidores representativas). Para este fin, el tribunal puede ordenar a la empresa que facilite los datos que permitan identificar a los afectados y, si hay negativa, adoptar las medidas de apremio que correspondan.
Oposición del requerido y decisión sobre la diligencia (arts. 259 y 260 LEC)
Acordada la diligencia, se cita al requerido para que la lleve a cabo. Si no está conforme, puede oponerse dentro del plazo breve que señala la ley, tras lo cual se convoca una comparecencia en la que las partes exponen sus alegaciones y proponen la prueba pertinente; el tribunal resuelve mediante auto, estimando o desestimando la oposición. Los motivos de oposición dependen de la diligencia de que se trate y no pueden dirigirse a discutir el fondo del futuro pleito. Debe tenerse presente que, aunque la oposición no prospere, el requerido puede reclamar al solicitante el pago de los gastos y la indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan causado, y que, si la oposición se estima, el solicitante puede ser condenado en costas. Las diligencias preliminares no pueden utilizarse para obtener información que equivalga a una investigación general (causa general) ni para sustituir la prueba del proceso principal.
Recursos contra las resoluciones sobre diligencias preliminares
Contra el auto que deniegue la práctica de las diligencias preliminares solicitadas cabe recurso de apelación; contra el auto que las acuerde no se concede recurso (art. 258 LEC), sin perjuicio de que quien deba soportarlas pueda formular oposición en la forma prevista en los arts. 259 y 260. El régimen de recursos tiene por finalidad que las diligencias, que son preparatorias, no retrasen indebidamente el inicio del proceso principal, y a la vez garantizar que quien ve denegada su petición pueda obtener una segunda revisión.
Consecuencias del incumplimiento de la diligencia (art. 261 LEC)
Si el requerido se niega sin justa causa a cumplir la diligencia acordada, el art. 261 LEC prevé consecuencias distintas según su contenido: en la declaración sobre capacidad, representación o legitimación, el tribunal puede tener por ciertas las manifestaciones del solicitante en el juicio posterior; en la exhibición de la cosa o de documentos, el tribunal puede acordar, por medio del Letrado de la Administración de Justicia, la entrada y registro del lugar donde se encuentren para ocupar los documentos o efectos, o imponer apremios; en las diligencias dirigidas a identificar a los integrantes de un grupo de afectados, pueden imponerse multas coercitivas. Estas medidas son instrumentales y no impiden que, en el proceso principal, el requerido pueda desvirtuar las consecuencias aportando la prueba contraria.
La caución en las diligencias preliminares
El tribunal puede exigir al solicitante que preste caución para responder de los gastos que se ocasionen a las personas que deban intervenir en las diligencias y de los daños y perjuicios que se les puedan causar. La caución puede constituirse en cualquiera de las formas admitidas (dinero en efectivo, aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento, u otra garantía). Su cuantía la fija el tribunal discrecionalmente, atendiendo a las circunstancias del caso. Se liberará al solicitante una vez que presente la demanda en plazo y no se reclamen daños, o cuando se acredite que no existen. Para las diligencias dirigidas a obtener información en defensa de la competencia o de la propiedad industrial, el tribunal debe además adoptar medidas para proteger la información confidencial.
Diferencias entre diligencias preliminares, prueba anticipada y aseguramiento de la prueba
Cuadro comparativo. Diligencias preliminares: se piden antes de la demanda; su objeto es obtener información para poder demandar; están tasadas en el art. 256; exigen justa causa e interés legítimo; no son prueba del proceso. Prueba anticipada: se pide antes de la demanda o en el curso del proceso; su objeto es practicar un medio de prueba concreto antes de su momento ordinario; exige temor fundado de imposibilidad o dificultad de practicarla después (art. 293); el resultado forma parte de la prueba del proceso, con contradicción de las partes. Aseguramiento de la prueba: se pide antes o durante el proceso; consiste en medidas de conservación de las fuentes de prueba (no se practica aún el medio); exige riesgo de destrucción o alteración (art. 297); se asimila a las medidas cautelares en cuanto a caución y proporcionalidad. Una pregunta frecuente: la prueba anticipada no es una medida cautelar, porque no asegura la efectividad de la sentencia sino la existencia de la prueba.
Procedimiento de la prueba anticipada y del aseguramiento (arts. 295 a 298 LEC)
La solicitud de prueba anticipada se formula por escrito, con indicación del medio de prueba que se quiere anticipar, de las personas o cosas a que se refiere y de las razones por las que se teme que no pueda practicarse en su momento, y se presenta ante el tribunal que vaya a conocer del asunto principal o, si no hay proceso, ante el que resulte competente por las reglas que la LEC establece para estas actuaciones (domicilio de la persona que deba declarar o lugar donde esté la cosa). Se practica con citación de la parte contraria, para garantizar la contradicción, y con las mismas formalidades que el acto de prueba que se anticipa. Cuando se practica antes del proceso, el resultado se incorpora después al proceso principal, y, si la parte contraria no se ha podido personar, el tribunal valorará esta circunstancia. Para el aseguramiento de la prueba, el tribunal acuerda las medidas que considere necesarias (conservación, precinto, copias, depósito), con exigencia de caución al solicitante y posibilidad de oposición del afectado. La anticipación y el aseguramiento caducan si no se presenta la demanda en el plazo que la ley establece cuando se solicitaron antes del proceso.
La prueba anticipada durante la pendencia del proceso
La anticipación también puede solicitarse una vez iniciado el proceso (art. 293.1: cualquiera de los litigantes durante el curso del mismo), cuando surge el riesgo de que un medio de prueba ya propuesto, o que se va a proponer, no pueda practicarse en el momento ordinario. Se acuerda en el propio proceso y el resultado se integra en el acervo probatorio sin necesidad de repetirlo en el juicio, aunque la valoración se hace por el tribunal que dicta sentencia, conforme a las reglas de la sana crítica.
Diligencias preliminares y anticipación de prueba en otros órdenes
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011) prevé también diligencias preliminares, anticipación y aseguramiento de la prueba (art. 76), con remisión a la LEC en lo no previsto. En el orden contencioso-administrativo, la Ley 29/1998 regula la prueba de forma propia y la LEC es supletoria (disposición final primera). En el proceso penal, el equivalente a la prueba anticipada es la prueba preconstituida, que tiene su propio régimen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas remisiones suelen formularse como pregunta de examen sobre supletoriedad de la LEC.
Los MASC y la mediación intrajudicial: intervención del tribunal
Aunque el requisito de MASC se exige antes de la demanda, la LEC permite que, una vez iniciado el proceso, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, informe a las partes de la posibilidad de acudir a una solución extrajudicial y las invite a ello; en la audiencia previa del juicio ordinario el tribunal intenta un acuerdo entre las partes (arts. 414 y 415 LEC), pudiendo suspenderse el proceso por acuerdo de las partes para someterse a mediación (art. 19.4 LEC, suspensión por sesenta días como máximo). Las partes pueden también someterse a la mediación pese a no estar obligadas, y la existencia de una cláusula de mediación o arbitraje pactada por las partes puede invocarse mediante declinatoria.
Diligencias preliminares y MASC: relación entre ambos
La parte que prevé demandar y necesita antes información puede solicitar diligencias preliminares, que no sustituyen al intento de MASC: son compatibles, pero la existencia de diligencias preliminares no exime, en los casos en que es exigible, de acreditar el intento previo de MASC al presentar la demanda. En la práctica, la información obtenida en diligencias preliminares suele servir de base para la propuesta negociadora que se dirige a la parte contraria. Este es un punto de integración entre los dos epígrafes del tema que conviene tener presente en los casos prácticos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Las diligencias preliminares (art. 256 LEC) son un numerus clausus de supuestos tasados, no una vía general de investigación previa al proceso; exigen justa causa e interés legítimo (art. 258.1 LEC).
La LEC de 1881 hablaba de diligencias preparatorias; la LEC 1/2000 regula las diligencias preliminares en los arts. 256 a 263.
El auto que deniega la diligencia preliminar es apelable; el auto que la acuerda no tiene recurso, sin perjuicio de la oposición del requerido (arts. 258 a 260 LEC).
El tribunal puede exigir caución al solicitante para responder de gastos y de daños y perjuicios; si no se presenta la demanda en el plazo legal, puede condenársele en costas y a indemnizar.
Competencia para las diligencias preliminares: art. 257 LEC (domicilio de quien deba declarar, exhibir o intervenir, o lugar donde deba practicarse), no necesariamente el tribunal del proceso principal.
Prueba anticipada (art. 293 LEC): requiere temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas, el acto de prueba no pueda realizarse en el momento procesal generalmente previsto; puede pedirse antes del proceso o durante el mismo.
Aseguramiento de la prueba (arts. 297 y 298 LEC): medidas de conservación de fuentes de prueba; no es lo mismo que la anticipación (que practica ya el medio de prueba).
Norma de los MASC: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia; no existe una Ley 1/2025 de ese título.
El intento de MASC es, con carácter general, requisito de procedibilidad de la demanda civil y mercantil (art. 5 LO 1/2025) en los procesos iniciados desde el 3 de abril de 2025; con excepciones (voluntaria, ejecución, concursales, indisponibles, medidas urgentes).
MASC: negociación directa, conciliación, mediación, opinión neutral de experto independiente, oferta vinculante confidencial, derecho colaborativo y otros análogos; el arbitraje no es un MASC en sentido estricto.
El acuerdo de mediación es título ejecutivo si se eleva a escritura pública (art. 25 Ley 5/2012; art. 517.2.4.º LEC); el acuerdo homologado judicialmente lo es por el art. 517.2.3.º LEC.
Las diligencias preliminares no producen cosa juzgada y no son prueba del proceso principal; la anticipación de la prueba sí aporta un acto de prueba al proceso.
En propiedad industrial e intelectual, existen diligencias específicas para identificar infractores; en competencia, el acceso a fuentes de prueba de los arts. 283 bis a a 283 bis k LEC (RDL 9/2017).
La mediación se rige por la Ley 5/2012, de 6 de julio, y el RD 980/2013; la conciliación ante LAJ, notario o registrador por la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria.
Trampa típica: confundir la diligencia preliminar con la medida cautelar o con la prueba anticipada; la primera busca información, la segunda asegura la sentencia, la tercera adelanta un medio de prueba.
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El acceso a fuentes de prueba en acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia (arts. 283 bis a y siguientes LEC) fue incorporado por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 25 de Gestión Procesal (Justicia)?
Antes de iniciar un proceso declarativo, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite a quien va a demandar obtener datos o información imprescindibles para plantear bien su pretensión (diligencias preliminares, art. 256 y siguientes LEC; en la terminología de la LEC de 1881, diligencias preparatorias o preparación del juicio) y asegurar o adelantar la práctica de determinadas pruebas cuando exista riesgo de que se pierdan (anticipación y aseguramiento de la prueba, arts. 293 y siguientes). Desde la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la vía civil exige además, con carácter general y con excepciones, haber intentado antes un medio adecuado de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional: negociación, conciliación, mediación, opinión neutral de experto, oferta vinculante confidencial u otros análogos. El tema desarrolla estas figuras y las diferencias entre ellas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?
Las diligencias preliminares (art. 256 LEC) son un numerus clausus de supuestos tasados, no una vía general de investigación previa al proceso; exigen justa causa e interés legítimo (art. 258.1 LEC). La LEC de 1881 hablaba de diligencias preparatorias; la LEC 1/2000 regula las diligencias preliminares en los arts. 256 a 263. El auto que deniega la diligencia preliminar es apelable; el auto que la acuerda no tiene recurso, sin perjuicio de la oposición del requerido (arts. 258 a 260 LEC). El tribunal puede exigir caución al solicitante para responder de gastos y de daños y perjuicios; si no se presenta la demanda en el plazo legal, puede condenársele en costas y a indemnizar. Competencia para las diligencias preliminares: art. 257 LEC (domicilio de quien deba declarar, exhibir o intervenir, o lugar donde deba practicarse), no necesariamente el tribunal del proceso principal. Prueba anticipada (art. 293 LEC): requiere temor fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las cosas, el acto de prueba no pueda realizarse en el momento procesal generalmente previsto; puede pedirse antes del proceso o durante el mismo. Aseguramiento de la prueba (arts. 297 y 298 LEC): medidas de conservación de fuentes de prueba; no es lo mismo que la anticipación (que practica ya el medio de prueba). Norma de los MASC: Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia; no existe una Ley 1/2025 de ese título. El intento de MASC es, con carácter general, requisito de procedibilidad de la demanda civil y mercantil (art. 5 LO 1/2025) en los procesos iniciados desde el 3 de abril de 2025; con excepciones (voluntaria, ejecución, concursales, indisponibles, medidas urgentes). MASC: negociación directa, conciliación, mediación, opinión neutral de experto independiente, oferta vinculante confidencial, derecho colaborativo y otros análogos; el arbitraje no es un MASC en sentido estricto. El acuerdo de mediación es título ejecutivo si se eleva a escritura pública (art. 25 Ley 5/2012; art. 517.2.4.º LEC); el acuerdo homologado judicialmente lo es por el art. 517.2.3.º LEC. Las diligencias preliminares no producen cosa juzgada y no son prueba del proceso principal; la anticipación de la prueba sí aporta un acto de prueba al proceso. En propiedad industrial e intelectual, existen diligencias específicas para identificar infractores; en competencia, el acceso a fuentes de prueba de los arts. 283 bis a a 283 bis k LEC (RDL 9/2017). La mediación se rige por la Ley 5/2012, de 6 de julio, y el RD 980/2013; la conciliación ante LAJ, notario o registrador por la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria. Trampa típica: confundir la diligencia preliminar con la medida cautelar o con la prueba anticipada; la primera busca información, la segunda asegura la sentencia, la tercera adelanta un medio de prueba.
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Fuentes de este desarrollo
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 256-263 (diligencias preliminares), 293-298 (anticipación y aseguramiento de la prueba), 414-415, 517 y 283 bis a-k.
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que la desarrolla parcialmente.
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (conciliación).
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo (acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia).
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, art. 76.
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