Tema 9. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante declaración. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de comprobación limitada.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Capítulo III del Título III de la LGT (arts. 117-140) regula la gestión tributaria, entendida como el conjunto de funciones administrativas dirigidas al reconocimiento y comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias que no constituyen inspección ni recaudación. Distingue las formas de iniciación (declaración, autoliquidación, comunicación de datos, solicitud o de oficio) y regula procedimientos específicos: devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos, iniciado mediante declaración, verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada, cada uno con su ámbito, alcance, plazo y efectos. Es un tema de comparación entre procedimientos: conviene memorizar qué puede y qué no puede hacer la Administración en cada uno, los plazos máximos y las formas de terminación.
Gestión tributaria: funciones e iniciación (arts. 117-118 LGT)
La gestión tributaria comprende, entre otras funciones (art. 117): la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria; la comprobación y realización de las devoluciones tributarias; el reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales; la realización de actuaciones de verificación de datos, de comprobación de valores y de comprobación limitada; la práctica de las liquidaciones derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación; las actuaciones de información y asistencia; y la elaboración y mantenimiento de los censos tributarios. La gestión tributaria se inicia (art. 118): por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración; por una solicitud del obligado tributario, de acuerdo con lo previsto en el art. 98; o de oficio por la Administración tributaria. Estas actuaciones se encomiendan en la AEAT a los órganos de gestión tributaria (dependencias y unidades de gestión), a diferencia de la inspección (arts. 141 y siguientes) y de la recaudación (arts. 160 y siguientes).
Declaraciones tributarias (arts. 119 y 122 LGT)
Se considera declaración tributaria todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos (art. 119.1); la presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado de la procedencia de la obligación tributaria que de ella se derive. En ella el obligado comunica hechos y la Administración liquida (a diferencia de la autoliquidación). Las declaraciones pueden presentarse por medios telemáticos, y para determinados obligados es obligatorio hacerlo electrónicamente. Declaraciones complementarias y sustitutivas (art. 122): la complementaria se presenta, dentro o fuera de plazo, cuando se pretenden añadir datos o corregir otros ya declarados en una anterior (con el efecto de, en su caso, incrementar el importe a ingresar), y la sustitutiva anula y reemplaza a otra anterior, siempre que la normativa del tributo lo admita. Si resulta una cantidad a ingresar que no se ingresó en plazo y la presentación es espontánea, se aplican los recargos por declaración extemporánea del art. 27 LGT.
Autoliquidaciones (art. 120 LGT)
La autoliquidación es una declaración en la que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar (art. 120.1). Es la forma ordinaria de gestión de los principales tributos (IRPF, IVA, IS, retenciones). La Administración puede después comprobarla (verificación de datos, comprobación limitada, inspección) y liquidar. Cuando un obligado tributario considera que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, puede instar su rectificación de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca (art. 120.3 y RD 1065/2007, que lo regula con un plazo de resolución de seis meses y silencio desestimatorio), y la Administración no puede exigir al obligado que actúe de otro modo; el derecho a solicitar la rectificación prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT). No debe confundirse la autoliquidación, que es un acto del particular, con la liquidación, que es un acto administrativo.
Comunicación de datos (art. 121 LGT)
La comunicación de datos es la presentación ante la Administración, por el obligado tributario, de la información necesaria para que esta, cuando así lo prevea la normativa de cada tributo, practique la liquidación o determine el importe de una devolución o su derecho a ella, sin que el obligado realice por sí mismo las operaciones de cuantificación (a diferencia de la autoliquidación). Se trata de una forma de iniciar la gestión y, en el caso de la devolución, el procedimiento de devolución iniciado mediante comunicación de datos se rige por los arts. 124 a 127 LGT. Debe distinguirse de las comunicaciones de datos por terceros (declaraciones informativas) y de las comunicaciones de cambios de domicilio o de datos censales.
Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos (arts. 124-127 y 31-32 LGT)
Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devolver, o cuando la devolución se solicite o resulte de una comunicación de datos, la Administración debe efectuar la devolución que proceda de acuerdo con el art. 31 LGT. La devolución derivada de la normativa de cada tributo se hace en el plazo que esta fije y, en su defecto, en seis meses; transcurrido el plazo fijado sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración, esta abonará el interés de demora regulado en el art. 26, sin necesidad de que el obligado lo solicite, devengado desde la finalización del plazo hasta la fecha en que se ordene el pago (art. 31.2); en el IRPF, el plazo de seis meses se cuenta desde el fin del plazo de presentación de la declaración o desde su presentación si es posterior. El procedimiento puede terminar por acuerdo que reconozca la devolución, por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o inspección, o por caducidad. Distinto es el procedimiento de devolución de ingresos indebidos (art. 32): la Administración devuelve a los obligados las cantidades ingresadas indebidamente, con intereses de demora desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago, y el derecho a solicitarla prescribe a los cuatro años.
Procedimiento iniciado mediante declaración (arts. 128-130 LGT)
Cuando la normativa de un tributo así lo establezca, la gestión se inicia mediante la presentación de una declaración por el obligado, en la que manifiesta la realización del hecho imponible y comunica los datos necesarios para que la Administración cuantifique la obligación tributaria mediante la práctica de una liquidación provisional (art. 128.1). La Administración puede realizar las actuaciones de verificación de datos o comprobación que precise, requerir la aportación de documentación y notificar la propuesta de liquidación. Tras la tramitación, el procedimiento termina por liquidación provisional, por caducidad (por vencimiento del plazo máximo de seis meses sin notificar la liquidación, sin perjuicio de iniciar de nuevo el procedimiento dentro del plazo de prescripción) o por el inicio de otro procedimiento de comprobación o inspección (art. 130). Este procedimiento se utiliza en los tributos en los que la normativa prevé declaración y liquidación posterior por la Administración, no en los de autoliquidación.
Procedimiento de verificación de datos (arts. 131-133 LGT)
La Administración puede iniciar el procedimiento de verificación de datos, de alcance limitado, en los siguientes supuestos (art. 131): a) cuando la declaración o autoliquidación adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos; b) cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria; c) cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma; d) cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, siempre que no se refiera al desarrollo de actividades económicas. Se inicia (art. 132) mediante requerimiento para que el obligado aclare o justifique la discrepancia o los datos, o mediante la notificación de la propuesta de liquidación cuando la Administración cuente con los datos suficientes. Termina (art. 133) por la subsanación de los defectos o la aclaración o justificación de los datos, por liquidación provisional, por caducidad una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses, o por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección. Es el procedimiento más sencillo y no permite examinar la contabilidad mercantil ni la actividad económica del obligado, que se reservan a la comprobación limitada y a la inspección.
Procedimiento de comprobación de valores (arts. 134-135 LGT)
La Administración puede comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación tributaria mediante los medios del art. 57 LGT, tanto de forma autónoma como en el seno de otro procedimiento de aplicación de los tributos (verificación, comprobación limitada o inspección). La comprobación debe estar motivada, con expresión de los medios y criterios empleados. Si la Administración practica una comprobación en el seno de otro procedimiento, la propuesta de valoración se notifica al interesado, que puede alegar y, frente a la liquidación, promover la tasación pericial contradictoria (art. 135) en el plazo del primer recurso o reclamación; la solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo de impugnación. Si el procedimiento de comprobación de valores es autónomo, su finalidad es notificar la valoración, que luego sirve de base para liquidar. Las valoraciones de la Administración deben ser congruentes con las características del bien; la doctrina del Tribunal Supremo exige justificar el método y no limitarse a aplicar coeficientes genéricos al valor catastral. Con la Ley 11/2021 se introdujo, desde 2022, el valor de referencia del Catastro en ITP/AJD e ISD, que sustituye en buena medida la comprobación individualizada de valores de inmuebles en estos tributos.
Procedimiento de comprobación limitada (arts. 136-140 LGT)
En el procedimiento de comprobación limitada la Administración puede comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria (art. 136.1), con las actuaciones del art. 136.2: examen de los datos consignados por los obligados en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto; examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible; examen de los registros y documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, con excepción de la contabilidad mercantil; y requerimientos a terceros para que aporten la información que obre en su poder, para su contraste con los datos aportados por el obligado. En este procedimiento no se puede requerir la contabilidad mercantil: solo puede examinarse si el obligado la aporta voluntariamente para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones (art. 136.3), lo que lo distingue de la inspección. Se inicia de oficio, por comunicación notificada al obligado con indicación del alcance (arts. 137-138). Debe terminar en el plazo máximo de seis meses desde la notificación de la comunicación de inicio (art. 139) y finaliza por resolución expresa (que incluirá las obligaciones o elementos regularizados o la declaración de que no ha habido regularización, las actuaciones concretas realizadas y los hechos y fundamentos de derecho), por caducidad o por el inicio de un procedimiento de inspección que incluya el objeto de la comprobación limitada. La resolución con liquidación provisional impide, salvo descubrimiento posterior de hechos o circunstancias nuevos que resulten de actuaciones distintas, una nueva regularización del mismo objeto (art. 140). Es posible comprobar valores en este procedimiento.
Comparación de los procedimientos de gestión
Verificación de datos: alcance limitado a errores, discrepancias, aplicaciones indebidas patentes o aclaraciones; no examina actividades económicas ni contabilidad; plazo de seis meses; termina por liquidación provisional o archivo. Comprobación limitada: permite examinar documentación, requerir a terceros y comprobar valores; no permite exigir la contabilidad mercantil; plazo de seis meses; la resolución produce efecto de cosa decidida sobre el objeto comprobado, salvo hechos nuevos. Comprobación de valores: se centra en la valoración de bienes y derechos por los medios del art. 57, con la tasación pericial contradictoria como garantía. Iniciado mediante declaración: la Administración liquida a partir de la declaración del obligado. Devolución: se orienta a reconocer y pagar la devolución solicitada o resultante de la autoliquidación, con interés de demora automático si se excede el plazo. Inspección (fuera del tema): es el único procedimiento en que se pueden dictar liquidaciones definitivas y examinar la contabilidad mercantil.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La autoliquidación implica que el propio obligado realiza la calificación y cuantificación de la deuda; la declaración se limita a comunicar hechos, correspondiendo a la Administración liquidar.
La presentación de una declaración no implica aceptación por el obligado de la procedencia de la obligación tributaria (art. 119.1 LGT).
El obligado puede instar la rectificación de su autoliquidación si perjudicó sus intereses legítimos (art. 120.3 LGT); el derecho a solicitar devoluciones e ingresos indebidos prescribe a los cuatro años.
En el procedimiento de verificación de datos el supuesto d) (aclaración o justificación de datos) no puede referirse al desarrollo de actividades económicas (art. 131 LGT); no se examina contabilidad.
El procedimiento de comprobación limitada NUNCA puede exigir el examen de la contabilidad mercantil, salvo que el propio obligado la aporte voluntariamente (art. 136.2 y 3 LGT).
Si la Administración no ordena el pago de una devolución tributaria dentro de plazo (seis meses por defecto) por causa a ella imputable, se devengan intereses de demora automáticamente, sin necesidad de reclamación (art. 31.2 LGT).
Tanto la verificación de datos como la comprobación limitada tienen un plazo máximo de seis meses; el vencimiento sin resolución produce caducidad (con posibilidad de reiniciar dentro de la prescripción).
La resolución de comprobación limitada con liquidación provisional impide regularizar de nuevo el mismo objeto, salvo hechos nuevos descubiertos mediante actuaciones distintas (art. 140 LGT).
La tasación pericial contradictoria (art. 135 LGT) suspende la ejecución de la liquidación y el plazo del recurso.
La gestión tributaria no comprende la inspección ni la recaudación, que son funciones diferenciadas de la aplicación de los tributos.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin que la Administración notifique la liquidación en el procedimiento iniciado mediante declaración, el procedimiento termina por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Hacienda (AEAT)?
El Capítulo III del Título III de la LGT (arts. 117-140) regula la gestión tributaria, entendida como el conjunto de funciones administrativas dirigidas al reconocimiento y comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias que no constituyen inspección ni recaudación. Distingue las formas de iniciación (declaración, autoliquidación, comunicación de datos, solicitud o de oficio) y regula procedimientos específicos: devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos, iniciado mediante declaración, verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada, cada uno con su ámbito, alcance, plazo y efectos. Es un tema de comparación entre procedimientos: conviene memorizar qué puede y qué no puede hacer la Administración en cada uno, los plazos máximos y las formas de terminación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
La autoliquidación implica que el propio obligado realiza la calificación y cuantificación de la deuda; la declaración se limita a comunicar hechos, correspondiendo a la Administración liquidar. La presentación de una declaración no implica aceptación por el obligado de la procedencia de la obligación tributaria (art. 119.1 LGT). El obligado puede instar la rectificación de su autoliquidación si perjudicó sus intereses legítimos (art. 120.3 LGT); el derecho a solicitar devoluciones e ingresos indebidos prescribe a los cuatro años. En el procedimiento de verificación de datos el supuesto d) (aclaración o justificación de datos) no puede referirse al desarrollo de actividades económicas (art. 131 LGT); no se examina contabilidad. El procedimiento de comprobación limitada NUNCA puede exigir el examen de la contabilidad mercantil, salvo que el propio obligado la aporte voluntariamente (art. 136.2 y 3 LGT). Si la Administración no ordena el pago de una devolución tributaria dentro de plazo (seis meses por defecto) por causa a ella imputable, se devengan intereses de demora automáticamente, sin necesidad de reclamación (art. 31.2 LGT). Tanto la verificación de datos como la comprobación limitada tienen un plazo máximo de seis meses; el vencimiento sin resolución produce caducidad (con posibilidad de reiniciar dentro de la prescripción). La resolución de comprobación limitada con liquidación provisional impide regularizar de nuevo el mismo objeto, salvo hechos nuevos descubiertos mediante actuaciones distintas (art. 140 LGT). La tasación pericial contradictoria (art. 135 LGT) suspende la ejecución de la liquidación y el plazo del recurso. La gestión tributaria no comprende la inspección ni la recaudación, que son funciones diferenciadas de la aplicación de los tributos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186), arts. 26, 27, 31, 32, 66, 117-140.
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE-A-2007-15984).
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOE-A-2021-11473) (valor de referencia del Catastro).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).