Tema 7. El contrato: Concepto y clases. Elementos de los contratos. Generación, perfección y consumación de los contratos. Ineficacia de los contratos. Interpretación y forma de los contratos.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El contrato es la fuente de obligaciones más importante en la práctica y el tema teóricamente más denso del Derecho civil patrimonial, porque en él se articulan los grandes principios que rigen todo el tráfico jurídico privado: autonomía de la voluntad, fuerza vinculante, buena fe y relatividad. El opositor debe dominar con precisión los tres elementos esenciales del artículo 1261 CC, las fases de la vida del contrato (generación, perfección, consumación), y sobre todo el complejo cuadro de la ineficacia contractual (inexistencia, nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución), materia de gran casuística y muy confundida en los exámenes tipo test por la proximidad conceptual entre sus categorías. Se cierra con las reglas de interpretación (arts. 1281-1289 CC) y el régimen de la forma, con una referencia a la contratación con condiciones generales, con consumidores y por vía electrónica, que modula en la práctica el régimen general del Código Civil. Conviene tener presente que la Ley 8/2021, de 2 de junio, de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, reformó varios preceptos de esta materia (capacidad, anulabilidad, confirmación y plazos).
El artículo 1254 del Código Civil define el contrato disponiendo que existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. De esta definición legal se extraen los rasgos esenciales de la figura: el contrato es un acuerdo de voluntades (consentimiento) entre dos o más partes (nunca de una sola persona consigo misma, salvo el supuesto excepcional de la autocontratación) dirigido a producir efectos jurídicos obligacionales, esto es, a crear, modificar o extinguir obligaciones entre quienes lo celebran. Se trata de la fuente de obligaciones cuantitativamente más relevante del tráfico jurídico y la manifestación por excelencia de la autonomía privada en el ámbito patrimonial. Conviene precisar que la definición legal se refiere estrictamente a obligaciones de dar o de prestar un servicio (hacer), sin mencionar expresamente las obligaciones de no hacer, omisión que la doctrina unánimemente considera irrelevante, entendiendo que el concepto legal de contrato comprende también los acuerdos generadores de obligaciones de no hacer, en coherencia con la tripartición general de las obligaciones del artículo 1088 CC.
El principio de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC)
El artículo 1255 del Código Civil consagra el principio de autonomía de la voluntad o libertad contractual, piedra angular de todo el Derecho de contratos español: los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Este principio reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus propios intereses patrimoniales, permitiéndoles no solo elegir libremente si contratan y con quién, sino también configurar libremente el contenido del contrato, apartándose incluso de los tipos contractuales regulados por la ley (contratos atípicos) o combinando elementos de varios de ellos (contratos mixtos), siempre dentro de los tres límites expresamente fijados por el propio precepto. La ley, como límite, comprende tanto las normas imperativas (ius cogens) como las prohibitivas, cuya contravención determina la nulidad del pacto contrario a ellas conforme al artículo 6.3 CC. La moral se refiere a los principios éticos y de conducta social generalmente aceptados en un momento histórico determinado. Y el orden público alude al conjunto de principios jurídicos, políticos, económicos y sociales que resultan indisponibles para los particulares por afectar a la organización básica de la sociedad.
El principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC)
El artículo 1257 del Código Civil establece el principio de relatividad de los efectos del contrato, disponiendo que los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo, en cuanto a estos, si los derechos y obligaciones que proceden del contrato no son transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. El propio precepto añade una excepción de gran relevancia práctica: si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, este podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido revocada. Esta excepción configura la figura del contrato a favor de tercero (por ejemplo, un seguro de vida en el que el beneficiario es persona distinta del contratante), en el que un tercero ajeno a la celebración del contrato adquiere, sin embargo, un derecho de crédito directo frente a una de las partes, condicionado a que manifieste su aceptación al obligado antes de que la estipulación sea revocada por los contratantes, que conservan esta facultad revocatoria mientras dicha aceptación no se produzca.
Clases de contratos: unilaterales y bilaterales
Atendiendo al número de partes que resultan obligadas por el contrato, se distingue entre contratos unilaterales, en los que solo una de las partes queda obligada frente a la otra, que únicamente ostenta derechos sin contraer obligaciones correlativas (como el depósito gratuito o la donación pura), y contratos bilaterales o sinalagmáticos, en los que ambas partes quedan recíprocamente obligadas la una respecto de la otra, de modo que cada una es simultáneamente acreedora y deudora de la otra (como la compraventa, en la que el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio). Esta clasificación tiene importantes consecuencias prácticas: solo en los contratos bilaterales tiene sentido la facultad resolutoria implícita del artículo 1124 CC (que presupone precisamente la reciprocidad de las obligaciones), y solo en ellos opera plenamente la llamada excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus), en cuya virtud una parte puede negarse a cumplir su propia prestación mientras la otra no cumpla o se allane a cumplir la suya, doctrina de elaboración jurisprudencial no recogida expresamente con carácter general en el Código Civil pero de aplicación pacífica en los contratos con obligaciones recíprocas.
Contratos onerosos y gratuitos
Atendiendo a si el contrato produce o no un sacrificio patrimonial correlativo para ambas partes, se distingue entre contratos onerosos, en los que cada parte recibe una ventaja patrimonial a cambio de un sacrificio también patrimonial (la compraventa, el arrendamiento, la permuta), y contratos gratuitos o a título de beneficencia, en los que una de las partes obtiene una ventaja sin contraprestación alguna, mientras que la otra realiza un sacrificio patrimonial sin recibir nada a cambio (la donación, el comodato, el mandato gratuito). Dentro de los contratos onerosos, la doctrina distingue además entre contratos conmutativos, en los que las prestaciones recíprocas están determinadas y son ciertas desde el momento de la perfección del contrato (compraventa de un bien por precio fijo), y contratos aleatorios, en los que la existencia o la cuantía de alguna de las prestaciones depende de un acontecimiento incierto (el contrato de seguro, la renta vitalicia, regulada en los artículos 1802 y siguientes CC). Esta distinción entre onerosidad y gratuidad resulta relevante, entre otros efectos, para determinar el grado de diligencia exigible al deudor y el régimen de responsabilidad por evicción o vicios ocultos, generalmente más exigente en los contratos onerosos.
Contratos consensuales, reales y formales
Atendiendo al momento y al modo en que se produce la perfección del contrato, se distingue entre contratos consensuales, que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin necesidad de ningún otro requisito adicional (la compraventa, el arrendamiento), siendo esta la regla general en el Derecho español conforme al artículo 1258 CC; contratos reales, que, además del consentimiento, exigen para su perfección la entrega de la cosa objeto del contrato (el depósito, el comodato, la prenda, el mutuo o préstamo simple, en los que la propia estructura del contrato no se entiende perfeccionada mientras no se ha producido la entrega de la cosa, siendo esta entrega no un mero acto de cumplimiento sino un requisito constitutivo del contrato mismo); y contratos formales o solemnes, que exigen, además del consentimiento, el cumplimiento de una forma determinada como requisito de validez (ad solemnitatem), como ocurre con las capitulaciones matrimoniales (artículo 1327 CC, escritura pública) o con la donación de inmuebles (artículo 633 CC, escritura pública). La categoría de los contratos reales ha sido objeto de crítica doctrinal moderna, que tiende a reconducirlos, en muchos casos, a la categoría de los contratos consensuales con obligación de entrega.
Contratos típicos y atípicos
Atendiendo a si el contrato cuenta o no con una regulación legal específica y propia, se distingue entre contratos típicos o nominados, que tienen una denominación y una disciplina jurídica específica establecida por la ley (compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad, todos ellos regulados en el propio Código Civil, o el contrato de seguro y el de transporte, regulados en leyes especiales), y contratos atípicos o innominados, que carecen de una regulación legal propia y específica, siendo el fruto directo del ejercicio de la libertad contractual reconocida por el artículo 1255 CC (el contrato de leasing o arrendamiento financiero, el contrato de franquicia, el contrato de know-how, todos ellos generados por la práctica mercantil moderna sin encontrar todavía, en muchos casos, una regulación legal general y unitaria). Los contratos atípicos se rigen, en primer lugar, por lo que las propias partes hayan pactado, dentro de los límites del artículo 1255 CC; en segundo lugar, por las normas generales de la teoría general del contrato (arts. 1254 y siguientes CC); y, en defecto de todo ello, por analogía con el contrato típico que presente mayor semejanza con el atípico celebrado, o por los principios generales del Derecho de obligaciones y contratos.
Elementos esenciales del contrato: consentimiento, objeto y causa
El artículo 1261 del Código Civil enumera los tres elementos cuya concurrencia es imprescindible para que exista un contrato válido: no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca. Estos tres elementos, denominados esenciales precisamente porque su ausencia impide que llegue a existir un verdadero contrato (a diferencia de los llamados elementos accidentales, como la condición, el término o el modo, que las partes pueden incorporar o no libremente sin afectar a la existencia misma del contrato), constituyen el objeto central de estudio de toda la teoría general de la contratación: el consentimiento es el acuerdo de voluntades de las partes sobre el objeto y la causa del contrato; el objeto es la prestación o prestaciones sobre las que recae el contrato; y la causa es la razón o justificación jurídica que fundamenta la asunción de la obligación por cada parte contratante. La falta de cualquiera de estos tres elementos determina, según la construcción doctrinal mayoritaria, la inexistencia o, cuando menos, la nulidad radical del contrato.
El consentimiento contractual y su formación
El consentimiento contractual es el acuerdo de voluntades de las partes sobre el objeto y la causa que han de constituir el contrato, formado por la concurrencia de dos declaraciones de voluntad sucesivas y coincidentes: la oferta, propuesta contractual completa y definitiva formulada por una de las partes (oferente), que contiene todos los elementos esenciales del contrato proyectado, de modo que su simple aceptación baste para perfeccionarlo; y la aceptación, declaración de voluntad de la otra parte (aceptante) mediante la cual manifiesta su conformidad plena e incondicionada con los términos de la oferta recibida. Si la respuesta del destinatario de la oferta introduce modificaciones, adiciones o restricciones respecto de los términos ofertados, no constituye una verdadera aceptación sino una contraoferta, que invierte los papeles de las partes y requiere, a su vez, la aceptación del oferente original para que el contrato llegue a perfeccionarse. El artículo 1262 del Código Civil, en su primer párrafo, dispone que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, siendo válido tanto el consentimiento expreso (manifestado de forma directa, oral o escrita) como el consentimiento tácito (deducido de actos concluyentes de las partes que revelen inequívocamente su voluntad contractual).
Los vicios del consentimiento: error, dolo, violencia e intimidación
El artículo 1265 del Código Civil dispone que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo, estableciendo así el catálogo cerrado de los llamados vicios del consentimiento, cuya concurrencia priva de plena validez al consentimiento prestado, sancionando el contrato con la anulabilidad (pese a que el artículo 1265 CC hable literalmente de nulidad, la sanción legal correcta, conforme a la sistemática del Código y a la interpretación jurisprudencial pacífica, es la anulabilidad regulada en los artículos 1300 y siguientes CC). El error, regulado en el artículo 1266 CC, consiste en una representación mental equivocada de la realidad que vicia la formación de la voluntad, exigiéndose que recaiga sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo, y que sea excusable (no imputable a la negligencia de quien lo padece). El dolo, regulado en el artículo 1269 CC, consiste en emplear palabras o maquinaciones insidiosas por parte de uno de los contratantes para inducir al otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera celebrado. La violencia (fuerza física irresistible, artículo 1267 CC) y la intimidación (inspirar un temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave, artículo 1267 CC) vician igualmente el consentimiento al impedir su formación libre.
El objeto del contrato: requisitos
El objeto del contrato, esto es, la prestación o prestaciones sobre las que recae el vínculo contractual, debe reunir determinados requisitos para que el contrato sea válido, regulados en los artículos 1271 a 1273 del Código Civil. El artículo 1271 CC exige que las cosas objeto del contrato no estén fuera del comercio de los hombres (pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras, salvo la prohibición específica de contratar sobre la herencia futura, con las excepciones legalmente previstas), y que los servicios que constituyan el objeto del contrato no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. El artículo 1272 CC dispone que no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles, en aplicación del principio clásico de que a lo imposible nadie está obligado (impossibilium nulla obligatio est). El artículo 1273 CC exige, finalmente, que el objeto de todo contrato sea una cosa determinada en cuanto a su especie, admitiendo que la indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes.
La causa del contrato: concepto y funciones
El artículo 1274 del Código Civil delimita el concepto de causa en función de la clase de contrato: en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera; y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor. Se trata, por tanto, de un concepto objetivo y abstracto, distinto tanto del objeto del contrato (la prestación concreta) como de los motivos subjetivos e individuales que hayan podido impulsar a cada parte a contratar (que, salvo supuestos excepcionales de incorporación al contrato, son en principio jurídicamente irrelevantes para la validez del negocio). La causa cumple, en el sistema del Código Civil español, una función de control de la licitud y de la seriedad del compromiso asumido: exige que toda atribución patrimonial derivada de un contrato tenga una justificación jurídica objetiva (contraprestación en los onerosos, remuneración de un servicio anterior en los remuneratorios, o simple ánimo de liberalidad en los gratuitos), permitiendo declarar ineficaces aquellos negocios que carezcan de esa justificación o que la tengan de forma ilícita.
Contratos sin causa o con causa ilícita
El artículo 1275 del Código Civil sanciona con la máxima ineficacia contractual la ausencia o la ilicitud de la causa: los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Se entiende ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral, conforme al párrafo segundo del propio precepto, comprendiendo tanto los supuestos en que el propósito común perseguido por ambas partes es contrario al ordenamiento (por ejemplo, un contrato cuya finalidad sea encubrir una donación en fraude de las legítimas de los herederos forzosos), como aquellos en que, aun siendo lícita en abstracto la causa típica del contrato celebrado, las partes persiguen en realidad, mediante el negocio aparentemente celebrado, una finalidad distinta y contraria a la ley (causa simulada o negocio en fraude de ley). El artículo 1276 CC añade una presunción de gran relevancia práctica: la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita, precepto que sirve de base a la construcción doctrinal y jurisprudencial de la simulación contractual, distinguiendo entre la simulación absoluta (no hay causa real alguna, el contrato es enteramente ficticio) y la simulación relativa (bajo el negocio simulado se oculta otro distinto, disimulado, que sí es válido si concurren sus propios requisitos).
Elementos accidentales: condición, término y modo
Frente a los elementos esenciales del contrato (consentimiento, objeto, causa), cuya concurrencia es imprescindible para su misma existencia, los elementos accidentales son cláusulas que las partes pueden libremente incorporar al contrato, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, para modular sus efectos, sin que su ausencia afecte en modo alguno a la validez del contrato. La condición es el acontecimiento futuro e incierto del que las partes hacen depender el nacimiento (condición suspensiva) o la extinción (condición resolutoria) de la eficacia del contrato, regulada con carácter general para las obligaciones condicionales en los artículos 1113 a 1124 del Código Civil. El término o plazo es el acontecimiento futuro y cierto (aunque se ignore el momento exacto de su llegada) al que las partes supeditan el comienzo (término inicial) o el fin (término final) de la exigibilidad de los efectos del contrato, regulado en los artículos 1125 a 1130 CC. El modo o carga es una obligación accesoria de hacer, no hacer o dar, impuesta al beneficiario de una liberalidad (donación, legado), que limita o modaliza la atribución patrimonial recibida sin llegar a convertirla en un contrato bilateral oneroso, encontrando su regulación más desarrollada en sede de sucesiones (artículo 797 CC, para los legados modales).
La generación del contrato: tratos preliminares
La generación o formación del contrato comprende el conjunto de actuaciones previas a su perfección, mediante las cuales las partes negocian y aproximan sus voluntades hasta alcanzar el acuerdo definitivo, fase conocida doctrinalmente como tratos preliminares o negociaciones precontractuales, no regulada de forma sistemática y general en el Código Civil español (a diferencia de otros ordenamientos más modernos), pero de indudable relevancia práctica, especialmente en la contratación compleja o de largo desarrollo temporal (compraventas inmobiliarias importantes, contratos de sociedad, fusiones empresariales). Durante esta fase, las partes no están todavía vinculadas contractualmente (pues el contrato aún no se ha perfeccionado por falta de concurrencia de oferta y aceptación plenas), pero la doctrina y la jurisprudencia, elaborando la llamada teoría de la culpa in contrahendo (originariamente formulada por Ihering), han admitido la posibilidad de exigir responsabilidad precontractual a la parte que rompe injustificadamente unas negociaciones avanzadas, generando en la otra una confianza legítima en la futura celebración del contrato, con fundamento normalmente en el artículo 1902 CC (responsabilidad extracontractual) y en el principio general de buena fe del artículo 7.1 CC, limitándose la indemnización, según la jurisprudencia mayoritaria, al llamado interés negativo o de confianza (gastos y pérdidas sufridos por confiar en la negociación, no el beneficio esperado del contrato frustrado).
La perfección del contrato: momento y lugar
El artículo 1258 del Código Civil, precepto de referencia esencial en materia de perfección contractual, dispone que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Esta norma consagra, para la generalidad de los contratos, el principio consensualista (perfección por el mero acuerdo de voluntades, sin necesidad de forma ni de entrega, salvo en los contratos formales y en los reales, que constituyen excepciones expresamente admitidas a esta regla general), y proclama simultáneamente el principio de integración del contrato, según el cual el contenido obligacional derivado del contrato no se agota en lo literalmente pactado por las partes, sino que se extiende también a todo aquello que resulte exigible conforme a la buena fe contractual, a los usos del tráfico correspondiente, y a las disposiciones legales aplicables al tipo contractual de que se trate, incluso cuando estas no hayan sido expresamente incorporadas ni conocidas por las partes en el momento de contratar. Perfeccionado el contrato, el artículo 1091 CC le atribuye fuerza de ley entre las partes (deben cumplirse al tenor de lo pactado) y el artículo 1256 CC prohíbe dejar su validez o cumplimiento al arbitrio de uno solo de los contratantes. Debe distinguirse la perfección (nacimiento del vínculo) de la mera exigibilidad de las prestaciones, que puede quedar diferida por término o condición.
La contratación entre ausentes
El artículo 1262 del Código Civil, en su párrafo segundo, regula el momento de perfección de los contratos celebrados entre personas que no se hallan en el mismo lugar (contratación entre ausentes o a distancia), estableciendo que hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación, o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe, adoptando así el sistema de la cognición (matizado por la presunción de conocimiento cuando el aceptante ha remitido su aceptación y el oferente, de buena fe, no podría ya ignorarla), frente a otros sistemas posibles como el de la emisión (basta con que el aceptante emita su declaración) o el de la recepción (basta con que la aceptación llegue a la esfera del oferente, sin necesidad de conocimiento efectivo). El mismo precepto presume, en tal caso, que el contrato se celebra en el lugar en que se hizo la oferta, y, tras la reforma operada por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), añade que en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. La LSSI contiene además reglas propias de la contratación por vía electrónica: el artículo 23 reconoce su validez y eficacia y entiende cumplido el requisito legal de forma escrita cuando el contrato consta en soporte electrónico, y el artículo 29 presume celebrados los contratos electrónicos con consumidores en el lugar de su residencia habitual y los celebrados entre empresarios o profesionales, salvo pacto, en el lugar en que esté establecido el prestador del servicio. La normativa de consumidores (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) añade deberes de información precontractual y un derecho de desistimiento en los contratos a distancia y fuera de establecimiento, con un plazo general de 14 días naturales. Para los contratos mercantiles por correspondencia debe tenerse presente la regulación específica del Código de Comercio (art. 54).
La consumación del contrato
La consumación del contrato es la última de las tres fases en que tradicionalmente se divide su vida jurídica (generación, perfección y consumación), y se produce cuando ambas partes han cumplido íntegramente las prestaciones a las que respectivamente se obligaron, agotándose así por completo la relación contractual y satisfaciéndose plenamente el interés que perseguían las partes al contratar. La distinción entre estas tres fases resulta jurídicamente relevante en diversos aspectos: el momento de la perfección determina, con carácter general, la validez del contrato y el nacimiento de las obligaciones (aunque su cumplimiento pueda diferirse en el tiempo mediante plazos o condiciones); mientras que el momento de la consumación resulta especialmente relevante, entre otros efectos prácticos, para determinar el dies a quo del plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de anulabilidad de los contratos por vicios del consentimiento (artículo 1301 CC, que fija el cómputo, en los casos de error o dolo, desde la consumación del contrato, entendida jurisprudencialmente no como su perfección sino como el momento en que se han consumado o cumplido íntegramente las obligaciones de ambas partes, criterio muy relevante en contratos de tracto sucesivo o de larga duración).
Concepto de ineficacia contractual
La ineficacia contractual es la situación en que un contrato, por adolecer de algún defecto o irregularidad en su formación o en su contenido, no produce, no llega a producir, o deja de producir con posterioridad los efectos jurídicos que le son propios. La doctrina distingue, dentro de la categoría general de ineficacia, diversas modalidades en función de la causa y de la intensidad de la sanción: la inexistencia y la nulidad absoluta o radical (que afectan a la propia validez del contrato desde su origen, por faltar algún elemento esencial o por contravenir normas imperativas, siendo la ineficacia más intensa y, en principio, insubsanable); la anulabilidad (que afecta también a la validez desde el origen, pero por causas de menor gravedad, referidas fundamentalmente a la protección de una de las partes, siendo subsanable mediante confirmación); la rescisión (que presupone un contrato válidamente celebrado que, sin embargo, causa un perjuicio económico a alguna de las partes o a terceros, en supuestos tasados por la ley); y la resolución (que también presupone un contrato válido, pero que se deja sin efecto por el incumplimiento sobrevenido de una de las partes en los contratos con obligaciones recíprocas).
La inexistencia del contrato
La inexistencia contractual es una categoría de ineficacia contractual de origen doctrinal, no expresamente regulada como tal por el Código Civil español (a diferencia de otros ordenamientos, como el francés, que sí la reconocen expresamente), que un sector de la doctrina construye para calificar aquellos supuestos en los que falta de manera absoluta y radical alguno de los elementos esenciales del contrato enumerados en el artículo 1261 CC (consentimiento, objeto o causa), de tal manera que ni siquiera puede afirmarse que haya llegado a nacer un contrato, por defectuoso o inválido que este sea (por ejemplo, la falta total y absoluta de consentimiento, como en el caso de una firma falsificada, o la ausencia radical de objeto). La utilidad práctica y la propia autonomía dogmática de esta categoría, frente a la nulidad absoluta, han sido intensamente discutidas por la doctrina española, pues en la práctica jurisprudencial ambas figuras (inexistencia y nulidad radical) reciben un tratamiento sustancialmente idéntico: imprescriptibilidad de la acción para hacerlas valer, insubsanabilidad por confirmación, y posibilidad de ser apreciadas de oficio por los tribunales, de modo que un sector doctrinal considera que la inexistencia carece de verdadera sustantividad propia frente a la nulidad radical.
La nulidad absoluta o radical del contrato
La nulidad absoluta o radical es la sanción más grave que el ordenamiento anuda a los contratos que adolecen de un defecto esencial e insubsanable en su formación, bien por faltar alguno de sus elementos esenciales (consentimiento, objeto o causa, conforme al artículo 1261 CC), bien por contravenir una norma imperativa o prohibitiva sin sanción distinta expresamente establecida (artículo 6.3 CC: los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención), bien por tener causa ilícita conforme al artículo 1275 CC. Sus caracteres esenciales, de elaboración jurisprudencial mayoritaria ante la falta de una regulación general y sistemática de la nulidad absoluta en el propio Código Civil (que solo regula expresamente el régimen de la anulabilidad en los artículos 1300 y siguientes), son: la imprescriptibilidad de la acción de nulidad (puede ejercitarse en cualquier momento, sin sujeción a plazo alguno), la legitimación amplísima para instarla (cualquier persona con interés legítimo, y no solo las partes contratantes), la posibilidad de ser apreciada de oficio por los tribunales, y la insubsanabilidad del contrato nulo, que no puede sanarse mediante confirmación por las partes ni por el transcurso del tiempo.
La anulabilidad del contrato: causas y plazo de ejercicio
La anulabilidad es una categoría de ineficacia contractual de menor intensidad que la nulidad absoluta, regulada de forma sistemática en los artículos 1300 a 1314 del Código Civil, que afecta a contratos que reúnen todos los elementos esenciales exigidos por el artículo 1261 CC, pero en cuya formación concurre algún defecto de menor gravedad, referido fundamentalmente a la protección del interés particular de una de las partes: los vicios del consentimiento (error, dolo, violencia, intimidación, artículo 1265 CC) y la falta de capacidad exigible (menores no emancipados fuera de los supuestos en que la ley les permite contratar, y personas con discapacidad cuando se hayan omitido las medidas de apoyo que procedieran, régimen adaptado por la Ley 8/2021, de 2 de junio). El artículo 1300 CC precisa que los contratos con los requisitos del artículo 1261 pueden ser anulados, aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley. El artículo 1301 CC fija en cuatro años el plazo de caducidad de la acción, computado, según la causa concreta, desde momentos distintos: en los casos de intimidación o violencia, desde el día en que estas hubiesen cesado; en los de error, dolo o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato; y en los contratos celebrados por menores o por personas con discapacidad rige un cómputo especial previsto en el propio artículo 1301 (a contrastar en su redacción vigente tras la Ley 8/2021). A diferencia de la nulidad absoluta, el artículo 1302 CC limita la legitimación a los obligados principal o subsidiariamente en virtud del contrato, y excluye expresamente que las personas capaces aleguen la incapacidad de quienes contrataron con ellas, y que quienes causaron la intimidación o violencia, utilizaron el dolo o produjeron el error fundamenten su acción en estos vicios.
La confirmación del contrato anulable
La confirmación es el acto jurídico unilateral por el cual la parte legitimada para ejercitar la acción de anulabilidad de un contrato (esto es, la parte protegida por la causa de anulabilidad) purifica el vicio de que este adolecía, con renuncia definitiva a la posibilidad de instar su anulación. El artículo 1309 del Código Civil dispone que la acción de nulidad (en rigor, de anulabilidad) queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente. El artículo 1310 CC establece que solo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos del artículo 1261, de modo que el contrato radicalmente nulo no puede sanarse por confirmación. La confirmación puede ser expresa o tácita; según el artículo 1311 CC, hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo esta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciar al derecho (por ejemplo, el cumplimiento voluntario del contrato tras cesar la intimidación, conociendo el vicio). De ahí que no pueda confirmar válidamente quien todavía está siendo objeto de intimidación. El artículo 1313 CC precisa que la confirmación purifica al contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración, produciendo así un efecto retroactivo pleno. La confirmación no necesita el concurso de la otra parte contratante, por tratarse de un acto unilateral de renuncia.
La rescisión del contrato: concepto y causas
La rescisión, regulada en los artículos 1290 a 1299 del Código Civil, es una categoría de ineficacia contractual que presupone, a diferencia de la nulidad y la anulabilidad, un contrato válidamente celebrado, sin ningún vicio en su formación, que sin embargo produce un perjuicio económico injustificado a alguna de las partes contratantes o a terceros ajenos al contrato, en alguno de los supuestos tasados legalmente. El artículo 1291 CC enumera los contratos rescindibles: los celebrados por tutores sin autorización judicial siempre que las personas a quienes representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas objeto de aquellos; los celebrados en representación de los ausentes, siempre que estos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior; los celebrados en fraude de acreedores, cuando estos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba; los contratos que se refieran a cosas litigiosas cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad judicial competente; y cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley. La rescisión tiene carácter subsidiario (artículo 1294 CC), pues solo procede cuando el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
La acción rescisoria por fraude de acreedores
El supuesto de rescisión de mayor relevancia práctica es la denominada acción rescisoria por fraude de acreedores, también llamada acción pauliana, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 1291.3º del Código Civil, en conexión con el artículo 1111 CC, que reconoce a los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, la facultad de ejercitar las acciones que este tenga, con el mismo fin, exceptuando las que sean inherentes a su persona, así como de impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. El artículo 1297 CC establece una presunción de fraude de gran utilidad práctica para el acreedor perjudicado, dado que la prueba directa del ánimo fraudulento del deudor resultaría extraordinariamente difícil: se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito, y, en cuanto a los onerosos, cuando la enajenación hubiese sido hecha por personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes. El plazo de ejercicio de la acción rescisoria, conforme al artículo 1299 CC, es de cuatro años.
La resolución del contrato por incumplimiento
El artículo 1124 del Código Civil regula la resolución de los contratos con obligaciones recíprocas por incumplimiento de una de las partes, disponiendo que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Este precepto atribuye a la parte cumplidora, frente al incumplimiento de la otra, una doble opción alternativa: exigir el cumplimiento forzoso de la obligación incumplida (con resarcimiento de daños y abono de intereses, en su caso), o bien optar por la resolución del contrato, con la obligación de restitución de las prestaciones ya recibidas y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. La jurisprudencia exige, para que proceda la resolución, que el incumplimiento sea grave o esencial (no una simple irregularidad de escasa entidad en el cumplimiento) y que afecte a obligaciones principales del contrato, no a prestaciones accesorias de escasa relevancia para la economía del contrato. El párrafo tercero del artículo 1124 CC faculta al tribunal para conceder al deudor incumplidor un plazo de gracia cuando existan causas justificadas que lo aconsejen, atenuando así el rigor de la facultad resolutoria del acreedor.
Reglas de interpretación de los contratos (arts. 1281 a 1289 CC)
El Código Civil dedica los artículos 1281 a 1289 a establecer las reglas de interpretación de los contratos, aplicables cuando surja controversia sobre el verdadero sentido y alcance de lo pactado por las partes. El artículo 1281 CC formula la regla primordial: si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas; si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. El artículo 1282 CC ordena atender a los actos de los contratantes, coetáneos y posteriores al contrato, para juzgar la intención de estos. El artículo 1285 CC establece el criterio sistemático: las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. El artículo 1288 CC recoge la regla contra proferentem: la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad, regla de especial aplicación práctica en los contratos de adhesión con condiciones generales predispuestas por una de las partes.
La forma de los contratos: libertad de forma
El artículo 1278 del Código Civil consagra el principio general de libertad de forma en la contratación española: los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Este principio, conocido doctrinalmente como principio espiritualista, supone que, como regla general, la forma no constituye un requisito de validez del contrato (que queda válidamente perfeccionado, conforme al artículo 1258 CC, por el mero consentimiento), sino, a lo sumo, un medio de prueba de su existencia y contenido, pudiendo las partes elegir libremente la forma que estimen más conveniente (verbal, escrita en documento privado, escrita en documento público) sin que de ello dependa, en principio, la validez del vínculo contractual asumido. Este principio de libertad de forma constituye la regla general del sistema, frente a la cual las excepciones de forma solemne (contratos formales, en los que la forma se exige ad solemnitatem, como requisito de validez) tienen carácter tasado y excepcional, debiendo venir expresamente establecidas por la ley para el tipo contractual concreto de que se trate.
Contratos que exigen forma solemne o ad probationem
Frente a la regla general de libertad de forma del artículo 1278 CC, el artículo 1279 del Código Civil dispone que si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez, lo que revela que, en estos casos, la forma exigida por la ley no opera como requisito de validez del contrato mismo (que ya es válido desde el consentimiento), sino como un requisito adicional para hacer plenamente efectivas sus obligaciones (forma ad probationem o para producir determinados efectos, como la oponibilidad frente a terceros o el acceso al Registro de la Propiedad). El artículo 1280 CC enumera los actos y contratos que deberán constar en documento público: entre otros, los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles; los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más años, siempre que deban perjudicar a tercero; las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones; y el poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio, el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.
El principio espiritualista en la contratación civil
El llamado principio espiritualista, que informa todo el sistema contractual del Código Civil español, se resume en la idea de que lo verdaderamente relevante para la validez y eficacia del contrato es la concurrencia real de los elementos esenciales del artículo 1261 CC (consentimiento libre, objeto cierto, causa lícita), y no el cumplimiento de formalidades externas, que quedan relegadas, salvo excepciones tasadas, a una función meramente probatoria o de eficacia frente a terceros. Este principio, heredero de la tradición canónica medieval (que primaba la validez del simple acuerdo de voluntades, pacta sunt servanda, frente al formalismo del Derecho romano clásico, que exigía rituales y solemnidades específicas para cada tipo contractual), se plasma positivamente tanto en el artículo 1258 CC (perfección por el mero consentimiento) como en el artículo 1278 CC (obligatoriedad del contrato cualquiera que sea su forma). No obstante, la evolución del Derecho contractual moderno, especialmente en el ámbito de la protección de consumidores y usuarios, ha introducido un renovado formalismo funcional o de protección (deberes de información precontractual, forma escrita de determinadas cláusulas, derecho de desistimiento), que atempera en la práctica el rigor del principio espiritualista clásico sin llegar a derogarlo formalmente.
Fuerza vinculante, buena fe y límites a la autonomía: deberes de corrección
Junto a la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC) y la relatividad (art. 1257 CC), la teoría general del contrato descansa en la fuerza vinculante del pacto (pacta sunt servanda): el artículo 1091 CC dispone que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Su complemento es el artículo 1256 CC, según el cual la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. La buena fe, además de integrar el contenido del contrato (art. 1258 CC), opera como límite del ejercicio de los derechos (art. 7.1 CC) y su vulneración puede dar lugar a figuras como la doctrina de los actos propios o la prohibición del abuso de derecho (art. 7.2 CC). Un tema doctrinal y jurisprudencial recurrente es la cláusula rebus sic stantibus: la alteración sobrevenida e imprevisible de las circunstancias que hace excesivamente onerosa la prestación de una parte. El Código Civil no la regula con carácter general; el Tribunal Supremo la admite con carácter excepcional y como mecanismo preferentemente de modificación (no de resolución) del contrato, exigiendo una alteración extraordinaria, imprevisibilidad y desproporción exorbitante. No debe confundirse con la fuerza mayor o el caso fortuito del artículo 1105 CC, que exoneran de responsabilidad al deudor cuando el hecho es imprevisible o, siendo previsible, inevitable.
Otras clasificaciones de los contratos
Además de las clasificaciones ya expuestas, conviene dominar las siguientes. Por la relación entre contratos: principales (existen por sí mismos, como la compraventa) y accesorios (dependen de otro principal, como la fianza, la prenda o la hipoteca). Por el cumplimiento en el tiempo: contratos de ejecución instantánea (se agotan en un solo acto), de ejecución diferida (cumplimiento aplazado) y de tracto sucesivo o duradero (prestaciones continuadas o reiteradas, como el arrendamiento o el suministro), en los que la resolución no suele tener efecto retroactivo sobre las prestaciones ya cumplidas. Por la relevancia de la persona: contratos intuitu personae (la identidad o cualidades de una parte son determinantes, por ejemplo el mandato o los servicios profesionales), que no se transmiten con facilidad a los herederos (art. 1257 CC). Por la forma de formación: contratos negociados y contratos de adhesión, en los que una parte predispone todas las cláusulas y la otra solo puede aceptarlas o rechazarlas en bloque. Por los sujetos: contratos civiles, mercantiles y de consumo (aquellos en que una de las partes es consumidor o usuario). Por la finalidad: contratos de cambio (compraventa, permuta), de custodia (depósito), de garantía (fianza, prenda, hipoteca), de crédito (préstamo), de colaboración (sociedad, mandato), de uso (arrendamiento, comodato) y de liberalidad (donación). Y los contratos mixtos, que combinan prestaciones de varios tipos legales, se rigen por la teoría de la absorción, de la combinación o de la analogía, según el caso, sin que exista una solución legal uniforme.
Contratos preparatorios: promesa, opción y arras
Antes del contrato definitivo las partes pueden quedar vinculadas por figuras preparatorias. La promesa bilateral de compra y venta, regulada en el artículo 1451 CC, dispone que, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, da derecho a los contratantes para reclamarse recíprocamente el cumplimiento del contrato; la promesa unilateral o de una sola parte solo vincula al promitente. El contrato de opción (de elaboración doctrinal y jurisprudencial, sin regulación general en el Código) concede a una parte (optante) la facultad exclusiva de decidir, dentro de un plazo, si celebra o no el contrato definitivo, cuyas condiciones esenciales ya están fijadas; suele ir acompañado de una prima. El derecho de opción puede acceder al Registro de la Propiedad cuando cumple los requisitos reglamentarios, y su ejercicio dentro del plazo perfecciona el contrato proyectado. El artículo 1454 CC regula las arras o señal en la compraventa: si hubiesen mediado arras o señal, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas. Esta es la modalidad penitencial o de desistimiento; la jurisprudencia distingue además las arras confirmatorias (parte del precio y prueba de la perfección, sin facultad de desistir) y las penales (indemnizan el incumplimiento). En la duda, el Tribunal Supremo exige que el carácter penitencial resulte de modo claro de lo pactado.
La capacidad para contratar
El artículo 1263 CC, en la redacción dada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, dispone que no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales. La reforma suprimió la referencia a los incapacitados judicialmente y sustituyó el régimen de incapacitación por un sistema de apoyos (curatela, guarda de hecho, defensor judicial y apoyos voluntarios), de forma que la persona con discapacidad actúa por sí misma con los apoyos que precise. El menor emancipado tiene capacidad para actuar con limitaciones (necesita complemento de capacidad para los actos del artículo 323 CC, como gravar o enajenar bienes inmuebles o establecimientos mercantiles de extraordinario valor). La capacidad se presume; la falta de capacidad de obrar no es causa de nulidad radical sino de anulabilidad, ejercitable por el protegido o sus representantes (art. 1302 CC). Para las personas jurídicas, la capacidad contractual depende de su objeto y de las facultades de sus órganos.
La representación en la contratación
Se puede contratar por sí o por medio de representante. El artículo 1259 CC establece que ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por este autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal; el contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante (contrato celebrado sin poder: ineficacia que se subsana por ratificación, que retrotrae sus efectos al momento de la celebración). Debe distinguirse la representación directa (el representante actúa en nombre y por cuenta del representado y los efectos se producen directamente en su esfera) de la indirecta (el mandatario actúa en nombre propio, aunque por cuenta ajena, arts. 1717 y siguientes CC). El contrato consigo mismo o autocontratación, en que una persona actúa en su propio nombre y en representación de otra, no está prohibido con carácter general, pero la jurisprudencia lo admite cuando no hay conflicto de intereses o el representado lo ha autorizado, y el ordenamiento lo veta en casos concretos (por ejemplo, el artículo 1459 CC prohíbe a ciertas personas adquirir por compra los bienes que administran o cuya enajenación se les ha encomendado). El abuso o exceso de poder se rige por las reglas del mandato y del apoderamiento, y el tercero de buena fe queda protegido según el alcance publicitado del poder.
La oferta: naturaleza, revocación y caducidad
La oferta es una declaración de voluntad recepticia, completa y vinculante, dirigida a persona o personas determinadas o al público, que contiene los elementos esenciales del contrato. Debe distinguirse de la invitación a ofrecer o a negociar (catálogos, anuncios no concretos), que carece de fuerza vinculante, y de los tratos preliminares. El Código Civil no regula con detalle su revocabilidad: la doctrina mayoritaria admite que la oferta es revocable mientras no haya sido aceptada, salvo que el oferente se haya obligado a mantenerla durante un plazo (oferta irrevocable) o que de las circunstancias se deduzca que no puede revocarse sin quebrantar la buena fe. La oferta caduca por el transcurso del plazo señalado, por la falta de aceptación en un plazo razonable si no se fijó ninguno o por el rechazo del destinatario. La aceptación debe ser congruente con la oferta (pura y simple), comunicarse al oferente cuando así lo exija la naturaleza del negocio y emitirse mientras la oferta esté vigente; una aceptación tardía se considera una nueva oferta. La oferta al público (por ejemplo, promesas de recompensa o ventas en máquinas expendedoras) vincula a quien la formula desde que se hace pública, y en la contratación con consumidores la publicidad que contiene datos suficientemente concretos se integra en el contrato (art. 61 TRLGDCU).
Error, dolo, violencia e intimidación: régimen detallado
El error invalidante tiene por requisitos: que sea esencial (recae sobre la sustancia de la cosa o sobre las condiciones que principalmente motivaron el contrato, art. 1266 CC); que sea excusable, es decir, no imputable a la negligencia de quien lo sufre, requisito de creación jurisprudencial que se aprecia valorando el deber de informarse y las condiciones del sujeto (en la contratación con consumidores y clientes minoristas la jurisprudencia, en casos de productos financieros complejos, ha reforzado los deberes de información de la entidad y matizado la apreciación de la excusabilidad); y, según la doctrina jurisprudencial, que no se trate de un mero error en los motivos. El error sobre la persona solo invalida el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo (art. 1266 CC, párrafo 2). El simple error de cuenta (aritmético) solo da lugar a su corrección (art. 1266 CC, último párrafo). El dolo (art. 1269 CC) exige palabras o maquinaciones insidiosas de uno de los contratantes que determinen al otro a contratar; para que sea causa de anulabilidad debe ser grave y no haber sido empleado por las dos partes (art. 1270 CC), mientras que el dolo incidental, el que no ha sido determinante del consentimiento, solo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios. La reticencia dolosa (silencio sobre circunstancias que se debían comunicar) se asimila al dolo por la jurisprudencia. En cuanto a la violencia y la intimidación, el artículo 1267 CC exige fuerza irresistible en la primera y temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en la persona o bienes, o en la persona o bienes del cónyuge, descendientes o ascendientes, en la segunda, valorándose la edad, el sexo y la condición de la persona; el mero temor de desagradar a quienes se debe sumisión y respeto (temor reverencial) no anula el contrato. Conforme al artículo 1268 CC, la violencia o intimidación anulan la obligación aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato, a diferencia del dolo, cuya relevancia exige, en principio, que provenga de uno de los contratantes (art. 1269 CC).
Efectos de la declaración de nulidad o anulabilidad
Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con sus intereses (art. 1303 CC). Este efecto restitutorio, con eficacia retroactiva (ex tunc), se aplica tanto a la nulidad absoluta como a la anulabilidad. Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes, el artículo 1304 CC limita la obligación de restituir del incapaz a lo que se hubiere enriquecido con la cosa o precio que recibió (régimen protector adaptado a la reforma de 2021). La causa torpe (arts. 1305 y 1306 CC) regula el caso en que la causa u objeto ilícito del contrato nulo constituye delito o es contrario a las buenas costumbres, con consecuencias específicas sobre la restitución. El artículo 1314 CC, por su parte, extingue la acción de nulidad cuando la cosa se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitarla. Con carácter general, la restitución se rige por la regla de reciprocidad: ninguna de las partes puede reclamar a la otra sin ofrecer su propia devolución. La jurisprudencia admite la nulidad parcial cuando la parte afectada es separable y las partes habrían contratado sin ella (principio de conservación del negocio jurídico, apoyado en el artículo 1255 CC y en el 6.3 CC en relación con la voluntad del legislador).
Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas
La contratación en masa se apoya en cláusulas predispuestas e impuestas por una de las partes, reguladas por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (LCGC), que define las condiciones generales como cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material, apariencia externa, extensión o cualquier otra circunstancia, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Para que formen parte del contrato deben ser aceptadas por el adherente y firmadas por todos los contratantes (art. 5 LCGC), y no quedan incorporadas las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración, ni las ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles (art. 7 LCGC). Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en la ley, salvo que en ella se establezca un efecto distinto (art. 8 LCGC), con acción de cesación y de retractación a favor de las entidades legitimadas. En el ámbito de los consumidores, el TRLGDCU (Real Decreto Legislativo 1/2007) considera abusivas las cláusulas no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes (art. 82); las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y se tienen por no puestas, subsistiendo el contrato si puede mantenerse sin ellas (art. 83). Esta nulidad de protección es apreciable de oficio por el juez, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aplicación de la Directiva 93/13/CEE, ha reforzado el control judicial de oficio y el carácter no vinculante de estas cláusulas, y ha limitado la moderación judicial de las cláusulas abusivas. Las condiciones generales son aplicables también entre profesionales, con efectos distintos: se controla su incorporación, pero no el carácter abusivo en sentido estricto.
Cuadro comparativo de las figuras de ineficacia
Para evitar las confusiones típicas de examen conviene fijar el siguiente esquema. Nulidad absoluta o de pleno derecho: causa en falta de elementos esenciales, ilicitud de la causa o del objeto o contravención de norma imperativa (arts. 1261, 1275 y 6.3 CC); efecto ex tunc; acción imprescriptible (aunque la restitución derivada puede quedar sujeta a prescripción según la jurisprudencia), legitimación amplia, apreciable de oficio, no confirmable. Anulabilidad: causa en vicios del consentimiento o falta de capacidad (arts. 1265 y 1263 CC); contrato eficaz hasta su anulación; acción de caducidad de 4 años (art. 1301 CC) que solo ejerce el perjudicado (art. 1302 CC); confirmable (arts. 1309-1313 CC). Rescisión: contrato válido que causa perjuicio económico a alguna parte o a terceros en los casos tasados del artículo 1291 CC; acción subsidiaria (art. 1294 CC), con plazo de 4 años (art. 1299 CC); la rescisión se opone a la nulidad en que el contrato no adolece de vicio en su formación; procede la restitución recíproca (art. 1295 CC), pero no cabe cuando las cosas se hallen legalmente en poder de terceros que no hubiesen procedido de mala fe (art. 1295, párrafo 2). Resolución: contrato válido con obligaciones recíprocas; causa en el incumplimiento sobrevenido (art. 1124 CC); facultad del contratante cumplidor, que puede optar entre cumplimiento y resolución; plazo, según la jurisprudencia, el general de prescripción de las acciones personales (cinco años, art. 1964.2 CC tras la Ley 42/2015). Inexistencia: categoría doctrinal sin soporte legal, de efectos prácticos equivalentes a la nulidad radical. Y no deben confundirse con el desistimiento unilateral (extinción por voluntad de una parte cuando la ley o el contrato lo permiten), con el mutuo disenso (acuerdo de las partes para extinguir) ni con la revocación (retirada de una declaración de voluntad).
Reglas complementarias de interpretación (arts. 1283 a 1289 CC)
Además de los criterios de los artículos 1281, 1282, 1285 y 1288 CC, el Código fija otras reglas. El artículo 1283 CC prohíbe interpretar extensivamente la generalidad de los términos de un contrato: no deben entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. El artículo 1284 CC (interpretación útil o de conservación) ordena que si alguna cláusula admitiere diversos sentidos, deba entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. El artículo 1286 CC establece que las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato, y el artículo 1287 CC que el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse. El artículo 1289 CC contiene reglas para las dudas que no puedan resolverse con los criterios anteriores: en los contratos gratuitos se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses, y en los onerosos en favor de la mayor reciprocidad de intereses; y si las dudas recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. Ha de distinguirse la interpretación (determinar el sentido de lo declarado) de la calificación (determinar su naturaleza jurídica) y de la integración (completar lagunas conforme al art. 1258 CC). La jurisprudencia considera la interpretación cuestión de hecho reservada al tribunal de instancia, por lo que solo accede a casación, en su caso, cuando es arbitraria, ilógica o contraria a las reglas legales.
Prueba de los contratos y documentos: efectos de la forma
La forma tiene relevancia probatoria y de oponibilidad frente a terceros. El documento público (escritura notarial, entre otros) hace prueba, incluso contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este (art. 1218 CC); contra los contratantes y sus causahabientes, hace prueba también de las declaraciones que en él hubiesen hecho los primeros. El documento privado, reconocido legalmente, tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes (art. 1225 CC), pero la fecha de un documento privado no se cuenta respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio (art. 1227 CC). El último párrafo del artículo 1280 CC dispone que los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de ambos contratantes pase de 1.500 pesetas deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, precepto cuya sanción es meramente probatoria (el cumplimiento de la forma no condiciona su validez). Las formas solemnes en sentido estricto, cuya omisión provoca la nulidad, son excepcionales (por ejemplo, la donación de inmuebles del art. 633 CC, las capitulaciones matrimoniales del art. 1327 CC y la hipoteca, que exige para su válida constitución la inscripción en el Registro de la Propiedad, art. 1875 CC). La firma electrónica, regulada por el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, tiene validez probatoria y la firma electrónica cualificada produce efectos equivalentes a la manuscrita.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 1254 CC: el contrato existe desde que hay consentimiento de obligarse a dar algo o prestar un servicio (se entiende incluido también el no hacer, aunque no se mencione literalmente).
Art. 1255 CC: autonomía de la voluntad con tres límites — ley (imperativa), moral y orden público.
Art. 1257 CC: principio de relatividad; excepción del contrato a favor de tercero, que exige aceptación del tercero comunicada al obligado antes de la revocación.
Art. 1261 CC: tres elementos esenciales — consentimiento, objeto cierto, causa; su ausencia acarrea inexistencia/nulidad radical, distinta de la anulabilidad (defectos menores: vicios del consentimiento, falta de capacidad).
Art. 1265 CC: catálogo cerrado de vicios del consentimiento — error, violencia, intimidación, dolo (aunque hable de 'nulo', la sanción correcta es la ANULABILIDAD).
Art. 1266 CC: el error debe recaer sobre la sustancia o condiciones que motivaron principalmente el contrato, y ser excusable.
Art. 1275/1276 CC: los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto; la expresión de causa falsa lleva a la nulidad salvo que se pruebe que hay otra causa verdadera y lícita (base de la doctrina de la simulación).
Art. 1258 CC: perfección por el mero consentimiento + integración del contrato conforme a la buena fe, el uso y la ley (el contrato obliga a más de lo literalmente pactado).
Contratación entre ausentes (art. 1262.2º CC): teoría de la cognición — hay consentimiento cuando el oferente conoce la aceptación, o cuando, habiéndosela remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe.
Consumación (no perfección) es el dies a quo del plazo de 4 años (caducidad) para la acción de anulabilidad por error, dolo o falsedad de la causa (art. 1301 CC); por intimidación/violencia, desde que estas cesan. Para el Tribunal Supremo la consumación es el cumplimiento de todas las obligaciones de ambas partes (STS de 12 de enero de 2015, Pleno).
Nulidad absoluta: imprescriptible, legitimación amplísima, apreciable de oficio, insubsanable por confirmación (solo son confirmables los contratos con los requisitos del art. 1261: art. 1310 CC). Anulabilidad: plazo de 4 años, solo la parte protegida puede ejercitarla (art. 1302 CC), subsanable mediante confirmación (arts. 1309-1313 CC).
Art. 1291 CC: contratos rescindibles — los de tutores sin autorización judicial y los de representantes de ausentes con lesión en más de 1/4 del valor, los celebrados en fraude de acreedores, los de cosas litigiosas sin conocimiento y aprobación de las partes o de la autoridad judicial, y cualesquiera otros en que la ley lo determine especialmente (cláusula abierta); la rescisión es SUBSIDIARIA (art. 1294 CC) y solo cabe por lesión en los dos primeros supuestos (art. 1293 CC).
Acción pauliana (fraude de acreedores): presunción de fraude del art. 1297 CC (enajenaciones gratuitas, u onerosas tras sentencia condenatoria o embargo); plazo de ejercicio 4 años (art. 1299 CC).
Art. 1124 CC: la facultad resolutoria se entiende implícita en las obligaciones RECÍPROCAS; exige incumplimiento grave o esencial; el tribunal puede conceder plazo de gracia al deudor.
Arts. 1281-1289 CC (interpretación): 1281 prioriza el sentido literal claro salvo intención evidente contraria; 1285 interpretación sistemática; 1288 regla contra proferentem (la oscuridad no beneficia a quien la causó) — clave en contratos de adhesión.
Art. 1278 CC: libertad de forma como regla (principio espiritualista); art. 1279 CC: cuando la ley exige forma especial, las partes pueden compelerse recíprocamente a otorgarla (forma normalmente ad probationem/eficacia, no ad solemnitatem).
Art. 1280 CC: actos que deben constar en documento público (transmisión de derechos reales sobre inmuebles, arrendamientos de inmuebles ≥ 6 años que perjudiquen a tercero, capitulaciones matrimoniales, poderes para pleitos o para actos que exijan escritura pública).
Art. 1262 CC (reformado por la Ley 34/2002): consentimiento entre ausentes por cognición; contratos celebrados con dispositivos automáticos, consentimiento desde que se manifiesta la aceptación; el contrato se presume celebrado donde se hizo la oferta (en la contratación electrónica, art. 29 LSSI: residencia habitual del consumidor).
Art. 1091 CC: el contrato tiene fuerza de ley entre las partes; art. 1256 CC: validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de una sola parte.
Art. 1259 CC: contrato celebrado en nombre de otro sin poder es nulo salvo ratificación antes de ser revocado por la otra parte; es el supuesto típico de pregunta sobre representación.
Art. 1263 CC (Ley 8/2021): los menores no emancipados no pueden contratar salvo lo que la ley permite o los bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad; desaparece el régimen de incapacitación judicial en favor del sistema de apoyos.
Art. 1270 CC: el dolo, para anular, debe ser grave y no utilizado por ambas partes; el dolo incidental solo genera indemnización. Art. 1268 CC: violencia o intimidación anulan aunque las ejerza un tercero.
Art. 1303 CC: la nulidad lleva a la restitución recíproca de cosa y precio con frutos e intereses; art. 1304 CC: el incapaz solo restituye en cuanto se enriqueció.
Art. 1451 CC: la promesa bilateral de compra y venta con acuerdo en cosa y precio da derecho a exigir el cumplimiento; art. 1454 CC: arras penitenciales, el comprador pierde las arras o el vendedor las devuelve duplicadas.
Condiciones generales (Ley 7/1998): no se incorporan las que el adherente no pudo conocer o son ilegibles u oscuras (art. 7); son nulas las contrarias a la ley (art. 8). Cláusulas abusivas con consumidores (arts. 82 y 83 TRLGDCU): nulas de pleno derecho, se tienen por no puestas y el contrato subsiste si puede mantenerse.
Interpretación: arts. 1281 (literalidad/intención), 1282 (actos coetáneos y posteriores), 1283 (no extensiva), 1284 (utilidad), 1285 (sistemática), 1286-1287 (acepciones y usos), 1288 (contra proferentem), 1289 (dudas: gratuitos menor transmisión, onerosos mayor reciprocidad; objeto principal indeterminable: nulo).
Art. 1280 CC (último párrafo): los contratos no sujetos a documento público cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas deben constar por escrito, aunque sea privado, a efectos probatorios; no afecta a la validez (art. 1278 CC).
Resolución (art. 1124 CC) vs. rescisión (art. 1291 CC) vs. anulabilidad (art. 1300 CC): la resolución exige obligaciones recíprocas e incumplimiento; la rescisión, perjuicio económico en casos tasados y subsidiariedad; la anulabilidad, vicios en la formación del contrato.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el artículo 1288 del Código Civil, la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Hacienda (AEAT)?
El contrato es la fuente de obligaciones más importante en la práctica y el tema teóricamente más denso del Derecho civil patrimonial, porque en él se articulan los grandes principios que rigen todo el tráfico jurídico privado: autonomía de la voluntad, fuerza vinculante, buena fe y relatividad. El opositor debe dominar con precisión los tres elementos esenciales del artículo 1261 CC, las fases de la vida del contrato (generación, perfección, consumación), y sobre todo el complejo cuadro de la ineficacia contractual (inexistencia, nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución), materia de gran casuística y muy confundida en los exámenes tipo test por la proximidad conceptual entre sus categorías. Se cierra con las reglas de interpretación (arts. 1281-1289 CC) y el régimen de la forma, con una referencia a la contratación con condiciones generales, con consumidores y por vía electrónica, que modula en la práctica el régimen general del Código Civil. Conviene tener presente que la Ley 8/2021, de 2 de junio, de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, reformó varios preceptos de esta materia (capacidad, anulabilidad, confirmación y plazos).
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Art. 1254 CC: el contrato existe desde que hay consentimiento de obligarse a dar algo o prestar un servicio (se entiende incluido también el no hacer, aunque no se mencione literalmente). Art. 1255 CC: autonomía de la voluntad con tres límites — ley (imperativa), moral y orden público. Art. 1257 CC: principio de relatividad; excepción del contrato a favor de tercero, que exige aceptación del tercero comunicada al obligado antes de la revocación. Art. 1261 CC: tres elementos esenciales — consentimiento, objeto cierto, causa; su ausencia acarrea inexistencia/nulidad radical, distinta de la anulabilidad (defectos menores: vicios del consentimiento, falta de capacidad). Art. 1265 CC: catálogo cerrado de vicios del consentimiento — error, violencia, intimidación, dolo (aunque hable de 'nulo', la sanción correcta es la ANULABILIDAD). Art. 1266 CC: el error debe recaer sobre la sustancia o condiciones que motivaron principalmente el contrato, y ser excusable. Art. 1275/1276 CC: los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto; la expresión de causa falsa lleva a la nulidad salvo que se pruebe que hay otra causa verdadera y lícita (base de la doctrina de la simulación). Art. 1258 CC: perfección por el mero consentimiento + integración del contrato conforme a la buena fe, el uso y la ley (el contrato obliga a más de lo literalmente pactado). Contratación entre ausentes (art. 1262.2º CC): teoría de la cognición — hay consentimiento cuando el oferente conoce la aceptación, o cuando, habiéndosela remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe. Consumación (no perfección) es el dies a quo del plazo de 4 años (caducidad) para la acción de anulabilidad por error, dolo o falsedad de la causa (art. 1301 CC); por intimidación/violencia, desde que estas cesan. Para el Tribunal Supremo la consumación es el cumplimiento de todas las obligaciones de ambas partes (STS de 12 de enero de 2015, Pleno). Nulidad absoluta: imprescriptible, legitimación amplísima, apreciable de oficio, insubsanable por confirmación (solo son confirmables los contratos con los requisitos del art. 1261: art. 1310 CC). Anulabilidad: plazo de 4 años, solo la parte protegida puede ejercitarla (art. 1302 CC), subsanable mediante confirmación (arts. 1309-1313 CC). Art. 1291 CC: contratos rescindibles — los de tutores sin autorización judicial y los de representantes de ausentes con lesión en más de 1/4 del valor, los celebrados en fraude de acreedores, los de cosas litigiosas sin conocimiento y aprobación de las partes o de la autoridad judicial, y cualesquiera otros en que la ley lo determine especialmente (cláusula abierta); la rescisión es SUBSIDIARIA (art. 1294 CC) y solo cabe por lesión en los dos primeros supuestos (art. 1293 CC). Acción pauliana (fraude de acreedores): presunción de fraude del art. 1297 CC (enajenaciones gratuitas, u onerosas tras sentencia condenatoria o embargo); plazo de ejercicio 4 años (art. 1299 CC). Art. 1124 CC: la facultad resolutoria se entiende implícita en las obligaciones RECÍPROCAS; exige incumplimiento grave o esencial; el tribunal puede conceder plazo de gracia al deudor. Arts. 1281-1289 CC (interpretación): 1281 prioriza el sentido literal claro salvo intención evidente contraria; 1285 interpretación sistemática; 1288 regla contra proferentem (la oscuridad no beneficia a quien la causó) — clave en contratos de adhesión. Art. 1278 CC: libertad de forma como regla (principio espiritualista); art. 1279 CC: cuando la ley exige forma especial, las partes pueden compelerse recíprocamente a otorgarla (forma normalmente ad probationem/eficacia, no ad solemnitatem). Art. 1280 CC: actos que deben constar en documento público (transmisión de derechos reales sobre inmuebles, arrendamientos de inmuebles ≥ 6 años que perjudiquen a tercero, capitulaciones matrimoniales, poderes para pleitos o para actos que exijan escritura pública). Art. 1262 CC (reformado por la Ley 34/2002): consentimiento entre ausentes por cognición; contratos celebrados con dispositivos automáticos, consentimiento desde que se manifiesta la aceptación; el contrato se presume celebrado donde se hizo la oferta (en la contratación electrónica, art. 29 LSSI: residencia habitual del consumidor). Art. 1091 CC: el contrato tiene fuerza de ley entre las partes; art. 1256 CC: validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de una sola parte. Art. 1259 CC: contrato celebrado en nombre de otro sin poder es nulo salvo ratificación antes de ser revocado por la otra parte; es el supuesto típico de pregunta sobre representación. Art. 1263 CC (Ley 8/2021): los menores no emancipados no pueden contratar salvo lo que la ley permite o los bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad; desaparece el régimen de incapacitación judicial en favor del sistema de apoyos. Art. 1270 CC: el dolo, para anular, debe ser grave y no utilizado por ambas partes; el dolo incidental solo genera indemnización. Art. 1268 CC: violencia o intimidación anulan aunque las ejerza un tercero. Art. 1303 CC: la nulidad lleva a la restitución recíproca de cosa y precio con frutos e intereses; art. 1304 CC: el incapaz solo restituye en cuanto se enriqueció. Art. 1451 CC: la promesa bilateral de compra y venta con acuerdo en cosa y precio da derecho a exigir el cumplimiento; art. 1454 CC: arras penitenciales, el comprador pierde las arras o el vendedor las devuelve duplicadas. Condiciones generales (Ley 7/1998): no se incorporan las que el adherente no pudo conocer o son ilegibles u oscuras (art. 7); son nulas las contrarias a la ley (art. 8). Cláusulas abusivas con consumidores (arts. 82 y 83 TRLGDCU): nulas de pleno derecho, se tienen por no puestas y el contrato subsiste si puede mantenerse. Interpretación: arts. 1281 (literalidad/intención), 1282 (actos coetáneos y posteriores), 1283 (no extensiva), 1284 (utilidad), 1285 (sistemática), 1286-1287 (acepciones y usos), 1288 (contra proferentem), 1289 (dudas: gratuitos menor transmisión, onerosos mayor reciprocidad; objeto principal indeterminable: nulo). Art. 1280 CC (último párrafo): los contratos no sujetos a documento público cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas deben constar por escrito, aunque sea privado, a efectos probatorios; no afecta a la validez (art. 1278 CC). Resolución (art. 1124 CC) vs. rescisión (art. 1291 CC) vs. anulabilidad (art. 1300 CC): la resolución exige obligaciones recíprocas e incumplimiento; la rescisión, perjuicio económico en casos tasados y subsidiariedad; la anulabilidad, vicios en la formación del contrato.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (arts. 1088-1091, 1124, 1254-1314, 1451, 1454)
Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (art. 54)
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
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