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Tema 3. Los derechos reales: Concepto y clases. Diferencias entre los derechos reales y los derechos de crédito. La propiedad. Modos de adquirir y perder la propiedad. El Registro de la Propiedad. Principios hipotecarios.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

Este tema introduce la parte del Derecho Civil dedicada a los bienes y a los derechos que recaen directamente sobre ellos, frente a la parte de obligaciones que veremos más adelante. Es fundamental fijar bien la distinción entre derecho real y derecho de crédito, pues de ella derivan consecuencias prácticas de primer orden (eficacia erga omnes, ius persequendi, preferencia en caso de concurrencia de acreedores). El tema culmina con el estudio de la propiedad, sus modos de adquisición, y el sistema de publicidad registral inmobiliaria (Registro de la Propiedad y sus principios hipotecarios), materia recurrente en el examen por la precisión terminológica que exige distinguir cada principio hipotecario.

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Concepto de derecho real

El derecho real es el poder jurídico que se ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa, oponible frente a todos (erga omnes), que atribuye a su titular un conjunto de facultades sobre el bien sin necesidad de la cooperación de ningún sujeto pasivo determinado. El Código Civil no ofrece una definición general de derecho real, pero toda la estructura del Libro II (De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones) descansa sobre esta categoría, cuyo prototipo es la propiedad y de la que derivan, por desmembración de alguna de sus facultades, los llamados derechos reales limitados o en cosa ajena (usufructo, servidumbre, hipoteca, prenda). La relación jurídico-real se caracteriza por vincular directamente a una persona con una cosa, sin sujeto pasivo individualizado (frente a todos recae el deber genérico de abstención o respeto), lo que la diferencia estructuralmente de la relación obligatoria, en la que el acreedor solo puede exigir el cumplimiento a un deudor concreto. La doctrina discute si el derecho real es una relación persona-cosa (teoría clásica) o, más precisamente, una relación entre personas con un deber pasivo universal de respeto referido a una cosa (teoría personalista u obligacionista), debate que no altera su régimen jurídico positivo.

Caracteres del derecho real: inmediatividad y absolutividad (erga omnes)

Los derechos reales presentan dos caracteres estructurales que los distinguen de los derechos de crédito. La inmediatividad supone que el titular del derecho real obtiene la utilidad o el aprovechamiento de la cosa de forma directa, sin necesidad de intermediación de ninguna otra persona: el propietario usa, disfruta y dispone de la cosa por sí mismo; el usufructuario percibe directamente los frutos. La absolutividad o eficacia erga omnes implica que el derecho real es oponible frente a cualquier tercero, que debe respetarlo, y no solo frente a una persona determinada como ocurre en el derecho de crédito; de esta absolutividad deriva el llamado ius persequendi o derecho de persecución, que permite a su titular reclamar la cosa de manos de quien la posea (así, la acción reivindicatoria del artículo 348 CC), y el ius preferendi o derecho de preferencia, en cuya virtud el derecho real constituido primero en el tiempo prevalece sobre los constituidos con posterioridad sobre la misma cosa (prior tempore, potior iure), regla que adquiere especial relevancia en el ámbito registral a través del principio de prioridad.

Clasificación de los derechos reales: de goce, de garantía y de adquisición preferente

La doctrina clasifica los derechos reales, atendiendo a la función económica que cumplen, en tres grandes grupos. Los derechos reales de goce o disfrute atribuyen a su titular facultades de uso y aprovechamiento sobre una cosa ajena, más o menos amplias: usufructo, uso, habitación, servidumbres, superficie, y la propia propiedad como derecho real pleno de goce. Los derechos reales de garantía no atribuyen facultades de uso o disfrute, sino que aseguran el cumplimiento de una obligación afectando el valor en cambio de un bien para el caso de incumplimiento, otorgando a su titular la facultad de instar la realización del valor del bien y cobrarse con preferencia sobre otros acreedores: hipoteca, prenda y anticresis. Los derechos reales de adquisición preferente confieren a su titular la facultad de adquirir una cosa con preferencia a otras personas cuando su propietario decida enajenarla, o incluso de subrogarse en el lugar del adquirente ya realizada la enajenación: el derecho de tanteo (preferencia para adquirir antes de la venta), el retracto (facultad de subrogarse en el lugar del comprador tras la venta) y la opción de compra (derecho a exigir la celebración de la compraventa en las condiciones pactadas).

Derechos reales limitados frente al derecho real pleno (propiedad)

Dentro de los derechos reales de goce se distingue entre el derecho real pleno, la propiedad, que atribuye a su titular la totalidad de facultades posibles sobre una cosa (uso, disfrute y disposición), y los derechos reales limitados o en cosa ajena (iura in re aliena), que solo conceden a su titular alguna o algunas de esas facultades, permaneciendo el resto en manos del propietario. Los derechos reales limitados se constituyen precisamente mediante la segregación de una o varias facultades del derecho de propiedad (por ejemplo, el usufructo separa el disfrute, dejando al propietario la llamada nuda propiedad), de modo que el propietario conserva siempre un residuo de facultades, por mínimo que sea. Esta relación de dependencia estructural explica el llamado principio de elasticidad del dominio: cuando el derecho real limitado se extingue (por ejemplo, por muerte del usufructuario), las facultades desgajadas se reintegran automáticamente en la propiedad, que recupera su plenitud originaria sin necesidad de ningún acto adicional de transmisión. Los derechos reales limitados son, por definición, gravámenes sobre cosa ajena, y se extinguen si llegan a reunirse en una misma persona la titularidad del derecho limitado y la de la propiedad (consolidación).

Concepto de derecho de crédito u obligación

El derecho de crédito, también llamado derecho personal u obligacional, es la facultad que corresponde a una persona (acreedor) de exigir de otra persona determinada (deudor) el cumplimiento de una prestación, consistente en dar, hacer o no hacer alguna cosa, conforme al artículo 1088 del Código Civil. A diferencia del derecho real, el derecho de crédito no recae de forma directa e inmediata sobre una cosa, sino que se dirige contra la conducta de una persona concreta: el deudor, que queda obligado a satisfacer la prestación debida. La relación obligatoria es, por tanto, una relación jurídica entre dos sujetos determinados (o determinables), en la que el acreedor solo puede exigir el cumplimiento a su deudor, sin que terceros ajenos a la relación queden vinculados por ella (principio de relatividad de los contratos, artículo 1257 CC), aunque puedan verse afectados indirectamente en determinados supuestos excepcionales (tutela aquiliana del crédito frente a terceros que interfieren dolosamente en su cumplimiento). El incumplimiento del deudor no impide al acreedor obtener satisfacción, pero le obliga a dirigirse contra el patrimonio del deudor (responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 CC), no contra una cosa concreta con eficacia frente a cualquier poseedor.

Diferencias entre derecho real y derecho de crédito: eficacia, objeto y contenido

Las diferencias entre ambas categorías de derechos patrimoniales son de gran trascendencia práctica. En cuanto a su eficacia, el derecho real es absoluto (erga omnes, oponible a todos) mientras que el derecho de crédito es relativo (solo vincula al deudor concreto). En cuanto a su objeto, el derecho real recae sobre una cosa determinada y específica, mientras que el derecho de crédito recae sobre una conducta o prestación del deudor, que puede consistir incluso en la entrega futura de cosas aún no determinadas individualmente (cosas genéricas). En cuanto a su contenido y ejercicio, el derecho real se ejerce de forma directa e inmediata sobre la cosa sin intermediarios, mientras que el derecho de crédito exige necesariamente la cooperación o conducta del deudor para su satisfacción. En cuanto a su duración, los derechos reales tienden a la perpetuidad (la propiedad no se extingue por el no uso, salvo usucapión de tercero) mientras que los derechos de crédito son por naturaleza transitorios, llamados a extinguirse por el cumplimiento. Y en cuanto a su preferencia en caso de insolvencia del deudor, los derechos reales de garantía otorgan preferencia de cobro sobre los créditos ordinarios, conforme a las reglas de prelación de créditos de los artículos 1921 y siguientes del Código Civil.

La numerus clausus o numerus apertus de los derechos reales

Se plantea doctrinalmente si el catálogo de derechos reales es cerrado (numerus clausus), de modo que los particulares solo pueden constituir los tipos previstos por la ley, o abierto (numerus apertus), permitiendo a la autonomía de la voluntad, dentro de los límites del artículo 1255 CC, configurar figuras atípicas. En el Derecho español predomina un numerus apertus moderado: el Código Civil no cierra el catálogo, la Ley Hipotecaria admite en su artículo 2.2.º la inscripción de los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales, y el artículo 7 del Reglamento Hipotecario permite inscribir cualquier acto o contrato de trascendencia real que, sin tener nombre propio en Derecho, modifique, desde luego o en el futuro, alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales. Ello exige respetar los caracteres esenciales del derecho real y no vulnerar normas imperativas ni el orden público económico.

La propiedad: concepto y evolución histórica

La propiedad es el derecho real por excelencia, que atribuye a su titular el poder jurídico más amplio sobre una cosa, comprensivo de las facultades de uso, disfrute y disposición. Históricamente, el concepto ha evolucionado desde la concepción individualista y absoluta del liberalismo decimonónico, que inspiró el artículo 348 del Código Civil de 1889, hasta la concepción social del constitucionalismo del siglo XX, recogida en el artículo 33 de la Constitución: el apartado 1 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y el apartado 2 dispone que la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. La redacción del artículo 348 CC no ha cambiado, pero se han multiplicado las limitaciones legales (urbanísticas, medioambientales, de ordenación del territorio), de modo que el contenido efectivo del dominio resulta de la combinación del núcleo del Código Civil y de la legislación sectorial. El artículo 350 CC extiende el dominio del propietario de un terreno a su superficie y a lo que está debajo de ella, con las limitaciones legales (minas, aguas).

Contenido del derecho de propiedad (art. 348 CC)

El artículo 348 del Código Civil define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, añadiendo que el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. De este precepto se extraen las tres grandes facultades que integran el contenido del dominio: la facultad de goce (ius utendi et fruendi), comprensiva del uso de la cosa y de la percepción de sus frutos; la facultad de disposición (ius disponendi), que permite al propietario enajenar la cosa, gravarla con derechos reales limitados a favor de terceros, o incluso abandonarla; y la facultad de exclusión o defensa, que se manifiesta procesalmente en la acción reivindicatoria expresamente mencionada en el propio artículo 348, dirigida a recuperar la posesión de la cosa frente a quien la tenga o posea sin título. Estas facultades no son ilimitadas, como advierte el propio precepto al remitir a las limitaciones legales, que pueden derivar tanto del propio Código Civil (relaciones de vecindad) como de la legislación especial (urbanística, de costas, de patrimonio histórico, medioambiental).

Función social de la propiedad

El artículo 33 de la Constitución española de 1978 reconoce en su apartado primero el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero matiza inmediatamente en su apartado segundo que la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Esta previsión constitucional supone la superación del concepto puramente individualista de la propiedad heredado del liberalismo decimonónico, y su sustitución por una concepción en la que las facultades del propietario no se configuran ya como un poder absoluto e ilimitado, sino como un derecho cuyo contenido normal viene determinado, caso por caso, por la función social que corresponda al tipo de bien de que se trate (no es lo mismo la función social de la propiedad de una vivienda que la de un suelo urbanizable o la de una explotación agrícola). La consecuencia práctica más relevante de esta configuración es que las limitaciones legales impuestas al dominio en función de su utilidad social no se consideran restricciones externas indemnizables del derecho de propiedad, sino delimitaciones internas de su propio contenido normal, sin perjuicio de que la privación singular de facultades concretas, más allá de esa delimitación general, sí exija la correspondiente indemnización, conforme también prevé el artículo 33.3 CE para la expropiación forzosa.

Límites y limitaciones del derecho de propiedad

Se distingue doctrinalmente entre límites y limitaciones del dominio. Los límites son las fronteras normales y ordinarias del contenido del derecho, aplicables con carácter general por razón del tipo de bien, que forman parte de su delimitación legal ordinaria y no generan, por sí solos, derecho a indemnización: relaciones de vecindad (prohibición de inmisiones, distancias en plantaciones y construcciones) o legislación urbanística. Las limitaciones son restricciones singulares o excepcionales que recaen sobre un propietario concreto o una finca concreta y van más allá de la delimitación ordinaria: servidumbres legales, cargas y gravámenes (hipoteca, servidumbre voluntaria). Cuando la intervención pública equivale a una privación singular de la propiedad o de derechos patrimoniales, el artículo 33.3 CE exige causa justificada de utilidad pública o interés social, la correspondiente indemnización y el procedimiento previsto en las leyes (Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954). La distinción entre límite y limitación se utiliza con matices distintos en doctrina y jurisprudencia, por lo que en test debe retenerse sobre todo la idea de que el límite delimita el contenido normal y no es indemnizable, mientras que la privación singular sí lo es.

Las relaciones de vecindad

Las relaciones de vecindad son el conjunto de límites recíprocos que el Código Civil impone a los propietarios de fincas colindantes o próximas. Supuestos: la prohibición de construir cerca de paredes ajenas o medianeras pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos o depósitos de materias corrosivas sin guardar las distancias y precauciones reglamentarias (art. 590 CC); las distancias para plantar árboles cerca de heredad ajena, que son las de las ordenanzas o la costumbre del lugar y, en su defecto, dos metros de la línea divisoria para árboles altos y cincuenta centímetros para arbustos o árboles bajos (art. 591 CC); las servidumbres legales de luces y vistas (arts. 580 a 585 CC); y las reglas sobre aguas pluviales de los edificios (art. 586 CC). Más allá de estos supuestos tasados, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado, a partir de los principios de buena fe y de prohibición del abuso del derecho (art. 7 CC), la teoría de la prohibición de inmisiones, que veda causar molestias, humos, ruidos u otras injerencias que excedan de la tolerancia normal entre vecinos, aun sin precepto específico.

La propiedad horizontal: nociones generales

La propiedad horizontal permite la existencia simultánea, sobre un mismo edificio, de un derecho de propiedad singular y exclusivo sobre pisos o locales susceptibles de aprovechamiento independiente y de un derecho de copropiedad forzosa e indivisible sobre los elementos comunes (estructura, cubiertas, fachadas, escaleras, ascensores, instalaciones generales). El artículo 396 CC, en su redacción dada por la Ley 8/1999, remite a la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que contiene la regulación sustantiva y ha sido reformada en varias ocasiones (entre otras, Ley 8/1999, Real Decreto-ley 8/2011, Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y Real Decreto-ley 7/2019) para adaptarla a la accesibilidad, la eficiencia energética o las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. La cuota de participación de cada elemento privativo determina su parte en los elementos comunes, su contribución a los gastos y su voto en la junta de propietarios, órgano de gobierno de la comunidad, que cuenta además con presidente, secretario y administrador. Se distingue de la comunidad de bienes ordinaria del artículo 392 CC. La comunidad de propietarios carece de personalidad jurídica, aunque tiene capacidad procesal por medio de su presidente y relevancia tributaria como entidad sin personalidad (art. 35.4 LGT).

Modos de adquirir la propiedad: ocupación

El artículo 609 del Código Civil enumera los modos de adquirir la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes, citando en primer lugar la ocupación. La ocupación, regulada en los artículos 610 y siguientes CC, es un modo originario de adquisición de la propiedad de bienes muebles que carecen de dueño (res nullius) o que han sido abandonados por este (res derelictae), mediante su aprehensión material con ánimo de hacerlos propios. El artículo 610 CC enumera como susceptibles de ocupación los animales que son objeto de caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. La ocupación no es aplicable, en cambio, a los bienes inmuebles, que en ningún caso pueden considerarse sin dueño en el sistema español: los inmuebles vacantes o sin dueño conocido pertenecen al Estado por atribución legal (artículo 17 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas), y no mediante ocupación sino por una atribución ministerio legis específica. El régimen del tesoro oculto (artículo 351 CC) merece mención especial: pertenece al dueño del terreno en que se hallare, salvo que el hallazgo sea casual y por persona distinta, en cuyo caso se reparte por mitad entre el dueño del terreno y el descubridor.

Modos de adquirir la propiedad: accesión

La accesión es el modo de adquirir la propiedad por el que el propietario de una cosa hace suyo todo lo que ella produce (accesión discreta, referida a los frutos naturales, industriales y civiles) o todo lo que a ella se une o incorpora, natural o artificialmente (accesión continua). El artículo 353 CC formula el principio general: la propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente. La accesión continua se divide en: accesión de inmueble a inmueble (aluvión, avulsión, cambio de cauce de los ríos y formación de islas, arts. 366 a 373 CC); accesión de mueble a inmueble (edificación, plantación y siembra en suelo ajeno con materiales propios o en suelo propio con materiales ajenos, arts. 358 a 365 CC), que se resuelve según el principio de que lo edificado, plantado o sembrado accede al suelo (superficies solo cedit), con la regla del art. 361 CC (el dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe puede hacer suya la obra previa indemnización o exigir al que edificó o plantó que pague el precio del terreno) y reglas más severas para la mala fe; y accesión de mueble a mueble (adjunción, mezcla y especificación, arts. 375 a 383 CC).

Modos de adquirir la propiedad: usucapión o prescripción adquisitiva

La usucapión o prescripción adquisitiva es el modo de adquirir la propiedad y demás derechos reales susceptibles de posesión mediante la posesión continuada durante el tiempo y con las condiciones que fija la ley (arts. 1930 y ss. CC). Requisitos generales: posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida (art. 1941 CC). Se distingue la usucapión ordinaria, que exige además justo título y buena fe, con plazos de tres años para los muebles (art. 1955 CC) y de diez años entre presentes y veinte entre ausentes para los inmuebles (art. 1957 CC); y la usucapión extraordinaria, que no exige título ni buena fe, con plazos de seis años para los muebles (art. 1955 CC) y de treinta años para los inmuebles (art. 1959 CC). En relación con el Registro, el art. 35 LH dispone que, a efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito, será justo título la inscripción y se presumirá que ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante la vigencia del asiento y de los de sus antecesores. La usucapión cumple una función de seguridad jurídica, pues consolida situaciones posesorias prolongadas transformándolas en propiedad y sanando defectos de titulación.

La tradición como modo de adquirir la propiedad

La tradición o entrega de la cosa es, junto con el título, uno de los dos elementos exigidos por el sistema español para que se produzca la transmisión de la propiedad en las adquisiciones derivativas por negocio jurídico (compraventa, donación, permuta). El artículo 609, párrafo segundo, del Código Civil dispone que la propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición, precisando así que el mero contrato (por ejemplo, la perfección de la compraventa conforme al artículo 1450 CC) no basta por sí solo para transmitir la propiedad, sino que genera únicamente un derecho de crédito a favor del adquirente para exigir la entrega de la cosa. La tradición puede revestir diversas formas: la tradición real o material (entrega efectiva y física de la cosa, artículo 1462.1 CC), la tradición instrumental (el otorgamiento de escritura pública equivale a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario, artículo 1462.2 CC), y las formas simbólicas de tradición reguladas en los artículos 1463 y 1464 CC (entrega de llaves del lugar donde se hallan almacenados los bienes muebles, puesta en poder del comprador de los títulos de pertenencia).

Requisitos de la tradición: teoría del título y el modo

El sistema español de transmisión de la propiedad, construido a partir del artículo 609 del Código Civil, se conoce doctrinalmente como teoría del título y el modo, de raíz romana y recibida a través de la tradición jurídica española histórica. Conforme a esta construcción, para que se produzca la transmisión de la propiedad en las adquisiciones derivativas es necesaria la concurrencia de dos elementos: el título, esto es, el negocio jurídico válido y eficaz que sirve de causa a la transmisión (el contrato de compraventa, donación, permuta), que por sí solo únicamente genera obligaciones entre las partes; y el modo, esto es, la tradición o entrega de la cosa en alguna de sus formas admitidas, que es el acto que efectivamente produce la transmisión del dominio. Este sistema se diferencia tanto del sistema puramente consensualista (propio, por ejemplo, del Derecho francés, donde el mero contrato transmite la propiedad sin necesidad de entrega) como del sistema abstracto de la tradición (propio del Derecho alemán, donde la validez de la tradición es independiente de la validez del negocio causal). En el sistema español, la tradición es causal: si el título es nulo o ineficaz, la tradición no produce el efecto traslativo, aunque haya habido entrega material de la cosa.

Modos de adquirir la propiedad: la ley y la donación

El artículo 609 del Código Civil dispone que la propiedad se adquiere por la ocupación y que la propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición; pueden también adquirirse por medio de la prescripción. La ley opera como modo de adquisición cuando es la propia norma la que atribuye directamente la titularidad de un bien (por ejemplo, la atribución a la Administración General del Estado de los inmuebles vacantes y sin dueño conocido, art. 17 de la Ley 33/2003). La donación se regula en los arts. 618 y siguientes CC como acto de liberalidad por el que una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. Para ser válida, la donación de cosa inmueble exige escritura pública, con aceptación en la misma escritura o en otra separada y en vida del donante (art. 633 CC); la de cosa mueble puede hacerse verbalmente con entrega simultánea o, en su defecto, por escrito (art. 632 CC). La donación actúa como título, y la transmisión requiere además la tradición o su equivalente.

La sucesión mortis causa como modo de adquisición

El artículo 609 CC cita expresamente la sucesión, testada e intestada, entre los modos de adquirir. La sucesión mortis causa presenta una peculiaridad: mientras que en las adquisiciones inter vivos por negocio jurídico la transmisión exige título y tradición, en la sucesión la adquisición de los bienes de la herencia por el heredero, una vez aceptada, se produce de forma automática y retroactiva al momento de la muerte del causante (art. 657 CC: los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte; art. 989 CC: los efectos de la aceptación y repudiación se retrotraen siempre al momento de la muerte), sin necesidad de tradición de cada bien. Esta adquisición se explica por la subrogación del heredero en la posición jurídica global del causante (sucesión a título universal, art. 660 CC). En el legado de cosa específica y determinada, propia del testador, el legatario adquiere la propiedad desde la muerte del causante (art. 882 CC), aunque debe pedir la entrega al heredero o albacea. La aceptación puede ser pura y simple o a beneficio de inventario.

Pérdida del derecho de propiedad

El derecho de propiedad puede extinguirse por diversas causas, que la doctrina sistematiza en función de si afectan al objeto del derecho o a su titular. Se pierde por destrucción o pérdida total de la cosa sobre la que recae, al desaparecer el propio objeto del derecho. Se pierde por conversión de la cosa en algo que queda fuera del comercio de los hombres (por ejemplo, por afectación a un uso público que la convierte en demanial). Se pierde por abandono o renuncia del propietario (derelictio), acto unilateral por el cual el dueño manifiesta su voluntad de desprenderse de la cosa, que pasa a la condición de res nullius susceptible de ocupación por un tercero (o de atribución al Estado si se trata de un inmueble). Se pierde por enajenación voluntaria a un tercero, mediante los correspondientes título y modo. Se pierde por expropiación forzosa, cuando concurre causa de utilidad pública o interés social declarada conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, mediante indemnización previa (artículo 33.3 CE). Y se pierde, finalmente, por la usucapión ganada por un tercero poseedor, en cuyo caso la extinción del derecho del antiguo propietario es la contrapartida necesaria de la adquisición originaria del nuevo titular.

Acciones protectoras del dominio: acción reivindicatoria

La acción reivindicatoria es la acción que corresponde al propietario no poseedor frente al poseedor no propietario, para que le sea restituida la cosa junto con sus frutos y accesorios, con base en su título de dominio; se encuentra reconocida expresamente en el propio artículo 348, párrafo segundo, del Código Civil, que atribuye al propietario acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Constituye la acción protectora del dominio por excelencia, y su ejercicio exige la concurrencia de tres requisitos, de reiterada exigencia jurisprudencial: la acreditación del título de dominio del actor sobre la cosa reivindicada, la identificación precisa e indubitada de la cosa que se reivindica, y la posesión de dicha cosa por el demandado sin título que la legitime frente al propietario. Se trata de una acción real (dirigida contra quien posea la cosa, sea quien sea, en aplicación del ius persequendi propio de los derechos reales), de condena (persigue la restitución efectiva de la cosa) e imprescriptible en cuanto tal, sin perjuicio de que pueda enervarse frente a ella la excepción de haber adquirido el demandado la propiedad por usucapión, lo que en la práctica limita indirectamente su ejercicio en el tiempo.

Acción declarativa y acción negatoria de dominio

Junto a la acción reivindicatoria, expresamente prevista por el artículo 348 CC, la doctrina y la jurisprudencia han construido otras acciones protectoras del dominio no reguladas de forma expresa y sistemática en el Código Civil. La acción declarativa de dominio tiene por objeto obtener una declaración judicial de que el actor es propietario de un bien, frente a quien discute o pone en duda esa titularidad, sin que sea necesario que el demandado posea la cosa ni que se pretenda su restitución: basta con la existencia de una controversia o discusión sobre la titularidad que haga necesaria la certeza judicial. La acción negatoria de dominio, por su parte, corresponde al propietario que ve perturbado el ejercicio de su derecho por quien pretende ostentar sobre la misma cosa un derecho real limitado (típicamente, una servidumbre) que en realidad no existe o no le corresponde; mediante esta acción, el propietario persigue una declaración de que su propiedad está libre del gravamen que el demandado pretende, y la cesación de la perturbación, correspondiendo normalmente al demandado la carga de probar la existencia del derecho real limitado que alega, por aplicación del principio de libertad de las fincas frente a las cargas y gravámenes.

El Registro de la Propiedad: concepto y organización

El Registro de la Propiedad es la institución jurídica encargada de la publicidad oficial de la constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles, mediante un sistema de asientos organizados en torno a cada finca (folio real), a cargo de funcionarios especializados (los Registradores de la Propiedad, que ejercen funciones de calificación jurídica de los títulos presentados). Su regulación fundamental se encuentra en la Ley Hipotecaria (texto refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946) y en su Reglamento de desarrollo de 1947, ambos objeto de sucesivas modificaciones. El Registro se organiza territorialmente por Registros de la Propiedad, cada uno con competencia sobre un determinado ámbito geográfico (partido o distrito hipotecario), y su función esencial es proporcionar seguridad jurídica preventiva al tráfico inmobiliario, dando a conocer frente a terceros la situación jurídica de las fincas (titularidad, cargas, limitaciones) y protegiendo a quienes contratan confiando en lo que el Registro publica, mediante el conjunto de principios hipotecarios (inscripción, legitimación, fe pública registral, prioridad, tracto sucesivo, legalidad y publicidad) que constituyen el núcleo dogmático del Derecho hipotecario español.

Principio de inscripción

El principio de inscripción determina el papel del asiento registral en la constitución, modificación o transmisión de los derechos reales inmobiliarios. En el sistema español la inscripción es, como regla general, declarativa y voluntaria: los derechos reales sobre inmuebles se constituyen y transmiten entre las partes al margen del Registro, por título y modo conforme al artículo 609 CC, y la inscripción no es requisito de validez sino medio de oponibilidad frente a terceros y de acceso a la protección de la fe pública registral. Como excepción, la inscripción es constitutiva en la hipoteca, que conforme a los artículos 1875 CC y 145 LH no queda válidamente constituida si la escritura no se inscribe en el Registro de la Propiedad, y en el derecho de superficie (art. 53 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015). Además, la inscripción es obligatoria en ciertos casos (por ejemplo, para acreditar el pago de impuestos exigible antes de inscribir) pero la falta de inscripción no priva de validez al acto. Por último, la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes (art. 33 LH).

Principio de legitimación registral

El principio de legitimación registral, recogido en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, establece una presunción legal a favor de lo que publica el Registro: a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, y que quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos. Es una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario, y que produce dos efectos: dispensa al titular registral de probar su derecho frente a quien lo discuta, invirtiendo la carga de la prueba; y el mismo art. 38 LH impide ejercitar acciones contradictorias del dominio o de derechos reales inscritos sin que se interponga previa o simultáneamente demanda de nulidad o cancelación de la correspondiente inscripción. A ello se une el principio de salvaguardia judicial de los asientos (art. 1.3 LH): los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos legales.

Principio de fe pública registral (art. 34 LH)

El artículo 34 de la Ley Hipotecaria consagra el principio de fe pública registral, pilar de la protección del tercero que confía en el Registro: el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro, y los adquirentes a título gratuito no gozan de más protección que la de su causante. A diferencia de la legitimación (presunción relativa), la fe pública produce un efecto sustantivo de naturaleza adquisitiva: protege al tercero frente a las acciones de quienes pudieran tener mejor derecho, aunque el transmitente careciera de poder de disposición, siempre que concurran sus requisitos: adquisición a título oneroso, buena fe, adquisición de quien en el Registro aparecía con facultades para transmitir, inscripción del derecho del tercero y que la causa de ineficacia no conste en el Registro. Debe relacionarse con el art. 33 LH (la inscripción no convalida los actos nulos) y con el art. 32 LH (lo no inscrito no perjudica a tercero).

Principio de prioridad registral

El principio de prioridad regula el orden en que deben despacharse los títulos que acceden al Registro y el rango de los derechos inscritos, aplicando la regla prior tempore, potior iure. El artículo 17 LH consagra el cierre registral: inscrito o anotado preventivamente cualquier título traslativo o declarativo del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre ellos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea incompatible, ya proceda de la misma persona que otorgó aquel derecho, ya de otra que le hubiese transmitido el mismo derecho; si solo se hubiera extendido el asiento de presentación, no podrá inscribirse ni anotarse otro título de esa clase durante la vigencia de ese asiento (sesenta días hábiles). Y el art. 24 LH dispone que se considerará como fecha de la inscripción, para todos los efectos que esta deba producir, la del asiento de presentación, que consta en la propia inscripción, por lo que el rango se determina por la fecha del asiento de presentación en el Libro Diario con independencia de la fecha del título.

Principio de tracto sucesivo

El principio de tracto sucesivo, regulado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, exige que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos. Este principio garantiza la coherencia histórica de la cadena de titularidades reflejadas en el folio real de cada finca: cada nueva inscripción debe encadenarse con la anterior, de modo que quien transmite o grava un derecho debe figurar previamente como titular registral de ese mismo derecho, evitando que se produzcan saltos o lagunas en el historial jurídico de la finca que generarían inseguridad sobre la legitimación del transmitente. El tracto sucesivo puede ser abreviado en determinados supuestos excepcionales previstos por la propia Ley Hipotecaria y su Reglamento (por ejemplo, cuando el título combina en un solo documento varias transmisiones sucesivas, como sucede en las particiones hereditarias con adjudicación directa a los herederos sin previa inscripción a favor del causante), sin que ello suponga una excepción real al principio sino una simplificación instrumental de su aplicación.

Principio de legalidad y calificación registral

El principio de legalidad exige que accedan al Registro de la Propiedad solo los títulos válidos y eficaces conforme al ordenamiento, función que se instrumenta a través de la calificación registral: el examen que el Registrador realiza, bajo su responsabilidad, de la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos, de la capacidad de los otorgantes y de la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro (art. 18 LH). El Registrador no puede entrar a valorar cuestiones de fondo ajenas a esos elementos documentales ni contradecir una resolución judicial firme. El plazo máximo para inscribir el documento o notificar la calificación es de quince días desde el asiento de presentación (art. 18 LH). Si aprecia defectos, puede suspender o denegar la inscripción mediante calificación negativa motivada, recurrible ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y del Notariado) en el plazo de un mes, y la resolución de esta puede impugnarse ante el juzgado de lo civil por los cauces del juicio verbal (arts. 322 y siguientes LH). El interesado puede también solicitar calificación sustitutoria ante otro registrador.

Principio de publicidad registral

El principio de publicidad registral garantiza que el contenido del Registro sea cognoscible por cualquier interesado. Se manifiesta en dos vertientes. La publicidad material es el efecto sustantivo que produce la inscripción frente a terceros, con independencia de que estos hayan consultado el Registro: el artículo 32 LH dispone que los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos no perjudican a tercero (inoponibilidad de lo no inscrito). La publicidad formal es el derecho a conocer el contenido de los libros, que es público para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos (art. 221 LH), mediante notas simples informativas o certificaciones; la libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales solo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del Registro (art. 225 LH), por lo que la certificación tiene valor probatorio reforzado del que carecen las notas simples.

La finca registral y el folio real

El sistema registral español se organiza sobre el folio real: la unidad básica de organización del Registro de la Propiedad no es la persona (como en el Registro Mercantil, organizado en torno a la hoja personal de cada sociedad) sino la finca. A cada finca se le abre un folio propio en su primera inscripción (inmatriculación), en el que se practican por orden cronológico los asientos relativos a ella: transmisiones, constitución de derechos reales limitados, cargas y gravámenes, anotaciones preventivas de embargo o de demanda y cancelaciones. El art. 8 LH establece que cada finca tendrá, desde que se inscriba por primera vez, un número diferente y correlativo, y el art. 9 LH regula el contenido de la inscripción (naturaleza, situación, linderos, superficie, referencia catastral). La Ley 13/2015, de 24 de junio, reformó la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro para reforzar la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, mediante la georreferenciación de las fincas. El folio real permite conocer en un solo folio toda la vida jurídica de un inmueble.

Otras acciones y tutela procesal de la propiedad

Además de las acciones reivindicatoria, declarativa y negatoria, el propietario dispone de la acción publiciana (reconocida por la jurisprudencia, a favor de quien tiene mejor derecho a poseer), la acción de deslinde y amojonamiento (art. 384 CC) para fijar los linderos entre fincas colindantes, y la tutela sumaria de la posesión (juicio verbal del art. 250.1.4.º LEC, antiguos interdictos). Para los titulares de derechos inscritos, el art. 41 LH y el art. 250.1.7.º LEC prevén un procedimiento verbal de tutela del derecho real inscrito frente a quienes se opongan a él o perturben su ejercicio sin título inscrito.

Registro de la Propiedad y Hacienda Pública: aspectos relevantes

El crédito tributario tiene prelación general en concurrencia con otros acreedores, excepto los de garantía real debidamente inscrita y otros supuestos legales (art. 77 LGT). La Hacienda tiene hipoteca legal tácita sobre los bienes inscribibles para el cobro de las cuotas de los tributos periódicos que graven esos bienes correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediatamente anterior (art. 78 LGT). Los adquirentes de bienes afectos por ley a la deuda tributaria responden de ella salvo que sean terceros protegidos por la fe pública registral (art. 79 LGT). El embargo de inmuebles se hace constar por anotación preventiva en el Registro (arts. 42 y ss. LH) y la Ley Hipotecaria exige acreditar la liquidación o pago de los impuestos que graven el acto para su inscripción (art. 254 LH). Por ello el principio de prioridad registral determina la preferencia entre el embargo de la Administración y otros gravámenes inscritos.

Cuadro de principios hipotecarios

Inscripción (art. 1 y ss. LH): declarativa, salvo hipoteca y superficie. Legitimación (art. 38): presunción iuris tantum de exactitud. Fe pública (art. 34): protección adquisitiva del tercero. Prioridad (arts. 17 y 24): cierre registral y rango por asiento de presentación. Tracto sucesivo (art. 20): continuidad de la cadena de titularidades. Legalidad (arts. 18 y 19): calificación registral. Publicidad (arts. 221 y ss. y art. 32): formal y material. Además, la inscripción no convalida actos nulos (art. 33) y lo no inscrito no perjudica a tercero (art. 32).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El derecho real es absoluto (erga omnes) e inmediato sobre la cosa; el de crédito es relativo (solo frente al deudor) y exige la cooperación de este.
  • Ius persequendi (perseguir la cosa en manos de quien la tenga) e ius preferendi (prior tempore, potior iure) son consecuencias del carácter absoluto del derecho real.
  • Clasificación de derechos reales: de goce (usufructo, uso, habitación, servidumbre, superficie), de garantía (hipoteca, prenda, anticresis) y de adquisición preferente (tanteo, retracto, opción de compra).
  • España se inclina por el numerus apertus moderado (art. 2.2.º LH y art. 7 RH admiten derechos reales atípicos de trascendencia real), no por un catálogo cerrado.
  • Art. 348 CC: la propiedad es gozar y disponer sin más límites que las leyes, con acción reivindicatoria expresamente reconocida en el mismo artículo.
  • Art. 33.2 CE: la función social delimita el contenido del derecho de propiedad; distinguir límites (generales, no indemnizables) de limitaciones (singulares, sí indemnizables vía art. 33.3 CE).
  • Art. 609 CC enumera los modos de adquirir: ocupación, ley, donación, sucesión, y ciertos contratos mediante la tradición.
  • Sistema español de transmisión de la propiedad: teoría del título y el modo (título = negocio jurídico causal; modo = tradición); el mero contrato NO transmite la propiedad, solo genera un derecho de crédito a la entrega.
  • Art. 1462 CC: el otorgamiento de escritura pública equivale a la tradición (tradición instrumental), salvo que de la propia escritura resulte o se deduzca lo contrario.
  • Usucapión ordinaria (justo título + buena fe): 3 años muebles, 10 años inmuebles entre presentes / 20 entre ausentes. Usucapión extraordinaria: 6 años muebles, 30 años inmuebles (arts. 1955-1959 CC).
  • Art. 657 CC: en la sucesión mortis causa la adquisición es automática desde la muerte del causante, sin necesidad de tradición individual de cada bien (a diferencia de las adquisiciones inter vivos).
  • La acción reivindicatoria exige: título de dominio del actor, identificación de la cosa, y posesión sin título por el demandado; es imprescriptible salvo que el demandado haya usucapido.
  • Acción declarativa (declarar la titularidad, sin exigir restitución) vs. acción negatoria (negar la existencia de un gravamen, típicamente una servidumbre, que perturba el dominio).
  • Principio de inscripción: regla general declarativa y voluntaria; excepciones constitutivas: hipoteca (arts. 1875 CC y 145 LH) y derecho de superficie.
  • Art. 38 LH (legitimación registral): presunción iuris tantum de existencia y pertenencia del derecho inscrito; no puede ejercitarse acción contradictoria sin demanda de nulidad o cancelación del asiento.
  • Art. 34 LH (fe pública registral): protege al tercero de buena fe, a título oneroso, que adquiere de quien en el Registro aparecía con facultades para transmitir e inscribe su propio derecho; es el principio de mayor efecto sustantivo (adquisición inatacable), no solo procesal.
  • Art. 17 LH (cierre registral) y art. 24 LH (rango por fecha del asiento de presentación en el Libro Diario, no por la fecha del título) son las dos caras del principio de prioridad.
  • Art. 20 LH (tracto sucesivo): para inscribir hay que ir encadenado a que el transmitente figure ya como titular registral previo.
  • Arts. 18-19 LH: la calificación registral solo puede basarse en el título presentado y en los asientos del Registro, nunca en cuestiones de fondo ajenas a esos documentos.
  • Art. 32 LH: lo no inscrito no perjudica a tercero (inoponibilidad de lo no inscrito), reverso práctico del principio de publicidad material.
  • El Registro se organiza por folio real (por finca), no por folio personal, a diferencia del Registro Mercantil.
  • Art. 33 LH: la inscripción no convalida los actos o contratos nulos con arreglo a las leyes (no confundir con la fe pública del art. 34, que protege al tercero adquirente).
  • Art. 34 LH: la buena fe se presume; los adquirentes a título gratuito no tienen más protección que su causante.
  • Distancias de plantación (art. 591 CC): 2 m para árboles altos y 50 cm para arbustos, salvo ordenanzas o costumbre del lugar.
  • Art. 17 LH: el asiento de presentación cierra el Registro a títulos incompatibles durante su vigencia (sesenta días hábiles); art. 24 LH: la fecha de la inscripción es la del asiento de presentación.
  • Art. 78 LGT: hipoteca legal tácita de la Hacienda por tributos periódicos sobre bienes inscribibles (año en curso y el anterior).
  • Art. 633 CC: donación de inmuebles en escritura pública y aceptación en vida del donante. Art. 632 CC: donación de muebles, verbal con entrega simultánea o por escrito.
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El sistema español de transmisión de la propiedad se basa en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Hacienda (AEAT)?

Este tema introduce la parte del Derecho Civil dedicada a los bienes y a los derechos que recaen directamente sobre ellos, frente a la parte de obligaciones que veremos más adelante. Es fundamental fijar bien la distinción entre derecho real y derecho de crédito, pues de ella derivan consecuencias prácticas de primer orden (eficacia erga omnes, ius persequendi, preferencia en caso de concurrencia de acreedores). El tema culmina con el estudio de la propiedad, sus modos de adquisición, y el sistema de publicidad registral inmobiliaria (Registro de la Propiedad y sus principios hipotecarios), materia recurrente en el examen por la precisión terminológica que exige distinguir cada principio hipotecario.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

El derecho real es absoluto (erga omnes) e inmediato sobre la cosa; el de crédito es relativo (solo frente al deudor) y exige la cooperación de este. Ius persequendi (perseguir la cosa en manos de quien la tenga) e ius preferendi (prior tempore, potior iure) son consecuencias del carácter absoluto del derecho real. Clasificación de derechos reales: de goce (usufructo, uso, habitación, servidumbre, superficie), de garantía (hipoteca, prenda, anticresis) y de adquisición preferente (tanteo, retracto, opción de compra). España se inclina por el numerus apertus moderado (art. 2.2.º LH y art. 7 RH admiten derechos reales atípicos de trascendencia real), no por un catálogo cerrado. Art. 348 CC: la propiedad es gozar y disponer sin más límites que las leyes, con acción reivindicatoria expresamente reconocida en el mismo artículo. Art. 33.2 CE: la función social delimita el contenido del derecho de propiedad; distinguir límites (generales, no indemnizables) de limitaciones (singulares, sí indemnizables vía art. 33.3 CE). Art. 609 CC enumera los modos de adquirir: ocupación, ley, donación, sucesión, y ciertos contratos mediante la tradición. Sistema español de transmisión de la propiedad: teoría del título y el modo (título = negocio jurídico causal; modo = tradición); el mero contrato NO transmite la propiedad, solo genera un derecho de crédito a la entrega. Art. 1462 CC: el otorgamiento de escritura pública equivale a la tradición (tradición instrumental), salvo que de la propia escritura resulte o se deduzca lo contrario. Usucapión ordinaria (justo título + buena fe): 3 años muebles, 10 años inmuebles entre presentes / 20 entre ausentes. Usucapión extraordinaria: 6 años muebles, 30 años inmuebles (arts. 1955-1959 CC). Art. 657 CC: en la sucesión mortis causa la adquisición es automática desde la muerte del causante, sin necesidad de tradición individual de cada bien (a diferencia de las adquisiciones inter vivos). La acción reivindicatoria exige: título de dominio del actor, identificación de la cosa, y posesión sin título por el demandado; es imprescriptible salvo que el demandado haya usucapido. Acción declarativa (declarar la titularidad, sin exigir restitución) vs. acción negatoria (negar la existencia de un gravamen, típicamente una servidumbre, que perturba el dominio). Principio de inscripción: regla general declarativa y voluntaria; excepciones constitutivas: hipoteca (arts. 1875 CC y 145 LH) y derecho de superficie. Art. 38 LH (legitimación registral): presunción iuris tantum de existencia y pertenencia del derecho inscrito; no puede ejercitarse acción contradictoria sin demanda de nulidad o cancelación del asiento. Art. 34 LH (fe pública registral): protege al tercero de buena fe, a título oneroso, que adquiere de quien en el Registro aparecía con facultades para transmitir e inscribe su propio derecho; es el principio de mayor efecto sustantivo (adquisición inatacable), no solo procesal. Art. 17 LH (cierre registral) y art. 24 LH (rango por fecha del asiento de presentación en el Libro Diario, no por la fecha del título) son las dos caras del principio de prioridad. Art. 20 LH (tracto sucesivo): para inscribir hay que ir encadenado a que el transmitente figure ya como titular registral previo. Arts. 18-19 LH: la calificación registral solo puede basarse en el título presentado y en los asientos del Registro, nunca en cuestiones de fondo ajenas a esos documentos. Art. 32 LH: lo no inscrito no perjudica a tercero (inoponibilidad de lo no inscrito), reverso práctico del principio de publicidad material. El Registro se organiza por folio real (por finca), no por folio personal, a diferencia del Registro Mercantil. Art. 33 LH: la inscripción no convalida los actos o contratos nulos con arreglo a las leyes (no confundir con la fe pública del art. 34, que protege al tercero adquirente). Art. 34 LH: la buena fe se presume; los adquirentes a título gratuito no tienen más protección que su causante. Distancias de plantación (art. 591 CC): 2 m para árboles altos y 50 cm para arbustos, salvo ordenanzas o costumbre del lugar. Art. 17 LH: el asiento de presentación cierra el Registro a títulos incompatibles durante su vigencia (sesenta días hábiles); art. 24 LH: la fecha de la inscripción es la del asiento de presentación. Art. 78 LGT: hipoteca legal tácita de la Hacienda por tributos periódicos sobre bienes inscribibles (año en curso y el anterior). Art. 633 CC: donación de inmuebles en escritura pública y aceptación en vida del donante. Art. 632 CC: donación de muebles, verbal con entrega simultánea o por escrito.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 33.
  • Código Civil, Libro II (arts. 333-396, 609-633) y arts. 1088, 1257, 1875, 1911, 1921 y ss., 1930-1960.
  • Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, y Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.
  • Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
  • Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
  • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (art. 17).
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 35, 77-79).
  • Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
  • Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 250).

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