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Tema 10. El procedimiento administrativo. Los interesados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El procedimiento administrativo común, regulado por la Ley 39/2015, es el cauce formal a través del cual se produce la actuación administrativa, garantizando los derechos de quienes tienen la condición de interesados y la obligación de las Administraciones de resolver. La relación electrónica con las Administraciones es un derecho para las personas físicas y una obligación para determinados colectivos (art. 14). Frente a las resoluciones y los actos de trámite cualificados, el ordenamiento articula los recursos administrativos (alzada y reposición, ordinarios, y extraordinario de revisión), con carácter previo, y en muchos casos potestativo, a la revisión jurisdiccional.

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Capacidad de obrar e interesados (arts. 3 a 5 Ley 39/2015)

Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (art. 3): las personas físicas o jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles; los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela (con exclusión de los casos en que la extensión de la limitación afecte al ejercicio de los derechos de que se trate); y, cuando así lo declare una ley, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (art. 4.1): a) quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no se haya dictado resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca (art. 4.2). Cuando la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucede en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento (art. 4.3). Representación (art. 5): los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado; se entiende acreditada mediante apoderamiento apud acta, por comparecencia personal o electrónica, o por inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impide tener por hecha la actuación, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto en el plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas (art. 13) y derechos del interesado en el procedimiento (art. 53)

Art. 13. Quienes tienen capacidad de obrar tienen, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los siguientes derechos: a) a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración; b) a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas; c) a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y en el resto del ordenamiento jurídico; d) al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013 y el resto del ordenamiento jurídico; e) a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; f) a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente; g) a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley; h) a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas; e i) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Art. 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo: a) a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, el sentido del silencio administrativo que corresponda, el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución, y los actos de trámite dictados; b) a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; c) a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario (en tal caso se presentará copia auténtica); d) a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por estas; e) a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; f) a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; y g) a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, el art. 53.2 añade los derechos a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, y a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente (art. 14 Ley 39/2015)

Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con ellas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas puede ser modificado por aquella en cualquier momento (art. 14.1). Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, como mínimo (art. 14.2): a) las personas jurídicas; b) las entidades sin personalidad jurídica; c) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (en todo caso, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; y e) los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios (art. 14.3); es la base jurídica por la que las convocatorias de procesos selectivos pueden exigir que la solicitud de participación se presente electrónicamente. Si un sujeto obligado presenta su solicitud presencialmente, la Administración le requiere para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación (art. 68.4). Para garantizar el acceso a quienes no estén obligados, la Administración debe prestar asistencia en el uso de medios electrónicos (art. 12), a través de las oficinas de asistencia en materia de registros y mediante funcionarios habilitados que realizan, en nombre del interesado, la identificación o firma electrónica.

Registro, plazos y cómputo (arts. 16, 30 y 31)

Cada Administración dispone de un Registro Electrónico General, en el que se hace el correspondiente asiento de todo documento presentado o recibido en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente; la presentación de documentos puede realizarse (art. 16.4): en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan y en los restantes registros electrónicos de las Administraciones; en las oficinas de Correos; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; en las oficinas de asistencia en materia de registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los documentos presentados de manera presencial se digitalizan por las oficinas de asistencia en materia de registros. Plazos: salvo que por ley o por el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos (art. 30.2); los plazos expresados en meses o años se computan de fecha a fecha a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto, o se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo, y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial, el plazo expira el último día del mes (art. 30.3 y 4); cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 30.5). El registro electrónico se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible, y permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas (art. 31); un documento presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente.

Fases del procedimiento administrativo común (arts. 54 a 96)

Iniciación (arts. 54 a 69). De oficio (art. 58): por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (arts. 59 a 62); con posibles actuaciones previas de información (art. 55) y medidas provisionales (art. 56), y acumulación de procedimientos (art. 57). A solicitud del interesado (art. 66): la solicitud ha de contener identificación del interesado y del representante, hechos, razones y petición, lugar o medio para notificaciones, firma y órgano destinatario; si no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución (art. 68.1); el plazo puede ampliarse hasta cinco días a petición del interesado cuando la aportación de documentos presente dificultades especiales. Declaración responsable y comunicación (art. 69). Ordenación (arts. 70 a 74): el expediente administrativo (conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, art. 70), impulso de oficio (art. 71), concentración de trámites (art. 72), cumplimiento de trámites en el plazo de diez días (art. 73). Instrucción (arts. 75 a 83): alegaciones (art. 76); prueba, con un período de prueba no superior a treinta días ni inferior a diez cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija (art. 77); informes, preceptivos o facultativos, vinculantes o no, que se emiten en el plazo de diez días salvo plazo mayor o menor fijado por la norma (arts. 79 y 80); trámite de audiencia (art. 82), inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, por un plazo no inferior a diez días ni superior a quince; información pública (art. 83), por plazo no inferior a veinte días. Terminación (arts. 84 a 95): la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuar por causas sobrevenidas; terminación convencional mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado (art. 86). El desistimiento y la renuncia (art. 94) pueden hacerse por cualquier medio que permita su constancia; la caducidad (art. 95) se produce, en procedimientos iniciados a solicitud, si el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado, previa advertencia, transcurridos tres meses; y en procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables, por el vencimiento del plazo máximo (art. 25.1.b). La caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción. Tramitación simplificada (art. 96) cuando razones de interés público o la falta de complejidad así lo aconsejen. Obligación de resolver y plazos: arts. 21 y 24.

Los recursos administrativos: concepto, clases y régimen común (arts. 112 a 120)

Los recursos administrativos son medios de impugnación de los actos administrativos ante la propia Administración, en vía previa a la jurisdiccional. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados pueden interponer los recursos de alzada y reposición, que cabe fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 47 y 48 (art. 112.1). La oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3). Las leyes pueden sustituir el recurso de alzada, en ámbitos sectoriales y cuando la especificidad de la materia lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas (art. 112.2); es el caso de las reclamaciones económico-administrativas en materia tributaria. Régimen común: los recursos se interponen mediante escrito que debe contener el nombre y apellidos del recurrente, la identificación personal del mismo, el acto que se recurre y la razón de su impugnación, el lugar, fecha y medio de notificación, el órgano al que se dirige y las demás particularidades exigidas (art. 115.1). El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter (art. 115.2). Causas de inadmisión (art. 116): incompetencia del órgano, falta de legitimación, actos no susceptibles de recurso, haber transcurrido el plazo para interponerlo y carencia manifiesta de fundamento. Suspensión (art. 117): la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado (salvo disposición en contrario), pero el órgano a quien competa resolverlo, previa ponderación razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el ocasionado al recurrente, puede suspenderla, de oficio o a solicitud, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en alguna causa de nulidad de pleno derecho; la ejecución se entiende suspendida si transcurrido un mes desde la solicitud de suspensión no se ha dictado y notificado resolución expresa. Audiencia (art. 118) cuando haya de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos. Resolución (art. 119): estima, desestima o declara la inadmisión; no puede agravarse la situación inicial del recurrente (prohibición de reformatio in peius). Actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 114): entre otros, las resoluciones de recursos de alzada, las de órganos sin superior jerárquico, los acuerdos finalizadores, la resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial y los actos de Ministros y Secretarios de Estado.

Recurso de alzada, de reposición y extraordinario de revisión (arts. 121 a 126)

Recurso de alzada (arts. 121 y 122). Procede contra las resoluciones y actos que no pongan fin a la vía administrativa; se interpone ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Puede presentarse ante el órgano que dictó el acto (que debe remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente) o ante el competente para resolverlo. Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; si no lo fuera, el solicitante y otros posibles interesados pueden interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurrido el plazo, el acto es firme a todos los efectos. Plazo máximo para dictar y notificar la resolución: tres meses; transcurrido sin resolución, puede entenderse desestimado (salvo el caso del art. 24.1 de alzada contra silencio desestimatorio, que se entiende estimado). Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión. Recurso de reposición (arts. 123 y 124). Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa pueden ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No puede interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; si no, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. Plazo máximo para resolver y notificar: un mes; transcurrido sin resolución se entiende desestimado. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso. Recurso extraordinario de revisión (arts. 125 y 126). Procede contra los actos firmes en vía administrativa, ante el órgano que los dictó, que también es el competente para resolverlo, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) aparición de documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Plazo: cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada si el motivo es el error de hecho (a); tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme en los demás casos (art. 125.2). Se entiende desestimado por silencio transcurridos tres meses desde su interposición sin resolución (art. 126.3). Vía judicial posterior: el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde la notificación del acto expreso (o desde la resolución expresa o presunta del recurso previo) y de seis meses si el acto es presunto, contados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con la normativa específica, se produzca el acto presunto (art. 46 LJCA). En materia tributaria rige un régimen propio de revisión (Ley 58/2003, General Tributaria): recurso de reposición potestativo y reclamación económico-administrativa, ambos con plazo de interposición de un mes.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Están siempre obligados a relacionarse electrónicamente las personas jurídicas, las entidades sin personalidad, los profesionales colegiados (para su actividad profesional), los representantes de obligados y los empleados públicos (por razón de su cargo). Las personas físicas pueden elegir, salvo que reglamentariamente se les obligue (art. 14.3).
  • Interesado (art. 4): quien promueve, quien tiene derechos afectados sin haber iniciado y quien tiene intereses legítimos afectados y se persona antes de la resolución definitiva.
  • Derecho a no presentar documentos que ya estén en poder de la Administración (art. 53.1.d). Derecho a formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia (art. 53.1.e).
  • Subsanación de la solicitud: diez días (art. 68.1), con advertencia de desistimiento. Trámite de audiencia: entre diez y quince días (art. 82). Información pública: mínimo veinte días (art. 83). Período de prueba: entre diez y treinta días (art. 77).
  • Plazos por días: hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos (art. 30.2); registro electrónico abierto 24 horas todo el año (art. 31).
  • El recurso de alzada se interpone ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo (superior jerárquico) contra actos que NO agotan la vía; el de reposición ante el mismo órgano contra actos que SÍ la agotan, y es potestativo.
  • El plazo de interposición de la alzada y de la reposición es de 1 mes si el acto es expreso (en cualquier momento tras los efectos del silencio si es presunto); el de resolución es de 3 meses (alzada) y 1 mes (reposición), con silencio desestimatorio.
  • El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes en vía administrativa, por los cuatro motivos tasados del art. 125.1; plazo de 4 años (error de hecho) o 3 meses (restantes motivos).
  • Contra disposiciones de carácter general no cabe recurso administrativo (art. 112.3). La resolución de un recurso de alzada no admite nuevo recurso administrativo ordinario. La prohibición de reformatio in peius rige la resolución de los recursos (art. 119).
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El recurso de alzada procede contra actos que:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Hacienda (AEAT)?

El procedimiento administrativo común, regulado por la Ley 39/2015, es el cauce formal a través del cual se produce la actuación administrativa, garantizando los derechos de quienes tienen la condición de interesados y la obligación de las Administraciones de resolver. La relación electrónica con las Administraciones es un derecho para las personas físicas y una obligación para determinados colectivos (art. 14). Frente a las resoluciones y los actos de trámite cualificados, el ordenamiento articula los recursos administrativos (alzada y reposición, ordinarios, y extraordinario de revisión), con carácter previo, y en muchos casos potestativo, a la revisión jurisdiccional.

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

Están siempre obligados a relacionarse electrónicamente las personas jurídicas, las entidades sin personalidad, los profesionales colegiados (para su actividad profesional), los representantes de obligados y los empleados públicos (por razón de su cargo). Las personas físicas pueden elegir, salvo que reglamentariamente se les obligue (art. 14.3). Interesado (art. 4): quien promueve, quien tiene derechos afectados sin haber iniciado y quien tiene intereses legítimos afectados y se persona antes de la resolución definitiva. Derecho a no presentar documentos que ya estén en poder de la Administración (art. 53.1.d). Derecho a formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia (art. 53.1.e). Subsanación de la solicitud: diez días (art. 68.1), con advertencia de desistimiento. Trámite de audiencia: entre diez y quince días (art. 82). Información pública: mínimo veinte días (art. 83). Período de prueba: entre diez y treinta días (art. 77). Plazos por días: hábiles, excluidos sábados, domingos y festivos (art. 30.2); registro electrónico abierto 24 horas todo el año (art. 31). El recurso de alzada se interpone ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo (superior jerárquico) contra actos que NO agotan la vía; el de reposición ante el mismo órgano contra actos que SÍ la agotan, y es potestativo. El plazo de interposición de la alzada y de la reposición es de 1 mes si el acto es expreso (en cualquier momento tras los efectos del silencio si es presunto); el de resolución es de 3 meses (alzada) y 1 mes (reposición), con silencio desestimatorio. El recurso extraordinario de revisión solo procede contra actos firmes en vía administrativa, por los cuatro motivos tasados del art. 125.1; plazo de 4 años (error de hecho) o 3 meses (restantes motivos). Contra disposiciones de carácter general no cabe recurso administrativo (art. 112.3). La resolución de un recurso de alzada no admite nuevo recurso administrativo ordinario. La prohibición de reformatio in peius rige la resolución de los recursos (art. 119).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 3 a 5, 12 a 14, 16, 21, 24, 25, 30, 31, 53, 54 a 96 y 112 a 126.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 46 (plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo).
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (régimen especial de recursos en materia tributaria, como referencia complementaria).

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