Tema 19. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): Clases de Renta. Integración y compensación de rentas en la base imponible general y en la base imponible del ahorro. Base liquidable general y del ahorro. Reducciones. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Cálculo del impuesto estatal. Gravamen autonómico. Cuota diferencial. Tributación familiar. Regímenes especiales. Declaraciones, pagos a cuenta y obligaciones formales.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Continuando el tema anterior, este segundo bloque del IRPF desarrolla el proceso de liquidación del impuesto: cómo las distintas fuentes de renta se clasifican en renta general y renta del ahorro, cómo se integran y compensan entre sí dentro de cada una para obtener las bases imponibles, qué reducciones y mínimos personales y familiares corrigen la base para adaptar el impuesto a la capacidad económica real del contribuyente, y cómo se aplica la escala estatal y autonómica hasta llegar a la cuota diferencial. Es, junto con el tema anterior, el tema más denso y más preguntado en examen de todo el temario de impuestos, por lo que exige memorizar con precisión el orden de las operaciones de liquidación (integración → reducciones → mínimo personal y familiar → escala → deducciones → cuota diferencial) y los límites cuantitativos de cada reducción y deducción.
Clasificación de la renta: renta general y renta del ahorro
La Ley 35/2006, desde la reforma de 2007, estructura la renta gravable en dos grandes bloques que se liquidan de forma separada, con sus propias reglas de integración y sus propias escalas de gravamen: la renta general y la renta del ahorro. Esta dualidad («impuesto dual») responde a la voluntad del legislador de dar un tratamiento fiscal más favorable y estable al ahorro financiero, con tipos proporcionalmente más moderados y menos progresivos que los aplicables a la renta general, en línea con las tendencias de la fiscalidad comparada europea. La clasificación de cada renta en uno u otro bloque no depende de su cuantía sino de su origen: como regla general, la renta del ahorro comprende los rendimientos del capital mobiliario derivados de la participación en fondos propios y de la cesión a terceros de capitales propios, y las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales; todo lo demás (rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario, de actividades económicas, y ganancias patrimoniales que no deriven de una transmisión) se integra en la renta general.
Componentes de la renta general
El art. 45 LIRPF, en conexión con el art. 48, delimita la renta general como formada por dos grandes grupos de partidas. En primer lugar, la totalidad de los rendimientos (trabajo, capital inmobiliario, capital mobiliario no calificado como del ahorro por el art. 46.b), y actividades económicas) y las imputaciones de renta (régimen de transparencia fiscal internacional, imputación de rentas inmobiliarias, cesión de derechos de imagen, régimen de atribución de rentas). En segundo lugar, las ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de la transmisión de elementos patrimoniales, esto es, aquellas en que la alteración patrimonial no proviene de una compraventa, permuta o análoga sino de otros hechos: premios de loterías y apuestas no declarados exentos, subvenciones, ganancias en el juego, o las ganancias patrimoniales no justificadas del art. 39. La inclusión de estas ganancias «sin transmisión» en la base general, y no en la del ahorro, obedece a que no representan una rentabilidad del ahorro invertido sino incrementos patrimoniales de naturaleza distinta, más próximos conceptualmente a la renta general.
Componentes de la renta del ahorro
El art. 46 LIRPF integra en la renta del ahorro, en su letra a), los rendimientos del capital mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del art. 25 (participación en fondos propios de entidades: dividendos; cesión a terceros de capitales propios: intereses de cuentas, depósitos y valores de renta fija; y operaciones de capitalización y contratos de seguro de vida o invalidez), con la salvedad de que los rendimientos derivados de la cesión a terceros de capitales propios a entidades vinculadas con el contribuyente se integran en la base general en la parte correspondiente al exceso de los capitales cedidos sobre el límite legal fijado en función de los fondos propios de la entidad. Los rendimientos del capital mobiliario del art. 25.4 (propiedad intelectual e industrial, arrendamiento de bienes muebles, etc.) se integran en la base general. En su letra b), integra las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales (venta de acciones, inmuebles, fondos de inversión, criptoactivos, etc.), y no solo la transmisión onerosa sino también la lucrativa en vida y cualquier alteración patrimonial que la Ley califique como tal, con independencia de su período de generación, habiéndose eliminado desde 2015 la anterior distinción entre ganancias a corto y largo plazo.
Integración y compensación de rentas en la base imponible general
El art. 48 LIRPF estructura la base imponible general como la suma de dos saldos calculados de forma independiente. El primero resulta de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, los rendimientos y las imputaciones de renta del art. 45.a): si el resultado es negativo (por ejemplo, por pérdidas en actividades económicas), se compensa con el saldo positivo del segundo componente en el mismo período y, si quedara remanente, se traslada para su compensación en los cuatro años siguientes, según las reglas del art. 48. El segundo saldo resulta de integrar y compensar exclusivamente entre sí las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de transmisión; si este segundo saldo es negativo, no se suma directamente al primero, sino que se aplica la regla especial de compensación limitada que examina el punto siguiente. La integración y compensación se realiza dentro de cada período impositivo en un orden fijo, de modo que el contribuyente no puede elegir libremente qué rentas compensa ni diferir una pérdida a un ejercicio posterior si podía compensarse en el actual.
Reglas de compensación de rendimientos negativos en la base general
Cuando el saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de transmisión (segundo saldo del art. 48.b) resulta negativo, dicho saldo se compensa con el saldo positivo del primer bloque (rendimientos e imputaciones de renta) obtenido en el mismo período impositivo, pero con el límite del 25% de ese saldo positivo. El resto, si lo hubiere, se compensará en los cuatro años siguientes en el mismo orden: primero contra el saldo positivo de ganancias y pérdidas sin transmisión de esos ejercicios futuros y, si queda remanente, de nuevo contra el saldo de rendimientos con el límite del 25%. Este límite se estableció por la Ley 26/2014 con un calendario progresivo (10% en 2015, 15% en 2016, 20% en 2017 y 25% desde 2018). Impide que pérdidas patrimoniales de escasa vinculación con una fuente productiva regular erosionen de forma desproporcionada la tributación de las rentas regulares del contribuyente (salarios, alquileres, actividad económica) en un único ejercicio.
Integración y compensación de rentas en la base imponible del ahorro
El art. 49 LIRPF estructura la base imponible del ahorro, de forma paralela a la general, como la suma de dos saldos: el resultante de integrar y compensar exclusivamente entre sí, en cada período impositivo, los rendimientos del capital mobiliario del art. 25.1, 2 y 3 (dividendos, intereses, seguros); y el resultante de integrar y compensar exclusivamente entre sí las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Si el saldo de rendimientos del capital mobiliario resulta negativo, su importe se compensa, hasta el límite del 25%, con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas derivadas de transmisiones del mismo período (vía de compensación cruzada que examina el punto siguiente) y el remanente se traslada a los cuatro años siguientes, para ser compensado primero con rendimientos del capital mobiliario y después, con el mismo límite, con ganancias. Esta doble vía de integración separada (rendimientos del ahorro por un lado, ganancias derivadas de transmisión por otro) es la principal diferencia técnica frente a la base general.
Límites a la compensación entre rendimientos y ganancias patrimoniales del ahorro
Dentro de la base del ahorro, cuando el saldo de los rendimientos de capital mobiliario del art. 25.1-3 sea negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones obtenido en el mismo período, con el límite del 25% de dicho saldo positivo; y, recíprocamente, cuando el saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones sea negativo, se compensará con el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario, también con el límite del 25% de ese saldo positivo. Los importes que no puedan compensarse por exceder de dicho límite se trasladan a los cuatro ejercicios siguientes, respetando siempre el mismo orden y el mismo porcentaje máximo del 25%. Este mecanismo de compensación cruzada fue introducido por la Ley 26/2014 con el mismo calendario progresivo que en la base general (10%, 15%, 20% y 25% desde 2018). No existe compensación entre la base general y la del ahorro: las pérdidas de una no minoran la otra.
Determinación de la base liquidable general: reducciones aplicables
El art. 50 LIRPF define la base liquidable general como el resultado de practicar en la base imponible general, sucesivamente y sin que pueda resultar negativa, las reducciones por tributación conjunta (art. 84), por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (arts. 51 y 53), por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad (art. 54) y por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos (art. 55). Estas reducciones se aplican en el orden indicado y, si el resultado fuera negativo por insuficiencia de base, el exceso no aplicado no genera bases liquidables negativas; solo los excesos de aportaciones a sistemas de previsión social pueden trasladarse a los cinco ejercicios siguientes. La base liquidable general es la magnitud sobre la que se aplica la escala general estatal y autonómica, siempre con la técnica del mínimo personal y familiar.
Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social
El art. 51 LIRPF permite reducir la base imponible general por las aportaciones realizadas por el contribuyente a planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia, así como por las contribuciones empresariales imputadas. El límite máximo conjunto de reducción es la menor de dos cantidades: el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio, y una cuantía fija que ha ido reduciéndose: 8.000 euros hasta 2020, 2.000 euros en 2021 y, tras la Ley 12/2022 (impulso de los planes de pensiones de empleo), 1.500 euros anuales para aportaciones individuales. Ese límite se incrementa en 8.500 euros cuando el incremento provenga de contribuciones empresariales a sistemas de previsión social de empleo o de aportaciones del propio trabajador al mismo instrumento de importe igual o inferior a la contribución empresarial; los autónomos disponen de un límite adicional específico para planes de empleo simplificados. Las aportaciones en exceso pueden aplicarse en los cinco ejercicios siguientes. Existe además una reducción por aportaciones a favor del cónyuge que no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas superiores a 8.000 euros, de cuantía reducida. Las prestaciones tributan como rendimientos del trabajo (art. 17.2).
Reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos
El art. 55 LIRPF permite reducir la base imponible general del pagador en el importe de las pensiones compensatorias satisfechas a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial. La exclusión de las anualidades por alimentos a favor de los hijos de la base de reducción del pagador tiene su correlato en el tratamiento del perceptor: dichas anualidades están declaradas exentas para el hijo perceptor (art. 7.k LIRPF), de modo que ni reducen la base del pagador ni tributan en el perceptor, a diferencia de la pensión compensatoria al cónyuge, que si reduce la base del pagador, tributa como rendimiento del trabajo en sede del cónyuge perceptor. Además, cuando el contribuyente satisface anualidades por alimentos a favor de los hijos por decisión judicial, sin derecho a la reducción del mínimo por descendientes por convivir estos con el otro progenitor, se aplica la escala de forma separada a dichas anualidades (art. 64), lo que suele resultar más favorable que su cómputo conjunto con el resto de la base.
Determinación de la base liquidable del ahorro
El art. 50.2 LIRPF establece que la base liquidable del ahorro será el resultado de disminuir la base imponible del ahorro, hasta reducirla a cero, en el remanente, si lo hubiera, de las reducciones del apartado 1 que no haya podido aplicarse en la base imponible general por insuficiencia de esta. Las reducciones por previsión social, pensiones compensatorias o patrimonios protegidos se proyectan en primer lugar sobre la base general. Por otra parte, el mínimo personal y familiar, que opera en la determinación de la cuota íntegra y no como reducción de base, también se proyecta sobre la base del ahorro cuando la base liquidable general es inferior al mínimo: el remanente del mínimo no aplicado en la general se aplica a la base liquidable del ahorro para calcular su gravamen (art. 63 y 66). Esta configuración explica por qué un contribuyente con rentas del trabajo reducidas pero importantes rendimientos del capital mobiliario puede tributar menos por el ahorro: el mínimo personal y familiar no queda desaprovechado.
El mínimo personal y familiar: concepto y función
El art. 56 LIRPF define el mínimo personal y familiar como la parte de la renta que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no tributa por el impuesto, dando cumplimiento al principio constitucional de capacidad económica del art. 31.1 CE en su vertiente de mínimo exento vital. Técnicamente, el mínimo personal y familiar no es una reducción de la base: la cuota íntegra se calcula aplicando la escala a la base liquidable general y restando el resultado de aplicar la misma escala al importe del mínimo personal y familiar (arts. 63 y 74). Esta técnica del «tipo cero» o de «doble escala» hace que el ahorro fiscal derive de los tipos bajos de la escala (los primeros tramos) y no del tipo marginal más alto del contribuyente, lo que refuerza la progresividad: el mínimo beneficia en igual cuantía a todos los contribuyentes, con independencia de su nivel de renta. Cada Comunidad Autónoma puede incrementar o disminuir hasta un 10% los importes del mínimo personal y familiar a efectos de la cuota autonómica.
Mínimo del contribuyente
El art. 57 LIRPF fija el mínimo del contribuyente en 5.550 euros anuales con carácter general, cuantía que se incrementa en 1.150 euros adicionales cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, y en 1.400 euros adicionales más cuando tenga una edad superior a 75 años, siendo estos dos incrementos acumulativos entre sí para quien supere ambas edades (es decir, 5.550 euros hasta 65 años; 6.700 euros entre 66 y 75 años; 8.100 euros a partir de 76 años). Estas cuantías se mantienen desde la reforma de la Ley 35/2006 por la Ley 26/2014 con efectos desde 2015 y no han sido modificadas por las sucesivas Leyes de Presupuestos, aunque conviene verificar la cuantía vigente en la convocatoria concreta del examen. Se determinan las circunstancias personales en la fecha de devengo (31 de diciembre) y el mínimo no se prorratea en función del número de días del período impositivo, ni siquiera cuando el período es inferior al año natural por fallecimiento.
Mínimo por descendientes y ascendientes
El art. 58 LIRPF fija el mínimo por descendientes, aplicable por cada descendiente menor de 25 años (o mayor discapacitado de cualquier edad) que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales superiores a 8.000 euros (excluidas las exentas), en las siguientes cuantías: 2.400 euros anuales por el primero, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 por el cuarto y siguientes, incrementándose además en 2.800 euros cuando el descendiente sea menor de tres años. Se considera que conviven con el contribuyente los descendientes que dependan de él y estén internados en centros especializados por razones de discapacidad. El art. 59 fija el mínimo por ascendientes en 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años (o discapacitado de cualquier edad) que conviva con el contribuyente al menos la mitad del período impositivo y no tenga rentas anuales superiores a 8.000 euros, incrementándose en 1.400 euros adicionales cuando el ascendiente sea mayor de 75 años. No se aplica el mínimo si el ascendiente o descendiente presenta declaración por IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. En ambos casos, cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe se prorratea entre ellos por partes iguales cuando son de igual grado; si son de distinto grado, aplica el de grado más próximo salvo que este no tenga rentas anuales superiores a 8.000 euros.
Mínimo por discapacidad
El art. 60 LIRPF regula el mínimo por discapacidad, integrado por el mínimo por discapacidad del contribuyente y el mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes. El mínimo por discapacidad del contribuyente es de 3.000 euros anuales cuando el grado de discapacidad acreditado sea igual o superior al 33% e inferior al 65%, y de 9.000 euros anuales cuando el grado sea igual o superior al 65%, incrementándose en 3.000 euros adicionales en concepto de gastos de asistencia cuando el contribuyente acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65%. El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes se aplica en idénticas cuantías (3.000 o 9.000 euros, con el mismo incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia) sobre aquellos ascendientes o descendientes que generen derecho al mínimo respectivo y además tengan la consideración legal de personas con discapacidad. Se considera acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33% a los pensionistas de la Seguridad Social con pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad; y un grado igual o superior al 65% cuando se acredite necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o discapacidad igual o superior al 65%.
Escala general del impuesto (estatal y autonómica)
La cuota íntegra total del IRPF se obtiene sumando la cuota íntegra estatal y la cuota íntegra autonómica, cada una calculada aplicando su propia escala progresiva por tramos sobre la misma base liquidable general (con la técnica del mínimo personal y familiar). La escala general estatal se contiene en el art. 63 LIRPF y se estructura, desde el ejercicio 2021 (que añadió un tramo adicional para bases superiores a 300.000 euros), en seis tramos con tipos marginales crecientes: 9,5% hasta 12.450 euros; 12% hasta 20.200 euros; 15% hasta 35.200 euros; 18,5% hasta 60.000 euros; 22,5% hasta 300.000 euros; y 24,5% por el resto. La escala autonómica es aprobada por cada Comunidad Autónoma de régimen común en ejercicio de la capacidad normativa cedida por la Ley 22/2009 (art. 74 LIRPF), con carácter progresivo; si una Comunidad no aprueba escala propia, se aplica la escala complementaria prevista en la Ley. Esto provoca diferencias reales de tributación entre residentes de distintas Comunidades con igual nivel de renta; conviene comprobar en la convocatoria los tramos y tipos vigentes en el ejercicio de referencia.
La cuota íntegra estatal: aplicación de la escala
El art. 62 LIRPF define la cuota íntegra estatal como la suma de la cuantía resultante de aplicar la escala general estatal (art. 63) a la base liquidable general y la cuantía resultante de aplicar la escala del ahorro estatal (art. 66) a la base liquidable del ahorro. En la base general, el procedimiento (art. 63) tiene tres pasos: 1.º aplicar la escala a la base liquidable general; 2.º aplicar la misma escala al importe del mínimo personal y familiar; 3.º restar el resultado del paso 2.º del obtenido en el paso 1.º. A ella se suma la cuota íntegra estatal del ahorro, calculada de forma análoga aplicando la escala estatal del ahorro tanto a la base liquidable del ahorro como al remanente del mínimo personal y familiar no aplicado en la general. La suma de ambos componentes constituye la cuota íntegra estatal total. Por último, el art. 64 prevé la aplicación separada de la escala a las anualidades por alimentos a favor de los hijos satisfechas por decisión judicial, que beneficia al pagador al evitar que el importe de las anualidades se grave a los tipos marginales más altos.
La cuota íntegra autonómica: competencias normativas de las CCAA
El art. 73 y siguientes LIRPF regulan la cuota íntegra autonómica, calculada de forma paralela a la estatal pero aplicando la escala autonómica aprobada por la Comunidad Autónoma de residencia habitual del contribuyente, determinada conforme a las reglas del art. 72 LIRPF (la Comunidad donde permanezca el mayor número de días del período impositivo; en su defecto, el principal centro de intereses; en su defecto, la última residencia declarada). Las Comunidades Autónomas de régimen común, en ejercicio de su capacidad normativa, pueden regular no solo la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, sino también el importe del mínimo personal y familiar (con un margen del 10% al alza o a la baja sobre las cuantías estatales) y determinadas deducciones autonómicas en la cuota, propias de cada territorio (por nacimiento o adopción, por gastos de guardería, por alquiler de vivienda habitual, por donativos a entidades de la Comunidad, entre muchas otras). No tienen, en cambio, competencia normativa sobre la escala del ahorro, que se aplica con igual estructura que la estatal (art. 76), de modo que el tipo es el mismo con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia.
El gravamen del ahorro: escala aplicable
El art. 66 LIRPF regula la escala aplicable a la base liquidable del ahorro en la parte estatal, y el art. 76 la autonómica, con idéntica estructura, sin que las Comunidades Autónomas tengan capacidad normativa para modificarla, de modo que la tributación del ahorro es homogénea en todo el territorio de régimen común. La escala combinada (estatal más autonómica) parte de un tipo del 19% para el primer tramo (hasta 6.000 euros de base liquidable del ahorro), el 21% hasta 50.000 euros y el 23% hasta 200.000 euros; a partir de esa cifra se aplican tramos superiores con tipos más elevados, que han sido modificados en reformas recientes (Ley 31/2022 de Presupuestos para 2023 y Ley 7/2024). Dado que estos tramos superiores y sus tipos exactos han sido objeto de modificación reciente y recurrente, resulta imprescindible comprobar la escala vigente en el ejercicio al que se refiera la convocatoria antes de fijar cifras exactas en el examen.
Deducciones de la cuota íntegra: por inversión en vivienda habitual (régimen transitorio)
La deducción por inversión en vivienda habitual fue suprimida con efectos desde el 1 de enero de 2013 por la Ley 16/2012, si bien la disposición transitoria decimoctava LIRPF mantiene un régimen transitorio que permite seguir aplicándola, con el porcentaje del 15% (7,5% en la parte estatal y 7,5% en la autonómica, salvo que la Comunidad fije otro) sobre una base máxima de 9.040 euros anuales, exclusivamente a los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual, o satisfecho cantidades para su construcción, con anterioridad a 1 de enero de 2013, y que además hubieran practicado la deducción por dicha vivienda en un período impositivo anterior a 2013 (salvo que no hubieran podido hacerlo aún por no haber satisfecho cantidades desde su adquisición hasta la fecha en que dejaron de tener derecho a la deducción). Es, por tanto, una deducción cerrada a nuevas adquisiciones, aplicable solo a un colectivo decreciente de contribuyentes con derechos adquiridos. Igualmente derogada, con régimen transitorio, está la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual para contratos anteriores a 1 de enero de 2015.
Deducción por donativos
La deducción por donativos, regulada en el art. 68.3 LIRPF y en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, opera como una deducción de la cuota. Con carácter general, las donaciones a entidades beneficiarias del mecenazgo (fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, entre otras) dan derecho a una deducción del 80% sobre los primeros 250 euros donados y del 40% sobre el exceso, porcentaje este último que se incrementa hasta el 45% cuando el importe donado a una misma entidad en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores hubiera sido igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior (fidelización de donantes plurianuales); en el caso de donativos a actividades prioritarias de mecenazgo pueden aplicarse porcentajes incrementados. La base de la deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable. Estos porcentajes y límites han sido modificados en reformas recientes, por lo que conviene comprobarlos en la normativa vigente del ejercicio.
Deducción por doble imposición internacional
El art. 80 LIRPF regula la deducción por doble imposición internacional, aplicable cuando entre las rentas del contribuyente figuren rendimientos o ganancias patrimoniales obtenidos y gravados en el extranjero. La deducción consiste en la menor de dos cantidades: el importe efectivo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF o al IRNR sobre dichos rendimientos o ganancias patrimoniales; o el resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable gravada en el extranjero. Si el impuesto extranjero no se puede deducir en el período por insuficiencia de cuota, el exceso puede deducirse en los cuatro años siguientes (magnitud que evita que la deducción exceda de la cuota que en España correspondería a esa renta si se hubiera obtenido íntegramente en territorio español). Esta deducción, de aplicación general con independencia de que exista o no Convenio para evitar la doble imposición con el país de origen de la renta, opera como mecanismo unilateral de corrección del gravamen internacional, complementario de los mecanismos bilaterales previstos en los propios CDI, que en muchos casos prevén directamente el método de exención en lugar del de imputación con deducción.
Deducciones autonómicas
Al amparo de la capacidad normativa cedida por la Ley 22/2009, cada Comunidad Autónoma de régimen común puede aprobar deducciones propias en la cuota íntegra autonómica, que solo minoran dicha cuota autonómica y nunca la cuota estatal. Estas deducciones autonómicas presentan una enorme heterogeneidad territorial y suelen incentivar circunstancias de política social o económica propia de cada Comunidad: nacimiento, adopción o acogimiento de hijos, familia numerosa, gastos de guardería o cuidado de hijos menores, alquiler de vivienda habitual (especialmente para jóvenes), adquisición de vivienda habitual en determinadas condiciones, donativos a entidades de investigación o culturales de ámbito autonómico, inversión en la adquisición de acciones o participaciones de nuevas entidades, cuidado de personas mayores dependientes, o gastos por doble residencia por razones laborales, entre otras muchas. La existencia de estas deducciones autonómicas, sumada a las diferencias de escala y de mínimo personal y familiar, es la causa principal de que la cuota final del IRPF pueda diferir sensiblemente entre contribuyentes con idéntica renta pero residencia habitual en distintas Comunidades Autónomas.
La cuota líquida total: estatal y autonómica
La cuota líquida estatal es el resultado de minorar la cuota íntegra estatal en las deducciones que tengan carácter estatal (la deducción transitoria por inversión en vivienda habitual, la deducción por donativos, la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla —el 60% de la parte de cuota que proporcionalmente corresponda a esas rentas, art. 68.4— y otras), sin que pueda resultar negativa. De forma paralela, la cuota líquida autonómica es el resultado de minorar la cuota íntegra autonómica en las deducciones autonómicas aprobadas por la Comunidad Autónoma de residencia y en la parte autonómica de la deducción transitoria por vivienda, sin que tampoco pueda resultar negativa. La suma de ambas cuotas líquidas constituye la cuota líquida total del impuesto, magnitud sobre la que se proyectan después las deducciones del art. 80 (doble imposición internacional) y las de los arts. 81 y 81 bis (maternidad y familiares a cargo), para obtener la cuota resultante de la autoliquidación y, tras restar los pagos a cuenta, la cuota diferencial.
La cuota diferencial: deducción de pagos a cuenta
La cuota diferencial es el resultado de minorar la cuota líquida total del impuesto, tras aplicar las deducciones de los arts. 80, 81 y 81 bis, en el importe de los pagos a cuenta efectuados durante el ejercicio: retenciones soportadas, ingresos a cuenta practicados y pagos fraccionados realizados por el propio contribuyente (art. 79 LIRPF). Si la cuota diferencial resulta positiva, el contribuyente debe ingresar dicho importe con la presentación de la autoliquidación (con posibilidad de fraccionar el pago en dos plazos, 60% al presentar y 40% hasta el 5 de noviembre, sin intereses ni garantía, si se presenta dentro del plazo voluntario); si resulta negativa (los pagos a cuenta han excedido de la cuota), el contribuyente tiene derecho a la devolución del exceso, tramitada por la AEAT dentro del plazo de seis meses desde la finalización del plazo de declaración (o desde la presentación si fuera posterior), transcurrido el cual sin ordenarse el pago se devengan intereses de demora a favor del contribuyente sin necesidad de que este los reclame (art. 103 LIRPF).
Deducción por maternidad y otras deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo
El art. 81 LIRPF regula la deducción por maternidad, aplicable a las mujeres con hijos menores de tres años que realicen una actividad por cuenta propia o ajena y estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, por importe de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo (100 euros mensuales), susceptible de abono anticipado mensual y de incremento adicional de hasta 1.000 euros anuales en concepto de gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, y cuyo importe no puede exceder del total de cotizaciones y cuotas a la Seguridad Social y mutualidades devengadas en cada período con posterioridad al nacimiento o adopción. El art. 81 bis regula, con naturaleza y mecánica análoga (deducción de hasta 1.200 euros anuales, abono anticipado, compatibilidad entre sí), las deducciones por familia numerosa, por ascendiente separado legalmente o sin vínculo matrimonial con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos, y por descendiente o ascendiente con discapacidad a cargo del contribuyente, siendo de 1.200 euros anuales para la familia numerosa de categoría general y de 2.400 euros para la de categoría especial. Todas estas deducciones, denominadas «impuesto negativo», presentan la peculiaridad de poder generar el derecho a percibir su importe aun cuando la cuota líquida del contribuyente sea insuficiente o incluso nula, funcionando como una auténtica prestación social gestionada a través del IRPF.
Tributación familiar: opción por declaración conjunta
Los arts. 82 a 84 LIRPF permiten que las personas integradas en una unidad familiar, en los términos ya examinados en el tema anterior, opten por tributar conjuntamente por el IRPF, acumulando la totalidad de las rentas de todos sus miembros en una única declaración y liquidación, con independencia del régimen económico matrimonial. La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar (no cabe que unos opten por tributar conjuntamente y otros individualmente) y se ejercita, para cada período impositivo, en el momento de presentar la declaración, sin que quepa modificarla posteriormente una vez finalizado el plazo reglamentario mediante la presentación de nuevas declaraciones, salvo que la primera declaración no se hubiese presentado en plazo. La tributación conjunta no consiste en la simple suma aritmética de las cuotas individuales de cada miembro sino en la aplicación de las reglas generales del impuesto (integración de rentas, reducciones, mínimo personal y familiar, escala) a la renta total acumulada de la unidad familiar, con ciertas especialidades que se examinan a continuación.
Especialidades de la declaración conjunta: mínimo familiar y límites
El art. 84 LIRPF establece, para la tributación conjunta, una reducción en la base imponible general antes del mínimo personal y familiar: 3.400 euros anuales para las unidades familiares integradas por ambos cónyuges, y 2.150 euros anuales para las unidades familiares monoparentales. En tributación conjunta el mínimo del contribuyente se aplica una sola vez (por eso la reducción pretende compensar la pérdida del segundo mínimo), y se aplican los demás mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad con arreglo a sus normas específicas. Todas las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar que optan por la tributación conjunta se acumulan y se someten conjuntamente a gravamen; los miembros responden solidariamente de la deuda tributaria. La opción por la tributación conjunta no impide que cada contribuyente pueda aplicar los límites individuales de reducción por aportaciones a sistemas de previsión social. En la práctica, la tributación conjunta suele ser ventajosa cuando uno de los cónyuges no obtiene rentas o las obtiene muy bajas y desfavorable cuando ambos obtienen rentas elevadas, por el efecto de la progresividad.
Regímenes especiales: régimen de atribución de rentas
El régimen de atribución de rentas (arts. 86 a 90 LIRPF), ya descrito en el tema anterior, tiene especial relevancia práctica en la liquidación: las rentas obtenidas por comunidades de bienes, herencias yacentes y sociedades civiles sin objeto mercantil se atribuyen a sus miembros según su naturaleza (rendimientos, ganancias patrimoniales) y, en consecuencia, deben integrarse por cada partícipe en la base general o del ahorro que corresponda según la fuente de la que provengan, exactamente igual que si el partícipe hubiera obtenido la renta de forma directa. Esta atribución se realiza en función de las normas o pactos aplicables a cada entidad, si constan a la Administración tributaria de forma fehaciente, o, en su defecto, por partes iguales; y la entidad en régimen de atribución, aunque no tribute como tal, tiene obligaciones formales propias, entre ellas la de presentar una declaración informativa anual (modelo 184) en la que se detalle la renta total obtenida y su atribución a cada uno de sus miembros, socios o partícipes. Los miembros residentes en España tributan en IRPF y los no residentes en IRNR.
Régimen especial de trabajadores desplazados
El régimen del art. 93 LIRPF, examinado en el tema anterior en su vertiente de sujeción al impuesto, presenta también especialidades relevantes en sede de liquidación: los contribuyentes acogidos a este régimen tributan por las rentas obtenidas en territorio español conforme a las reglas del IRNR (con las especialidades del propio art. 93), sin que les resulten aplicables el régimen general de integración de rentas, las reducciones, el mínimo personal y familiar, ni la escala progresiva general y autonómica del IRPF. En su lugar tributan a un tipo del 24% sobre las retribuciones del trabajo hasta 600.000 euros, aplicándose el 47% sobre el exceso, y a los tipos específicos del IRNR sobre el resto de rentas de fuente española. Al no aplicárseles el mínimo personal y familiar ni las reducciones generales, este régimen puede resultar menos favorable que el régimen general para contribuyentes con rentas moderadas y cargas familiares significativas, por lo que su aplicación es siempre opcional. La opción se ejerce mediante comunicación a la Administración tributaria en el plazo de seis meses desde el inicio de la actividad o la fecha de alta en la Seguridad Social.
Obligación de declarar y límites excluyentes
El art. 96 LIRPF establece la obligación general de declarar para los contribuyentes del impuesto, si bien excluye de dicha obligación, entre otros supuestos, a quienes obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo inferiores a un determinado límite anual (más elevado cuando proceden de un único pagador, y más reducido cuando proceden de más de un pagador y la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, supere una cifra menor; estos umbrales se han modificado en los últimos ejercicios y deben comprobarse), a quienes obtengan rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta con el límite conjunto de 1.600 euros anuales, y a quienes obtengan exclusivamente rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del Tesoro y subvenciones para adquisición de vivienda de protección oficial con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. Deben declarar, con independencia de su cuantía, quienes pretendan aplicar determinadas reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social o deducciones por inversión en vivienda habitual transitoria, o acogerse a la tributación conjunta, cuando el exceso de las exclusiones así lo exija. La declaración se presenta, de manera ordinaria, entre abril y el 30 de junio de cada año (el calendario lo fija la orden ministerial anual) y se formula en el modelo D-100.
Pagos a cuenta: retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados
El art. 99 LIRPF regula el sistema de pagos a cuenta del impuesto, integrado por tres figuras: las retenciones, practicadas por el pagador de rendimientos del trabajo, del capital mobiliario, de determinadas actividades profesionales y de determinados premios, detrayendo un porcentaje del importe satisfecho e ingresándolo directamente en el Tesoro Público por cuenta del contribuyente; los ingresos a cuenta, aplicables sobre las retribuciones en especie, calculados sobre su valoración conforme a las reglas específicas del art. 43 LIRPF; y los pagos fraccionados, a cargo de los propios contribuyentes que ejercen actividades económicas (en estimación directa o en estimación objetiva por módulos), que deben autoliquidar trimestralmente un porcentaje sobre su rendimiento neto o sobre los signos, índices o módulos aplicables (con carácter general, el 20% en estimación directa, modelo 130, y modelo 131 en estimación objetiva), salvo cuando la totalidad de sus ingresos hubiesen estado sujetos a retención o ingreso a cuenta en el porcentaje reglamentariamente establecido. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta responde frente a la Hacienda pública del importe que debió retener, con independencia de que se hubiera o no practicado efectivamente, y el perceptor se deduce de su cuota lo retenido o, en su caso, lo que debió retenerse. Las retenciones sobre rendimientos del trabajo se determinan mediante la aplicación de un tipo calculado por el pagador a partir de la base y circunstancias comunicadas por el trabajador (modelo 145), y las practicadas sobre rendimientos de actividades profesionales son, con carácter general, del 15% (7% en el año de inicio y los dos siguientes), y sobre rendimientos del capital mobiliario y de arrendamientos de inmuebles urbanos, el 19%.
Obligaciones formales: llevanza de libros registro para actividades económicas
El Reglamento del IRPF impone a los contribuyentes que ejerzan actividades económicas obligaciones contables y registrales diferenciadas según el régimen de determinación del rendimiento neto aplicable (art. 68 RIRPF). Los contribuyentes en estimación directa normal que realicen actividades empresariales de carácter mercantil deben llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio; los que realicen actividades no mercantiles o se encuentren en estimación directa simplificada deben llevar libros registro de ventas e ingresos, de compras y gastos, y de bienes de inversión; y quienes ejerzan actividades profesionales deben llevar, además de estos, un libro registro de provisiones de fondos y suplidos. Los contribuyentes en estimación objetiva (módulos) deben conservar, numeradas por orden de fechas, las facturas emitidas y recibidas, así como los justificantes de los módulos aplicados, y llevar un libro registro de bienes de inversión cuando practiquen amortizaciones. El incumplimiento de estas obligaciones formales constituye infracción tributaria conforme a la LGT. Además, los pagadores de rentas sujetas a retención deben presentar declaraciones periódicas (modelos 111 y 115, entre otros) y la declaración anual resumen (modelo 190 para rendimientos del trabajo y de actividades profesionales; modelo 180 para arrendamientos; modelo 193 para capital mobiliario).
Esquema general de liquidación del IRPF (orden de operaciones)
Orden de la liquidación: 1) Rendimientos netos de cada fuente (trabajo, capital inmobiliario, capital mobiliario y actividades económicas) y ganancias y pérdidas patrimoniales. 2) Imputación de rentas. 3) Clasificación en renta general y renta del ahorro (arts. 45 y 46). 4) Integración y compensación dentro de cada base (arts. 48 y 49), obteniendo la base imponible general y la base imponible del ahorro. 5) Reducciones (art. 50): tributación conjunta, previsión social, discapacidad, pensiones compensatorias y anualidades por alimentos, dando lugar a la base liquidable general y del ahorro. 6) Aplicación de las escalas estatal y autonómica a las bases liquidables, previa técnica del mínimo personal y familiar, obteniendo la cuota íntegra estatal y autonómica. 7) Deducciones: cuotas líquidas estatal y autonómica, y cuota líquida total. 8) Deducciones de los arts. 80, 81 y 81 bis, obteniendo la cuota resultante de la autoliquidación. 9) Pagos a cuenta, obteniendo la cuota diferencial. Conviene memorizar que las reducciones afectan a la base, los mínimos operan en la cuota íntegra a tipo cero y las deducciones minoran la cuota.
Reducciones por aportaciones a favor de personas con discapacidad (arts. 53 y 54)
Las aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad (art. 53) y las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad (art. 54) reducen la base imponible general. Pueden realizarlas la propia persona con discapacidad, determinados parientes (cónyuge, ascendientes, descendientes, colaterales hasta tercer grado) y quienes tengan al discapacitado a su cargo en régimen de tutela o acogimiento. El límite máximo anual de reducción para las aportaciones de cada aportante es de 10.000 euros, y el límite conjunto de todas las aportaciones a favor de una misma persona con discapacidad es de 24.250 euros anuales. Los excesos sobre el límite pueden aplicarse en ejercicios siguientes en los términos legales. Las aportaciones realizadas por terceros que no den derecho a reducción (por ejemplo, de empresas) reciben el tratamiento previsto en la Ley en sede del beneficiario.
Regímenes especiales: transparencia fiscal internacional, derechos de imagen, IIC y cambio de residencia
Además de la atribución de rentas y los trabajadores desplazados, el Título X de la Ley regula otros regímenes especiales: la imputación de rentas inmobiliarias (art. 85); la transparencia fiscal internacional (art. 91), que imputa a los residentes las rentas positivas obtenidas por entidades no residentes controladas, cuando tributan por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga en una cuantía inferior al 75% de la que correspondería en España, y que no se aplica a entidades residentes en la Unión Europea; la imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen (art. 92), cuando el contribuyente cede a otra persona o entidad la explotación de su imagen y es la cesionaria la que presta los servicios; el diferimiento por traspasos entre instituciones de inversión colectiva (art. 94); y el gravamen por cambio de residencia o «exit tax» (art. 95 bis), que obliga al contribuyente que pierde la condición de residente a integrar en la base imponible del ahorro la diferencia entre el valor de mercado de sus participaciones en entidades y su valor de adquisición, cuando el valor de mercado de la totalidad de sus participaciones supere los 4.000.000 de euros, o cuando supere 1.000.000 de euros si la participación es del 25% o más. Existen reglas particulares para el cambio de residencia a otros Estados de la Unión Europea, que permiten aplazar el pago.
Escala estatal y gravamen del ahorro: datos que conviene memorizar
Escala general estatal (art. 63): 9,5% hasta 12.450 euros; 12% de 12.450 a 20.200; 15% de 20.200 a 35.200; 18,5% de 35.200 a 60.000; 22,5% de 60.000 a 300.000; 24,5% a partir de 300.000. Escala del ahorro (estatal más autonómica): 19% hasta 6.000 euros; 21% de 6.000 a 50.000; 23% de 50.000 a 200.000; tramos superiores con tipos más elevados modificados en 2023 y 2024. Mínimos: contribuyente 5.550 euros (+1.150 si más de 65, +1.400 si más de 75); descendientes 2.400, 2.700, 4.000 y 4.500 euros (+2.800 por menor de tres años); ascendientes 1.150 euros (+1.400 si más de 75); discapacidad 3.000 o 9.000 euros (+3.000 por asistencia). Tributación conjunta: 3.400 euros (biparental) o 2.150 euros (monoparental). Compensación entre saldos: límite del 25%; plazo de arrastre de saldos negativos: cuatro años; exceso de aportaciones a previsión social: cinco años.
Ejemplo de integración y compensación (esquema numérico)
Supóngase un contribuyente con rendimientos netos del trabajo de 30.000 euros, un saldo negativo de ganancias patrimoniales sin transmisión de 10.000 euros y 4.000 euros de rendimientos del capital mobiliario por dividendos. Base general: el saldo a) (rendimientos e imputaciones) es de 30.000 euros; el saldo b) es negativo (10.000 euros) y solo puede compensarse con el 25% del saldo a), es decir, 7.500 euros; la base imponible general es 22.500 euros y quedan 2.500 euros pendientes de compensar en los cuatro años siguientes. La base del ahorro es de 4.000 euros. Si, además, el contribuyente hubiese obtenido pérdidas por transmisión de acciones de 6.000 euros, el saldo b) del ahorro sería negativo y se compensaría con el 25% del saldo positivo de rendimientos del capital mobiliario (1.000 euros), quedando 5.000 euros para los cuatro años siguientes. No cabe compensar esas pérdidas con la base general.
Diferencias entre reducciones, mínimos, deducciones y pagos a cuenta
Las reducciones (arts. 51 a 55 y 84) minoran la base imponible y, por tanto, el ahorro fiscal depende del tipo marginal del contribuyente: benefician más a rentas altas. El mínimo personal y familiar (arts. 56 a 61) no reduce la base sino que se grava a tipo cero mediante la técnica de la doble escala. Las deducciones (arts. 67 a 69, 77, 80, 81 y 81 bis) minoran directamente la cuota y son iguales para todos los contribuyentes con independencia del nivel de renta. Los pagos a cuenta (art. 99) no son un beneficio fiscal sino anticipos de la deuda tributaria: se restan de la cuota para obtener la cuota diferencial. Por último, las deducciones por maternidad, familia numerosa y personas con discapacidad a cargo son abonables incluso si la cuota es insuficiente, de ahí su denominación de «impuesto negativo» y la posibilidad de abono anticipado mensual mediante el modelo 140.
Regímenes forales y especialidades territoriales en la liquidación
Los residentes en el País Vasco y Navarra tributan por el IRPF conforme a la normativa foral de su territorio, con tipos, mínimos y deducciones propios, dentro de los límites del Concierto Económico (Ley 12/2002) y del Convenio Económico (Ley 28/1990); la competencia de exacción se determina por la residencia habitual del contribuyente. En Canarias, Ceuta y Melilla se aplican especialidades: en Ceuta y Melilla, los contribuyentes residentes aplican una deducción del 60% de la parte de cuota correspondiente a las rentas obtenidas en esas ciudades (art. 68.4). Para las Comunidades de régimen común, la cesión del 50% del rendimiento implica que la Hacienda estatal liquida el impuesto y reparte los ingresos, mientras que las Comunidades fijan escala, mínimos y deducciones propias.
Trampas típicas de examen en la liquidación del IRPF
Errores frecuentes: 1) creer que el mínimo personal y familiar reduce la base imponible, cuando se grava a tipo cero en la cuota íntegra; 2) olvidar que el límite del 25% de compensación se aplica al saldo positivo del otro componente y no al saldo negativo; 3) confundir los plazos de arrastre (cuatro años para saldos negativos de integración; cinco años para el exceso de aportaciones a previsión social); 4) olvidar que las pensiones compensatorias reducen la base del pagador y tributan como rendimiento del trabajo del perceptor, mientras que las anualidades por alimentos a hijos ni reducen ni tributan; 5) atribuir competencia normativa autonómica sobre la escala del ahorro, que es estatal; 6) olvidar que la tributación conjunta exige que opten todos los miembros de la unidad familiar; 7) confundir las deducciones por maternidad y familia numerosa (abonables aunque la cuota sea cero) con el resto de deducciones; 8) olvidar que la obligación de declarar tiene umbrales distintos según la naturaleza de las rentas y el número de pagadores.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La renta se divide en renta general y renta del ahorro; la del ahorro comprende SOLO: rendimientos del capital mobiliario del art. 25.1-3 (dividendos, intereses, seguros) y ganancias/pérdidas patrimoniales DERIVADAS DE TRANSMISIÓN; todo lo demás va a la base general.
En la base general, rendimientos e imputaciones se integran SIN LÍMITE; el saldo negativo de ganancias/pérdidas sin transmisión solo se compensa con el saldo positivo de rendimientos con el límite del 25% de este.
El mínimo personal y familiar NO reduce directamente la base: tributa a tipo cero mediante la técnica de la «doble escala», favoreciendo el efecto en el tipo marginal más alto del contribuyente.
Mínimo del contribuyente: 5.550 euros, +1.150 euros si >65 años, +1.400 euros adicionales si >75 años (cuantías vigentes desde la reforma de 2015; comprobar actualización en la convocatoria).
La deducción por vivienda habitual (art. 68.1, suprimida en 2013) solo subsiste en régimen transitorio (DT 18ª LIRPF) para quienes adquirieron antes del 1-1-2013 y ya la venían aplicando.
La deducción por doble imposición internacional (art. 80) es la MENOR entre el impuesto efectivamente pagado en el extranjero y el que correspondería en España al tipo medio efectivo sobre esa renta.
La deducción por maternidad (hasta 1.200 euros/hijo menor de 3 años) y las deducciones del art. 81 bis (familia numerosa, discapacidad a cargo) son «impuesto negativo»: se pueden cobrar aunque la cuota sea insuficiente o nula.
La opción por declaración conjunta debe incluir a TODOS los miembros de la unidad familiar y da derecho a una reducción adicional: 3.400 euros (matrimonio) o 2.150 euros (monoparental), antes de aplicar el mínimo personal y familiar.
Las sociedades civiles CON objeto mercantil tributan por IS (no atribución de rentas) desde 2016; las entidades en atribución de rentas deben presentar el modelo informativo 184.
El régimen de impatriados (art. 93) tributa a tipo fijo (24% hasta 600.000 euros de retribuciones del trabajo, 47% sobre el exceso) SIN mínimo personal/familiar ni reducciones generales — puede no ser óptimo para rentas bajas con cargas familiares.
Están excluidos de la obligación de declarar quienes solo tengan rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales con retención hasta 1.600 euros conjuntos, o rentas inmobiliarias imputadas y análogas hasta 1.000 euros conjuntos.
Los pagos a cuenta (retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados) siempre se deducen de la cuota del perceptor, se hayan practicado o no efectivamente por el obligado a retener.
En la base del ahorro, el saldo negativo de rendimientos del capital mobiliario o de ganancias por transmisión se compensa cruzadamente con el otro componente con el límite del 25% de este (10%, 15%, 20% y 25% en 2015, 2016, 2017 y desde 2018); el remanente se traslada 4 años. No hay compensación entre base general y base del ahorro.
La reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (art. 51) se ha reducido progresivamente: 8.000 euros hasta 2020, 2.000 en 2021 y 1.500 euros desde la Ley 12/2022, ampliables en 8.500 euros por contribuciones empresariales; límite del 30% de rendimientos netos del trabajo y actividades; exceso trasladable 5 años.
La escala general estatal (art. 63) tiene seis tramos desde 2021: 9,5%, 12%, 15%, 18,5%, 22,5% y 24,5% (más de 300.000 euros). La Comunidad Autónoma aprueba la escala autonómica (art. 74) pero no puede modificar la escala del ahorro.
La deducción por donativos a entidades de la Ley 49/2002 es del 80% sobre los primeros 250 euros y 40% sobre el exceso (45% con fidelización); comprobar las cifras vigentes en la convocatoria.
Mínimo por descendientes: 2.400, 2.700, 4.000 y 4.500 euros (1.º, 2.º, 3.º y 4.º y siguientes) + 2.800 euros si el descendiente es menor de 3 años; requiere convivencia y rentas del descendiente no superiores a 8.000 euros; no se aplica si presenta declaración con rentas superiores a 1.800 euros.
Mínimo por discapacidad: 3.000 euros (grado igual o superior al 33%) o 9.000 euros (grado igual o superior al 65%), más 3.000 euros por gastos de asistencia; los pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se consideran con grado igual o superior al 33%.
Las reducciones minoran la base; el mínimo personal y familiar opera a tipo cero en la cuota íntegra; las deducciones minoran la cuota; los pagos a cuenta se restan al final para obtener la cuota diferencial (devolución en 6 meses, con intereses de demora si se incumple).
Residencia en CCAA (art. 72): el mayor número de días del período impositivo; la Comunidad puede modificar el mínimo personal y familiar hasta un 10%.
Exit tax (art. 95 bis): obligatorio si las participaciones superan 4.000.000 euros o 1.000.000 euros con participación del 25% o más.
Transparencia fiscal internacional (art. 91): rentas de entidades no residentes controladas tributadas a menos del 75% de lo que correspondería en España; no se aplica a entidades residentes en la UE.
La unidad familiar monoparental tiene reducción de 2.150 euros en tributación conjunta; la biparental, 3.400 euros. Se aplica una sola vez el mínimo del contribuyente.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué ganancias patrimoniales se integran en la renta del ahorro?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 19 de Hacienda (AEAT)?
Continuando el tema anterior, este segundo bloque del IRPF desarrolla el proceso de liquidación del impuesto: cómo las distintas fuentes de renta se clasifican en renta general y renta del ahorro, cómo se integran y compensan entre sí dentro de cada una para obtener las bases imponibles, qué reducciones y mínimos personales y familiares corrigen la base para adaptar el impuesto a la capacidad económica real del contribuyente, y cómo se aplica la escala estatal y autonómica hasta llegar a la cuota diferencial. Es, junto con el tema anterior, el tema más denso y más preguntado en examen de todo el temario de impuestos, por lo que exige memorizar con precisión el orden de las operaciones de liquidación (integración → reducciones → mínimo personal y familiar → escala → deducciones → cuota diferencial) y los límites cuantitativos de cada reducción y deducción.
¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?
La renta se divide en renta general y renta del ahorro; la del ahorro comprende SOLO: rendimientos del capital mobiliario del art. 25.1-3 (dividendos, intereses, seguros) y ganancias/pérdidas patrimoniales DERIVADAS DE TRANSMISIÓN; todo lo demás va a la base general. En la base general, rendimientos e imputaciones se integran SIN LÍMITE; el saldo negativo de ganancias/pérdidas sin transmisión solo se compensa con el saldo positivo de rendimientos con el límite del 25% de este. El mínimo personal y familiar NO reduce directamente la base: tributa a tipo cero mediante la técnica de la «doble escala», favoreciendo el efecto en el tipo marginal más alto del contribuyente. Mínimo del contribuyente: 5.550 euros, +1.150 euros si >65 años, +1.400 euros adicionales si >75 años (cuantías vigentes desde la reforma de 2015; comprobar actualización en la convocatoria). La deducción por vivienda habitual (art. 68.1, suprimida en 2013) solo subsiste en régimen transitorio (DT 18ª LIRPF) para quienes adquirieron antes del 1-1-2013 y ya la venían aplicando. La deducción por doble imposición internacional (art. 80) es la MENOR entre el impuesto efectivamente pagado en el extranjero y el que correspondería en España al tipo medio efectivo sobre esa renta. La deducción por maternidad (hasta 1.200 euros/hijo menor de 3 años) y las deducciones del art. 81 bis (familia numerosa, discapacidad a cargo) son «impuesto negativo»: se pueden cobrar aunque la cuota sea insuficiente o nula. La opción por declaración conjunta debe incluir a TODOS los miembros de la unidad familiar y da derecho a una reducción adicional: 3.400 euros (matrimonio) o 2.150 euros (monoparental), antes de aplicar el mínimo personal y familiar. Las sociedades civiles CON objeto mercantil tributan por IS (no atribución de rentas) desde 2016; las entidades en atribución de rentas deben presentar el modelo informativo 184. El régimen de impatriados (art. 93) tributa a tipo fijo (24% hasta 600.000 euros de retribuciones del trabajo, 47% sobre el exceso) SIN mínimo personal/familiar ni reducciones generales — puede no ser óptimo para rentas bajas con cargas familiares. Están excluidos de la obligación de declarar quienes solo tengan rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales con retención hasta 1.600 euros conjuntos, o rentas inmobiliarias imputadas y análogas hasta 1.000 euros conjuntos. Los pagos a cuenta (retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados) siempre se deducen de la cuota del perceptor, se hayan practicado o no efectivamente por el obligado a retener. En la base del ahorro, el saldo negativo de rendimientos del capital mobiliario o de ganancias por transmisión se compensa cruzadamente con el otro componente con el límite del 25% de este (10%, 15%, 20% y 25% en 2015, 2016, 2017 y desde 2018); el remanente se traslada 4 años. No hay compensación entre base general y base del ahorro. La reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (art. 51) se ha reducido progresivamente: 8.000 euros hasta 2020, 2.000 en 2021 y 1.500 euros desde la Ley 12/2022, ampliables en 8.500 euros por contribuciones empresariales; límite del 30% de rendimientos netos del trabajo y actividades; exceso trasladable 5 años. La escala general estatal (art. 63) tiene seis tramos desde 2021: 9,5%, 12%, 15%, 18,5%, 22,5% y 24,5% (más de 300.000 euros). La Comunidad Autónoma aprueba la escala autonómica (art. 74) pero no puede modificar la escala del ahorro. La deducción por donativos a entidades de la Ley 49/2002 es del 80% sobre los primeros 250 euros y 40% sobre el exceso (45% con fidelización); comprobar las cifras vigentes en la convocatoria. Mínimo por descendientes: 2.400, 2.700, 4.000 y 4.500 euros (1.º, 2.º, 3.º y 4.º y siguientes) + 2.800 euros si el descendiente es menor de 3 años; requiere convivencia y rentas del descendiente no superiores a 8.000 euros; no se aplica si presenta declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Mínimo por discapacidad: 3.000 euros (grado igual o superior al 33%) o 9.000 euros (grado igual o superior al 65%), más 3.000 euros por gastos de asistencia; los pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se consideran con grado igual o superior al 33%. Las reducciones minoran la base; el mínimo personal y familiar opera a tipo cero en la cuota íntegra; las deducciones minoran la cuota; los pagos a cuenta se restan al final para obtener la cuota diferencial (devolución en 6 meses, con intereses de demora si se incumple). Residencia en CCAA (art. 72): el mayor número de días del período impositivo; la Comunidad puede modificar el mínimo personal y familiar hasta un 10%. Exit tax (art. 95 bis): obligatorio si las participaciones superan 4.000.000 euros o 1.000.000 euros con participación del 25% o más. Transparencia fiscal internacional (art. 91): rentas de entidades no residentes controladas tributadas a menos del 75% de lo que correspondería en España; no se aplica a entidades residentes en la UE. La unidad familiar monoparental tiene reducción de 2.150 euros en tributación conjunta; la biparental, 3.400 euros. Se aplica una sola vez el mínimo del contribuyente.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (arts. 45 a 66, 68 a 70, 72 a 81 bis, 84, 85 a 99, 103).
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Ley 26/2014, de 27 de noviembre; Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo; Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023; Ley 7/2024.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).