Tema 8. La aplicación de los tributos: Concepto y órganos competentes. La información y asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. La asistencia mutua: concepto. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: Prueba, notificaciones, obligación de resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones tributarias.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Título III de la LGT (arts. 83-177) regula la aplicación de los tributos, que comprende las actividades administrativas de información y asistencia, gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sus normas comunes (Capítulo II, arts. 97-115) fijan las reglas generales de iniciación, desarrollo y terminación de los procedimientos, las liquidaciones tributarias como acto resolutorio típico, la obligación de resolver y los plazos, la prueba, las presunciones y las notificaciones. A ello se suman la información y asistencia (consultas, acuerdos previos de valoración), el NIF como identificador y la asistencia mutua entre Administraciones, que opera como mecanismo de cooperación internacional.
Concepto y órganos competentes para la aplicación de los tributos (arts. 5, 83-84 LGT)
La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias (art. 83.1). Se entiende por Administración tributaria el conjunto de órganos y entes públicos que, en el ámbito estatal, autonómico o local, desarrollan estas funciones en los términos que resulten de las normas de atribución de competencias (art. 5); en el ámbito estatal la competencia corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ente de derecho público creado por el art. 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, adscrito al Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en los tributos cedidos y propios, de las Haciendas forales (País Vasco y Navarra) y de las entidades locales en sus tributos. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercen de forma separada de la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos dictados por la Administración tributaria (art. 83.3), lo que garantiza la independencia funcional de los tribunales económico-administrativos. Los procedimientos de aplicación de los tributos se rigen por la LGT, sus normas de desarrollo (en particular el RD 1065/2007 y el Reglamento General de Recaudación) y, supletoriamente, por la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 97).
Información y asistencia a los obligados tributarios (arts. 85-91 LGT)
La Administración debe prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones (art. 85.1), instrumentándola, entre otras vías, mediante publicaciones (art. 86: textos actualizados de normas, doctrina administrativa, calendarios), comunicaciones y actuaciones de información (art. 87), contestaciones a consultas escritas (arts. 88 y 89), información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles (art. 90), actuaciones previas de valoración o acuerdos previos de valoración (art. 91) y asistencia en la realización de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. Los acuerdos previos de valoración permiten solicitar a la Administración, antes de realizar un hecho o negocio, la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria; vinculan a la Administración durante el plazo de vigencia acordado y mientras no varíen las circunstancias, y su solicitud se rige por el procedimiento del propio art. 91. La información con carácter previo a la adquisición o transmisión de inmuebles (art. 90) permite pedir el valor a efectos fiscales de un inmueble antes de su adquisición o transmisión. Estas medidas se completan con la colaboración social en la aplicación de los tributos (art. 92) y con el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria (art. 95), que solo pueden utilizarse para la aplicación de los tributos y de los recursos cuya gestión tenga encomendada la Administración, salvo las cesiones legalmente previstas.
La consulta tributaria (arts. 88-89 LGT)
Los obligados tributarios pueden formular a la Administración tributaria consultas respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda (art. 88.1). También pueden formularlas los colegios profesionales, cámaras, organizaciones patronales, sindicales y profesionales, asociaciones y fundaciones, en relación con cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados. Las consultas deben presentarse antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias (art. 88.2); su presentación y contestación no interrumpe ni suspende los plazos ni exonera del cumplimiento de las obligaciones. La Administración debe contestar en el plazo de seis meses, y la competencia para contestar corresponde, en el ámbito estatal, a la Dirección General de Tributos (cuyas contestaciones se publican en su base de datos de consultas). Efectos (art. 89): las contestaciones tienen carácter vinculante para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos, en relación con el consultante y con cualquier obligado cuyos hechos y circunstancias sean idénticos a los de la contestación, en tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso; no vinculan al propio obligado ni cabe recurso contra ellas, sin perjuicio de que puedan recurrirse los actos administrativos que apliquen posteriormente el criterio manifestado en la contestación. La aplicación por los obligados de los criterios manifestados en una contestación a consulta, cuando se hayan respetado los hechos y circunstancias, excluye su responsabilidad por infracción tributaria (art. 179.2.d).
El número de identificación fiscal (art. 29.2.b LGT y RD 1065/2007)
El NIF es el código que identifica a las personas físicas y jurídicas, así como a las entidades sin personalidad, ante la Administración tributaria. Solicitarlo y utilizarlo en las relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria es una obligación formal del art. 29.2.b LGT; su composición, asignación y utilización se regulan en el RD 1065/2007 (Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos). Para las personas físicas, el NIF de los españoles es el número del DNI con un carácter de verificación (los menores de catorce años o sin DNI utilizan un NIF con letra inicial K, L o M) y el de los extranjeros es el NIE (con letras iniciales X, Y o Z). Para las personas jurídicas y entidades, el NIF (antiguo CIF) consta de una letra que indica la forma jurídica, siete dígitos y un carácter de control; ejemplos: A, sociedades anónimas; B, sociedades de responsabilidad limitada; G, asociaciones; E, comunidades de bienes y herencias yacentes; F, sociedades cooperativas; H, comunidades de propietarios; J, sociedades civiles; N, entidades extranjeras; P, corporaciones locales; Q, organismos públicos; R, congregaciones e instituciones religiosas; S, órganos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas; U, uniones temporales de empresas; V, otros tipos; y W, establecimientos permanentes de entidades no residentes. El NIF de las entidades puede ser provisional hasta que se inscriban. Los obligados deben comunicarlo en sus relaciones con trascendencia tributaria, y su falta de consignación o consignación incorrecta puede constituir infracción tributaria; la Administración puede incluso revocar el NIF de una entidad en los supuestos reglamentarios (por ejemplo, entidades inexistentes o inactivas), lo que impide su actividad en el tráfico jurídico.
La asistencia mutua: concepto
La asistencia mutua es el conjunto de mecanismos de cooperación entre las Administraciones tributarias de distintos Estados (y, en el plano interno, entre Administraciones tributarias) que permiten el intercambio de información, la notificación de actos y la recaudación de deudas fuera del territorio del Estado que las genera, con el fin de luchar contra el fraude y la evasión fiscal. Su regulación en el Derecho español se encuentra en la LGT (arts. 177 bis y siguientes) y en las normas europeas e internacionales que se transponen o aplican: la Directiva 2011/16/UE, sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (intercambio de información, incluido el automático), la Directiva 2010/24/UE, sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos correspondientes a impuestos, derechos y otras medidas, los convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información y el Convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal de la OCDE y el Consejo de Europa. Los instrumentos típicos de asistencia son tres: el intercambio de información (a petición, espontáneo y automático), la notificación de actos a obligados en otro Estado y la asistencia en la recaudación, mediante petición de cobro y de adopción de medidas cautelares.
Normas comunes de los procedimientos: iniciación, desarrollo y terminación (arts. 97-100 LGT)
Los procedimientos tributarios pueden iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación o solicitud (art. 98). En su desarrollo, los obligados tienen los derechos y garantías reconocidos en la ley (acceso al expediente, formular alegaciones, ser asistidos, etc.) y, antes de la propuesta de resolución, debe concederse trámite de audiencia, poniendo de manifiesto el expediente por plazo no inferior a diez ni superior a quince días (art. 99.8), salvo que se prescinda del trámite porque no se tengan en cuenta otros hechos ni alegaciones que las aducidas por el interesado. Los procedimientos terminan por resolución, desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud, imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, caducidad, cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario (art. 100).
La prueba (arts. 105-108 LGT)
En los procedimientos tributarios rige el principio de que quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo (art. 105.1), de modo que la carga de la prueba recae sobre quien alega el hecho favorable a su pretensión; los obligados deben además cumplir los requisitos formales exigidos por la normativa tributaria para el reconocimiento o ejercicio del derecho (art. 105.2). Los medios y la valoración de la prueba se rigen por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa (art. 106.1), de modo que sirven todos los medios de prueba admisibles en derecho, salvo que la ley tributaria exija un medio concreto (así, los gastos deducibles deben justificarse, por regla general, mediante factura). Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y procedimientos tributarios son documentos públicos que hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario, y los hechos que se hagan constar en ellas y hayan sido aceptados por el obligado tributario se presumen ciertos y solo pueden rectificarse mediante prueba de que se incurrió en error de hecho (art. 107). Presunciones (art. 108): las establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, salvo que una norma con rango de ley expresamente lo prohíba (art. 108.1); para que las presunciones no establecidas por las normas tributarias sirvan de fundamento a los actos y resoluciones de la Administración es necesario que entre el hecho demostrado y el que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano; y los datos y elementos de hecho consignados por los obligados tributarios en declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos que presenten se presumen ciertos para ellos y solo pueden rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario (art. 108.4).
Notificaciones (arts. 109-112 LGT)
Las notificaciones se practican conforme a lo dispuesto en la LGT, su normativa de desarrollo y, supletoriamente, en la Ley 39/2015 (art. 109). Reglas esenciales: en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación se practica en el domicilio fiscal del obligado o su representante, o en el lugar designado, y puede entenderse con cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad (art. 110); están legitimados para recibirlas el obligado, su representante y, en su caso, otras personas habilitadas (art. 111). Si no es posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración, tras haberla intentado al menos dos veces en el domicilio fiscal, se cita al interesado o a su representante para ser notificado por comparecencia mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (o en el boletín que corresponda), debiendo comparecer en el plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación; transcurrido ese plazo sin comparecer, la notificación se entiende producida con efectos desde el día siguiente al del vencimiento (art. 112). Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales colegiados y otros colectivos están obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos (art. 14.2 de la Ley 39/2015); la notificación electrónica se entiende rechazada cuando transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder a su contenido (art. 43.2 de la Ley 39/2015), y se practica a través de la Dirección Electrónica Habilitada única y de la sede electrónica de la AEAT. La notificación defectuosa produce efectos desde que el interesado se da por notificado o interpone el recurso procedente.
Obligación de resolver y plazos de resolución (arts. 103-104 LGT)
La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa (art. 103.1), con las excepciones tasadas de terminación por otras causas (desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material). El plazo máximo en que debe notificarse la resolución es el fijado por la normativa reguladora del procedimiento, que no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca otro mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea (art. 104.1); a falta de plazo específico, rige el máximo de seis meses. Para entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo basta acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución (art. 104.2). El plazo se cuenta, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación y, en los iniciados a instancia del interesado, desde la fecha de presentación de la solicitud. Efectos del transcurso del plazo sin resolución expresa: en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, con carácter general el silencio es desestimatorio (salvo que la normativa del procedimiento disponga otro efecto), y en los iniciados de oficio se produce la caducidad cuando no se pueda entender producida la estimación o desestimación por silencio; la caducidad no impide iniciar de nuevo el procedimiento dentro del plazo de prescripción, no interrumpe por sí misma dicho plazo y deja a salvo la validez de las actuaciones realizadas en los términos legales.
Las liquidaciones tributarias (arts. 101-102 LGT)
La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria (art. 101.1). La Administración no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados en sus declaraciones. Las liquidaciones pueden ser provisionales o definitivas. Son definitivas las practicadas en el procedimiento de inspección previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo que en la propia liquidación se declare su carácter provisional de conformidad con la normativa, y las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter; en los demás casos las liquidaciones son provisionales (art. 101). Las liquidaciones se notifican a los obligados con expresión de (art. 102): identificación del obligado tributario; elementos determinantes de la cuantía de la liquidación; motivación cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado o a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión sucinta de los fundamentos de derecho; medios de impugnación (recursos, órganos y plazos); lugar, plazo y forma en que debe satisfacerse la deuda; y su carácter de provisional o definitiva. Hay que distinguir la liquidación practicada por la Administración de la autoliquidación del obligado, que no es un acto administrativo, sino un acto del particular.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Las funciones de aplicación de los tributos se ejercen separadamente de la resolución de reclamaciones económico-administrativas (art. 83.3 LGT), garantizando la independencia de los TEA.
Las contestaciones a consultas tributarias vinculan a la Administración (respecto del consultante y de quien tenga hechos idénticos), pero no al obligado tributario, y no son recurribles directamente, aunque sí lo son los actos que las apliquen.
Las consultas deben presentarse antes de que finalice el plazo para ejercer el derecho, presentar la declaración o cumplir la obligación; la Administración debe contestar en seis meses y la consulta no suspende ni interrumpe plazos.
El plazo máximo de resolución de los procedimientos tributarios lo fija su normativa y no puede exceder de seis meses salvo norma con rango de ley o norma de la UE (art. 104.1 LGT).
A efectos del plazo máximo basta acreditar un intento de notificación con el texto íntegro de la resolución (art. 104.2).
Las liquidaciones definitivas son, en esencia, las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo carácter provisional declarado; las demás son provisionales.
El NIF es obligación formal del art. 29.2.b LGT (la letra a) es la declaración censal); las entidades usan NIF con letra de forma jurídica.
Notificación por comparecencia: tras dos intentos fallidos en el domicilio fiscal; plazo de quince días naturales para comparecer desde la publicación del anuncio.
Notificación electrónica: se entiende rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceso.
Los datos consignados en autoliquidaciones y declaraciones se presumen ciertos para el obligado y solo él puede rectificarlos mediante prueba en contrario (art. 108.4).
Trámite de audiencia en los procedimientos tributarios: plazo no inferior a diez ni superior a quince días (art. 99.8 LGT).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Según el art. 108.4 LGT, los datos y elementos de hecho consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y autoliquidaciones:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 8 de Hacienda (AEAT)?
El Título III de la LGT (arts. 83-177) regula la aplicación de los tributos, que comprende las actividades administrativas de información y asistencia, gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sus normas comunes (Capítulo II, arts. 97-115) fijan las reglas generales de iniciación, desarrollo y terminación de los procedimientos, las liquidaciones tributarias como acto resolutorio típico, la obligación de resolver y los plazos, la prueba, las presunciones y las notificaciones. A ello se suman la información y asistencia (consultas, acuerdos previos de valoración), el NIF como identificador y la asistencia mutua entre Administraciones, que opera como mecanismo de cooperación internacional.
¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?
Las funciones de aplicación de los tributos se ejercen separadamente de la resolución de reclamaciones económico-administrativas (art. 83.3 LGT), garantizando la independencia de los TEA. Las contestaciones a consultas tributarias vinculan a la Administración (respecto del consultante y de quien tenga hechos idénticos), pero no al obligado tributario, y no son recurribles directamente, aunque sí lo son los actos que las apliquen. Las consultas deben presentarse antes de que finalice el plazo para ejercer el derecho, presentar la declaración o cumplir la obligación; la Administración debe contestar en seis meses y la consulta no suspende ni interrumpe plazos. El plazo máximo de resolución de los procedimientos tributarios lo fija su normativa y no puede exceder de seis meses salvo norma con rango de ley o norma de la UE (art. 104.1 LGT). A efectos del plazo máximo basta acreditar un intento de notificación con el texto íntegro de la resolución (art. 104.2). Las liquidaciones definitivas son, en esencia, las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo carácter provisional declarado; las demás son provisionales. El NIF es obligación formal del art. 29.2.b LGT (la letra a) es la declaración censal); las entidades usan NIF con letra de forma jurídica. Notificación por comparecencia: tras dos intentos fallidos en el domicilio fiscal; plazo de quince días naturales para comparecer desde la publicación del anuncio. Notificación electrónica: se entiende rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceso. Los datos consignados en autoliquidaciones y declaraciones se presumen ciertos para el obligado y solo él puede rectificarlos mediante prueba en contrario (art. 108.4). Trámite de audiencia en los procedimientos tributarios: plazo no inferior a diez ni superior a quince días (art. 99.8 LGT).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186), arts. 5, 29, 83-112, 179.2.d y 177 bis y ss. (asistencia mutua).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 14 y 43 (notificaciones electrónicas), de aplicación supletoria.
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE-A-2007-15984) (NIF).
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, art. 103 (creación de la AEAT).
Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas.
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