Tema 34. Tributación aduanera (II). El territorio aduanero de la Unión. Obligados tributarios. Deuda aduanera. Naturaleza y tributos que comprende. Lugar de nacimiento de la deuda aduanera. Garantía y recaudación de la deuda aduanera. Extinción de la deuda aduanera. Devolución y condonación de la deuda aduanera.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Este tema desarrolla el núcleo institucional del Derecho aduanero material: la delimitación del territorio aduanero de la Unión (que no coincide exactamente con el territorio político de los Estados miembros, como muestra el caso español de Canarias, Ceuta y Melilla), la identificación de los distintos obligados aduaneros (declarante, representante, Operador Económico Autorizado), y el régimen completo de la deuda aduanera: su naturaleza, los tributos que comprende, su nacimiento (con reglas distintas según derive de una operación regular o de un incumplimiento), su garantía y recaudación, y sus formas de extinción, devolución y condonación. Se trata de uno de los bloques más preguntados en tributación aduanera, por concentrar buena parte de los conceptos técnicos con mayor proyección práctica en la actividad diaria de una aduana.
Concepto y delimitación del territorio aduanero de la Unión (art. 4 CAU)
El artículo 4 del Código Aduanero de la Unión define el territorio aduanero de la Unión como la suma de los territorios de los Estados miembros, incluidas sus aguas territoriales, sus aguas interiores y su espacio aéreo, con las exclusiones e inclusiones específicas que el propio precepto detalla para determinados territorios de estatuto especial. Esta delimitación no es simplemente coextensiva con el territorio político de la Unión Europea, pues existen territorios que, perteneciendo políticamente a un Estado miembro, quedan excluidos del territorio aduanero (y por tanto se tratan, a efectos aduaneros, como si fueran terceros países), y a la inversa, territorios de terceros países o territorios con estatuto especial que se incluyen o asimilan al territorio aduanero de la Unión en virtud de acuerdos o disposiciones específicas, lo que exige un estudio detallado caso por caso de cada territorio de estatuto singular dentro de la Unión.
Territorios excluidos del territorio aduanero de la Unión y territorios asimilados
El artículo 4 del CAU enumera los territorios que forman parte del territorio aduanero de la Unión y excluye algunos territorios de estatuto especial de Estados miembros: en España, Ceuta y Melilla; en Alemania, la isla de Heligoland y el territorio de Büsingen; en Italia, Livigno y las aguas del lago de Lugano (y, en su momento, Campione d'Italia, cuya situación debe comprobarse en el texto vigente). Forman parte, en cambio, del territorio aduanero, entre otros, Canarias, los departamentos franceses de ultramar, Madeira y Azores, las islas Åland y Mónaco. Territorios como las Islas Feroe y Groenlandia (Dinamarca) o los países y territorios de ultramar no son parte de la Unión. Andorra y San Marino mantienen acuerdos de unión aduanera con la Unión para determinados productos sin formar parte del territorio aduanero. La consecuencia práctica de las exclusiones es que las mercancías que circulan entre los territorios excluidos y el resto del territorio aduanero se someten a formalidades aduaneras, como si se tratara de un intercambio con un tercer país.
El territorio aduanero español: particularidades de Canarias, Ceuta y Melilla
Dentro de España, el territorio aduanero de la Unión comprende la Península, las Islas Baleares y Canarias, mientras que Ceuta y Melilla quedan expresamente excluidas. Canarias forma parte del territorio aduanero de la Unión (a diferencia de lo que ocurre en IVA e Impuestos Especiales armonizados, donde queda fuera del territorio de aplicación y aplica su Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, AIEM). Por ello, el tráfico entre Canarias y el resto del territorio aduanero no origina derechos de arancel, pero sí exige una declaración aduanera a efectos fiscales (IVA, impuestos especiales, IGIC, AIEM), con el procedimiento de «importación» o «exportación» fiscal. Ceuta y Melilla están fuera del territorio aduanero (y del IVA y de los impuestos especiales), de modo que las mercancías que entran o salen hacia la Península, Baleares o Canarias se someten a formalidades aduaneras plenas, igual que si procedieran de un tercer país, aunque existe un régimen particular de tráfico entre estas ciudades y el resto del territorio español.
Concepto de obligado tributario en materia aduanera
El obligado tributario en materia aduanera es toda persona a quien la legislación aduanera impone obligaciones, ya sean materiales (el pago de la deuda aduanera) o formales (presentar la declaración en aduana, facilitar información, someterse a los controles aduaneros, mantener determinados registros contables), pudiendo coincidir o no en una misma persona la condición de propietario económico de la mercancía, de declarante formal ante la aduana, y de deudor de la eventual deuda aduanera que se genere. Esta pluralidad de posiciones jurídicas exige distinguir con precisión, para cada operación aduanera concreta, quién ostenta cada una de estas condiciones, dado que las consecuencias jurídicas (responsabilidad por el pago, legitimación para interponer recursos, obligación de conservar documentación) pueden ser sustancialmente distintas según cuál de ellas se analice en cada caso.
El declarante, el importador y el exportador como obligados aduaneros
El declarante es, conforme al artículo 5.15 del CAU, la persona que presenta una declaración en aduana, una declaración sumaria de entrada o de salida, una declaración de depósito temporal, una declaración de reexportación o una notificación de reexportación en nombre propio, o la persona en cuyo nombre se presenta dicha declaración o notificación, siendo la figura central de toda operación aduanera, sobre la que recaen tanto la responsabilidad por la exactitud de la información declarada como, con carácter general, la condición de deudor principal de la deuda aduanera que pudiera generarse. El importador y el exportador son, respectivamente, quienes introducen mercancías en el territorio aduanero de la Unión o las sacan de él, condiciones que en la práctica suelen coincidir con la de declarante (cuando actúan en nombre propio) o con la del representado (cuando actúan a través de un representante aduanero).
El representante aduanero: directo e indirecto
El artículo 18 del CAU permite que cualquier persona designe a un representante aduanero para la realización de los actos y trámites establecidos por la legislación aduanera, distinguiendo dos modalidades: la representación directa, en la que el representante actúa en nombre y por cuenta ajena, de modo que el representado es quien asume la condición de declarante y de deudor; y la representación indirecta, en la que el representante actúa en nombre propio pero por cuenta ajena, de modo que el propio representante asume la condición de declarante y responde solidariamente, junto con el representado, de la deuda aduanera que pudiera generarse. El representante aduanero debe estar establecido en el territorio aduanero de la Unión (con excepciones para determinados supuestos) y los Estados miembros pueden determinar las condiciones en que se podrá ejercer la representación aduanera en su territorio.
El Operador Económico Autorizado (OEA): concepto y simplificaciones
El Operador Económico Autorizado, regulado en los artículos 38 y siguientes del CAU, es el operador establecido en el territorio aduanero de la Unión que, tras acreditar el cumplimiento de determinados criterios (historial adecuado de cumplimiento de la legislación aduanera y tributaria, sistema satisfactorio de gestión de registros comerciales y de transporte, solvencia financiera acreditada y, en su caso, normas adecuadas de competencia práctica o cualificaciones profesionales, o normas adecuadas de seguridad y protección), obtiene el certificado de OEA, con dos modalidades: OEA de simplificaciones aduaneras (que otorga acceso a determinadas simplificaciones procedimentales) y OEA de seguridad y protección (que otorga facilidades en materia de control de seguridad de la cadena logística internacional), pudiendo un mismo operador obtener ambos certificados de forma combinada. El estatuto de OEA es reconocido y produce efectos en todos los Estados miembros, y constituye el equivalente aduanero, dentro de la Unión, del programa internacional de Operador Económico Autorizado promovido por la Organización Mundial de Aduanas dentro del marco normativo SAFE.
Concepto de deuda aduanera
La deuda aduanera se define, conforme al artículo 5.18 del CAU, como la obligación de una persona de pagar el importe de los derechos de importación o de exportación aplicables a una mercancía determinada con arreglo a la legislación aduanera vigente. Se trata, por tanto, de una obligación estrictamente referida a los derechos arancelarios (importación o exportación), no a los demás tributos que puedan exigirse con ocasión de la importación de mercancías (IVA a la importación, Impuestos Especiales), los cuales, aunque suelen liquidarse y recaudarse conjuntamente con la deuda aduanera por razones de simplificación práctica y comparten en gran medida su hecho generador, tienen un régimen jurídico propio y distinto contenido en su normativa reguladora específica (Ley del IVA, Ley 38/1992), no en el CAU.
Naturaleza jurídica de la deuda aduanera
La deuda aduanera participa de una doble naturaleza: por un lado, es una obligación de Derecho público de la Unión Europea, en cuanto los derechos arancelarios constituyen uno de los llamados recursos propios tradicionales del presupuesto de la Unión (los derechos de aduana; las exacciones agrícolas y las cotizaciones del azúcar, que antes se incluían, han desaparecido o quedado sin importancia), de modo que su titularidad última corresponde a la Unión Europea, si bien son los Estados miembros quienes la liquidan y recaudan en su condición de gestores del sistema aduanero común, reteniendo en concepto de gastos de recaudación un porcentaje del importe recaudado antes de transferir el resto a la Unión (el 25 por 100, conforme a la Decisión de recursos propios 2020/2053, desde 2021, frente al 20 por 100 de la decisión anterior); los Estados llevan para ello una contabilidad separada (cuenta A para los derechos liquidados y cobrados o garantizados no impugnados, y cuenta B para los garantizados e impugnados). Por otro lado, se articula procedimentalmente conforme a las reglas del Derecho tributario de cada Estado miembro, en lo no armonizado por el CAU, lo que en España supone la aplicación supletoria de la Ley General Tributaria.
Tributos que comprende la deuda aduanera: derechos de importación y exportación
La deuda aduanera comprende los derechos de importación (aranceles exigibles a la entrada de mercancías de terceros países en el territorio aduanero de la Unión, y exacciones de efecto equivalente) y los derechos de exportación (muy poco frecuentes en la práctica actual), determinados con arreglo al Arancel Aduanero Común y a las reglas de origen y valor en aduana del CAU. Los derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardia, como instrumentos de política comercial común, se recaudan con las reglas de los derechos de importación. No forman parte de la deuda aduanera en sentido estricto, aunque se liquiden simultáneamente con ella en el momento de la importación, el IVA a la importación ni los Impuestos Especiales exigibles a la importación, que tienen régimen propio (Ley 37/1992 y Ley 38/1992).
Distinción entre deuda aduanera y otros tributos exigibles en la importación (IVA, IIEE)
Es fundamental distinguir, a efectos de examen, entre la deuda aduanera propiamente dicha (regulada íntegramente por el CAU, de titularidad y normativa de la Unión Europea) y los demás tributos que gravan igualmente la importación de mercancías pero que no forman parte de dicha deuda: el IVA a la importación, regulado por la Ley 37/1992 del IVA (que se remite en gran medida a las normas aduaneras para determinar su base imponible y el momento de devengo, pero constituye un tributo estatal distinto cuya recaudación íntegra corresponde a España, sin participación de recursos propios de la Unión), y los Impuestos Especiales de fabricación exigibles con ocasión de la importación de productos objeto de estos impuestos, igualmente regulados por su normativa propia (Ley 38/1992). La liquidación conjunta de estos tres conceptos en el mismo documento único administrativo (DUA) de importación no debe llevar a confundir su distinta naturaleza jurídica, titularidad del rendimiento y régimen normativo aplicable.
Nacimiento de la deuda aduanera por despacho a libre práctica o importación temporal
El artículo 77 del CAU regula el nacimiento de la deuda aduanera de importación como consecuencia del despacho a libre práctica de mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a derechos de importación, o de su inclusión en el régimen de importación temporal con exención parcial de derechos, naciendo la deuda en el momento de la admisión de la declaración en aduana correspondiente. Este es el supuesto ordinario y más frecuente de nacimiento de la deuda aduanera, correspondiente a una operación de importación regular y conforme a la normativa aduanera, en la que el deudor es, con carácter general, el declarante, y, en caso de representación indirecta, también la persona por cuya cuenta se hace la declaración, respondiendo ambos solidariamente en tal supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad adicional de quien haya facilitado datos incorrectos para la declaración cuando conociera o debiera razonablemente haber conocido su incorrección.
Nacimiento de la deuda aduanera por incumplimiento (introducción irregular)
El artículo 79 del CAU regula el nacimiento de la deuda aduanera por incumplimiento, aplicable a las mercancías sujetas a derechos de importación cuando se incumple alguna de las obligaciones establecidas por la legislación aduanera relativas a la introducción, la sustracción a la vigilancia aduanera, la circulación, la transformación, el almacenamiento o la utilización de mercancías dentro del territorio aduanero de la Unión, así como el incumplimiento de una condición establecida para la inclusión de mercancías en un régimen aduanero o para la concesión de una exención de derechos o de un tipo reducido en razón del uso final de la mercancía. A diferencia del nacimiento ordinario por despacho a libre práctica, este supuesto responde a una situación patológica de incumplimiento de la normativa aduanera, siendo deudores no solo la persona obligada a cumplir la obligación incumplida, sino también cualquier persona que participara en dicho incumplimiento sabiendo o debiendo razonablemente haber sabido que incumplía la legislación aduanera, así como quien adquiriera o poseyera la mercancía y supiera o debiera haber sabido que se trataba de mercancía introducida irregularmente.
Lugar de nacimiento de la deuda aduanera: regla general y reglas especiales
El artículo 87 del CAU regula el lugar de nacimiento de la deuda aduanera. Para los supuestos de nacimiento por despacho a libre práctica, importación temporal con exención parcial y exportación, el lugar es aquel en que se presenta o se acepta la declaración en aduana. Cuando la deuda nace por incumplimiento, nace en el lugar donde se produjo el hecho que la origina; si no puede determinarse, en el lugar donde las autoridades aduaneras comprueben que las mercancías se encuentran en la situación que ha dado origen a la deuda, y, subsidiariamente, en el lugar donde las mercancías se incluyeron en el régimen o se introdujeron en el territorio aduanero. Esta determinación es relevante porque fija el Estado miembro (y la aduana) competente para liquidar y recaudar la deuda, y quién ha de poner a disposición de la Unión los recursos propios.
Deudores de la deuda aduanera: el declarante y los responsables solidarios
El deudor principal de la deuda aduanera nacida por despacho a libre práctica es, con carácter general, el declarante, y en caso de representación indirecta, también la persona por cuya cuenta se hace la declaración en aduana, respondiendo ambos solidariamente del pago de la deuda conforme al artículo 84 del CAU cuando exista más de un deudor para una misma deuda aduanera. Cuando la deuda nace por incumplimiento (art. 79 CAU), son deudores, además de la persona obligada a cumplir las obligaciones incumplidas, quienes hayan participado en el incumplimiento conociendo o debiendo conocer su carácter irregular, y quienes hayan adquirido o poseído la mercancía conociendo o debiendo conocer dicha irregularidad, articulándose en todos estos casos un régimen de responsabilidad solidaria entre los distintos deudores identificados para una misma deuda, sin perjuicio de las acciones de repetición que puedan corresponder entre ellos conforme al Derecho civil o mercantil aplicable.
Garantía de la deuda aduanera: supuestos de exigencia obligatoria y potestativa
El CAU distingue entre supuestos de garantía obligatoria, exigida imperativamente por la normativa aduanera con independencia de la solvencia o el historial del operador (como la garantía exigida para la circulación de mercancías en régimen de tránsito de la Unión, o para el aplazamiento del pago de una deuda aduanera ya nacida), y supuestos de garantía potestativa, en los que las autoridades aduaneras pueden exigir la constitución de una garantía cuando lo consideren necesario para asegurar el pago de una deuda aduanera que pueda nacer o que ya haya nacido pero cuyo importe no esté aún determinado con exactitud, valorando en este segundo caso la solvencia del operador y el riesgo concreto de la operación. Las autoridades aduaneras pueden dispensar de la obligación de constituir garantía a los operadores que cumplan determinados criterios de solvencia y fiabilidad acreditados (situación financiera saneada, experiencia suficiente y cumplimiento de sus obligaciones aduaneras y fiscales), en línea con la filosofía de facilitación del comercio para los operadores fiables que inspira buena parte del CAU.
Formas de garantía admitidas: depósito en efectivo y aval
El artículo 92 del CAU admite, como formas ordinarias de garantía de la deuda aduanera, el depósito en efectivo o cualquier otro medio de pago reconocido equivalente por las autoridades aduaneras del Estado miembro donde deba constituirse, y el compromiso asumido por un fiador (aval), que puede ser una entidad de crédito, una entidad financiera o una compañía de seguros autorizada a operar en la Unión, admitiéndose igualmente otras formas de garantía cuando ofrezcan un grado equivalente de certeza en cuanto al cobro del importe de la deuda aduanera, según lo que determinen los Estados miembros en su normativa de desarrollo. El fiador queda obligado, por escrito, a pagar el importe garantizado de la deuda aduanera en caso de que esta se haga exigible y no sea satisfecha por el deudor principal dentro del plazo correspondiente, constituyendo la garantía, en definitiva, un mecanismo de aseguramiento del crédito aduanero frente a la eventual insolvencia o incumplimiento del deudor principal.
La garantía global y la dispensa de garantía
El CAU permite la constitución de una garantía global, que cubre el importe de la deuda aduanera correspondiente a dos o más operaciones, declaraciones o regímenes aduaneros, en lugar de exigir una garantía individualizada para cada operación concreta, simplificación especialmente relevante para operadores con un volumen elevado y recurrente de operaciones aduaneras. Los operadores que hayan obtenido el estatuto de Operador Económico Autorizado de simplificaciones aduaneras, o que acrediten un nivel equivalente de solvencia y fiabilidad, pueden beneficiarse de una reducción del importe de la garantía global exigible o incluso de la dispensa total de constituir garantía en determinados regímenes, lo que constituye uno de los incentivos más relevantes, en términos de tesorería y de simplificación administrativa, para que los operadores económicos soliciten y mantengan el estatuto de OEA.
Contracción de la deuda aduanera: liquidación y comunicación al deudor
La contracción de la deuda aduanera es el acto por el cual las autoridades aduaneras calculan el importe de los derechos de importación o exportación correspondientes a una deuda nacida y lo consignan en sus registros contables o en cualquier otro soporte equivalente, debiendo comunicarse dicho importe al deudor según modalidades apropiadas, salvo en los supuestos en que no proceda la comunicación. La contracción debe efectuarse, con carácter general, en el plazo de catorce días desde que las autoridades aduaneras estén en condiciones de calcular el importe y disponer de la información necesaria, plazo que puede ampliarse en determinados supuestos previstos en la normativa.
Plazo de pago de la deuda aduanera
El plazo ordinario para el pago de la deuda aduanera comunicada al deudor es de diez días a contar desde la comunicación de dicho importe, plazo dentro del cual el deudor debe hacer efectivo el pago de los derechos de importación o exportación liquidados, sin perjuicio de que las autoridades aduaneras puedan conceder, a instancia del deudor, un plazo adicional para el pago siempre que este constituya la correspondiente garantía, o de que, tratándose de operadores acogidos a determinados procedimientos de despacho centralizado o de declaración simplificada con complementaria periódica, se articulen mecanismos de pago diferido o periódico que agrupan varias operaciones en una única liquidación con plazo de pago único, simplificando así la gestión de tesorería de los operadores con un volumen elevado de operaciones de importación.
El aplazamiento de pago de la deuda aduanera
El CAU permite al deudor solicitar el aplazamiento del pago de la deuda aduanera, en lugar de efectuar el pago dentro del plazo ordinario de diez días, mediante alguna de las modalidades previstas: aplazamiento respecto de cada importe de derechos contraído individualmente, aplazamiento global respecto de todos los importes contraídos durante un periodo determinado por las autoridades aduaneras (con un límite máximo que debe contrastarse en el texto vigente, de en torno a 31 días), o aplazamiento respecto de todos los importes que constituyan una contracción periódica. La concesión del aplazamiento está condicionada, con carácter general, a la constitución de una garantía por el importe aplazado y devenga el correspondiente interés de crédito por el periodo concedido; es una herramienta habitual de gestión de tesorería para operadores con flujo constante de importaciones. Si el pago no se efectúa en plazo, se exigen intereses de demora a un tipo no inferior al aplicable a deudas nacionales similares (artículo 114 del CAU).
Extinción de la deuda aduanera: pago, condonación, prescripción
El artículo 124 del CAU enumera las causas de extinción de la deuda aduanera: el pago del importe de los derechos, la condonación del importe de los derechos, la insolvencia del deudor constatada judicialmente que no permita cobrar total o parcialmente la deuda, la anulación de la declaración en aduana relativa a mercancías respecto de las que se haya generado una deuda, la confiscación de la mercancía o su decomiso, la destrucción bajo vigilancia aduanera o el abandono en favor del Estado, la destrucción de la mercancía por accidente o fuerza mayor debidamente acreditada, y, en el caso de deudas nacidas por incumplimiento, la extinción cuando dicho incumplimiento no haya tenido consecuencias reales para el correcto funcionamiento del régimen aduanero y no constituya intento de fraude. A estas causas se añade la imposibilidad de comunicar la deuda al deudor por haber transcurrido el plazo de prescripción (artículo 103).
Extinción de la deuda por confiscación o destrucción de la mercancía
La deuda aduanera se extingue cuando la mercancía que la originó es confiscada o decomisada, o cuando es destruida bajo vigilancia aduanera, o abandonada en favor del Estado conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, supuestos en los que, al desaparecer o pasar a titularidad pública la mercancía, carece de sentido mantener viva una deuda aduanera cuyo fundamento último era precisamente permitir la introducción de dicha mercancía en el circuito económico del mercado interior de la Unión. Igualmente se extingue la deuda cuando la mercancía se destruye por accidente o por causa de fuerza mayor debidamente demostrada, siempre que ello se comunique adecuadamente a las autoridades aduaneras y estas puedan constatar la realidad de la destrucción, tratándose en ambos casos de supuestos en que la pérdida de la mercancía hace desaparecer el objeto material sobre el que se proyectaba la obligación de pago de los derechos de importación.
La prescripción de la deuda aduanera: plazos
El artículo 103 del CAU establece que la comunicación de la deuda aduanera al deudor no podrá efectuarse una vez que haya expirado un plazo de tres años a contar desde la fecha de nacimiento de dicha deuda. El plazo se amplía, cuando la deuda haya nacido como consecuencia de un acto que, en el momento en que se cometió, era susceptible de dar lugar a diligencias judiciales de carácter penal, a un mínimo de cinco años y un máximo de diez años, según determine cada Estado miembro en su legislación nacional. El plazo se suspende en determinados casos, como la interposición de un recurso con efecto suspensivo. La ampliación responde a la necesidad de no dejar impune, por el mero transcurso de un plazo ordinario demasiado breve, conductas defraudatorias de especial gravedad.
Devolución de la deuda aduanera: supuestos (mercancía defectuosa, error)
Los artículos 116 y siguientes del CAU regulan la devolución (reembolso de un importe ya pagado) y la condonación (dispensa de pago de un importe no pagado) de derechos de importación o de exportación. Los supuestos son: importes de derechos cobrados en exceso (artículo 117), mercancías defectuosas o no conformes con las estipulaciones del contrato (artículo 118), error de las autoridades competentes (artículo 119), y equidad, cuando concurran circunstancias especiales sin negligencia manifiesta ni intento de fraude del interesado (artículo 120). También procede la devolución cuando se anule la declaración en aduana en los supuestos previstos.
Condonación de la deuda aduanera: supuestos y procedimiento
La condonación de la deuda aduanera procede, en particular, cuando el importe de los derechos comunicado al deudor supera el legalmente exigible, cuando la comunicación se realizó vulnerando el principio de confianza legítima del deudor que actuó de buena fe basándose en una información incorrecta facilitada por las propias autoridades aduaneras competentes (información que el deudor no podía razonablemente haber conocido que era errónea, y respecto de la cual actuó de buena fe cumpliendo todas las disposiciones establecidas en la declaración correspondiente), o cuando concurren las circunstancias especiales antes señaladas para la devolución que resulten igualmente aplicables a un importe todavía no pagado. La solicitud de condonación se tramita ante la autoridad aduanera competente conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de Ejecución del CAU, pudiendo requerir, en determinados supuestos de especial relevancia económica, la consulta previa a la Comisión Europea antes de resolver definitivamente.
Plazos para solicitar la devolución o condonación
El plazo general para presentar la solicitud de devolución o condonación de derechos de importación o exportación es de tres años a contar desde la fecha de comunicación de la deuda al deudor (con ampliación cuando el interesado demuestre que se vio impedido de presentarla por caso fortuito o fuerza mayor). Para algunos supuestos, como la devolución por mercancía defectuosa, la normativa fija plazos específicos más breves, que deben comprobarse en el texto vigente. Transcurrido el plazo aplicable sin presentar la solicitud, el derecho decae, sin perjuicio de otras acciones conforme al régimen general de revisión de actos administrativos.
Deuda aduanera de exportación y supuestos complementarios
Además de la deuda de importación, el CAU regula la deuda aduanera de exportación, que nace por la inclusión de mercancías sujetas a derechos de exportación en el régimen de exportación o de perfeccionamiento pasivo y por incumplimiento de las obligaciones en la salida del territorio aduanero (artículo 81 ss.). El deudor es el declarante, y, en caso de representación indirecta, también la persona por cuya cuenta se hace la declaración. Dada la práctica ausencia de derechos de exportación, tiene escasa relevancia práctica, pero sirve para ilustrar que la estructura de la deuda se basa en los mismos criterios de nacimiento, deudores y extinción.
Pluralidad de deudores y solidaridad (art. 84 CAU)
Cuando existan varios deudores respecto de una misma deuda aduanera, responden solidariamente conforme al artículo 84 del CAU. La solidaridad opera frente a la Administración (que puede exigir el total a cualquiera de los deudores, sin orden de prelación), sin perjuicio de las acciones de repetición entre ellos. Los supuestos más frecuentes son: el declarante y el representado en la representación indirecta; los participantes en un incumplimiento y quien adquiere o posee mercancía conociendo su origen irregular; y, en la obligación de garantía, el fiador respecto del importe garantizado. El deudor puede ser una persona física, jurídica o entidad sin personalidad, y la pluralidad de deudores no altera el carácter único de la deuda ni los plazos de pago.
Recaudación de la deuda aduanera: pago, intereses y cobro a posteriori
La recaudación comienza con la contracción y comunicación de la deuda, tras la cual el deudor dispone del plazo ordinario de diez días para pagar. El pago se realiza en España, con carácter general, mediante ingreso en las entidades colaboradoras o por los medios electrónicos de la AEAT, vinculado al documento de declaración (DUA). El impago en plazo genera intereses de demora y habilita la ejecución de la garantía y el procedimiento de apremio conforme a las normas nacionales de recaudación (Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación). Si se descubre con posterioridad que la deuda no se contrajo o se contrajo por importe inferior, las autoridades pueden practicar una contracción a posteriori y comunicar la deuda, dentro del plazo de tres años desde el nacimiento (ampliado según los supuestos del artículo 103 CAU).
Operador Económico Autorizado: ventajas y garantía
Los operadores con estatuto de OEA disfrutan de un menor número de controles físicos y documentales, de prioridad en los controles cuando son seleccionados, de la posibilidad de elegir el lugar de inspección, de la notificación previa de controles, y de reducciones o dispensa de la garantía (en particular el OEA-C). Además, existen acuerdos de reconocimiento mutuo del estatuto de OEA entre la Unión y terceros países (por ejemplo, Estados Unidos, Japón, China, Suiza), que extienden esas ventajas al comercio con dichos países. El estatuto se concede por la autoridad aduanera del Estado miembro en que el operador lleve su contabilidad principal y es reexaminado periódicamente, pudiendo suspenderse o revocarse si se incumplen los criterios (en España, la AEAT).
Sistema de recursos propios tradicionales: contabilidad A y B
El Reglamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, regula los métodos y el procedimiento para la puesta a disposición de los recursos propios tradicionales, los derechos de aduana que ingresan los Estados miembros. Los derechos liquidados y cobrados o garantizados y no impugnados se anotan en la cuenta A y se ponen a disposición de la Comisión mensualmente; los derechos garantizados que son objeto de impugnación se anotan en la cuenta B. La Comisión puede controlar los Estados miembros, y los Estados responden financieramente de los derechos que no hayan establecido por su negligencia (salvo causas de fuerza mayor o imposibilidad de cobro no imputable). Esta contabilidad es relevante porque la AEAT actúa como gestora de un recurso que pertenece a la Unión, con consecuencias en el control de las deudas pendientes de pago.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Territorio aduanero de la Unión (art. 4 CAU): no coincide con el territorio político; Canarias SÍ forma parte (aunque no del territorio IVA/IIEE), Ceuta y Melilla NO forman parte.
Representación directa (el representado es deudor) frente a representación indirecta (el representante actúa en nombre propio y responde solidariamente junto al representado).
El OEA (arts. 38 ss. CAU) tiene dos modalidades: simplificaciones aduaneras y seguridad/protección; reconocido en toda la Unión.
La deuda aduanera (art. 5.18 CAU) comprende SOLO derechos de importación/exportación, NO el IVA a la importación ni los Impuestos Especiales (aunque se liquiden juntos en el DUA).
Los derechos de aduana son recurso propio tradicional del presupuesto de la UE; España retiene el 25% en concepto de gastos de recaudación antes de transferir el resto (Decisión de recursos propios 2020/2053).
Nacimiento ORDINARIO de la deuda (art. 77 CAU): despacho a libre práctica o importación temporal con exención parcial, en el momento de admisión de la declaración.
Nacimiento por INCUMPLIMIENTO (art. 79 CAU): introducción irregular, sustracción a la vigilancia aduanera, incumplimiento de condiciones de un régimen o de una exención/tipo reducido por uso final.
Lugar de nacimiento (art. 87 CAU): regla general, donde se presenta la declaración; reglas subsidiarias si no puede determinarse (donde se descubre la situación irregular).
Garantía: formas admitidas depósito en efectivo o aval (art. 92 CAU); posible garantía global y dispensa para operadores solventes/OEA.
Plazo de pago ordinario: 10 días desde la comunicación; posible aplazamiento (individual, global o por contracción periódica) constituyendo garantía y devengando interés de crédito.
Extinción de la deuda (art. 124 CAU): pago, condonación, anulación de la declaración, confiscación/decomiso, destrucción o abandono bajo control aduanero, destrucción por accidente/fuerza mayor, e incumplimiento sin consecuencias reales ni ánimo de fraude.
Prescripción (art. 103 CAU): 3 años desde el nacimiento con carácter general; entre 5 y 10 años (según lo fije cada Estado miembro) si el hecho era susceptible de diligencias penales.
Devolución/condonación (arts. 116 ss. CAU): plazo general de 3 años desde la comunicación de la deuda; los supuestos son cobro excesivo (art. 117), mercancía defectuosa (118), error de las autoridades (119) y equidad (120).
La condonación por confianza legítima exige buena fe del deudor + error de las propias autoridades aduaneras + imposibilidad razonable de detectar el error.
Pluralidad de deudores: responsabilidad solidaria (art. 84 CAU).
Aplazamiento (art. 110 CAU): garantía obligatoria; devenga interés de crédito; impago en plazo: interés de demora (art. 114).
Causas de extinción: incluye la insolvencia judicialmente constatada del deudor (art. 124) y, en incumplimiento, la ausencia de consecuencias reales sin fraude.
Tráfico Canarias-Península: no hay arancel, pero sí declaración aduanera a efectos de IVA/IIEE/IGIC/AIEM.
Reglamento (UE, Euratom) 609/2014: cuentas A y B de recursos propios tradicionales.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es el plazo general de prescripción para comunicar la deuda aduanera (art. 103 CAU)?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 34 de Hacienda (AEAT)?
Este tema desarrolla el núcleo institucional del Derecho aduanero material: la delimitación del territorio aduanero de la Unión (que no coincide exactamente con el territorio político de los Estados miembros, como muestra el caso español de Canarias, Ceuta y Melilla), la identificación de los distintos obligados aduaneros (declarante, representante, Operador Económico Autorizado), y el régimen completo de la deuda aduanera: su naturaleza, los tributos que comprende, su nacimiento (con reglas distintas según derive de una operación regular o de un incumplimiento), su garantía y recaudación, y sus formas de extinción, devolución y condonación. Se trata de uno de los bloques más preguntados en tributación aduanera, por concentrar buena parte de los conceptos técnicos con mayor proyección práctica en la actividad diaria de una aduana.
¿Qué hay que memorizar del Tema 34 para el examen?
Territorio aduanero de la Unión (art. 4 CAU): no coincide con el territorio político; Canarias SÍ forma parte (aunque no del territorio IVA/IIEE), Ceuta y Melilla NO forman parte. Representación directa (el representado es deudor) frente a representación indirecta (el representante actúa en nombre propio y responde solidariamente junto al representado). El OEA (arts. 38 ss. CAU) tiene dos modalidades: simplificaciones aduaneras y seguridad/protección; reconocido en toda la Unión. La deuda aduanera (art. 5.18 CAU) comprende SOLO derechos de importación/exportación, NO el IVA a la importación ni los Impuestos Especiales (aunque se liquiden juntos en el DUA). Los derechos de aduana son recurso propio tradicional del presupuesto de la UE; España retiene el 25% en concepto de gastos de recaudación antes de transferir el resto (Decisión de recursos propios 2020/2053). Nacimiento ORDINARIO de la deuda (art. 77 CAU): despacho a libre práctica o importación temporal con exención parcial, en el momento de admisión de la declaración. Nacimiento por INCUMPLIMIENTO (art. 79 CAU): introducción irregular, sustracción a la vigilancia aduanera, incumplimiento de condiciones de un régimen o de una exención/tipo reducido por uso final. Lugar de nacimiento (art. 87 CAU): regla general, donde se presenta la declaración; reglas subsidiarias si no puede determinarse (donde se descubre la situación irregular). Garantía: formas admitidas depósito en efectivo o aval (art. 92 CAU); posible garantía global y dispensa para operadores solventes/OEA. Plazo de pago ordinario: 10 días desde la comunicación; posible aplazamiento (individual, global o por contracción periódica) constituyendo garantía y devengando interés de crédito. Extinción de la deuda (art. 124 CAU): pago, condonación, anulación de la declaración, confiscación/decomiso, destrucción o abandono bajo control aduanero, destrucción por accidente/fuerza mayor, e incumplimiento sin consecuencias reales ni ánimo de fraude. Prescripción (art. 103 CAU): 3 años desde el nacimiento con carácter general; entre 5 y 10 años (según lo fije cada Estado miembro) si el hecho era susceptible de diligencias penales. Devolución/condonación (arts. 116 ss. CAU): plazo general de 3 años desde la comunicación de la deuda; los supuestos son cobro excesivo (art. 117), mercancía defectuosa (118), error de las autoridades (119) y equidad (120). La condonación por confianza legítima exige buena fe del deudor + error de las propias autoridades aduaneras + imposibilidad razonable de detectar el error. Pluralidad de deudores: responsabilidad solidaria (art. 84 CAU). Aplazamiento (art. 110 CAU): garantía obligatoria; devenga interés de crédito; impago en plazo: interés de demora (art. 114). Causas de extinción: incluye la insolvencia judicialmente constatada del deudor (art. 124) y, en incumplimiento, la ausencia de consecuencias reales sin fraude. Tráfico Canarias-Península: no hay arancel, pero sí declaración aduanera a efectos de IVA/IIEE/IGIC/AIEM. Reglamento (UE, Euratom) 609/2014: cuentas A y B de recursos propios tradicionales.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (arts. 4, 5, 18, 38 a 41, 77 a 84, 87, 89 a 95, 102 a 124).
Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015.
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015.
Reglamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales.
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea.
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (tributos exigibles en la importación).
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (aplicación supletoria).
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