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Tema 25. El Impuesto sobre el Valor Añadido (II): Devengo. Base imponible. Tipos de gravamen. Deuda tributaria. Liquidación. Deducciones: Requisitos. Régimen de deducciones en sectores diferenciados. Regla de prorrata. Deducciones anteriores al comienzo de la actividad. Devoluciones.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

Este segundo tema del IVA desarrolla la cuantificación y liquidación del impuesto: cuándo se devenga cada tipo de operación, cómo se determina la base imponible y qué partidas se incluyen o excluyen de ella, los tres tipos de gravamen vigentes, y el mecanismo central que hace del IVA un impuesto neutral para el empresario: el derecho a la deducción, con sus requisitos, sus exclusiones, la compleja regla de prorrata aplicable cuando se realizan simultáneamente operaciones con y sin derecho a deducir, y la regularización de deducciones en bienes de inversión. Se cierra con el régimen de devoluciones, que garantiza al sujeto pasivo la recuperación de los excesos de IVA soportado sobre el repercutido.

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El devengo en las entregas de bienes: puesta a disposición del adquirente

El art. 75.Uno.1º LIVA fija el devengo del impuesto, en las entregas de bienes, en el momento en que tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, en el momento en que se efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable, con reglas específicas para determinados supuestos: en las ventas a plazos con reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, así como en los arrendamientos-venta, se entiende puesto el bien a disposición del adquirente desde el momento de su entrega material; en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio, el devengo se produce en el momento de la entrega, y no en el momento posterior en que se cumpla la condición suspensiva y se transmita la propiedad conforme al Derecho civil. Esta regla es coherente con el concepto económico de entrega de bienes examinado en el tema anterior (transmisión del poder de disposición, no necesariamente de la propiedad civil), que determina que el devengo se anticipe al momento de la puesta a disposición material del bien, con independencia del momento de la transmisión jurídico-civil de la propiedad.

El devengo en las prestaciones de servicios

El art. 75.Uno.2º LIVA fija el devengo del impuesto, en las prestaciones de servicios, en el momento en que se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas, regla general que se completa con reglas específicas para determinados servicios: en las ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento de la puesta a disposición del dueño de la obra de los bienes a que se refieran; en las ejecuciones de obra cuyas destinatarias sean las Administraciones públicas, en el momento de su recepción. Este devengo, referido a la efectiva prestación o ejecución material del servicio, se distingue de las reglas específicas de tracto sucesivo y de pagos anticipados que se examinan en los puntos siguientes, aplicables a supuestos particulares en que el servicio no se agota en un acto único e instantáneo de ejecución.

Devengo en operaciones de tracto sucesivo

El art. 75.Uno.7º LIVA regula el devengo en las operaciones de tracto sucesivo o continuado (arrendamientos, suministros y demás operaciones análogas): el impuesto se devenga en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción, conforme a lo pactado entre las partes. Cuando no se hubiese pactado precio o, habiéndose pactado, no se hubiese determinado el momento de su exigibilidad, o esta se hubiera establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del impuesto se produce el 31 de diciembre de cada año, por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha, de modo que ninguna operación de tracto sucesivo queda indefinidamente sin devengo.

Devengo en pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible

El art. 75.Dos LIVA establece una regla especial de anticipación del devengo aplicable a los pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible (entrega de bienes o prestación de servicios): en tales casos, el impuesto se devenga en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos, con independencia de que la entrega o prestación a que se refiera dicho pago aún no se haya realizado materialmente. Esta regla, de aplicación muy frecuente en la práctica empresarial (anticipos, señales, reservas), obliga al empresario o profesional que percibe el anticipo a repercutir e ingresar el IVA correspondiente a dicho importe en el mismo período de liquidación en que lo percibe, con independencia de que la operación principal se perfeccione con posterioridad, e implica correlativamente que el destinatario del anticipo, si es empresario o profesional, puede deducir el IVA soportado por dicho anticipo desde el mismo momento de su devengo, sin necesidad de esperar a la realización efectiva de la entrega o prestación.

Devengo en las adquisiciones intracomunitarias de bienes

El art. 76 LIVA fija el devengo de las adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB) en el momento en que se consideren efectuadas las entregas de bienes similares en el territorio de aplicación del impuesto. En la práctica, el impuesto se devenga el día 15 del mes siguiente a aquel en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente, salvo que con anterioridad a esa fecha se hubiese expedido factura, en cuyo caso el devengo se anticipa a la fecha de expedición de la factura. Esta regla del día 15 es paralela a la que rige para las entregas intracomunitarias exentas del Estado de origen. A diferencia de lo que ocurre en las operaciones interiores, donde el cobro de pagos anticipados provoca el devengo (art. 75.Dos), en las AIB el mero pago anticipado al proveedor de otro Estado miembro no adelanta el devengo. El adquirente, al ser sujeto pasivo, se autorrepercute la cuota en la autoliquidación del periodo de devengo y puede deducirla en la misma autoliquidación si tiene derecho a ello.

Devengo en las importaciones de bienes

El art. 77 LIVA establece que el devengo del impuesto en las importaciones de bienes se produce en el momento en que hubiera tenido lugar el devengo de los derechos de importación, de acuerdo con la legislación aduanera, con independencia de que dichos bienes estén o no sujetos a tales derechos por su naturaleza o procedencia. Esta remisión a la normativa aduanera para determinar el devengo del IVA a la importación (que se liquida y se gestiona conjuntamente con los derechos arancelarios en el momento del despacho de importación) es coherente con el hecho imponible propio de la importación, examinado en el tema anterior, y explica por qué el IVA a la importación se gestiona a través del Documento Único Administrativo (DUA) y por los mismos cauces procedimentales que los aranceles, en lugar de mediante el sistema ordinario de autoliquidaciones periódicas aplicable al resto de operaciones sujetas al impuesto, sin perjuicio de que, para determinados operadores que cumplan ciertos requisitos, el IVA a la importación pueda diferirse e incluirse en la autoliquidación periódica ordinaria en lugar de ingresarse en el momento del despacho aduanero.

Base imponible en operaciones interiores: regla general (contraprestación)

El art. 78.Uno LIVA establece, como regla general de determinación de la base imponible en las entregas de bienes y prestaciones de servicios, que esta estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto procedente del destinatario o de terceras personas. Este concepto de contraprestación se identifica, con carácter general, con el precio pactado por las partes, incluyendo cualquier crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio derivado de dicha operación, con independencia de la forma en que se articule dicho crédito (contraprestación dineraria, en especie, mixta), y con independencia también de que dicha contraprestación provenga del propio destinatario de la operación o de un tercero (por ejemplo, las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas, con exclusión de las otorgadas para financiar la actividad en general). Esta amplitud del concepto de contraprestación es coherente con la finalidad del impuesto de gravar el consumo por el valor económico efectivamente satisfecho por dicho consumo, cualquiera que sea la persona que finalmente lo sufrague.

Conceptos incluidos en la base imponible: gastos accesorios, envases, tributos

El art. 78.Dos LIVA enumera, con carácter no exhaustivo, determinadas partidas que se incluyen en el concepto de contraprestación y, por tanto, forman parte de la base imponible: los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y demás créditos efectivos a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivados de la prestación principal o de las accesorias a la misma; los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio IVA, entre los que destacan, por su relevancia práctica, los Impuestos Especiales de fabricación (que se integran en la base imponible del IVA cuando gravan el mismo producto cuya entrega tributa por este impuesto, produciéndose así una tributación de «impuesto sobre impuesto»); las percepciones retenidas con arreglo a Derecho por el obligado a efectuar la prestación, en los casos de resolución de las operaciones sujetas al impuesto; y el importe de los envases y embalajes, incluso los susceptibles de devolución, cargado a los destinatarios de la operación, con independencia de la contabilización separada de dichos importes.

Conceptos excluidos de la base imponible: descuentos, indemnizaciones

El art. 78.Tres LIVA excluye expresamente del concepto de contraprestación, y por tanto de la base imponible, determinadas partidas: las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto (por ejemplo, las indemnizaciones por resolución anticipada de contratos que no retribuyen ninguna prestación efectiva, o las indemnizaciones por daños y perjuicios en sentido estricto); los descuentos y bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y que se concedan previa o simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella, siempre que no constituyan remuneración de otras operaciones (con la exigencia, cuando la operación esté documentada en factura, de que dichos descuentos figuren en la propia factura); y los suplidos, esto es, las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, en virtud de mandato expreso del mismo, siempre que dichas sumas se justifiquen mediante factura o documento a nombre y por cuenta del cliente y no se contabilicen en las cuentas de ingresos del sujeto pasivo.

Reglas especiales de determinación de la base imponible

El art. 79 LIVA establece reglas especiales de determinación de la base imponible para supuestos en que la regla general de la contraprestación no resulta adecuada. Cuando la contraprestación no consista en dinero (permutas), la base imponible es el importe, expresado en dinero, que se hubiera acordado entre las partes. Cuando consista parcialmente en dinero y parcialmente en bienes o servicios, la base se obtiene sumando el valor de la parte no dineraria y la parte dineraria. En los autoconsumos de bienes la base imponible es el precio de adquisición de los bienes o de otros similares, o, en su defecto, su precio de coste en el momento de realizarse la operación; en los autoconsumos de servicios, el coste de prestación de los servicios, incluida la amortización de los bienes utilizados. Para las operaciones entre partes vinculadas el art. 79.Cinco permite determinar la base por el valor normal de mercado cuando concurran las circunstancias que la Ley establece (contraprestación notablemente inferior a la de mercado y limitación del derecho a deducir de alguna de las partes), con un régimen propio del IVA distinto del que rige en el Impuesto sobre Sociedades.

Modificación de la base imponible: devoluciones, descuentos posteriores, impago (art. 80 LIVA)

El art. 80 LIVA regula los supuestos en que procede modificar (reducir) la base imponible con posterioridad al devengo del impuesto: cuando las cuotas repercutidas se hubiesen fijado provisionalmente por no conocerse el precio definitivo en el momento del devengo; por la devolución de envases y embalajes susceptibles de reutilización; por los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se realice; cuando las operaciones gravadas queden sin efecto total o parcialmente, o se altere el precio después de que la operación se haya efectuado, por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio; y, con especial relevancia práctica y requisitos formales estrictos, por créditos incobrables, exigiéndose que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto sin haberse obtenido el cobro (plazo reducido a seis meses para empresas cuyo volumen de operaciones no exceda de 6.010.121,04 euros), que se haya instado el cobro mediante reclamación judicial o requerimiento notarial, y que se expida y remita al destinatario la factura rectificativa correspondiente en el plazo de tres meses siguientes a la finalización de dicho plazo, comunicándolo a la Administración tributaria. No procede esta modificación respecto de los créditos que disfruten de garantía real, estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por contrato de seguro de crédito, ni de los créditos entre personas o entidades vinculadas (conviene contrastar el listado completo de excepciones del art. 80.Cuatro). En caso de concurso del destinatario, el art. 80.Tres permite modificar la base imponible comunicando el crédito dentro del plazo legal.

Base imponible en las adquisiciones intracomunitarias

El art. 82 LIVA establece que la base imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes se determinará de igual forma que la de las entregas de bienes similares en operaciones interiores, aplicando por tanto las reglas generales y especiales ya examinadas (contraprestación total, inclusión de gastos accesorios y tributos, exclusión de descuentos previos e indemnizaciones). Esta remisión a las reglas de determinación de la base imponible de las entregas interiores es coherente con la lógica de tributación en destino que preside el tratamiento de las AIB: dado que la operación tributa efectivamente en España (a diferencia de la entrega correlativa en el Estado miembro de origen, que queda exenta con carácter pleno), resulta lógico que la base imponible se determine con arreglo a las mismas reglas que resultarían aplicables si la entrega se hubiese realizado íntegramente en territorio español entre dos operadores nacionales, garantizando así la neutralidad del impuesto entre el tráfico interior y el intracomunitario y evitando distorsiones de competencia entre proveedores nacionales y de otros Estados miembros.

Base imponible en las importaciones

El art. 83 LIVA establece que, con carácter general, la base imponible en las importaciones de bienes estará constituida por el valor en aduana de los bienes importados, determinado conforme a la normativa aduanera comunitaria, adicionando a dicho valor, en la medida en que no estén ya comprendidos en él: los derechos de importación y demás gravámenes que se devenguen con motivo de la importación, con excepción del propio IVA; los gastos accesorios, como comisiones, embalaje, transporte y seguro, que se produzcan hasta el primer lugar de destino de los bienes en el interior de la Comunidad, siempre que dicho lugar conste en el documento en virtud del cual los bienes se introducen en dicho territorio; y las prestaciones de servicios accesorias a la importación cuando su contraprestación esté incluida en la base imponible. Esta acumulación de conceptos sobre el valor en aduana explica por qué la base imponible del IVA a la importación es, con frecuencia, sensiblemente superior al mero valor de la mercancía importada, al incorporar los propios aranceles y gastos de transporte hasta el primer destino comunitario, generando un efecto de «impuesto sobre impuesto» análogo al ya señalado para los Impuestos Especiales.

Tipo impositivo general, reducido y superreducido

El IVA español se estructura en tres tipos de gravamen: el tipo general, del 21%, aplicable a todas las operaciones sujetas y no exentas que no tengan expresamente atribuido un tipo reducido o superreducido; el tipo reducido, del 10%, aplicable a determinados bienes y servicios de primera necesidad o de especial interés social sin llegar a la máxima protección fiscal; y el tipo superreducido, del 4%, reservado a los bienes y servicios de primera necesidad más básica. Estos porcentajes, vigentes con carácter indefinido desde septiembre de 2012, se sitúan dentro de los márgenes mínimos exigidos por la Directiva 2006/112/CE (que impone un tipo general mínimo del 15% y permite hasta dos tipos reducidos no inferiores al 5%, con determinadas excepciones históricas para tipos superreducidos por debajo de dicho mínimo, como el caso español). El opositor debe tener presente que estos tipos, aunque estables durante más de una década, pueden ser objeto de modificación por el legislador (como ocurrió con los tipos aplicables a determinados alimentos básicos y a la energía eléctrica en los últimos ejercicios mediante medidas anticrisis de carácter temporal), por lo que conviene siempre verificar los tipos y su ámbito de aplicación vigentes en la convocatoria de referencia.

Bienes y servicios sujetos a cada tipo de gravamen

El art. 91 LIVA enumera los bienes y servicios sujetos al tipo reducido del 10%, entre ellos: los productos utilizados para la nutrición humana o animal que no tengan la consideración de productos de primera necesidad sujetos al tipo superreducido; el agua apta para la alimentación humana o animal o para el riego; los productos farmacéuticos y sanitarios que no tributen al tipo superreducido, las gafas graduadas y las lentillas; los transportes de viajeros y sus equipajes; los servicios de hostelería, acampamento y balneario, y los de restaurantes; y las entregas de edificaciones aptas para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje y anexos, cuando la entrega se realice por el promotor (viviendas de nueva construcción). El art. 91.Dos enumera los sujetos al tipo superreducido del 4%: los artículos considerados de primera necesidad más básica, como el pan común, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales; los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, cualquiera que sea su soporte (físico o electrónico, tras la equiparación operada en los últimos ejercicios); los medicamentos de uso humano; y los vehículos para personas con movilidad reducida y las prótesis para personas con discapacidad. Las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública tributan también al 4 por ciento cuando las entrega el promotor. Las obras de renovación y reparación de viviendas ejecutadas para particulares, cumpliendo los requisitos legales sobre antigüedad de la vivienda y aportación de materiales, tributan al tipo reducido del 10 por ciento.

La deuda tributaria: cuota tributaria repercutida

El art. 88 LIVA establece que los sujetos pasivos deben repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para quien se realice la operación gravada, quedando este obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en la propia Ley, con independencia de las estipulaciones existentes entre ellos. La cuota tributaria repercutida es, por tanto, la cantidad que resulta de aplicar el tipo de gravamen correspondiente a la base imponible de la operación, cantidad que debe consignarse separadamente del precio o contraprestación en la factura correspondiente, con expresa indicación del tipo impositivo aplicado. La repercusión así efectuada tiene naturaleza jurídica distinta de la de un mero elemento del precio: constituye el ejercicio de un derecho-deber tributario específico, cuyo incumplimiento (no repercusión, repercusión incorrecta) puede dar lugar tanto a responsabilidad tributaria del sujeto pasivo frente a la Administración (que en todo caso puede exigirle la cuota que debió repercutir y no repercutió) como, en su caso, a responsabilidad civil frente al destinatario de la operación por los perjuicios causados por una repercusión incorrecta o indebida.

La repercusión del impuesto: requisitos y plazo

El art. 88 LIVA exige que la repercusión del impuesto se efectúe mediante factura, en las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente (Reglamento de facturación, Real Decreto 1619/2012), consignando la cuota repercutida separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados administrativamente, e indicando el tipo impositivo aplicado. El derecho a repercutir se pierde si transcurre un año desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente a la operación. Si se repercute fuera de ese plazo, el destinatario no está obligado a soportar la cuota y el sujeto pasivo no puede exigírsela, aunque sigue obligado a ingresar en la Hacienda Pública el impuesto devengado, sin posibilidad de trasladarlo ya económicamente a su cliente. Este plazo de caducidad de un año es distinto del plazo de prescripción de cuatro años que rige con carácter general para las obligaciones tributarias. Las controversias sobre la repercusión, tanto en cuanto a su procedencia como a su cuantía, tienen naturaleza tributaria y se resuelven en la vía económico-administrativa.

Rectificación de las cuotas repercutidas

El art. 89 LIVA obliga a rectificar las cuotas repercutidas cuando su importe se hubiese determinado incorrectamente (error en la base, en el tipo, o repercusión indebida por tratarse de una operación no sujeta o exenta) o cuando se produzcan las circunstancias que, conforme al art. 80, dan lugar a la modificación de la base imponible. La rectificación debe efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación o se produzcan las circunstancias del art. 80, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde el devengo del impuesto o desde que se produjeron las circunstancias del art. 80. La rectificación se documenta mediante factura rectificativa. El art. 89.Tres excluye la rectificación en determinados casos: cuando implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios no actúen como empresarios o profesionales (salvo en los supuestos del art. 80), y cuando sea la Administración quien ponga de manifiesto, a través de liquidación, cuotas devengadas superiores a las declaradas y resulte acreditado, mediante datos objetivos, que el sujeto pasivo incurrió en conducta constitutiva de infracción tributaria, salvo error fundado de derecho. El destinatario que haya soportado una cuota indebida puede reclamar su devolución al sujeto pasivo repercutidor, y, si este ya la ingresó, el sujeto pasivo puede solicitar la devolución de ingresos indebidos.

Liquidación del impuesto: sistema de autoliquidaciones periódicas

El IVA se gestiona mediante un sistema de autoliquidaciones periódicas: con carácter general, trimestrales (modelo 303), presentadas dentro de los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación (salvo la del último trimestre del año, que se presenta durante los treinta primeros días naturales de enero); y mensuales, obligatorias para las grandes empresas (volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros en el año natural anterior), para los sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual (REDEME, examinado más adelante en este tema) y para los que tributen en el régimen especial del grupo de entidades. Además de las autoliquidaciones periódicas, los sujetos pasivos deben presentar anualmente una declaración-resumen del ejercicio (modelo 390), de carácter meramente informativo, en la que se recapitulan las operaciones realizadas durante el año y se contrastan con las autoliquidaciones periódicas presentadas, sin perjuicio de otras declaraciones informativas específicas (declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349, y declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, para operaciones con un mismo tercero que superen 3.005,06 euros anuales).

El derecho a la deducción: requisitos subjetivos y objetivos

El art. 93 LIVA exige, como requisito subjetivo para el ejercicio del derecho a la deducción, que quien pretenda deducirse las cuotas soportadas tenga la condición de empresario o profesional y haya iniciado efectivamente la realización habitual de sus actividades empresariales o profesionales (sin perjuicio del régimen especial de deducciones anteriores al inicio de la actividad examinado más adelante). El art. 94 exige, como requisito objetivo, que las cuotas soportadas o satisfechas se destinen a la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción: fundamentalmente, las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del impuesto realizadas por el propio sujeto pasivo, así como las operaciones exentas por exportación y las entregas intracomunitarias exentas (exención plena, ya examinada), y determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros exentas cuando estén directamente relacionadas con exportaciones o cuando el destinatario esté establecido fuera de la Unión Europea. La combinación de ambos requisitos (subjetivo y objetivo) determina que el IVA soportado en operaciones destinadas a actividades exentas sin derecho a deducción (sanidad, educación, servicios financieros interiores) no sea, con carácter general, deducible.

Cuotas deducibles y requisitos formales (factura completa)

El art. 97 LIVA exige, para el ejercicio del derecho a la deducción, estar en posesión del documento justificativo del derecho: con carácter general, la factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio, ajustada en todos sus extremos a los requisitos formales exigidos por el Reglamento de facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012 (identificación completa de las partes, número y fecha, descripción de la operación, base imponible, tipo impositivo y cuota repercutida consignados de forma separada, entre otros); en las importaciones, el documento en que conste la liquidación practicada por la Administración (documento único administrativo, DUA); y en el régimen especial de agricultura, el recibo firmado por el titular de la explotación acreditativo de la compensación a tanto alzado percibida. La factura simplificada (antiguo «tique»), que no incluye todos los requisitos de la factura completa, no se considera por la práctica administrativa documento suficiente para deducir, salvo que identifique al destinatario y consigne la cuota repercutida o se sustituya por una factura completa, resultando la exigencia de factura completa de factura completa una de las causas más frecuentes de denegación práctica de deducciones en las comprobaciones de la AEAT.

Operaciones cuya realización origina el derecho a deducir

El art. 94.Uno LIVA enumera de forma cerrada las operaciones cuya realización, por parte del propio sujeto pasivo, origina el derecho a la deducción de las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios destinados a ellas: las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del impuesto; las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de las importaciones; las operaciones exentas en virtud de los arts. 21 a 25 LIVA (exportaciones y entregas intracomunitarias, exención plena) y las restantes exportaciones definitivas de bienes fuera de la Comunidad; los servicios financieros y de seguros exentos por el art. 20.Uno.16º y 18º cuando el destinatario esté establecido fuera de la Comunidad, o cuando dichas operaciones estén directamente relacionadas con exportaciones de bienes fuera de la Comunidad; y las entregas y prestaciones de servicios exentas en virtud del régimen de viajeros en operaciones asimiladas a las exportaciones. La correcta calificación de una operación como generadora o no generadora del derecho a deducir es, por tanto, presupuesto indispensable para determinar la aplicación de la regla de prorrata cuando el sujeto pasivo realiza simultáneamente ambos tipos de operaciones.

Exclusiones y restricciones del derecho a deducir

El art. 96 LIVA declara no deducibles las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o utilización de: joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas y objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino; alimentos, bebidas y tabaco; espectáculos y servicios de carácter recreativo; bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas; y servicios de desplazamiento o viaje, hostelería y restauración, salvo que su importe tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible en el IRPF o en el IS. El art. 96.Dos exceptúa de esta exclusión a quienes realicen habitualmente la entrega de esos bienes o la prestación de esos servicios (por ejemplo, una joyería respecto de las joyas que revende) y las muestras gratuitas y los objetos publicitarios. El art. 95 limita (sin excluirla del todo) la deducción respecto de los bienes de inversión y demás bienes utilizados parcialmente en la actividad: solo son deducibles las cuotas en la proporción de utilización en la actividad empresarial o profesional. Para los vehículos automóviles de turismo, sus remolques, ciclomotores y motocicletas se presume una afectación del 50 por ciento a la actividad, salvo prueba en contrario. Se presume afectación del 100 por ciento en los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías, los utilizados en el transporte de viajeros mediante contraprestación, los empleados en servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación, los utilizados por sus fabricantes en pruebas, ensayos, demostraciones o promoción de ventas, los empleados en desplazamientos profesionales de representantes o agentes comerciales y los destinados a servicios de vigilancia.

Nacimiento y ejercicio del derecho a deducir: plazo de caducidad

El art. 98 LIVA fija el nacimiento del derecho a deducir en el momento en que se devengan las cuotas deducibles. El art. 99 regula su ejercicio: la deducción debe practicarse en la autoliquidación del periodo de liquidación en que se hayan soportado las cuotas o en las de los periodos siguientes, siempre que no haya transcurrido el plazo de cuatro años contado desde el nacimiento del derecho, transcurrido el cual no puede ejercitarse. El derecho a deducir está sujeto a un régimen de caducidad, distinto jurídicamente de la prescripción de las obligaciones tributarias, aunque coincida con ella en duración. Por aplicación del principio de neutralidad, el TJUE ha declarado que los requisitos formales no pueden hacer perder el derecho a deducir cuando se cumplen los requisitos materiales (sentencias Senatex, C-518/14, y Barlis 06, C-516/14), si bien el derecho puede denegarse al sujeto que sabía o debía saber que participaba en un fraude (sentencia Kittel, C-439/04 y C-440/04).

Concepto de sectores diferenciados de la actividad económica

El art. 9.1º.c) LIVA define los sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional. Constituyen sector diferenciado, en primer lugar, las actividades económicas que cumplan simultáneamente dos requisitos: que tengan asignados grupos distintos en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y que los regímenes de deducción aplicables a cada una de ellas difieran entre sí en más de 50 puntos porcentuales. Además, la Ley considera en todo caso sectores diferenciados las actividades acogidas a determinados regímenes especiales (simplificado, agricultura, ganadería y pesca, recargo de equivalencia, bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, agencias de viajes, oro de inversión) y las operaciones de arrendamiento financiero, entre otros supuestos que enumera el precepto, respecto de las demás actividades del sujeto pasivo. La existencia de sectores diferenciados obliga a aplicar el régimen de deducciones de forma separada para cada uno de ellos.

Deducción en sectores diferenciados: aplicación separada de la prorrata

El art. 101 LIVA establece que los sujetos pasivos que realicen actividades en sectores diferenciados aplicarán el régimen de deducciones con independencia para cada uno de ellos, determinando el derecho a deducir las cuotas soportadas por los bienes y servicios que se destinen exclusivamente a un sector con arreglo al régimen de deducción de ese sector. Las cuotas soportadas por bienes y servicios utilizados conjuntamente en varios sectores diferenciados se deducen aplicando los criterios de reparto previstos en el precepto, con el fin de evitar que la fragmentación en sectores distorsione la deducción de los gastos generales de estructura. Conviene contrastar con el texto vigente del art. 101 el criterio concreto de imputación de las cuotas comunes. Esta separación por sectores es esencial para quienes combinan, por ejemplo, actividades sujetas al régimen general y actividades acogidas al régimen simplificado o a la agricultura.

La regla de prorrata: concepto y finalidad

El art. 102 LIVA establece que la regla de prorrata resulta de aplicación cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efectúa conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originan el derecho a la deducción y otras operaciones de análoga naturaleza que no habilitan para el ejercicio del citado derecho (fundamentalmente, operaciones exentas sin derecho a deducción: sanidad, educación, servicios financieros interiores, arrendamiento de vivienda). La finalidad de la regla de prorrata es determinar qué proporción del IVA soportado por el sujeto pasivo, en la adquisición de bienes y servicios utilizados indistintamente en ambos tipos de operaciones (con y sin derecho a deducción), resulta finalmente deducible, evitando tanto que se deduzca la totalidad del IVA soportado (lo que sería incoherente con la existencia de operaciones exentas sin derecho a deducción) como que no se deduzca nada (lo que penalizaría injustificadamente al sujeto pasivo por la parte de su actividad que sí genera derecho a deducción). La Ley distingue dos modalidades de prorrata: la general y la especial, examinadas en los puntos siguientes.

Prorrata general: cálculo del porcentaje de deducción

El art. 104 LIVA regula la prorrata general, aplicable por defecto salvo que resulte obligatoria o se opte por la prorrata especial: el porcentaje de deducción se determina multiplicando por 100 el resultado de una fracción en cuyo numerador se sitúa el importe total, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que originan el derecho a la deducción, y en cuyo denominador se sitúa el importe total, determinado para el mismo período, de todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo en el ejercicio de su actividad, incluidas las que no originan tal derecho, redondeándose el resultado por exceso a la unidad superior. Dado que el porcentaje definitivo solo puede conocerse al finalizar el ejercicio, la deducción se practica provisionalmente durante el año aplicando el porcentaje definitivo del año anterior, procediéndose, en la última autoliquidación del ejercicio (la correspondiente al último período de liquidación), a la regularización de las deducciones practicadas provisionalmente conforme al porcentaje definitivo del propio ejercicio, una vez conocido este con la información completa de todas las operaciones realizadas durante el año.

Prorrata especial: aplicación y opción por la misma

El art. 106 LIVA regula la prorrata especial. Conforme al art. 103.Dos, se aplica cuando el sujeto pasivo opte por ella en la forma y plazo que fija el Reglamento, y de forma obligatoria cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la prorrata general exceda en un 20 por ciento del que resultaría por aplicación de la prorrata especial. En la prorrata especial, las cuotas soportadas por bienes y servicios utilizados exclusivamente en operaciones que originan derecho a deducir son íntegramente deducibles; las soportadas por bienes y servicios utilizados exclusivamente en operaciones que no originan derecho no son deducibles en ninguna proporción; y las soportadas por bienes y servicios utilizados simultáneamente en ambos tipos de operaciones se deducen aplicando el porcentaje de la prorrata general, solo sobre este grupo de cuotas comunes. La prorrata especial favorece a los sujetos pasivos que pueden afectar claramente buena parte de sus gastos a operaciones con derecho a deducir.

Regularización de deducciones por bienes de inversión

Los arts. 107 a 110 LIVA someten a un régimen específico de regularización las deducciones practicadas por la adquisición de bienes de inversión, entendidos como aquellos bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un período de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación, y cuyo valor de adquisición sea superior a 3.005,06 euros. La regularización se practica durante los cuatro años naturales siguientes al de la adquisición de dichos bienes (período de regularización que se amplía a nueve años naturales siguientes, esto es, un total de diez años incluido el de adquisición, para los terrenos y edificaciones), y procede únicamente cuando la diferencia entre el porcentaje de deducción definitivamente aplicable en cada uno de dichos años posteriores y el porcentaje de deducción que se aplicó en el año de adquisición del bien exceda de diez puntos porcentuales, ajustando en tal caso la deducción practicada en un quinto (o en una décima parte, para inmuebles) de la diferencia entre ambos porcentajes por cada año del período de regularización.

Deducciones anteriores al inicio de la actividad: requisitos

Los arts. 111 y 112 LIVA permiten a quienes, sin haber iniciado todavía la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios, adquieran bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de una actividad empresarial o profesional, deducir las cuotas soportadas con anterioridad al inicio efectivo de dicha actividad, en las condiciones y con los requisitos que reglamentariamente se determinen. La acreditación de esta intención confirmada por elementos objetivos, exigencia reforzada por reformas antifraude sucesivas dirigidas a combatir esquemas de deducción abusiva de IVA en proyectos empresariales nunca efectivamente iniciados, exige, entre otros indicios, la presentación de la correspondiente declaración censal de inicio de actividad ante la Administración tributaria (modelo 036 o 037) con anterioridad al ejercicio del derecho a la deducción, así como, en su caso, la naturaleza de los bienes y servicios adquiridos (coherente con el objeto declarado de la futura actividad) y el cumplimiento de los plazos razonables entre la adquisición y el inicio efectivo de la actividad.

Regularización de deducciones anteriores al inicio de la actividad

El art. 112 LIVA establece que las deducciones practicadas antes del inicio de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a la actividad empresarial o profesional, calculadas conforme a un porcentaje de deducción provisional (propuesto por el interesado a la Administración o determinado, en su defecto, conforme a criterios razonables), deben regularizarse cuando el porcentaje de deducción definitivamente aplicable durante el año natural en que se inicie efectivamente la realización habitual de dichas operaciones difiera del porcentaje provisional aplicado en más de diez puntos porcentuales, aplicando en tal caso el porcentaje de deducción del citado año natural completo a las cuotas soportadas antes del inicio de la actividad y regularizando la diferencia en la última declaración-liquidación del año en que dicho inicio se produzca. Esta regularización garantiza que la deducción anticipada practicada durante la fase preparatoria de la actividad se ajuste, finalmente, al régimen de deducción real que resulte aplicable una vez la actividad se desarrolla efectivamente, evitando deducciones excesivas o defectivas derivadas de estimaciones provisionales inexactas.

Las devoluciones del IVA: supuestos generales al final de cada período

El art. 115 LIVA establece que los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones de las cuotas soportadas por exceder estas del importe de las cuotas devengadas en las correspondientes autoliquidaciones periódicas tienen derecho a solicitar la devolución del saldo existente a su favor a 31 de diciembre de cada año, a través de la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación de dicho año. Con carácter previo a dicha solicitud de devolución anual, el sujeto pasivo puede optar por compensar el exceso de cuotas deducibles sobre las devengadas en las autoliquidaciones posteriores del mismo año o de años sucesivos, siempre dentro del plazo de cuatro años a contar desde la presentación de la autoliquidación en que se origine dicho exceso, transcurrido el cual, si no se hubiese optado por solicitar la devolución, se pierde el derecho a la compensación del saldo pendiente. Este régimen general de devolución anual, con posibilidad de compensación durante el ejercicio, constituye la regla general en materia de recuperación del exceso de IVA soportado, frente a la cual el REDEME (examinado en el punto siguiente) constituye un régimen opcional más ágil.

El régimen de devolución mensual (REDEME)

El art. 116 LIVA regula el régimen de devolución mensual del IVA (REDEME), de carácter opcional, que permite a los sujetos pasivos que se inscriban en el Registro de Devolución Mensual solicitar la devolución del saldo a su favor al término de cada período de liquidación, en lugar de esperar a la autoliquidación correspondiente al último período del año natural conforme al régimen general examinado en el punto anterior. La opción por este régimen conlleva, como contrapartida, la obligación de liquidar el IVA con periodicidad mensual (con independencia del volumen de operaciones del sujeto pasivo, que de otro modo podría liquidar trimestralmente) y de llevar los libros registro del impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria mediante el Suministro Inmediato de Información (SII), remitiendo electrónicamente el detalle de facturación en plazos muy breves desde la expedición o recepción de cada factura. Este régimen resulta especialmente atractivo para empresas exportadoras y demás sujetos pasivos que generen de forma estructural y recurrente saldos a su favor (por realizar mayoritariamente operaciones exentas con derecho a deducción), a quienes permite mejorar significativamente su situación de tesorería.

Devoluciones a no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto

El art. 119 LIVA regula la devolución del IVA soportado en España por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, que no hayan realizado en él entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto distintas de determinadas operaciones exceptuadas (fundamentalmente, aquellas en que el destinatario sea sujeto pasivo por inversión y determinados servicios de transporte exentos y sus accesorios). Los empresarios establecidos en otro Estado miembro presentan su solicitud por vía electrónica a través del portal de su Estado de establecimiento, conforme a la Directiva 2008/9/CE, y los establecidos fuera de la Unión Europea deben presentarla directamente ante la Administración española, exigiéndose reciprocidad de trato. Para los empresarios establecidos en la UE, el plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre del año siguiente al del devengo, y se exigen importes mínimos (400 euros cuando el periodo es inferior a un año natural y superior a tres meses; 50 euros cuando se refiere a un año natural). El art. 119 bis regula el supuesto inverso: la devolución a empresarios establecidos en España del IVA soportado en otros Estados miembros, que se tramita a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Devengo: otras reglas relevantes

Además de las reglas generales examinadas, el devengo presenta otras particularidades. En las operaciones sujetas a inversión del sujeto pasivo, el devengo se produce cuando se devengaría la operación si la realizase un sujeto pasivo ordinario y la cuota se autorrepercute en la autoliquidación correspondiente. En los autoconsumos, el impuesto se devenga cuando se efectúen las operaciones gravadas. En las entregas intracomunitarias exentas, el impuesto, aunque exento, también se devenga a efectos de la declaración recapitulativa el día 15 del mes siguiente al inicio del transporte. En las ejecuciones de obra con entrega de materiales para la Administración, el devengo se produce en la recepción. La regla de pagos anticipados no se aplica a las operaciones exentas por exportación ni a las AIB. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja devengan el impuesto cuando cobran (con la fecha límite del 31 de diciembre del año posterior a la operación), régimen que se desarrolla en el tema siguiente.

Ejemplo práctico de determinación de la base y de la cuota

Un empresario vende mercancía por 1.000 euros, concede un descuento del 10 por ciento en la factura y repercute transporte por 50 euros, más un impuesto especial de 40 euros. La base imponible será 900 euros por la mercancía, más 50 euros de transporte, más 40 euros del impuesto especial, esto es, 990 euros; el IVA al tipo general del 21 por ciento será de 207,90 euros y el total de la factura, 1.197,90 euros. Si el empresario soportó en sus compras 150 euros de IVA deducible, ingresa en Hacienda 57,90 euros en su autoliquidación. Si, por el contrario, el IVA deducible fuese 250 euros, el resultado sería a compensar o devolver por 42,10 euros. Este ejemplo muestra los tres elementos de la deuda tributaria del IVA: cuota devengada o repercutida, cuota soportada deducible y diferencia entre ambas (cuota diferencial).

La deuda tributaria del IVA: cuota diferencial, ingreso, compensación y recargos

En cada periodo de liquidación el sujeto pasivo determina la cuota diferencial restando de la suma de las cuotas devengadas las cuotas deducibles. Si el resultado es positivo, debe ingresarlo al presentar la autoliquidación (el ingreso se hace en el plazo de presentación y puede domiciliarse); si es negativo, el saldo se compensa en las autoliquidaciones posteriores o se solicita su devolución en los términos del art. 115 y del REDEME. Si la autoliquidación se presenta fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración, se aplican los recargos por declaración extemporánea del art. 27 de la Ley General Tributaria: un recargo del 1 por ciento más 1 punto adicional por cada mes completo de retraso, hasta el decimosegundo mes; transcurridos más de doce meses, el recargo es del 15 por ciento más los intereses de demora desde el día siguiente al término de esos doce meses. Si el recargo se paga en el plazo que establece la ley, no se exigen sanciones. Los intereses de demora y las sanciones tributarias se rigen por la LGT. La deuda tributaria del IVA incluye, además, la cuota resultante, los intereses de demora y los recargos que procedan.

Derecho a deducir: concepto, cuotas deducibles y neutralidad

El art. 92 LIVA establece que los sujetos pasivos pueden deducir de las cuotas devengadas las cuotas del impuesto que hayan soportado por repercusión directa, las satisfechas por importaciones, las devengadas por adquisiciones intracomunitarias y las autorrepercutidas por inversión del sujeto pasivo, siempre que se utilicen en operaciones que generen derecho a deducir. El derecho a deducir es el mecanismo que hace neutral el impuesto para el empresario; por eso el TJUE lo considera parte integrante del mecanismo del IVA y no puede limitarse en principio, y las limitaciones deben interpretarse restrictivamente. La LIVA exige que quien deduce posea el documento justificativo (art. 97), que las cuotas se hayan soportado en bienes o servicios afectos a la actividad, y que se ejerza dentro del plazo de cuatro años. Si la operación a la que se imputa la cuota es parcialmente deducible, se aplica la prorrata o el criterio de afectación proporcional.

La regla de prorrata: cómputo de operaciones y ejemplo

En el cálculo del porcentaje de prorrata general no se computan, ni en el numerador ni en el denominador, las cuotas del propio IVA, las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio de aplicación del impuesto, las entregas ocasionales de bienes de inversión, y determinadas operaciones inmobiliarias o financieras accesorias que no constituyan actividad empresarial habitual del sujeto pasivo, además de otras partidas que la Ley excluye. Ejemplo: una empresa realiza en el año operaciones con derecho a deducir por 600.000 euros y operaciones exentas sin derecho a deducir por 250.000 euros. El porcentaje es (600.000 / 850.000) x 100 = 70,58, que se redondea por exceso a 71 por ciento. Si el IVA soportado en bienes y servicios comunes es de 10.000 euros, será deducible el 71 por ciento, es decir, 7.100 euros; los 2.900 euros restantes constituyen un mayor coste. La deducción practicada durante el año con el porcentaje definitivo del año anterior se regulariza en la última autoliquidación del ejercicio.

Ejemplo de regularización de bienes de inversión

Una empresa adquiere en el año 0 una máquina por 20.000 euros más 4.200 euros de IVA (valor superior a 3.005,06 euros y vida útil superior a un año). En el año de adquisición el porcentaje de prorrata definitivo es del 100 por ciento y deduce íntegramente 4.200 euros. En el año 2 el porcentaje definitivo es del 70 por ciento; la diferencia respecto del año de adquisición es de 30 puntos, superior a 10, por lo que procede regularizar: la deducción correcta de ese año sería 4.200 x 70 por ciento = 2.940 euros y la practicada 4.200 euros, de modo que debe reducirse en la quinta parte de la diferencia: (4.200 - 2.940) / 5 = 252 euros, que se ingresan en la última autoliquidación del ejercicio. Si el bien es un inmueble, el periodo de regularización es de diez años y se divide por diez. Cuando el bien se transmite durante el periodo de regularización, el art. 109 prevé una regularización específica por el tiempo que reste hasta su conclusión, cuyo resultado depende de que la entrega esté sujeta y no exenta o exenta.

Devoluciones: plazo, intereses y devolución a viajeros

El art. 115 LIVA reconoce el derecho a la devolución del saldo a favor del sujeto pasivo a 31 de diciembre, a solicitar en la última autoliquidación del año. La Administración debe practicar la devolución en el plazo de seis meses contados desde el fin del plazo de presentación de la autoliquidación (o desde su presentación, si es posterior); transcurrido ese plazo sin que se haya ordenado el pago, procede abonar el interés de demora conforme al art. 31 de la Ley General Tributaria. La Administración puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada o inspección y retener las devoluciones fundadas en elementos de riesgo. Existen, además, devoluciones especiales: a viajeros residentes fuera de la Unión Europea que sacan bienes en su equipaje personal, cuando el importe de la compra supera 90,15 euros, mediante el procedimiento establecido por la Orden ministerial correspondiente, y a empresarios no establecidos (art. 119) y a los establecidos que soportan cuotas en otros Estados (art. 119 bis).

Novedades y obligaciones de información relacionadas con el IVA

La gestión del IVA ha sido objeto de una profunda digitalización. El Suministro Inmediato de Información (SII) obliga a grandes empresas, inscritos en REDEME y otros operadores a remitir los registros de facturación en plazos breves. La Ley 18/2022 (ley Crea y Crece) impone la factura electrónica entre empresarios y profesionales con el calendario y las condiciones que fije su desarrollo reglamentario. Las normas antifraude sobre programas de facturación (Ley 11/2021 y Real Decreto 1007/2023) exigen que los sistemas informáticos garanticen la integridad y trazabilidad de los registros de facturación, con el sistema VERI*FACTU como modalidad de remisión voluntaria a la Agencia Tributaria; la fecha de aplicación obligatoria ha sido objeto de aplazamiento y debe verificarse. En el plano de la Unión Europea, la Directiva (UE) 2022/542 flexibilizó la lista de bienes y servicios a los que pueden aplicarse tipos reducidos. Los tipos nacionales (21, 10 y 4 por ciento) se mantienen, sin perjuicio de las rebajas temporales aprobadas por medidas anticrisis, que por su carácter transitorio deben comprobarse en cada convocatoria.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Devengo entregas de bienes: puesta a disposición del adquirente (concepto económico, no la transmisión civil de propiedad). Devengo prestación de servicios: cuando se prestan/ejecutan.
  • Tracto sucesivo sin precio pactado o exigibilidad >1 año: devengo el 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional. Pagos anticipados: devengo en el momento del COBRO, por el importe cobrado.
  • Devengo AIB: día 15 del mes siguiente al inicio del transporte, o antes si se expide factura. Devengo importaciones: cuando se devengan los derechos arancelarios (gestión conjunta vía DUA).
  • Base imponible = contraprestación total; INCLUYE gastos accesorios, envases, y los TRIBUTOS que recaigan sobre la operación excepto el propio IVA (p. ej. los Impuestos Especiales SÍ se incluyen).
  • EXCLUYE de la base: indemnizaciones que no retribuyen ninguna prestación, descuentos previos o simultáneos que consten en factura, y los suplidos.
  • Modificación de la base por impago (art. 80.Cuatro): exige 1 año sin cobro (6 meses para pymes ≤6.010.121,04 euros de volumen de operaciones), reclamación judicial o requerimiento notarial, y factura rectificativa en los 3 meses siguientes.
  • Tres tipos de IVA: general 21%, reducido 10%, superreducido 4% — vigentes desde 2012 mientras no se modifiquen; comprobar siempre cambios recientes en alimentos/energía antes del examen.
  • Viviendas de nueva construcción entregadas por el promotor: tipo REDUCIDO del 10% (no el general).
  • El derecho a la repercusión CADUCA al año desde el devengo; la rectificación de cuotas repercutidas tiene un plazo de 4 años; la rectificación al alza no procede frente a destinatarios que no sean empresarios o profesionales, salvo los supuestos del art. 80.
  • Requisito subjetivo de la deducción: ser empresario/profesional que ha iniciado la actividad. Requisito objetivo: destinar el gasto a operaciones QUE ORIGINAN derecho a deducir (sujetas y no exentas, exportaciones, entregas intracomunitarias exentas).
  • El derecho a deducir NUNCA aplica a: joyas, alimentos/bebidas/tabaco, espectáculos recreativos, atenciones a clientes, y viajes/hostelería/restauración salvo que sean gasto deducible en IRPF/IS.
  • Vehículos turismo: presunción de afectación del 50% a la actividad (deducible ese 50%), salvo prueba en contrario; se eleva al 100% para transporte de mercancías, viajeros, agentes comerciales, autoescuela y vigilancia.
  • El derecho a deducir CADUCA a los 4 años desde su nacimiento (coincide en plazo, pero no en naturaleza, con la prescripción tributaria general).
  • Sectores diferenciados: actividades de distinto grupo CNAE con porcentajes de deducción que difieren en más de 50 puntos; siempre son sector diferenciado el régimen simplificado, agricultura, recargo de equivalencia, bienes usados, agencias de viajes, oro de inversión y arrendamiento financiero, entre otros.
  • Prorrata GENERAL: % único = (operaciones con derecho a deducir / total operaciones) x 100, redondeado por exceso; se aplica provisional (año anterior) y se regulariza en la última declaración del año.
  • Prorrata ESPECIAL: deducción íntegra de lo afecto solo a operaciones con derecho, cero de lo afecto solo a operaciones sin derecho, y prorrata general solo para lo común; obligatoria si la deducción por prorrata general excede en un 20% de la que resultaría con la especial.
  • Bienes de inversión (valor >3.005,06 euros, uso >1 año): regularización durante 4 años siguientes a la adquisición (9 años más para inmuebles = 10 años total) si la diferencia de prorrata entre años supera 10 puntos porcentuales.
  • REDEME (devolución mensual, opcional): exige liquidar el IVA mensualmente y llevar los libros mediante el SII; frente al régimen general de devolución anual (con compensación entretanto durante 4 años).
  • Pagos anticipados: devengo en el cobro por el importe cobrado (art. 75.Dos), pero NO adelanta el devengo en las AIB.
  • Entregas de bienes y servicios por tracto sucesivo: devengo cuando es exigible cada parte del precio; sin precio pactado, sin fecha de exigibilidad o con periodicidad superior al año, devengo el 31 de diciembre.
  • Descuentos y bonificaciones previos o simultáneos NO integran la base; los posteriores permiten su modificación (art. 80). Los suplidos y las indemnizaciones que no son contraprestación tampoco integran la base.
  • Base imponible en autoconsumos: precio de adquisición o coste de producción (bienes) y coste de prestación (servicios); en permutas, el importe en dinero acordado entre las partes.
  • Base en importaciones: valor en aduana + derechos arancelarios y demás gravámenes (menos el IVA) + gastos accesorios hasta el primer destino en la Comunidad.
  • Prorrata especial obligatoria: la deducción por prorrata general excede en un 20% de la de la especial (NO 10%). Redondeo de la prorrata general: por exceso a la unidad superior.
  • Elementos que no computan en el cálculo de la prorrata general: cuotas del IVA, operaciones de establecimientos permanentes en el extranjero, entregas ocasionales de bienes de inversión y operaciones inmobiliarias o financieras accesorias.
  • Bienes de inversión: valor de adquisición superior a 3.005,06 euros y vida útil superior a un año; regularización durante los cuatro años siguientes (nueve para inmuebles) cuando el porcentaje varía en más de 10 puntos; se imputa 1/5 (1/10 en inmuebles) de la diferencia por año.
  • Sectores diferenciados (art. 9.1º.c): distinto grupo CNAE y más de 50 puntos de diferencia en el porcentaje de deducción, o régimen especial determinado. Cada sector aplica su propio régimen de deducciones.
  • Art. 96: no deducibles joyas, alimentos/bebidas/tabaco, espectáculos, atenciones a clientes y viajes/hostelería (salvo gasto deducible en IRPF/IS); excepción para quienes comercian habitualmente con esos bienes.
  • Vehículos: 50% de afectación presunta en turismos; 100% en mixtos de transporte de mercancías, transporte de viajeros, enseñanza de conductores, pruebas de fabricantes, agentes comerciales y vigilancia.
  • Devoluciones: saldo a favor a 31 de diciembre; plazo de la Administración de seis meses; después, interés de demora. REDEME: devolución mensual, con liquidación mensual y SII.
  • Recargos por presentación extemporánea sin requerimiento: 1% + 1% por mes completo hasta 12 meses; más de 12 meses, 15% más intereses de demora (art. 27 LGT).
  • Neutralidad y TJUE: los requisitos formales no pueden hacer perder el derecho a deducir si se cumplen los materiales (Senatex, C-518/14; Barlis 06, C-516/14), salvo conocimiento del fraude (Kittel).
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En la regularización de las deducciones de bienes de inversión, ¿qué diferencia entre porcentajes de deducción hace falta para que proceda?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 25 de Hacienda (AEAT)?

Este segundo tema del IVA desarrolla la cuantificación y liquidación del impuesto: cuándo se devenga cada tipo de operación, cómo se determina la base imponible y qué partidas se incluyen o excluyen de ella, los tres tipos de gravamen vigentes, y el mecanismo central que hace del IVA un impuesto neutral para el empresario: el derecho a la deducción, con sus requisitos, sus exclusiones, la compleja regla de prorrata aplicable cuando se realizan simultáneamente operaciones con y sin derecho a deducir, y la regularización de deducciones en bienes de inversión. Se cierra con el régimen de devoluciones, que garantiza al sujeto pasivo la recuperación de los excesos de IVA soportado sobre el repercutido.

¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?

Devengo entregas de bienes: puesta a disposición del adquirente (concepto económico, no la transmisión civil de propiedad). Devengo prestación de servicios: cuando se prestan/ejecutan. Tracto sucesivo sin precio pactado o exigibilidad >1 año: devengo el 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional. Pagos anticipados: devengo en el momento del COBRO, por el importe cobrado. Devengo AIB: día 15 del mes siguiente al inicio del transporte, o antes si se expide factura. Devengo importaciones: cuando se devengan los derechos arancelarios (gestión conjunta vía DUA). Base imponible = contraprestación total; INCLUYE gastos accesorios, envases, y los TRIBUTOS que recaigan sobre la operación excepto el propio IVA (p. ej. los Impuestos Especiales SÍ se incluyen). EXCLUYE de la base: indemnizaciones que no retribuyen ninguna prestación, descuentos previos o simultáneos que consten en factura, y los suplidos. Modificación de la base por impago (art. 80.Cuatro): exige 1 año sin cobro (6 meses para pymes ≤6.010.121,04 euros de volumen de operaciones), reclamación judicial o requerimiento notarial, y factura rectificativa en los 3 meses siguientes. Tres tipos de IVA: general 21%, reducido 10%, superreducido 4% — vigentes desde 2012 mientras no se modifiquen; comprobar siempre cambios recientes en alimentos/energía antes del examen. Viviendas de nueva construcción entregadas por el promotor: tipo REDUCIDO del 10% (no el general). El derecho a la repercusión CADUCA al año desde el devengo; la rectificación de cuotas repercutidas tiene un plazo de 4 años; la rectificación al alza no procede frente a destinatarios que no sean empresarios o profesionales, salvo los supuestos del art. 80. Requisito subjetivo de la deducción: ser empresario/profesional que ha iniciado la actividad. Requisito objetivo: destinar el gasto a operaciones QUE ORIGINAN derecho a deducir (sujetas y no exentas, exportaciones, entregas intracomunitarias exentas). El derecho a deducir NUNCA aplica a: joyas, alimentos/bebidas/tabaco, espectáculos recreativos, atenciones a clientes, y viajes/hostelería/restauración salvo que sean gasto deducible en IRPF/IS. Vehículos turismo: presunción de afectación del 50% a la actividad (deducible ese 50%), salvo prueba en contrario; se eleva al 100% para transporte de mercancías, viajeros, agentes comerciales, autoescuela y vigilancia. El derecho a deducir CADUCA a los 4 años desde su nacimiento (coincide en plazo, pero no en naturaleza, con la prescripción tributaria general). Sectores diferenciados: actividades de distinto grupo CNAE con porcentajes de deducción que difieren en más de 50 puntos; siempre son sector diferenciado el régimen simplificado, agricultura, recargo de equivalencia, bienes usados, agencias de viajes, oro de inversión y arrendamiento financiero, entre otros. Prorrata GENERAL: % único = (operaciones con derecho a deducir / total operaciones) x 100, redondeado por exceso; se aplica provisional (año anterior) y se regulariza en la última declaración del año. Prorrata ESPECIAL: deducción íntegra de lo afecto solo a operaciones con derecho, cero de lo afecto solo a operaciones sin derecho, y prorrata general solo para lo común; obligatoria si la deducción por prorrata general excede en un 20% de la que resultaría con la especial. Bienes de inversión (valor >3.005,06 euros, uso >1 año): regularización durante 4 años siguientes a la adquisición (9 años más para inmuebles = 10 años total) si la diferencia de prorrata entre años supera 10 puntos porcentuales. REDEME (devolución mensual, opcional): exige liquidar el IVA mensualmente y llevar los libros mediante el SII; frente al régimen general de devolución anual (con compensación entretanto durante 4 años). Pagos anticipados: devengo en el cobro por el importe cobrado (art. 75.Dos), pero NO adelanta el devengo en las AIB. Entregas de bienes y servicios por tracto sucesivo: devengo cuando es exigible cada parte del precio; sin precio pactado, sin fecha de exigibilidad o con periodicidad superior al año, devengo el 31 de diciembre. Descuentos y bonificaciones previos o simultáneos NO integran la base; los posteriores permiten su modificación (art. 80). Los suplidos y las indemnizaciones que no son contraprestación tampoco integran la base. Base imponible en autoconsumos: precio de adquisición o coste de producción (bienes) y coste de prestación (servicios); en permutas, el importe en dinero acordado entre las partes. Base en importaciones: valor en aduana + derechos arancelarios y demás gravámenes (menos el IVA) + gastos accesorios hasta el primer destino en la Comunidad. Prorrata especial obligatoria: la deducción por prorrata general excede en un 20% de la de la especial (NO 10%). Redondeo de la prorrata general: por exceso a la unidad superior. Elementos que no computan en el cálculo de la prorrata general: cuotas del IVA, operaciones de establecimientos permanentes en el extranjero, entregas ocasionales de bienes de inversión y operaciones inmobiliarias o financieras accesorias. Bienes de inversión: valor de adquisición superior a 3.005,06 euros y vida útil superior a un año; regularización durante los cuatro años siguientes (nueve para inmuebles) cuando el porcentaje varía en más de 10 puntos; se imputa 1/5 (1/10 en inmuebles) de la diferencia por año. Sectores diferenciados (art. 9.1º.c): distinto grupo CNAE y más de 50 puntos de diferencia en el porcentaje de deducción, o régimen especial determinado. Cada sector aplica su propio régimen de deducciones. Art. 96: no deducibles joyas, alimentos/bebidas/tabaco, espectáculos, atenciones a clientes y viajes/hostelería (salvo gasto deducible en IRPF/IS); excepción para quienes comercian habitualmente con esos bienes. Vehículos: 50% de afectación presunta en turismos; 100% en mixtos de transporte de mercancías, transporte de viajeros, enseñanza de conductores, pruebas de fabricantes, agentes comerciales y vigilancia. Devoluciones: saldo a favor a 31 de diciembre; plazo de la Administración de seis meses; después, interés de demora. REDEME: devolución mensual, con liquidación mensual y SII. Recargos por presentación extemporánea sin requerimiento: 1% + 1% por mes completo hasta 12 meses; más de 12 meses, 15% más intereses de demora (art. 27 LGT). Neutralidad y TJUE: los requisitos formales no pueden hacer perder el derecho a deducir si se cumplen los materiales (Senatex, C-518/14; Barlis 06, C-516/14), salvo conocimiento del fraude (Kittel).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE-A-1992-28740)
  • Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
  • Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 26, 27 y 31)
  • Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido
  • Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la devolución del IVA a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución
  • Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (facturación electrónica)
  • Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos de los sistemas informáticos de facturación

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