Tema 22. El Impuesto sobre Sociedades (I): Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Contribuyentes. Exenciones subjetivas plenas y parciales. Base imponible. Concepto y regímenes de determinación. Imputación temporal de ingresos y gastos; limitación a la deducibilidad de gastos y gastos no deducibles; reglas de valoración. Exención para eliminar la doble imposición. Reducciones en la base imponible y compensación de bases imponibles negativas.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Impuesto sobre Sociedades, regulado por la Ley 27/2014, grava la renta obtenida por las personas jurídicas y demás entidades contribuyentes, partiendo del resultado contable como magnitud de referencia sobre la que se practican los ajustes extracontables (fiscales) exigidos por la propia Ley. Este primer tema de los dos dedicados al IS desarrolla los elementos estructurales del impuesto (hecho imponible, contribuyentes, exenciones subjetivas) y la determinación de la base imponible: imputación temporal, deducibilidad de gastos, reglas de valoración —con especial atención a las operaciones vinculadas—, la exención para eliminar la doble imposición sobre dividendos y plusvalías de cartera, y la compensación de bases imponibles negativas, uno de los mecanismos técnicos más preguntados de todo el temario de impuestos por su combinación de reglas cuantitativas y antiabuso.
Naturaleza del Impuesto sobre Sociedades: Ley 27/2014
El Impuesto sobre Sociedades (IS) se regula en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, que sustituyó al anterior Texto Refundido aprobado por RDLeg 4/2004, introduciendo una reforma estructural del impuesto (regulación de la exención por doble imposición, limitación a la compensación de bases imponibles negativas, reserva de capitalización y de nivelación, entre otras novedades). La Ley entró en vigor para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015. Su desarrollo reglamentario se contiene en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. Ha sido objeto de numerosas modificaciones posteriores, entre ellas las del Real Decreto-ley 3/2016 (limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas y a las deducciones de grandes empresas), la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (exención de dividendos y plusvalías de cartera) y la Ley 7/2024 (que, entre otras medidas, reguló el impuesto complementario de tributación mínima y modificó los tipos de gravamen de las pequeñas empresas). El IS grava la renta obtenida por las sociedades y demás entidades jurídicas contribuyentes, constituyendo el complemento lógico del IRPF dentro del sistema de imposición directa sobre la renta: mientras el IRPF grava la renta de las personas físicas, el IS grava la renta de las personas jurídicas y entidades asimiladas, cerrando así, junto con el IRNR, el círculo completo de la imposición sobre la renta en el sistema tributario español.
Carácter directo, personal, proporcional y periódico del IS
El IS es un tributo de carácter directo, al gravar de forma directa una manifestación de capacidad económica (la obtención de renta) sin mediar repercusión jurídica de la carga tributaria; personal, porque el hecho imponible se define por referencia a un contribuyente determinado, no a un bien o negocio jurídico en abstracto; proporcional, a diferencia del IRPF, dado que aplica con carácter general un tipo fijo de gravamen sobre la totalidad de la base imponible, sin la progresividad por tramos propia de aquel (sin perjuicio de la existencia de distintos tipos de gravamen según el tipo de entidad, que no debe confundirse con una escala progresiva por tramos de renta); y periódico, al devengarse el impuesto al término de cada período impositivo, que coincide con el ejercicio económico de la entidad. Esta caracterización se contrapone punto por punto a la del IRPF (subjetivo y progresivo) y explica por qué, frente a la personalización que caracteriza a este último (mínimos, reducciones, circunstancias familiares), el IS atiende fundamentalmente a la capacidad económica objetiva de la entidad, con matizaciones para pymes y microempresas.
Ámbito de aplicación espacial: territorio español y regímenes forales
El IS se aplica en todo el territorio español, entendiendo por tal el ámbito de aplicación del propio impuesto según los términos establecidos en el art. 3 LIS, con las especialidades derivadas del Derecho internacional y de los regímenes forales de Concierto Económico del País Vasco y Convenio Económico de Navarra, que atribuyen a las Diputaciones Forales y a la Comunidad Foral, respectivamente, competencia normativa y de exacción propia del impuesto, con puntos de conexión específicos que determinan la Administración competente en función del volumen de operaciones de la entidad y su domicilio fiscal. Existen además regímenes especiales de aplicación exclusivamente territorial, especialmente relevantes en Canarias: la Zona Especial Canaria (ZEC), que permite tributar a un tipo reducido (4%) a las entidades que se instalen en dicho territorio y cumplan determinados requisitos de inversión y creación de empleo, y la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), incentivo fiscal que permite reducir la base imponible por las dotaciones destinadas a dicha reserva (hasta el 90% del beneficio no distribuido), con obligación de materializarla en inversiones en el plazo legal. En Ceuta y Melilla se aplica una bonificación del 50% de la cuota para las rentas obtenidas en dichos territorios.
Hecho imponible: obtención de renta por el contribuyente
El art. 4 LIS define el hecho imponible del impuesto como la obtención de renta por el contribuyente, cualquiera que fuese su fuente u origen, con independencia de que dicha renta proceda de la actividad típica de la entidad, de rendimientos del capital, de ganancias derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, o de cualquier otro concepto. A diferencia del IRPF, el IS no distingue entre distintas fuentes o categorías de renta a efectos de su tributación (no existe en el IS una clasificación equivalente a rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales, con regímenes de integración diferenciados): toda la renta obtenida por el contribuyente en el período impositivo se integra en una única magnitud, la base imponible, calculada a partir del resultado contable global de la entidad, sin perjuicio de que determinadas rentas (dividendos, plusvalías de cartera exentas) puedan quedar excluidas de tributación mediante el mecanismo de la exención examinado más adelante en este mismo tema.
Concepto de actividad económica, entidad patrimonial y entidades en régimen de atribución de rentas
El art. 5 LIS define la actividad económica como la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En el caso del arrendamiento de inmuebles, solo se entiende que existe actividad económica cuando, para su ordenación, se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Esta definición es relevante por dos motivos: de ella depende el carácter patrimonial de la entidad (se considera entidad patrimonial aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica, apreciado según el promedio del balance del período), y de ella depende también la aplicación de diversos regímenes y beneficios (por ejemplo, la exención del IP de las participaciones, la reducción en el ISD, o los incentivos a las entidades de reducida dimensión, que no se aplican a las entidades patrimoniales). El art. 6 LIS regula las entidades en régimen de atribución de rentas (sociedades civiles sin objeto mercantil, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades del art. 35.4 LGT), que no son contribuyentes: su renta se atribuye a los socios, herederos, comuneros o partícipes, que la integran en su propia tributación (IRPF, IS o IRNR) según corresponda. Esta regla se completa con la valoración a precios de mercado de las operaciones (art. 17) y con el régimen de operaciones vinculadas (art. 18), que procura que las operaciones entre partes relacionadas tributen como lo habrían hecho entre partes independientes.
Contribuyentes del IS: personas jurídicas y otras entidades sin personalidad
El art. 7 LIS declara contribuyentes del impuesto, en primer lugar, a las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil; y, en segundo lugar, a determinadas entidades sin personalidad jurídica propia a las que la Ley atribuye expresamente la condición de contribuyentes por razones de política fiscal: las sociedades agrarias de transformación, los fondos de inversión, las uniones temporales de empresas (UTE) inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda con las especialidades del régimen de las UTE, los fondos de capital-riesgo, los fondos de pensiones, los fondos de regulación del mercado hipotecario, los fondos de titulización, los fondos de garantía de inversiones, las comunidades titulares de montes vecinales en mano común, y los fondos de activos bancarios, entre otros. Esta atribución legal expresa de la condición de contribuyente a entidades sin personalidad jurídica constituye una excepción al principio general conforme al cual solo las personas (físicas o jurídicas) pueden ser sujetos pasivos de las obligaciones tributarias.
Exclusión de las sociedades civiles sin objeto mercantil
El propio art. 7.1.a) LIS excluye expresamente de la condición de contribuyentes del impuesto a las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil, las cuales, conforme a lo ya examinado en sede de IRPF, tributan en régimen de atribución de rentas, atribuyendo su renta a los socios personas físicas (que tributan por IRPF) o jurídicas (que tributan por IS) según su participación. Esta exclusión se completa con la regla de la Ley 27/2014 que, por el contrario, incorporó como contribuyentes del IS, con efectos desde el 1 de enero de 2016, a las sociedades civiles con objeto mercantil, exige delimitar con precisión qué debe entenderse por «objeto mercantil»: se considera que una sociedad civil tiene objeto mercantil cuando realiza una actividad económica de producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil (quedando excluidas, entre otras, las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y las de carácter profesional a las que resulte de aplicación la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, que continúan en régimen de atribución de rentas con independencia de su forma societaria civil).
Exenciones subjetivas plenas: Estado, CCAA, entes locales y organismos autónomos
El art. 9.1 LIS declara exentos de forma total (exención subjetiva plena, que excluye cualquier tributación por el impuesto respecto de la totalidad de las rentas obtenidas, cualquiera que sea su origen) al Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales; los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales; el Banco de España; los Fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito y los Fondos de garantía de inversiones; las entidades gestoras de la Seguridad Social; el Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en el mismo, así como las instituciones análogas de las Comunidades Autónomas; y los fondos de resolución ordenada bancaria y análogos, entre otros entes públicos expresamente enumerados en el precepto. Esta exención plena se justifica en la propia naturaleza pública de dichas entidades, cuya actividad no está orientada a la obtención de renta gravable en el sentido económico ordinario del impuesto.
Exenciones subjetivas parciales: entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)
El art. 9 LIS remite a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la regulación de la exención aplicable a las fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG de desarrollo, federaciones y clubes deportivos, entidades religiosas, delegaciones de fundaciones extranjeras y demás entidades que cumplan los requisitos y opten por el régimen fiscal especial de dicha Ley (entre ellos, destinar al menos el 70% de sus rentas e ingresos a los fines de interés general). A diferencia de la exención plena, esta exención es solo parcial: no alcanza a la totalidad de las rentas de la entidad, sino exclusivamente a las rentas que la propia Ley 49/2002 declara exentas: las derivadas de donativos, donaciones y aportaciones, las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a los fines estatutarios, las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas que enumera el art. 7 de dicha Ley, y las cuotas satisfechas por los asociados o colaboradores. Las rentas de explotaciones económicas no incluidas en dicho listado, así como las obtenidas al margen de su objeto o finalidad, tributan según el régimen general del IS al tipo del 10% previsto para estas entidades.
Exención parcial de partidos políticos, sindicatos y colegios profesionales
El art. 9.2 LIS somete al régimen de entidades parcialmente exentas (regulado en el Capítulo XIV del Título VII de la propia Ley) a un conjunto de entidades entre las que se encuentran: las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas; los colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales y sindicatos de trabajadores; los partidos políticos, que además cuentan con un régimen fiscal específico complementario en la Ley Orgánica 8/2007, de financiación de los partidos políticos; los fondos de promoción de empleo; las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social; las comunidades de usuarios de aguas; y las entidades de derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. En este régimen general de entidades parcialmente exentas (distinto y menos favorable que el de la Ley 49/2002), solo están exentas las rentas que proceden de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica siempre que no tengan la consideración de actividad económica, las derivadas de adquisiciones y transmisiones a título lucrativo cuando se obtengan o realicen en cumplimiento de dicho objeto, y determinadas rentas patrimoniales, tributando el resto (fundamentalmente las rentas de explotaciones económicas) al tipo general del impuesto.
Concepto de base imponible: renta obtenida en el período impositivo
El art. 10.1 LIS define la base imponible del impuesto como el importe de la renta obtenida en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores. La base imponible se configura así como una magnitud neta, resultante no solo de la renta positiva o negativa generada en el propio ejercicio, sino también, en su caso, del efecto corrector de las pérdidas fiscales acumuladas en ejercicios anteriores que la entidad tenga pendientes de compensar dentro de los límites legalmente establecidos. La determinación de esta renta del período se realiza corrigiendo el resultado contable de la entidad mediante los ajustes extracontables (positivos y negativos) que exige la aplicación de los preceptos específicos de la LIS, dando lugar a la magnitud técnicamente denominada base imponible previa, sobre la que después se aplica, en su caso, la reducción por reserva de capitalización (por incremento de fondos propios) y finalmente la compensación de bases imponibles negativas, para obtener la base imponible definitiva del ejercicio.
Régimen de estimación directa como método general
El art. 10.2 LIS establece que la base imponible se determinará, con carácter general, por el método de estimación directa, por el de estimación objetiva cuando la propia Ley determine su aplicación, y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria. El régimen de estimación directa, aplicable a la práctica totalidad de los contribuyentes del impuesto, consiste precisamente en la corrección del resultado contable determinado con arreglo a las normas del Código de Comercio, del Plan General de Contabilidad y demás normativa contable aplicable, mediante la aplicación de los preceptos específicos de la LIS que introducen diferencias entre el criterio contable y el criterio fiscal (ajustes extracontables, positivos o negativos, temporarios o permanentes). Este método exige, por tanto, un dominio simultáneo de las reglas contables de determinación del resultado y de las reglas fiscales específicas de la LIS que corrigen dicho resultado, siendo precisamente esta doble dimensión (contable y fiscal) la que caracteriza la mecánica de liquidación propia del IS.
Régimen de estimación objetiva y estimación indirecta
El régimen de estimación objetiva, de aplicación muy residual en el IS (a diferencia de su relevancia práctica en el IRPF para actividades económicas), se aplica fundamentalmente a las entidades navieras que hayan optado por el régimen especial de determinación de la base imponible en función del tonelaje regulado en los arts. 113 a 117 LIS, en cuyo caso la base imponible correspondiente a las actividades de explotación de buques susceptibles de acogerse al régimen se determina aplicando a las toneladas de registro neto de cada uno de los buques la escala prevista en dicho régimen especial, sin atender al resultado contable efectivo obtenido. El régimen de estimación indirecta, subsidiario y de aplicación excepcional, opera conforme a las normas generales del art. 53 LGT cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base imponible por alguna de las circunstancias tasadas en dicho precepto (falta de presentación de declaraciones, resistencia u obstrucción a la actuación inspectora, incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales, o desaparición o destrucción de los libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos).
El resultado contable como punto de partida: ajustes extracontables
El art. 10.3 LIS dispone que, en el método de estimación directa, la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la propia Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación, y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas. Esta técnica de partir del resultado contable y corregirlo mediante ajustes extracontables (denominada «dependencia parcial» entre contabilidad y fiscalidad) supone que toda partida de ingreso o gasto contabilizada correctamente conforme a las normas contables se considera, en principio, fiscalmente relevante, salvo que un precepto específico de la LIS establezca expresamente un criterio distinto (por diferir el momento de su imputación temporal, por excluir su deducibilidad, o por modificar su valoración), en cuyo caso debe practicarse el correspondiente ajuste, positivo (cuando el resultado fiscal es superior al contable, por ejemplo al no admitirse la deducción de un gasto contabilizado) o negativo (cuando el resultado fiscal es inferior al contable, por ejemplo por aplicación de la libertad de amortización).
Diferencias permanentes y temporarias entre resultado contable y fiscal
Los ajustes extracontables que corrigen el resultado contable para obtener la base imponible se clasifican doctrinalmente en diferencias permanentes y diferencias temporarias, distinción de gran relevancia práctica y contable (esta última recogida en la normativa sobre el impuesto sobre beneficios diferido del Plan General de Contabilidad). Las diferencias permanentes son aquellas que nunca llegan a revertirse: un gasto o un ingreso contable no tiene, ni tendrá en ningún ejercicio futuro, trascendencia fiscal (por ejemplo, una multa contabilizada como gasto, que nunca será fiscalmente deducible en ningún ejercicio). Las diferencias temporarias, por el contrario, son aquellas en que la divergencia entre el criterio contable y el fiscal se limita a anticipar o retrasar el momento de la imputación fiscal de un ingreso o gasto ya contabilizado, revirtiéndose necesariamente en un ejercicio futuro (por ejemplo, la amortización acelerada de un elemento del inmovilizado, que se deduce fiscalmente antes que contablemente, generando en el ejercicio de aplicación una diferencia negativa que revertirá como diferencia positiva en ejercicios posteriores, cuando el gasto contable exceda ya del fiscal). Estas diferencias temporarias son las que dan lugar al reconocimiento contable de activos y pasivos por impuesto diferido.
Principio de devengo en la imputación temporal de ingresos y gastos
El art. 11.1 LIS consagra, como regla general de imputación temporal de ingresos y gastos, el principio de devengo: los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre unos y otros. Este principio, idéntico al que rige con carácter general en el ámbito contable, constituye la regla por defecto de imputación temporal en el IS, frente a la cual las excepciones examinadas en el punto siguiente (criterios de caja, imputación proporcional a los cobros en operaciones a plazos) tienen carácter excepcional y de aplicación opcional o condicionada a determinados requisitos. La correcta aplicación del principio de devengo exige, en la práctica, un análisis casuístico de cada tipo de operación conforme a las normas de valoración del Plan General de Contabilidad, dado que la propia LIS no contiene una definición autónoma del concepto de devengo, remitiéndose íntegramente a la normativa contable para su determinación.
Criterios de imputación temporal distintos del devengo admitidos fiscalmente
El art. 11.4 LIS admite como excepción relevante al principio general de devengo el criterio de imputación temporal aplicable a las operaciones a plazos o con precio aplazado (aquellas en que medie un período superior al año entre la entrega del bien o la prestación del servicio y el vencimiento del último o único plazo): las rentas se entienden obtenidas proporcionalmente, a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, salvo que la entidad decida aplicar el criterio del devengo, opción que, una vez ejercitada, se aplicará a todas las operaciones a plazos o con precio aplazado del contribuyente. Por su parte, el art. 11 prevé que los ingresos y gastos imputados contablemente en un período distinto del que corresponde a su devengo se imputen en el período del devengo, salvo que de ello se derive una tributación inferior, en cuyo caso se imputan en el período de su contabilización. Existen además reglas especiales para la reversión de deterioros de valor fiscalmente deducidos y para las provisiones no deducibles en el ejercicio de su dotación, que se integran en la base imponible en el momento en que proceda su aplicación conforme a su finalidad.
Requisitos generales de deducibilidad del gasto: inscripción contable, devengo y justificación
Para que un gasto sea fiscalmente deducible en el IS, además de no encontrarse entre los gastos legalmente no deducibles del art. 15 LIS (examinados en los puntos siguientes) y de guardar la debida correlación con los ingresos de la actividad, la doctrina y la práctica administrativa exigen la concurrencia de tres requisitos generales: la inscripción contable del gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria (con la excepción de los elementos que puedan amortizarse libremente, que pueden deducirse fiscalmente aunque no se hubiesen registrado contablemente como gasto, y de las diferencias por aplicación de un criterio de imputación temporal distinto del devengo previamente comunicado); la imputación con arreglo a devengo, en el período impositivo que corresponda conforme a las reglas ya examinadas, sin perjuicio de las reglas especiales previstas para el caso de que la imputación contable se hubiera realizado en un período impositivo posterior al del devengo, que resultan deducibles en el período de imputación contable siempre que de ello no se derive una tributación inferior; y la justificación documental, mediante factura completa u otro medio de prueba admisible en Derecho.
Limitación a la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)
El art. 16 LIS establece una limitación general a la deducibilidad de los gastos financieros netos (exceso de gastos financieros respecto de los ingresos financieros derivados de la cesión a terceros de capitales propios), fijando como límite el 30% del beneficio operativo del ejercicio, calculado este a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias corregido en determinadas partidas (eliminando amortizaciones, imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero, deterioros y resultados por enajenación de inmovilizado, y añadiendo los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos de entidades participadas en al menos un 5%). En todo caso, y con independencia de dicho límite del 30% del beneficio operativo, son deducibles gastos financieros netos por importe de hasta 1.000.000 de euros anuales (el límite se aplica al conjunto del grupo fiscal cuando la entidad tributa en consolidación), cifra que se prorratea en el caso de períodos impositivos inferiores al año, y actúa como un umbral de minimis que protege a las pequeñas y medianas entidades de la aplicación práctica del límite porcentual. Los gastos financieros netos no deducidos por exceder de este límite podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes, sin límite temporal, conjuntamente con los del período correspondiente, y con el mismo límite del 30% del beneficio operativo de cada uno de dichos períodos futuros.
Gastos no deducibles: retribución de fondos propios
El art. 15.a) LIS declara no deducibles los gastos que representen una retribución de los fondos propios de la entidad, con independencia de su calificación contable, incluyendo expresamente en dicho concepto la retribución correspondiente a valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, cualquiera que sea su denominación, condición o naturaleza contable, así como la correspondiente a préstamos participativos otorgados por entidades pertenecientes al mismo grupo mercantil (art. 42 del Código de Comercio), cuya retribución se equipara fiscalmente a la de los fondos propios y, por tanto, resulta no deducible en sede de la entidad prestataria, en contraste con el tratamiento general de los préstamos participativos ajenos al grupo, cuya retribución sí es deducible como gasto financiero (con sujeción, en su caso, al límite general del art. 16 LIS ya examinado). El art. 15 declara además no deducibles los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo destinadas a adquirir participaciones en otras entidades del grupo o a realizar aportaciones a su capital, salvo que se acrediten motivos económicos válidos. Esta norma es una manifestación del principio general conforme al cual el IS no admite la deducción como gasto de las cantidades que retribuyen la aportación de capital propio de la entidad (dividendos, participación en beneficios), reservando la deducibilidad exclusivamente a la retribución del capital ajeno (intereses de préstamos y demás formas de financiación externa).
Gastos no deducibles: donativos y liberalidades
El art. 15.e) LIS declara no deducibles los donativos y liberalidades, salvedad que se excepciona expresamente para determinados gastos que, pese a no responder estrictamente a una contraprestación exigible, la propia Ley considera fiscalmente correlacionados con la actividad económica de la entidad: los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores; los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa; los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios; y los que se hallen correlacionados con los ingresos. No obstante, los gastos por atenciones a clientes o proveedores, aun estando correlacionados con la actividad, solo son deducibles con el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios del período impositivo, tributando como no deducible el exceso sobre dicho límite. Tampoco se consideran donativos ni liberalidades, y por tanto son plenamente deducibles sin el límite anterior, las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad, distintas de las correspondientes a su cargo de administrador.
Gastos no deducibles derivados de la contabilización del propio Impuesto sobre Sociedades
El art. 15.b) LIS declara no deducibles los gastos derivados de la contabilización del propio Impuesto sobre Sociedades, esto es, el gasto contable por impuesto de sociedades (tanto la cuota corriente como la variación de los activos y pasivos por impuesto diferido reconocidos contablemente) no es, en ningún caso, fiscalmente deducible en la determinación de la base imponible del propio impuesto. Esta regla, aparentemente obvia pero de necesaria positivización expresa, evita la circularidad lógica que se produciría si el gasto por el impuesto (magnitud que depende precisamente de la base imponible cuya determinación se pretende) pudiera a su vez minorar dicha base imponible, generando un cálculo recursivo sin solución cerrada. En la práctica, este ajuste extracontable positivo (sumar de nuevo a la base imponible el gasto contable por impuesto de sociedades que se hubiera restado al calcular el resultado contable) es uno de los primeros y más elementales que debe practicar cualquier entidad al iniciar el proceso de liquidación del impuesto, constituyendo un ajuste permanente que no revierte en ningún ejercicio futuro.
Gastos no deducibles por multas, sanciones y recargos
El art. 15.c) LIS declara no deducibles las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo por declaración extemporánea. El art. 15 declara también no deducibles las pérdidas del juego y los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (por ejemplo, el pago de sobornos o gastos de corrupción), y los gastos de operaciones con personas o entidades residentes en jurisdicciones no cooperativas salvo que se acredite que responden a una operación o transacción efectivamente realizada. Esta previsión responde a un principio general del Derecho tributario sancionador y financiero, conforme al cual permitir la deducción fiscal de una sanción o de un recargo por incumplimiento neutralizaría, al menos parcialmente, su función represiva o disuasoria, trasladando indirectamente al erario público (mediante la menor recaudación derivada de la deducción) una parte del coste de la propia sanción impuesta por dicho erario. La no deducibilidad alcanza tanto a las sanciones de naturaleza tributaria (impuestas por la propia AEAT o por otras Administraciones tributarias) como a las de naturaleza distinta (sanciones administrativas por infracciones urbanísticas, medioambientales, laborales, de tráfico, de defensa de la competencia, o de cualquier otro ámbito sancionador), así como a las penas pecuniarias impuestas en el orden penal. Distinto es el tratamiento de los intereses de demora, cuya deducibilidad, tras la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, se admite con carácter general por su naturaleza indemnizatoria o resarcitoria y no sancionadora.
Reglas generales de valoración: valor contable
El art. 17.1 LIS establece, como regla general de valoración de los elementos patrimoniales, que estos se valorarán de acuerdo con los criterios previstos en el Código de Comercio, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos en la propia LIS. Esta regla general de valoración por el valor contable (coste histórico, coste de producción, o valor razonable en los casos en que la normativa contable así lo exija) constituye el punto de partida en materia de valoración de activos y pasivos a efectos fiscales, en coherencia con la técnica general de dependencia parcial entre contabilidad y fiscalidad que preside la determinación de la base imponible del impuesto. Frente a esta regla general, el propio art. 17 establece un conjunto de reglas especiales de valoración, aplicables a determinadas operaciones en las que el legislador considera que el valor contable no refleja adecuadamente la capacidad económica puesta de manifiesto, obligando a sustituirlo por el valor de mercado del elemento patrimonial transmitido o adquirido, examinadas en el punto siguiente.
Reglas especiales de valoración: operaciones a valor de mercado (transmisiones lucrativas, permutas)
El art. 17 LIS obliga a valorar por su valor de mercado, entre otros, los elementos patrimoniales transmitidos o adquiridos a título lucrativo (donaciones, transmisiones mortis causa); los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación de dichas aportaciones; los transmitidos a los socios por causa de reducción de capital con devolución de aportaciones, distribución de la prima de emisión, reparto de dividendos en especie, disolución de sociedades, separación de socios, y operaciones de fusión, absorción y escisión total o parcial; los adquiridos por permuta; y los adquiridos por canje o conversión de valores representativos de deuda por valores representativos de fondos propios. En todos estos supuestos, la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable del elemento transmitido genera una renta que debe integrarse en la base imponible de la entidad transmitente, salvo que resulte de aplicación un régimen especial de neutralidad fiscal (como el régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Capítulo VII del Título VII LIS), que difiere dicha tributación al momento de una ulterior transmisión a un tercero ajeno al grupo.
Operaciones vinculadas: obligación de valoración a valor de mercado
El art. 18 LIS establece que las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado, entendiendo por tal aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia, tal y como recogen las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia. El propio precepto enumera los supuestos de vinculación: una entidad y sus socios o partícipes cuando la participación sea igual o superior al 25%; una entidad y sus consejeros o administradores; una entidad y los cónyuges o parientes hasta el tercer grado de los socios, partícipes, consejeros o administradores; dos entidades que pertenezcan a un mismo grupo mercantil (art. 42 del Código de Comercio); una entidad y los socios de otra entidad del mismo grupo; una entidad residente y sus establecimientos permanentes en el extranjero; y dos entidades en las que los mismos socios o sus parientes participen, directa o indirectamente, en al menos el 25%. Los métodos admitidos para la determinación del valor de mercado son el precio libre comparable, el coste incrementado, el precio de reventa, la distribución del resultado y el margen neto operacional, pudiendo el contribuyente elegir el método más adecuado a las características de la operación, sin sujeción a un orden de prelación. Se establece además un régimen de documentación específica (Reglamento del Impuesto): documentación simplificada para entidades con importe neto de la cifra de negocios inferior a 45 millones de euros y exención de documentar operaciones de importe reducido con un mismo vinculado. Cuando el valor convenido difiera del de mercado, la diferencia se califica fiscalmente según su naturaleza (ajuste secundario: dividendo, aportación, liberalidad). Existe la posibilidad de solicitar acuerdos previos de valoración (APA) a la Administración.
Exención para eliminar la doble imposición sobre dividendos y rentas de participaciones (art. 21 LIS)
El art. 21 LIS declara exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, así como las rentas positivas derivadas de la transmisión de la participación en una entidad, cuando concurran los requisitos que se examinan en el punto siguiente. Esta exención tiene por finalidad eliminar la doble imposición económica que se produciría si el beneficio de la entidad participada, ya gravado en sede de esta por el IS, volviera a tributar íntegramente en sede de la entidad socia al ser distribuido como dividendo o al materializarse en una plusvalía por la transmisión de la participación. Desde la reforma introducida por la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021, la exención alcanza con carácter general al 95% del dividendo o de la renta obtenida, debiendo integrarse en la base imponible el 5% restante en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones, que se consideran no deducibles con independencia de que su importe real sea superior o inferior a dicho 5% (con reglas particulares para entidades de menor dimensión y régimen transitorio que conviene verificar). Las rentas negativas generadas en la transmisión de participaciones con derecho a exención no se integran en la base imponible, y el deterioro de las participaciones no es deducible.
Requisitos de la exención por doble imposición: porcentaje de participación y tenencia
El art. 21.1 LIS condiciona la aplicación de la exención a que el porcentaje de participación, directo o indirecto, en el capital o en los fondos propios de la entidad participada sea, al menos, del 5% (o, alternativamente, que el valor de adquisición sea superior a 20 millones de euros, umbral alternativo que la reforma de 2021 limitó a las participaciones adquiridas con anterioridad a dicha fecha y con carácter transitorio, por lo que conviene comprobar su vigencia); y a que dicha participación se haya poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el dividendo o, en su defecto, se mantenga posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo, computándose a tal efecto, en su caso, el tiempo en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades del mismo grupo de sociedades. Cuando la entidad participada sea no residente en territorio español, se exige además que esté sujeta y no exenta a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al IS con un tipo nominal mínimo del 10% en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa, sin que se cumpla este requisito en las entidades residentes en jurisdicciones no cooperativas.
Compensación de bases imponibles negativas: plazo y límites cuantitativos
El art. 26 LIS permite compensar las bases imponibles negativas (BIN) generadas en un período impositivo con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes, sin límite temporal alguno desde la reforma de la Ley 27/2014 (que eliminó el límite de dieciocho años vigente con anterioridad conforme al Texto Refundido de 2004). No obstante, la compensación está sujeta a un límite cuantitativo del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la propia compensación, si bien, en todo caso, pueden compensarse bases imponibles negativas hasta el importe de 1.000.000 de euros aunque ello suponga superar dicho límite porcentual. Este límite se reduce, desde el Real Decreto-ley 3/2016, para las entidades con un importe neto de la cifra de negocios de al menos 20 millones de euros en los doce meses anteriores (50%) y de al menos 60 millones de euros (25%). El derecho de la Administración a comprobar las BIN pendientes de compensar caduca a los diez años desde la presentación de la autoliquidación en que se generaron (art. 66 bis LGT), debiendo el contribuyente acreditar su procedencia mediante la contabilidad y los justificantes.
Limitaciones a la compensación de BINs en determinados supuestos (adquisición de sociedades inactivas)
El art. 26 LIS establece una limitación específica de carácter antiabuso: no podrán ser objeto de compensación las bases imponibles negativas cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias: que la mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad que hubiera sido adquirida por una persona o entidad, o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa; que las personas o entidades adquirentes hubieran tenido una participación inferior al 25% en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la base imponible negativa; y que la entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: que no viniese realizando actividad económica alguna dentro de los tres meses anteriores a la adquisición; que realizara una actividad económica en los dos años posteriores a la adquisición diferente o adicional a la anteriormente realizada, que determine, en sí misma, un importe neto de la cifra de negocios superior al 50% del importe medio de los dos años anteriores; que se trate de una entidad patrimonial; o que la entidad hubiera sido dada de baja en el índice de entidades por no depositar sus cuentas anuales. Esta norma pretende impedir el tráfico de sociedades «cascarón» adquiridas exclusivamente para aprovechar sus créditos fiscales pendientes.
Amortizaciones y deterioros como ajustes extracontables (arts. 12 y 13 LIS)
El art. 12 LIS admite la deducción de la amortización de los elementos patrimoniales del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, siempre que sea efectiva: se entiende que lo es cuando no exceda del resultado de aplicar las tablas de amortización oficialmente aprobadas, aunque el contribuyente puede acreditar un plazo distinto o utilizar el método de números dígitos o un plan especial. Se admite la libertad de amortización para elementos de escaso valor (valor unitario no superior a 300 euros, con un límite global anual de 25.000 euros), y regímenes específicos para entidades de reducida dimensión. El art. 13 regula las pérdidas por deterioro: son deducibles, entre otras, las de créditos por insolvencias de deudores cuando haya transcurrido el plazo legal (seis meses desde el vencimiento) o el deudor esté declarado en concurso, esté procesado por delito de alzamiento de bienes, o la obligación haya sido reclamada judicialmente; no son deducibles los deterioros de participaciones en el capital de entidades ni del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e intangible sin perjuicio de su incidencia a efectos de amortización. Cuando el deterioro no es deducible en el momento de su registro, su reversión no se integra en la base imponible.
Reducciones en la base imponible: reserva de capitalización, reserva de nivelación y patent box
El art. 25 LIS establece la reducción por reserva de capitalización: los contribuyentes que tributen al tipo general pueden reducir en un 10% el importe del incremento de sus fondos propios (excluyendo las aportaciones de los socios y las ampliaciones por compensación de pérdidas), con el límite del 10% de la base imponible previa positiva; el contribuyente debe mantener el incremento de fondos propios durante cinco años y dotar una reserva indisponible por ese importe. Las cantidades no reducidas por insuficiencia de base pueden aplicarse en los dos años siguientes. El art. 105 regula la reserva de nivelación, solo para entidades de reducida dimensión: permite minorar la base imponible hasta el 10% del importe de la base imponible positiva del período, con el límite de 1.000.000 de euros, debiendo integrarse las cantidades minoradas en las bases imponibles negativas generadas en los cinco años siguientes; la reserva debe mantenerse en un plazo equivalente. El art. 23 regula la reducción de las rentas procedentes de la cesión de determinados activos intangibles (patentes, modelos de utilidad, software avanzado...), que se reduce en un porcentaje del 60%, aplicado a la proporción entre los gastos de creación y los gastos totales, con regímenes transitorios por el cambio de método (nexus approach) derivado de la acción 5 del proyecto BEPS.
Esquema de determinación de la base imponible del IS
El proceso de liquidación es el siguiente: 1) Resultado contable (antes de impuestos). 2) Ajustes extracontables: positivos (gastos contables no deducibles, como el propio IS, multas, donativos, retribución de fondos propios, gastos financieros que excedan el límite, o ingresos fiscales no contables) y negativos (exención del 95% de dividendos y plusvalías de cartera, libertad de amortización, reversiones de deterioros fiscalmente no deducidos). 3) Base imponible previa. 4) Reducciones: reserva de capitalización, reserva de nivelación, patent box. 5) Compensación de bases imponibles negativas (70% o el límite que proceda, con el mínimo de 1.000.000 de euros). 6) Base imponible. 7) Aplicación del tipo de gravamen, obteniendo la cuota íntegra (examinado en el tema siguiente). Conviene distinguir las diferencias permanentes (no revierten) de las temporarias (revierten) y recordar que la compensación de BIN y las reducciones se aplican por este orden sobre la base previa.
Actualizaciones recientes del IS relevantes para el examen
Entre las reformas más relevantes posteriores a la Ley 27/2014 cabe señalar: el Real Decreto-ley 3/2016, que redujo la compensación de BIN y las deducciones de las grandes empresas y limitó la exención de rentas negativas de participaciones; la Ley 11/2020 (PGE 2021), que redujo al 95% la exención de dividendos y plusvalías de cartera; la Ley 28/2022 de empresas emergentes, con incentivos específicos; y la Ley 7/2024, que introdujo el impuesto complementario de tributación mínima (Pilar 2) para grupos multinacionales y modificó el régimen de tipos de gravamen de microempresas y pequeñas empresas, con una reducción gradual a lo largo de varios ejercicios. Conviene contrastar los tipos y plazos exactos en la convocatoria correspondiente, porque los tipos de gravamen se examinan en el tema siguiente.
Provisiones y otras reglas de deducibilidad (art. 14 LIS)
El art. 14 LIS limita la deducibilidad de las provisiones contables: con carácter general, no son deducibles las dotaciones a provisiones para gastos de personal con compromisos por pensiones o retribuciones a largo plazo, las dotaciones por contingencias de fiscalidad o litigios, y las dotaciones para reestructuraciones o contratos onerosos, que serán deducibles cuando se aplique la provisión (es decir, cuando se efectúe el gasto o el pago), salvo excepciones legalmente previstas (por ejemplo, las provisiones por garantías de reparación o revisión en determinadas ventas). La consecuencia técnica es un ajuste positivo en el período de dotación y uno negativo en el período en que se aplica o se revierte la provisión: es una diferencia temporaria. En consecuencia, la deducibilidad fiscal de un gasto exige verificar tres cosas: que no sea un gasto expresamente no deducible (arts. 14 y 15), que se haya contabilizado y devengado en el ejercicio (arts. 10 y 11) y que esté debidamente justificado y correlacionado con los ingresos.
Ejemplo numérico de determinación de la base imponible
Una sociedad obtiene un resultado contable antes de impuestos de 200.000 euros. Ha contabilizado una multa administrativa de 5.000 euros (ajuste positivo permanente, art. 15.c) y ha cobrado dividendos de una filial participada al 100% por 20.000 euros, que se incluyen en el resultado (ajuste negativo del 95%, 19.000 euros, por exención del art. 21). Base imponible previa: 200.000 + 5.000 − 19.000 = 186.000 euros. Ha incrementado sus fondos propios en 100.000 euros y dota una reserva de capitalización: la reducción es del 10% de 100.000 (10.000 euros), por debajo del límite del 10% de la base previa (18.600 euros). Base tras la reducción: 176.000 euros. La sociedad tiene 300.000 euros de BIN pendientes de ejercicios anteriores: como el límite del 70% (130.200 euros) es inferior a 1.000.000 de euros, puede compensar hasta 1.000.000 de euros, es decir, la totalidad de la base disponible (176.000 euros), quedando 124.000 euros de BIN pendientes. La base imponible resulta de 0 euros.
Trampas típicas de examen en el Impuesto sobre Sociedades (I)
Errores frecuentes: 1) considerar contribuyentes a las sociedades civiles sin objeto mercantil (tributan en atribución de rentas); 2) creer que el IS tiene escala progresiva por tramos; 3) confundir las exenciones plenas (Estado, CCAA, entes locales, Banco de España...) con las parciales (Ley 49/2002; colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos...); 4) confundir diferencia permanente con temporaria; 5) pensar que el gasto por IS es deducible; 6) olvidar que los gastos por atenciones a clientes tienen el límite del 1% de la cifra de negocios; 7) olvidar que el límite de gastos financieros tiene un umbral de 1.000.000 de euros; 8) asignar el 100% (y no el 95%) a la exención de dividendos y plusvalías de cartera tras 2021; 9) olvidar que las BIN carecen de límite temporal pero tienen límite cuantitativo con mínimo de 1.000.000 de euros; 10) confundir la reserva de capitalización (10% del incremento de fondos propios) con la reserva de nivelación (10% de la base imponible, solo ERD).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El IS (Ley 27/2014) es proporcional (tipo fijo sobre la base, no progresivo por tramos) frente al carácter progresivo del IRPF, aunque existen distintos tipos según el tipo de entidad.
Las sociedades civiles SIN objeto mercantil no son contribuyentes del IS (tributan en atribución de rentas); las entidades sin personalidad jurídica que SÍ son contribuyentes expresas incluyen fondos de inversión, UTEs inscritas, fondos de pensiones y de capital-riesgo.
Exención subjetiva PLENA (Estado, CCAA, entes locales, Banco de España, Fondos de garantía) alcanza a TODA la renta; exención PARCIAL (Ley 49/2002 para entidades sin fines lucrativos, y régimen general para colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos) alcanza solo a ciertas rentas tasadas.
La base imponible se calcula corrigiendo el RESULTADO CONTABLE mediante ajustes extracontables (art. 10.3 LIS) — técnica de «dependencia parcial» entre contabilidad y fiscalidad.
Diferencia clave: las diferencias PERMANENTES nunca revierten (p. ej. una multa); las diferencias TEMPORARIAS revierten en ejercicios futuros y generan activos/pasivos por impuesto diferido (p. ej. amortización acelerada).
Regla general de imputación temporal: DEVENGO (art. 11.1 LIS); excepción notable: operaciones a plazo o con precio aplazado, que se imputan a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la entidad opte por el devengo.
El gasto por el propio Impuesto sobre Sociedades NUNCA es deducible (art. 15.b LIS) — es el ajuste extracontable positivo más elemental y siempre permanente.
La limitación de gastos financieros (art. 16 LIS): deducibles hasta el 30% del beneficio operativo, PERO en todo caso son deducibles los primeros 1.000.000 de euros anuales (umbral de minimis); el exceso se traslada sin límite temporal.
Los gastos por atenciones a clientes/proveedores son deducibles solo hasta el 1% del importe neto de la cifra de negocios (excepción parcial a la no deducibilidad de donativos y liberalidades del art. 15.e).
No son deducibles: retribución de fondos propios (incluidos préstamos participativos intragrupo), donativos y liberalidades (con las excepciones vistas), el propio IS, y multas/sanciones/recargo de apremio/recargo extemporáneo sin requerimiento — los intereses de demora SÍ son deducibles según jurisprudencia del TS.
Regla general de valoración: valor contable; reglas especiales que obligan a valor de MERCADO: transmisiones lucrativas, aportaciones a entidades, reparto/disolución/separación/fusión-escisión, permutas y canjes de valores.
Operaciones vinculadas (art. 18 LIS): se valoran SIEMPRE a valor de mercado; hay vinculación entidad-socio con participación ≥25%; métodos admitidos sin orden de prelación (precio libre comparable, coste incrementado, precio de reventa, distribución del resultado, margen neto operacional).
La exención por doble imposición de dividendos y plusvalías de cartera (art. 21 LIS) es del 95% con carácter general desde 2021 (Ley 11/2020); el 5% restante tributa como gasto de gestión no deducible.
Requisitos de la exención del art. 21: participación del 5% (el umbral alternativo de 20 millones de valor de adquisición se limitó en la reforma de 2021) y tenencia durante un año (computable en el grupo); participada no residente con impuesto análogo de al menos el 10%.
Compensación de BINs (art. 26 LIS): sin límite temporal desde 2015; límite del 70% de la base imponible previa (50% si INCN ≥ 20 millones, 25% si ≥ 60 millones, desde el RDL 3/2016), con mínimo compensable de 1.000.000 de euros; la Administración puede comprobar las BIN durante 10 años (art. 66 bis LGT).
Antiabuso en BIN (art. 26 LIS): no se compensan si se adquiere la mayoría del capital de una sociedad inactiva o cuasi-inactiva por quien antes tenía menos del 25%, para evitar el tráfico de sociedades «cascarón» con créditos fiscales.
Reserva de capitalización (art. 25): reducción del 10% del incremento de fondos propios, con el límite del 10% de la base previa; mantenimiento de cinco años; reserva indisponible.
Reserva de nivelación (art. 105): solo para entidades de reducida dimensión; 10% de la base imponible positiva con límite de 1.000.000 de euros; se integra en BIN de los cinco años siguientes.
Libertad de amortización de elementos de escaso valor: valor unitario hasta 300 euros y límite anual de 25.000 euros.
Entidades de la Ley 49/2002: exención de las rentas que el art. 7 declara exentas y tipo del 10% para las no exentas; deben destinar al menos el 70% de rentas e ingresos a sus fines.
ZEC: tipo del 4%; RIC: reducción de hasta el 90% del beneficio no distribuido por la reserva para inversiones en Canarias; Ceuta y Melilla: bonificación del 50% de la cuota.
Vinculación (art. 18): participación igual o superior al 25%, grupo mercantil del art. 42 CCo, administradores y parientes hasta tercer grado; documentación simplificada para INCN inferior a 45 millones.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La compensación de bases imponibles negativas tiene un plazo máximo de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 22 de Hacienda (AEAT)?
El Impuesto sobre Sociedades, regulado por la Ley 27/2014, grava la renta obtenida por las personas jurídicas y demás entidades contribuyentes, partiendo del resultado contable como magnitud de referencia sobre la que se practican los ajustes extracontables (fiscales) exigidos por la propia Ley. Este primer tema de los dos dedicados al IS desarrolla los elementos estructurales del impuesto (hecho imponible, contribuyentes, exenciones subjetivas) y la determinación de la base imponible: imputación temporal, deducibilidad de gastos, reglas de valoración —con especial atención a las operaciones vinculadas—, la exención para eliminar la doble imposición sobre dividendos y plusvalías de cartera, y la compensación de bases imponibles negativas, uno de los mecanismos técnicos más preguntados de todo el temario de impuestos por su combinación de reglas cuantitativas y antiabuso.
¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?
El IS (Ley 27/2014) es proporcional (tipo fijo sobre la base, no progresivo por tramos) frente al carácter progresivo del IRPF, aunque existen distintos tipos según el tipo de entidad. Las sociedades civiles SIN objeto mercantil no son contribuyentes del IS (tributan en atribución de rentas); las entidades sin personalidad jurídica que SÍ son contribuyentes expresas incluyen fondos de inversión, UTEs inscritas, fondos de pensiones y de capital-riesgo. Exención subjetiva PLENA (Estado, CCAA, entes locales, Banco de España, Fondos de garantía) alcanza a TODA la renta; exención PARCIAL (Ley 49/2002 para entidades sin fines lucrativos, y régimen general para colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos) alcanza solo a ciertas rentas tasadas. La base imponible se calcula corrigiendo el RESULTADO CONTABLE mediante ajustes extracontables (art. 10.3 LIS) — técnica de «dependencia parcial» entre contabilidad y fiscalidad. Diferencia clave: las diferencias PERMANENTES nunca revierten (p. ej. una multa); las diferencias TEMPORARIAS revierten en ejercicios futuros y generan activos/pasivos por impuesto diferido (p. ej. amortización acelerada). Regla general de imputación temporal: DEVENGO (art. 11.1 LIS); excepción notable: operaciones a plazo o con precio aplazado, que se imputan a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la entidad opte por el devengo. El gasto por el propio Impuesto sobre Sociedades NUNCA es deducible (art. 15.b LIS) — es el ajuste extracontable positivo más elemental y siempre permanente. La limitación de gastos financieros (art. 16 LIS): deducibles hasta el 30% del beneficio operativo, PERO en todo caso son deducibles los primeros 1.000.000 de euros anuales (umbral de minimis); el exceso se traslada sin límite temporal. Los gastos por atenciones a clientes/proveedores son deducibles solo hasta el 1% del importe neto de la cifra de negocios (excepción parcial a la no deducibilidad de donativos y liberalidades del art. 15.e). No son deducibles: retribución de fondos propios (incluidos préstamos participativos intragrupo), donativos y liberalidades (con las excepciones vistas), el propio IS, y multas/sanciones/recargo de apremio/recargo extemporáneo sin requerimiento — los intereses de demora SÍ son deducibles según jurisprudencia del TS. Regla general de valoración: valor contable; reglas especiales que obligan a valor de MERCADO: transmisiones lucrativas, aportaciones a entidades, reparto/disolución/separación/fusión-escisión, permutas y canjes de valores. Operaciones vinculadas (art. 18 LIS): se valoran SIEMPRE a valor de mercado; hay vinculación entidad-socio con participación ≥25%; métodos admitidos sin orden de prelación (precio libre comparable, coste incrementado, precio de reventa, distribución del resultado, margen neto operacional). La exención por doble imposición de dividendos y plusvalías de cartera (art. 21 LIS) es del 95% con carácter general desde 2021 (Ley 11/2020); el 5% restante tributa como gasto de gestión no deducible. Requisitos de la exención del art. 21: participación del 5% (el umbral alternativo de 20 millones de valor de adquisición se limitó en la reforma de 2021) y tenencia durante un año (computable en el grupo); participada no residente con impuesto análogo de al menos el 10%. Compensación de BINs (art. 26 LIS): sin límite temporal desde 2015; límite del 70% de la base imponible previa (50% si INCN ≥ 20 millones, 25% si ≥ 60 millones, desde el RDL 3/2016), con mínimo compensable de 1.000.000 de euros; la Administración puede comprobar las BIN durante 10 años (art. 66 bis LGT). Antiabuso en BIN (art. 26 LIS): no se compensan si se adquiere la mayoría del capital de una sociedad inactiva o cuasi-inactiva por quien antes tenía menos del 25%, para evitar el tráfico de sociedades «cascarón» con créditos fiscales. Reserva de capitalización (art. 25): reducción del 10% del incremento de fondos propios, con el límite del 10% de la base previa; mantenimiento de cinco años; reserva indisponible. Reserva de nivelación (art. 105): solo para entidades de reducida dimensión; 10% de la base imponible positiva con límite de 1.000.000 de euros; se integra en BIN de los cinco años siguientes. Libertad de amortización de elementos de escaso valor: valor unitario hasta 300 euros y límite anual de 25.000 euros. Entidades de la Ley 49/2002: exención de las rentas que el art. 7 declara exentas y tipo del 10% para las no exentas; deben destinar al menos el 70% de rentas e ingresos a sus fines. ZEC: tipo del 4%; RIC: reducción de hasta el 90% del beneficio no distribuido por la reserva para inversiones en Canarias; Ceuta y Melilla: bonificación del 50% de la cuota. Vinculación (art. 18): participación igual o superior al 25%, grupo mercantil del art. 42 CCo, administradores y parientes hasta tercer grado; documentación simplificada para INCN inferior a 45 millones.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas.
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 53 y 66 bis); Ley 7/2024, de 20 de diciembre.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).