Tema 5. Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones tributarias accesorias, las obligaciones tributarias formales y las obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de los tributos. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Título II, Capítulo I de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), desarrolla los distintos tipos de obligaciones que integran la relación jurídico-tributaria (principal, pagos a cuenta, entre particulares, accesorias, formales y en el marco de la asistencia mutua), de contenido material y formal, a cargo del obligado tributario y también de la Administración (devoluciones, devolución de ingresos indebidos y reembolso del coste de las garantías). El art. 34 reconoce, además, un catálogo de derechos y garantías de los obligados tributarios, completado por el régimen de colaboración social (art. 92) y el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria (art. 95).
La obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta (arts. 19 y 23)
La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria (art. 19.1): nace con la realización del hecho imponible y es el núcleo de la relación jurídico-tributaria. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta consiste en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta, como anticipo de la obligación tributaria principal (art. 23.1); tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal, si bien esta última se minora en el importe de los pagos a cuenta efectivamente realizados o soportados. El retenedor es la persona o entidad obligada, por ley, a detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a estos. El obligado a efectuar el ingreso a cuenta lo hace por rentas en especie. El pago fraccionado lo realiza el propio obligado a lo largo del periodo impositivo. Los supuestos de retención no practicada o ingreso a cuenta no realizado generan responsabilidad del retenedor y del obligado al ingreso; la regla de que el perceptor deduce la retención que debió practicarse es propia de la normativa del IRPF, no de la LGT.
Obligaciones entre particulares resultantes del tributo (art. 24)
Son las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios, entre las que se incluyen las que se generan como consecuencia de actos de repercusión, de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente (art. 24.1). Un ejemplo paradigmático es la repercusión del IVA por el sujeto pasivo al destinatario de la operación, obligado a soportarla, o la obligación del retenido de soportar la retención practicada por el pagador. Estas obligaciones se rigen por la LGT y su normativa de desarrollo; el carácter tributario de la relación determina que las controversias sobre repercusión y retención se sustancien por la vía de revisión tributaria (reclamación económico-administrativa), y no en la jurisdicción civil. La obligación del repercutido de soportar la repercusión es una obligación entre particulares; la reserva de ley alcanza a su regulación.
Obligaciones tributarias accesorias (arts. 25-28)
Son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en este capítulo que consisten en prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria (art. 25.1). Tienen esta consideración las obligaciones de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del periodo ejecutivo y los demás recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos (art. 25.2). Las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones tributarias accesorias (art. 25.3). El interés de demora (art. 26) es una prestación accesoria que se exige a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como compensación por el retraso en el cumplimiento; su tipo es el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en que aquel se devengue, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro. Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27) son un 1 por ciento más un 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso, hasta un máximo de doce meses; transcurridos más de doce meses, el recargo es del 15 por ciento y se exigen además intereses de demora desde el día siguiente al término de esos doce meses; el recargo excluye sanciones e intereses (en el primer tramo) y se reduce un 25 por ciento si se ingresa en plazo. Los recargos del periodo ejecutivo (art. 28) son tres: recargo ejecutivo del 5 por ciento (se paga la deuda antes de notificarse la providencia de apremio), recargo de apremio reducido del 10 por ciento (se paga antes de la finalización del plazo del art. 62.5 tras la providencia de apremio) y recargo de apremio ordinario del 20 por ciento (en los demás casos, con exigencia de intereses de demora).
Obligaciones tributarias formales (art. 29)
Las obligaciones tributarias formales son las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros (art. 29.1). Entre otras, el art. 29.2 enumera: presentar declaraciones censales, solicitar y utilizar el número de identificación fiscal, presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, llevar y conservar libros de contabilidad y registros así como los programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados, que permitan la interpretación de los datos, expedir y entregar facturas, aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado haya de conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, y facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas. Desde la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se refuerza la obligación de utilizar sistemas informáticos de contabilidad y facturación que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, y se prohíben los programas o sistemas que permitan la manipulación o la alteración no reflejada (software de doble uso). La facturación se regula en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre), y la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, introduce la obligación de facturación electrónica entre empresarios y profesionales.
Obligaciones en el marco de la asistencia mutua
El conjunto de actuaciones de asistencia que la Administración tributaria española preste, reciba o desarrolle con la Unión Europea y otras entidades internacionales o supranacionales, o en el marco de convenios internacionales, se considera asistencia mutua, incluyendo el intercambio de información, la asistencia en la recaudación y en la notificación, o la presencia de funcionarios de otros Estados en actuaciones inspectoras. Los obligados tributarios están sujetos a las obligaciones que de ellas se deriven, que se rigen por la LGT en lo no previsto por la norma específica. Los instrumentos principales son la Directiva 2011/16/UE, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, la Directiva 2010/24/UE, sobre asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, los convenios para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, y el Convenio multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal de la OCDE y el Consejo de Europa.
Obligaciones y deberes de la Administración tributaria (arts. 31-33)
Entre las obligaciones y deberes de la Administración tributaria destacan la de realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (art. 31), la devolución de ingresos indebidos (art. 32) y el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda, cuando dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme (art. 33). La devolución de ingresos indebidos devenga intereses de demora a favor del obligado, sin necesidad de petición, desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución (art. 32.2). Además, la Administración está obligada a informar y asistir a los obligados tributarios, a resolver expresamente y notificar en plazo, a practicar las actuaciones de forma proporcionada y a respetar el deber de sigilo sobre los datos.
Derechos y garantías de los obligados tributarios (art. 34)
El art. 34 LGT enumera un extenso catálogo de derechos de los obligados tributarios, entre otros: a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones; a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos, con abono del interés de demora; a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías cuando la deuda es declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme; a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte; a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones; a solicitar certificación y copia de las declaraciones presentadas; a no aportar documentos ya presentados y que se encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado indique el día y procedimiento en que los presentó; al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria; a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria; a que las actuaciones que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa; a formular alegaciones y aportar documentos que sean tenidos en cuenta por los órganos competentes; a ser oído en el trámite de audiencia; a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección, sobre su naturaleza y alcance y sobre sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas; a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria, cuyo órgano de garantía es el Consejo para la Defensa del Contribuyente; y a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente en el trámite de puesta de manifiesto. Es el llamado Estatuto del Contribuyente.
Colaboración social en la aplicación de los tributos (arts. 92-94)
La colaboración social en la aplicación de los tributos (art. 92) puede instrumentarse a través de acuerdos con otras Administraciones, entidades privadas, instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales y profesionales, entre otras finalidades, para facilitar el desarrollo de labores de asistencia, información y educación tributaria, o la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones por vía telemática en nombre de terceros. Además de las obligaciones de información de las personas físicas y jurídicas (art. 93) y de las autoridades, funcionarios y demás Administraciones (art. 94), existen las obligaciones de suministro de información por entidades financieras y otras (declaraciones informativas).
Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria (art. 95)
Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos que la ley expresamente contempla (art. 95.1). Entre los supuestos legales de cesión figuran: la colaboración con órganos jurisdiccionales y con el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles solo a instancia de persona agraviada; la colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales; la colaboración con la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y las entidades gestoras de la Seguridad Social; la colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones; la colaboración con comisiones parlamentarias de investigación; la colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; y la colaboración con el SEPBLAC en materia de prevención del blanqueo de capitales. Quienes tengan conocimiento de tales datos están obligados al más estricto y completo sigilo; su violación constituye infracción grave y puede dar lugar a responsabilidad penal. La publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias (art. 95 bis) permite publicar listados de deudores con deudas superiores a 600.000 euros que no hubieran sido pagadas en periodo voluntario, así como de los sujetos sancionados por infracciones graves que superen una determinada cuantía. El tratamiento de datos personales se rige además por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La obligación de realizar pagos a cuenta (retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados) es autónoma respecto de la obligación principal, aunque esta se minora en el importe de aquellas.
Son obligaciones accesorias el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del periodo ejecutivo y los demás recargos legalmente exigibles sobre bases o cuotas; las sanciones tributarias NO tienen esta naturaleza (art. 25 LGT).
Interés de demora: interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos fije otro (art. 26).
Recargos extemporáneos: 1 por ciento más 1 por ciento por mes completo hasta doce meses; superados, 15 por ciento más intereses (art. 27). Recargos del periodo ejecutivo: 5, 10 y 20 por ciento (art. 28).
Obligaciones entre particulares: repercusión, retención e ingreso a cuenta (art. 24). La controversia sobre repercusión se resuelve por la vía económico-administrativa, no civil.
Obligaciones formales (art. 29): no pecuniarias, se imponen a deudores o no del tributo (censales, NIF, declaraciones, libros y registros, facturas, aportar información, facilitar inspecciones).
La asistencia mutua incluye intercambio de información, asistencia en recaudación y notificación, y presencia de funcionarios de otros Estados en actuaciones inspectoras.
La devolución de ingresos indebidos devenga interés de demora desde la fecha del ingreso indebido hasta la ordenación del pago (art. 32).
El carácter reservado de los datos tributarios (art. 95 LGT) solo cede en los supuestos tasados legalmente (colaboración con jueces y Ministerio Fiscal, otras Administraciones, Tribunal de Cuentas, comisiones de investigación, SEPBLAC, entre otros); el sigilo es obligatorio.
Lista de deudores (art. 95 bis): deudas superiores a 600.000 euros no pagadas en periodo voluntario.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
El tipo del interés de demora tributario es, salvo que la Ley de Presupuestos establezca otro:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Hacienda (AEAT)?
El Título II, Capítulo I de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), desarrolla los distintos tipos de obligaciones que integran la relación jurídico-tributaria (principal, pagos a cuenta, entre particulares, accesorias, formales y en el marco de la asistencia mutua), de contenido material y formal, a cargo del obligado tributario y también de la Administración (devoluciones, devolución de ingresos indebidos y reembolso del coste de las garantías). El art. 34 reconoce, además, un catálogo de derechos y garantías de los obligados tributarios, completado por el régimen de colaboración social (art. 92) y el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria (art. 95).
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
La obligación de realizar pagos a cuenta (retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados) es autónoma respecto de la obligación principal, aunque esta se minora en el importe de aquellas. Son obligaciones accesorias el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos del periodo ejecutivo y los demás recargos legalmente exigibles sobre bases o cuotas; las sanciones tributarias NO tienen esta naturaleza (art. 25 LGT). Interés de demora: interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos fije otro (art. 26). Recargos extemporáneos: 1 por ciento más 1 por ciento por mes completo hasta doce meses; superados, 15 por ciento más intereses (art. 27). Recargos del periodo ejecutivo: 5, 10 y 20 por ciento (art. 28). Obligaciones entre particulares: repercusión, retención e ingreso a cuenta (art. 24). La controversia sobre repercusión se resuelve por la vía económico-administrativa, no civil. Obligaciones formales (art. 29): no pecuniarias, se imponen a deudores o no del tributo (censales, NIF, declaraciones, libros y registros, facturas, aportar información, facilitar inspecciones). La asistencia mutua incluye intercambio de información, asistencia en recaudación y notificación, y presencia de funcionarios de otros Estados en actuaciones inspectoras. La devolución de ingresos indebidos devenga interés de demora desde la fecha del ingreso indebido hasta la ordenación del pago (art. 32). El carácter reservado de los datos tributarios (art. 95 LGT) solo cede en los supuestos tasados legalmente (colaboración con jueces y Ministerio Fiscal, otras Administraciones, Tribunal de Cuentas, comisiones de investigación, SEPBLAC, entre otros); el sigilo es obligatorio. Lista de deudores (art. 95 bis): deudas superiores a 600.000 euros no pagadas en periodo voluntario.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186), arts. 19-34, 92-95 y 95 bis.
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
Directiva 2011/16/UE y Directiva 2010/24/UE (asistencia mutua).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).