Tema 2. El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria. La Hacienda Pública estatal. Los Presupuestos Generales del Estado. La ejecución del gasto público. El control de la gestión económico-financiera del sector público estatal.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), es la norma básica que regula el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. Desarrolla el ciclo presupuestario completo —elaboración, aprobación, ejecución del gasto público y liquidación— sobre el marco de los arts. 134 a 136 de la Constitución y de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y articula los mecanismos de control interno (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública, a cargo de la IGAE) y externo (Tribunal de Cuentas) que garantizan la legalidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
El Derecho Presupuestario es la parte del Derecho Financiero que regula el gasto público y su instrumento, el presupuesto: los principios y reglas de elaboración, aprobación, ejecución, modificación y control de los presupuestos del sector público, el régimen de los créditos y de las obligaciones de gasto, y el régimen de responsabilidad de quienes gestionan fondos públicos. Se rige por la Constitución (arts. 31.2, 133.4, 134, 135 y 136), por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que impone a todas las Administraciones principios y reglas fiscales (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y lealtad institucional; regla de gasto; límite de deuda pública; fondo de contingencia), por la Ley General Presupuestaria y por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. El presupuesto es, jurídicamente, la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocerse y de los derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio: para el gasto tiene carácter limitativo y vinculante; para los ingresos tiene carácter de previsión o estimación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, evalúa el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, la regla de gasto y las previsiones macroeconómicas que sustentan los presupuestos.
La Ley 47/2003 General Presupuestaria: objeto y estructura
La LGP tiene por objeto regular, con carácter general, el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. El sector público estatal se clasifica en sector público administrativo (la Administración General del Estado, los organismos autónomos, las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de la Seguridad Social, los consorcios y otras entidades de derecho público asimilables), sector público empresarial (entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales) y sector público fundacional (fundaciones del sector público estatal), con arreglo al art. 2 de la ley. La ley se organiza en un título preliminar y varios títulos que regulan, entre otras materias, la Hacienda Pública estatal (derechos y obligaciones, prerrogativas de la Hacienda, prescripción de derechos y obligaciones), los Presupuestos Generales del Estado (Título II), la gestión presupuestaria (créditos, modificaciones, ejecución), la Tesorería y la deuda del Estado, la contabilidad del sector público estatal, el control de la gestión económico-financiera (Título VI) y las responsabilidades (Título VII). La Hacienda Pública estatal está constituida, a efectos de la ley, por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos. Son derechos de la Hacienda Pública estatal de naturaleza pública los tributos y los demás derechos de contenido económico derivados de la actividad del Estado en el ejercicio de potestades administrativas; la Hacienda goza de prerrogativas (entre ellas, la facultad de recaudación en vía de apremio y la prelación para el cobro de los créditos de derecho público) y los derechos y obligaciones prescriben a los cuatro años.
Los Presupuestos Generales del Estado: contenido, principios y estructura
Los PGE constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, la Seguridad Social y las demás entidades del sector público, y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. Integran los presupuestos del Estado (que incluye las secciones de las Cortes Generales, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el resto de los órganos constitucionales o de relevancia constitucional), de los organismos autónomos, de la Seguridad Social, de las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones y demás entidades. Los presupuestos de gastos de los entes del sector público administrativo son limitativos; los de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y demás entes empresariales tienen carácter estimativo (presupuestos de explotación y capital). Se rigen por los principios de anualidad (el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, sin perjuicio de los compromisos de gasto plurianuales), unidad y universalidad (deben comprender la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal, art. 134.2 CE), no afectación de los recursos (los ingresos se destinan a satisfacer el conjunto de las obligaciones, salvo excepciones legales), especialidad (cualitativa: los créditos se destinan a la finalidad específica para la que se autorizan; cuantitativa: no puede gastarse más del crédito aprobado, de modo que los créditos tienen carácter limitativo y vinculante; temporal: solo pueden contraerse obligaciones con cargo a los créditos del ejercicio, con las excepciones legales), estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. El estado de gastos se estructura con arreglo a tres clasificaciones: orgánica (por centro gestor), por programas (por objetivos o finalidades) y económica (por naturaleza del gasto). La clasificación económica distingue nueve capítulos: 1 gastos de personal; 2 gastos corrientes en bienes y servicios; 3 gastos financieros; 4 transferencias corrientes; 5 Fondo de Contingencia y otros imprevistos; 6 inversiones reales; 7 transferencias de capital; 8 activos financieros; 9 pasivos financieros. Los capítulos 1 a 5 son operaciones corrientes, los 6 y 7 operaciones de capital y los 8 y 9 operaciones financieras; los capítulos 1 a 7 son las operaciones no financieras. El estado de ingresos tiene también nueve capítulos: 1 impuestos directos y cotizaciones sociales; 2 impuestos indirectos; 3 tasas, precios públicos y otros ingresos; 4 transferencias corrientes; 5 ingresos patrimoniales; 6 enajenación de inversiones reales; 7 transferencias de capital; 8 activos financieros; 9 pasivos financieros.
Ciclo presupuestario: elaboración, aprobación, prórroga y modificación
La elaboración de los PGE corresponde al Gobierno (art. 134.1 CE), a través del Ministerio de Hacienda, que dicta cada año la orden por la que se dictan las normas para su elaboración, partiendo de los escenarios presupuestarios plurianuales y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda y de la regla de gasto, así como del límite máximo de gasto no financiero del Estado (el llamado «techo de gasto»), que el Gobierno fija previamente tras la fijación de dichos objetivos por el Congreso y el Senado. Se elabora un anteproyecto, que el Consejo de Ministros aprueba como proyecto de ley y remite a las Cortes Generales (al Congreso de los Diputados) al menos tres meses antes de la expiración de los Presupuestos del año anterior, es decir, antes del 1 de octubre (art. 134.3 CE). En el trámite parlamentario cabe la enmienda a la totalidad (debate de totalidad), la enmienda parcial, y las enmiendas que supongan aumento de créditos o disminución de ingresos requieren la conformidad del Gobierno (art. 134.6 CE). Si la ley de presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se prorrogan automáticamente los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4 CE y LGP), con ajustes en los créditos de programas que finalizan: los PGE de 2023 estuvieron prorrogados en 2024 y 2025. Una vez en vigor, los créditos presupuestarios pueden ser objeto de modificaciones: transferencias de crédito (entre distintas aplicaciones presupuestarias, con límites: en general no pueden minorar créditos ampliables ni créditos extraordinarios concedidos en el ejercicio, ni los incrementados con suplementos o transferencias), generaciones de crédito (financiadas con ingresos no previstos o superiores a los previstos de determinada naturaleza), ampliaciones de crédito (para créditos expresamente declarados ampliables por ley), incorporaciones de remanentes de ejercicios anteriores (en los supuestos tasados) y créditos extraordinarios y suplementos de crédito (para gastos que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente, cuando no exista crédito o sea insuficiente y no ampliable; se aprueban por ley, sin perjuicio de que, cuando se financien con el Fondo de Contingencia, los apruebe el Consejo de Ministros). Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho, salvo las excepciones legales. Los compromisos de gasto plurianuales pueden extenderse, con carácter general, como máximo a cuatro ejercicios, con límites porcentuales decrecientes sobre el crédito del ejercicio (70 por ciento en el primer ejercicio siguiente, 60 por ciento en el segundo y 50 por ciento en el tercero y cuarto), que solo el Consejo de Ministros puede ampliar. El Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria (capítulo 5) se destina a atender necesidades imprevistas, no discrecionales y no presupuestadas que puedan presentarse durante el ejercicio.
La ejecución del gasto público: fases del procedimiento
La gestión del gasto público está sometida al régimen de contabilidad pública y se realiza en las siguientes fases: autorización del gasto (A), acto mediante el cual la autoridad competente aprueba la realización de un gasto por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; disposición o compromiso del gasto (D), acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, quedando obligado a la realización del gasto en la cuantía y condiciones convenidas; reconocimiento de la obligación (O), acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto autorizado y comprometido, y que comporta la propuesta de pago correspondiente; y ordenación del pago (P), acto por el cual, en base a una obligación reconocida, se expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería, seguida de la realización material del pago. Estas fases pueden acumularse en un solo acto administrativo (AD, ADO, o DO) cuando la norma lo permite, agilizando la tramitación. Corresponde, con carácter general, a los ministros y presidentes o directores de los organismos la autorización y disposición de gastos en su ámbito; y al Consejo de Ministros la autorización previa de los gastos de cuantía superior a 12 millones de euros. El reconocimiento de la obligación exige que se haya realizado la prestación a satisfacción de la Administración. Son modalidades especiales de pago los pagos a justificar y los anticipos de caja fija, para atender gastos menores de forma ágil con posterior justificación. La ordenación general de pagos del Estado corresponde al Ministerio de Hacienda, con la Dirección General del Tesoro y Política Financiera como órgano de gestión de la Tesorería. Las obligaciones de pago prescriben a los cuatro años desde que se reconoce o se podía exigir el derecho.
El control de la gestión económico-financiera del sector público estatal
El control interno se ejerce por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), con dependencia funcional del Ministerio de Hacienda, y se concreta en: la función interventora (control previo, de legalidad, de todo acto, documento o expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, que comprende la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos, aprueben gastos o dispongan fondos, la intervención del reconocimiento de la obligación, la intervención de la comprobación material de la inversión y la intervención formal de la ordenación del pago); el control financiero permanente (control continuo de la actividad económico-financiera de los entes, con especial atención a la gestión de riesgos y al cumplimiento de la normativa) y la auditoría pública, que comprende las auditorías de cuentas, de cumplimiento y operativas. Cuando el órgano interventor se manifiesta en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos examinados, formula reparos por escrito, que suspenden la tramitación del expediente hasta que se solventen; si el órgano gestor discrepa, la discrepancia se resuelve por el Consejo de Ministros en determinados supuestos. La omisión de la función interventora no impide tramitar el expediente, pero exige previamente informe sobre sus consecuencias. El régimen de control interno se desarrolla reglamentariamente por el Real Decreto 924/2023, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del control interno en el sector público estatal. El control externo corresponde al Tribunal de Cuentas (art. 136 CE; Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento), supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, que rinde su Informe a las Cortes Generales y ejerce además su función jurisdiccional (responsabilidad contable). El Tribunal se compone de doce Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso y seis por el Senado por mayoría de tres quintos, por un mandato de nueve años. La Cuenta General del Estado la forma la IGAE y se rinde al Tribunal de Cuentas dentro de los siete meses siguientes a la terminación del ejercicio. Por último, el control político lo ejercen las Cortes Generales; y la AIReF controla el cumplimiento de las reglas fiscales.
La responsabilidad en la gestión de fondos públicos
Las autoridades y demás personal al servicio de las entidades del sector público estatal que, por dolo o culpa grave, adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de la LGP están obligados a indemnizar a la Hacienda Pública estatal por los daños y perjuicios causados, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda. La responsabilidad contable es exigida por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su jurisdicción contable. El régimen de infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria se contiene en el Título correspondiente de la ley, aplicándose supletoriamente el procedimiento sancionador común.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LGP (Ley 47/2003, de 26 de noviembre) regula el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del sector público estatal.
Los presupuestos de gastos del sector público administrativo tienen carácter limitativo y vinculante; los de las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales tienen carácter estimativo.
Los PGE se rigen por los principios de anualidad, unidad y universalidad, no afectación, especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal), estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia.
Las fases de ejecución del gasto son Autorización (A), Disposición o compromiso (D), Reconocimiento de la obligación (O) y Ordenación del pago (P); pueden acumularse (AD, ADO).
El Consejo de Ministros autoriza los gastos de cuantía superior a 12 millones de euros. Los compromisos plurianuales: máximo cuatro ejercicios, con límites del 70, 60 y 50 por ciento.
El proyecto de PGE debe remitirse a las Cortes Generales al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos del ejercicio anterior (art. 134.3 CE); si no se aprueban en plazo se prorrogan automáticamente (art. 134.4 CE).
Modificaciones de crédito: transferencias, generaciones, ampliaciones, incorporaciones de remanentes y créditos extraordinarios y suplementos de crédito (estos últimos se aprueban por ley, salvo financiación con el Fondo de Contingencia).
Clasificación económica del gasto: nueve capítulos (1 personal, 2 bienes y servicios, 3 financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros, 9 pasivos financieros).
El control interno corresponde a la IGAE (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública); el control externo, al Tribunal de Cuentas (art. 136 CE).
Los reparos del interventor suspenden la tramitación del expediente hasta que se solventen.
El Tribunal de Cuentas tiene doce Consejeros de Cuentas, seis elegidos por el Congreso y seis por el Senado por mayoría de tres quintos, con mandato de nueve años.
Error típico: confundir el control interno (IGAE) con el externo (Tribunal de Cuentas) o considerar que la fase «P» es el pago material (es la ordenación del pago).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Con qué antelación mínima respecto de la expiración de los Presupuestos del año anterior debe remitirse el proyecto de PGE a las Cortes Generales (art. 134.3 CE)?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Hacienda (AEAT)?
La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), es la norma básica que regula el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. Desarrolla el ciclo presupuestario completo —elaboración, aprobación, ejecución del gasto público y liquidación— sobre el marco de los arts. 134 a 136 de la Constitución y de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, y articula los mecanismos de control interno (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública, a cargo de la IGAE) y externo (Tribunal de Cuentas) que garantizan la legalidad y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
La LGP (Ley 47/2003, de 26 de noviembre) regula el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del sector público estatal. Los presupuestos de gastos del sector público administrativo tienen carácter limitativo y vinculante; los de las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales tienen carácter estimativo. Los PGE se rigen por los principios de anualidad, unidad y universalidad, no afectación, especialidad (cualitativa, cuantitativa y temporal), estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia. Las fases de ejecución del gasto son Autorización (A), Disposición o compromiso (D), Reconocimiento de la obligación (O) y Ordenación del pago (P); pueden acumularse (AD, ADO). El Consejo de Ministros autoriza los gastos de cuantía superior a 12 millones de euros. Los compromisos plurianuales: máximo cuatro ejercicios, con límites del 70, 60 y 50 por ciento. El proyecto de PGE debe remitirse a las Cortes Generales al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos del ejercicio anterior (art. 134.3 CE); si no se aprueban en plazo se prorrogan automáticamente (art. 134.4 CE). Modificaciones de crédito: transferencias, generaciones, ampliaciones, incorporaciones de remanentes y créditos extraordinarios y suplementos de crédito (estos últimos se aprueban por ley, salvo financiación con el Fondo de Contingencia). Clasificación económica del gasto: nueve capítulos (1 personal, 2 bienes y servicios, 3 financieros, 4 transferencias corrientes, 5 Fondo de Contingencia, 6 inversiones reales, 7 transferencias de capital, 8 activos financieros, 9 pasivos financieros). El control interno corresponde a la IGAE (función interventora, control financiero permanente y auditoría pública); el control externo, al Tribunal de Cuentas (art. 136 CE). Los reparos del interventor suspenden la tramitación del expediente hasta que se solventen. El Tribunal de Cuentas tiene doce Consejeros de Cuentas, seis elegidos por el Congreso y seis por el Senado por mayoría de tres quintos, con mandato de nueve años. Error típico: confundir el control interno (IGAE) con el externo (Tribunal de Cuentas) o considerar que la fase «P» es el pago material (es la ordenación del pago).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE-A-2003-21614), en especial el título preliminar y los Títulos I, II, III, V, VI y VII.
Constitución Española, arts. 31.2, 133.4, 134, 135 y 136.
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Real Decreto 924/2023, de 25 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del control interno en el sector público estatal.
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
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