Tema 17. Las obligaciones mercantiles: Características generales. Los contratos mercantiles: Concepto y clases. Perfección, forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la alteración de las circunstancias en los contratos mercantiles. La prescripción en el Derecho Mercantil.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Este tema aborda la parte general de la teoría de las obligaciones y los contratos mercantiles, esto es, aquellos principios y reglas comunes que el Código de Comercio establece frente al régimen general de las obligaciones y contratos del Código Civil, y que se justifican por las especiales exigencias de rapidez, seguridad y protección del crédito que caracterizan al tráfico mercantil frente al tráfico civil ordinario. Se estudian los rasgos que singularizan a la obligación mercantil (ausencia de plazo de gracia, solidaridad como regla general, devengo de intereses), los criterios de mercantilidad del contrato, el principio de libertad de forma que preside la contratación mercantil, el régimen de perfección de los contratos entre ausentes y por vía electrónica, y la relevancia de la doctrina de la alteración sobrevenida de las circunstancias (cláusula rebus sic stantibus) en el contexto mercantil.
El tema se cierra con el régimen de la prescripción mercantil, materia de calado eminentemente práctico para cualquier funcionario de la Agencia Tributaria, que debe distinguir con precisión los plazos de prescripción de las acciones civiles y mercantiles de los propios plazos de prescripción tributaria, y comprender la diferencia dogmática entre prescripción y caducidad en el ámbito de las relaciones mercantiles.
La obligación mercantil es aquella que nace de un acto u operación de comercio, quedando sujeta, en consecuencia, a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y en las leyes mercantiles especiales, y solo en su defecto a las reglas generales del Derecho civil aplicables a las obligaciones, en virtud de la relación de supletoriedad que preside las relaciones entre ambos ordenamientos. La calificación de una obligación como mercantil no depende, con carácter general, de la cualidad personal de quien la contrae (es decir, de que se trate o no de un empresario), sino del origen de la obligación en un acto de comercio, criterio objetivo que sin embargo se ve matizado en la práctica por la extensión de la mercantilidad a todas las obligaciones que nacen de la actividad ordinaria de una empresa mercantil, con independencia de la naturaleza estrictamente comercial o no de cada operación concreta. La distinción entre obligaciones civiles y mercantiles tiene consecuencias prácticas relevantes en múltiples aspectos de su régimen jurídico: el plazo y el cómputo de la prescripción, la existencia o no de plazo de gracia, el régimen de solidaridad entre codeudores, el devengo automático de intereses moratorios, y las reglas especiales sobre perfección, forma y prueba de los contratos de los que dichas obligaciones traen causa.
Fuentes, supletoriedad e interpretación de los contratos mercantiles
Los contratos mercantiles se rigen, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, por lo establecido en el Código de Comercio o en leyes especiales y, en su defecto, por las reglas generales del Derecho común (art. 50 CCom), aplicables a través de la jerarquía de fuentes del art. 2 CCom (Código, usos del comercio y Derecho común). En cuanto a la ejecución e interpretación, el art. 57 del Código de Comercio obliga a ejecutar y cumplir los contratos de comercio de buena fe, según los términos en que fueron hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, y el art. 59 resuelve las dudas insolubles a favor del deudor. Los usos del comercio tienen una importancia especial como criterio integrador. A diferencia del Código Civil, no hay en el de Comercio una parte general de contratos, por lo que la teoría general (consentimiento, objeto, causa, vicios, incumplimiento) se toma del Derecho civil.
Caracteres generales de las obligaciones mercantiles: rigor y celeridad
Las obligaciones mercantiles se caracterizan, frente a las civiles, por un régimen jurídico presidido por dos principios que responden a las particulares exigencias del tráfico económico profesional: el rigor en el cumplimiento, que se traduce en normas más estrictas para el deudor mercantil que para el civil (ausencia de plazo de gracia, solidaridad presunta entre codeudores, devengo automático de intereses de demora sin necesidad de pacto expreso ni de reclamación judicial en determinados supuestos), y la celeridad o rapidez en la circulación y en la exigibilidad de los créditos, que responde a la necesidad de dotar de agilidad a unas relaciones económicas que, a diferencia de las civiles, suelen desarrollarse en el marco de una actividad profesional continuada, en la que la lentitud o la incertidumbre en el cumplimiento de las obligaciones puede generar perjuicios en cadena sobre toda una red de operadores económicos interconectados entre sí. Estos dos principios generales —rigor y celeridad— constituyen el hilo conductor que permite explicar y sistematizar el conjunto de especialidades concretas que el Código de Comercio establece frente al régimen común de las obligaciones civiles, y que se estudian en los puntos siguientes de este tema: ausencia de plazo de gracia, solidaridad, devengo de intereses, y régimen especial de la morosidad en las operaciones comerciales.
Comparación entre obligaciones civiles y mercantiles
Plazo de gracia: no existe en las mercantiles salvo pacto (art. 61 CCom); en las civiles los tribunales pueden fijar o conceder plazos en supuestos tasados (por ejemplo, art. 1128 CC). Exigibilidad: las mercantiles sin término son exigibles a los diez días o al día inmediato si son ejecutivas (art. 62 CCom); las civiles lo son inmediatamente (art. 1113 CC). Mora: automática con día señalado (art. 63 CCom); en el Derecho civil, solo cuando la obligación o la ley lo declaren (art. 1100.2 CC) y, en los demás casos, previa intimación del acreedor. Solidaridad: tendencia a la solidaridad en las mercantiles, frente a la mancomunidad presumida en el art. 1137 CC. Intereses: libertad de pacto y régimen específico de la Ley 3/2004 en las operaciones comerciales. Forma: libertad (arts. 51 y 52 CCom) en ambas, con los mismos límites. Prescripción: plazos especiales mercantiles más breves, cinco años general en ambos órdenes desde 2015. Prueba: libros, correspondencia y facturas como medios de prueba frente al régimen general de la LEC.
Ausencia de plazo de gracia en las obligaciones mercantiles
El art. 61 del Código de Comercio dispone expresamente que en los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros que, bajo cualquier denominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieran prefijado en el contrato o los que se apoyen en una disposición terminante de derecho. El art. 62 del mismo Código completa la regla: las obligaciones que no tengan término prefijado por las partes o por la ley son exigibles a los diez días de contraídas si solo producen acción ordinaria, y al día inmediato si llevan aparejada ejecución. Este principio contrasta con la práctica, tradicional en el Derecho civil de otros ordenamientos históricos (y en algunas facultades jurisdiccionales de moderación equitativa que, en determinados supuestos excepcionales, se reconocen en materia civil), de conceder al deudor un plazo suplementario de gracia para el cumplimiento tardío de sus obligaciones, práctica que el legislador mercantil rechaza expresamente en aras de la seguridad y de la certeza que debe presidir el cumplimiento de las obligaciones en el tráfico profesional. La justificación de esta regla reside en que el deudor mercantil, a diferencia del civil, es normalmente un profesional que conoce y asume los riesgos propios de su actividad, y que dispone de mecanismos técnicos y financieros (líneas de crédito, descuento de efectos) para hacer frente puntualmente a sus obligaciones, de manera que la concesión de plazos de gracia no reclamados expresamente introduciría una incertidumbre incompatible con las exigencias de rapidez y de previsibilidad del tráfico mercantil.
La solidaridad como regla general en las obligaciones mercantiles plurales
Frente a la regla general del Derecho civil, conforme a la cual la concurrencia de dos o más deudores u obligados en una misma obligación se presume mancomunada, de manera que cada uno de ellos responde únicamente de su parte proporcional en la deuda, salvo que se hubiera pactado expresamente la solidaridad, en el ámbito mercantil rige el criterio inverso: cuando dos o más personas se obligan mercantilmente de forma conjunta en un mismo negocio jurídico, existe una clara tendencia doctrinal y jurisprudencial a admitir la solidaridad, de manera que cualquiera de los codeudores puede ser compelido al pago íntegro de la deuda, quedando a salvo su derecho de repetición interna frente a los demás codeudores por sus respectivas cuotas. Debe advertirse, sin embargo, que el Código de Comercio no contiene un precepto general que formule expresamente esa presunción y que el art. 1137 del Código Civil, aplicable supletoriamente, presume la mancomunidad; la solidaridad se deduce de manifestaciones legales concretas (la responsabilidad de los socios colectivos, la fianza mercantil, las obligaciones de los distintos firmantes de una letra de cambio) o de la voluntad de las partes, y constituye una manifestación más del principio general de rigor que caracteriza a las obligaciones mercantiles, y facilita considerablemente la posición del acreedor mercantil, que puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de los codeudores por la totalidad de la deuda, sin necesidad de demandar conjuntamente a todos ellos ni de dividir su reclamación en tantas cuotas como codeudores existan.
El devengo de intereses en las obligaciones mercantiles
El Código de Comercio establece, en el ámbito de las obligaciones mercantiles, un régimen de devengo de intereses moratorios más riguroso que el previsto con carácter general en el Derecho civil: conforme al art. 63 CCom, los efectos de la morosidad comienzan, en los contratos que tengan día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento previo; y en los que no lo tengan, desde el día en que el acreedor interpele judicialmente al deudor o le intime la protesta de daños y perjuicios ante un juez, notario u otro oficial público. La regla es similar a la del art. 1100.2 CC (mora automática cuando la obligación o la ley así lo declaran), pero el Código de Comercio la generaliza a los contratos mercantiles con día señalado, mientras que el Derecho civil exige con carácter general la intimación del acreedor. Por lo que se refiere a la cuantía, el art. 316 y siguientes del Código de Comercio regulan los intereses del préstamo mercantil, y el art. 317 permite capitalizar los intereses líquidos y vencidos que no se paguen para que devenguen otros nuevos (anatocismo pactado), sin perjuicio de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, que declara nulo el préstamo con interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Este régimen de mora automática (dies interpellat pro homine, el propio vencimiento del plazo hace las veces de requerimiento) responde nuevamente al principio de rigor que caracteriza a las obligaciones mercantiles, y se ve además reforzado por normativa especial más reciente, en particular por la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que fija un tipo de interés de demora específico, superior al legal ordinario, aplicable automáticamente a las operaciones comerciales entre empresas y entre empresas y Administraciones Públicas cuando no se hubiera pactado un interés distinto o cuando el pactado resultara manifiestamente abusivo para el acreedor.
La morosidad en las operaciones comerciales (Ley 3/2004)
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, constituye la norma especial de referencia en materia de plazos de pago y de consecuencias del retraso en las relaciones comerciales entre empresas, y entre empresas y Administraciones Públicas, transponiendo al ordenamiento español sucesivas Directivas comunitarias sobre la materia. La ley fija un plazo máximo de pago de treinta días desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, ampliable hasta sesenta días mediante pacto expreso entre las partes cuando ello no resulte manifiestamente abusivo para el acreedor, y establece que, transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido el pago, el deudor incurre automáticamente en mora, sin necesidad de requerimiento previo, devengándose un tipo de interés de demora que, a falta de pacto, es el resultado de sumar ocho puntos porcentuales al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día natural del semestre de que se trate, tipo notablemente superior al interés legal del dinero ordinario. La ley reconoce además al acreedor el derecho a una indemnización por los costes de cobro, que no puede ser inferior a una cuantía fija de cuarenta euros, sin perjuicio de que pueda reclamar los costes que superen esa cuantía acreditándolos. Es nula la cláusula que resulte gravemente abusiva para el acreedor, y la ley fue reformada, entre otras normas, por la Ley 15/2010, de 5 de julio, y por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que reforzó las obligaciones de información sobre períodos de pago y previó la facturación electrónica entre empresas (cuya aplicación efectiva depende de su desarrollo reglamentario). Se transpone en la ley la Directiva 2011/7/UE, reforzando así la protección del acreedor mercantil frente a las consecuencias del impago o del pago tardío en las relaciones comerciales entre empresas.
Concepto de contrato mercantil
El contrato mercantil puede definirse como el acuerdo de voluntades dirigido a crear, modificar o extinguir una relación jurídica de contenido patrimonial, celebrado en el ejercicio de una actividad empresarial o que, por sus circunstancias objetivas, resulta calificado como mercantil por la ley, quedando en tal caso sometido, en cuanto a su régimen jurídico, a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y en las leyes mercantiles especiales, y solo supletoriamente a las normas generales del Derecho civil de obligaciones y contratos. A diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos que cuentan con una teoría general y unitaria del contrato mercantil claramente diferenciada de la civil, el Derecho español no dispone de una regulación general y sistemática de la contratación mercantil equiparable a la del Código Civil para los contratos civiles, sino que el Código de Comercio se limita a establecer determinadas reglas especiales de aplicación preferente sobre algunos aspectos concretos (forma, perfección, prueba), y a regular de forma individualizada los distintos tipos contractuales mercantiles típicos (compraventa mercantil, comisión, depósito mercantil, transporte, seguro, contratos bancarios), remitiéndose en todo lo demás a los principios generales de la teoría del contrato elaborados por el Derecho civil, aplicables con carácter supletorio.
Criterios de mercantilidad del contrato
La determinación de si un contrato concreto reviste naturaleza mercantil o civil resulta relevante por las importantes consecuencias jurídicas que de ello derivan (forma, prueba, prescripción, jurisdicción competente en determinados supuestos), y se articula en torno a distintos criterios combinados, sin que exista un criterio único y universal aplicable a todos los contratos regulados por el Código de Comercio. Para algunos contratos, el Código atiende a un criterio subjetivo, vinculado a la condición de empresario de al menos una de las partes contratantes (así sucede, en cierta medida, con el depósito mercantil, art. 303 CCom, que exige que las cosas depositadas sean objeto de comercio, que el depositario sea al menos comerciante y que se haga con causa de operaciones mercantiles, o con la comisión mercantil, art. 244 CCom, o el préstamo mercantil, art. 311 CCom). Para otros, atiende a un criterio objetivo, vinculado a la naturaleza del propio objeto o de la operación (así, la compraventa mercantil, art. 325 CCom, exige que se trate de cosas muebles compradas con el ánimo de revenderlas, con lucro, ya sea en la misma forma en que se compraron o en otra distinta). Para otros, en fin, el criterio decisivo es puramente formal, atendiendo a la propia regulación positiva que el Código de Comercio dedica a un determinado contrato con independencia de las condiciones subjetivas u objetivas concurrentes (como sucede, típicamente, con el contrato de seguro o con los contratos bancarios, calificados como mercantiles por su propia regulación legal, con independencia de la condición de las partes contratantes concretas).
Tipos contractuales mercantiles y su regulación
Entre los contratos mercantiles típicos cabe recordar los siguientes. La compraventa mercantil (arts. 325 y siguientes CCom); el suministro; la permuta mercantil; la comisión mercantil (arts. 244 y siguientes CCom); el depósito mercantil (arts. 303 y siguientes); el préstamo mercantil (arts. 311 y siguientes); el contrato de transporte terrestre de mercancías (Ley 15/2009, que sustituyó a los arts. 349 y siguientes del Código de Comercio) y el transporte marítimo (Ley 14/2014, de Navegación Marítima); el contrato de seguro (Ley 50/1980, de 8 de octubre); el contrato de agencia (Ley 12/1992, de 27 de mayo); la franquicia (Real Decreto 201/2010); las cuentas en participación (arts. 239 y siguientes CCom); y los contratos bancarios y de mercado de valores. Se clasifican además en bilaterales o unilaterales, onerosos o gratuitos, consensuales o reales, formales o no formales, de tracto único o sucesivo, típicos o atípicos y de adhesión o negociados.
Clases de contratos mercantiles: de cambio, de colaboración, de garantía
Los contratos mercantiles admiten diversas clasificaciones, siendo una de las más relevantes desde el punto de vista de su función económica la que distingue entre contratos de cambio, de colaboración y de garantía. Los contratos de cambio son aquellos cuya función económica consiste en el intercambio de bienes, servicios o dinero entre las partes contratantes, constituyendo el instrumento jurídico básico de circulación de la riqueza en el tráfico mercantil, siendo su ejemplo paradigmático la compraventa mercantil, junto con el suministro, el transporte o el arrendamiento de bienes muebles con finalidad empresarial. Los contratos de colaboración son aquellos en los que las partes no se limitan a intercambiar prestaciones, sino que cooperan de forma más o menos estable en la consecución de un fin económico común o en la promoción de la actividad de una de ellas, siendo sus ejemplos característicos la comisión mercantil, la agencia, la distribución o el contrato de cuentas en participación. Los contratos de garantía son aquellos cuya función es reforzar el cumplimiento de una obligación principal, típicamente mediante la constitución de una fianza, un aval o una prenda de naturaleza mercantil, en beneficio del acreedor de dicha obligación principal, categoría que presenta una función instrumental o accesoria respecto de otra relación jurídica preexistente cuyo cumplimiento pretende asegurar.
El principio de libertad de forma en la contratación mercantil
El art. 51 del Código de Comercio consagra el principio de libertad de forma como regla general de la contratación mercantil, disponiendo que serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que tengan por objeto, con tal de que conste su existencia por alguno de los medios que el Derecho civil tenga establecidos, salvo los casos en que la ley exija una forma o solemnidad determinada para su validez, excepciones que el art. 52 del Código de Comercio concreta en los contratos que con arreglo al Código o a las leyes especiales deban reducirse a escritura u otra forma determinada de documento y en los celebrados en país extranjero en que la ley exija escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez. Este principio, de enorme trascendencia práctica en el tráfico mercantil, responde a las exigencias de agilidad y de rapidez que caracterizan a las relaciones comerciales, en las que la exigencia generalizada de formas solemnes (escritura pública, documento privado) supondría un obstáculo incompatible con el volumen y la velocidad de las operaciones que a diario se celebran entre empresarios, permitiendo así la validez de contratos mercantiles celebrados verbalmente, mediante correspondencia comercial, mediante conducta concluyente de las partes, o incluso, en la práctica actual, mediante medios electrónicos o telemáticos, sin que la ausencia de un documento escrito específico prive de validez y de eficacia obligatoria al contrato así celebrado, siempre que pueda acreditarse su existencia por alguno de los medios de prueba admitidos en Derecho.
Contratos mercantiles que exigen forma especial
El principio general de libertad de forma que consagra el art. 51 del Código de Comercio admite, sin embargo, excepciones expresamente previstas por la ley para determinados contratos mercantiles, en atención a la especial trascendencia de los intereses en juego o a la necesidad de dotar de una publicidad reforzada a determinadas operaciones. Así, la constitución de sociedades mercantiles exige, como se ha estudiado, el otorgamiento de escritura pública como requisito de forma previo a su inscripción registral; el contrato de seguro exige su formalización por escrito (art. 5 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro), aunque se discute su carácter consensual y su falta no impide la eficacia del contrato entre las partes si puede probarse por otros medios; el contrato de transporte puede documentarse en la carta de porte o en el conocimiento de embarque, que son documentos probatorios y, en su caso, títulos valores, pero no requisitos de validez; la hipoteca naval y otros derechos reales de garantía sobre buques y aeronaves exigen escritura pública e inscripción registral para su válida constitución frente a terceros; y determinados contratos bancarios y de mercado de valores están sujetos a exigencias formales específicas derivadas de la normativa de protección de los inversores y consumidores financieros. Estas excepciones, de interpretación restrictiva por su carácter excepcional frente a la regla general de libertad de forma, no desvirtúan el principio general que preside la contratación mercantil, sino que responden a exigencias específicas y tasadas de cada tipo contractual concreto.
Perfección de los contratos mercantiles: momento y lugar
La perfección del contrato mercantil, esto es, el momento en que se produce el encuentro de voluntades entre las partes que da lugar al nacimiento de la relación contractual, se rige, con carácter general, por las mismas reglas del Derecho civil relativas al consentimiento contractual (oferta y aceptación), aplicables supletoriamente al no existir en el Código de Comercio una regulación general y completa sobre esta materia, si bien con determinadas especialidades derivadas de la contratación entre personas no presentes, de particular relevancia práctica en el ámbito mercantil dada la frecuencia con que los comerciantes contratan entre plazas distantes mediante correspondencia u otros medios de comunicación a distancia. El momento y el lugar de perfección del contrato resultan jurídicamente relevantes a múltiples efectos: la determinación de la ley aplicable en contratos con elemento de extranjería, la fijación del momento a partir del cual el oferente ya no puede retirar libremente su oferta, la determinación del lugar de cumplimiento de las obligaciones cuando las partes no lo hubieran pactado expresamente, y la fijación del dies a quo para el cómputo de determinados plazos contractuales o legales vinculados al propio momento de perfección del contrato.
La contratación entre ausentes en materia mercantil
El art. 54 del Código de Comercio, en la redacción dada por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, establece que hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación, o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe, y que el contrato se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Esto consagra la teoría de la cognición, con la matización de la buena fe, y la solución coincide con la del art. 1262 del Código Civil. Antes de esa reforma el Código de Comercio seguía la teoría de la emisión (los contratos por correspondencia quedaban perfeccionados desde que se contestaba aceptando la propuesta), de modo que debe prestarse atención a la fecha de la norma que se cita en las preguntas. La regulación tiene una notable relevancia práctica para determinar con precisión el momento a partir del cual el contrato mercantil despliega plena eficacia vinculante entre las partes, así como para resolver los conflictos que puedan plantearse sobre la revocabilidad de la oferta o de la propia aceptación antes de que se hubiera producido, en los términos legalmente exigidos, el efectivo conocimiento de esta última por parte del oferente originario.
Contratación por vía electrónica (Ley 34/2002)
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) establece que los contratos celebrados por vía electrónica producen todos los efectos previstos por el ordenamiento cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez (art. 23), y que su prueba se rige por las reglas generales, admitiéndose el soporte electrónico como prueba documental (art. 24). El oferente debe facilitar información previa y, después de la aceptación, confirmar la recepción de la aceptación por correo electrónico u otro medio equivalente dentro de las veinticuatro horas siguientes, o mediante acuse de recibo inmediato (art. 28). Salvo pacto en contrario, los contratos electrónicos entre empresarios se presumen celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios, y si interviene un consumidor, en el de su residencia habitual (art. 29). La firma electrónica se regula en el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
La contratación mercantil mediante condiciones generales
La contratación mediante condiciones generales, fenómeno característico de la producción y distribución en masa de bienes y servicios propia de la economía moderna, presenta en el ámbito mercantil una relevancia práctica extraordinaria, dado que buena parte de los contratos que los empresarios celebran tanto con consumidores como entre sí (contratos de suministro, de distribución, bancarios, de seguro) se articulan mediante cláusulas predispuestas unilateralmente por una de las partes (predisponente) e incorporadas a una pluralidad de contratos, sin negociación individual con la contraparte. Su régimen jurídico se encuentra fundamentalmente en la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación, que exige, para su válida incorporación al contrato, el cumplimiento de determinados requisitos de transparencia, accesibilidad y comprensibilidad, y que establece un control de incorporación (sobre la mera inclusión válida de la cláusula en el contrato) y, en el caso de contratos con consumidores, un control adicional de contenido o de abusividad, previsto únicamente para los contratos con consumidores (arts. 80 y siguientes del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, y art. 8.2 de la Ley 7/1998). En los contratos entre empresarios solo rige el control de incorporación (arts. 5 y 7 de la Ley 7/1998) y la nulidad de las condiciones que contravengan una norma imperativa (art. 8.1), sin control de abusividad, dado que entre profesionales rige con mayor intensidad el principio de autonomía de la voluntad. La ley prevé acciones colectivas (cesación, retractación y declarativa) y la inscripción de las condiciones generales en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
Medios de prueba de los contratos mercantiles
El art. 51 del Código de Comercio, tras consagrar el principio de libertad de forma, remite en cuanto a los medios de prueba admisibles para acreditar la existencia de los contratos mercantiles a los que el Derecho civil tiene establecidos, esto es, fundamentalmente a los regulados con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Civil (documentos públicos y privados, interrogatorio de las partes, testificales, pericial, reconocimiento judicial y medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen), sin que exista, por tanto, un sistema de prueba tasada propio y específico del Derecho mercantil que difiera sustancialmente del régimen procesal común, salvo en determinados aspectos puntuales relativos al valor probatorio reforzado de determinados documentos característicos del tráfico mercantil, como los libros de los comerciantes o la correspondencia comercial. Esta remisión al régimen general de prueba civil, complementada con las especialidades puntuales que a continuación se estudian, refleja la falta de un cuerpo autónomo y completo de normas procesales exclusivamente mercantiles en el Derecho español, sin perjuicio de la existencia de determinados procedimientos especiales de tramitación preferentemente aplicados a asuntos de naturaleza mercantil, como el juicio cambiario ya estudiado en el tema anterior, o de la especialización de determinados órganos jurisdiccionales (los Juzgados de lo Mercantil) en el conocimiento de esta materia.
Reclamación de deudas mercantiles: monitorio, juicio cambiario y soluciones extrajudiciales
Para reclamar deudas dinerarias, vencidas y exigibles de cantidad determinada, la Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece el proceso monitorio (arts. 812 y siguientes), con un límite cuantitativo de 250.000 euros, mediante petición inicial acompañada de documentos que den apariencia de buen derecho (facturas, albaranes, certificaciones, documentos firmados). Si el deudor no paga ni se opone, se despacha ejecución. Para letras, cheques y pagarés existe el juicio cambiario. Además, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, exige, para demandar en la jurisdicción civil y mercantil, haber intentado previamente un medio adecuado de solución de controversias (negociación, mediación, conciliación, oferta vinculante, opinión de experto independiente), con excepciones como el proceso monitorio y las medidas cautelares. El requisito debe acreditarse al presentar la demanda. La ley dispone también la sustitución de los antiguos Juzgados de lo Mercantil por las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia, en el proceso de implantación de estos tribunales.
Valor probatorio de la correspondencia mercantil y las facturas
La correspondencia mercantil, entendida como el conjunto de cartas, telegramas, télex, fax o comunicaciones electrónicas cruzadas entre comerciantes con ocasión de sus relaciones de negocio, constituye un medio de prueba documental de particular relevancia en los litigios mercantiles, dado que refleja habitualmente el proceso de negociación, la oferta, la aceptación y las condiciones concretas pactadas en cada operación, siendo valorada por los tribunales conforme a las reglas generales de la prueba documental, sin que goce, no obstante, de un valor probatorio tasado o privilegiado superior al de cualquier otro documento privado. Las facturas, por su parte, constituyen el documento mercantil por excelencia para acreditar la existencia y el contenido de una operación de compraventa o de prestación de servicios entre empresarios, cumpliendo además una función tributaria esencial como justificante de las operaciones a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Sociedades, si bien su valor probatorio en el ámbito estrictamente civil o mercantil no es absoluto, pudiendo ser desvirtuado mediante prueba en contrario, especialmente cuando la factura no hubiera sido expresamente aceptada o consentida por el destinatario, en cuyo caso la jurisprudencia exige, para su plena eficacia probatoria frente a este, la concurrencia de otros elementos adicionales que corroboren la efectiva realización de la operación facturada.
La factura: obligación de expedir, requisitos y plazos
La obligación de expedir factura por las operaciones realizadas por empresarios y profesionales se regula en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Las facturas deben expedirse en el momento de realizarse la operación, y cuando el destinatario sea un empresario que actúe como tal y necesite la factura para ejercer el derecho a la deducción, a más tardar el día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya devengado el impuesto. Deben contener los datos exigidos por el Reglamento (número, fecha de expedición, datos de expedidor y destinatario, descripción de la operación, base imponible, tipo y cuota del IVA y fecha de la operación). Los documentos deben conservarse durante el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias y, por exigencia del Código de Comercio, durante seis años (art. 30 CCom). Las facturas constituyen un medio de prueba de la relación contractual, pero no prueba plena, y la aceptación expresa o tácita del destinatario (por ejemplo, el pago parcial o la falta de protesta) refuerza su valor probatorio.
La alteración sobrevenida de las circunstancias: la cláusula rebus sic stantibus
La doctrina de la alteración sobrevenida de las circunstancias, conocida tradicionalmente por la expresión latina cláusula rebus sic stantibus, es una construcción de origen jurisprudencial y doctrinal, no positivizada de forma expresa y general en el Código Civil ni en el Código de Comercio, que permite, con carácter excepcional, la revisión o incluso la resolución de un contrato de tracto sucesivo o de ejecución diferida cuando, con posterioridad a su celebración, sobreviene una alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias que existían en el momento de contratar, de tal entidad que provoca una desproporción exorbitante y no querida por las partes entre las prestaciones recíprocamente asumidas, rompiendo la base económica del negocio sobre la que este se había concertado. Su fundamento último se encuentra en el principio general de buena fe contractual y en la propia función económica del contrato como instrumento de intercambio equilibrado de prestaciones, que quiebra cuando la ejecución literal del contrato, en las nuevas circunstancias sobrevenidas, produce un resultado radicalmente distinto y más gravoso del que las partes razonablemente pudieron prever y aceptar al tiempo de contratar, aplicándose esta doctrina con especial intensidad en el ámbito de los contratos mercantiles de tracto sucesivo y de larga duración (arrendamientos de local de negocio, contratos de distribución o de suministro), particularmente afectados por crisis económicas generales o sectoriales sobrevenidas.
Requisitos para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha ido flexibilizando progresivamente su tradicional aplicación restrictiva de esta doctrina, exige, para su estimación, la concurrencia de varios requisitos cumulativos: en primer lugar, que se trate de una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración, de entidad tal que exceda de los riesgos normales inherentes al tipo de contrato de que se trate; en segundo lugar, que dicha alteración sea imprevisible, esto es, que no pudiera haber sido razonablemente prevista por las partes al tiempo de contratar, atendiendo a la naturaleza del contrato y a las circunstancias concurrentes; en tercer lugar, que provoque una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las prestaciones de las partes, que verdaderamente destruya el equilibrio de las prestaciones contractualmente asumidas; y, en cuarto lugar, que dicha alteración no sea imputable a la parte que pretende invocar la doctrina, ni haya sido asumida contractualmente por esta como un riesgo propio del negocio celebrado. La jurisprudencia más reciente, especialmente a raíz de crisis económicas generalizadas de gran intensidad, ha admitido con mayor flexibilidad la aplicación de esta doctrina, particularmente en su vertiente moderadora (revisión de las condiciones del contrato) frente a su vertiente resolutoria (extinción del vínculo contractual), reservando esta última a los supuestos de mayor gravedad e irreversibilidad de la alteración sobrevenida.
Efectos de la excesiva onerosidad sobrevenida sobre el contrato
Cuando concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la aplicación de la doctrina de la alteración sobrevenida de las circunstancias, el efecto jurídico que de ella se deriva no es, con carácter general y preferente, la resolución o extinción automática del contrato, sino su revisión o modificación con el fin de restablecer el equilibrio económico originariamente querido por las partes, mediante la reducción de la prestación excesivamente onerosa, la modificación del precio o de la contraprestación pactada, o el aplazamiento temporal del cumplimiento, en aplicación del criterio de conservación del negocio jurídico que informa el moderno Derecho de contratos, que prefiere, siempre que ello resulte posible, la adaptación del contrato a las nuevas circunstancias sobrevenidas antes que su completa extinción, que perjudicaría a ambas partes contratantes al frustrar definitivamente la operación económica pretendida. Solo en los supuestos de mayor gravedad, en los que la propia finalidad económica del contrato hubiera quedado radicalmente frustrada por la alteración sobrevenida, o en los que la revisión de las prestaciones no resultara técnicamente posible o suficiente para restablecer el equilibrio contractual roto, cabe acudir, como remedio de ultima ratio, a la resolución del contrato, correspondiendo en todo caso a los tribunales, a falta de acuerdo entre las partes, la fijación de la concreta medida de adaptación o, en su caso, la declaración de la procedencia de la resolución solicitada.
Efectos de la alteración sobrevenida: contexto normativo y propuestas
La doctrina rebus sic stantibus carece en el Derecho común español de una consagración legislativa general. Otros textos sí la regulan: los Principios UNIDROIT (hardship), los Principios de Derecho Contractual Europeo (art. 6:111) y, en el ámbito autonómico, el Código Civil de Cataluña (art. 621-48). Existen propuestas de reforma, como la Propuesta de Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos (2009) y el Anteproyecto de Código Mercantil (2014), que preven la revisión del contrato cuando se produzca una alteración extraordinaria e imprevisible. El Tribunal Supremo ha subrayado que la crisis económica general no basta por sí sola para aplicar la doctrina, que debe interpretarse de forma restrictiva y con un criterio normativo que pondere el reparto del riesgo contractual y la causa del contrato, y que no cabe aplicarla cuando existe una cláusula que asigna el riesgo a una de las partes. Durante la pandemia de 2020 se aprobaron normas sectoriales de excepción (moratorias en arrendamientos y créditos). En la práctica, las partes suelen incorporar cláusulas de revisión o de renegociación (hardship, fuerza mayor) en los contratos de larga duración.
La prescripción en el Derecho Mercantil: remisión al Código Civil
El Código de Comercio no contiene una regulación general y sistemática de la prescripción extintiva de las acciones mercantiles equiparable a la existente en el Código Civil, limitándose a establecer determinados plazos especiales de prescripción para acciones concretas derivadas de contratos mercantiles típicos, remitiéndose en todo lo demás —cómputo de los plazos, causas de interrupción, efectos de la prescripción ganada, distinción entre prescripción y caducidad— a las reglas generales sobre la prescripción de las acciones contenidas en el Código Civil, aplicables con carácter supletorio al Derecho mercantil en virtud de la relación general de supletoriedad que rige entre ambos ordenamientos, reconocida expresamente en el art. 2 del Código de Comercio. Esta técnica de remisión explica que, salvo los plazos especiales de prescripción que se estudian a continuación, las acciones derivadas de obligaciones y contratos mercantiles queden sujetas al plazo general de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado un término especial de prescripción, fijado en cinco años por el art. 1964.2 del Código Civil tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, plazo que ha sustituido al anterior de quince años, notablemente más extenso, vigente con anterioridad a dicha reforma. La Ley 42/2015 contiene un régimen transitorio (disposición transitoria quinta del Código Civil) para las acciones nacidas antes de su entrada en vigor, el 7 de octubre de 2015. El plazo comienza a contarse desde el día en que la acción pudo ejercitarse (art. 1969 CC), la prescripción ganada puede renunciarse (art. 1935 CC) y debe ser alegada por la parte, sin que pueda apreciarse de oficio.
Plazos especiales de prescripción de acciones mercantiles
El Código de Comercio y las leyes mercantiles especiales establecen determinados plazos de prescripción específicos, más breves que el plazo general civil, para acciones derivadas de contratos mercantiles típicos, en atención a las exigencias de rapidez y de seguridad jurídica que caracterizan al tráfico mercantil y que aconsejan no mantener indefinidamente abierta, durante plazos prolongados, la posibilidad de reclamación judicial de las obligaciones derivadas de estas operaciones. Así, las acciones cambiarias derivadas de la letra de cambio, el pagaré y el cheque están sujetas a plazos de prescripción especialmente breves conforme a la Ley Cambiaria y del Cheque, notablemente inferiores al plazo general civil (tres años para la acción directa contra el aceptante y su avalista, contados desde la fecha de vencimiento de la letra; un año para las acciones de regreso del tenedor contra los endosantes, el librador y sus avalistas; y seis meses para las acciones de regreso de unos obligados cambiarios contra otros). Otros contratos mercantiles típicos cuentan igualmente con plazos de prescripción especiales fijados por su normativa propia, como el contrato de transporte terrestre de mercancías (Ley 15/2009, cuyas acciones prescriben, con carácter general, al año) o el contrato de seguro, cuyas acciones prescriben a los dos años en los seguros de daños y a los cinco años en los de personas (art. 23 de la Ley 50/1980). El plazo general de cinco años se aplica con carácter residual a las obligaciones mercantiles que carecen de plazo especial propio.
Interrupción de la prescripción mercantil
Al carecer el Código de Comercio de una regulación propia sobre las causas de interrupción de la prescripción de las acciones mercantiles, resulta de aplicación supletoria el régimen general establecido en el art. 1973 del Código Civil, conforme al cual la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor, y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, produciendo la interrupción el efecto de inutilizar por completo el tiempo transcurrido hasta ese momento, de manera que, desaparecida la causa interruptiva, comienza a computarse íntegramente de nuevo el plazo legal de prescripción aplicable, sin que pueda sumarse el periodo transcurrido con anterioridad a la interrupción, a diferencia de lo que sucede en el régimen de la caducidad, en el que, con carácter general, no cabe la interrupción del plazo por ninguna de estas causas. La aplicación de estas reglas generales civiles de interrupción a las acciones mercantiles resulta especialmente relevante en la práctica, dado que buena parte de los litigios mercantiles se ven precedidos de un periodo más o menos prolongado de negociaciones, requerimientos y reclamaciones extrajudiciales entre las partes, cuya correcta calificación como actos interruptivos de la prescripción, o su falta de eficacia a tales efectos, puede resultar determinante para la viabilidad de la acción finalmente ejercitada ante los tribunales.
Prescripción mercantil y prescripción tributaria: comparación
El opositor de Hacienda debe distinguir la prescripción civil o mercantil de la prescripción tributaria de la Ley 58/2003, General Tributaria (arts. 66 a 70). Prescriben a los cuatro años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y para exigir el pago de las deudas liquidadas y autoliquidadas, la acción para imponer sanciones tributarias, y el derecho a solicitar devoluciones o a obtener su reconocimiento (art. 66). Las facultades de comprobación e investigación respecto de hechos que hayan de surtir efectos en períodos no prescritos no están sujetas a prescripción (art. 115 LGT), pero el art. 66 bis limita a diez años el plazo para iniciar la comprobación de bases imponibles negativas, deducciones u otros créditos pendientes de compensación o aplicación. La prescripción tributaria se interrumpe por las acciones de la Administración o por actuaciones del obligado (art. 68), se aplica de oficio sin necesidad de que la invoque el obligado (art. 69.2), y la prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria (art. 69.1 LGT). La prescripción mercantil o civil, en cambio, no se aplica de oficio y se rige por plazos distintos (cinco años en general, art. 1964.2 CC).
La caducidad de acciones en el Derecho Mercantil
Frente a la prescripción, que extingue la acción por su falta de ejercicio durante el plazo legalmente establecido pero admite su interrupción por determinadas causas, la caducidad es una institución jurídica distinta que fija un plazo perentorio e improrrogable para el ejercicio de determinados derechos o acciones, transcurrido el cual estos se extinguen de forma automática, sin posibilidad de interrupción por reclamación extrajudicial ni por reconocimiento del obligado, y siendo generalmente apreciable de oficio por los tribunales, sin necesidad de que sea expresamente alegada por la parte demandada, a diferencia de la prescripción, que en el Derecho español debe ser alegada por quien pretenda beneficiarse de ella. El Derecho mercantil conoce diversos supuestos de plazos de caducidad, y no de prescripción, que resulta imprescindible distinguir correctamente en el examen: el plazo para el ejercicio de la acción de impugnación de acuerdos sociales, el plazo para el ejercicio del derecho de separación de los socios disidentes en determinadas modificaciones estructurales, o el plazo para el ejercicio del derecho de oposición de los acreedores en la fusión de sociedades, todos ellos configurados por la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria como auténticos plazos de caducidad y no de prescripción, con las importantes consecuencias prácticas que de dicha calificación se derivan en cuanto a su cómputo, a la posibilidad de interrupción y al régimen de su apreciación procesal.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ausencia de plazo de gracia (art. 61 CCom): en los contratos mercantiles no se reconocen términos de gracia o cortesía, salvo los prefijados en el contrato o apoyados en disposición terminante de derecho. Las obligaciones sin término son exigibles a los 10 días (acción ordinaria) o al día inmediato (si llevan aparejada ejecución), art. 62.
Mora automática (art. 63 CCom): si hay día señalado, los efectos de la morosidad comienzan al día siguiente del vencimiento sin requerimiento; si no hay día señalado, desde la interpelación judicial o la protesta de daños ante juez, notario u oficial público.
Ley 3/2004 de morosidad: plazo máximo de pago de 30 días (ampliable a 60 por pacto no abusivo) entre empresas; mora automática transcurrido el plazo; interés de demora = tipo BCE + 8 puntos; indemnización mínima de 40 euros por costes de cobro.
Criterios de mercantilidad del contrato: no hay uno único — subjetivo (condición de comerciante), objetivo (ánimo de reventa con lucro en la compraventa mercantil) y formal (regulación positiva propia, como en seguro o contratos bancarios).
Principio de libertad de forma (art. 51 CCom): los contratos mercantiles son válidos cualquiera que sea su forma, con las excepciones del art. 52 (forma o solemnidad exigida por la ley: constitución de sociedades, seguro por escrito, hipoteca naval).
Perfección entre ausentes (art. 54 CCom, reforma de la Ley 34/2002): teoría de la cognición matizada por la buena fe, igual que el art. 1262 CC; el contrato se presume celebrado en el lugar de la oferta. Antes de 2002 regía la teoría de la emisión.
Las facturas y la correspondencia mercantil se valoran como prueba documental ordinaria (sin valor tasado o privilegiado superior a cualquier otro documento privado), pudiendo desvirtuarse por prueba en contrario si no fueron aceptadas por el destinatario.
Cláusula rebus sic stantibus: doctrina jurisprudencial (no positivizada con carácter general) que exige alteración extraordinaria e imprevisible, desproporción exorbitante entre prestaciones, y que el riesgo no fuera asumido contractualmente ni imputable a quien la invoca.
El efecto preferente de la rebus sic stantibus es la REVISIÓN/adaptación del contrato (reducir prestación, modificar precio, aplazar cumplimiento), reservándose la resolución como remedio de última ratio cuando la revisión no baste.
Plazo general de prescripción de acciones personales sin plazo especial (aplicable por remisión a las mercantiles): 5 años (art. 1964 CC, tras la reforma de la Ley 42/2015, que sustituyó al anterior de 15 años).
Plazos especiales cambiarios (Ley Cambiaria): 3 años para la acción directa contra aceptante y su avalista; 1 año para la acción de regreso del tenedor; 6 meses para las acciones de regreso entre obligados cambiarios entre sí.
Prescripción (admite interrupción por reclamación judicial, extrajudicial o reconocimiento de deuda; debe alegarse por la parte) frente a caducidad (plazo perentorio, no se interrumpe, apreciable de oficio) — no confundir ambas figuras en examen.
Ejemplos mercantiles de plazos de CADUCIDAD (no prescripción): impugnación de acuerdos sociales, derecho de separación del socio disidente, derecho de oposición de los acreedores en la fusión.
En las obligaciones mercantiles plurales hay una tendencia a la solidaridad (socios colectivos, fianza mercantil, obligados cambiarios), pero no existe una presunción general legal: el art. 1137 CC presume la mancomunidad.
Art. 62 CCom: las obligaciones mercantiles sin término prefijado son exigibles a los diez días de contraídas si solo producen acción ordinaria, y al día inmediato si llevan aparejada ejecución.
Anatocismo mercantil (art. 317 CCom): los intereses vencidos y no pagados no devengan intereses, pero los contratantes pueden capitalizar los líquidos y vencidos; la usura se rige por la Ley de 23 de julio de 1908.
Condiciones generales (Ley 7/1998): control de incorporación en todos los contratos, y control de abusividad solo en contratos con consumidores (art. 8.2).
Contratos electrónicos (LSSI): confirmación de la aceptación en 24 horas; se presumen celebrados en el lugar del prestador (entre empresarios) o en la residencia habitual del consumidor.
Prescripción tributaria (LGT, art. 66): cuatro años; se aplica de oficio (art. 69.2) frente a la prescripción civil, que debe alegarse por la parte.
Facturas: el RD 1619/2012 exige expedirlas en el momento de la operación y, entre empresarios, antes del día 16 del mes siguiente al devengo.
El art. 52 CCom excepciona la libertad de forma en los contratos que deban reducirse a escritura u otra forma determinada y en los celebrados en el extranjero con solemnidades exigidas por la ley local.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
El derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda mediante liquidación prescribe, con carácter general, a los:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 17 de Hacienda (AEAT)?
Este tema aborda la parte general de la teoría de las obligaciones y los contratos mercantiles, esto es, aquellos principios y reglas comunes que el Código de Comercio establece frente al régimen general de las obligaciones y contratos del Código Civil, y que se justifican por las especiales exigencias de rapidez, seguridad y protección del crédito que caracterizan al tráfico mercantil frente al tráfico civil ordinario. Se estudian los rasgos que singularizan a la obligación mercantil (ausencia de plazo de gracia, solidaridad como regla general, devengo de intereses), los criterios de mercantilidad del contrato, el principio de libertad de forma que preside la contratación mercantil, el régimen de perfección de los contratos entre ausentes y por vía electrónica, y la relevancia de la doctrina de la alteración sobrevenida de las circunstancias (cláusula rebus sic stantibus) en el contexto mercantil.
El tema se cierra con el régimen de la prescripción mercantil, materia de calado eminentemente práctico para cualquier funcionario de la Agencia Tributaria, que debe distinguir con precisión los plazos de prescripción de las acciones civiles y mercantiles de los propios plazos de prescripción tributaria, y comprender la diferencia dogmática entre prescripción y caducidad en el ámbito de las relaciones mercantiles.
¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?
Ausencia de plazo de gracia (art. 61 CCom): en los contratos mercantiles no se reconocen términos de gracia o cortesía, salvo los prefijados en el contrato o apoyados en disposición terminante de derecho. Las obligaciones sin término son exigibles a los 10 días (acción ordinaria) o al día inmediato (si llevan aparejada ejecución), art. 62. Mora automática (art. 63 CCom): si hay día señalado, los efectos de la morosidad comienzan al día siguiente del vencimiento sin requerimiento; si no hay día señalado, desde la interpelación judicial o la protesta de daños ante juez, notario u oficial público. Ley 3/2004 de morosidad: plazo máximo de pago de 30 días (ampliable a 60 por pacto no abusivo) entre empresas; mora automática transcurrido el plazo; interés de demora = tipo BCE + 8 puntos; indemnización mínima de 40 euros por costes de cobro. Criterios de mercantilidad del contrato: no hay uno único — subjetivo (condición de comerciante), objetivo (ánimo de reventa con lucro en la compraventa mercantil) y formal (regulación positiva propia, como en seguro o contratos bancarios). Principio de libertad de forma (art. 51 CCom): los contratos mercantiles son válidos cualquiera que sea su forma, con las excepciones del art. 52 (forma o solemnidad exigida por la ley: constitución de sociedades, seguro por escrito, hipoteca naval). Perfección entre ausentes (art. 54 CCom, reforma de la Ley 34/2002): teoría de la cognición matizada por la buena fe, igual que el art. 1262 CC; el contrato se presume celebrado en el lugar de la oferta. Antes de 2002 regía la teoría de la emisión. Las facturas y la correspondencia mercantil se valoran como prueba documental ordinaria (sin valor tasado o privilegiado superior a cualquier otro documento privado), pudiendo desvirtuarse por prueba en contrario si no fueron aceptadas por el destinatario. Cláusula rebus sic stantibus: doctrina jurisprudencial (no positivizada con carácter general) que exige alteración extraordinaria e imprevisible, desproporción exorbitante entre prestaciones, y que el riesgo no fuera asumido contractualmente ni imputable a quien la invoca. El efecto preferente de la rebus sic stantibus es la REVISIÓN/adaptación del contrato (reducir prestación, modificar precio, aplazar cumplimiento), reservándose la resolución como remedio de última ratio cuando la revisión no baste. Plazo general de prescripción de acciones personales sin plazo especial (aplicable por remisión a las mercantiles): 5 años (art. 1964 CC, tras la reforma de la Ley 42/2015, que sustituyó al anterior de 15 años). Plazos especiales cambiarios (Ley Cambiaria): 3 años para la acción directa contra aceptante y su avalista; 1 año para la acción de regreso del tenedor; 6 meses para las acciones de regreso entre obligados cambiarios entre sí. Prescripción (admite interrupción por reclamación judicial, extrajudicial o reconocimiento de deuda; debe alegarse por la parte) frente a caducidad (plazo perentorio, no se interrumpe, apreciable de oficio) — no confundir ambas figuras en examen. Ejemplos mercantiles de plazos de CADUCIDAD (no prescripción): impugnación de acuerdos sociales, derecho de separación del socio disidente, derecho de oposición de los acreedores en la fusión. En las obligaciones mercantiles plurales hay una tendencia a la solidaridad (socios colectivos, fianza mercantil, obligados cambiarios), pero no existe una presunción general legal: el art. 1137 CC presume la mancomunidad. Art. 62 CCom: las obligaciones mercantiles sin término prefijado son exigibles a los diez días de contraídas si solo producen acción ordinaria, y al día inmediato si llevan aparejada ejecución. Anatocismo mercantil (art. 317 CCom): los intereses vencidos y no pagados no devengan intereses, pero los contratantes pueden capitalizar los líquidos y vencidos; la usura se rige por la Ley de 23 de julio de 1908. Condiciones generales (Ley 7/1998): control de incorporación en todos los contratos, y control de abusividad solo en contratos con consumidores (art. 8.2). Contratos electrónicos (LSSI): confirmación de la aceptación en 24 horas; se presumen celebrados en el lugar del prestador (entre empresarios) o en la residencia habitual del consumidor. Prescripción tributaria (LGT, art. 66): cuatro años; se aplica de oficio (art. 69.2) frente a la prescripción civil, que debe alegarse por la parte. Facturas: el RD 1619/2012 exige expedirlas en el momento de la operación y, entre empresarios, antes del día 16 del mes siguiente al devengo. El art. 52 CCom excepciona la libertad de forma en los contratos que deban reducirse a escritura u otra forma determinada y en los celebrados en el extranjero con solemnidades exigidas por la ley local.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio (arts. 2, 50 a 63, 244, 303, 311, 317, 325)
Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil (arts. 1100, 1137, 1262, 1964, 1969, 1973)
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (modificada por las Leyes 15/2010 y 18/2022)
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 66 a 70)
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (y del Código Civil, art. 1964)
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).