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Tema 8. La compraventa: Concepto y elementos. Contenido de la compraventa. El contrato de arrendamiento: Concepto y clases. El arrendamiento de fincas urbanas. El arrendamiento de fincas rústicas.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

Este tema desciende de la teoría general del contrato a dos figuras contractuales típicas de enorme relevancia práctica y económica: la compraventa, contrato traslativo por excelencia, regulada en el Código Civil (con la compraventa mercantil en el Código de Comercio); y el arrendamiento, cuya regulación codificada ha quedado en gran medida desplazada por la legislación especial (Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con sus reformas hasta la Ley 12/2023, y Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003), que el opositor debe conocer con precisión en sus plazos y reglas de prórroga, muy castigados en examen. Es tema de gran aplicación práctica para un Agente de la Hacienda Pública, que gestiona hechos imponibles vinculados a ambos contratos (ITP-AJD, IRPF de rendimientos de capital inmobiliario, IVA en determinados arrendamientos).

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Concepto y caracteres del contrato de compraventa (art. 1445 CC)

El artículo 1445 del Código Civil define la compraventa disponiendo que por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Sus caracteres esenciales son los de un contrato consensual (se perfecciona por el mero consentimiento sobre la cosa y el precio, conforme al artículo 1450 CC, sin necesidad de entrega ni de forma especial), bilateral o sinalagmático (genera obligaciones recíprocas para ambas partes: entrega para el vendedor, pago del precio para el comprador), oneroso (cada parte recibe una ventaja patrimonial a cambio de un sacrificio) y conmutativo (las prestaciones están determinadas desde el momento de la perfección, sin el elemento de incertidumbre propio de los contratos aleatorios). Es, además, el contrato traslativo de dominio por excelencia, aunque, conforme al sistema español de título y modo (artículo 609 CC), la compraventa por sí sola, en cuanto título, no transmite la propiedad, que solo se adquiere mediante la tradición o entrega de la cosa vendida en alguna de sus formas admitidas.

Elementos personales de la compraventa: comprador y vendedor

En el contrato de compraventa intervienen dos partes con posiciones jurídicas claramente diferenciadas y contrapuestas. El vendedor es quien se obliga a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador su posesión legal y pacífica (obligación de saneamiento), recibiendo a cambio el precio pactado. El comprador es quien se obliga a pagar el precio en el tiempo y lugar fijados por el contrato, adquiriendo correlativamente el derecho a exigir la entrega de la cosa vendida en las condiciones pactadas. Aunque lo habitual es que cada posición esté ocupada por una sola persona, nada impide que exista pluralidad de vendedores o de compradores (copropietarios que venden conjuntamente un bien común, o varios compradores que adquieren en régimen de proindiviso), aplicándose en tal caso las reglas generales sobre mancomunidad o solidaridad de las obligaciones según lo pactado o lo dispuesto por la ley. La compraventa puede además celebrarse a través de representante, legal o voluntario, en cuyo caso los efectos del contrato se producen directamente en la esfera jurídica del representado, sin perjuicio de las prohibiciones y limitaciones específicas que el propio Código establece para determinados representantes en el artículo 1459 CC.

Capacidad para comprar y vender; prohibiciones legales

El artículo 1457 del Código Civil establece la regla general de capacidad para el contrato de compraventa: podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las personas a quienes este Código autoriza para obligarse, salvo las modificaciones que respecto a determinadas personas contiene el propio Código, remitiendo así a las reglas generales de capacidad contractual y a las prohibiciones específicas que el propio texto legal establece. El artículo 1459 CC enumera un catálogo de prohibiciones subjetivas de comprar, fundadas en la necesidad de evitar situaciones de conflicto de intereses o de aprovechamiento de una posición de confianza o de poder: no podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia, los tutores respecto de los bienes de las personas que estén bajo su tutela; los mandatarios respecto de los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados; los albaceas respecto de los bienes confiados a su cargo; los empleados públicos respecto de los bienes del Estado, de los municipios, de los pueblos y de los establecimientos también públicos de cuya administración estuviesen encargados (prohibición extensible a los jueces y peritos que intervengan en la venta); y los magistrados, jueces, miembros del Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de Justicia y demás oficiales de justicia, respecto de los bienes y derechos en litigio ante el órgano en cuyo territorio ejerzan sus funciones (prohibición que alcanza también a la cesión), así como los abogados y procuradores respecto de los bienes y derechos objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio. El artículo 1458 CC, por su parte, permite a los cónyuges transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. La infracción de las prohibiciones del artículo 1459 CC determina la nulidad del contrato, según la jurisprudencia.

Elementos reales: la cosa vendida y el precio

Los elementos reales de la compraventa son la cosa vendida y el precio, que constituyen respectivamente el objeto de las obligaciones del vendedor y del comprador. La cosa vendida debe reunir los requisitos generales exigidos para el objeto de todo contrato conforme a los artículos 1271 a 1273 CC: ha de ser posible, lícita (no estar fuera del comercio de los hombres) y determinada o determinable, admitiéndose expresamente por el artículo 1271 CC la venta de cosas futuras (venta de cosa esperada, emptio rei speratae, en la que el contrato queda sujeto a la condición de que la cosa llegue a existir), así como la venta de una esperanza (emptio spei, en la que el comprador asume el riesgo de que la cosa no llegue a existir, debiendo pagar el precio en todo caso si hubo verdadera intención especulativa asumida). El artículo 1460 CC regula el supuesto de venta de cosa que hubiera perecido en su totalidad al tiempo de la celebración del contrato, disponiendo que quedará sin efecto la venta, y si hubiera perecido solo en parte, el comprador podrá optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en proporción al total convenido.

Requisitos del precio: cierto y en dinero

El precio de la compraventa debe reunir, conforme resulta del propio artículo 1445 CC y de los preceptos que lo desarrollan, dos requisitos esenciales. Debe ser cierto, esto es, determinado o determinable sin necesidad de nuevo convenio entre las partes: el artículo 1447 CC considera cierto el precio que lo es con referencia a otra cosa cierta, o cuyo señalamiento se deja al arbitrio de persona determinada, quedando ineficaz el contrato si esta no pudiere o no quisiere señalarlo; en cambio, el artículo 1448 CC declara ineficaz el contrato cuando el señalamiento del precio se deja al arbitrio de uno de los contratantes. Debe consistir en dinero o signo que lo represente, requisito que distingue la compraventa de la permuta (en la que la contraprestación consiste en la entrega de otra cosa), si bien el artículo 1446 CC admite el supuesto mixto en que el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa: el contrato se califica por la intención manifiesta de los contratantes y, si esta no consta, se tendrá por permuta si el valor de la cosa dada por vía de equivalente excede al del dinero o su equivalente, y por venta en el caso contrario.

Perfección del contrato de compraventa

El artículo 1450 del Código Civil, aplicando al contrato de compraventa el principio general de perfección consensual del artículo 1258 CC, dispone que la venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Este precepto es de la máxima importancia práctica porque desliga expresamente la perfección del contrato (que se produce por el mero acuerdo sobre cosa y precio) de su consumación (que exige la entrega efectiva de la cosa y el pago del precio), confirmando que la compraventa es, en el sistema español, un contrato meramente obligacional que no transmite por sí solo la propiedad: perfeccionada la venta, nace para el vendedor la obligación de entregar la cosa y para el comprador la obligación de pagar el precio, pero la transmisión efectiva del dominio requerirá, además, la concurrencia de la tradición conforme al artículo 609 CC. El artículo 1451 CC regula además la figura de la promesa de compra y venta recíprocas, que otorga a las partes el derecho a reclamarse recíprocamente el cumplimiento del contrato definitivo.

Obligaciones del vendedor: entrega y saneamiento

El artículo 1461 del Código Civil enumera las dos obligaciones fundamentales del vendedor: está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. La obligación de entrega, desarrollada en los artículos 1462 a 1473 CC, consiste en poner la cosa vendida en poder y posesión del comprador, pudiendo realizarse mediante tradición real, instrumental (el otorgamiento de escritura pública equivale a la entrega, artículo 1462.2 CC) o simbólica, y debiendo entregarse la cosa en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato; pertenecen al comprador todos los frutos desde el día en que se perfeccionó el contrato (artículo 1468 CC); para los bienes incorporales y los supuestos en que no cabe la entrega material, el artículo 1464 CC entiende por entrega el poner en poder del comprador los títulos de pertenencia o el uso que haga de su derecho consintiéndolo el vendedor. La obligación de saneamiento, por su parte, garantiza al comprador frente a dos tipos de perturbaciones en el disfrute pacífico de la cosa adquirida: el saneamiento por evicción, que protege frente a la privación total o parcial de la cosa por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra; y el saneamiento por vicios o defectos ocultos, que protege frente a defectos de la cosa que la hagan impropia para el uso a que se destina o disminuyan de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.

El saneamiento por evicción

El saneamiento por evicción, regulado en los artículos 1475 a 1483 del Código Civil, obliga al vendedor a responder frente al comprador cuando este se vea privado, total o parcialmente, de la cosa comprada, mediante sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, conforme define el artículo 1475 CC. El vendedor responde de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato, y los contratantes pueden aumentar, disminuir o suprimir esta obligación, si bien es nulo el pacto de exoneración cuando hubiere mala fe del vendedor (art. 1475 CC). Para que nazca la obligación de saneamiento es necesario (art. 1481 CC) que el comprador haya pedido la citación y emplazamiento del vendedor en el juicio, dándole así la oportunidad de defender el bien objeto del litigio antes de que recaiga sentencia firme que prive al comprador de la cosa. Los efectos de la evicción, regulados en el artículo 1478 CC, comprenden, si esta se ha realizado, el derecho del comprador a exigir del vendedor la restitución del precio que tuviere la cosa al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta; los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio; las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, las del seguido con el vendedor para el saneamiento; los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador; y los daños e intereses, y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe.

El saneamiento por vicios o defectos ocultos

El saneamiento por vicios ocultos, regulado en los artículos 1484 a 1499 del Código Civil, obliga al vendedor a responder de los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuviesen a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos (artículo 1484 CC). El comprador dispone, ante la existencia de vicios ocultos, de dos acciones alternativas conocidas como acciones edilicias: la acción redhibitoria, que persigue el desistimiento del contrato, con abono de los gastos que pagó, y la acción quanti minoris o estimatoria, que persigue la rebaja proporcional del precio, a elección del comprador conforme al artículo 1486 CC. El plazo para el ejercicio de estas acciones es de seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida, conforme al artículo 1490 CC, plazo de caducidad de duración notablemente más breve que el general de la anulabilidad. En las ventas a consumidores y usuarios, el régimen del Código Civil queda desplazado por el de la falta de conformidad del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDLeg 1/2007, Libro II, arts. 114 y siguientes, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que traspuso la Directiva (UE) 2019/771), que ofrece al consumidor remedios jerarquizados (reparación o sustitución y, subsidiariamente, rebaja del precio o resolución) y plazos de responsabilidad y de presunción de existencia de la falta de conformidad más amplios que los del Código Civil.

Obligaciones del comprador: pago del precio y recibo de la cosa

El artículo 1500 del Código Civil impone al comprador la obligación fundamental de pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato, y, si no se hubieren fijado, en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida, aplicando así a la compraventa la regla general del pago simultáneo característica de los contratos bilaterales de ejecución instantánea. El artículo 1501 CC precisa el devengo de intereses por el precio no pagado: el comprador deberá intereses por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio, en tres supuestos concretos: si así se hubiera convenido; si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta; y si se hubiese constituido en mora, con arreglo al artículo 1100 CC. Junto a esta obligación principal, el comprador tiene también el deber de recibir la cosa vendida en el tiempo y lugar convenidos, aunque el incumplimiento de este deber no se configura tanto como una verdadera obligación exigible por el vendedor, sino como una carga cuyo incumplimiento traslada al comprador los riesgos de pérdida o deterioro de la cosa y las consecuencias de la mora accipiendi (mora del acreedor).

El pacto de reserva de dominio

El pacto de reserva de dominio es una cláusula que las partes pueden incorporar libremente al contrato de compraventa, en ejercicio de la autonomía de la voluntad reconocida por el artículo 1255 CC, en cuya virtud el vendedor conserva la propiedad de la cosa vendida, pese a haberla entregado materialmente al comprador, hasta que este complete el pago íntegro del precio pactado, normalmente aplazado en varios plazos. No se trata de una figura expresamente regulada con carácter general en el Código Civil, sino de una construcción admitida por la autonomía privada y desarrollada especialmente en el ámbito de la venta a plazos de bienes muebles, donde encuentra reconocimiento legal expreso en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, que exige su constancia en el contrato y su inscripción en el registro correspondiente (el antiguo Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, hoy integrado en el Registro de Bienes Muebles) para su plena oponibilidad frente a terceros. Su función económica es reforzar la posición del vendedor frente al riesgo de impago, pues, al conservar la propiedad de la cosa, puede recuperarla directamente en caso de incumplimiento del comprador sin necesidad de acudir a las reglas generales sobre resolución contractual del artículo 1124 CC, aunque limitado por las garantías establecidas en favor del comprador por la legislación especial de protección de consumidores.

El retracto convencional y los retractos legales

El retracto convencional, regulado en los artículos 1507 a 1520 del Código Civil, es el pacto por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar la cosa vendida, reintegrando al comprador el precio de la venta y los gastos expresados en el artículo 1518 CC (artículo 1507 CC). El artículo 1508 CC fija el plazo máximo para el ejercicio de este derecho: no podrá exceder de diez años cuando se hubiere pactado un plazo, y de cuatro años en defecto de estipulación expresa sobre el plazo. Frente a este retracto de origen convencional, el artículo 1521 CC define el retracto legal como el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en el lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago, correspondiendo su ejercicio, cuando la ley lo reconoce, a determinadas personas que gozan de una posición jurídica especial respecto del bien enajenado: el retracto de comuneros (artículo 1522 CC, ya estudiado en sede de comunidad de bienes) y el retracto de colindantes (artículo 1523 CC, reconocido a los dueños de las tierras colindantes cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea), ambos con un plazo de ejercicio de nueve días desde la inscripción en el Registro, o, en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta (artículo 1524 CC).

La permuta: concepto y régimen jurídico

El artículo 1538 del Código Civil define la permuta como el contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra, distinguiéndose así de la compraventa precisamente en que la contraprestación no consiste en dinero, sino en la entrega de otra cosa distinta (si la contraprestación fuera parte en dinero y parte en otra cosa, se aplicaría la regla mixta del artículo 1446 CC, ya examinada). El artículo 1541 CC dispone que en todo lo que no se halle especialmente determinado en el título dedicado a la permuta, esta se regirá por las disposiciones concernientes a la venta, aplicándose así, con las adaptaciones necesarias derivadas de la ausencia de precio dinerario, todo el régimen general de la compraventa: obligaciones de entrega y saneamiento por evicción y por vicios ocultos, reglas sobre riesgo de pérdida de la cosa, capacidad de las partes. El artículo 1540 CC regula la particularidad de la evicción en la permuta: el permutante que pierde por evicción la cosa que recibió a cambio puede optar entre recuperar la que dio a cambio, si subsiste en poder del otro permutante, o reclamar la indemnización de daños y perjuicios, no pudiendo usar del derecho de recuperar la cosa dada en cambio si esta hubiese pasado a poder de un tercero de buena fe.

Concepto y clases del contrato de arrendamiento en el Código Civil

El artículo 1542 del Código Civil clasifica el arrendamiento, en su concepción amplia y unitaria propia de la codificación decimonónica, disponiendo que el arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios. Esta tripartición originaria del Código Civil ha quedado hoy en gran medida superada por la evolución normativa posterior: el arrendamiento de servicios y el arrendamiento de obras han derivado, respectivamente, hacia figuras propias del Derecho laboral (contrato de trabajo, cuando existe dependencia y ajenidad) y hacia la regulación específica del contrato de obra o de ejecución de obras (arts. 1588 y siguientes CC, con amplio desarrollo en la legislación sobre ordenación de la edificación), mientras que el arrendamiento de cosas, y en particular el de bienes inmuebles (fincas urbanas y rústicas), ha experimentado una intensísima regulación por leyes especiales que desplazan casi por completo la aplicación práctica de los preceptos originarios del Código Civil, reservados hoy a una función meramente supletoria respecto de aquellas y de aplicación directa únicamente a los arrendamientos de bienes muebles y a los supuestos residuales no cubiertos por la legislación especial.

Arrendamiento de cosas, de obras y de servicios

Dentro de la tripartición del artículo 1542 CC, el arrendamiento de cosas es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto (artículo 1543 CC), constituyendo el prototipo del contrato de arrendamiento propiamente dicho y comprendiendo tanto bienes muebles como inmuebles, si bien estos últimos cuentan hoy con regulación especial propia. El arrendamiento de obras, hoy denominado contrato de obra o de ejecución de obra, es aquel en que una de las partes se obliga a ejecutar una obra o prestar a la otra un servicio por precio cierto (artículo 1544 CC), distinguiéndose del contrato de trabajo precisamente por la ausencia de dependencia y de ajenidad: el contratista de obra asume el riesgo y ventura de la ejecución y responde de un resultado concreto (la obra terminada), mientras que el trabajador se obliga a prestar sus servicios bajo la dirección y organización del empresario, sin asumir el riesgo del resultado. El arrendamiento de servicios, por su parte, ha quedado prácticamente absorbido por el Derecho del Trabajo cuando concurren notas de dependencia y ajenidad, subsistiendo en el ámbito civil residual para prestaciones de servicios profesionales independientes no calificables como relación laboral.

Regulación especial del arrendamiento de fincas urbanas: la LAU 29/1994

El arrendamiento de fincas urbanas se rige fundamentalmente, desde su entrada en vigor, por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que sustituyó al régimen anterior (Ley de 1964, con su histórico sistema de prórroga forzosa) instaurando un modelo basado en la libertad de pacto sobre la duración del contrato, con determinados mínimos de protección legal para el arrendatario de vivienda. Esta ley ha sido objeto de sucesivas y relevantes reformas, entre las que destacan la Ley 4/2013, de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (que redujo los plazos mínimos de duración entonces vigentes), el Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (que amplió de nuevo dichos plazos mínimos y reforzó la protección del arrendatario), y la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, que ha introducido nuevas figuras como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, con limitaciones específicas a la actualización de la renta en esos ámbitos. Los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985 (los llamados de renta antigua, anteriores al Decreto-ley Boyer de 1985) continúan sometidos a las disposiciones transitorias de la propia LAU 1994. La LAU distingue en su articulado dos grandes regímenes: el arrendamiento de vivienda (Título II) y el arrendamiento para uso distinto del de vivienda (Título III), con niveles de protección legal muy diferentes.

Ámbito de aplicación de la LAU y arrendamientos excluidos

El artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos excluye expresamente de su ámbito de aplicación determinados arrendamientos que, pese a recaer sobre fincas urbanas, presentan especialidades que justifican su sometimiento a un régimen distinto: el uso de las viviendas por porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios, cuando sean asignadas por razón del cargo o del servicio; el uso de las viviendas militares; los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento (que se rigen por la legislación de arrendamientos rústicos); el uso de las viviendas universitarias, cuando hayan sido calificadas expresamente como tales por la universidad; y la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico derivado de su normativa sectorial. Estos arrendamientos excluidos se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por el Código Civil. Conviene distinguir el arrendamiento de vivienda (art. 2: edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario) del arrendamiento para uso distinto (art. 3), en el que se incluyen expresamente los arrendamientos de temporada, sean de verano o de cualquier otra época, y los celebrados para ejercer una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente. Los contratos de vivienda se rigen por los Títulos I, II, IV y V de la ley, y los de uso distinto por la voluntad de las partes, el Título III y, supletoriamente, el Código Civil (art. 4).

El arrendamiento de vivienda: régimen y duración

El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su redacción vigente tras la reforma del Real Decreto-ley 7/2019, establece que la duración del arrendamiento de vivienda será libremente pactada por las partes, si bien, si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance esa duración mínima, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. Este régimen de prórroga obligatoria constituye la principal garantía de estabilidad del arrendatario de vivienda frente a la libertad de pacto teórica sobre la duración, y presenta como única excepción relevante la necesidad de recuperar la vivienda arrendada por el arrendador para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o adopción, o para su cónyuge en determinados supuestos, siempre que se haya hecho constar expresamente esta posibilidad en el contrato.

La prórroga obligatoria y la tácita reconducción en la LAU

Cumplido el plazo mínimo legal de duración (cinco o siete años, según la naturaleza del arrendador), el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, si ninguna de las partes ha notificado a la otra, con al menos cuatro meses de antelación a la fecha de terminación del contrato (el arrendador) o con al menos dos meses (el arrendatario), su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorroga obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato. Si ninguna de las partes notifica su voluntad de no renovar en estos plazos, la prórroga de tres años opera, por tanto, por anualidades. Esta prórroga debe distinguirse de la tácita reconducción regulada con carácter general para todo tipo de arrendamiento por el artículo 1566 del Código Civil, aplicable supletoriamente: terminado el arrendamiento, si el arrendatario permanece quince días disfrutando de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1577 y 1581 CC, a menos que haya precedido requerimiento del arrendador exigiendo la devolución de la finca. La tácita reconducción del Código Civil da lugar a un nuevo contrato, no a la prórroga del anterior, con cesación de las obligaciones accesorias constituidas por terceros para garantizar el contrato principal (art. 1581 CC). Por su parte, el artículo 11 LAU permite al arrendatario desistir del contrato una vez transcurridos al menos seis meses, siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días; las partes pueden pactar una indemnización equivalente a una mensualidad de renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año.

La renta en el arrendamiento de vivienda y su actualización

El artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos consagra el principio de libertad de pacto en la fijación de la renta inicial del arrendamiento de vivienda, que se pagará en los plazos pactados (y, a falta de pacto, por meses vencidos, dentro de los siete primeros días del mes siguiente) y no podrá exigirse por adelantado más de una mensualidad, sin perjuicio de las limitaciones específicas que pueden establecerse para las viviendas situadas en zonas declaradas de mercado residencial tensionado conforme a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El artículo 18 LAU regula la actualización de la renta durante la vigencia del contrato: se producirá solo en los términos pactados por las partes y, a falta de pacto expreso, no se actualizará la renta. La referencia legal para actualizar ha estado condicionada por la desindexación de la economía española (Ley 2/2015, de 30 de marzo) y por topes temporales de actualización aprobados por reales decretos-ley durante los años de alta inflación; la Ley 12/2023 prevé un índice de referencia específico para la actualización anual de la renta, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, por lo que la redacción vigente del artículo 18 debe consultarse en el texto consolidado. En materia de gastos, la Ley 12/2023 modificó el artículo 20 LAU para que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corran a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica, y el artículo 36 LAU exige una fianza de una mensualidad de renta en el arrendamiento de vivienda y de dos en el de uso distinto, pudiendo pactarse garantías adicionales con un límite en el arrendamiento de vivienda (dos mensualidades).

Derechos de adquisición preferente del arrendatario: tanteo y retracto

El artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos reconoce al arrendatario de vivienda un derecho de adquisición preferente en caso de venta de la vivienda arrendada, articulado en su doble modalidad de tanteo (facultad de adquirir con preferencia a cualquier otro comprador, antes de que la venta se perfeccione, en las mismas condiciones ofrecidas por un tercero, dentro del plazo de treinta días naturales desde que se le notifique fehacientemente la decisión de vender, el precio y las demás condiciones esenciales de la transmisión) y retracto (si la venta se hubiese realizado sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos para el tanteo, o mediante precio o condiciones distintas a las notificadas, el arrendatario podrá ejercitar el retracto en el plazo de treinta días naturales, contados desde el siguiente a la notificación que en forma fehaciente deberá hacerle el nuevo adquirente de las condiciones en que se realizó la compraventa). El propio artículo 25 LAU admite que las partes puedan pactar la renuncia del arrendatario a este derecho; las condiciones y requisitos de esa renuncia han sido objeto de reformas, por lo que debe consultarse la redacción vigente. El derecho no se aplica cuando la vivienda se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble, ni cuando se vendan conjuntamente por un solo precio varias viviendas pertenecientes a distintos propietarios a un mismo comprador. El adquirente de una finca arrendada queda subrogado en los derechos del arrendador con las reglas del artículo 14 LAU, según la inscripción del arrendamiento y del título del adquirente en el Registro de la Propiedad.

La cesión del contrato y el subarriendo de vivienda

El artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos regula la cesión del contrato de arrendamiento de vivienda y el subarriendo: el arrendatario no podrá ceder el contrato sin el consentimiento escrito del arrendador y la vivienda arrendada solo podrá subarrendarse de forma parcial y previo consentimiento escrito del arrendador. El precio del subarriendo no puede exceder del que corresponda al arrendamiento, y el subarriendo se extingue en todo caso cuando termine el arrendamiento principal. Esta exigencia supone una excepción relevante al régimen general del Código Civil, que en el artículo 1550 CC admite, salvo pacto en contrario, la posibilidad de subarrendar; la LAU invierte así la regla general en favor de una mayor protección de la posición del arrendador frente a la especial trascendencia que tiene, en materia de vivienda, la identidad concreta del ocupante. El incumplimiento de esta exigencia, mediante una cesión o subarriendo no consentidos, constituye una de las causas específicas de resolución del contrato reconocidas al arrendador por el artículo 27.2.c) de la propia LAU. En los supuestos de desistimiento, separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario y de su fallecimiento, los artículos 12, 15 y 16 LAU establecen reglas de continuación del contrato a favor del cónyuge o conviviente y de los familiares dependientes del arrendatario, quienes deben notificar su voluntad de continuar (en caso de muerte, dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento, so pena de extinción del contrato).

El arrendamiento para uso distinto del de vivienda

El Título III de la Ley de Arrendamientos Urbanos (artículos 29 a 35, además del artículo 3) regula el arrendamiento para uso distinto del de vivienda, categoría que comprende los arrendamientos de temporada y los de fincas urbanas celebrados para ejercer en ellas una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren (los tradicionalmente llamados locales de negocio). El régimen jurídico de estos arrendamientos se caracteriza por un mayor peso de la libertad de pacto y una menor intensidad de la protección legal imperativa a favor del arrendatario: el artículo 4.3 LAU dispone que estos arrendamientos se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto por lo dispuesto en el Título III de la propia ley, y supletoriamente por lo establecido en el Código Civil, invirtiendo así el orden de prelación normativa habitual (en el arrendamiento de vivienda, las normas de los Títulos I, II, IV y V tienen carácter imperativo salvo que expresamente se disponga otra cosa). Entre las reglas del Título III destacan: la duración, que se rige por lo pactado y, a falta de pacto, por el Código Civil (sin prórroga forzosa); la facultad del arrendatario de ceder el contrato o subarrendar cuando se ejerce una actividad empresarial o profesional, con notificación fehaciente al arrendador, que podrá incrementar la renta en los porcentajes legales (art. 32 LAU); y la indemnización por clientela del artículo 34 LAU, a favor del arrendatario de local donde se haya ejercido en los últimos cinco años una actividad comercial de venta al público, que haya manifestado en plazo su voluntad de renovar por un mínimo de cinco años más y por una renta de mercado, cuando el arrendador no renueve y desarrolle la misma actividad o una afín.

Causas de resolución del contrato de arrendamiento urbano

El artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos enumera las causas específicas por las que el arrendador puede resolver de pleno derecho el contrato de arrendamiento de vivienda, sin perjuicio de las causas generales del artículo 1124 CC: la falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario; la falta de pago del importe de la fianza o de su actualización; el subarriendo o la cesión inconsentidos; la realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento sea preceptivo; el desarrollo en la vivienda de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas; y cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniere ocupando. El propio artículo 27.2 LAU introduce, junto a estas causas resolutorias imputables al arrendatario, la posibilidad de que las partes pacten expresamente causas adicionales de resolución por incumplimiento de obligaciones específicas del contrato, dentro del respeto a los límites imperativos de la propia ley.

El arrendamiento de fincas rústicas: normativa aplicable (LAR 49/2003)

El arrendamiento de fincas rústicas se rige fundamentalmente por la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos (LAR), que sustituyó a la anterior Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, flexibilizando notablemente el régimen legal para favorecer la modernización y el dinamismo del mercado de tierras agrícolas, en un contexto de creciente preocupación por el envejecimiento y el abandono de la actividad agraria en España. Esta ley ha sido a su vez modificada por la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, que introdujo diversas reformas puntuales. El sistema de la LAR combina, al igual que la LAU en materia de vivienda, un núcleo de protección legal imperativa (fundamentalmente en materia de duración mínima) con un amplio margen de libertad de pacto en otros aspectos del contrato (renta, forma de pago, condiciones específicas de explotación), reflejando así el equilibrio que el legislador ha buscado entre la protección del arrendatario agricultor y la necesidad de no desincentivar la puesta en arrendamiento de tierras por parte de los propietarios. Rige con carácter supletorio el Código Civil, y se aplica de forma específica a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, conservando las disposiciones transitorias el régimen de los contratos anteriores.

Ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Rústicos

La Ley de Arrendamientos Rústicos delimita su ámbito de aplicación a los contratos mediante los cuales se ceden temporalmente una o varias fincas, o parte de ellas, para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal, a cambio de un precio o renta, comprendiendo también los arrendamientos de fincas mejorables cuando el arrendatario se obligue a efectuar la mejora, y los de explotaciones agrarias con sus elementos. La propia ley deja fuera de su ámbito, remitiéndolos a las normas generales del arrendamiento del Código Civil y a la legislación sectorial correspondiente, determinados supuestos específicos, entre ellos los arrendamientos de fincas cuyo destino no sea agrario (aunque tengan casa de labor), los de aprovechamientos meramente secundarios o accesorios, y los de fincas de reducida extensión y aprovechamiento no relevante para el sustento del arrendatario, ajenos a la finalidad empresarial o profesional que justifica la protección específica de la LAR. Esta delimitación debe contrastarse con la exclusión de la LAU para las fincas con casa-habitación cuyo aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal sea la finalidad primordial del arrendamiento: ambas normas se complementan.

Duración y prórroga del arrendamiento rústico

La Ley de Arrendamientos Rústicos fija una duración mínima imperativa del arrendamiento (artículo 12), de modo que serán nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del contrato que establezcan una duración inferior, en garantía de la estabilidad mínima necesaria para el desarrollo de un ciclo productivo agrario completo; la cifra concreta del plazo mínimo vigente debe comprobarse en el texto consolidado del artículo 12 LAR. Llegado el término del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, este se prorroga tácitamente por períodos de la duración legalmente prevista, salvo que alguna de las partes notifique a la otra su voluntad de no continuar el arrendamiento, con una antelación mínima de un año a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas. Este plazo de preaviso de un año, sensiblemente más extenso que los previstos por la LAU para la vivienda urbana, responde a la necesidad de que el arrendatario agricultor pueda planificar con la suficiente antelación la organización de su actividad productiva, o, en su caso, buscar una finca alternativa donde continuar su explotación agraria.

La renta en el arrendamiento rústico

Los artículos 13 y 14 de la Ley de Arrendamientos Rústicos regulan el régimen de la renta en este tipo de contrato, partiendo del principio de libertad de pacto entre las partes tanto en cuanto a su cuantía como en cuanto a su forma de pago, que podrá realizarse en dinero o, si así se conviene, en especie, práctica tradicional en el ámbito agrario que la ley expresamente admite. En cuanto a la actualización de la renta durante la vigencia del contrato, la ley remite, con carácter supletorio en defecto de pacto expreso entre las partes, al sistema de revisión previsto legalmente en cada momento (históricamente vinculado a índices de precios agrarios o al índice general de precios de consumo, con las adaptaciones introducidas tras la reforma general del sistema de indexación de la economía española operada por la Ley 2/2015), primando siempre, no obstante, lo que las partes hubiesen pactado expresamente sobre esta materia, en coherencia con el amplio margen de autonomía de la voluntad que caracteriza a esta ley especial frente al mayor grado de imperatividad que presenta la regulación de la renta en el arrendamiento de vivienda urbana.

Derecho de acceso a la propiedad y de adquisición preferente en la LAR

La Ley de Arrendamientos Rústicos reconoce al arrendatario agricultor derechos orientados a favorecer el acceso a la propiedad de la tierra que cultiva, en coherencia con los objetivos históricos de la política agraria española de fomento de la explotación directa por parte de quien trabaja la tierra. La ley regula el derecho de adquisición preferente del arrendatario en caso de venta de la finca arrendada, articulado, de forma paralela al régimen de la LAU, mediante las figuras del tanteo (adquisición preferente antes de perfeccionarse la venta a un tercero, en las mismas condiciones ofrecidas) y del retracto (subrogación en el lugar del comprador cuando la venta se hubiese realizado sin cumplir los requisitos de notificación exigidos para el tanteo, o en condiciones distintas a las comunicadas). Estos derechos responden a la misma finalidad de estabilidad y de facilitar la consolidación de las explotaciones agrarias que inspira el conjunto del sistema de protección del arrendatario rústico, y se complementan con otras normas sobre los derechos del cónyuge y de los descendientes del arrendatario en caso de jubilación o fallecimiento de este. Los plazos concretos de ejercicio y la relación con otros derechos preferentes (por ejemplo, el de los colindantes o el de la Administración en materia de explotaciones prioritarias) deben consultarse en el texto vigente.

Extinción del arrendamiento rústico

La Ley de Arrendamientos Rústicos regula las causas de extinción del contrato, distinguiendo, con carácter general, entre la extinción por cumplimiento del término pactado y no prorrogado en los términos legalmente establecidos, la pérdida de la finca arrendada, y la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones esenciales de cualquiera de las partes, aplicándose en este último caso, con las especialidades propias de la legislación arrendaticia rústica, las reglas generales sobre resolución de las obligaciones recíprocas del artículo 1124 CC. Entre las causas específicas de resolución imputables al arrendatario destacan la falta de pago de la renta, el subarriendo o la cesión del contrato sin el consentimiento del arrendador cuando este sea legalmente exigible, y el incumplimiento grave de las obligaciones de explotación y conservación de la finca conforme al destino agrario pactado. La extinción del arrendamiento rústico determina, con carácter general, la obligación del arrendatario de restituir la finca en el estado en que la recibió, salvo el desgaste ordinario derivado de su uso conforme al destino pactado, sin perjuicio de las indemnizaciones que puedan corresponder por las mejoras introducidas conforme a las reglas específicas de la propia ley.

Compraventa civil y mercantil: delimitación

La compraventa es mercantil, conforme al artículo 325 del Código de Comercio, cuando se trata de la compra de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucro; el artículo 326 CCom excluye de esta consideración las compras de bienes muebles para uso propio o de la familia, las ventas que los propietarios y los labradores o ganaderos hacen de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, y las ventas de objetos construidos o fabricados por artesanos que expenden en su taller. Las compraventas mercantiles se rigen por el Código de Comercio y, en su defecto, por el Código Civil (art. 2 CCom), y presentan especialidades en materia de entrega, riesgo, vicios (plazos breves de reclamación) y resolución. Quedan fuera de la mercantilidad las ventas de inmuebles, que son siempre civiles. En la compraventa con consumidores se aplica, además, la normativa de defensa de los consumidores y usuarios, de naturaleza imperativa.

Efectos de la perfección: riesgo, frutos y gastos

Perfeccionada la venta, el daño o provecho de la cosa vendida se rige por los artículos 1096 y 1182 CC, conforme al artículo 1452 CC: el riesgo de pérdida fortuita pasa al comprador desde la perfección cuando la cosa es específica (periculum est emptoris), aunque la obligación de entrega subsiste para el vendedor, que debe conservar la cosa con la diligencia de un buen padre de familia (art. 1094 CC). Si se trata de cosas fungibles vendidas por número, peso o medida, el riesgo no se imputa al comprador hasta que se hayan pesado, contado o medido, salvo que se haya constituido en mora. Los frutos pertenecen al comprador desde la perfección (art. 1468 CC). Los gastos de otorgamiento de la escritura y los demás que ocasione la venta se atribuyen al vendedor salvo pacto en contrario (art. 1455 CC), si bien en la práctica y por las normas fiscales (el sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas es el adquirente) es habitual pactar su reparto. Las ventas a prueba o de cosas que es costumbre gustar o probar se presumen hechas bajo condición suspensiva (art. 1453 CC).

Venta de cosa ajena y doble venta

La venta de cosa ajena no está regulada con carácter general en el Código Civil; la doctrina y la jurisprudencia la consideran, con matices, válida como contrato obligacional (el vendedor se obliga a procurar la titularidad y a transmitirla), aunque la entrega no transmite la propiedad si el vendedor carece de poder de disposición (nemo plus iuris), sin perjuicio de la protección del tercero adquirente de buena fe en los términos del artículo 464 CC para los bienes muebles y de la fe pública registral (art. 34 de la Ley Hipotecaria) para los inmuebles. Para la doble venta, el artículo 1473 CC establece que si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble; si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el Registro; cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión y, faltando esta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe. Es una de las reglas más preguntadas del tema.

Obligaciones del comprador: suspensión del pago y resolución por impago

El comprador puede suspender el pago del precio cuando fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, hasta que el vendedor haga cesar la perturbación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del precio (art. 1502 CC). En cuanto a la resolución por impago, el artículo 1504 CC dispone que en la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el comprador podrá pagar, incluso después de expirado el término, mientras no haya sido requerido judicialmente o por acta notarial; hecho el requerimiento, el juez no podrá concederle nuevo término. En cambio, en la venta de bienes muebles, la resolución tiene lugar de pleno derecho en interés del vendedor cuando el comprador, antes de vencer el término fijado para la entrega, no se presenta a recibir la cosa o, presentándose, no ofrece al mismo tiempo el precio, salvo que se hubiera pactado un plazo para el pago (art. 1505 CC). La diferencia de régimen entre inmuebles (resolución mediante requerimiento) y muebles (resolución de pleno derecho) es típica de examen.

Cesión de créditos y venta de herencia: referencia

El Código Civil regula, en el mismo título de la compraventa, la transmisión de créditos y otros derechos incorporales (arts. 1526 a 1536 CC). La cesión de un crédito no requiere el consentimiento del deudor, aunque produce efectos frente a terceros, según el artículo 1526 CC, desde la fecha en que conste en documento público si se trata de cesión de créditos, y el cesionario se subroga en los derechos del cedente; el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que tenía contra el cedente. El artículo 1529 CC establece que el cedente responde de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la cesión, salvo que se haya vendido como dudoso, pero no de la solvencia del deudor, salvo pacto expreso. El deudor, cuando se vende un crédito litigioso, tiene derecho a extinguirlo reembolsando al cesionario el precio pagado, las costas y los intereses (retracto de crédito litigioso, art. 1535 CC), que debe ejercitarse en nueve días desde que el cesionario reclame el pago.

Obligaciones del arrendador y del arrendatario en el Código Civil

Aunque el régimen práctico de los arrendamientos de inmuebles se encuentra en las leyes especiales, el Código Civil sigue regulando la estructura básica del arrendamiento de cosas. Según el artículo 1554 CC, el arrendador está obligado a entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato, a hacer en ella durante el arrendamiento las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada, y a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. Según el artículo 1555 CC, el arrendatario está obligado a pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos, a usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado, y a pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato. El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida de la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya (art. 1563 CC). El arrendador debe distinguir su obligación de garantizar el goce pacífico: no responde de las perturbaciones de mero hecho de terceros, pero sí de las de derecho (art. 1560 CC).

Cuadro comparativo: arrendamiento de vivienda, uso distinto y rústico

Para memorizar con rapidez conviene contrastar las tres grandes regulaciones. Arrendamiento de vivienda (LAU, Título II): duración libre, pero prórroga obligatoria anual hasta 5 años (7 si el arrendador es persona jurídica) si el pacto es inferior (art. 9); preaviso del arrendatario para no renovar, 30 días; prórroga tácita de hasta 3 años por anualidades (art. 10; preaviso de 4 meses del arrendador y de 2 meses del arrendatario); desistimiento del arrendatario tras 6 meses con 30 días de preaviso (art. 11); fianza de 1 mensualidad (art. 36); cesión con consentimiento escrito y subarriendo solo parcial con consentimiento escrito (art. 8); tanteo y retracto de 30 días naturales (art. 25). Uso distinto (LAU, Título III): voluntad de las partes y, supletoriamente, Título III y Código Civil (art. 4.3); fianza de 2 mensualidades; cesión y subarriendo admitidos con las reglas del art. 32; indemnización por clientela (art. 34). Arrendamiento rústico (LAR 49/2003): duración mínima imperativa (art. 12), prórroga tácita con preaviso de un año, renta en dinero o en especie, tanteo y retracto del arrendatario. Todos ellos aplican supletoriamente el Código Civil (arts. 1542 y siguientes).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 1445 CC: compraventa consensual, bilateral, onerosa y conmutativa; se perfecciona por acuerdo en cosa y precio (art. 1450 CC), pero NO transmite la propiedad por sí sola (falta la tradición del art. 609 CC).
  • Art. 1459 CC: prohibiciones de comprar por conflicto de intereses (tutores, mandatarios, albaceas, empleados públicos, jueces/fiscales/LAJ/oficiales de justicia, abogados y procuradores respecto de bienes de su cargo o litigio); los cónyuges sí pueden contratar entre sí (art. 1458 CC).
  • Art. 1447 CC: precio cierto si se refiere a otra cosa cierta o se deja al arbitrio de persona determinada; art. 1448 CC: ineficaz el contrato cuando el precio queda al arbitrio de UNO de los contratantes. Art. 1446 CC (precio mixto): permuta si el valor de la cosa EXCEDE al del dinero; venta en el caso contrario, salvo intención manifiesta.
  • Distinguir saneamiento por evicción (privación por sentencia firme y derecho anterior a la compra, arts. 1475-1483 CC, exige citación de evicción) de saneamiento por vicios ocultos (defectos que hacen la cosa impropia para su uso, arts. 1484-1499 CC).
  • Plazo de las acciones edilicias (redhibitoria y quanti minoris) por vicios ocultos: 6 meses desde la entrega (art. 1490 CC) — plazo de caducidad muy breve, distinto del plazo general de anulabilidad.
  • Retracto convencional (art. 1508 CC): máximo 10 años si se pactó plazo, 4 años en defecto de pacto. No confundir con los retractos legales (comuneros y colindantes, arts. 1522-1523 CC), plazo de ejercicio de 9 días (art. 1524 CC).
  • Art. 1541 CC: la permuta se rige supletoriamente por las normas de la compraventa en todo lo no regulado específicamente.
  • LAU 29/1994: régimen distinto para vivienda (Título II, normas mayoritariamente imperativas) y para uso distinto de vivienda/local de negocio (Título III, prevalece la voluntad de las partes sobre la propia ley, art. 4.3 LAU).
  • Art. 9 LAU (tras RDL 7/2019): duración mínima por prórroga obligatoria de 5 años (arrendador persona física) o 7 años (persona jurídica); preaviso del arrendatario de 30 días para no renovar.
  • Art. 10 LAU: tras el mínimo legal, prórroga obligatoria por plazos ANUALES hasta un máximo de 3 años más, salvo preaviso de 4 meses (arrendador) o 2 meses (arrendatario); el arrendatario puede irse con 1 mes de antelación a cada anualidad.
  • No confundir la prórroga tácita del art. 10 LAU con la tácita reconducción del art. 1566 CC (aplicable en general a todo arrendamiento): esta última genera un CONTRATO NUEVO, con extinción de garantías de terceros salvo pacto.
  • Art. 8 LAU: cesión del contrato con consentimiento escrito del arrendador; subarriendo solo PARCIAL y con consentimiento escrito. Invierte la regla del art. 1550 CC (subarriendo permitido salvo pacto en contrario).
  • Art. 25 LAU: tanteo (30 días naturales desde notificación fehaciente de la venta) y retracto (30 días desde notificación del nuevo adquirente) del arrendatario de vivienda; la renuncia se admite en los términos de la redacción vigente.
  • LAR 49/2003 (modificada por la Ley 26/2005): duración mínima imperativa (art. 12; las cláusulas inferiores son nulas); prórroga tácita con preaviso de UN AÑO (mucho más largo que en la LAU).
  • La LAR admite el pago de la renta en especie, a diferencia del arrendamiento urbano; la libertad de pacto es mayor que en la LAU de vivienda.
  • La LAU (art. 25) y la LAR reconocen al arrendatario derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) en caso de venta de la finca arrendada — estructura paralela en ambas leyes especiales.
  • Doble venta (art. 1473 CC): mueble, primero que tomó posesión de buena fe; inmueble, quien antes inscribió; sin inscripción, primero en la posesión de buena fe; si no, título más antiguo con buena fe.
  • Art. 1504 CC: en la venta de inmuebles, aun con pacto de resolución automática por impago, el comprador puede pagar hasta ser requerido judicial o notarialmente; art. 1505 CC: en muebles, resolución de pleno derecho en interés del vendedor.
  • Art. 1502 CC: el comprador perturbado, o con fundado temor de serlo por acción reivindicatoria o hipotecaria, puede suspender el pago del precio salvo que afiance.
  • Art. 1452 CC: riesgo para el comprador desde la perfección (cosa específica); las fungibles por número, peso o medida no se imputan hasta pesarlas, contarlas o medirlas.
  • Art. 1475 CC: el vendedor responde de la evicción aunque nada se pacte; nulo el pacto de exoneración con mala fe; art. 1481 CC: se exige citación del vendedor en el juicio; art. 1478 CC: efectos de la evicción (precio, frutos, costas, gastos, daños si mala fe).
  • Ventas a consumidores: la falta de conformidad se rige por el TRLGDCU (RDLeg 1/2007, reformado por el RDL 7/2021), no por el saneamiento por vicios ocultos del Código Civil.
  • Art. 11 LAU: desistimiento del arrendatario tras 6 meses con preaviso de 30 días; indemnización pactable de una mensualidad por año que reste. Art. 36 LAU: fianza de 1 mensualidad (vivienda) o 2 (uso distinto).
  • Arrendamiento de temporada = uso distinto de vivienda (art. 3 LAU); se rige por la voluntad de las partes, Título III y Código Civil. Indemnización por clientela: art. 34 LAU.
  • Arts. 1554 y 1555 CC: obligaciones esenciales del arrendador (entregar, reparar, mantener el goce pacífico) y del arrendatario (pagar, usar como diligente padre de familia, pagar gastos de escritura).
  • Compraventa mercantil (art. 325 CCom): compra de muebles para revenderlos con ánimo de lucro; las ventas de inmuebles son siempre civiles.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el artículo 1445 del Código Civil, por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 8 de Hacienda (AEAT)?

Este tema desciende de la teoría general del contrato a dos figuras contractuales típicas de enorme relevancia práctica y económica: la compraventa, contrato traslativo por excelencia, regulada en el Código Civil (con la compraventa mercantil en el Código de Comercio); y el arrendamiento, cuya regulación codificada ha quedado en gran medida desplazada por la legislación especial (Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con sus reformas hasta la Ley 12/2023, y Ley de Arrendamientos Rústicos de 2003), que el opositor debe conocer con precisión en sus plazos y reglas de prórroga, muy castigados en examen. Es tema de gran aplicación práctica para un Agente de la Hacienda Pública, que gestiona hechos imponibles vinculados a ambos contratos (ITP-AJD, IRPF de rendimientos de capital inmobiliario, IVA en determinados arrendamientos).

¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?

Art. 1445 CC: compraventa consensual, bilateral, onerosa y conmutativa; se perfecciona por acuerdo en cosa y precio (art. 1450 CC), pero NO transmite la propiedad por sí sola (falta la tradición del art. 609 CC). Art. 1459 CC: prohibiciones de comprar por conflicto de intereses (tutores, mandatarios, albaceas, empleados públicos, jueces/fiscales/LAJ/oficiales de justicia, abogados y procuradores respecto de bienes de su cargo o litigio); los cónyuges sí pueden contratar entre sí (art. 1458 CC). Art. 1447 CC: precio cierto si se refiere a otra cosa cierta o se deja al arbitrio de persona determinada; art. 1448 CC: ineficaz el contrato cuando el precio queda al arbitrio de UNO de los contratantes. Art. 1446 CC (precio mixto): permuta si el valor de la cosa EXCEDE al del dinero; venta en el caso contrario, salvo intención manifiesta. Distinguir saneamiento por evicción (privación por sentencia firme y derecho anterior a la compra, arts. 1475-1483 CC, exige citación de evicción) de saneamiento por vicios ocultos (defectos que hacen la cosa impropia para su uso, arts. 1484-1499 CC). Plazo de las acciones edilicias (redhibitoria y quanti minoris) por vicios ocultos: 6 meses desde la entrega (art. 1490 CC) — plazo de caducidad muy breve, distinto del plazo general de anulabilidad. Retracto convencional (art. 1508 CC): máximo 10 años si se pactó plazo, 4 años en defecto de pacto. No confundir con los retractos legales (comuneros y colindantes, arts. 1522-1523 CC), plazo de ejercicio de 9 días (art. 1524 CC). Art. 1541 CC: la permuta se rige supletoriamente por las normas de la compraventa en todo lo no regulado específicamente. LAU 29/1994: régimen distinto para vivienda (Título II, normas mayoritariamente imperativas) y para uso distinto de vivienda/local de negocio (Título III, prevalece la voluntad de las partes sobre la propia ley, art. 4.3 LAU). Art. 9 LAU (tras RDL 7/2019): duración mínima por prórroga obligatoria de 5 años (arrendador persona física) o 7 años (persona jurídica); preaviso del arrendatario de 30 días para no renovar. Art. 10 LAU: tras el mínimo legal, prórroga obligatoria por plazos ANUALES hasta un máximo de 3 años más, salvo preaviso de 4 meses (arrendador) o 2 meses (arrendatario); el arrendatario puede irse con 1 mes de antelación a cada anualidad. No confundir la prórroga tácita del art. 10 LAU con la tácita reconducción del art. 1566 CC (aplicable en general a todo arrendamiento): esta última genera un CONTRATO NUEVO, con extinción de garantías de terceros salvo pacto. Art. 8 LAU: cesión del contrato con consentimiento escrito del arrendador; subarriendo solo PARCIAL y con consentimiento escrito. Invierte la regla del art. 1550 CC (subarriendo permitido salvo pacto en contrario). Art. 25 LAU: tanteo (30 días naturales desde notificación fehaciente de la venta) y retracto (30 días desde notificación del nuevo adquirente) del arrendatario de vivienda; la renuncia se admite en los términos de la redacción vigente. LAR 49/2003 (modificada por la Ley 26/2005): duración mínima imperativa (art. 12; las cláusulas inferiores son nulas); prórroga tácita con preaviso de UN AÑO (mucho más largo que en la LAU). La LAR admite el pago de la renta en especie, a diferencia del arrendamiento urbano; la libertad de pacto es mayor que en la LAU de vivienda. La LAU (art. 25) y la LAR reconocen al arrendatario derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) en caso de venta de la finca arrendada — estructura paralela en ambas leyes especiales. Doble venta (art. 1473 CC): mueble, primero que tomó posesión de buena fe; inmueble, quien antes inscribió; sin inscripción, primero en la posesión de buena fe; si no, título más antiguo con buena fe. Art. 1504 CC: en la venta de inmuebles, aun con pacto de resolución automática por impago, el comprador puede pagar hasta ser requerido judicial o notarialmente; art. 1505 CC: en muebles, resolución de pleno derecho en interés del vendedor. Art. 1502 CC: el comprador perturbado, o con fundado temor de serlo por acción reivindicatoria o hipotecaria, puede suspender el pago del precio salvo que afiance. Art. 1452 CC: riesgo para el comprador desde la perfección (cosa específica); las fungibles por número, peso o medida no se imputan hasta pesarlas, contarlas o medirlas. Art. 1475 CC: el vendedor responde de la evicción aunque nada se pacte; nulo el pacto de exoneración con mala fe; art. 1481 CC: se exige citación del vendedor en el juicio; art. 1478 CC: efectos de la evicción (precio, frutos, costas, gastos, daños si mala fe). Ventas a consumidores: la falta de conformidad se rige por el TRLGDCU (RDLeg 1/2007, reformado por el RDL 7/2021), no por el saneamiento por vicios ocultos del Código Civil. Art. 11 LAU: desistimiento del arrendatario tras 6 meses con preaviso de 30 días; indemnización pactable de una mensualidad por año que reste. Art. 36 LAU: fianza de 1 mensualidad (vivienda) o 2 (uso distinto). Arrendamiento de temporada = uso distinto de vivienda (art. 3 LAU); se rige por la voluntad de las partes, Título III y Código Civil. Indemnización por clientela: art. 34 LAU. Arts. 1554 y 1555 CC: obligaciones esenciales del arrendador (entregar, reparar, mantener el goce pacífico) y del arrendatario (pagar, usar como diligente padre de familia, pagar gastos de escritura). Compraventa mercantil (art. 325 CCom): compra de muebles para revenderlos con ánimo de lucro; las ventas de inmuebles son siempre civiles.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (arts. 1445-1541 compraventa y permuta; 1542-1582 arrendamiento)
  • Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (arts. 325 y 326)
  • Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
  • Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
  • Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas
  • Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda
  • Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos
  • Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifican la Ley 49/2003, de Arrendamientos Rústicos, y la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias (denominación a contrastar)
  • Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles
  • Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

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