Tema 18. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Sujeción al impuesto: Aspectos materiales, personales y temporales. Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen: Rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El IRPF es el tributo estructural del sistema fiscal español y el eje del examen de Hacienda: grava la renta mundial de las personas físicas residentes conforme a criterios de progresividad y personalización, articulándose sobre tres ejes de sujeción —material, personal y temporal— que fijan qué renta se grava, a quién y en qué momento. Este primer tema de los dos dedicados al impuesto sienta las bases conceptuales (naturaleza, hecho imponible, contribuyente, residencia, período impositivo) y desarrolla la primera gran magnitud de la renta gravable: las fuentes de renta, con especial atención a las ganancias y pérdidas patrimoniales del art. 33 LIRPF, antes de abordar en el tema siguiente su integración en las bases imponibles y la liquidación del impuesto.
Naturaleza jurídica del IRPF: tributo directo, personal, subjetivo y progresivo
El IRPF, regulado por la Ley 35/2006 y su Reglamento (RD 439/2007), es un tributo de carácter directo, porque grava una manifestación directa de capacidad económica (la obtención de renta) sin mediar traslación jurídica de la carga a un tercero; personal, porque el hecho imponible se define por referencia a una persona determinada, el contribuyente; subjetivo, porque en su cuantificación se tienen en cuenta circunstancias personales y familiares (mínimo personal y familiar, discapacidad, edad); y progresivo, dado que el tipo medio de gravamen crece a medida que aumenta la base liquidable, conforme a la escala general. Es además un impuesto periódico, con devengo instantáneo referido a un período impositivo que coincide, con carácter general, con el año natural. Su naturaleza cedida parcialmente a las Comunidades Autónomas de régimen común (en torno al 50% de la capacidad normativa y del rendimiento) no altera su condición de impuesto estatal armonizado, cuya normativa básica corresponde en exclusiva al Estado. El propio art. 1 LIRPF resume esta caracterización, definiendo el IRPF como tributo que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con los principios de igualdad, generalidad y progresividad.
Objeto del impuesto: la renta mundial del contribuyente
La Ley define el objeto del impuesto (art. 2 LIRPF) como la totalidad de los rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, y las imputaciones de renta que se establezcan por ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. Este es el llamado principio de renta mundial o «worldwide income», característico de los sistemas de imposición personal sobre la renta, y que se contrapone al criterio de territorialidad propio de la imposición sobre no residentes (IRNR), donde solo se grava la renta obtenida en territorio español. La sujeción por renta mundial exige articular mecanismos correctores de la doble imposición internacional que inevitablemente se produce cuando la renta obtenida en el extranjero también resulta gravada en el Estado de la fuente: de ahí la deducción por doble imposición internacional del art. 80 LIRPF y la red de convenios bilaterales suscritos por España. El objeto del impuesto se proyecta después sobre las distintas fuentes de renta (trabajo, capital, actividades económicas, ganancias patrimoniales) que la propia Ley cataloga de forma cerrada en su art. 6.2.
Ley del IRPF (Ley 35/2006) y su Reglamento de desarrollo
El IRPF se rige por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que sustituyó a la anterior Ley 40/1998 y supuso una reforma estructural (introducción de la base del ahorro diferenciada de la general, nueva regulación de reducciones y mínimos). Su desarrollo reglamentario se contiene en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento del IRPF, modificado en numerosas ocasiones para adaptarse a las sucesivas reformas legales, entre ellas la operada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre (que reformó en profundidad tramos, tipos y deducciones) y las modificaciones anuales introducidas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que habitualmente actualizan escalas, límites de reducciones y determinados porcentajes de retención. La Ley 35/2006 debe interpretarse además en conexión con la Ley 22/2009, reguladora del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, que articula la cesión parcial del impuesto y la capacidad normativa autonómica sobre mínimos, escala y determinadas deducciones, y con la Ley 58/2003 General Tributaria como norma común de aplicación de los tributos. Entre las modificaciones recientes de especial interés cabe citar la Ley 11/2021 (medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que sustituyó la expresión «paraíso fiscal» por «jurisdicción no cooperativa»), la Ley 28/2022 (empresas emergentes, que reformó el régimen de impatriados), la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda (reducciones por arrendamiento de vivienda) y la Ley 7/2024 (que, entre otras medidas, modificó los tipos de la base del ahorro).
Ámbito de aplicación espacial del IRPF y cesión a las Comunidades Autónomas
El IRPF se aplica en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes forales de Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ley 12/2002, de 23 de mayo) y de Convenio Económico con la Comunidad Foral de Navarra (Ley 28/1990, de 26 de diciembre), que atribuyen a esos territorios competencia normativa y de gestión propia sobre el impuesto (con puntos de conexión para determinar la Administración competente, básicamente la residencia habitual del contribuyente), de las especialidades de Canarias, Ceuta y Melilla, y de los tratados y convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno. Entre estas especialidades destaca la deducción del 60% de la cuota íntegra por las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla por contribuyentes residentes en dichas ciudades (art. 68.4 LIRPF). En el territorio de régimen común, la Ley 22/2009 cede a las Comunidades Autónomas el 50% del rendimiento del IRPF y les atribuye capacidad normativa sobre el mínimo personal y familiar (dentro de los límites legales), la escala autonómica aplicable a la base liquidable general y determinadas deducciones autonómicas en la cuota. El impuesto se estructura así en una «cuota íntegra estatal» y una «cuota íntegra autonómica», calculadas aplicando escalas diferenciadas sobre la misma base liquidable general, lo que explica las diferencias de tributación entre contribuyentes con igual renta según su Comunidad Autónoma de residencia. Esa residencia se determina conforme al art. 72 LIRPF: la Comunidad en que el contribuyente haya permanecido el mayor número de días del período impositivo; de no poder determinarse así, la de su principal centro de intereses (donde obtenga la mayor parte de la base imponible, excluida la del ahorro) y, en su defecto, la de su última residencia declarada.
Tratados y convenios internacionales para evitar la doble imposición
La Ley se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el art. 96 CE. España cuenta con una amplia red de Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI), mayoritariamente inspirados en el Modelo de Convenio de la OCDE, que distribuyen la potestad tributaria entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente respecto de cada categoría de renta (rendimientos inmobiliarios, dividendos, intereses, cánones, rendimientos del trabajo, ganancias patrimoniales) y establecen el método para eliminar la doble imposición que subsista (exención o imputación con deducción del impuesto pagado en el extranjero). Los CDI prevalecen sobre la normativa interna en caso de conflicto, en aplicación del principio de primacía de los tratados internacionales debidamente ratificados y publicados (arts. 96 CE y 1.5 del Código Civil). Los CDI incorporan reglas de desempate (tie-breaker) para los casos de doble residencia (vivienda permanente, centro de intereses vitales, residencia habitual, nacionalidad y, en último término, acuerdo amistoso). Además, el Convenio Multilateral BEPS (MLI) modifica numerosos CDI suscritos por España para incorporar cláusulas antiabuso.
Aspecto material del hecho imponible: obtención de renta por el contribuyente
El art. 6.1 LIRPF define el hecho imponible como la obtención de renta por el contribuyente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que toda prestación de bienes, derechos o servicios susceptible de generar rendimientos del trabajo o del capital se ha realizado por su valor normal de mercado (presunción de onerosidad, también prevista en el art. 6). El aspecto material comprende, por remisión al art. 6.2, cinco componentes: los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, los rendimientos de las actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales, y las imputaciones de renta que se establezcan por ley (régimen de transparencia fiscal internacional, imputación de rentas inmobiliarias, imputación de rentas en el régimen de atribución de rentas, entre otras). Esta enumeración tiene carácter cerrado, de modo que toda renta obtenida por el contribuyente debe reconducirse necesariamente a alguna de estas categorías, lo que plantea frecuentes cuestiones de calificación (por ejemplo, la distinción entre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, o entre rendimientos del capital y ganancias patrimoniales) resueltas por la propia Ley mediante reglas específicas.
Rentas no sujetas al IRPF y su delimitación con el ISD
El art. 6.3 LIRPF establece una regla de deslinde esencial con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: no está sujeta al IRPF la renta que se encuentre sujeta al ISD, evitando así la doble imposición entre ambos tributos sobre un mismo incremento patrimonial obtenido a título lucrativo (herencia, legado o donación). Esta delimitación explica por qué las ganancias patrimoniales obtenidas a título lucrativo quedan excluidas del IRPF del adquirente pese a suponer, en sentido económico, un incremento de patrimonio: tributan por el ISD. Correlativamente, el transmitente en vida (donante) sí puede generar una ganancia o pérdida patrimonial sujeta a IRPF por la diferencia entre el valor de transmisión (el valor a efectos del ISD) y el valor de adquisición del bien donado; en cambio, en las transmisiones lucrativas por causa de muerte la denominada «plusvalía del muerto» no tributa, al estimar el art. 33.3 LIRPF que no existe ganancia o pérdida patrimonial. Conviene distinguir tres conceptos: la no sujeción (la renta ni siquiera entra en el hecho imponible, como la sujeta al ISD), la exención (la renta está sujeta pero la ley dispensa del pago, como las del art. 7 LIRPF) y la exclusión de gravamen condicionada (como la reinversión del art. 38).
Aspecto personal: el contribuyente y la residencia habitual en territorio español
El art. 8 LIRPF define como contribuyentes a las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español y a las personas físicas residentes en el extranjero por alguna de las circunstancias del art. 10 LIRPF (personal diplomático, funcionarios en el extranjero, etc.). El art. 8.2 añade una regla antielusión: no pierden la condición de contribuyentes las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un paraíso fiscal (hoy jurisdicción no cooperativa), regla que se aplica en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes. La residencia habitual constituye así el criterio determinante de la sujeción por obligación personal, es decir, por renta mundial; quien no sea residente en España, aunque obtenga rentas en territorio español, tributará no por el IRPF sino por el IRNR, por obligación real, exclusivamente por las rentas obtenidas en España. El concepto de residencia habitual del art. 9 LIRPF es un concepto autónomo y estrictamente fiscal, que no coincide necesariamente con conceptos análogos de otras ramas del ordenamiento (Derecho civil, vecindad civil o administrativa). Su concurrencia se aprecia por año natural: la residencia fiscal no se fracciona dentro de un mismo período impositivo, de modo que se es residente todo el año o no se es en absoluto, salvo que el período impositivo sea inferior al año natural por fallecimiento.
Criterios de residencia habitual: permanencia superior a 183 días
El art. 9.1.a) LIRPF fija como primer criterio de residencia habitual la permanencia más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, computándose a tal efecto las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país (mediante certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales de ese país). No obstante, cuando el país o territorio de residencia acreditada sea calificado como paraíso fiscal (o, tras la reforma terminológica, jurisdicción no cooperativa), la Administración tributaria puede exigir que se pruebe la permanencia en él durante más de 183 días en el año natural. Para el cómputo del período de permanencia no se descuentan las estancias temporales en España consecuencia de obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria a título gratuito con las Administraciones públicas españolas. Este criterio de permanencia física es el más objetivo de los tres previstos en el art. 9.1 LIRPF y el de aplicación más frecuente en la práctica de comprobación de la residencia fiscal por parte de la AEAT.
Criterio del núcleo principal de intereses económicos
El art. 9.1.b) LIRPF establece un segundo criterio, alternativo e independiente del de permanencia: se considera que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Se trata de un criterio cualitativo que exige valorar, caso por caso, dónde se genera o localiza la mayor parte de la renta o del patrimonio de la persona física, atendiendo a magnitudes como el volumen de rentas obtenidas en España frente al resto del mundo, la titularidad de inmuebles, participaciones empresariales o cuentas bancarias, o el lugar de dirección efectiva de sus negocios. Basta con que concurra cualquiera de los dos criterios del art. 9.1 —permanencia o núcleo de intereses económicos— para que la persona física sea considerada residente fiscal en España; no es necesario que concurran ambos simultáneamente, lo que amplía notablemente el ámbito subjetivo de sujeción por obligación personal frente a criterios más restrictivos de otros ordenamientos.
Presunción de residencia por residencia del cónyuge e hijos menores
El último párrafo del art. 9.1 LIRPF establece una presunción, admitiendo prueba en contrario, conforme a la cual se entiende que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel. Esta presunción responde a una lógica de unidad familiar y busca evitar deslocalizaciones artificiosas de la residencia fiscal de uno de los cónyuges (habitualmente el que percibe las rentas más elevadas) mientras el resto del núcleo familiar continúa efectivamente instalado en España, disfrutando de los servicios públicos españoles. Al tratarse de una presunción iuris tantum, puede desvirtuarse mediante prueba en contrario a cargo del contribuyente, por ejemplo acreditando una separación de hecho estable, la residencia efectiva y verificable del núcleo familiar en el extranjero, o la ausencia de dependencia económica de los hijos respecto del contribuyente cuya residencia se discute.
Personas físicas residentes en el extranjero por razón de cargo o empleo público
El art. 10 LIRPF extiende la condición de contribuyente, por excepción a la regla general de residencia, a las personas físicas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de estas razones: a) ser miembros de misiones diplomáticas españolas; b) ser miembros de oficinas consulares españolas (excluidos los honorarios y el personal que no sea de carrera); c) ser titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales o que formen parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero; o d) ser funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular. Esta norma evita que el desplazamiento al extranjero por razón del servicio al Estado español determine la pérdida de la condición de contribuyente, garantizando la continuidad de su tributación por obligación personal. No es aplicable a los funcionarios que no ejerzan cargo o empleo oficial de esa naturaleza ni, en general, a quienes se desplazan al extranjero por motivos laborales ordinarios, que perderán la residencia fiscal en España si no concurre ninguno de los criterios del art. 9.
El régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español (art. 93 LIRPF)
El art. 93 LIRPF regula el régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español (impatriados), popularmente conocido como «Ley Beckham», que permite a las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de un desplazamiento a territorio español optar por tributar por el IRNR (con las especialidades del propio art. 93), manteniendo la condición de contribuyentes por el IRPF, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y los cinco siguientes. Tras la reforma operada por la Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, el requisito de no haber sido residente fiscal en España durante los períodos impositivos anteriores al desplazamiento se redujo de diez a cinco años, y se amplió el ámbito subjetivo del régimen a los teletrabajadores («nómadas digitales») que trabajen a distancia para empresas no residentes, a los administradores de entidades emergentes con independencia de su porcentaje de participación y a determinados familiares del trabajador desplazado. El régimen tributa a tipo fijo (24% hasta 600.000 euros de renta, y 47% sobre el exceso) en lugar de la escala progresiva general, resultando fiscalmente ventajoso para rentas elevadas; las rentas obtenidas fuera de España por no residentes no tributan en este régimen, salvo los rendimientos del trabajo que se hayan obtenido por trabajos efectivamente realizados en territorio español.
Individualización de rentas: atribución a cada contribuyente
El art. 11 LIRPF establece las reglas de individualización de rentas, esto es, los criterios para atribuir cada renta a un contribuyente determinado con independencia, en su caso, del régimen económico matrimonial. Como regla general, la renta se entiende obtenida por los contribuyentes que sean titulares de la fuente de renta de que se trate: los rendimientos del trabajo se atribuyen a quien haya generado el derecho a su percepción; los rendimientos del capital, a los titulares jurídicos de los elementos patrimoniales de los que provengan; los rendimientos de actividades económicas, a quienes realicen, de forma habitual, personal y directa, la ordenación por cuenta propia de los medios de producción; y las ganancias y pérdidas patrimoniales, a los titulares de los bienes o derechos de los que provengan. Esta individualización opera con independencia del régimen económico matrimonial, de forma que, incluso en régimen de gananciales, cada rendimiento se imputa según su titularidad jurídica y no automáticamente al 50% entre los cónyuges. Las rentas se atribuyen según la titularidad que conste en registros fiscales o públicos, y a falta de prueba suficiente, a quien aparezca como titular en el registro correspondiente; los rendimientos de bienes o derechos que correspondan a ambos cónyuges por mitad se imputan por mitad.
La unidad familiar y sus modalidades
El art. 82 LIRPF define la unidad familiar a los solos efectos de la tributación conjunta, distinguiendo dos modalidades: la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores de edad (con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos) y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada; y, en defecto de matrimonio o en los casos de separación legal, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y reúnan los requisitos anteriores (unidad familiar monoparental). Nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo, y la determinación de los miembros de la unidad familiar se realiza atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año. La unidad familiar no es sujeto pasivo del impuesto —el IRPF sigue siendo un impuesto individual—, sino que constituye únicamente el presupuesto habilitante para optar, voluntariamente, por la tributación conjunta. La opción es libre en cada período impositivo, pero si uno de los miembros opta por la declaración individual, los demás deben hacer lo mismo; la opción por la conjunta es vinculante para todos los miembros e implica responsabilidad solidaria. En la modalidad biparental se aplica una reducción de 3.400 euros anuales, y en la monoparental de 2.150 euros, sobre la base imponible. Las parejas de hecho no constituyen unidad familiar a estos efectos.
Aspecto temporal: el período impositivo y el devengo del impuesto
El período impositivo coincide, con carácter general, con el año natural (art. 12 LIRPF). El impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año (art. 13 LIRPF), sin perjuicio de las especialidades del art. 14 relativas a la imputación temporal de ingresos y gastos. El devengo determina el momento al que debe referirse la concurrencia de las circunstancias personales y familiares relevantes para la cuantificación del impuesto (edad de los hijos, existencia de discapacidad, estado civil), así como el momento en que debe apreciarse la residencia habitual del contribuyente para determinar la aplicación de la escala estatal y autonómica de su Comunidad de residencia. El carácter periódico del tributo (el hecho imponible se extiende a lo largo del año y se considera producido en un único instante, el 31 de diciembre) es propio de la imposición directa sobre la renta, frente a los impuestos instantáneos como el IVA o el ITPAJD. La imputación temporal (art. 14) sigue estas reglas generales: los ingresos y gastos de los rendimientos se imputan al período en que sean exigibles (criterio del devengo), y las ganancias y pérdidas patrimoniales al período en que tenga lugar la alteración patrimonial; para las operaciones a plazos o con precio aplazado rige la imputación proporcional a medida que sean exigibles los cobros, salvo que el contribuyente opte por imputar la totalidad en el período de la transmisión.
Períodos impositivos inferiores al año natural: el fallecimiento del contribuyente
El art. 12.2 LIRPF recoge la única excepción legal a la coincidencia entre período impositivo y año natural: cuando el contribuyente fallece en día distinto del 31 de diciembre, el período impositivo concluye en la fecha del fallecimiento y el impuesto se devenga en ese mismo momento (art. 13). En tal caso, las rentas pendientes de imputación se integran en la última declaración del causante, y las circunstancias personales y familiares y los mínimos no se prorratean por el número de días del período impositivo. La obligación de declarar y autoliquidar el impuesto del causante recae sobre sus herederos, que suceden al fallecido en sus obligaciones tributarias pendientes (art. 39 LGT), sin que las sanciones se transmitan. Esta regla del período impositivo inferior al año natural es distinta de la que opera, por ejemplo, en el IS (extinción de la entidad), y no existe fraccionamiento del período por cambio de residencia dentro del año.
El régimen de atribución de rentas: comunidades de bienes y sociedades civiles
Los arts. 86 a 90 LIRPF regulan el régimen de atribución de rentas, aplicable a las rentas obtenidas por entidades sin personalidad jurídica propia a efectos del IRPF, o que, teniéndola, no tributan por el Impuesto sobre Sociedades: comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles sin objeto mercantil y demás entidades del art. 35.4 LGT. Estas entidades no son sujetos pasivos del IRPF ni del IS: la renta que obtienen se atribuye directamente a sus socios, comuneros o partícipes, según las normas o pactos aplicables (si constan de forma fehaciente) o, en su defecto, por partes iguales, y se integra en la base imponible de cada uno de ellos conforme a su naturaleza (rendimientos del capital, de actividades económicas, ganancias patrimoniales) según la actividad realizada por la entidad. Desde la reforma del IS operada por la Ley 27/2014, las sociedades civiles con objeto mercantil pasaron a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, quedando excluidas del régimen de atribución de rentas, que ha quedado reservado a las entidades sin objeto mercantil.
Concepto de renta gravable: componentes de la renta del contribuyente
La renta gravable en el IRPF, conforme al art. 6.2 LIRPF, está formada por la totalidad de los rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, y las imputaciones de renta establecidas por la Ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido. Este concepto amplio de renta responde a la llamada teoría de la renta-incremento patrimonial (frente a la más restrictiva teoría de la renta-producto), incorporando no solo los flujos periódicos derivados de una fuente productiva estable (trabajo, capital, actividad económica) sino también los incrementos de valor del patrimonio que se manifiestan de forma ocasional con ocasión de cualquier alteración en su composición (ganancias patrimoniales). A estos componentes se añaden las imputaciones de renta, rentas que la Ley atribuye al contribuyente sin que medie una percepción efectiva de flujo económico, en los supuestos tasados legalmente: régimen de transparencia fiscal internacional (art. 91), imputación de rentas inmobiliarias de inmuebles no afectos a actividades económicas ni arrendados (art. 85), cesión de derechos de imagen (art. 92) y régimen de atribución de rentas ya examinado.
Clasificación de las fuentes de renta: rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales, imputaciones de renta
El art. 6.2 LIRPF clasifica de forma cerrada y exhaustiva las fuentes de renta gravable en cinco componentes: rendimientos del trabajo (art. 17), rendimientos del capital, tanto inmobiliario (art. 22) como mobiliario (art. 25), rendimientos de actividades económicas (art. 27), ganancias y pérdidas patrimoniales (art. 33), y las imputaciones de renta establecidas por Ley. Esta clasificación no es meramente descriptiva: cada categoría cuenta con sus propias reglas de cuantificación (ingresos íntegros, gastos deducibles, reducciones específicas), con sus propios porcentajes de reducción por generación plurianual o irregular, y con un tratamiento distinto según se integren en la base imponible general o en la base imponible del ahorro (tema siguiente). La correcta calificación de una renta dentro de una u otra fuente tiene, por tanto, una relevancia práctica decisiva: determina el régimen de gastos deducibles aplicable, el tipo de retención o ingreso a cuenta, la posible aplicación de reducciones, y en última instancia la base (general o del ahorro) en la que la renta se integra y, con ello, el tipo de gravamen aplicable.
Concepto de rendimientos del trabajo
El art. 17.1 LIRPF define los rendimientos íntegros del trabajo como todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas. La propia Ley completa esta definición con enumeraciones no exhaustivas: el art. 17.1 cita, en particular, sueldos y salarios, prestaciones por desempleo, remuneraciones en concepto de gastos de representación, dietas y asignaciones para gastos de viaje que excedan de los límites reglamentarios, y las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones o por los tomadores de seguros colectivos de los que sean beneficiarios los trabajadores. El art. 17.2 califica además como rendimientos del trabajo, en todo caso, determinadas rentas que no derivan estrictamente de una relación laboral: las pensiones y haberes pasivos de la Seguridad Social y de clases pasivas y demás prestaciones públicas por incapacidad, jubilación, viudedad o situaciones similares; las prestaciones de mutualidades generales de funcionarios; las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones; las retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración y otros órganos representativos; las becas no exentas; y las derivadas de impartir cursos, conferencias, coloquios o seminarios, entre otras.
Concepto de rendimientos del capital inmobiliario
El art. 22 LIRPF califica como rendimientos íntegros del capital inmobiliario los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos, o de derechos reales que recaigan sobre ellos, siempre que no estén afectos a actividades económicas. Se computa como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos deba satisfacer el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspondiente a los bienes cedidos con el inmueble y excluido el IVA repercutido. El art. 23 regula los gastos deducibles (intereses y demás gastos de financiación y de reparación y conservación, con el límite conjunto de los ingresos íntegros y arrastre del exceso durante los cuatro años siguientes; tributos y recargos no estatales; gastos de formalización, defensa jurídica y servicios; saldos de dudoso cobro; primas de seguros; y la amortización, que se calcula con los criterios reglamentarios, con un 3% anual sobre el mayor entre el coste de adquisición satisfecho y el valor catastral, excluido el suelo) y la reducción aplicable a los rendimientos netos positivos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. Esa reducción era del 60% hasta la Ley 12/2023; para los contratos celebrados con posterioridad el porcentaje general pasa a ser del 50%, con porcentajes superiores en determinados supuestos vinculados a las zonas de mercado residencial tensionado (hasta el 90% si el nuevo contrato rebaja la renta al menos un 5% respecto del anterior, 70% para jóvenes de 18 a 35 años y 60% para viviendas rehabilitadas), conservándose el 60% para los contratos anteriores. No se aplica a los rendimientos netos negativos.
Concepto de rendimientos del capital mobiliario
El art. 25 LIRPF clasifica los rendimientos del capital mobiliario en cuatro grupos: los procedentes de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad (dividendos, primas de asistencia a juntas, y cualquier otra utilidad derivada de la condición de socio); los procedentes de la cesión a terceros de capitales propios (intereses de cuentas, depósitos, valores de renta fija); los procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro de vida o invalidez, y de rentas derivadas de la imposición de capitales; y otros rendimientos del capital mobiliario (procedentes de la propiedad intelectual e industrial cuando el contribuyente no sea el autor, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, y de la cesión del derecho a la explotación de la imagen). Con carácter general, la práctica totalidad de los rendimientos del capital mobiliario forman parte de la renta del ahorro y se integran en la base imponible del ahorro, salvo los derivados de la cesión a terceros de capitales propios entre personas o entidades vinculadas en los términos reglamentariamente establecidos, que en determinados supuestos se integran en la base general.
Concepto de rendimientos de actividades económicas
El art. 27.1 LIRPF define los rendimientos de actividades económicas como aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, citando expresamente las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, así como las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, artesanales, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas. Los arts. 28 a 32 regulan la determinación del rendimiento neto, que se calcula por tres métodos: estimación directa normal, estimación directa simplificada (en la que se admite una deducción por gastos de difícil justificación del 5% con un máximo de 2.000 euros anuales) y estimación objetiva por signos, índices o módulos. En cuanto al arrendamiento de inmuebles, el art. 27.2 exige para su calificación como actividad económica que, para su ordenación, se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa (desde la reforma de 2015 ya no se exige un local exclusivamente destinado a la gestión). Las retribuciones de los administradores y consejeros se califican como rendimientos del trabajo (art. 17.2), no como rendimientos de actividades económicas.
Concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales (art. 33 LIRPF)
El art. 33.1 LIRPF define las ganancias y pérdidas patrimoniales como las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que la propia Ley las califique como rendimientos. Esta definición exige la concurrencia de dos elementos: una alteración en la composición del patrimonio (transmisión onerosa o lucrativa, permuta, pérdida no derivada del consumo, premio, etc.) y una variación de valor que se manifiesta como consecuencia de dicha alteración (diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del elemento patrimonial afectado). El carácter residual de esta categoría respecto de los rendimientos («salvo que la Ley las califique como rendimientos») es clave para su correcta delimitación: por ejemplo, la venta de existencias por un empresario genera rendimiento de actividad económica y no ganancia patrimonial, mientras que la venta de un elemento del inmovilizado afecto a la actividad genera una ganancia o pérdida patrimonial, no un rendimiento, aunque el elemento estuviese afecto a la actividad económica del contribuyente.
Supuestos excluidos del concepto de ganancia o pérdida patrimonial
Los apartados 2 y 3 del art. 33 LIRPF excluyen determinados supuestos en los que, pese a producirse formalmente una alteración patrimonial, la Ley estima que no existe verdadera ganancia o pérdida: la división de la cosa común; la disolución de la sociedad de gananciales o la extinción del régimen económico matrimonial de participación, así como la disolución de comunidades de bienes o la separación de comuneros, sin que se altere la proporción de las adjudicaciones (si hay excesos de adjudicación, estos pueden generar una ganancia); y la extinción del régimen económico de separación de bienes en lo que se refiere a las compensaciones por razón de trabajo para la casa. En estos casos los bienes adjudicados conservan el valor y la antigüedad de adquisición originarios. El art. 33.3 estima además que no existe ganancia o pérdida patrimonial, entre otros supuestos tasados, en las transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente («plusvalía del muerto»), en el pago de deudas tributarias mediante entrega de bienes del Patrimonio Histórico Español, en las aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad y en determinadas transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a las que sea aplicable la reducción del ISD por empresa familiar. El art. 33.4 declara exentas ciertas ganancias patrimoniales, como las derivadas de la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o gran dependencia, y las que se pongan de manifiesto en determinadas donaciones a entidades de la Ley 49/2002.
Determinación del importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales
El art. 34 LIRPF establece que, como regla general, el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será, en el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales, y en los demás supuestos, el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso. El valor de adquisición, conforme al art. 35, está formado por el importe real por el que la adquisición se hubiese efectuado, más el coste de las inversiones y mejoras y los gastos y tributos inherentes a la adquisición (excluidos los intereses) satisfechos por el adquirente, minorado en el importe de las amortizaciones. El valor de transmisión es el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado, minorado en los gastos y tributos inherentes satisfechos por el transmitente, entendiéndose por importe real el efectivamente satisfecho siempre que no resulte inferior al valor de mercado, en cuyo caso prevalece este último. Para los bienes inmuebles, el valor de adquisición se corrige aplicando los coeficientes de actualización monetaria que fijan anualmente las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Las transmisiones lucrativas se valoran, tanto para el transmitente como para el adquirente, por su valor a efectos del ISD, sin exceder del valor de mercado (art. 36). Estas reglas generales se completan con reglas especiales de valoración para determinados elementos patrimoniales (art. 37).
Reglas especiales de valoración en transmisiones a título oneroso y a título lucrativo
El art. 37 LIRPF establece reglas especiales de determinación de las ganancias y pérdidas patrimoniales en supuestos específicos. En la transmisión de valores admitidos a negociación en mercados regulados el valor de transmisión es el de cotización en la fecha de la transmisión o el precio pactado si es superior; en la de valores no admitidos a negociación se toma el mayor entre el precio pactado, el valor teórico resultante del último balance y el resultante de capitalizar al 20% el promedio de los resultados de los tres últimos ejercicios cerrados. Cuando existan valores homogéneos, se considera que los transmitidos son los adquiridos en primer lugar (criterio FIFO). También hay reglas específicas para el traspaso de locales de negocio y para otros supuestos como las operaciones con derechos de suscripción y las permutas, que se valoran por valores de mercado. Merece mención el régimen de diferimiento del art. 94 LIRPF, conforme al cual no se computa la ganancia o pérdida patrimonial derivada del reembolso de participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión) cuando el importe se reinvierta en otras IIC (traspaso), de modo que el diferimiento se mantiene hasta el reembolso definitivo.
Ganancias patrimoniales no justificadas
El art. 39 LIRPF regula las ganancias patrimoniales no justificadas, definidas como los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por el IRPF o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en libros o registros oficiales. Estas ganancias se integran en la base liquidable general del período impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a la del período de prescripción, en cuyo caso no procede su regularización. El propio art. 39.2 contenía una regla específica de conexión con la obligación de información sobre bienes y derechos en el extranjero (modelo 720): la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido dicha obligación en plazo se calificaba como ganancia patrimonial no justificada, imputable al período impositivo más antiguo no prescrito. La Sentencia del TJUE de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19) declaró este régimen contrario al Derecho de la UE por desproporcionado, y la Ley 5/2022, de 9 de marzo, lo reformó eliminando la imprescriptibilidad y las sanciones proporcionales específicas. Conviene revisar la redacción vigente del art. 39.2 antes de afirmar el alcance exacto de la reforma.
Exención por reinversión en vivienda habitual
El art. 38 LIRPF, desarrollado por el art. 41 del Reglamento, permite excluir de gravamen la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente cuando el importe total obtenido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual, en el plazo de dos años desde la transmisión (también se admite el plazo para finalizar las obras de construcción o rehabilitación). Cuando el importe reinvertido sea inferior al total obtenido, únicamente se excluye de tributación la parte proporcional de la ganancia que corresponda a la cantidad reinvertida, tributando el resto conforme a las reglas generales. Distinta es la exención del art. 33.4.b) para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa o gran dependencia, que no exige reinversión pero solo se aplica a la vivienda habitual. El art. 38.3 extiende una exclusión de gravamen análoga, con los mismos requisitos subjetivos (mayores de 65 años o dependencia severa o gran dependencia), a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de cualquier elemento patrimonial (no solo la vivienda habitual) cuando el importe obtenido se destine a constituir una renta vitalicia asegurada a favor del contribuyente, con un límite máximo de 240.000 euros como cantidad total destinada a constituir dichas rentas y en un plazo de seis meses desde la transmisión.
Rentas exentas del art. 7 LIRPF (selección de memoria)
El art. 7 LIRPF enumera rentas que, estando sujetas, se declaran exentas. Entre las más relevantes: las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores o norma de desarrollo, con un límite máximo de 180.000 euros; las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social; las prestaciones públicas por nacimiento y cuidado del menor (maternidad y paternidad); las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial; las becas públicas para estudios en los términos reglamentarios; y los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero para una empresa o entidad no residente, con un límite de 60.100 euros anuales y cumpliendo requisitos de que en el territorio de destino se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga. Deben distinguirse de las rentas no sujetas y de las exclusiones de gravamen condicionadas (como la reinversión en vivienda habitual).
Rendimiento neto del trabajo: gastos deducibles y reducciones
El rendimiento neto del trabajo se obtiene minorando los ingresos íntegros en los gastos deducibles del art. 19 LIRPF, que son tasados: las cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidades generales obligatorias de funcionarios, las detracciones por derechos pasivos, las cotizaciones a colegios de huérfanos, las cuotas sindicales y a colegios profesionales (con el límite reglamentario de 500 euros anuales), los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios con el empleador (hasta 300 euros anuales) y, con carácter general, 2.000 euros anuales en concepto de otros gastos, incrementados en los casos de personas con discapacidad que obtengan rendimientos como trabajadores activos (3.500 euros con discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, y 7.750 euros con movilidad reducida o discapacidad igual o superior al 65%) y en el supuesto de movilidad geográfica. Sobre el rendimiento así obtenido operan reducciones: la del 30% para los rendimientos con período de generación superior a dos años o calificados reglamentariamente de notoriamente irregulares en su obtención, con límite anual de 300.000 euros (art. 18), y la reducción por obtención de rendimientos del trabajo del art. 20 (que beneficia a rentas bajas y cuyas cuantías y tramos han sido modificados reiteradamente).
Retribuciones en especie del trabajo: concepto, valoración y rentas exentas
El art. 42 LIRPF define las rentas en especie como la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no suponga un gasto real para quien las conceda. Se valoran, con carácter general, por su valor normal en el mercado (art. 43), con reglas especiales: la utilización de vivienda propiedad del pagador se valora por el 10% del valor catastral (5% si los valores catastrales han sido revisados y han entrado en vigor en el período impositivo o en los diez anteriores); la utilización de un vehículo, por el 20% anual del coste de adquisición para uso privado; y los préstamos con tipo de interés inferior al legal del dinero, por la diferencia entre este y el pactado. Existen retribuciones en especie exentas de acuerdo con el art. 42.3 y el Reglamento: entre otras, la entrega de productos a precios rebajados de comedores de empresa o de vales-comida con límite diario de 11 euros, la formación del personal, las primas de seguros de enfermedad con límite de 500 euros anuales por persona (1.500 euros para personas con discapacidad), o la cobertura de guardería. El ingreso a cuenta que haga el pagador no es un gasto deducible para el trabajador.
Imputaciones de renta: especial referencia a la imputación de rentas inmobiliarias (art. 85)
Las imputaciones de renta son rentas que la Ley atribuye al contribuyente sin que medie percepción efectiva de flujo económico. El art. 85 LIRPF regula la imputación de rentas inmobiliarias: el titular de inmuebles urbanos o rústicos con construcciones que no estén afectos a actividades económicas, no generen rendimientos del capital y no constituyan la vivienda habitual (ni suelo no edificado), debe imputar como renta el 2% del valor catastral; el porcentaje se reduce al 1,1% si los valores catastrales han sido revisados, modificados o determinados mediante procedimiento de valoración colectiva de carácter general y han entrado en vigor en el período impositivo o en los diez anteriores. Si el inmueble carece de valor catastral, la imputación es del 1,1% del 50% del mayor valor entre el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos y el precio o valor de adquisición. Se integra en la base imponible general. Junto a ella, las imputaciones de renta incluyen la transparencia fiscal internacional (art. 91) y la cesión de derechos de imagen (art. 92).
Pérdidas patrimoniales no computables y reglas sobre valores homogéneos
El art. 33.5 LIRPF establece que no se computarán como pérdidas patrimoniales, entre otras: las no justificadas; las debidas al consumo; las derivadas de transmisiones lucrativas por actos inter vivos o de liberalidades; las derivadas de la transmisión de valores o participaciones admitidos a negociación en mercados oficiales cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión (un año en el caso de valores no admitidos a negociación), regla antiabuso conocida como «regla de los dos meses», de modo que la pérdida se integra cuando se transmitan los valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio. Para identificar los valores transmitidos se aplica el criterio FIFO (art. 37.2). Además, la regla de compensación posterior de las pérdidas y las ganancias patrimoniales (arts. 48 y 49) se examina en el tema siguiente, así como la distinción entre ganancias que se integran en la base del ahorro (derivadas de transmisiones) y en la base general (resto).
Coeficientes de abatimiento: elementos adquiridos antes de 31-12-1994
La disposición transitoria novena de la Ley 35/2006 mantiene un régimen transitorio para las ganancias patrimoniales derivadas de elementos no afectos adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994: la parte de la ganancia generada hasta el 20 de enero de 2006 se reduce mediante coeficientes de abatimiento, que dependen del tipo de bien y de los años de permanencia. La Ley 26/2014 limitó su aplicación al importe de 400.000 euros de valor de transmisión acumulado para el conjunto de elementos transmitidos desde 2015. La parte posterior a 20 de enero de 2006 tributa por las reglas generales. Debe diferenciarse de la corrección monetaria de los inmuebles (coeficientes de actualización de las Leyes de Presupuestos).
Esquema práctico de calificación de las rentas y puntos de confusión
Para resolver una cuestión de calificación conviene seguir un orden: 1) comprobar si la renta está sujeta (no lo está si lo está al ISD); 2) comprobar si está exenta (art. 7 o art. 33.4); 3) clasificar la fuente: trabajo, capital inmobiliario, capital mobiliario, actividad económica, ganancia o pérdida patrimonial, o imputación; 4) determinar el rendimiento o ganancia neta con las reglas propias de cada fuente; 5) integrar en la base general o del ahorro. Puntos de confusión frecuentes: la residencia fiscal (art. 9) no se fracciona, salvo fallecimiento; el período impositivo es el año natural (art. 12) y el devengo el 31 de diciembre (art. 13); el régimen de atribución de rentas no es sujeto pasivo; los rendimientos de capital inmobiliario no incluyen los afectos a actividades económicas; la ganancia o pérdida patrimonial exige alteración en la composición del patrimonio; la venta de existencias o de bienes de uso por un empresario se califica de rendimiento si forma parte de la actividad habitual (existencias) y de ganancia si se trata de elementos patrimoniales afectos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El IRPF es tributo directo, personal, subjetivo y progresivo (Ley 35/2006); grava la renta mundial del contribuyente residente, frente al IRNR que grava solo la renta obtenida en España.
Son contribuyentes las personas físicas con residencia habitual en España (art. 8 LIRPF) y, por excepción, los españoles residentes en el extranjero por cargo o empleo oficial (art. 10 LIRPF). Los españoles que se trasladan a un paraíso fiscal siguen siendo contribuyentes el año del cambio y los cuatro siguientes (art. 8.2).
Basta con que concurra UNO de los dos criterios del art. 9.1 LIRPF —permanencia más de 183 días o núcleo principal de intereses económicos— para ser residente fiscal en España; no es necesario que concurran ambos.
Existe una presunción iuris tantum de residencia en España cuando residan aquí el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores dependientes del contribuyente (art. 9.1, último párrafo).
El régimen de impatriados del art. 93 LIRPF («Ley Beckham») exige, tras la Ley 28/2022, no haber sido residente en España en los 5 períodos impositivos anteriores (antes eran 10) y se aplica el año del cambio de residencia más los 5 siguientes, con tipo del 24% hasta 600.000 euros y 47% sobre el exceso.
El art. 6.3 LIRPF excluye de sujeción al IRPF la renta ya sujeta al ISD, evitando la doble imposición sobre incrementos patrimoniales lucrativos.
El período impositivo es el año natural (art. 12) y el devengo se produce el 31 de diciembre (art. 13); el único supuesto de período impositivo inferior es el fallecimiento del contribuyente.
El régimen de atribución de rentas (arts. 86 a 90) se aplica a comunidades de bienes, herencias yacentes y sociedades civiles SIN objeto mercantil; las sociedades civiles CON objeto mercantil tributan por el IS desde 2016.
La renta se clasifica en cinco componentes cerrados (art. 6.2 LIRPF): rendimientos del trabajo, del capital (inmobiliario y mobiliario), de actividades económicas, ganancias/pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta.
Reducción por arrendamiento de vivienda: 60% históricamente; tras la Ley 12/2023, 50% general para contratos nuevos, con 90%, 70% y 60% en supuestos de zona tensionada o rehabilitación; no se aplica si el rendimiento neto es negativo.
La calificación como actividad económica del arrendamiento de inmuebles solo exige, desde 2015, una persona empleada con contrato laboral a jornada completa (ya no se exige local exclusivo).
Las ganancias patrimoniales (art. 33 LIRPF) exigen alteración en la composición del patrimonio + variación de valor; tienen carácter residual frente a los rendimientos.
NO se estima ganancia patrimonial en la división de la cosa común, la disolución de gananciales o comunidades sin excesos de adjudicación, las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados, ni las transmisiones lucrativas por causa de muerte («plusvalía del muerto»).
Las ganancias patrimoniales no justificadas (art. 39 LIRPF) se imputan al período impositivo en que se descubran, salvo prueba de titularidad desde fecha anterior al período de prescripción.
La exclusión por reinversión en vivienda habitual (art. 38 LIRPF) exige reinvertir en 2 años; si la reinversión es parcial, la exclusión también lo es.
Mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa/gran dependencia pueden excluir la ganancia por venta de CUALQUIER bien si reinvierten en renta vitalicia (art. 38.3), con límite de 240.000 euros; y exención por venta de vivienda habitual sin reinversión (art. 33.4.b).
El IRPF está cedido parcialmente (50%) a las CCAA de régimen común (Ley 22/2009), que tienen capacidad normativa sobre mínimo personal/familiar, escala autonómica y determinadas deducciones.
Residencia en una Comunidad Autónoma (art. 72): mayor número de días del período impositivo; si no se puede determinar, principal centro de intereses; en su defecto, última residencia declarada.
Valores homogéneos: criterio FIFO; no se computan las pérdidas por valores cotizados si se recompran homogéneos en los dos meses anteriores o posteriores (un año si no cotizan).
Indemnización por despido exenta hasta el importe obligatorio del ET con límite de 180.000 euros; trabajos en el extranjero exentos hasta 60.100 euros anuales.
Imputación de rentas inmobiliarias: 2% del valor catastral (1,1% si el valor ha sido revisado en los diez períodos anteriores).
Tributación conjunta: reducción de 3.400 euros (biparental) o 2.150 euros (monoparental); la unidad familiar no es sujeto pasivo y nadie puede estar en dos unidades familiares.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué tipo de gravamen corresponde en el régimen del art. 93 LIRPF a los primeros 600.000 euros?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 18 de Hacienda (AEAT)?
El IRPF es el tributo estructural del sistema fiscal español y el eje del examen de Hacienda: grava la renta mundial de las personas físicas residentes conforme a criterios de progresividad y personalización, articulándose sobre tres ejes de sujeción —material, personal y temporal— que fijan qué renta se grava, a quién y en qué momento. Este primer tema de los dos dedicados al impuesto sienta las bases conceptuales (naturaleza, hecho imponible, contribuyente, residencia, período impositivo) y desarrolla la primera gran magnitud de la renta gravable: las fuentes de renta, con especial atención a las ganancias y pérdidas patrimoniales del art. 33 LIRPF, antes de abordar en el tema siguiente su integración en las bases imponibles y la liquidación del impuesto.
¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?
El IRPF es tributo directo, personal, subjetivo y progresivo (Ley 35/2006); grava la renta mundial del contribuyente residente, frente al IRNR que grava solo la renta obtenida en España. Son contribuyentes las personas físicas con residencia habitual en España (art. 8 LIRPF) y, por excepción, los españoles residentes en el extranjero por cargo o empleo oficial (art. 10 LIRPF). Los españoles que se trasladan a un paraíso fiscal siguen siendo contribuyentes el año del cambio y los cuatro siguientes (art. 8.2). Basta con que concurra UNO de los dos criterios del art. 9.1 LIRPF —permanencia más de 183 días o núcleo principal de intereses económicos— para ser residente fiscal en España; no es necesario que concurran ambos. Existe una presunción iuris tantum de residencia en España cuando residan aquí el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores dependientes del contribuyente (art. 9.1, último párrafo). El régimen de impatriados del art. 93 LIRPF («Ley Beckham») exige, tras la Ley 28/2022, no haber sido residente en España en los 5 períodos impositivos anteriores (antes eran 10) y se aplica el año del cambio de residencia más los 5 siguientes, con tipo del 24% hasta 600.000 euros y 47% sobre el exceso. El art. 6.3 LIRPF excluye de sujeción al IRPF la renta ya sujeta al ISD, evitando la doble imposición sobre incrementos patrimoniales lucrativos. El período impositivo es el año natural (art. 12) y el devengo se produce el 31 de diciembre (art. 13); el único supuesto de período impositivo inferior es el fallecimiento del contribuyente. El régimen de atribución de rentas (arts. 86 a 90) se aplica a comunidades de bienes, herencias yacentes y sociedades civiles SIN objeto mercantil; las sociedades civiles CON objeto mercantil tributan por el IS desde 2016. La renta se clasifica en cinco componentes cerrados (art. 6.2 LIRPF): rendimientos del trabajo, del capital (inmobiliario y mobiliario), de actividades económicas, ganancias/pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta. Reducción por arrendamiento de vivienda: 60% históricamente; tras la Ley 12/2023, 50% general para contratos nuevos, con 90%, 70% y 60% en supuestos de zona tensionada o rehabilitación; no se aplica si el rendimiento neto es negativo. La calificación como actividad económica del arrendamiento de inmuebles solo exige, desde 2015, una persona empleada con contrato laboral a jornada completa (ya no se exige local exclusivo). Las ganancias patrimoniales (art. 33 LIRPF) exigen alteración en la composición del patrimonio + variación de valor; tienen carácter residual frente a los rendimientos. NO se estima ganancia patrimonial en la división de la cosa común, la disolución de gananciales o comunidades sin excesos de adjudicación, las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados, ni las transmisiones lucrativas por causa de muerte («plusvalía del muerto»). Las ganancias patrimoniales no justificadas (art. 39 LIRPF) se imputan al período impositivo en que se descubran, salvo prueba de titularidad desde fecha anterior al período de prescripción. La exclusión por reinversión en vivienda habitual (art. 38 LIRPF) exige reinvertir en 2 años; si la reinversión es parcial, la exclusión también lo es. Mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa/gran dependencia pueden excluir la ganancia por venta de CUALQUIER bien si reinvierten en renta vitalicia (art. 38.3), con límite de 240.000 euros; y exención por venta de vivienda habitual sin reinversión (art. 33.4.b). El IRPF está cedido parcialmente (50%) a las CCAA de régimen común (Ley 22/2009), que tienen capacidad normativa sobre mínimo personal/familiar, escala autonómica y determinadas deducciones. Residencia en una Comunidad Autónoma (art. 72): mayor número de días del período impositivo; si no se puede determinar, principal centro de intereses; en su defecto, última residencia declarada. Valores homogéneos: criterio FIFO; no se computan las pérdidas por valores cotizados si se recompran homogéneos en los dos meses anteriores o posteriores (un año si no cotizan). Indemnización por despido exenta hasta el importe obligatorio del ET con límite de 180.000 euros; trabajos en el extranjero exentos hasta 60.100 euros anuales. Imputación de rentas inmobiliarias: 2% del valor catastral (1,1% si el valor ha sido revisado en los diez períodos anteriores). Tributación conjunta: reducción de 3.400 euros (biparental) o 2.150 euros (monoparental); la unidad familiar no es sujeto pasivo y nadie puede estar en dos unidades familiares.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (arts. 1 a 14, 17 a 23, 25, 27 a 39, 42 y 43, 72, 82 a 94).
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
Ley 12/2002, de 23 de mayo (Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco) y Ley 28/1990, de 26 de diciembre (Convenio Económico con Navarra).
Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes; Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda; Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal; Ley 5/2022, de 9 de marzo.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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