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Tema 5. Los derechos reales de garantía: Concepto y clasificación. Hipoteca. Prenda. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. Anticresis.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

Los derechos reales de garantía son el instrumento jurídico central del crédito: permiten al acreedor asegurar el cobro de su deuda afectando de forma especial un bien, con preferencia frente a otros acreedores y con la posibilidad de perseguirlo en manos de quien lo posea. El tema exige distinguir con precisión los rasgos comunes a toda garantía real (accesoriedad, indivisibilidad, especialidad) y las diferencias de régimen entre la hipoteca (garantía inmobiliaria sin desplazamiento posesorio) y la prenda (garantía mobiliaria con desplazamiento), sin olvidar las figuras especiales creadas por la Ley de 16 de diciembre de 1954 (hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento) ni la, hoy residual, anticresis. Es materia muy tributaria de la Ley Hipotecaria, no solo del Código Civil.

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Concepto de derecho real de garantía

El derecho real de garantía es aquel derecho real limitado que se constituye sobre un bien determinado (mueble o inmueble) con la función de asegurar el cumplimiento de una obligación, otorgando a su titular (el acreedor garantizado) la facultad de instar, en caso de incumplimiento, la realización del valor del bien gravado y de cobrarse con el producto obtenido, con preferencia sobre otros acreedores que no gocen de una garantía real sobre el mismo bien. A diferencia de los derechos reales de goce, el derecho real de garantía no atribuye a su titular ninguna facultad de uso o disfrute sobre la cosa (salvo la excepción de la anticresis), sino únicamente una facultad de realización de su valor en cambio para el caso de que el deudor no cumpla voluntariamente. Los principales derechos reales de garantía regulados en el ordenamiento español son la hipoteca (que recae típicamente sobre inmuebles, sin desplazamiento posesorio), la prenda (que recae sobre muebles, con desplazamiento posesorio como regla general) y la anticresis (que atribuye al acreedor la percepción de los frutos del inmueble gravado para imputarlos al pago de la deuda).

Función económica de las garantías reales

Las garantías reales cumplen una función económica de primer orden en el sistema crediticio: reducen el riesgo de impago que asume el acreedor al conceder crédito, permitiéndole recuperar, total o parcialmente, el importe prestado mediante la realización de un bien concreto afecto al pago, con independencia de la solvencia general del deudor en el momento del vencimiento de la obligación. Frente a la simple responsabilidad patrimonial universal del deudor (artículo 1911 CC, según el cual del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros), que sitúa al acreedor ordinario en pie de igualdad con el resto de acreedores del mismo deudor en caso de insolvencia, la garantía real confiere al acreedor garantizado una posición de preferencia y de persecución sobre un bien concreto, con independencia de quién sea su poseedor en el momento de la ejecución (ius persequendi) y con preferencia de cobro frente a los acreedores ordinarios e incluso frente a acreedores posteriores con garantía real de rango inferior sobre el mismo bien. Esta función explica que las garantías reales, especialmente la hipoteca, sean el instrumento habitual de financiación de la adquisición de vivienda y de la actividad empresarial en España.

Clasificación de los derechos reales de garantía

Los derechos reales de garantía admiten diversas clasificaciones. Atendiendo a la naturaleza mobiliaria o inmobiliaria del bien gravado, se distingue entre garantías inmobiliarias (la hipoteca ordinaria, y la hipoteca mobiliaria pese a su denominación, que recae sobre bienes muebles de especial valor identificable) y garantías mobiliarias (la prenda ordinaria y la prenda sin desplazamiento). Atendiendo a si exigen o no el desplazamiento posesorio del bien gravado a favor del acreedor o de un tercero, se distingue entre garantías posesorias (la prenda ordinaria, que exige que el acreedor o un tercero tengan la posesión de la cosa pignorada, y la anticresis, que exige la entrega del inmueble al acreedor para que perciba sus frutos) y garantías no posesorias (la hipoteca, en la que el deudor hipotecante conserva la posesión del bien gravado, y la prenda sin desplazamiento, en la que el pignorante conserva igualmente la posesión de los bienes pignorados, sustituyéndose la garantía posesoria por la publicidad registral). Esta clasificación resulta relevante porque el desplazamiento posesorio cumple, en las garantías tradicionales, una función de publicidad frente a terceros que en las garantías modernas se sustituye por la inscripción registral.

Principios comunes a los derechos reales de garantía: accesoriedad, indivisibilidad y especialidad

Los derechos reales de garantía, cualquiera que sea su clase, se rigen por tres principios estructurales comunes. El principio de accesoriedad implica que la garantía real no tiene existencia autónoma, sino que está siempre al servicio de una obligación principal cuyo cumplimiento asegura: nace, subsiste y se extingue en función de la obligación garantizada, de modo que la extinción de esta (por pago, condonación, novación extintiva) produce automáticamente la extinción de la garantía, sin necesidad de un acto adicional (artículos 1857.1º y 1207 CC). El principio de indivisibilidad, recogido en el artículo 1860 del Código Civil, determina que la garantía subsiste íntegra, aunque se reduzca la deuda, sobre la totalidad de los bienes gravados y sobre cada una de sus partes, mientras no quede íntegramente satisfecha la obligación, aunque los herederos del deudor o del acreedor no hayan dividido la herencia. El principio de especialidad exige la determinación precisa, tanto del bien concreto sobre el que recae la garantía, como del importe de la obligación garantizada, requisito que en materia hipotecaria se traduce en la exigencia registral de fijar la responsabilidad hipotecaria máxima que grava la finca (artículo 12 de la Ley Hipotecaria).

Concepto y caracteres de la hipoteca inmobiliaria

La hipoteca es el derecho real de garantía que sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida, conforme resulta del artículo 104 de la Ley Hipotecaria. Sus caracteres esenciales son, además de los tres principios comunes a toda garantía real ya expuestos (accesoriedad, indivisibilidad y especialidad), la ausencia de desplazamiento posesorio (el deudor hipotecante conserva la posesión, el uso y el disfrute del bien hipotecado durante toda la vigencia de la hipoteca, pudiendo incluso enajenarlo, si bien el nuevo adquirente adquiere el bien con el gravamen), y su carácter registral: la hipoteca es, junto con algunas figuras especiales, uno de los pocos derechos reales de constitución esencialmente registral en el Derecho español, pues no llega a nacer, ni siquiera entre las partes, sin la correspondiente inscripción. El artículo 1876 CC define la hipoteca disponiendo que sujeta directamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida, formulación prácticamente idéntica a la del artículo 104 LH.

Constitución de la hipoteca: forma e inscripción registral constitutiva

La constitución de la hipoteca exige la concurrencia de dos requisitos cumulativos e imprescindibles: el otorgamiento de escritura pública y la inscripción de esta en el Registro de la Propiedad. El artículo 1875 del Código Civil dispone que, además de los requisitos exigidos en el artículo 1857 (existencia de obligación principal, que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad a quien la hipoteca, y que las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes), es indispensable, para que la hipoteca quede válidamente constituida, que el documento en que se constituya se haya inscrito en el Registro de la Propiedad. En idéntico sentido, el artículo 145 de la Ley Hipotecaria exige la inscripción en el Registro correspondiente para que las hipotecas voluntarias queden válidamente establecidas. Esta exigencia configura a la inscripción registral de la hipoteca como constitutiva, y no meramente declarativa, a diferencia de la regla general aplicable a los demás derechos reales, de modo que, faltando la inscripción, la hipoteca no llega a nacer ni siquiera con eficacia inter partes, quedando el pretendido acreedor hipotecario en la posición de un simple acreedor ordinario o, a lo sumo, con derecho a exigir el otorgamiento de la inscripción si el título es válido.

Sujetos de la hipoteca: hipotecante y acreedor hipotecario

En la relación hipotecaria intervienen dos posiciones jurídicas claramente diferenciadas. El acreedor hipotecario es el titular del crédito garantizado y, correlativamente, del derecho real de hipoteca constituido sobre el bien, con la facultad de instar su realización en caso de incumplimiento. El hipotecante es quien constituye la hipoteca, aportando el bien de su propiedad como garantía; lo habitual es que hipotecante y deudor coincidan en la misma persona (el propio deudor hipoteca un bien de su titularidad para garantizar su propia deuda), pero el ordenamiento admite también la llamada hipoteca de tercero o hipoteca por deuda ajena, en la que una persona distinta del deudor (el llamado tercer poseedor o hipotecante no deudor) hipoteca un bien de su propiedad para garantizar una deuda ajena, sin asumir personalmente la deuda garantizada, de modo que su responsabilidad queda limitada al valor del bien hipotecado, sin extenderse a su restante patrimonio, a diferencia de lo que ocurriría si además hubiera afianzado personalmente la deuda. El artículo 1857 CC exige que quien constituya la hipoteca sea propietario de la cosa hipotecada y tenga la libre disposición de sus bienes, o esté legalmente autorizado para ello.

Objeto de la hipoteca: bienes hipotecables

El artículo 1874 del Código Civil delimita el objeto de la hipoteca: solo pueden ser hipotecados los bienes inmuebles y los derechos reales enajenables con arreglo a las leyes, impuestos sobre bienes de aquella clase. En desarrollo, la Ley Hipotecaria (arts. 106 y ss.) detalla el catálogo: los bienes inmuebles susceptibles de inscripción y los derechos reales enajenables impuestos sobre ellos (art. 106); la nuda propiedad, el usufructo (cuya hipoteca se extingue al extinguirse el usufructo, salvo que se extinga por voluntad del usufructuario, en cuyo caso subsiste hasta el vencimiento de la obligación), el derecho de superficie, las concesiones administrativas, la propiedad temporal o revocable y los derechos de aprovechamiento por turno (art. 107). No pueden hipotecarse separadamente las servidumbres (salvo conjuntamente con el predio dominante, con la especialidad de las aguas), ni el uso y la habitación (art. 108). Quedan excluidos los bienes muebles y los derechos personales o de crédito (que solo admiten prenda de créditos) y los inmuebles inalienables, como los de dominio público mientras conserven esta condición.

Extensión objetiva de la hipoteca

La extensión objetiva de la hipoteca determina qué elementos, más allá del bien gravado, quedan también afectados sin necesidad de pacto expreso. Según la Ley Hipotecaria (arts. 109 a 111), salvo pacto en contrario la hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras (nuevas plantaciones, obras de riego o desagüe, reparación, seguridad, transformación, comodidad, adorno o elevación de los edificios), a las nuevas construcciones y a las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los bienes hipotecados (seguro contra incendios u otros daños, expropiación forzosa, daños y perjuicios), que subrogan al bien en la garantía. En cambio, salvo pacto expreso, la hipoteca no comprende (art. 111 LH) los objetos muebles colocados permanentemente en la finca para su adorno, comodidad o explotación, o para el servicio de alguna industria, a no ser que no puedan separarse sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto, ni los frutos, cualquiera que sea la situación en que se encuentren. La extensión a las mejoras y accesiones está sujeta a las limitaciones de los arts. 112 y 113 LH para proteger a terceros.

Efectos de la hipoteca antes del incumplimiento

Durante la vigencia de la hipoteca y en tanto no se produzca el incumplimiento de la obligación garantizada, el propietario del bien hipotecado (sea o no el propio deudor) conserva íntegramente las facultades de uso, disfrute y disposición sobre el mismo, pudiendo incluso enajenarlo libremente sin necesidad de contar con el consentimiento del acreedor hipotecario, si bien el adquirente recibe el bien con el gravamen hipotecario ya constituido, que le será oponible en virtud del principio de persecución propio de todo derecho real. No obstante esta amplia libertad, la Ley Hipotecaria establece ciertas limitaciones dirigidas a preservar el valor de la garantía: el artículo 117 LH reconoce al acreedor hipotecario la llamada acción de devastación, que le permite solicitar del juez la adopción de medidas para evitar la disminución del valor de la finca hipotecada cuando el propietario ejecute actos que la disminuyan directamente, ya sea destruyendo, deteriorando o dejando de cuidar la finca (incluida la posibilidad de que el juez ponga la finca en administración judicial), sin necesidad de esperar al vencimiento del crédito para actuar frente a esta conducta lesiva del deudor o del tercer poseedor.

Efectos de la hipoteca en caso de incumplimiento: acción hipotecaria

El incumplimiento de la obligación garantizada faculta al acreedor hipotecario para ejercitar la acción hipotecaria, dirigida a realizar el valor del bien gravado y cobrar con su producto, con preferencia frente a otros acreedores sobre ese bien. El art. 1858 CC, aplicable a prenda e hipoteca, dispone que es de esencia de estos contratos que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o la hipoteca para pagar al acreedor. El art. 1859 CC proscribe el pacto comisorio: el acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca ni disponer de ellas, sino que debe acudir al procedimiento de realización legalmente establecido; la anticresis tiene su propia norma (art. 1884 CC). La hipoteca no altera la responsabilidad personal e ilimitada del deudor (art. 105 LH): si el producto de la ejecución no cubre el crédito, el acreedor puede seguir contra los restantes bienes del deudor (art. 1911 CC), salvo que se pactara la responsabilidad limitada al bien hipotecado (art. 140 LH, hipoteca de responsabilidad limitada). La acción hipotecaria prescribe a los veinte años (art. 1964.1 CC).

El procedimiento de ejecución hipotecaria

La realización judicial del valor del bien hipotecado se articula a través del procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, regulado en los artículos 681 a 698 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, y complementado por el artículo 129 de la Ley Hipotecaria. Es un procedimiento especial y privilegiado, que exige que la escritura de constitución contenga determinadas menciones (el precio en que los interesados tasan la finca para que sirva de tipo en la subasta, y un domicilio para requerimientos y notificaciones). La oposición está limitada a causas tasadas: extinción de la garantía o de la obligación garantizada, error en la determinación de la cantidad exigible cuando la deuda resulte de un saldo liquidado, y existencia de cláusulas abusivas (introducida por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y adaptada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). La subasta se celebra por vía electrónica en el Portal de Subastas del BOE. Si no hay postores, el acreedor puede pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % del valor de subasta si es vivienda habitual, o el 60 % en los demás casos, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos si fuera superior (art. 671 LEC).

La venta extrajudicial de la finca hipotecada

Junto al procedimiento judicial, el artículo 129 de la Ley Hipotecaria admite que la acción hipotecaria se ejercite mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado ante notario, siempre que se haya pactado expresamente en la escritura de constitución de la hipoteca. El procedimiento, desarrollado en los arts. 234 y ss. del Reglamento Hipotecario, permite realizar el bien mediante subasta ante notario sin acudir a los tribunales. Tras las reformas derivadas de la protección de los consumidores (Ley 1/2013, Ley 5/2019 y la jurisprudencia del TJUE), el procedimiento ha quedado sujeto a mayores garantías y a la posibilidad de suspensión cuando el deudor plantee ante el juzgado cuestiones que puedan determinar la improcedencia de la ejecución, como el carácter abusivo de cláusulas del préstamo, de modo que sus garantías se aproximan a las del procedimiento judicial cuando el deudor es consumidor. La regulación de este procedimiento debe contrastarse con la redacción vigente del art. 129 LH tras la Ley 5/2019.

Cancelación y extinción de la hipoteca

La hipoteca, derecho real accesorio, se extingue por vía principal (extinción de la propia garantía sin afectar a la obligación garantizada, por ejemplo por confusión al reunirse en la misma persona la condición de acreedor hipotecario y de propietario del bien) o por vía de consecuencia (extinción de la obligación garantizada por pago, condonación o novación extintiva, que arrastra la hipoteca en aplicación de la accesoriedad). Con independencia de la causa sustantiva, la hipoteca sigue inscrita hasta que se practique el asiento de cancelación; conforme al art. 82 LH, las inscripciones hechas en virtud de escritura pública no se cancelan sino por sentencia firme o por escritura o documento auténtico en el que preste su consentimiento el titular de la inscripción, sus causahabientes o representantes legítimos. Además, el art. 82.5 LH permite la cancelación de hipotecas por caducidad cuando haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción hipotecaria (veinte años, art. 1964.1 CC) y, en su caso, el plazo adicional que la ley establece desde el vencimiento, sin que conste interrupción. Mientras no se practique la cancelación registral, la finca continúa gravada a efectos de publicidad frente a terceros.

Clases especiales de hipoteca: de máximo, en garantía de cuentas corrientes

Junto a la hipoteca ordinaria, constituida en garantía de una obligación de cuantía cierta y determinada, la Ley Hipotecaria regula figuras de hipoteca de máximo o de seguridad, en las que la obligación garantizada no está determinada en su cuantía exacta desde la constitución, y solo se fija una cifra máxima de responsabilidad hipotecaria. Pueden garantizarse obligaciones futuras o sujetas a condición (art. 142 LH). El art. 153 LH regula la hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito, en la que se garantiza el saldo resultante a favor del acreedor al cierre de la cuenta, hasta la cantidad máxima pactada. El art. 153 bis LH regula la hipoteca flotante, que permite garantizar con una sola hipoteca una pluralidad de obligaciones, presentes o futuras, sin necesidad de pacto novatorio, con determinación de la cantidad máxima de la que responde la finca y del plazo de la hipoteca. Otras figuras: hipoteca unilateral (art. 141 LH, constituida por el propietario a favor de acreedor que aún no la ha aceptado), hipoteca de responsabilidad limitada (art. 140 LH) e hipoteca inversa (disposición adicional primera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre).

Concepto y caracteres de la prenda

El artículo 1863 del Código Civil dispone que, además de los requisitos exigidos en el artículo 1857 (comunes a toda garantía real: existencia de obligación principal, propiedad y libre disposición del bien por quien constituye la garantía), se necesita, para constituir el contrato de prenda, que se ponga en posesión de esta al acreedor, o a un tercero de común acuerdo. La prenda es, por tanto, el derecho real de garantía que recae típicamente sobre bienes muebles, y que se caracteriza frente a la hipoteca por exigir, como requisito esencial de su constitución, el desplazamiento posesorio del bien pignorado desde el propietario-deudor (o tercero pignorante) hacia el acreedor pignoraticio o hacia un tercero designado de común acuerdo por las partes, sustituyendo así la falta de publicidad registral (los bienes muebles carecen, como regla general, de un registro de titularidades equiparable al de la propiedad inmobiliaria) por la publicidad posesoria: el hecho de que el bien salga de la esfera de disponibilidad del deudor advierte a terceros de la existencia de un gravamen sobre él. Puede recaer tanto sobre bienes muebles corporales como sobre derechos de crédito (prenda de créditos), siempre que sean susceptibles de posesión o de una forma equivalente de desplazamiento.

Constitución de la prenda: el desplazamiento posesorio

La constitución de la prenda, conforme al artículo 1863 del Código Civil, exige la concurrencia de dos elementos: el título (el contrato de prenda propiamente dicho, que puede celebrarse en documento privado, aunque para que la prenda surta efecto frente a terceros el artículo 1865 CC exige que conste por instrumento público la certeza de la fecha) y el desplazamiento posesorio del bien pignorado, entregado al acreedor o a un tercero designado de común acuerdo. Este desplazamiento posesorio constituye un requisito de eficacia (y, según la interpretación mayoritaria, de existencia misma) del derecho real de prenda, no un simple requisito de prueba: mientras el bien pignorado permanezca en poder del deudor pignorante, no llega a nacer un verdadero derecho real de prenda oponible a terceros, sin perjuicio de la validez del contrato obligacional subyacente entre las partes. La exigencia de fecha cierta mediante instrumento público (documento público, o documento privado con alguna de las formas de fehaciencia del artículo 1227 CC) tiene como finalidad específica evitar que se antedaten fraudulentamente prendas en perjuicio de otros acreedores, en supuestos de concurrencia de acreedores sobre el patrimonio del mismo deudor.

Derechos y obligaciones del acreedor pignoraticio

El acreedor pignoraticio tiene derecho a retener la cosa pignorada hasta que se le pague el crédito garantizado: el deudor no puede pedir la restitución contra la voluntad del acreedor mientras no pague la deuda y sus intereses, con las expensas necesarias (art. 1866 CC). En caso de incumplimiento puede dirigirse contra ella para cobrarse, con la prohibición del pacto comisorio (art. 1859 CC). Como contrapartida, el acreedor debe custodiar y conservar la cosa con la diligencia debida, tiene derecho al abono de los gastos hechos para su conservación y responde de su pérdida o deterioro conforme a las reglas generales de la culpa contractual. Si la prenda produce intereses, el acreedor los compensa con los que se le deban y, si no se le deben o en cuanto excedan, los imputa al capital (art. 1868 CC). El acreedor no puede usar la cosa pignorada sin autorización del dueño, y si abusa de ella el deudor puede pedir que se constituya en depósito. En caso de pérdida de posesión de la prenda, el acreedor dispone de las acciones posesorias y del ius persequendi propio de los derechos reales.

Realización del valor de la cosa pignorada

El artículo 1872 del Código Civil regula la realización de la prenda en caso de incumplimiento: el acreedor puede proceder a su enajenación mediante subasta, con citación del deudor y del dueño de la prenda si fuere un tercero (en la práctica, ante notario). Si en la primera subasta no se enajena la prenda, puede celebrarse una segunda en las condiciones legalmente previstas y, si tampoco hay postor, el acreedor puede hacerse dueño de la prenda, quedando obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito. Es la excepción tasada al pacto comisorio: la adjudicación solo opera tras el fracaso del procedimiento de subasta, con garantías de publicidad y citación a los interesados que evitan la venta fraudulenta o a precio vil. Para la prenda constituida en el ámbito mercantil, las pólizas intervenidas por fedatario público permiten un procedimiento ejecutivo propio y los valores admitidos a negociación se rigen por su legislación específica. El detalle de plazos, tipos de subasta y rebajas del art. 1872 CC debe contrastarse con el texto vigente.

Extinción de la prenda

La prenda, como todo derecho real de garantía, se extingue por vía de accesoriedad cuando se extingue la obligación principal garantizada (pago, condonación, compensación, novación extintiva), produciéndose entonces la obligación correlativa del acreedor pignoraticio de restituir la cosa pignorada a su propietario, conforme resulta implícitamente del artículo 1866 CC (que solo autoriza la retención mientras no se pague el crédito). Se extingue también por vía principal, sin necesidad de que se extinga la obligación garantizada, en supuestos como la pérdida o destrucción total de la cosa pignorada (salvo subrogación real en caso de indemnización de seguro), la renuncia del acreedor a su derecho de prenda (que no se presume y debe ser expresa o resultar de actos inequívocos), o la consolidación, al reunirse en una misma persona las cualidades de acreedor pignoraticio y propietario de la cosa pignorada. Una peculiaridad de la prenda, derivada precisamente de la exigencia de desplazamiento posesorio como requisito constitutivo, es que la restitución voluntaria de la posesión de la cosa pignorada al deudor por parte del acreedor, sin reserva de su derecho, se interpreta habitualmente como renuncia tácita a la garantía, dado que el mantenimiento de la posesión por el acreedor constituye elemento esencial de la propia figura.

La hipoteca mobiliaria: concepto y objeto (Ley de 16 de diciembre de 1954)

La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, de 16 de diciembre de 1954, introdujo en el ordenamiento español dos figuras de garantía real que permiten superar las limitaciones tradicionales del sistema de garantías del Código Civil: la imposibilidad de hipotecar bienes muebles (reservada a los inmuebles conforme al artículo 1874 CC) y la necesidad de desplazamiento posesorio en toda prenda. La hipoteca mobiliaria es el derecho real de garantía que recae sobre determinados bienes muebles de especial valor económico e identificabilidad, susceptibles de ser individualizados registralmente pese a su condición de bienes muebles, sin que su constitución exija desplazamiento posesorio alguno: el deudor conserva la posesión y el uso del bien hipotecado, sustituyéndose la publicidad posesoria por la inscripción en un Registro especial de Bienes Muebles. Pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria, conforme al artículo 12 de la citada ley, los establecimientos mercantiles, los automóviles y otros vehículos de motor, las aeronaves, la maquinaria industrial, y la propiedad intelectual e industrial, entre otros bienes específicamente enumerados por la norma en atención a su identificabilidad.

Bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria

La Ley de 16 de diciembre de 1954 enumera con carácter tasado (numerus clausus) los bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria, precisamente porque, tratándose de bienes muebles, es necesario que sean identificables con precisión suficiente para que la publicidad registral pueda cumplir su función de dar a conocer la existencia del gravamen frente a terceros que pretendan adquirir o negociar con esos mismos bienes. Los establecimientos mercantiles pueden hipotecarse como una universalidad, comprendiendo el nombre comercial, el derecho de arrendamiento del local, el mobiliario, la maquinaria, las mercaderías y demás elementos afectos a la explotación, sin necesidad de individualizar cada uno de ellos por separado. Los automóviles y demás vehículos de motor, así como las aeronaves, pueden hipotecarse individualmente en atención a sus datos identificativos (matrícula, número de bastidor o de fábrica). La maquinaria industrial es hipotecable cuando esté instalada y destinada de modo permanente a una explotación, siempre que no tenga la consideración de inmueble por destino conforme al artículo 334 CC. Y la propiedad intelectual y la propiedad industrial (patentes, marcas) son hipotecables en cuanto derechos de contenido patrimonial inscritos en sus respectivos registros especiales.

La prenda sin desplazamiento de la posesión: concepto y objeto

La misma Ley de 16 de diciembre de 1954 regula la prenda sin desplazamiento de la posesión, figura que permite constituir una garantía real de naturaleza pignoraticia sobre determinados bienes muebles sin necesidad de que estos salgan de la esfera de disponibilidad y uso del deudor pignorante, sustituyendo el desplazamiento posesorio exigido por la prenda ordinaria del artículo 1863 CC por la inscripción en el Registro de Bienes Muebles como mecanismo de publicidad frente a terceros. Pueden ser objeto de esta garantía, conforme a la citada ley, los frutos pendientes y las cosechas esperadas dentro del año agrícola en que se produzca el contrato, los animales y sus crías, las máquinas y aperos de labranza vinculados a una explotación agrícola, las máquinas y otros bienes muebles identificables por características propias vinculados a una explotación industrial, y las mercaderías y materias primas almacenadas. Esta figura resulta especialmente útil en el ámbito agrario e industrial, pues permite al empresario o agricultor obtener financiación garantizada con sus propios activos productivos, sin tener que desprenderse de la posesión de bienes que necesita seguir utilizando para el desarrollo de su actividad económica.

Diferencias entre prenda ordinaria y prenda sin desplazamiento

La diferencia esencial entre la prenda ordinaria (arts. 1863 y ss. CC) y la prenda sin desplazamiento (Ley de 16 de diciembre de 1954) radica en la posesión del bien gravado. En la prenda ordinaria, el desplazamiento posesorio a favor del acreedor o de un tercero es requisito constitutivo, y su publicidad se basa en que el bien ya no está en poder de su propietario. En la prenda sin desplazamiento, el bien permanece en poder del deudor pignorante, que asume obligaciones de conservación y de no disposición sin consentimiento del acreedor (su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad civil y, en su caso, penal), sustituyéndose la publicidad posesoria por la inscripción en el Registro de Bienes Muebles. Además, la prenda sin desplazamiento solo puede recaer sobre los bienes enumerados por la ley (numerus clausus), mientras que la prenda ordinaria puede constituirse sobre cualquier bien mueble que esté en el comercio y sea susceptible de posesión (art. 1864 CC).

Constitución e inscripción de la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento

Tanto la hipoteca mobiliaria como la prenda sin desplazamiento exigen, para su válida constitución, el otorgamiento de escritura pública o póliza intervenida por fedatario público y su inscripción en el Registro de Bienes Muebles, en una sección correspondiente al tipo de bien, en un régimen paralelo al de la hipoteca inmobiliaria: la inscripción tiene carácter constitutivo, de modo que sin ella el gravamen no nace con eficacia real. El Registro de Bienes Muebles está a cargo de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles, y se organiza en secciones según el bien gravado (buques y aeronaves, automóviles y otros vehículos de motor, maquinaria industrial, establecimientos mercantiles, y otras garantías reales), cumpliendo respecto de estos bienes una función de publicidad y seguridad jurídica equivalente a la del Registro de la Propiedad. Permite a cualquier interesado conocer, antes de contratar sobre uno de estos bienes, si se encuentra gravado.

Concepto y caracteres de la anticresis

El artículo 1881 del Código Civil define la anticresis disponiendo que, por ella, el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble de su deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al del capital de su crédito. La anticresis presenta, así, un rasgo singular que la distingue de las demás garantías reales estudiadas: mientras que la hipoteca y la prenda no atribuyen a su titular ninguna facultad de uso o disfrute sobre el bien gravado (limitándose a asegurar la realización de su valor en caso de incumplimiento), la anticresis sí concede al acreedor anticrético la percepción efectiva de los frutos del inmueble gravado, imputándolos al pago de la deuda garantizada, lo que la aproxima funcionalmente al usufructo, aunque con una finalidad y una causa jurídica distintas (garantizar un crédito, no atribuir un disfrute autónomo). Es esta característica la que explica su escasísima utilización práctica en el tráfico jurídico actual, pues resulta más sencillo y eficiente para las partes acudir a la hipoteca (que no exige desplazamiento posesorio ni gestión del inmueble por el acreedor) para garantizar créditos con bienes inmuebles.

Constitución y efectos de la anticresis

La anticresis se constituye por contrato entre el deudor (o un tercero) y el acreedor, sin que el Código Civil exija forma solemne ni inscripción constitutiva para su validez entre las partes, aunque, para su oponibilidad frente a terceros, resulta conveniente su constancia en el Registro de la Propiedad (es discutido el valor de la inscripción). Según el art. 1882 CC, el acreedor, salvo pacto en contrario, está obligado a pagar las contribuciones y cargas que pesen sobre la finca y a hacer los gastos necesarios para su conservación y reparación, deduciéndose de los frutos las cantidades que emplee en ambos fines. El art. 1883 CC dispone que el deudor no puede readquirir el goce del inmueble sin haber pagado antes por completo lo que debe a su acreedor, mientras que este, para librarse de las obligaciones que le impone el artículo anterior, puede siempre obligar al deudor a que entre de nuevo en el goce de la finca. El art. 1884 CC establece que el acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por la falta de pago de la deuda en el plazo convenido (todo pacto en contrario es nulo), pero puede pedir el pago de la deuda o la venta del inmueble conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Obligaciones del acreedor anticrético

El acreedor anticrético asume, como contrapartida de la percepción de los frutos del inmueble gravado, obligaciones específicas: debe, salvo pacto en contrario, pagar las contribuciones y cargas que pesen sobre la finca y hacer los gastos necesarios para su conservación y reparación, deduciéndolos de los frutos que perciba (art. 1882 CC); debe imputar los frutos percibidos, en primer lugar, al pago de los intereses de la deuda, si se debieren, y solo después al del capital (art. 1881 CC); y no adquiere la propiedad del inmueble por el impago de la deuda en el plazo convenido (art. 1884 CC, prohibición del pacto comisorio también en la anticresis). En lo no previsto específicamente en sede de anticresis se aplican las disposiciones generales comunes a la prenda y la hipoteca (arts. 1857 a 1862 CC): accesoriedad, indivisibilidad y prohibición del pacto comisorio. Al extinguirse, el acreedor debe restituir el inmueble rindiendo cuentas de los frutos percibidos.

Extinción de la anticresis

La anticresis se extingue, en primer lugar, por vía de accesoriedad, cuando se extingue la obligación principal garantizada, ya sea porque el deudor paga la totalidad de la deuda (bien directamente, bien mediante la imputación acumulada de los frutos percibidos por el acreedor conforme al artículo 1881 CC), ya sea por cualquier otra causa general de extinción de las obligaciones (condonación, compensación, novación extintiva). Se extingue también por vía principal en supuestos como la pérdida total del inmueble gravado, la renuncia del acreedor anticrético a su derecho, o la consolidación al reunirse en una misma persona las cualidades de acreedor anticrético y propietario del inmueble. Producida la extinción, el acreedor debe restituir la posesión y el goce del inmueble al propietario, rindiendo cuentas de los frutos percibidos y de su imputación al pago de la deuda, en un proceso liquidatorio similar, aunque de menor complejidad práctica por la escasa utilización de esta figura, al que corresponde a la extinción de un usufructo, dada la analogía funcional entre ambas instituciones en cuanto a la percepción de frutos de un bien ajeno durante un periodo determinado de tiempo.

Régimen actual del crédito hipotecario: Ley 5/2019 y protección del consumidor

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), que transpone la Directiva 2014/17/UE, regula los préstamos garantizados con hipoteca sobre inmuebles de uso residencial cuando el prestatario es persona física, con refuerzo de la transparencia (Ficha Europea de Información Normalizada, Ficha de Advertencias Estandarizadas, intervención del notario y plazo de reflexión) y reglas sobre vencimiento anticipado (art. 24: se exige mora de cuotas equivalente al 3 % del capital concedido en la primera mitad de la vida del préstamo, o 12 cuotas mensuales, y al 7 % en la segunda mitad, o 15 cuotas, y requerimiento previo de pago con plazo mínimo de un mes) e intereses de demora (art. 25: interés remuneratorio más tres puntos porcentuales). El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, atribuyó al prestamista la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria. La Ley 1/2013 reformó la ejecución hipotecaria y la jurisprudencia del TJUE ha exigido el control de oficio de las cláusulas abusivas.

Garantías reales y Hacienda Pública

La Hacienda Pública dispone de garantías propias: prelación general del crédito tributario, con excepción de los créditos con garantía real debidamente inscrita (art. 77 LGT), hipoteca legal tácita para tributos periódicos sobre bienes inscribibles (art. 78 LGT) y afección de bienes (art. 79 LGT). Además, la normativa de recaudación admite garantías reales (hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, prenda con o sin desplazamiento, fianza personal y solidaria y otras suficientes) para el aplazamiento y fraccionamiento de deudas y para la suspensión de la ejecución (art. 82 LGT). Cuando concurren la Hacienda y un acreedor con hipoteca inscrita sobre el mismo bien, la preferencia se resuelve por las reglas de prelación del art. 77 LGT y los arts. 1923 y 1924 CC, de modo que el acreedor hipotecario inscrito con anterioridad cobra con preferencia a los créditos tributarios no garantizados.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los derechos reales de garantía (a diferencia de los de goce) no atribuyen uso ni disfrute (salvo la anticresis), solo la facultad de realizar el valor del bien en caso de incumplimiento.
  • Tres principios comunes a toda garantía real: accesoriedad (sigue la suerte de la obligación principal), indivisibilidad (art. 1860 CC: subsiste íntegra aunque se reduzca la deuda) y especialidad (determinación del bien y de la responsabilidad máxima garantizada, art. 12 LH).
  • Art. 1874 CC / art. 104 LH: solo son hipotecables inmuebles y derechos reales enajenables impuestos sobre ellos; los muebles quedan, en principio, fuera de la hipoteca ordinaria (de ahí la necesidad de la hipoteca mobiliaria de 1954).
  • La inscripción de la hipoteca es CONSTITUTIVA (art. 1875 CC y art. 145 LH) — sin inscripción no nace ni siquiera entre las partes; es la gran excepción a la regla general de inscripción declarativa.
  • Hipoteca de tercero (hipotecante no deudor): responde solo con el bien hipotecado, no con todo su patrimonio, a diferencia del fiador.
  • Art. 117 LH: acción de devastación, permite al acreedor pedir medidas (incluso administración judicial) si el propietario deteriora el valor de la finca antes del vencimiento.
  • Art. 1859 CC (hipoteca y prenda) y art. 1884 CC (anticresis): prohibición del pacto comisorio. En la prenda, el art. 1872 CC admite la adjudicación al acreedor solo tras fracasar el procedimiento de subasta (contrastar plazos).
  • Ejecución hipotecaria: procedimiento especial de los arts. 681-698 LEC y art. 129 LH, con motivos de oposición tasados (incluida la existencia de cláusulas abusivas, tras la Ley 1/2013).
  • Venta extrajudicial de la finca hipotecada (art. 129 LH): ante notario, solo si se pactó expresamente en la escritura de constitución.
  • Hipoteca de máximo/cuentas corrientes (art. 153 LH) e hipoteca flotante (art. 153 bis LH): garantizan obligaciones de cuantía variable o varias obligaciones con una sola hipoteca, fijando un máximo de responsabilidad.
  • Art. 1863 CC: la prenda exige desplazamiento posesorio al acreedor o a un tercero de común acuerdo como requisito CONSTITUTIVO (no solo probatorio).
  • Art. 1865 CC: para que la prenda surta efecto frente a terceros, se exige instrumento público con fecha cierta (evita antedatar prendas en fraude de otros acreedores).
  • Art. 1872 CC: única excepción legal al pacto comisorio en la prenda: tras el fracaso de las subastas, el acreedor puede hacerse dueño de la prenda dando carta de pago total de su crédito.
  • Ley de 16 de diciembre de 1954 crea dos figuras híbridas: hipoteca mobiliaria (sobre muebles identificables: establecimientos mercantiles, vehículos, aeronaves, maquinaria industrial, propiedad intelectual/industrial) y prenda sin desplazamiento (frutos pendientes, animales, maquinaria y mercaderías de una explotación), ambas SIN desplazamiento posesorio y con inscripción constitutiva en el Registro de Bienes Muebles.
  • Diferencia clave prenda ordinaria/prenda sin desplazamiento: en la primera la publicidad es posesoria (el bien sale de manos del deudor); en la segunda es registral (el deudor conserva el bien, con obligación de conservación y no disposición).
  • Tanto la hipoteca mobiliaria como la prenda sin desplazamiento son de objeto tasado (numerus clausus de bienes admitidos), a diferencia de la prenda ordinaria que puede recaer sobre cualquier mueble poseíble.
  • Art. 1881 CC (anticresis): el acreedor percibe los FRUTOS del inmueble, imputándolos primero a intereses y después a capital; es la única garantía real que atribuye disfrute al acreedor.
  • Art. 1882 CC: salvo pacto en contrario, el acreedor anticrético paga las contribuciones y cargas y los gastos de conservación (se deducen de los frutos). Art. 1883 CC: el deudor no readquiere el goce sin pagar la deuda. Art. 1884 CC: el acreedor no adquiere la propiedad por falta de pago.
  • Art. 105 LH: la hipoteca no altera la responsabilidad personal e ilimitada del deudor; art. 140 LH permite pactar responsabilidad limitada al bien hipotecado.
  • La acción hipotecaria prescribe a los veinte años (art. 1964.1 CC); las acciones personales sin plazo especial, a los cinco años (art. 1964.2 CC).
  • Ley 5/2019 (LCCI) art. 24: vencimiento anticipado: 3 % del capital o 12 cuotas en la primera mitad; 7 % o 15 cuotas en la segunda mitad; requerimiento previo con plazo mínimo de un mes. Art. 25: interés de demora = remuneratorio + 3 puntos.
  • Art. 671 LEC: adjudicación al acreedor sin postores: 70 % del valor de subasta (vivienda habitual) o 60 % (resto), o la deuda si es mayor.
  • AJD en préstamos hipotecarios: sujeto pasivo el prestamista (Real Decreto-ley 17/2018).
  • Art. 1864 CC: pueden darse en prenda todas las cosas muebles que estén en el comercio y sean susceptibles de posesión.
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La acción de devastación del art. 117 LH permite al acreedor hipotecario:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Hacienda (AEAT)?

Los derechos reales de garantía son el instrumento jurídico central del crédito: permiten al acreedor asegurar el cobro de su deuda afectando de forma especial un bien, con preferencia frente a otros acreedores y con la posibilidad de perseguirlo en manos de quien lo posea. El tema exige distinguir con precisión los rasgos comunes a toda garantía real (accesoriedad, indivisibilidad, especialidad) y las diferencias de régimen entre la hipoteca (garantía inmobiliaria sin desplazamiento posesorio) y la prenda (garantía mobiliaria con desplazamiento), sin olvidar las figuras especiales creadas por la Ley de 16 de diciembre de 1954 (hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento) ni la, hoy residual, anticresis. Es materia muy tributaria de la Ley Hipotecaria, no solo del Código Civil.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Los derechos reales de garantía (a diferencia de los de goce) no atribuyen uso ni disfrute (salvo la anticresis), solo la facultad de realizar el valor del bien en caso de incumplimiento. Tres principios comunes a toda garantía real: accesoriedad (sigue la suerte de la obligación principal), indivisibilidad (art. 1860 CC: subsiste íntegra aunque se reduzca la deuda) y especialidad (determinación del bien y de la responsabilidad máxima garantizada, art. 12 LH). Art. 1874 CC / art. 104 LH: solo son hipotecables inmuebles y derechos reales enajenables impuestos sobre ellos; los muebles quedan, en principio, fuera de la hipoteca ordinaria (de ahí la necesidad de la hipoteca mobiliaria de 1954). La inscripción de la hipoteca es CONSTITUTIVA (art. 1875 CC y art. 145 LH) — sin inscripción no nace ni siquiera entre las partes; es la gran excepción a la regla general de inscripción declarativa. Hipoteca de tercero (hipotecante no deudor): responde solo con el bien hipotecado, no con todo su patrimonio, a diferencia del fiador. Art. 117 LH: acción de devastación, permite al acreedor pedir medidas (incluso administración judicial) si el propietario deteriora el valor de la finca antes del vencimiento. Art. 1859 CC (hipoteca y prenda) y art. 1884 CC (anticresis): prohibición del pacto comisorio. En la prenda, el art. 1872 CC admite la adjudicación al acreedor solo tras fracasar el procedimiento de subasta (contrastar plazos). Ejecución hipotecaria: procedimiento especial de los arts. 681-698 LEC y art. 129 LH, con motivos de oposición tasados (incluida la existencia de cláusulas abusivas, tras la Ley 1/2013). Venta extrajudicial de la finca hipotecada (art. 129 LH): ante notario, solo si se pactó expresamente en la escritura de constitución. Hipoteca de máximo/cuentas corrientes (art. 153 LH) e hipoteca flotante (art. 153 bis LH): garantizan obligaciones de cuantía variable o varias obligaciones con una sola hipoteca, fijando un máximo de responsabilidad. Art. 1863 CC: la prenda exige desplazamiento posesorio al acreedor o a un tercero de común acuerdo como requisito CONSTITUTIVO (no solo probatorio). Art. 1865 CC: para que la prenda surta efecto frente a terceros, se exige instrumento público con fecha cierta (evita antedatar prendas en fraude de otros acreedores). Art. 1872 CC: única excepción legal al pacto comisorio en la prenda: tras el fracaso de las subastas, el acreedor puede hacerse dueño de la prenda dando carta de pago total de su crédito. Ley de 16 de diciembre de 1954 crea dos figuras híbridas: hipoteca mobiliaria (sobre muebles identificables: establecimientos mercantiles, vehículos, aeronaves, maquinaria industrial, propiedad intelectual/industrial) y prenda sin desplazamiento (frutos pendientes, animales, maquinaria y mercaderías de una explotación), ambas SIN desplazamiento posesorio y con inscripción constitutiva en el Registro de Bienes Muebles. Diferencia clave prenda ordinaria/prenda sin desplazamiento: en la primera la publicidad es posesoria (el bien sale de manos del deudor); en la segunda es registral (el deudor conserva el bien, con obligación de conservación y no disposición). Tanto la hipoteca mobiliaria como la prenda sin desplazamiento son de objeto tasado (numerus clausus de bienes admitidos), a diferencia de la prenda ordinaria que puede recaer sobre cualquier mueble poseíble. Art. 1881 CC (anticresis): el acreedor percibe los FRUTOS del inmueble, imputándolos primero a intereses y después a capital; es la única garantía real que atribuye disfrute al acreedor. Art. 1882 CC: salvo pacto en contrario, el acreedor anticrético paga las contribuciones y cargas y los gastos de conservación (se deducen de los frutos). Art. 1883 CC: el deudor no readquiere el goce sin pagar la deuda. Art. 1884 CC: el acreedor no adquiere la propiedad por falta de pago. Art. 105 LH: la hipoteca no altera la responsabilidad personal e ilimitada del deudor; art. 140 LH permite pactar responsabilidad limitada al bien hipotecado. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años (art. 1964.1 CC); las acciones personales sin plazo especial, a los cinco años (art. 1964.2 CC). Ley 5/2019 (LCCI) art. 24: vencimiento anticipado: 3 % del capital o 12 cuotas en la primera mitad; 7 % o 15 cuotas en la segunda mitad; requerimiento previo con plazo mínimo de un mes. Art. 25: interés de demora = remuneratorio + 3 puntos. Art. 671 LEC: adjudicación al acreedor sin postores: 70 % del valor de subasta (vivienda habitual) o 60 % (resto), o la deuda si es mayor. AJD en préstamos hipotecarios: sujeto pasivo el prestamista (Real Decreto-ley 17/2018). Art. 1864 CC: pueden darse en prenda todas las cosas muebles que estén en el comercio y sean susceptibles de posesión.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Código Civil, arts. 1857-1886 y 1964.
  • Decreto de 8 de febrero de 1946 (Ley Hipotecaria): arts. 82, 104-158.
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: arts. 671 y 681-698.
  • Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.
  • Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
  • Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
  • Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  • Ley 41/2007, de 7 de diciembre (hipoteca inversa, hipoteca flotante).
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 77-79 y 82).

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