Tema 14. La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias y extinción de las sanciones tributarias. Procedimiento sancionador en materia tributaria: Iniciación, instrucción y terminación.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Título IV de la LGT (arts. 178 a 212) regula la potestad sancionadora en materia tributaria, que se ejerce conforme a los principios del Derecho administrativo sancionador (legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia) con las especialidades de la propia LGT. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves; las sanciones pueden ser pecuniarias (multa fija o proporcional) y no pecuniarias accesorias; sobre ellas operan reducciones por conformidad, acuerdo y pronto pago; y se imponen en un procedimiento sancionador que, como regla general, se tramita de forma separada del de aplicación de los tributos. El régimen se completa con el Real Decreto 2063/2004, Reglamento general del régimen sancionador tributario.
Principios de la potestad sancionadora tributaria (arts. 178 a 180 LGT)
La potestad sancionadora en materia tributaria se ejerce de acuerdo con los principios reguladores de la misma en materia administrativa con las especialidades establecidas en la LGT (art. 178): legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia. Las disposiciones sancionadoras no favorables no tienen carácter retroactivo, y sí lo tienen las que favorezcan al infractor, incluso respecto de las sanciones no firmes en el momento de entrada en vigor de la nueva norma (art. 10.2 LGT). El principio de responsabilidad (art. 179) exige dolo o culpa, al menos a título de simple negligencia: las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no dan lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los casos que enumera el art. 179.2: cuando los obligados carezcan de capacidad de obrar, cuando actúen por fuerza mayor, cuando la infracción derive de una decisión colectiva para quienes hubiesen salvado su voto o no hubiesen asistido a la reunión, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (se entiende que concurre, entre otros supuestos, cuando se haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o se haya ajustado la actuación a los criterios manifestados por la Administración en publicaciones, comunicaciones y contestaciones a consultas). El principio de no concurrencia (art. 180) impide sancionar administrativamente un hecho que pueda ser delito contra la Hacienda Pública: si la Administración aprecia indicios de delito, pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remite el expediente al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador; la sentencia condenatoria impide la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos, y de no apreciarse delito la Administración continúa el procedimiento sobre la base de los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
Sujetos infractores y sucesión en las sanciones (arts. 181 y 182 LGT)
Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades del art. 35.4 LGT que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes. Entre otros, lo son los contribuyentes y sus sustitutos, los retenedores y obligados a practicar ingresos a cuenta, los obligados a realizar pagos fraccionados, los obligados a repercutir, los obligados a presentar declaraciones o autoliquidaciones, las entidades que deban imputar o atribuir rentas, la sociedad dominante en el régimen de consolidación fiscal y los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales, y el representante legal de quienes carezcan de capacidad de obrar. La responsabilidad por infracciones es personal e intransmisible: se extingue por el fallecimiento del infractor. Ahora bien, las sanciones que pudieran imponerse a las sociedades y entidades disueltas se transmiten a sus socios o partícipes en el capital, que responden solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda (art. 182 LGT).
Concepto, clases y calificación de las infracciones tributarias (arts. 183 a 184 LGT)
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en la LGT o en otra ley (art. 183.1). Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves (art. 184). La calificación depende del tipo concreto, y en las más frecuentes se vincula a dos circunstancias: la ocultación de datos a la Administración (omisión de datos relevantes o inclusión de datos falsos en declaraciones, de modo que la incidencia sea un porcentaje relevante sobre la base de la sanción) y la utilización de medios fraudulentos (anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros, empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, y utilización de personas o entidades interpuestas). En general, la infracción es leve si no hay ocultación ni medios fraudulentos (o la base de la sanción es reducida), grave cuando hay ocultación y muy grave cuando hay medios fraudulentos. Entre los tipos más importantes figuran: dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación (art. 191); incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones (art. 192); obtener indebidamente devoluciones (art. 193); solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales (art. 194); determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes (art. 195); no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico (art. 198); presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin perjuicio económico o contestar de forma inexacta a requerimientos (art. 199); incumplir obligaciones contables y registrales (art. 200); incumplir obligaciones de facturación o documentación (art. 201); y la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (art. 203). No hay infracción en los supuestos de regularización voluntaria sin requerimiento previo (art. 27 LGT), que sólo conlleva recargos.
Sanciones tributarias: clases y cuantificación (arts. 185 a 188 LGT)
Las sanciones pueden consistir en multa pecuniaria fija o proporcional (la proporcional se calcula como porcentaje sobre la base de la sanción que se define en cada tipo) y, en las infracciones graves y muy graves, en sanciones no pecuniarias de carácter accesorio, como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de gozar de beneficios fiscales, la prohibición de contratar con las Administraciones públicas o la prohibición de obtener bonificaciones (art. 186). En las infracciones más habituales la sanción mínima proporcional es del 50 por ciento en las leves por dejar de ingresar (art. 191), con rangos que van del 50 al 100 por ciento en las graves y del 100 al 150 por ciento en las muy graves, según los casos. Los criterios de graduación del art. 187 son la comisión repetida de infracciones tributarias, el perjuicio económico para la Hacienda Pública, y el incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación, aplicables simultáneamente en los términos legales. Sobre la sanción resultante se aplican las reducciones del art. 188: el 50 por ciento en las actas con acuerdo; el 30 por ciento en las actas de conformidad; y, adicionalmente, un 25 por ciento cuando se ingrese el importe restante de la sanción en el plazo del art. 62.2 LGT (o en el plazo fijado en el acuerdo de aplazamiento previamente solicitado y con garantía) y no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación ni contra la sanción. Las reducciones por acta (50 y 30 por ciento) se vinculan al tipo de acta suscrita, mientras que la de pronto pago exige además no recurrir.
Extinción de la responsabilidad por infracciones y de las sanciones (arts. 189 y 190 LGT)
La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se extingue por el fallecimiento del sujeto infractor y por la prescripción del derecho de la Administración para imponer las sanciones, que se produce a los 4 años contados desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones (art. 189). Las sanciones tributarias impuestas se extinguen por el pago o cumplimiento, por la prescripción del derecho a exigir su pago (4 años), por compensación, por condonación y por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas (art. 190). La prescripción se interrumpe por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del infractor, conducente a la imposición de la sanción, por la interposición de recursos o por actuaciones del obligado conducentes a liquidar o a pagar.
El procedimiento sancionador: iniciación, instrucción y terminación (arts. 207 a 212 LGT)
El ejercicio de la potestad sancionadora se rige por las normas del Título IV y, en lo no previsto, por la normativa general sobre procedimiento administrativo sancionador (art. 207). Como regla general, el procedimiento sancionador en materia tributaria se tramita de forma separada a los procedimientos de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramita conjuntamente (art. 208). La iniciación es siempre de oficio, mediante notificación del acuerdo del órgano competente (art. 209). Cuando se inicia como consecuencia de un procedimiento de aplicación de los tributos, no puede iniciarse una vez transcurrido el plazo de 3 meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la liquidación o resolución (art. 209.2). La instrucción incluye la comunicación de los hechos imputados, la calificación jurídica y las sanciones que pudieran corresponder, con un trámite de alegaciones y audiencia (Real Decreto 2063/2004), y la formulación de la propuesta de resolución por el instructor. La terminación se produce por resolución, que debe ser motivada, o por caducidad. El plazo máximo para notificar la resolución es de 6 meses desde la notificación de la comunicación de inicio (art. 211); su vencimiento sin notificación produce la caducidad del procedimiento (art. 211). Las sanciones recurridas quedan suspendidas automáticamente, sin necesidad de aportar garantía, sin exigencia de intereses de demora por el tiempo de la suspensión, hasta que adquieran firmeza en vía administrativa (art. 212.3 LGT).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Reducciones: acta con acuerdo 50 por ciento; acta de conformidad 30 por ciento; pronto pago sin recurso, 25 por ciento adicional (art. 188 LGT).
El procedimiento sancionador se tramita separado del de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado (art. 208 LGT).
No cabe iniciar el procedimiento sancionador transcurridos 3 meses desde que se notificó la liquidación o resolución del procedimiento de aplicación de los tributos (art. 209.2 LGT); el plazo para resolver es de 6 meses y su vencimiento produce la caducidad.
El plazo de prescripción del derecho a imponer sanciones es de 4 años desde la comisión de la infracción, y también de 4 años el de la exigencia del pago de la sanción impuesta (arts. 189 y 190 LGT).
Principios: legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia; las normas favorables tienen carácter retroactivo.
Infracción leve si no hay ocultación ni medios fraudulentos; grave si hay ocultación; muy grave si hay medios fraudulentos.
Las sanciones recurridas se suspenden automáticamente sin garantía y sin intereses de demora hasta que sean firmes en vía administrativa (art. 212.3 LGT).
Trampa: el fallecimiento extingue la responsabilidad por infracciones de personas físicas, pero las sanciones de entidades disueltas pasan a los socios hasta el límite de su cuota de liquidación.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Cuál es el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento sancionador tributario y qué ocurre si se supera?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 14 de Hacienda (AEAT)?
El Título IV de la LGT (arts. 178 a 212) regula la potestad sancionadora en materia tributaria, que se ejerce conforme a los principios del Derecho administrativo sancionador (legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia) con las especialidades de la propia LGT. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves; las sanciones pueden ser pecuniarias (multa fija o proporcional) y no pecuniarias accesorias; sobre ellas operan reducciones por conformidad, acuerdo y pronto pago; y se imponen en un procedimiento sancionador que, como regla general, se tramita de forma separada del de aplicación de los tributos. El régimen se completa con el Real Decreto 2063/2004, Reglamento general del régimen sancionador tributario.
¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?
Reducciones: acta con acuerdo 50 por ciento; acta de conformidad 30 por ciento; pronto pago sin recurso, 25 por ciento adicional (art. 188 LGT). El procedimiento sancionador se tramita separado del de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado (art. 208 LGT). No cabe iniciar el procedimiento sancionador transcurridos 3 meses desde que se notificó la liquidación o resolución del procedimiento de aplicación de los tributos (art. 209.2 LGT); el plazo para resolver es de 6 meses y su vencimiento produce la caducidad. El plazo de prescripción del derecho a imponer sanciones es de 4 años desde la comisión de la infracción, y también de 4 años el de la exigencia del pago de la sanción impuesta (arts. 189 y 190 LGT). Principios: legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia; las normas favorables tienen carácter retroactivo. Infracción leve si no hay ocultación ni medios fraudulentos; grave si hay ocultación; muy grave si hay medios fraudulentos. Las sanciones recurridas se suspenden automáticamente sin garantía y sin intereses de demora hasta que sean firmes en vía administrativa (art. 212.3 LGT). Trampa: el fallecimiento extingue la responsabilidad por infracciones de personas físicas, pero las sanciones de entidades disueltas pasan a los socios hasta el límite de su cuota de liquidación.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, arts. 10, 27, 178-212.
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancionador tributario.
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