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Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. Derechos fundamentales y libertades públicas.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

La Constitución Española de 1978 (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Define la forma política del Estado, articula sus órganos constitucionales fundamentales —la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial—, crea un Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la norma fundamental y reconoce un extenso catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas con distintos niveles de garantía. El tema abarca todo el bloque institucional de la Constitución: características y estructura, reforma constitucional, Corona, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y derechos fundamentales con sus garantías. Conviene dominar los números (mayorías, plazos, composiciones) y la distinción entre figuras próximas (investidura frente a moción de censura y cuestión de confianza; estados de alarma, excepción y sitio; reforma por el art. 167 frente al art. 168).

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Características y estructura de la CE

La CE es una norma escrita, rígida (exige procedimientos agravados de reforma, arts. 166 a 169) y extensa: consta de un preámbulo, un Título Preliminar (arts. 1-9), diez títulos (I a X, arts. 10-169), 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Se aprobó por las Cortes el 31 de octubre de 1978, se ratificó en referéndum el 6 de diciembre, fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre y se publicó en el BOE el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día. El art. 1 define España como un Estado social y democrático de Derecho cuyos valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, con soberanía nacional residente en el pueblo español y forma política de Monarquía parlamentaria. El art. 2 reconoce la unidad de la Nación española y el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. El art. 9.3 garantiza los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.

La Corona (Título II, arts. 56-65 CE)

El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes (art. 56.1). Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos están siempre refrendados (art. 56.3 y 64), recayendo la responsabilidad en quien los refrenda. La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, prefiriéndose la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos (art. 57.1). Existen figuras de regencia (art. 59, cuando el Rey es menor de edad o está inhabilitado) y tutela (art. 60). Funciones del Rey (art. 62): sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones; convocar referéndum; proponer el candidato a Presidente del Gobierno y nombrarlo y separarlo; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente; expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros; ser informado de los asuntos de Estado y presidir el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del Presidente; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no puede autorizar indultos generales. Según el art. 63 acredita a los embajadores, manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por tratados y, previa autorización de las Cortes, declara la guerra y hace la paz. Todos los actos del Rey están sujetos a refrendo (art. 64): lo realiza el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución del art. 99 los refrenda el Presidente del Congreso. Están exentos de refrendo el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa (art. 65.2). El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa (art. 65.1). Al proclamarse ante las Cortes Generales, el Rey presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art. 61). Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión se resuelven por ley orgánica (art. 57.5); la abdicación de Juan Carlos I se instrumentó mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio. La regencia corresponde al padre o a la madre del Rey y, en su defecto, al pariente mayor de edad más próximo en la sucesión; la inhabilitación del Rey debe ser reconocida por las Cortes (art. 59); el tutor del Rey menor es el designado en testamento o, en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos, y en último término lo nombran las Cortes (art. 60).

La reforma constitucional (Título X, arts. 166-169 CE)

La iniciativa de reforma se ejerce en los términos del art. 87.1 y 2 (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las CCAA). Procedimiento ordinario (art. 167): el proyecto de reforma debe ser aprobado por una mayoría de 3/5 de cada Cámara; si no hay acuerdo, se intenta mediante una comisión paritaria de diputados y senadores que presenta un texto a votación de ambas Cámaras; si tampoco así se aprueba, y siempre que el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobarlo por mayoría de 2/3. Aprobada la reforma, se somete a referéndum de ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Procedimiento agravado (art. 168): se aplica a la revisión total de la Constitución o a la parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo segundo, Sección 1ª del Título I (arts. 15-29) o al Título II (la Corona); exige aprobación del principio por 2/3 de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por 2/3 de ambas y referéndum obligatorio de ratificación. Según el art. 169, no puede iniciarse la reforma en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del art. 116. La Constitución se ha reformado tres veces: en 1992 (art. 13.2, derecho de sufragio pasivo de los extranjeros en elecciones municipales, a raíz del Tratado de Maastricht), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, para sustituir el término 'disminuidos' por 'personas con discapacidad' y reforzar su tutela; publicada en el BOE de 17 de febrero de 2024).

Las Cortes Generales (Título III, arts. 66-96 CE)

Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art. 66.1), ejerciendo la potestad legislativa del Estado, aprobando sus Presupuestos, controlando la acción del Gobierno y teniendo las demás competencias que les atribuya la Constitución. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (fijado en 350 por la LOREG), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con circunscripción provincial y criterio de representación proporcional, para una legislatura de 4 años (art. 68). El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69): en cada provincia se eligen 4 senadores (con reglas especiales para las islas: 3 para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y 1 para cada una de las demás islas o agrupaciones, y 2 para Ceuta y 2 para Melilla), a los que se suman los designados por las Comunidades Autónomas, que nombran un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. Diputados y senadores gozan de inviolabilidad por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones e inmunidad frente a detención salvo delito flagrante (art. 71). Funcionamiento: las Cámaras se reúnen en dos periodos ordinarios de sesiones al año, de septiembre a diciembre y de febrero a junio (art. 73); los plenos son públicos (art. 80); para la validez de los acuerdos se exige la presencia de la mayoría de los miembros y la aprobación por mayoría de los presentes, salvo que la Constitución o los reglamentos exijan otra (art. 79). Fuera de los periodos de sesiones y tras la disolución actúa la Diputación Permanente (art. 78). Pueden crearse Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, cuyas conclusiones no vinculan a los tribunales (art. 76). Las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer competencias no legislativas que la Constitución atribuye a las Cortes Generales (art. 74). Los diputados y senadores no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2) y nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente (art. 67.1). Procedimiento legislativo: tienen iniciativa legislativa el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las CCAA (art. 87.2); la iniciativa popular exige al menos 500.000 firmas acreditadas y no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87.3). Aprobado un proyecto por el Congreso, el Senado dispone de dos meses (veinte días naturales en los de urgencia) para vetarlo, por mayoría absoluta, o introducir enmiendas; el veto puede levantarlo el Congreso por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple; las enmiendas se aceptan o rechazan por mayoría simple (art. 90). Las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto (art. 81.2) y regulan, además de las materias citadas, las demás previstas en la Constitución. El rey sanciona las leyes en 15 días (art. 91). Los referéndums consultivos sobre decisiones políticas de especial trascendencia los convoca el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso (art. 92). Los tratados que afecten a materias del art. 94.1 requieren autorización previa de las Cortes, y los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1). Instituciones auxiliares: el Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I y supervisión de la actividad de la Administración (art. 54; LO 3/1981), es elegido por las Cortes por mayoría de 3/5 de cada Cámara para un mandato de cinco años; el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente directamente de las Cortes (art. 136; LO 2/1982).

El Gobierno (Título IV, arts. 97-107 CE)

Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97). Se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98). El Presidente es propuesto por el Rey tras consultar a los representantes designados por los grupos políticos y nombrado por el Congreso mediante investidura por mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda (art. 99). El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso, que puede exigir su responsabilidad política mediante moción de censura constructiva (art. 113, exige mayoría absoluta e incluir candidato alternativo) o el Gobierno puede plantear cuestión de confianza (art. 112). Investidura (art. 99): tras cada renovación del Congreso y en los demás supuestos de pérdida de confianza, el Rey, previa consulta a los representantes de los grupos políticos y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato; este expone su programa ante el Congreso y solicita la confianza; si obtiene la mayoría absoluta de los miembros, el Rey lo nombra; si no, se repite la votación 48 horas después y basta la mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato ha obtenido la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Los ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100). El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria, y por dimisión o fallecimiento del Presidente; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo (art. 101). Responsabilidad criminal: la del Presidente y los demás miembros del Gobierno es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; la acusación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado solo puede plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta (art. 102). Cuestión de confianza (art. 112): el Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantearla ante el Congreso sobre su programa o una declaración de política general, y la confianza se entiende otorgada por mayoría simple. Moción de censura (art. 113): debe ser propuesta por al menos una décima parte de los diputados, incluir un candidato a la Presidencia y ser aprobada por mayoría absoluta; presentada, no puede votarse hasta que pasen cinco días y pueden presentarse mociones alternativas durante los dos primeros días de ese plazo. Disolución (art. 115): corresponde al Presidente, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros, mediante decreto del Rey; no puede proponerse mientras esté en trámite una moción de censura ni antes de que haya transcurrido un año desde la anterior disolución. Estados excepcionales (art. 116; LO 4/1981, de 1 de junio): el estado de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no puede prorrogarse; el estado de excepción lo declara el Gobierno con autorización previa del Congreso, por un máximo de 30 días prorrogables por otro plazo igual; el estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante estos estados no puede disolverse el Congreso. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno (art. 107). La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103).

El Poder Judicial (Título VI, arts. 117-127 CE)

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1), ejerciendo en exclusiva la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (117.3), bajo el principio de unidad jurisdiccional (117.5; la ley regula el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución). El Consejo General del Poder Judicial (art. 122) es su órgano de gobierno: lo integran el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y 20 vocales nombrados por el Rey por un periodo de 5 años; de ellos, 12 son jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica (la forma de elegirlos la fija la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido modificada en varias ocasiones), y 8 son abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, elegidos 4 por el Congreso y 4 por el Senado por mayoría de 3/5 de sus miembros (art. 122.3 CE). Otras reglas: los jueces y magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (inamovilidad, art. 117.2). Las sentencias deben pronunciarse en audiencia pública y ser motivadas (art. 120). La justicia es gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119). Los daños causados por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a indemnización a cargo del Estado (art. 121). El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123); su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujetándose en todo caso a los de legalidad e imparcialidad (art. 124); el Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado (art. 125). La Policía Judicial depende de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito (art. 126). Los jueces, magistrados y fiscales en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos (art. 127).

El Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159-165 CE; LO 2/1979)

Compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso y 4 del Senado (ambos por mayoría de 3/5), 2 a propuesta del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial, con mandato de 9 años renovándose por terceras partes cada 3. Es el máximo intérprete de la Constitución, competente para el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo por vulneración de los derechos y libertades del art. 53.2, los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o de estas entre sí, los conflictos entre órganos constitucionales y el control previo de tratados internacionales. Los miembros del Tribunal deben ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional (art. 159.2); la condición de miembro es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, desempeño de funciones directivas en partidos políticos o sindicatos, empleo al servicio de los mismos, ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil (art. 159.4). Su Presidente es nombrado por el Rey, a propuesta del Pleno, por tres años (art. 160). El Tribunal es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica (LO 2/1979). Competencias (art. 161 CE): el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, que puede interponer en el plazo de tres meses el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas; el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2, que pueden interponer toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez o tribunal cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución (art. 163); los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA o de estas entre sí; los conflictos entre órganos constitucionales; la impugnación por el Gobierno de disposiciones y resoluciones de las CCAA (art. 161.2), que produce la suspensión de la disposición impugnada, debiendo el Tribunal ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses; y el control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales (art. 95.2). Las sentencias se publican en el BOE con los votos particulares, tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso contra ellas; las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley tienen plenos efectos frente a todos (art. 164). La LO 2/1979 ha sido objeto de varias reformas, entre ellas la LO 15/2015, de 16 de octubre, que reforzó la ejecución de las resoluciones del Tribunal.

Derechos fundamentales y libertades públicas (Título I, arts. 10-55 CE)

El Capítulo II se divide en la Sección 1ª (arts. 15-29: derechos fundamentales y libertades públicas propiamente dichos, con recurso de amparo y procedimiento preferente y sumario) y la Sección 2ª (arts. 30-38: derechos y deberes de los ciudadanos). El Capítulo III (arts. 39-52) recoge los principios rectores de la política social y económica, informadores de la legislación pero sin tutela directa ante tribunales ordinarios salvo desarrollo legal (art. 53.3). El art. 53.1 exige ley (que respete el contenido esencial) para regular el ejercicio de los derechos del Capítulo II. El art. 55 permite la suspensión general de determinados derechos en los estados de excepción y sitio, y la suspensión individual para investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo con control judicial. Catálogo básico (Sección 1ª del Capítulo II): art. 15 (vida e integridad física y moral; abolición de la pena de muerte salvo lo que dispongan las leyes penales militares en tiempos de guerra); art. 16 (libertad ideológica, religiosa y de culto; nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias); art. 17 (libertad y seguridad: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, un máximo de setenta y dos horas, tras las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial; procedimiento de habeas corpus); art. 18 (honor, intimidad personal y familiar y propia imagen; inviolabilidad del domicilio salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito; secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial; limitación del uso de la informática); art. 19 (elección de residencia y libre circulación); art. 20 (libertad de expresión, información, producción literaria, artística, científica y técnica y libertad de cátedra; no puede restringirse mediante censura previa y solo cabe el secuestro de publicaciones por resolución judicial); art. 21 (reunión pacífica y sin armas; en lugares de tránsito público basta comunicación previa a la autoridad); art. 22 (asociación); art. 23 (participación en los asuntos públicos y acceso a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad); art. 24 (tutela judicial efectiva sin indefensión; juez ordinario predeterminado por la ley; defensa y asistencia de letrado; proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías; presunción de inocencia); art. 25 (principio de legalidad penal y sancionadora; las penas privativas de libertad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados); art. 26 (prohibición de tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de organizaciones profesionales); art. 27 (derecho a la educación y libertad de enseñanza); art. 28 (libertad sindical y derecho de huelga); art. 29 (derecho de petición individual y colectiva, por escrito). El art. 14 proclama la igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Garantías (art. 53): vinculan a todos los poderes públicos; los derechos del Capítulo II solo pueden regularse por ley que respete su contenido esencial (art. 53.1), y la regulación del desarrollo de los derechos de la Sección 1ª exige ley orgánica (art. 81.1). El art. 30.2 (objeción de conciencia al servicio militar, hoy sin servicio militar obligatorio) también goza de amparo junto con el art. 14 y la Sección 1ª. El Defensor del Pueblo (art. 54) supervisa la actividad de la Administración para la defensa de estos derechos. En cuanto a la suspensión, el art. 55.1 permite suspender en los estados de excepción y de sitio los derechos de los arts. 17, 18.2 y 3, 19, 20.1.a y d y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; no cabe suspensión de derechos en el estado de alarma, que solo permite limitaciones. El art. 55.2 permite la suspensión individual de determinados derechos (arts. 17.2, 18.2 y 18.3) para personas determinadas en relación con investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas, mediante la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La CE tiene 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y diez títulos; solo el procedimiento agravado del art. 168 exige disolución de las Cortes y referéndum de ratificación obligatorio.
  • Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29), el art. 14 y la objeción de conciencia del art. 30.2 tienen recurso de amparo ante el TC (art. 53.2 CE); los principios rectores del Capítulo III no son directamente exigibles.
  • El Congreso tiene entre 300 y 400 diputados (350 por LOREG) elegidos por circunscripción provincial y representación proporcional; el Senado es la cámara de representación territorial (4 senadores por provincia + designados por las CCAA: 1 y otro más por millón de habitantes).
  • El CGPJ lo componen el Presidente del TS más 20 vocales por 5 años (12 de la carrera judicial y 8 juristas con más de 15 años de ejercicio, elegidos 4 y 4 por Congreso y Senado por 3/5); el TC tiene 12 miembros (4 Congreso + 4 Senado + 2 Gobierno + 2 CGPJ) con mandato de 9 años y renovación por tercios cada 3.
  • Reforma constitucional: art. 167 = 3/5 de cada Cámara (con salidas alternativas) y referéndum solo si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días; art. 168 = 2/3 + disolución + 2/3 + referéndum obligatorio. Tres reformas hasta hoy: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49).
  • Investidura: mayoría absoluta en 1ª votación; 48 horas después basta mayoría simple; a los dos meses de la primera votación sin investidura, disolución automática con refrendo del Presidente del Congreso.
  • Moción de censura (art. 113): 1/10 de diputados, candidato alternativo, mayoría absoluta; cuestión de confianza (art. 112): mayoría simple.
  • Estados del art. 116: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso); excepción (autorización previa del Congreso, 30 días + 30); sitio (Congreso por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno). Solo excepción y sitio permiten suspender derechos.
  • Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2). Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3). Decreto-ley: convalidación en 30 días (art. 86.2).
  • Todos los actos del Rey están refrendados; la propuesta de candidato y la disolución del art. 99 las refrenda el Presidente del Congreso. El Rey no tiene potestad de iniciativa política propia.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El Consejo General del Poder Judicial, según el art. 122 CE, está compuesto por:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Hacienda (AEAT)?

La Constitución Española de 1978 (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Define la forma política del Estado, articula sus órganos constitucionales fundamentales —la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y el Poder Judicial—, crea un Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la norma fundamental y reconoce un extenso catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas con distintos niveles de garantía. El tema abarca todo el bloque institucional de la Constitución: características y estructura, reforma constitucional, Corona, Cortes Generales, Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y derechos fundamentales con sus garantías. Conviene dominar los números (mayorías, plazos, composiciones) y la distinción entre figuras próximas (investidura frente a moción de censura y cuestión de confianza; estados de alarma, excepción y sitio; reforma por el art. 167 frente al art. 168).

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

La CE tiene 169 artículos repartidos en un Título Preliminar y diez títulos; solo el procedimiento agravado del art. 168 exige disolución de las Cortes y referéndum de ratificación obligatorio. Solo los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29), el art. 14 y la objeción de conciencia del art. 30.2 tienen recurso de amparo ante el TC (art. 53.2 CE); los principios rectores del Capítulo III no son directamente exigibles. El Congreso tiene entre 300 y 400 diputados (350 por LOREG) elegidos por circunscripción provincial y representación proporcional; el Senado es la cámara de representación territorial (4 senadores por provincia + designados por las CCAA: 1 y otro más por millón de habitantes). El CGPJ lo componen el Presidente del TS más 20 vocales por 5 años (12 de la carrera judicial y 8 juristas con más de 15 años de ejercicio, elegidos 4 y 4 por Congreso y Senado por 3/5); el TC tiene 12 miembros (4 Congreso + 4 Senado + 2 Gobierno + 2 CGPJ) con mandato de 9 años y renovación por tercios cada 3. Reforma constitucional: art. 167 = 3/5 de cada Cámara (con salidas alternativas) y referéndum solo si lo pide 1/10 de una Cámara en 15 días; art. 168 = 2/3 + disolución + 2/3 + referéndum obligatorio. Tres reformas hasta hoy: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49). Investidura: mayoría absoluta en 1ª votación; 48 horas después basta mayoría simple; a los dos meses de la primera votación sin investidura, disolución automática con refrendo del Presidente del Congreso. Moción de censura (art. 113): 1/10 de diputados, candidato alternativo, mayoría absoluta; cuestión de confianza (art. 112): mayoría simple. Estados del art. 116: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga con autorización del Congreso); excepción (autorización previa del Congreso, 30 días + 30); sitio (Congreso por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno). Solo excepción y sitio permiten suspender derechos. Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2). Iniciativa legislativa popular: 500.000 firmas (art. 87.3). Decreto-ley: convalidación en 30 días (art. 86.2). Todos los actos del Rey están refrendados; la propuesta de candidato y la disolución del art. 99 las refrenda el Presidente del Congreso. El Rey no tiene potestad de iniciativa política propia.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (texto consolidado, BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

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