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Tema 6. El acto administrativo: Concepto y caracteres. Diferentes clasificaciones de los actos administrativos. Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, fin y forma. Motivación de los actos administrativos. El silencio administrativo.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El acto administrativo es toda declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento emitida por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, dotada de presunción de validez. La Ley 39/2015 regula sus requisitos (competencia del órgano, contenido ajustado al ordenamiento, procedimiento, forma y motivación), exige motivación para determinados actos y regula el silencio administrativo como técnica de garantía frente a la inactividad formal de la Administración, con efectos estimatorios o desestimatorios según los casos (arts. 24 y 25).

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Concepto y caracteres del acto administrativo

Es toda declaración unilateral de voluntad, juicio, deseo o conocimiento realizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, productora de efectos jurídicos individuales y de forma inmediata. Se distingue del reglamento (norma general, se integra en el ordenamiento y no se agota con su cumplimiento), del contrato (bilateral, requiere concurso de voluntades) y de las actuaciones materiales o puramente internas. Una figura intermedia es el acto administrativo general (destinatarios indeterminados pero determinables, como la convocatoria de un proceso selectivo), que se agota con su aplicación y no innova el ordenamiento; las bases de una convocatoria vinculan a la Administración, a los tribunales calificadores y a los aspirantes (doctrina jurisprudencial: las bases son la ley del concurso). Caracteres: presunción de validez y eficacia inmediata (art. 39.1 Ley 39/2015: los actos sujetos al Derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa; la presunción admite prueba en contrario, iuris tantum); ejecutividad (art. 38) y ejecutoriedad (art. 98 y siguientes: posibilidad de ejecución forzosa por la propia Administración); y revisabilidad, que permite a la Administración revisar sus propios actos de oficio y a los interesados recurrirlos. La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37) impide que las resoluciones administrativas de carácter particular vulneren lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición.

Clasificación de los actos administrativos

Se clasifican según diversos criterios. Por su contenido: actos favorables o declarativos de derechos y actos de gravamen o desfavorables, según amplíen o restrinjan la esfera jurídica del destinatario (la distinción es fundamental para la revisión de oficio: los favorables solo pueden anularse con declaración de lesividad, y los de gravamen pueden revocarse). Por el grado de vinculación: actos reglados (la norma predetermina su contenido) y discrecionales (margen de apreciación). Por su alcance en el procedimiento: actos definitivos o resolutorios, que ponen fin al procedimiento resolviendo el fondo, y actos de trámite, que preparan la resolución; los de trámite solo son impugnables de forma autónoma si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (actos de trámite cualificados, art. 112.1 Ley 39/2015). Por su relación con la vía administrativa: actos que agotan la vía administrativa (art. 114: resoluciones de recursos de alzada, resoluciones de órganos que carezcan de superior jerárquico, acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento, resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial, y los de Ministros y Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias, entre otros) y actos que no la agotan (contra estos cabe alzada; contra los primeros, reposición potestativa o recurso contencioso-administrativo). Por su forma de producción: expresos y presuntos (por silencio administrativo). Por los destinatarios: singulares, plúrimos y generales. Por su efecto: constitutivos, declarativos, de gravamen, de simple conocimiento o certificantes, de juicio (informes y dictámenes) y de voluntad.

Elementos del acto administrativo: sujeto, objeto, fin y forma

El sujeto es el órgano administrativo competente que dicta el acto (art. 34.1 Ley 39/2015: los actos se producen por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos); la competencia puede ser por razón de la materia, el territorio, la jerarquía y, en su caso, el tiempo, y es irrenunciable (art. 8 Ley 40/2015). Actúa a través de la persona física titular del órgano, que no debe incurrir en causas de abstención ni ser objeto de recusación (arts. 23 y 24 Ley 40/2015). Los vicios de incompetencia pueden dar lugar a nulidad (si es manifiesta, por razón de la materia o del territorio, art. 47.1.b) o a anulabilidad. El objeto o contenido es aquello sobre lo que recae la declaración: debe ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y ser determinado y adecuado a los fines de aquellos (art. 34.2); es nulo el acto de contenido imposible (art. 47.1.c). La doctrina distingue además la causa (adecuación entre el acto y los presupuestos de hecho y de derecho que lo justifican, esto es, el motivo) y la motivación (exteriorización de las razones). El fin es siempre el interés público concreto que la norma atributiva de la potestad haya previsto; el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico constituye desviación de poder, que determina la anulabilidad del acto (art. 48.1 Ley 39/2015) y es controlable por los tribunales (art. 70.2 LJCA). La forma es el modo de exteriorización de la voluntad administrativa. Los actos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36.1 Ley 39/2015). Cuando los órganos ejerzan su competencia de forma oral, la constancia escrita del acto, si es necesaria, la efectúa y firma el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente (art. 36.2). Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza (nombramientos, concesiones, licencias) podrán refundirse en un único acto (art. 36.3). El procedimiento legalmente establecido es requisito de validez: su omisión total y absoluta determina la nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e) y los defectos de forma solo producen anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (art. 48.2).

La motivación de los actos administrativos (art. 35 Ley 39/2015)

La motivación consiste en la exteriorización de las razones de hecho y de derecho que fundamentan la decisión; debe realizarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Es una garantía frente a la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y permite el control judicial. Deben motivarse, entre otros: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión. c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Los acuerdos de suspensión de actos y de adopción de medidas provisionales. e) Los que rechacen pruebas propuestas por los interesados. f) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. g) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial. h) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Reglas especiales: la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realiza de conformidad con lo que dispongan las normas que regulan sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución adoptada (art. 35.2). La aceptación de informes o dictámenes sirve de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma (motivación por referencia, art. 88.6). La falta de motivación puede constituir un vicio de forma que genera anulabilidad si causa indefensión; en las resoluciones discrecionales, su ausencia puede además determinar la arbitrariedad.

La obligación de resolver y el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud (arts. 21 y 24 Ley 39/2015)

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21.1). El plazo máximo es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, que no puede exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo, este es de tres meses (art. 21.2 y 3). El plazo se cuenta, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación, y en los iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. Puede suspenderse (art. 22) o ampliarse (art. 23). Silencio positivo o estimatorio (regla general, art. 24.1): en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto cuando una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezca lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. Silencio negativo o desestimatorio: tiene efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE), aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Asimismo, es desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones; no obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias antes enumeradas (dominio público, servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, petición). Efectos (art. 24.2 y 3): la estimación por silencio tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación por silencio tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adopta: en caso de silencio estimatorio, solo si es confirmatoria del mismo; en caso de silencio desestimatorio, sin vinculación alguna al sentido del silencio. Los actos producidos por silencio positivo pueden hacerse valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y su existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio, que se expide de oficio por el órgano competente en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver. Límite: no puede adquirirse por silencio positivo facultades o derechos contrarios al ordenamiento, pues serían nulos de pleno derecho (art. 47.1.f).

El silencio en los procedimientos iniciados de oficio (art. 25 Ley 39/2015) y dimensión práctica

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos (art. 25.1): a) En los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad. En los supuestos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. La caducidad no impide, en general, iniciar un nuevo procedimiento si la acción no ha prescrito, pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción (art. 95). Aspectos prácticos: los responsables de los procedimientos (personal que despacha los asuntos y titulares de los órganos competentes para instruir y resolver) son directamente responsables del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa en plazo, y su incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. Las Administraciones deben publicar y mantener actualizadas las relaciones de procedimientos con indicación de los plazos máximos y de los efectos del silencio (art. 21.4). Para el examen conviene recordar la regla: solicitud del interesado, silencio positivo con excepciones; procedimiento de oficio, silencio negativo (desestimación) si hay derechos favorables que reconocer, y caducidad si hay potestad sancionadora o de intervención.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El acto administrativo se distingue del reglamento (norma general que se integra en el ordenamiento) y del contrato (bilateral); es unilateral y de efectos individuales. El acto administrativo general (p. ej., una convocatoria) tiene destinatarios indeterminados pero no innova el ordenamiento.
  • Presunción de validez y eficacia inmediata: art. 39.1; ejecutividad: art. 38; ejecutoriedad y excepciones a la ejecutividad inmediata: art. 98. Los actos de trámite cualificados (art. 112.1) son recurribles de forma autónoma.
  • Forma del acto: por escrito a través de medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra (art. 36.1). Contenido: determinado y ajustado al ordenamiento (art. 34.2).
  • La desviación de poder (art. 48.1 Ley 39/2015) es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, y es causa de anulabilidad, no de nulidad.
  • Motivación obligatoria, entre otros, de actos limitativos de derechos, de resoluciones de recursos y de revisión de oficio, de actos discrecionales, de los que rechacen pruebas y de los sancionadores o de responsabilidad patrimonial. La motivación de los procesos selectivos se rige por las bases de la convocatoria (art. 35.2).
  • Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma, no superior a seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si no se fija, tres meses (art. 21).
  • Solicitud del interesado: silencio estimatorio por regla general (art. 24.1); desestimatorio en derecho de petición, dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones (salvo alzada contra silencio desestimatorio previo, que se entiende estimada).
  • Procedimiento de oficio (art. 25.1): si pudieran reconocerse derechos, los comparecidos pueden entender desestimada su pretensión; si hay potestad sancionadora o de intervención, caducidad. Error típico: invertir estos efectos.
  • Certificado acreditativo del silencio: de oficio en quince días desde el vencimiento del plazo; la resolución expresa tardía tras silencio positivo solo puede ser confirmatoria.
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Conforme al artículo 39.1 de la Ley 39/2015, los actos sujetos al Derecho administrativo...

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Hacienda (AEAT)?

El acto administrativo es toda declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento emitida por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria, dotada de presunción de validez. La Ley 39/2015 regula sus requisitos (competencia del órgano, contenido ajustado al ordenamiento, procedimiento, forma y motivación), exige motivación para determinados actos y regula el silencio administrativo como técnica de garantía frente a la inactividad formal de la Administración, con efectos estimatorios o desestimatorios según los casos (arts. 24 y 25).

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

El acto administrativo se distingue del reglamento (norma general que se integra en el ordenamiento) y del contrato (bilateral); es unilateral y de efectos individuales. El acto administrativo general (p. ej., una convocatoria) tiene destinatarios indeterminados pero no innova el ordenamiento. Presunción de validez y eficacia inmediata: art. 39.1; ejecutividad: art. 38; ejecutoriedad y excepciones a la ejecutividad inmediata: art. 98. Los actos de trámite cualificados (art. 112.1) son recurribles de forma autónoma. Forma del acto: por escrito a través de medios electrónicos salvo que su naturaleza exija otra (art. 36.1). Contenido: determinado y ajustado al ordenamiento (art. 34.2). La desviación de poder (art. 48.1 Ley 39/2015) es el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, y es causa de anulabilidad, no de nulidad. Motivación obligatoria, entre otros, de actos limitativos de derechos, de resoluciones de recursos y de revisión de oficio, de actos discrecionales, de los que rechacen pruebas y de los sancionadores o de responsabilidad patrimonial. La motivación de los procesos selectivos se rige por las bases de la convocatoria (art. 35.2). Plazo máximo para resolver: el fijado por la norma, no superior a seis meses salvo ley o Derecho de la UE; si no se fija, tres meses (art. 21). Solicitud del interesado: silencio estimatorio por regla general (art. 24.1); desestimatorio en derecho de petición, dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnación de actos y disposiciones (salvo alzada contra silencio desestimatorio previo, que se entiende estimada). Procedimiento de oficio (art. 25.1): si pudieran reconocerse derechos, los comparecidos pueden entender desestimada su pretensión; si hay potestad sancionadora o de intervención, caducidad. Error típico: invertir estos efectos. Certificado acreditativo del silencio: de oficio en quince días desde el vencimiento del plazo; la resolución expresa tardía tras silencio positivo solo puede ser confirmatoria.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 21, 24, 25, 34 a 39, 47, 48, 88, 98 y 112 a 114.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 8, 23 y 24.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 70.2 (desviación de poder).
  • Constitución Española, arts. 9.3, 29 y 103.

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