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Tema 10. La recaudación (I). La recaudación. Actuaciones y procedimientos. Órganos de recaudación. Extinción de las deudas: El pago, la prescripción y otras formas de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y fraccionamientos. Participación de las entidades de crédito en el procedimiento de recaudación.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, pudiendo realizarse en periodo voluntario (pago espontáneo del obligado en los plazos legales) o en periodo ejecutivo (mediante el procedimiento de apremio). El Capítulo V del Título III de la LGT (arts. 160-177) y el Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005) regulan sus órganos y actuaciones; la extinción de la deuda, que se regula en el Título II (arts. 59-76) y se produce principalmente por el pago, aunque también por la prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia; el sistema de garantías (arts. 77-82) que refuerzan el crédito tributario; y el régimen de aplazamientos y fraccionamientos (art. 65). Las entidades de crédito colaboran en la gestión recaudatoria como entidades colaboradoras y en la ejecución de embargos.

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Concepto, actuaciones y procedimientos de recaudación (arts. 160-161 y 62 LGT)

La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados (art. 160.1), y puede realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo. El periodo voluntario es el plazo que la ley concede al obligado para pagar espontáneamente. Para las deudas liquidadas por la Administración (art. 62.2): si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo de pago llega hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente; si se realiza entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente. Las deudas de notificación colectiva y periódica se pagan en los plazos del calendario fiscal fijado por la Administración (que no puede ser inferior a dos meses), y las autoliquidaciones, en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. Transcurrido el periodo voluntario sin pago, comienza el periodo ejecutivo (art. 161), en el que la Administración puede cobrar por el procedimiento de apremio (tema siguiente). Las actuaciones y procedimientos de recaudación se agrupan en dos categorías: el pago voluntario y los procedimientos ejecutivos (apremio) y, como procedimientos accesorios, los de derivación de responsabilidad, las medidas cautelares y las tercerías.

Órganos de recaudación

La recaudación corresponde a los órganos y entes competentes de la Administración tributaria que corresponda (Estado, comunidades autónomas, Haciendas forales, entidades locales; las deudas del Estado se recaudan a través de la AEAT). En la AEAT, los órganos de recaudación se integran en el área de recaudación: en el nivel central, el Departamento de Recaudación; en el ámbito territorial, las dependencias regionales y las dependencias o unidades de recaudación de las delegaciones y administraciones, que tramitan el procedimiento de apremio, ejecutan embargos y resuelven los incidentes (la organización exacta se fija por resoluciones de la propia Agencia y puede variar). El Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005) regula las competencias de los órganos y las facultades de los funcionarios (por ejemplo, la práctica de embargos y la entrada en domicilios con autorización judicial). La recaudación de las cuotas de la Seguridad Social corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, con procedimiento propio, y la de los tributos locales, a los ayuntamientos o a las diputaciones u otros entes a los que deleguen.

Obligados al pago

Están obligados al pago los sujetos pasivos (contribuyentes y sustitutos), los sucesores, y los responsables solidarios y subsidiarios una vez dictado el correspondiente acto de derivación de responsabilidad. En general puede efectuar el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya sea con el conocimiento o con la ignorancia del obligado, sin que ello le atribuya los derechos del obligado frente a la Administración; el tercero que paga puede ejercer las acciones que le correspondan contra el obligado (acción de repetición o subrogación en los términos civiles). Quienes se subrogan en la posición del deudor por actos civiles (por ejemplo, el adquirente de un bien afecto) no cambian la situación del obligado frente a la Administración salvo lo dispuesto en la ley.

El pago: medios, imputación y consignación (arts. 60-64 LGT)

Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, por prescripción, por compensación o por condonación, y por los demás medios previstos en las leyes (art. 59.1). El pago debe hacerse en efectivo o mediante efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente (art. 60); el Reglamento General de Recaudación enumera los medios de pago en efectivo (dinero de curso legal, cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia, domiciliación bancaria y otros que autorice el Ministerio de Hacienda), y el pago telemático genera un justificante con el Número de Referencia Completo (NRC) que acredita el ingreso. Imputación de pagos (art. 63): en periodo voluntario, el obligado puede imputar el pago a la deuda que libremente determine; en periodo ejecutivo, la Administración aplica el pago a la deuda más antigua, determinada por la fecha de vencimiento del plazo de ingreso en voluntaria. Consignación (art. 64): el obligado puede consignar en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales el importe de la deuda, con efectos liberatorios, en los supuestos previstos reglamentariamente. El pago de la deuda extingue la obligación en la fecha del ingreso efectivo; los pagos en periodo ejecutivo incluyen principal, recargo, intereses y costas.

La prescripción (arts. 66-70 LGT)

Prescriben a los cuatro años (art. 66): a) el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación; b) el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas; c) el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías; d) el derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. Cómputo (art. 67): para el derecho a liquidar, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación; para exigir el pago, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario sin ingreso; para solicitar devoluciones, desde el día siguiente al de la finalización del plazo para presentar la autoliquidación, al de la realización del ingreso indebido, etc. Interrupción (art. 68): se interrumpe la prescripción del derecho de la Administración a liquidar por cualquier acción de la Administración realizada con conocimiento formal del obligado conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria; por la interposición de reclamaciones o recursos y actuaciones realizadas en su curso, la declaración del concurso del deudor, el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda y la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional ordenando paralizar el procedimiento por la existencia de un proceso penal; y por cualquier actuación fehaciente del obligado conducente al pago o liquidación de la deuda. Producida la interrupción, el plazo se inicia de nuevo; interrumpido para un obligado, se extiende a los demás obligados (incluidos los responsables), con las matizaciones legales cuando solo se ha liquidado a alguno de ellos. Efectos (art. 69): la prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago y extingue la deuda; se aplica de oficio, incluso si se ha pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque el obligado. Novedad de la Ley 34/2015 (art. 66 bis): el derecho de la Administración a iniciar la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación, o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribe a los diez años desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio en que se generó el derecho.

Otras formas de extinción: compensación, condonación, insolvencia y dación en pago (arts. 71-76 LGT)

Compensación (arts. 71 a 74): las deudas tributarias de un obligado pueden extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en las condiciones legalmente establecidas; puede acordarse a instancia del obligado o de oficio (por ejemplo, las deudas en periodo ejecutivo de los entes públicos, o cuando el obligado tenga una devolución reconocida y una deuda pendiente), con efectos desde la fecha de presentación de la solicitud o, en la de oficio, desde que concurran los requisitos. Condonación (art. 75): las deudas tributarias solo pueden condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen; ningún órgano administrativo puede acordarla discrecionalmente. Insolvencia (art. 76): las deudas que no hayan podido hacerse efectivas en los procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados al pago, se dan de baja en cuentas en la cuantía procedente mientras no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción; vencido este sin rehabilitarse, la deuda queda extinguida. La baja es, por tanto, provisional. Dación en pago: las deudas tributarias pueden pagarse con bienes del Patrimonio Histórico Español en los términos del art. 73 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, previa tasación y aceptación del Estado.

Garantías de la deuda tributaria (arts. 77-82 LGT)

Prelación (art. 77): la Hacienda Pública tiene prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, en los términos de la Ley Hipotecaria y del Código Civil; en los procedimientos concursales se aplica la legislación concursal (en el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, los créditos de Derecho público gozan de privilegio general en los límites que la propia ley establece). Hipoteca legal tácita (art. 78): en los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales tienen preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque estos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior. Afección de bienes (art. 79): los bienes y derechos transmitidos quedan afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, salvo que el adquirente resulte protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título en un establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles; los adquirentes de bienes afectos responden subsidiariamente (art. 43.1.d). Derecho de retención (art. 80): la Administración puede retener mercancías en los supuestos previstos (aduanas) hasta el pago de la deuda. Medidas cautelares (art. 81): para asegurar el cobro de deudas, la Administración puede adoptar motivadamente medidas de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, el cobro se vería frustrado o gravemente dificultado (embargo preventivo de bienes y derechos, retención de devoluciones o pagos, prohibición de disponer, etc.); deben ser proporcionadas y se limitan en su duración (seis meses, con posible prórroga por otros seis, según la ley). Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento (art. 82): aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o certificado de seguro de caución; cuando se justifique la imposibilidad de obtenerlos, otras garantías suficientes (hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria).

Aplazamientos y fraccionamientos (art. 65 LGT)

Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo pueden aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos (art. 65.1). Tienen interés de demora; la Administración puede exigir garantía (art. 82) o dispensarla en los supuestos y cuantías que establezca el Reglamento General de Recaudación (hasta el importe que se fije reglamentariamente), y a falta de garantía puede el solicitante demostrar que su carencia lo impide. Efectos de la solicitud: si se presenta en periodo voluntario, impide el inicio del periodo ejecutivo, aunque se devengan intereses; si se presenta en periodo ejecutivo, no se ejecutan las garantías ni se enajenan los bienes embargados hasta que se resuelva; la denegación abre un nuevo plazo de ingreso. El plazo máximo de resolución es de seis meses (art. 104 LGT), con silencio desestimatorio. No son en general aplazables ni fraccionables, entre otras: las deudas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados; las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo excepciones legales; y las deudas resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado (art. 65.2). Cuando el deudor está en concurso, el régimen se remite a la legislación concursal. Los umbrales de dispensa de garantía y las medidas temporales especiales deben consultarse en la normativa vigente.

Participación de las entidades de crédito en el procedimiento de recaudación

Las entidades de crédito colaboran con la Administración tributaria en la gestión recaudatoria de dos maneras. En primer lugar, como entidades colaboradoras en la recaudación (Reglamento General de Recaudación y normativa de desarrollo): prestan el servicio de caja, reciben el pago de las deudas en periodo voluntario (y, en su caso, en ejecutivo) con documentos de ingreso o por medios telemáticos, expiden el justificante (carta de pago o NRC) y ingresan lo recaudado en las cuentas del Tesoro en los plazos establecidos, previa autorización del Ministerio de Hacienda o del órgano competente, mediante un acuerdo de colaboración. Son responsables de las cantidades recibidas y de su ingreso. En segundo lugar, en periodo ejecutivo, participan en el embargo de dinero depositado en cuentas: reciben la diligencia de embargo, retienen el importe embargado y lo ingresan en la Hacienda pública; en cuentas con ingresos periódicos de salarios, pensiones y similares se respetan los límites de inembargabilidad del art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se aplican por la entidad en función de la información disponible. Las entidades están obligadas a colaborar en la ejecución de los embargos por mandato del art. 93 LGT (obligación de información y colaboración) y de las normas del Reglamento de Recaudación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La deuda tributaria se extingue por pago, prescripción, compensación, condonación (solo por ley) y por los demás medios legalmente previstos; la insolvencia da lugar a baja provisional, no a extinción definitiva, mientras no prescriba el derecho de cobro.
  • El periodo voluntario de las deudas liquidadas por la Administración: notificación del 1 al 15 hasta el día 20 del mes posterior; del 16 al último, hasta el día 5 del segundo mes posterior (art. 62.2 LGT).
  • La prescripción es de cuatro años; se aplica de oficio, incluso si se ha pagado (art. 69 LGT); la comprobación de bases compensadas o pendientes de compensación prescribe a los diez años (art. 66 bis).
  • La hipoteca legal tácita del art. 78 LGT solo alcanza a las deudas del año natural en que se exige el pago y al inmediato anterior, en tributos periódicos sobre bienes inscribibles.
  • No son aplazables, salvo excepciones tasadas, las deudas por retenciones e ingresos a cuenta ni las resultantes de decisiones de recuperación de ayudas de Estado ni las de efectos timbrados.
  • La prelación general de la Hacienda Pública (art. 77 LGT) cede frente a acreedores con derecho real inscrito con anterioridad a que conste el derecho de la Hacienda.
  • En periodo ejecutivo, los pagos se imputan a la deuda más antigua; en voluntaria, el obligado elige la deuda a la que se imputan (art. 63).
  • Las medidas cautelares del art. 81 LGT exigen indicios racionales de que el cobro se vería frustrado o gravemente dificultado y deben ser proporcionadas.
  • Cualquier persona puede pagar una deuda ajena, pero eso no le atribuye los derechos del obligado frente a la Administración.
  • Las entidades de crédito son entidades colaboradoras en la recaudación (periodo voluntario) y colaboran en el embargo de cuentas (periodo ejecutivo).
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La hipoteca legal tácita del art. 78 LGT alcanza, en los tributos periódicos sobre bienes inscribibles, a las deudas correspondientes a:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Hacienda (AEAT)?

La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, pudiendo realizarse en periodo voluntario (pago espontáneo del obligado en los plazos legales) o en periodo ejecutivo (mediante el procedimiento de apremio). El Capítulo V del Título III de la LGT (arts. 160-177) y el Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005) regulan sus órganos y actuaciones; la extinción de la deuda, que se regula en el Título II (arts. 59-76) y se produce principalmente por el pago, aunque también por la prescripción, la compensación, la condonación y la insolvencia; el sistema de garantías (arts. 77-82) que refuerzan el crédito tributario; y el régimen de aplazamientos y fraccionamientos (art. 65). Las entidades de crédito colaboran en la gestión recaudatoria como entidades colaboradoras y en la ejecución de embargos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

La deuda tributaria se extingue por pago, prescripción, compensación, condonación (solo por ley) y por los demás medios legalmente previstos; la insolvencia da lugar a baja provisional, no a extinción definitiva, mientras no prescriba el derecho de cobro. El periodo voluntario de las deudas liquidadas por la Administración: notificación del 1 al 15 hasta el día 20 del mes posterior; del 16 al último, hasta el día 5 del segundo mes posterior (art. 62.2 LGT). La prescripción es de cuatro años; se aplica de oficio, incluso si se ha pagado (art. 69 LGT); la comprobación de bases compensadas o pendientes de compensación prescribe a los diez años (art. 66 bis). La hipoteca legal tácita del art. 78 LGT solo alcanza a las deudas del año natural en que se exige el pago y al inmediato anterior, en tributos periódicos sobre bienes inscribibles. No son aplazables, salvo excepciones tasadas, las deudas por retenciones e ingresos a cuenta ni las resultantes de decisiones de recuperación de ayudas de Estado ni las de efectos timbrados. La prelación general de la Hacienda Pública (art. 77 LGT) cede frente a acreedores con derecho real inscrito con anterioridad a que conste el derecho de la Hacienda. En periodo ejecutivo, los pagos se imputan a la deuda más antigua; en voluntaria, el obligado elige la deuda a la que se imputan (art. 63). Las medidas cautelares del art. 81 LGT exigen indicios racionales de que el cobro se vería frustrado o gravemente dificultado y deben ser proporcionadas. Cualquier persona puede pagar una deuda ajena, pero eso no le atribuye los derechos del obligado frente a la Administración. Las entidades de crédito son entidades colaboradoras en la recaudación (periodo voluntario) y colaboran en el embargo de cuentas (periodo ejecutivo).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186), arts. 59-82, 93, 104 y 160-177.
  • Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE-A-2005-13296).
  • Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2015-10109) (art. 66 bis).
  • Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, art. 73 (pago de deudas tributarias con bienes del Patrimonio Histórico).
  • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 607 (inembargabilidad de salarios y pensiones).

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