Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), regulado por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y su Reglamento (Real Decreto 1629/1991), grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas: herencias, donaciones y percepciones de seguros de vida cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. Es un impuesto directo, subjetivo (tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente mediante reducciones por parentesco, discapacidad o tipo de bien) y progresivo, cuya capacidad normativa y de gestión está cedida a las Comunidades Autónomas de régimen común, lo que genera una notable disparidad territorial en la práctica.
Naturaleza del ISD: Ley 29/1987, impuesto directo, personal, subjetivo y progresivo
El ISD se regula por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1629/1991. Es un tributo de naturaleza directa, pues grava una manifestación inmediata de capacidad económica (el incremento patrimonial obtenido), y subjetiva, ya que su cuantificación atiende a circunstancias personales del contribuyente: el grado de parentesco con el causante o donante, la edad del adquirente, su grado de discapacidad y su patrimonio preexistente modulan tanto la base liquidable (mediante reducciones) como la cuota (mediante coeficientes multiplicadores). Es además un impuesto progresivo, con una escala de gravamen que aumenta el tipo aplicable a medida que crece la base liquidable, y complementario del IRPF, en el sentido de que los incrementos patrimoniales a título lucrativo de las personas físicas quedan excluidos de este último precisamente por tributar en el ISD (principio de incompatibilidad). Cuando el beneficiario de la adquisición gratuita es una persona jurídica, el rendimiento no tributa por ISD sino que se integra como ingreso en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, lo que marca la frontera subjetiva de aplicación de este impuesto exclusivamente a personas físicas.
Objeto del impuesto: incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo
El objeto material del ISD son los incrementos de patrimonio obtenidos a título gratuito por personas físicas, es decir, sin contraprestación económica equivalente por parte del adquirente. Este elemento —la gratuidad— es lo que distingue al ISD de los impuestos que gravan transmisiones onerosas, como el ITPAJD en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. La ley identifica tres manifestaciones concretas de este objeto genérico: las adquisiciones por causa de muerte (mortis causa), las adquisiciones entre vivos por donación u otro negocio jurídico gratuito, y la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguro sobre la vida cuando el contratante y el beneficiario sean personas distintas. En los tres casos el fundamento de la imposición es idéntico: el aumento de la capacidad económica del perceptor sin haber mediado esfuerzo o contraprestación propia, lo que justifica un tratamiento fiscal diferenciado y, en general, más gravoso que el de las rentas del trabajo o del capital obtenidas mediante actividad productiva, aunque muy modulado en la práctica por las reducciones autonómicas.
Hecho imponible: adquisiciones mortis causa
El artículo 3.1.a) de la Ley 29/1987 configura como primer hecho imponible del ISD la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Quedan comprendidas tanto la sucesión testada como la intestada o abintestato, así como los pactos sucesorios admitidos por determinados Derechos civiles forales o especiales (cuyo tratamiento fiscal depende del régimen de cada pacto y de la normativa autonómica aplicable). También se incluyen los legados, las asignaciones testamentarias de cosa cierta y determinada, y la adquisición de la condición de heredero por sustitución, representación o derecho de transmisión. El hecho imponible se entiende realizado con independencia de que la partición de la herencia se haya formalizado o no, pues el impuesto grava la adquisición hereditaria en abstracto desde el momento del fallecimiento, sin perjuicio de las reglas especiales para comunidades hereditarias yacentes o herencias no aceptadas.
Hecho imponible: adquisiciones ínter vivos por donación u otro negocio gratuito
El artículo 3.1.b) de la Ley 29/1987 sujeta al impuesto la adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos. Se incluyen aquí no solo las donaciones en sentido estricto del Código Civil, sino cualquier acto de liberalidad equiparable: la condonación de deuda con ánimo de liberalidad, la renuncia de derechos en favor de persona determinada o la asunción liberatoria de deuda ajena sin contraprestación. La calificación como donación no depende de la denominación que le den las partes sino de su verdadera naturaleza gratuita, de modo que la Administración puede recalificar como donación cualquier negocio jurídico oneroso simulado que encubra en realidad una transmisión sin contraprestación real y equivalente. Las donaciones con causa onerosa o remuneratoria solo tributan por ISD en la parte que exceda del valor de la prestación o servicio remunerado, tributando el resto, en su caso, por el impuesto que corresponda a la operación onerosa subyacente.
Hecho imponible: percepción de cantidades por beneficiarios de seguros de vida
El artículo 3.1.c) de la Ley 29/1987 configura como tercer hecho imponible la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo que dichas cantidades deban tributar como rendimientos del trabajo en el IRPF (supuesto de los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones empresariales, en los que el tomador es la empresa). Esta previsión evita que la contratación de un seguro de vida a favor de tercero sirva como vía de elusión del impuesto sucesorio, equiparando fiscalmente la percepción de la prestación aseguradora a una adquisición lucrativa mortis causa cuando deriva del fallecimiento del asegurado, o a una donación cuando deriva de la supervivencia del asegurado-contratante distinto del beneficiario. Cuando concurren la condición de causante y de contratante-asegurado en la misma persona, la prestación del seguro se acumula al resto del caudal relicto para determinar la base imponible del beneficiario en concepto de adquisición mortis causa, tributando conjuntamente con los demás bienes y derechos heredados.
Presunciones de hechos imponibles del ISD
La normativa del impuesto recoge presunciones que permiten a la Administración gravar como transmisiones lucrativas determinadas operaciones que, sin declararse expresamente como tales, encubren en la práctica una liberalidad. Así, se presume la existencia de una transmisión lucrativa, salvo prueba en contrario, cuando de los registros fiscales o de cualquier otro dato resulte la disminución del patrimonio de una persona y simultáneamente el incremento patrimonial del cónyuge, descendientes, herederos o legatarios, dentro de los cuatro años anteriores al fallecimiento del causante. Igualmente se presume la existencia de una donación en la constitución de un derecho de usufructo o de otro derecho vitalicio adquirido a título oneroso por el causante, con simultánea nuda propiedad adquirida a título gratuito por el heredero o legatario, o transmitida por actos ínter vivos a título oneroso, dentro del mismo plazo de cuatro años, dado que estas fórmulas se utilizan tradicionalmente para diferir o minorar la tributación de una transmisión patrimonial real. Estas presunciones admiten prueba en contrario a cargo del contribuyente.
Sujeto pasivo en adquisiciones mortis causa: los causahabientes
El artículo 5.a) de la Ley 29/1987 establece que en las transmisiones mortis causa están obligados al pago del impuesto, a título de contribuyentes, los causahabientes: es decir, los herederos, legatarios y cualesquiera otros beneficiarios de la sucesión, cada uno de ellos por su propia adquisición individual y no de forma solidaria por el conjunto de la herencia. Esto significa que la liquidación del impuesto es individual: cada heredero o legatario tributa por el valor neto de los bienes y derechos que efectivamente recibe, aplicando sus propias reducciones personales (parentesco, discapacidad) y su propio coeficiente multiplicador según su patrimonio preexistente, aunque todos deriven de la misma sucesión. Esta individualización explica que dos herederos de un mismo causante, con idéntica cuota hereditaria abstracta, puedan soportar cuotas tributarias muy distintas si su grado de parentesco, patrimonio preexistente o circunstancias personales difieren. El pago del impuesto no queda condicionado a la partición formal de la herencia.
Sujeto pasivo en donaciones: el donatario
El artículo 5.b) de la Ley 29/1987 designa como contribuyente en las donaciones y demás transmisiones lucrativas ínter vivos equiparables al donatario o persona favorecida por ellas, nunca al donante, que carece de la condición de sujeto pasivo del ISD por esta operación (sin perjuicio de que la donación pueda generar para el donante una ganancia patrimonial sujeta a IRPF si el bien donado se ha revalorizado, conforme al artículo 33.3.b) de la Ley del IRPF, que sí exceptúa de gravamen las llamadas «plusvalías del muerto» en las transmisiones mortis causa). En caso de que existan varios donatarios de bienes o derechos distintos procedentes de un mismo donante y un mismo acto, cada uno tributa individualmente por lo que recibe. Cuando la donación se formaliza en documento privado o resulta de hechos no documentados expresamente pero acreditados, el devengo y la obligación de declarar recaen igualmente sobre el donatario, que es quien experimenta el incremento patrimonial gravado, resultando indiferente a estos efectos quién asuma contractualmente el pago del impuesto entre las partes.
Sujeto pasivo en seguros de vida: el beneficiario
El artículo 5.c) de la Ley 29/1987 atribuye la condición de contribuyente, en las percepciones de cantidades derivadas de contratos de seguro sobre la vida, al beneficiario designado en la póliza, con independencia de que dicha designación se haya realizado de forma nominativa, genérica (por ejemplo, «los herederos legales») o mediante cláusula testamentaria. Si existen varios beneficiarios, cada uno tributa por la parte de la prestación que efectivamente percibe. Cuando el beneficiario coincide con la persona del heredero, la prestación del seguro se acumula, a efectos de determinar el tipo medio de gravamen aplicable, al resto de bienes de la herencia, tributando de forma conjunta en la autoliquidación correspondiente a la adquisición mortis causa, aunque formalmente traiga causa de un contrato distinto del caudal relicto strictu sensu. La prestación derivada de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones (planteados por la empresa como tomador en favor de sus empleados) queda excluida del ISD y tributa como rendimiento del trabajo en el IRPF del beneficiario, conforme prevé expresamente el artículo 3.1.c) de la Ley 29/1987.
Obligación personal y obligación real de contribuir en el ISD
El artículo 6 de la Ley 29/1987 sujeta por obligación personal a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España, quienes tributan por la totalidad de los bienes y derechos adquiridos, con independencia de dónde estén situados o de dónde deban cumplirse las obligaciones. El artículo 7 sujeta por obligación real a los contribuyentes no residentes en España, que tributan exclusivamente por la adquisición de bienes y derechos situados, que puedan ejercitarse o que deban cumplirse en territorio español, así como por las cantidades percibidas de contratos de seguro de vida concertados con entidades aseguradoras españolas o celebrados en España con entidades extranjeras. A raíz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que declaró contraria a la libre circulación de capitales la discriminación de los no residentes al no poder aplicar la normativa autonómica más beneficiosa) y de su transposición mediante la Ley 26/2014, los contribuyentes no residentes en España pero residentes en la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo tienen derecho a aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma con la que tengan mayor punto de conexión, equiparando su tributación a la de los residentes.
Responsables subsidiarios en el ISD
El artículo 8 de la Ley 29/1987 declara responsables subsidiarios del pago del impuesto, en las adquisiciones mortis causa, a los intermediarios financieros y a las demás entidades o personas que hayan entregado depósitos, garantías, cuentas corrientes, valores u otros bienes del causante a los causahabientes sin exigir previamente la justificación del pago del impuesto o, al menos, la presentación del documento acreditativo de haberlo declarado a la Administración tributaria competente. Igual responsabilidad subsidiaria recae sobre los mediadores en la transmisión de títulos valores que formen parte de la herencia y sobre las entidades aseguradoras que abonen las indemnizaciones correspondientes a seguros sobre la vida sin exigir previamente la justificación del pago del impuesto o su exención. También responden subsidiariamente los funcionarios que autoricen el cambio de sujeto pasivo de cualquier tributo o derecho, cuando ese cambio suponga, directa o indirectamente, una adquisición gravada por el ISD, si no han exigido previamente la justificación del pago del impuesto. Esta responsabilidad busca reforzar el control indirecto del cumplimiento tributario mediante terceros que intervienen en la disposición efectiva de los bienes.
Base imponible en adquisiciones mortis causa: el valor neto de la adquisición individual
El artículo 9 de la Ley 29/1987 define la base imponible, en las transmisiones mortis causa, como el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, entendiendo por tal el valor de los bienes y derechos adquiridos, minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles. Tras la reforma operada por la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el valor de referencia ha sustituido al tradicional «valor real» como magnitud de referencia: para bienes inmuebles, se toma como valor el mayor entre el valor de referencia establecido por la Dirección General del Catastro (conforme al texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario) y el valor declarado por los interesados o el precio o contraprestación pactado, mientras que, si no existe valor de referencia o este no puede certificarse, la base imponible es el mayor entre el valor declarado y el valor de mercado. Para el resto de bienes y derechos rige directamente el concepto de valor de mercado, entendido como el precio más probable por el que podría venderse el bien libre de cargas entre partes independientes.
El caudal hereditario: masa hereditaria bruta y ajuar doméstico
La masa hereditaria bruta está integrada por el conjunto de bienes y derechos del causante existentes en el momento del fallecimiento, valorados conforme a las reglas generales de valoración. A esta masa se añade, conforme al artículo 15 de la Ley 29/1987, el ajuar doméstico, que se presume equivalente al 3 por 100 del importe del caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o un valor inferior. De este ajuar presunto se excluyen, no obstante, aquellos bienes que ya figuran expresamente incluidos en la masa hereditaria con su propia valoración específica (como joyas, vehículos o embarcaciones ya declarados), pues su cómputo separado dentro del ajuar generaría una doble imposición sobre el mismo elemento patrimonial. La aplicación de esta presunción ha sido objeto de debate jurisprudencial y de regulación autonómica diversa, por lo que conviene comprobar el criterio vigente en la Comunidad de referencia.
Cargas, deudas y gastos deducibles en la sucesión
Para determinar el valor neto de la adquisición mortis causa son deducibles, conforme a los artículos 12 a 14 de la Ley 29/1987, las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimible que aparezcan directamente establecidos sobre los bienes y disminuyan realmente su valor o capital (como censos o pensiones), no así las cargas que constituyan obligación personal del adquirente ni las hipotecas o prendas, que en el ISD no tienen la consideración de cargas deducibles de la base sino, en su caso, de deudas del causante. Son deducibles las deudas dejadas por el causante que estuvieran garantizadas con derechos reales, así como aquellas cuya existencia se acredite por documento público o privado con los requisitos del artículo 1227 del Código Civil, y las deudas tributarias del causante pendientes de pago (incluida la del propio IRPF del ejercicio del fallecimiento). También son deducibles los gastos de última enfermedad, entierro y funeral del causante, satisfechos por los herederos, en cuanto se justifiquen y guarden la debida proporción con el caudal hereditario, así como los gastos de litigio en interés común de todos los herederos cuando se ocasionen en el proceso de testamentaría o abintestato.
Acumulación de donaciones a la herencia
Con el fin de evitar que el fraccionamiento de las transmisiones lucrativas en el tiempo erosione la progresividad del impuesto, la Ley 29/1987 y su Reglamento prevén dos reglas de acumulación distintas. De un lado, el artículo 30 de la Ley dispone que las donaciones y demás transmisiones ínter vivos equiparables otorgadas por un mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de tres años se consideran, a efectos de la liquidación, como una sola transmisión, tomándose como base la suma de todas las bases imponibles acumuladas para determinar el tipo medio de gravamen aplicable a la última. De otro lado, la normativa reglamentaria prevé la acumulación de las donaciones percibidas por el causahabiente dentro de los cuatro años anteriores al fallecimiento del causante a la posterior adquisición mortis causa, de modo que el valor de esas donaciones anteriores se suma a la base de la herencia únicamente a efectos de calcular el tipo medio efectivo aplicable, sin que ello suponga volver a liquidar el impuesto ya pagado por la donación previa, que se deduce de la cuota resultante.
Base imponible en donaciones: el valor neto de los bienes y derechos adquiridos
En las transmisiones lucrativas ínter vivos, el artículo 9 de la Ley 29/1987 fija la base imponible en el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiendo por tal el valor de mercado (o, en su caso, el valor de referencia catastral para inmuebles conforme a la reforma de la Ley 11/2021) minorado únicamente por las cargas o gravámenes de naturaleza perpetua, temporal o redimible que figuren directamente establecidos sobre los bienes donados y disminuyan realmente su valor, pudiendo deducirse en las donaciones únicamente las deudas que estén directamente garantizadas con el propio bien donado y que asuma el donatario, sin que sean deducibles los gastos asociados a la formalización de la donación, a diferencia de lo que ocurre en las adquisiciones mortis causa. Cuando la donación se realiza con reserva de usufructo u otras cargas vitalicias en favor del donante, la base imponible del donatario se calcula sobre el valor de la nuda propiedad, aplicando las reglas de valoración de usufructos y nudas propiedades previstas para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a las que la Ley 29/1987 se remite expresamente para estos supuestos.
Base imponible en seguros de vida: cantidad percibida por el beneficiario
En las percepciones derivadas de contratos de seguro sobre la vida, la base imponible coincide directamente con el importe de las cantidades efectivamente percibidas por el beneficiario, sin que proceda practicar minoración alguna por gastos o cargas, dado que no existe aquí un bien o derecho cuyo valor deba estimarse sino una prestación dineraria líquida ya determinada por el propio contrato de seguro. Cuando el beneficiario es también heredero o legatario del causante-asegurado, esta cantidad se suma al resto de la masa hereditaria individual para formar una base imponible conjunta a efectos de aplicar la escala de gravamen, si bien conceptualmente sigue tratándose de dos adquisiciones de origen distinto (la sucesoria y la derivada del contrato de seguro) que la ley unifica por razones de simplificación en la práctica liquidatoria. Las prestaciones por invalidez o supervivencia derivadas de seguros de vida en los que el contratante y el beneficiario coinciden no están sujetas al ISD, sino, en su caso, al IRPF como rendimiento del capital mobiliario.
Reducciones en la base imponible por parentesco (grupos I a IV)
El artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987 establece, para las adquisiciones mortis causa, reducciones en función del grado de parentesco con el causante, aplicables en defecto de normativa autonómica propia (que en la práctica las sustituye y mejora en la mayoría de comunidades). El Grupo I (descendientes y adoptados menores de 21 años) tiene derecho a una reducción de 15.956,87 euros, más 3.990,72 euros por cada año menos de 21 que tenga el causahabiente, con un límite máximo de reducción de 47.858,59 euros. El Grupo II (descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes) tiene derecho a una reducción fija de 15.956,87 euros. El Grupo III (colaterales de segundo y tercer grado, y ascendientes y descendientes por afinidad) tiene derecho a 7.993,46 euros. El Grupo IV (colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños, incluidas las parejas de hecho no equiparadas por la normativa autonómica) no tiene derecho a reducción alguna por este concepto, lo que explica la enorme diferencia de tributación efectiva según el grado de parentesco.
Reducción por adquisición de la vivienda habitual del causante
El artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987 reconoce una reducción del 95 por 100 del valor de la vivienda habitual del causante, con un límite de 122.606,47 euros por cada sujeto pasivo, siempre que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes del fallecido, o bien pariente colateral mayor de 65 años que hubiera convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. La aplicación de esta reducción exige el mantenimiento de la adquisición durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que el adquirente falleciera dentro de ese plazo, so pena de perder el beneficio y tener que regularizar la parte del impuesto dejada de ingresar más los correspondientes intereses de demora. Esta reducción estatal opera como suelo mínimo, ya que numerosas Comunidades Autónomas la han mejorado sustancialmente, llegando incluso a eliminar el límite cuantitativo de 122.606,47 euros o a ampliar los porcentajes de reducción hasta el 99 o el 100 por 100 en determinados supuestos.
Reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional o participaciones
El artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987 reconoce también una reducción del 95 por 100 sobre el valor de adquisición mortis causa de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el artículo 4.Octavo de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, cuando la adquisición corresponda al cónyuge, descendientes o adoptados del causante (y, en defecto de estos, a ascendientes y colaterales hasta el tercer grado). Esta reducción exige que la empresa o participación gozara de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio del causante y que el adquirente mantenga lo adquirido durante los diez años siguientes al fallecimiento, sin realizar actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la adquisición. Su finalidad es facilitar la continuidad de la empresa familiar evitando que la carga fiscal del ISD obligue a su liquidación o venta forzosa para hacer frente al impuesto, siendo una de las reducciones más relevantes en la práctica y también profusamente desarrollada por la normativa autonómica.
Reducción por discapacidad del causahabiente o donatario
El artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987 reconoce, además de las reducciones por parentesco, una reducción específica por razón de discapacidad, compatible y acumulable con aquellas: 47.858,59 euros para las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, y 150.253,03 euros para las que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. La acreditación del grado de discapacidad se realiza conforme al baremo aplicable en materia de la Seguridad Social y de clases pasivas, mediante el certificado o resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma o del IMSERSO, siendo también válida la declaración de incapacidad judicial que produzca efectos equivalentes. Esta reducción resulta especialmente relevante en donaciones ínter vivos a favor de personas con discapacidad, donde numerosas Comunidades Autónomas han añadido bonificaciones adicionales en cuota para incentivar la planificación patrimonial en vida a favor de estos colectivos.
Base liquidable: aplicación de las reducciones a la base imponible
La base liquidable del ISD se obtiene, conforme al artículo 20.1 de la Ley 29/1987, restando de la base imponible las reducciones que resulten aplicables, ya sean las establecidas con carácter general por el Estado (parentesco, discapacidad, vivienda habitual, empresa familiar, seguros de vida con determinados límites) o las aprobadas por la Comunidad Autónoma competente en ejercicio de su capacidad normativa, que pueden crear reducciones propias, mejorar las estatales o mantenerlas sin modificación. Cuando la Comunidad Autónoma no ha hecho uso de su capacidad normativa respecto de alguna reducción, se aplica supletoriamente la regulación estatal. La determinación de la Comunidad Autónoma cuya normativa resulta aplicable depende del punto de conexión: en adquisiciones mortis causa, la residencia habitual del causante en la fecha del devengo (se entiende por tal el territorio donde haya permanecido el mayor número de días durante los cinco años anteriores); en donaciones de inmuebles, el lugar donde radique el inmueble; en donaciones del resto de bienes y derechos, la residencia habitual del donatario. Esta base liquidable, una vez determinada, es la magnitud sobre la que se aplica la escala o tarifa de gravamen para obtener la cuota íntegra.
La tarifa del impuesto: escala de gravamen
El artículo 21 de la Ley 29/1987 establece la escala estatal de gravamen aplicable, en defecto de escala autonómica propia, sobre la base liquidable para obtener la cuota íntegra. Se trata de una tarifa progresiva por tramos, cuyo tipo marginal mínimo es del 7,65 por 100 para las bases liquidables más reducidas y cuyo tipo marginal máximo alcanza el 34 por 100 para las bases liquidables que superan aproximadamente los 797.555 euros, articulándose en varios tramos progresivos. Numerosas Comunidades Autónomas de régimen común han aprobado sus propias escalas de gravamen en ejercicio de su capacidad normativa, en muchos casos reduciendo sensiblemente la carga efectiva para los Grupos I y II mediante bonificaciones en cuota que operan después de calcular la cuota tributaria conforme a la escala (estatal o autonómica), lo que hace que la tarifa formal tenga en muchas comunidades un peso menor que la bonificación final aplicada.
Los coeficientes multiplicadores según patrimonio preexistente y grado de parentesco
El artículo 22 de la Ley 29/1987 dispone que la cuota tributaria se obtiene aplicando a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda en función del patrimonio preexistente del contribuyente en el momento del devengo y de su grupo de parentesco con el causante o donante. La ley estatal fija cuatro tramos de patrimonio preexistente (hasta 402.678,11 euros; hasta 2.007.380,43 euros; hasta 4.020.770,98 euros; y más de esta última cifra) combinados con los Grupos I y II, III y IV de parentesco, resultando coeficientes que van desde 1,0000 (patrimonio preexistente más bajo, Grupos I y II) hasta 2,4000 (patrimonio preexistente más elevado, Grupo IV). Este mecanismo agrava la tributación de quienes, además de heredar o recibir una donación, ya cuentan con un patrimonio propio considerable, y penaliza especialmente a los parientes más lejanos o extraños que acumulan patrimonio elevado. Numerosas Comunidades Autónomas han modificado estos coeficientes en ejercicio de su competencia normativa, en general para suavizar su efecto sobre los Grupos I y II.
La cuota tributaria: cuota íntegra y cuota tributaria
La cuota íntegra del ISD es el resultado de aplicar a la base liquidable la escala de gravamen (estatal o, en su caso, autonómica) correspondiente. La cuota tributaria, o cuota líquida, se obtiene aplicando a la cuota íntegra el coeficiente multiplicador que corresponda según patrimonio preexistente y grupo de parentesco (artículo 22 de la Ley 29/1987), y minorándola, en su caso, con las deducciones y bonificaciones que resulten aplicables (deducción por doble imposición internacional del artículo 23, y las bonificaciones en cuota que hayan aprobado las Comunidades Autónomas, muy relevantes en la práctica reciente para los Grupos I y II, en algunas comunidades de hasta el 99 por 100). El orden de aplicación es, por tanto: base imponible menos reducciones igual a base liquidable; base liquidable por escala de gravamen igual a cuota íntegra; cuota íntegra por coeficiente multiplicador igual a cuota tributaria; cuota tributaria menos deducciones y bonificaciones igual a cuota a ingresar (o a devolver, en su caso, por retenciones o pagos a cuenta improbables en este impuesto).
Deducción por doble imposición internacional
El artículo 23 de la Ley 29/1987 reconoce a los contribuyentes sujetos por obligación personal el derecho a deducir de la cuota tributaria la menor de las dos cantidades siguientes: el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto similar que afecte al incremento patrimonial sometido a gravamen en España por bienes que radiquen o derechos que puedan ejercitarse fuera de España, o el resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen de este impuesto a la parte de base liquidable gravada en el extranjero. Esta deducción evita, dentro de los límites señalados, que un mismo incremento patrimonial gravado en el extranjero vuelva a tributar íntegramente en España sin corrección alguna, aunque no elimina totalmente la doble imposición, ya que opera únicamente hasta el límite del tipo medio efectivo español, de modo que si el impuesto extranjero fuese superior al que correspondería en España, el exceso no resulta deducible. Los contribuyentes sujetos por obligación real, al tributar solo por bienes situados en España, no pueden aplicar esta deducción.
Bonificaciones autonómicas en cuota
En ejercicio de su capacidad normativa reconocida por la Ley 22/2009 de cesión de tributos, la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas de régimen común han introducido bonificaciones en la cuota tributaria del ISD, adicionales a las reducciones en base imponible, generalmente dirigidas a los Grupos I y II de parentesco (descendientes, cónyuges y ascendientes), llegando en varias comunidades a bonificaciones del 99 por 100 e incluso al 100 por 100 en determinados umbrales, lo que en la práctica ha reducido a una tributación casi simbólica las herencias y donaciones entre parientes directos en esos territorios. Estas bonificaciones conviven con exigencias formales, como la obligación de formalizar la donación en documento público, condición habitual para poder aplicar el tipo bonificado en las donaciones (a diferencia de las sucesiones, donde no cabe tal exigencia dado que el hecho imponible no depende de la voluntad del adquirente). La disparidad de bonificaciones entre Comunidades Autónomas constituye uno de los debates más recurrentes sobre armonización fiscal en España, dado que puede generar diferencias de tributación de varios miles de euros para un mismo patrimonio según el territorio de residencia del causante o donatario.
Devengo del impuesto: en sucesiones y en donaciones
El artículo 24 de la Ley 29/1987 fija el devengo del impuesto en las adquisiciones mortis causa el día del fallecimiento del causante (o el de la declaración de fallecimiento del ausente, conforme al artículo 196 del Código Civil), momento a partir del cual se determinan las circunstancias personales relevantes para la liquidación (parentesco, edad, patrimonio preexistente) y el régimen jurídico aplicable, con independencia de cuándo se acepte o se formalice la partición de la herencia. En las adquisiciones ínter vivos por donación, el devengo se produce el día en que se cause o celebre el acto o contrato, salvo que la adquisición de la propiedad se difiera por la existencia de una condición, término, fideicomiso o cualquier otra limitación, en cuyo caso el impuesto se devengará el día en que dichas limitaciones desaparezcan. En las cantidades percibidas de seguros de vida, el devengo coincide, en general, con el del hecho causante (fallecimiento del asegurado o vencimiento del contrato, según el supuesto).
Prescripción y plazo de presentación de la autoliquidación
El plazo para la presentación de los documentos o declaraciones-liquidaciones del ISD es de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento, en las adquisiciones mortis causa, plazo que puede prorrogarse por otros seis meses adicionales si se solicita dentro de los primeros cinco meses del plazo inicial y se justifican motivos suficientes. En las donaciones y demás transmisiones ínter vivos equiparables, el plazo de presentación es de treinta días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se cause el acto o contrato. La prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante liquidación opera, conforme a la regla general del artículo 66 de la Ley General Tributaria, a los cuatro años, contados desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario de presentación, siendo especialmente relevante en este impuesto el debate jurisprudencial sobre el cómputo del plazo cuando existen documentos privados no presentados y su fecha fehaciente se acredita con posterioridad.
Gestión del impuesto: competencia normativa y de gestión de las Comunidades Autónomas
El ISD es, junto con el ITPAJD, uno de los tributos cedidos íntegramente a las Comunidades Autónomas de régimen común en cuanto a su rendimiento, capacidad normativa y competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, conforme a la Ley 22/2009 y a la correspondiente Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Cada Comunidad Autónoma puede regular reducciones propias, mejorar las estatales, fijar su propia escala de gravamen, sus propios coeficientes multiplicadores y aprobar bonificaciones y deducciones en cuota, dentro de los límites y con las restricciones que marca la normativa de cesión. Cuando no existe punto de conexión con ninguna Comunidad Autónoma —típicamente en obligación real de contribuir sin residencia en territorio español de ninguna comunidad— la gestión corresponde a la Administración del Estado, ejercida por la Agencia Tributaria (modelos 650 para sucesiones y 651 para donaciones), que aplica en tales casos la normativa estatal sin perjuicio del derecho de los residentes en la UE/EEE a optar por la normativa de la Comunidad Autónoma con mayor punto de conexión.
Esquema de liquidación y ejemplo numérico
El proceso de liquidación del ISD sigue siempre el mismo esquema: 1) valor de los bienes y derechos adquiridos; 2) menos cargas, deudas y gastos deducibles, igual a base imponible (valor neto de la adquisición individual); 3) menos reducciones, igual a base liquidable; 4) por la escala de gravamen, igual a cuota íntegra; 5) por el coeficiente multiplicador, igual a cuota tributaria; 6) menos deducciones y bonificaciones, igual a cuota a ingresar. Ejemplo ilustrativo: un hijo de 30 años (Grupo II) hereda bienes con valor neto de 200.000 euros. Reducción estatal por parentesco: 15.956,87 euros; base liquidable: 184.043,13 euros. Se aplica la escala (estatal o autonómica) y se obtiene una cuota íntegra, por ejemplo de 33.000 euros (cifra ilustrativa). Si su patrimonio preexistente no supera 402.678,11 euros, el coeficiente es 1,0000 y la cuota tributaria coincide con la íntegra. Si fuera un sobrino (Grupo III) con patrimonio preexistente entre 402.678,11 y 2.007.380,43 euros, el coeficiente sería 1,6676 y la cuota 55.031 euros. Después se aplicarían las bonificaciones autonómicas, que en algunas Comunidades reducen la cuota en un 99 por ciento para los Grupos I y II.
Otras reducciones estatales: seguros de vida, transmisiones sucesivas, patrimonio histórico y donaciones de empresa familiar
Además de las reducciones por parentesco, discapacidad, vivienda habitual y empresa familiar, la Ley 29/1987 prevé otras: 1) Seguros de vida: reducción del 100 por ciento con un máximo de 9.195,49 euros por contribuyente para las cantidades percibidas por cónyuge, ascendientes, descendientes, adoptantes o adoptados, con el límite indicado; esta reducción se suma a las demás. 2) Transmisiones sucesivas de los mismos bienes: si los bienes ya tributaron por ISD en una transmisión anterior dentro de un plazo de años, se reconoce una reducción de la base (hasta el 50 por ciento en el régimen estatal) para evitar el efecto de una doble imposición cercana en el tiempo (plazo y porcentaje a contrastar con el art. 20). 3) Bienes del Patrimonio Histórico Español y de patrimonios culturales: reducción del 95 por ciento del valor, con obligación de mantenimiento del bien. 4) Donaciones de empresa individual, negocio profesional o participaciones (art. 20.6): reducción del 95 por ciento si el donante tiene 65 o más años o está en incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, si el donatario es cónyuge, descendiente o adoptado, y si mantiene lo adquirido y los requisitos durante diez años. Las Comunidades Autónomas han ampliado o mejorado muchas de estas reducciones.
Valoración del usufructo, la nuda propiedad y otros derechos
El art. 26 de la Ley 29/1987 remite, para la valoración de los derechos reales de goce, a las reglas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Con carácter general, el usufructo temporal se valora en un 2 por ciento del valor total de los bienes por cada año de duración, sin exceder del 70 por ciento; el usufructo vitalicio se valora en el 70 por ciento del valor total cuando el usufructuario tiene menos de veinte años, minorándose en un 1 por ciento por cada año más de esa edad, con un mínimo del 10 por ciento. La nuda propiedad se valora por la diferencia entre el valor total y el del usufructo. Cuando se extingue el usufructo, el nudo propietario consolida el pleno dominio y liquida el impuesto por la diferencia en el valor del usufructo extinguido (si no lo ha hecho el usufructuario), aplicando las reglas del art. 26 y la normativa de desarrollo. Ejemplo: en una donación de una vivienda de 300.000 euros con reserva de usufructo vitalicio por el donante de 60 años, el usufructo se valora en 70 por ciento menos 40 por ciento, es decir 30 por ciento (90.000 euros), y la nuda propiedad en 210.000 euros, que es la base imponible del donatario.
Relación con otros impuestos: IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio y plusvalía municipal
Las adquisiciones sujetas al ISD no tributan por el IRPF del adquirente, por el principio de incompatibilidad (art. 6.1.b de la Ley del IRPF). Sin embargo, la donación puede generar una ganancia patrimonial para el donante, que se calcula por la diferencia entre el valor de mercado del bien donado y su valor de adquisición; en las transmisiones mortis causa no hay ganancia para el causante (art. 33.3.b LIRPF, la llamada «plusvalía del muerto»). Además, la transmisión lucrativa de terrenos urbanos devenga el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), cuyo sujeto pasivo es el adquirente en las transmisiones lucrativas. El ISD se calcula con el valor de los bienes en el momento del devengo y es compatible con el Impuesto sobre el Patrimonio, que grava la titularidad de los bienes a 31 de diciembre. Las donaciones de dinero a favor de familiares son frecuentes en la práctica y están sometidas al ISD por el donatario, con los beneficios autonómicos que procedan.
Residencia, puntos de conexión y doctrina del TJUE
Los puntos de conexión del ISD están regulados en la Ley 22/2009: en las adquisiciones mortis causa y en los seguros de vida, la Comunidad en que el causante tenga su residencia habitual en la fecha del devengo; en las donaciones de bienes inmuebles, la Comunidad en que radiquen; y en las donaciones de otros bienes y derechos, la Comunidad en que el donatario tenga su residencia habitual en la fecha del devengo. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12, Comisión/España) declaró contraria a la libre circulación de capitales la diferencia de trato fiscal entre residentes y no residentes en el ISD. La Ley 26/2014 reformó la Ley 29/1987 para permitir que los residentes en otro Estado miembro de la UE o del EEE apliquen la normativa de la Comunidad Autónoma con la que tengan mayor vinculación. La jurisprudencia posterior del Tribunal Supremo ha seguido profundizando en la aplicación del principio de libre circulación de capitales, por lo que conviene consultar la doctrina más reciente al respecto.
Obligaciones formales, aplazamiento y recargos
El sujeto pasivo debe presentar autoliquidación (o declaración) ante la Comunidad Autónoma competente, o ante la AEAT cuando corresponda, en el plazo indicado (seis meses en sucesiones, prorrogables; treinta días hábiles en donaciones). La presentación fuera de plazo sin requerimiento previo produce los recargos del art. 27 LGT (1 por ciento más 1 punto por cada mes completo de retraso hasta doce meses; a partir de entonces, 15 por ciento más intereses de demora). Las Comunidades Autónomas pueden regular aspectos de gestión. En sucesiones, determinados bienes de difícil realización pueden dar lugar a aplazamientos y fraccionamientos conforme a la Ley General Tributaria y a las normas específicas del impuesto. La Administración puede comprobar el valor de los bienes por los medios del art. 57 LGT, salvo cuando se haya utilizado el valor de referencia del Catastro, cuyo régimen de impugnación es el ya examinado. Es obligatorio acreditar el pago del impuesto o su exención para la inscripción de documentos en los registros públicos.
Esquema de memoria y errores frecuentes
Datos que conviene memorizar: ley 29/1987, de 18 de diciembre; reglamento RD 1629/1991; sujeto pasivo: causahabiente, donatario, beneficiario; devengo: fallecimiento o acto; plazos: 6 meses (mortis causa, prorrogable 6 más) y 30 días hábiles (donaciones); prescripción: 4 años; reducciones estatales: parentesco (15.956,87; 3.990,72 por año menos de 21 con máximo 47.858,59; 7.993,46), discapacidad (47.858,59 y 150.253,03), vivienda habitual (95 por ciento, 122.606,47 euros), empresa familiar (95 por ciento), seguros de vida (100 por ciento hasta 9.195,49); ajuar: 3 por ciento; escala: 7,65 por ciento a 34 por ciento; coeficientes: 1,0000 a 2,4000. Errores frecuentes: confundir la acumulación de donaciones (3 años entre donaciones del mismo donante al mismo donatario) con la de donaciones a la herencia (4 años, solo para el tipo); olvidar que el coeficiente multiplicador se aplica a la cuota íntegra y no a la base; aplicar la deducción por doble imposición a no residentes; creer que el donante es sujeto pasivo del ISD; olvidar que las bonificaciones y reducciones autonómicas desplazan a las estatales.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El ISD grava incrementos patrimoniales gratuitos obtenidos por personas físicas; si el beneficiario es persona jurídica tributa por Impuesto sobre Sociedades, no por ISD.
Tres hechos imponibles: adquisiciones mortis causa, donaciones y demás negocios gratuitos inter vivos, y percepción de seguros de vida cuando contratante y beneficiario son personas distintas.
Sujeto pasivo: en mortis causa el causahabiente, en donaciones siempre el donatario (nunca el donante), en seguros el beneficiario.
Obligación personal (residentes, tributan por todos los bienes estén donde estén) frente a obligación real (no residentes, solo bienes situados en España); los residentes en UE/EEE pueden optar por la normativa autonómica más favorable tras la Ley 26/2014.
Reducciones por parentesco: Grupo I 15.956,87 € + 3.990,72 €/año menor de 21 (máximo 47.858,59 €); Grupo II 15.956,87 €; Grupo III 7.993,46 €; Grupo IV sin reducción.
Reducción por vivienda habitual del causante: 95 %, límite 122.606,47 € por sujeto pasivo, con mantenimiento obligatorio de 10 años.
Reducción por empresa individual, negocio profesional o participaciones exentas en el IP: 95 %, mantenimiento 10 años.
Reducción por discapacidad: 47.858,59 € (grado 33%-65%) o 150.253,03 € (grado igual o superior a 65%), compatible y acumulable con la de parentesco.
Ajuar doméstico: se presume el 3 % del caudal relicto, salvo prueba en contrario; no se incluyen los bienes ya computados específicamente en la masa hereditaria.
Acumulación de donaciones: entre donaciones sucesivas del mismo donante al mismo donatario, plazo de 3 años (art. 30 LISD); de donación a herencia posterior, plazo de 4 años, solo a efectos del tipo medio.
Coeficientes multiplicadores (art. 22 LISD): de 1,0000 a 2,4000 según patrimonio preexistente y grupo de parentesco; se aplican sobre la cuota íntegra, no sobre la base.
Devengo: en sucesiones, el día del fallecimiento; en donaciones, el día del acto o contrato (o el de desaparición de las limitaciones si la adquisición está condicionada).
Plazos de presentación: 6 meses en mortis causa (prorrogables por otros 6), 30 días hábiles en donaciones.
Prescripción: 4 años, conforme a la regla general de la LGT, desde el fin del plazo de presentación.
El ISD está cedido a las CCAA en normativa y gestión; sin punto de conexión autonómico, gestiona la AEAT (Oficina Nacional de Gestión Tributaria).
La Ley 11/2021 sustituyó el «valor real» por el «valor de mercado» y, para inmuebles, introdujo el valor de referencia catastral como base salvo que el declarado sea mayor.
Deducción por doble imposición internacional: solo para obligación personal, límite del menor entre lo pagado en el extranjero y el tipo medio efectivo español aplicado a esa parte.
Las bonificaciones autonómicas en cuota (hasta el 99-100% en varias CCAA para Grupos I-II) explican la enorme disparidad territorial real, más allá de la escala formal del art. 21 LISD.
Orden de liquidación: base imponible - reducciones = base liquidable; por escala = cuota íntegra; por coeficiente multiplicador = cuota tributaria; menos deducciones y bonificaciones = cuota a ingresar.
Reducción por seguros de vida: 100% hasta 9.195,49 euros por contribuyente (cónyuge, ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados).
Donaciones de empresa familiar: reducción del 95% (art. 20.6) si el donante tiene 65 o más años (o incapacidad permanente) y el donatario es cónyuge, descendiente o adoptado; mantenimiento 10 años.
Usufructo vitalicio: 70% del valor total si el usufructuario tiene menos de 20 años, menos 1% por año más, mínimo 10%; usufructo temporal: 2% por año hasta el 70%; nuda propiedad: diferencia.
Puntos de conexión: mortis causa y seguros, residencia habitual del causante; donaciones de inmuebles, lugar donde radiquen; resto de donaciones, residencia habitual del donatario.
Residencia habitual: territorio donde se haya permanecido más días durante los cinco años anteriores al devengo.
STJUE de 3-9-2014 (C-127/12, Comisión/España) y Ley 26/2014: residentes en UE/EEE pueden aplicar la normativa autonómica con la que mayor vinculación tengan.
Escala estatal: del 7,65% al 34% (para bases liquidables superiores a 797.555,08 euros); coeficientes multiplicadores de 1,0000 a 2,4000 aplicados sobre la cuota íntegra.
En donaciones solo son deducibles las deudas directamente garantizadas con el bien donado y asumidas por el donatario; en sucesiones, deudas, cargas y gastos del causante.
La donación puede originar ganancia patrimonial en el IRPF del donante y plusvalía municipal (sujeto pasivo: donatario); la herencia no genera ganancia en el IRPF del causante.
AEAT gestiona los casos sin punto de conexión autonómico (modelos 650 y 651).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La reducción estatal por la vivienda habitual del causante en las adquisiciones mortis causa es del 95 por ciento con un límite de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 28 de Hacienda (AEAT)?
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), regulado por la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y su Reglamento (Real Decreto 1629/1991), grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas: herencias, donaciones y percepciones de seguros de vida cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. Es un impuesto directo, subjetivo (tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente mediante reducciones por parentesco, discapacidad o tipo de bien) y progresivo, cuya capacidad normativa y de gestión está cedida a las Comunidades Autónomas de régimen común, lo que genera una notable disparidad territorial en la práctica.
¿Qué hay que memorizar del Tema 28 para el examen?
El ISD grava incrementos patrimoniales gratuitos obtenidos por personas físicas; si el beneficiario es persona jurídica tributa por Impuesto sobre Sociedades, no por ISD. Tres hechos imponibles: adquisiciones mortis causa, donaciones y demás negocios gratuitos inter vivos, y percepción de seguros de vida cuando contratante y beneficiario son personas distintas. Sujeto pasivo: en mortis causa el causahabiente, en donaciones siempre el donatario (nunca el donante), en seguros el beneficiario. Obligación personal (residentes, tributan por todos los bienes estén donde estén) frente a obligación real (no residentes, solo bienes situados en España); los residentes en UE/EEE pueden optar por la normativa autonómica más favorable tras la Ley 26/2014. Reducciones por parentesco: Grupo I 15.956,87 € + 3.990,72 €/año menor de 21 (máximo 47.858,59 €); Grupo II 15.956,87 €; Grupo III 7.993,46 €; Grupo IV sin reducción. Reducción por vivienda habitual del causante: 95 %, límite 122.606,47 € por sujeto pasivo, con mantenimiento obligatorio de 10 años. Reducción por empresa individual, negocio profesional o participaciones exentas en el IP: 95 %, mantenimiento 10 años. Reducción por discapacidad: 47.858,59 € (grado 33%-65%) o 150.253,03 € (grado igual o superior a 65%), compatible y acumulable con la de parentesco. Ajuar doméstico: se presume el 3 % del caudal relicto, salvo prueba en contrario; no se incluyen los bienes ya computados específicamente en la masa hereditaria. Acumulación de donaciones: entre donaciones sucesivas del mismo donante al mismo donatario, plazo de 3 años (art. 30 LISD); de donación a herencia posterior, plazo de 4 años, solo a efectos del tipo medio. Coeficientes multiplicadores (art. 22 LISD): de 1,0000 a 2,4000 según patrimonio preexistente y grupo de parentesco; se aplican sobre la cuota íntegra, no sobre la base. Devengo: en sucesiones, el día del fallecimiento; en donaciones, el día del acto o contrato (o el de desaparición de las limitaciones si la adquisición está condicionada). Plazos de presentación: 6 meses en mortis causa (prorrogables por otros 6), 30 días hábiles en donaciones. Prescripción: 4 años, conforme a la regla general de la LGT, desde el fin del plazo de presentación. El ISD está cedido a las CCAA en normativa y gestión; sin punto de conexión autonómico, gestiona la AEAT (Oficina Nacional de Gestión Tributaria). La Ley 11/2021 sustituyó el «valor real» por el «valor de mercado» y, para inmuebles, introdujo el valor de referencia catastral como base salvo que el declarado sea mayor. Deducción por doble imposición internacional: solo para obligación personal, límite del menor entre lo pagado en el extranjero y el tipo medio efectivo español aplicado a esa parte. Las bonificaciones autonómicas en cuota (hasta el 99-100% en varias CCAA para Grupos I-II) explican la enorme disparidad territorial real, más allá de la escala formal del art. 21 LISD. Orden de liquidación: base imponible - reducciones = base liquidable; por escala = cuota íntegra; por coeficiente multiplicador = cuota tributaria; menos deducciones y bonificaciones = cuota a ingresar. Reducción por seguros de vida: 100% hasta 9.195,49 euros por contribuyente (cónyuge, ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados). Donaciones de empresa familiar: reducción del 95% (art. 20.6) si el donante tiene 65 o más años (o incapacidad permanente) y el donatario es cónyuge, descendiente o adoptado; mantenimiento 10 años. Usufructo vitalicio: 70% del valor total si el usufructuario tiene menos de 20 años, menos 1% por año más, mínimo 10%; usufructo temporal: 2% por año hasta el 70%; nuda propiedad: diferencia. Puntos de conexión: mortis causa y seguros, residencia habitual del causante; donaciones de inmuebles, lugar donde radiquen; resto de donaciones, residencia habitual del donatario. Residencia habitual: territorio donde se haya permanecido más días durante los cinco años anteriores al devengo. STJUE de 3-9-2014 (C-127/12, Comisión/España) y Ley 26/2014: residentes en UE/EEE pueden aplicar la normativa autonómica con la que mayor vinculación tengan. Escala estatal: del 7,65% al 34% (para bases liquidables superiores a 797.555,08 euros); coeficientes multiplicadores de 1,0000 a 2,4000 aplicados sobre la cuota íntegra. En donaciones solo son deducibles las deudas directamente garantizadas con el bien donado y asumidas por el donatario; en sucesiones, deudas, cargas y gastos del causante. La donación puede originar ganancia patrimonial en el IRPF del donante y plusvalía municipal (sujeto pasivo: donatario); la herencia no genera ganancia en el IRPF del causante. AEAT gestiona los casos sin punto de conexión autonómico (modelos 650 y 651).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía (puntos de conexión)
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley del IRPF, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y otras normas tributarias
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (valor de referencia)
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 27, 57 y 66)
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (arts. 6.1.b y 33.3.b)
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12 (Comisión/España)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).